{ "id": "nexus-ext-1-0007-127049", "citation": "Res. 02579-2009 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Debido proceso mínimo en expulsión de asociación privada", "title_en": "Minimum due process in expulsion from private association", "summary_es": "La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo contra la Cruz Roja Costarricense por la suspensión temporal y remoción de cargos directivos sin garantizar el debido proceso. La Sala establece que, aunque las asociaciones privadas se rigen por su normativa interna, cuando está en juego el derecho de asociación (artículo 25 de la Constitución), deben respetarse garantías mínimas de defensa. En el caso concreto, se comprobó que a los recurrentes no se les dio traslado de cargos ni se les informaron las razones de la suspensión, lo que vulneró sus derechos. La Sala declara con lugar el recurso y ordena rehacer el procedimiento.", "summary_en": "The Constitutional Chamber examines an amparo action against the Costa Rican Red Cross for the temporary suspension and removal of board members without due process guarantees. The Chamber holds that, although private associations are governed by their internal rules, when the right of association (Article 25 of the Constitution) is at stake, minimum defense guarantees must be respected. In this case, the petitioners were not informed of the charges nor the reasons for their suspension, violating their rights. The Chamber grants the amparo and orders the proceedings to be corrected.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "2009", "year": "2009", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "debido proceso", "derecho de asociación", "traslado de cargos", "amparo contra sujetos de derecho privado", "garantías mínimas de defensa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 25", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "debido proceso", "asociaciones privadas", "derecho de asociación", "traslado de cargos", "derecho de defensa", "amparo contra sujetos de derecho privado", "Cruz Roja Costarricense", "expulsión de miembros", "suspensión de cargos", "garantías mínimas", "artículo 25 Constitución Política", "sentencia 09871-2001", "sentencia 2003-0582" ], "keywords_en": [ "due process", "private associations", "right of association", "notice of charges", "right of defense", "amparo against private actors", "Costa Rican Red Cross", "expulsion of members", "suspension from office", "minimum guarantees", "Article 25 Constitution", "decision 09871-2001", "decision 2003-0582" ], "excerpt_es": "las asociaciones, en el trámite de los procesos de expulsión, deben observar al menos, de manera mínima, reglas que le otorguen al eventual afectado la oportunidad previa de pronunciarse sobre los hechos que se le acusan y conocer cuáles son las razones que motivan su expulsión de la asociación, sin que sea necesario seguir un trámite como el que está previsto en la Ley General de la Administración Pública para las instancias públicas.\n\nlas reglas del debido proceso, de acatamiento obligatorio para quien desee imponer cualquier gravamen a una persona en forma unilateral, reviste un carácter más laxo cuanto se trata del ejercicio del poder punitivo que los asociados de una organización privada han dado a su junta directiva o a cualquier otro órgano. En tales casos, lo que se puede exigir es un mínimo de respeto al derecho de defensa, a través de un adecuado traslado de cargos, y permitiendo al interesado proveer a su defensa, a través de mecanismos idóneos.", "excerpt_en": "associations, in processing expulsions, must at least observe, at a minimum, rules that give the potential affected person the prior opportunity to comment on the facts with which they are charged and to know the reasons for their expulsion from the association, without having to follow a procedure like that provided for in the General Law on Public Administration for public bodies.\n\nthe rules of due process, mandatory for anyone who wishes to impose any burden on a person unilaterally, are more relaxed when it comes to the exercise of punitive power that the members of a private organization have given to its board of directors or any other body. In such cases, what can be demanded is a minimum of respect for the right of defense, through an adequate notification of charges, and allowing the interested party to provide for their defense through suitable mechanisms.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo for violation of due process, right of defense, and free association, and ordered the proceedings for removal from office in the Red Cross of Nicoya to be corrected.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo por violación del debido proceso, derecho de defensa y libre asociación, y ordenó rehacer el procedimiento de separación de cargos en la Cruz Roja de Nicoya." