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  "citation": "Res. 00155-2008 Sala Constitucional",
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  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Procedencia del amparo frente al desahucio administrativo",
  "title_en": "Amparo and administrative eviction",
  "summary_es": "La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una persona contra la cual el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública acogió una gestión de desahucio administrativo. La recurrente alega violación a su derecho de defensa y al debido proceso, al no habérsele otorgado audiencia previa a la orden de desalojo. Adicionalmente, indica haber interpuesto una demanda civil sobre el mejor derecho de posesión. La Sala desestima el recurso, señalando que el artículo 455 del Código Procesal Civil no prevé audiencia previa, lo cual ha sido declarado constitucional en reiterada jurisprudencia. El derecho de defensa se satisface mediante la posibilidad de impugnar la resolución de desahucio con recurso de reposición y acudir posteriormente a la vía judicial. La Sala concluye que no se evidencia violación a derechos fundamentales y que la discusión sobre la procedencia del desalojo corresponde a las instancias ordinarias.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber hears an amparo appeal filed by an individual against whom the Ministry of Governance, Police, and Public Security granted an administrative eviction order. The petitioner alleges violation of her right to defense and due process because she was not given a prior hearing before the eviction order. She further states she filed a civil lawsuit regarding the right to possession. The Chamber dismisses the appeal, holding that Article 455 of the Civil Procedure Code does not require a prior hearing, which has been repeatedly upheld as constitutional. The right to defense is satisfied by the ability to challenge the eviction resolution through reconsideration and subsequent judicial review. The Chamber finds no violation of fundamental rights and determines that the legality of the eviction must be decided in ordinary courts.",
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    "desahucio administrativo",
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    "artículo 455 Código Procesal Civil",
    "Sala Constitucional"
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    "derecho de defensa",
    "recurso de amparo",
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  "keywords_en": [
    "administrative eviction",
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    "amparo appeal",
    "Constitutional Chamber",
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    "Article 455 Civil Procedure Code",
    "reconsideration appeal"
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  "excerpt_es": "V.- Corolario de lo expuesto, este Tribunal Constitucional no evidencia violación a derecho fundamental alguno en perjuicio de la recurrente, motivo por el cual el amparo resulta improcedente y así debe declararse.",
  "excerpt_en": "V.- As a corollary of the above, this Constitutional Court finds no violation of any fundamental right to the detriment of the petitioner; therefore, the amparo is inadmissible and must be so declared.",
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    "summary_en": "The Chamber denies the amparo, finding no fundamental rights violation, and refers the eviction dispute to ordinary administrative and judicial channels.",
    "summary_es": "La Sala rechaza el amparo por no encontrar violación a derechos fundamentales, remitiendo a las vías administrativa y judicial ordinaria la discusión sobre el desalojo."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando I (cita de jurisprudencia anterior)",
      "quote_en": "the resolution ordering eviction, once notified to the petitioner, constitutes the procedural moment from which the possibility to exercise the right of defense arises",
      "quote_es": "la resolución en que se ordene el desalojo y que fue notificada a los amparados se constituye en el momento procesal a partir del cual surge la posibilidad de ejercer su derecho de defensa"
    },
    {
      "context": "Considerando II (cita de sentencia 2005-09954)",
      "quote_en": "the police authority shall conduct a brief inquiry to verify whether the petitioner's request is consistent with the grounds that authorize administrative eviction",
      "quote_es": "la autoridad policial realice una corta indagación para constatar si lo solicitado por el gestionante es consistente o no con los supuestos que autorizan el desahucio administrativo"
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    {
      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "it is not appropriate for this Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) on the case, because in order to determine whether fundamental rights have been violated, the claimant's legal situation must first be resolved in the ordinary law sphere.",
      "quote_es": "no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) sobre el caso, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales, pues primero se debe resolver la situación jurídica de la parte demandante en el plano de la legalidad."
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  "body_es_text": "“ I.- Según se desprende de las manifestaciones\r\nde la recurrente, el Ministerio recurrido acogió la gestión de desahucio\r\nadministrativo promovida en su contra. Si la recurrente no está\r\nconforme con el desalojo impugnado deberá presentar los recursos legales\r\ncorrespondientes. Por otra parte, señala que interpuso una demanda ante un Juzgado Civil de Mayor Cuantía de San Jospe, lo que\r\nsignifica que existe una instancia en la cual tiene la posibilidad de hacer\r\nvaler sus argumentos y aportar las pruebas referidas sobre el mejor derecho que\r\ndice tener. En este sentido, no resulta\r\nprocedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo)\r\nsobre el caso, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos\r\nfundamentales, pues primero se debe resolver la situación jurídica de la parte\r\ndemandante en el plano\r\nde la legalidad. Esta atribución no es de la Sala\r\nConstitucional y, más bien, hacerlo podría interferir indebidamente en lo que\r\nes competencia de los tribunales ordinarios. En cuanto a este tema, este Tribunal, en sentencia número 2000-10263\r\nde las 16:35 horas del 21 de noviembre del 2002, expuso: \n\r\n\r\n\n “(...)\r\nAhora bien, en cuanto al reproche de fondo de la recurrente en el sentido que\r\nse violentó su derecho defensa, en tanto que no se le concedió audiencia previa\r\na que se dictara la resolución en que se ordenaba el desahucio, cabe indicar\r\nque el artículo 455 del Código Procesal Civil –que regula el desahucio administrativo-\r\nno prevé dicha audiencia, lo que está Sala estimó que no resultaba\r\ninconstitucional en sentencia número 0365-95 de las dieciocho horas tres\r\nminutos del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, pues\r\nconsideró: \n\r\n\r\n\n \"...II.\r\nSOBRE EL DESALOJO ADMINISTRATIVO. No obstante lo anterior, es dable señalar que\r\nel fondo del\r\nasunto planteado en esta acción ya fue analizado por esta Sala en variadas\r\noportunidades. Así, en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del artículo\r\n455 del Código Procesal Civil, por no disponer audiencia para la parte\r\nafectada, este Tribunal, por resolución número\r\n3825-92, de las once horas quince minutos del veintiocho de noviembre de mil\r\nnovecientos noventa y dos, señaló: \n\r\n\r\n\n \"La\r\nnorma transcrita supra, no establece que se deba otorgar audiencia previa al\r\ndictado de la resolución que ordena el desahucio, no obstante el acto es\r\nrecurrible, ante el Ministro, con lo cual se garantiza el derecho a ser oído\r\nque contempla el artículo 39 de nuestra Constitución...\". \n\r\n\r\n\n De\r\nesta manera, la resolución en que se ordene el desalojo y que fue notificada a\r\nlos amparados se constituye en el momento procesal a partir del cual surge la\r\nposibilidad de ejercer su derecho de defensa, por ende, si la petente estima\r\nque lo resuelto por el Ministerio recurrido es contrario a derecho, en\r\ntratándose de materia de desalojos administrativos, tiene la facultad de\r\nimpugnarlo mediante recurso de reposición, pudiendo al efecto aportar la prueba\r\nque estime pertinente, más allí no se agotan sus posibilidades, toda vez que el\r\npronunciamiento que se emita dará por finalizada la discusión del asunto\r\nplanteado en vía administrativa, y en consecuencia, la recurrente tendrá la\r\nposibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para alegar lo que corresponda,\r\npor lo que no observa esta Sala que se haya configurado la alegada violación a\r\nsus derechos fundamentales. Finalmente, la disconformidad de la recurrente con\r\nla procedencia del\r\ndesalojo ordenado y con la valoración del\r\nmaterial probatorio existente deberá ser alegado en las sedes antes descritas.\r\n(ver en similar sentido sentencia número 1185-98 de las doce horas treinta y\r\nseis minutos del veinte de febrero, 3142-98 de las diecisiete horas treinta y\r\nnueve minutos del doce de mayo y número 3233-98 de las nueve horas treinta minutos\r\ndel quince de mayo, todos de mil novecientos noventa y ocho).” \n\r\n\r\n\nAsimismo, en sentencia número 2000-10228 de las 16:00 horas del 21 de noviembre del 2000, esta Sala\r\nestimó: \n\r\n\r\n\n“(...)Alega la recurrente que el Ministerio Gobernación, Policía\r\ny Seguridad Pública ordenó de manera intempestiva su desalojo de la casa en que\r\nha habitado por más de veintitrés años, de lo que son testigos sus vecinos.\r\nCabe indicar en primer lugar, que de la prueba que consta en el expediente, en\r\nconcreto, resolución número 3377-00- D.M. de las doce horas del tres de octubre\r\nde este año (visible de folio 9\r\n a 12 del expediente), el Ministerio recurrido acogió la\r\ngestión de desahucio interpuesta por el propietario registral del inmueble, al\r\ntenerse por probado –dentro del ámbito de su competencia– que la amparada había\r\nposeída el mismo por mera tolerancia, por lo que no puede estimarse que ese\r\nMinisterio haya actuado de manera arbitraria, pues en dicho supuesto procede el\r\ndesalojo administrativo de conformidad a una interpretación armónica del\r\nartículo 7, inciso f, de la Ley General de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos,\r\nel artículo 455 del Código Procesal Civil y el artículo 279, inciso 1, del\r\nCódigo Civil. Ahora bien, la resolución en que se ordene el desalojo y que fue\r\nnotificada a la amparada se constituye en el momento procesal a partir del cual\r\nsurge la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, por ende, si la petente\r\nestima que lo resuelto por el Ministerio recurrido es contrario a derecho, en\r\ntratándose de materia de desalojos administrativos, tiene la facultad de\r\nimpugnarlo mediante recurso de reposición, pudiendo al efecto aportar la prueba\r\nque estime pertinente, más allí no se agotan sus posibilidades, toda vez que el\r\npronunciamiento que se emita dará por finalizada la discusión del asunto\r\nplanteado en vía administrativa, y en consecuencia, la recurrente tendrá la\r\nposibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para alegar lo que corresponda.\r\nFinalmente, la disconformidad de la recurrente con la procedencia del desalojo ordenado y con la\r\nvaloración del\r\nmaterial probatorio existente deberá ser alegado en las sedes antes descritas.\r\n(ver en idéntico sentido sentencia número 1999-8470 de\r\nlas ocho horas cincuenta y siete minutos del\r\ncinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve). Por\r\nlo anterior, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse.” \n\r\n\r\n\nII.- En cuanto a la aplicación del artículo 455 del Código Procesal Civil\r\nen materia de desalojos administrativos, esta Sala en sentencia número\r\n2005-09954 de las 10:54 horas del 29 de julio del 2005, señaló: \n\r\n\r\n\n“II.- Sobre el fondo. El artículo 455 del Código Procesal Civil\r\n(CPC) es claro en cuanto a que el desahucio administrativo es un procedimiento\r\nsumarísimo, que realiza la autoridad de policía correspondiente, a solicitud\r\ndel interesado con derecho a pedir la desocupación, \"sin trámite\r\nalguno\". La jurisprudencia de esta Sala ha requerido que, de previo a ejecutar el lanzamiento, la autoridad policial realice una\r\ncorta indagación para constatar si lo solicitado por el gestionante es\r\nconsistente o no con los supuestos que autorizan el desahucio administrativo.\r\nAsí, se ha dicho que: \n\r\n\r\n\n\"... una vez requerida la intervención de las\r\nautoridades administrativas a fin de realizar el desahucio administrativo\r\ncontemplado en el artículo 455 del Código Procesal Civil, éstas deben cumplir\r\ncon el debido proceso, aún dentro de la naturaleza sumaria de las diligencias\r\nseñaladas, debiendo darle traslado a la persona cuyo desalojo se pretende, a\r\nfin de que manifieste lo que a bien tenga en su defensa, e igualmente, debiendo\r\ncomprobarse o verificarse, si en el caso concreto procede el desahucio\r\nsolicitado y en consecuencia su intervención, constatando –en forma sumaria,\r\npero suficiente– si se está en uno de los supuestos en que la ley autoriza su\r\nparticipación, bien realizando una inspección al inmueble o sitio en que\r\npretende efectuarse el desalojo, y comprobando la legitimación del que solicita\r\nlas diligencias, es decir, desplegando una actividad comprobatoria de que\r\nconcurren los supuestos legales para el desalojo.\" (Voto\r\nN°1242-96 de las 10:51 hrs del 15 de marzo de 1996). \n\r\n\r\n\nComo se observa, el sentido esencial de dicha\r\nindagación – aparte de garantizar la observancia del derecho de defensa que\r\nasiste al afectado por la solicitud de desalojo – es el de asegurar que la\r\nresolución que se dicte esté debidamente motivada, puesto que es claro que el\r\ncontenido de dicho acuerdo, como todo acto administrativo, debe \"ser\r\nlícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho\r\nsurgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes\r\ninteresadas\" (artículo 132 de la Ley General de la Administración\r\nPública). Además, debe ser \"proporcionado al fin legal y correspondiente\r\nal motivo, cuando ambos se hallen regulados\" (ibídem). De no proceder en este sentido, el acto carecería de motivo legítimo, y –por\r\ntanto– devendría nulo. Por tanto, la referida indagatoria administrativa tiene\r\nel carácter de una actividad preparatoria del acto que acuerde o deniegue el\r\nlanzamiento, mas no de un trámite o verdadero proceso\r\nque, de efectuarse, contravendría la literalidad del\r\nnumeral 455 del\r\nCPC. Así las cosas, si de su indagación preparatoria, llega la autoridad\r\npolicial al convencimiento de que la gestión de desalojo concuerda con los supuestos\r\nfácticos que prevé la ley, entonces lo propio y correcto es acogerla y\r\nejecutarla como corresponda.” \n\r\n\r\n\n III.- \r\nSobre el particular, como\r\ntales precedentes son aplicables al presente caso, pues este Tribunal no\r\nencuentra razones para variar el criterio vertido en dichas sentencias, ni\r\nmotivos que lo hagan valorar de manera distinta en la situación\r\nplanteada. Así las cosas, si la recurrente está disconforme con la\r\nprocedencia del desalojo, pues estima que ello obedece a una errónea apreciación\r\ndel material probatorio existente o a una incorrecta interpretación de la\r\nnormativa que rige la materia, así deberá alegarlo en las instancias antes\r\nindicadas – y no en esta sede -, por ser las competentes para conocer de tales\r\nextremos. En este sentido es importante observar que las circunstancias que\r\ndeben tomarse en cuenta para resolver una situación de esta naturaleza implican\r\nuna discusión cuya resolución excede la naturaleza eminentemente sumaria del\r\nrecurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible\r\nentrar a un complicado sistema probatorio o a la práctica de diligencias\r\nprobatorias lentas y complejas, tal y como lo exige el presente caso. \n\r\n\r\n\nIV.- Ahora bien, debe llamarse la atención en\r\nel sentido de que la circunstancia de que este pendiente ante alguna instancia\r\njurisdiccional un proceso relacionado con la propiedad que ocupa la amparada,\r\nno impide a la administración, continuar con las diligencias de desalojo\r\nadministrativo y, eventualmente ejecutarlo, pues en tanto la autoridad judicial\r\ncompetente no ordene a la administración la suspensión de los procedimientos,\r\nesta en libertad de proceder como en derecho corresponda. En todo caso,\r\nsi la recurrente a bien lo tiene, podrá solicitar ante el Juzgado Sexto Civil de\r\nMayor Cuantía de San José, la suspensión de la ejecución del desalojo\r\nadministrativo, dado que ese órgano jurisdiccional es el competente para\r\nresolver lo que procesa respecto a la suspensión o no del desalojo objeto de\r\neste amparo. \n\r\n\r\n\nV.- Corolario de lo expuesto, este Tribunal\r\nConstitucional no evidencia violación a derecho fundamental alguno en perjuicio\r\nde la recurrente, motivo por el cual el amparo resulta improcedente y así debe\r\ndeclararse.”",
  "body_en_text": "I.- As is evident from the petitioner's statements, the respondent Ministry granted the administrative eviction proceeding (desahucio administrativo) brought against her. If the petitioner disagrees with the challenged eviction, she must file the corresponding legal appeals. Furthermore, she states that she filed a lawsuit before a Civil Court of Higher Amount (Juzgado Civil de Mayor Cuantía) of San José, which means there is a venue in which she has the opportunity to assert her arguments and submit the referenced evidence regarding the better right she claims to have. In this regard, it is not appropriate for this Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) on the case, because to determine whether or not there has been an infringement of fundamental rights, the legal situation of the plaintiff must first be resolved at the level of legality. This attribution does not belong to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and, rather, doing so could unduly interfere with what is the jurisdiction of the ordinary courts. Regarding this issue, this Court, in judgment number 2000-10263 issued at 4:35 p.m. on November 21, 2002, stated:\n\n\"(...) Now, regarding the substantive complaint of the petitioner that her right to defense was violated, since she was not granted a prior hearing before the resolution ordering the eviction (desahucio) was issued, it should be noted that Article 455 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) – which regulates administrative eviction – does not provide for such a hearing, which this Chamber found not to be unconstitutional in judgment number 0365-95 issued at six hours three minutes in the evening on January eighteenth, nineteen ninety-five, as it considered:\n\n\"...II. ON ADMINISTRATIVE EVICTION. Notwithstanding the foregoing, it is worth noting that the substance of the matter raised in this action has already been analyzed by this Chamber on various occasions. Thus, regarding the alleged unconstitutionality of Article 455 of the Civil Procedure Code, for not providing a hearing for the affected party, this Court, by resolution number 3825-92, issued at eleven hours fifteen minutes on November twenty-eighth, nineteen ninety-two, stated:\n\n\"The norm transcribed above does not establish that a prior hearing must be granted before the resolution ordering the eviction (desahucio) is issued; however, the act is appealable before the Minister, thereby guaranteeing the right to be heard contemplated in Article 39 of our Constitution...\".\n\nThus, the resolution ordering the eviction that was notified to the protected parties constitutes the procedural moment from which the possibility of exercising their right to defense arises; therefore, if the petitioner believes that the decision of the respondent Ministry is contrary to law, in matters of administrative evictions, she has the power to challenge it through a motion for reconsideration (recurso de reposición), being able to submit the evidence she deems pertinent; however, her possibilities are not exhausted there, since the ruling issued will conclude the discussion of the matter raised in the administrative venue, and consequently, the petitioner will have the possibility of resorting to the judicial venue to claim what is appropriate; therefore, this Chamber does not observe that the alleged violation of her fundamental rights has been configured. Finally, the petitioner's disagreement with the appropriateness of the ordered eviction and with the assessment of the existing evidentiary material must be claimed in the venues described above. (see, in a similar sense, judgment number 1185-98 issued at twelve hours thirty-six minutes on February twentieth, 3142-98 issued at seventeen hours thirty-nine minutes on May twelfth, and number 3233-98 issued at nine hours thirty minutes on May fifteenth, all of nineteen ninety-eight).”\n\nLikewise, in judgment number 2000-10228 issued at 4:00 p.m. on November 21, 2000, this Chamber held:\n\n“(...) The petitioner claims that the Ministry of Government, Police and Public Security untimely ordered her eviction from the house in which she has lived for more than twenty-three years, to which her neighbors are witnesses. It should be noted, first, that according to the evidence in the case file, specifically, resolution number 3377-00- D.M. issued at twelve o'clock noon on October third of this year (appearing on pages 9 to 12 of the file), the respondent Ministry granted the eviction proceeding (gestión de desahucio) filed by the registered owner of the property, having found it proven – within the scope of its jurisdiction – that the protected party had possessed it through mere tolerance, so it cannot be considered that the Ministry acted arbitrarily, since in such a case administrative eviction (desalojo administrativo) is appropriate in accordance with a harmonious interpretation of Article 7, subsection f, of the General Law of Urban and Suburban Leases (Ley General de Arrendamiento Urbanos y Suburbanos), Article 455 of the Civil Procedure Code, and Article 279, subsection 1, of the Civil Code. Now, the resolution ordering the eviction that was notified to the protected party constitutes the procedural moment from which the possibility of exercising her right to defense arises; therefore, if the petitioner believes that the decision of the respondent Ministry is contrary to law, in matters of administrative evictions, she has the power to challenge it through a motion for reconsideration, being able to submit the evidence she deems pertinent; however, her possibilities are not exhausted there, since the ruling issued will conclude the discussion of the matter raised in the administrative venue, and consequently, the petitioner will have the possibility of resorting to the judicial venue to claim what is appropriate. Finally, the petitioner's disagreement with the appropriateness of the ordered eviction and with the assessment of the existing evidentiary material must be claimed in the venues described above. (see, in identical sense, judgment number 1999-8470 issued at eight hours fifty-seven minutes on November fifth, nineteen ninety-nine). Therefore, the appeal (recurso) is inadmissible and must be declared so.”\n\nII.- Regarding the application of Article 455 of the Civil Procedure Code in matters of administrative evictions, this Chamber, in judgment number 2005-09954 issued at 10:54 a.m. on July 29, 2005, stated:\n\n“II.- On the merits. Article 455 of the Civil Procedure Code (CPC) is clear that the administrative eviction (desahucio administrativo) is a most summary proceeding (procedimiento sumarísimo), carried out by the corresponding police authority, at the request of the interested party with the right to request the eviction, \"without any procedure (trámite) whatsoever.\" The jurisprudence of this Chamber has required that, prior to executing the eviction (lanzamiento), the police authority conduct a brief inquiry to verify whether what is requested by the petitioner is consistent or not with the situations authorizing administrative eviction. Thus, it has been said that:\n\n\"... once the intervention of the administrative authorities has been requested in order to carry out the administrative eviction contemplated in Article 455 of the Civil Procedure Code, they must comply with due process, even within the summary nature of the specified proceedings, and must serve notice of the action to the person whose eviction is sought, so that they may state whatever they deem appropriate in their defense, and likewise, must verify or determine, whether in the specific case the requested eviction is appropriate and consequently their intervention, ascertaining – in a summary but sufficient manner – whether one of the situations in which the law authorizes their participation exists, either by carrying out an inspection of the property or site where the eviction is intended to be carried out, and verifying the standing of the person requesting the proceedings, that is, deploying an activity to verify that the legal circumstances for the eviction concur.\" (Vote (Voto) N°1242-96 issued at 10:51 hrs on March 15, 1996).\n\nAs observed, the essential purpose of said inquiry – apart from guaranteeing the observance of the right of defense of the person affected by the eviction request – is to ensure that the resolution issued is duly reasoned, since it is clear that the content of said decision, like any administrative act, must \"be lawful, possible, clear and precise and cover all questions of fact and law arising from the grounds, even if they have not been debated by the interested parties\" (Article 132 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)). Furthermore, it must be \"proportionate to the legal purpose and corresponding to the grounds, when both are regulated\" (ibid.). By not proceeding in this manner, the act would lack a legitimate motive, and – therefore – would become null. Therefore, the aforementioned administrative inquiry has the character of a preparatory activity for the act that grants or denies the eviction (lanzamiento), but not of a procedure (trámite) or a true process that, if carried out, would contravene the literal wording of Article 455 of the CPC. Thus, if from its preparatory inquiry, the police authority becomes convinced that the eviction request agrees with the factual circumstances provided for by law, then the appropriate and correct course is to grant it and execute it as appropriate.”\n\nIII.- On the matter at hand, as such precedents are applicable to the present case, this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in those judgments, nor grounds that would lead it to assess the situation raised differently. Thus, if the petitioner disagrees with the appropriateness of the eviction, believing that it is due to an erroneous appreciation of the existing evidentiary material or an incorrect interpretation of the regulations governing the matter, she must so claim in the venues indicated above – and not in this venue –, as they are the competent ones to hear such matters. In this regard, it is important to note that the circumstances that must be taken into account to resolve a situation of this nature involve a discussion whose resolution exceeds the eminently summary nature of the amparo appeal (recurso de amparo), a proceeding in which it is not materially or reasonably possible to enter into a complicated evidentiary system or the practice of slow and complex evidentiary proceedings, as required by the present case.\n\nIV.- Now, attention must be called to the fact that the circumstance that a proceeding related to the property occupied by the protected party is pending before some judicial venue does not prevent the administration from continuing with the administrative eviction proceedings and, eventually, executing it, for as long as the competent judicial authority does not order the administration to suspend the procedures, it is free to proceed as legally appropriate. In any case, if the petitioner so wishes, she may request before the Sixth Civil Court of Higher Amount (Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía) of San José the suspension of the execution of the administrative eviction, given that this jurisdictional body is competent to resolve what pertains regarding the suspension or not of the eviction that is the subject of this amparo.\n\nV.- As a corollary of the foregoing, this Constitutional Court finds no evidence of a violation of any fundamental right to the detriment of the petitioner, which is why the amparo is inadmissible and must be declared so.”\n\nTherefore, the referred administrative inquiry has the character of a preparatory activity for the act that orders or denies the eviction (lanzamiento), but not of a procedure or true process which, if carried out, would contravene the literal wording of numeral 455 of the CPC. Thus, if from its preparatory investigation, the police authority reaches the conviction that the eviction request coincides with the factual scenarios provided by law, then the proper and correct course is to accept and execute it accordingly.”\n\n            III.- On this matter, such precedents are applicable to the present case, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in those rulings, nor motives to evaluate the situation posed in a different manner. Thus, if the appellant disagrees with the appropriateness of the eviction, because she believes it is due to an erroneous assessment of the existing evidentiary material or an incorrect interpretation of the regulations governing the matter, she must so allege in the instances indicated above – and not in this venue – as they are the competent ones to hear such matters. In this sense, it is important to note that the circumstances that must be taken into account to resolve a situation of this nature imply a discussion whose resolution exceeds the eminently summary nature of the amparo appeal (recurso de amparo), a process in which it is not materially or reasonably possible to enter into a complicated evidentiary system or to carry out slow and complex evidentiary proceedings, as the present case requires.\n\nIV.- Having said that, attention must be drawn to the fact that the circumstance of a process related to the property occupied by the petitioner being pending before some jurisdictional body does not prevent the administration from continuing with the administrative eviction (desalojo administrativo) proceedings and, eventually, executing it, since as long as the competent judicial authority has not ordered the administration to suspend the procedures, it is free to proceed as legally appropriate. In any case, if the appellant deems it fit, she may request the suspension of the execution of the administrative eviction before the Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de San José, since that jurisdictional body is the competent one to resolve whatever proceeds regarding the suspension or not of the eviction that is the object of this amparo.\n\nV.- As a corollary of the above, this Constitutional Court does not find any violation of a fundamental right to the detriment of the appellant, for which reason the amparo is inadmissible and must be so declared.”"
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