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "although the right of association (in its positive sense: the ability to associate, and in its negative sense: the ability to remain associated) is of constitutional rank, as recognized by Article 25 of the Fundamental Law, the scope of action of associative groups is basically of a private nature", "quote_es": "si bien el derecho de asociación (en sentido positivo: poder hacerlo y en sentido negativo: poder permanecer asociado) es de rango constitucional, según reconoce el artículo 25 de la Ley Fundamental, lo cierto es que el ámbito de actuación de los grupos asociativos es básicamente de orden privado" }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "the rules of due process, mandatory for anyone who wishes to impose any burden on a person unilaterally, are more relaxed when it comes to the exercise of punitive power that the members of a private organization have given to its board of directors or any other body", "quote_es": "las reglas del debido proceso, de acatamiento obligatorio para quien desee imponer cualquier gravamen a una persona en forma unilateral, reviste un carácter más laxo cuanto se trata del ejercicio del poder punitivo que los asociados de una organización privada han dado a su junta directiva o a cualquier otro órgano" }, { "context": "Considerando IV (cita de sentencia 09871-2001)", "quote_en": "the petitioner was not granted her right of defense at the appropriate procedural moment, since it was not until the moment the respective sanction was imposed that she was given the floor to make her allegations against what had already been decided", "quote_es": "no se le otorgó a la amparada –en el momento procesal oportuno- su derecho de defensa, pues no fue hasta el momento en que se hizo efectiva la sanción respectiva donde se le concedió la palabra a fin de que ejerciera sus alegatos en contra de lo que ya se había dispuesto" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-127049", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-13231", "norm_num": "6227", "norm_name": "Ley General de la Administración Pública", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/05/1978" }, { "doc_id": "norm-38533", "norm_num": "7135", "norm_name": "Ley de la Jurisdicción Constitucional", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "11/10/1989" }, { "doc_id": "norm-871", "norm_num": "0", "norm_name": "Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política", "tipo_norma": "Constitución Política", "norm_fecha": "07/11/1949" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“… IV.- SOBRE EL FONDO: En principio se debe indicar que la naturaleza jurídica de las\r\nasociaciones como la recurrida, es eminentemente de carácter privado y, en ese\r\nsentido, la incorporación y expulsión de sus miembros se efectúa\r\nfundamentalmente en observancia de la normativa interna que los regula, pero\r\ntambién es necesario acotar que al estar de por medio un derecho\r\nconstitucionalmente involucrado como lo es el derecho de asociación, previsto\r\nen el artículo 25 de la Carta Magna, se debe respetar aunque sea de manera\r\nmínima algunas garantías para el ejercicio de la defensa de los involucrados. En\r\nefecto, las asociaciones, en el trámite de los procesos de expulsión, deben\r\nobservar al menos, de manera mínima, reglas que le otorguen al eventual\r\nafectado la oportunidad previa de pronunciarse sobre los hechos que se le\r\nacusan y conocer cuáles son las razones que motivan su expulsión de la\r\nasociación, sin que sea necesario seguir un trámite como el que está previsto\r\nen la Ley General de la Administración Pública para las instancias públicas. Un\r\nejemplo de lo anterior, es lo dispuesto por la Sala mediante sentencia número\r\n09871-2001 de las dieciséis horas cuarenta minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno en la cual señaló en lo\r\nconducente: \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n“El derecho de las personas a\r\nasociarse constituye una actividad natural del hombre y a la vez es una\r\nlibertad pública consagrada en nuestra Constitución Política en su artículo 25.\r\nEste derecho, muestra dos facetas o manifestaciones cuales son, por un lado, el\r\nderecho positivo de asociarse para cualquier finalidad y por otro, del derecho\r\nnegativo o sea la libertad de dejar de pertenecer a una organización. Quienes\r\nse afilian a cualquier tipo de Asociación, lo hacen voluntariamente y a\r\nsabiendas de las reglas a las cuales deben ajustarse o bien, las que\r\nregulan la resolución de cualquier conflicto que se presente entre un asociado\r\ny la Asociación. Dentro de estas reglas, obviamente se tiene que contemplar una\r\nserie de requerimientos mínimos que garanticen el debido proceso y el derecho\r\nde defensa de los asociados respecto a la organización gremial a la que\r\npertenecen, pues es claro que en este tipo de relaciones existe una posición de\r\npoder de la segunda respecto de los primeros. \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\n (...) \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nEs precisamente en este momento\r\ndonde ocurre la violación que esta Sala ha apreciado, pues es posterior a la\r\nsanción donde se le concede a la amparada su derecho de defenderse sobre los\r\nhechos que se le acusaban, revirtiendo la recurrida de esa forma el sentido del\r\nderecho de defensa, amén que, en reiterada jurisprudencia, se ha señalado que\r\nel fin que se persigue con el ejercicio de este derecho, es que el acusado o\r\ninvestigado bien pueda esgrimir y alegar lo pertinente a los hechos bajo los\r\ncuales se le investiga, con el objeto primordial que el juzgador pueda valorar\r\nel contenido de su defensa y confrontar tales alegatos con los hechos\r\ndenunciados, obteniendo de esa forma, un mejor panorama y criterio sobre\r\nel problema a resolver. Bajo esta luz, este Tribunal no comparte lo que en\r\nautos se ha comprobado, pues si bien la falta se encuentra tipificada dentro de\r\nlos estatutos de la Asociación accionada, y ésta procedió oportunamente a\r\ncomunicar a la recurrente sobre los hechos que se le iban a investigar en la\r\nAsamblea General Extraordinaria a fin de que prepara su defensa respectiva, lo\r\ncierto del caso es que durante la celebración de la misma, no se le otorgó a la\r\namparada –en el momento procesal oportuno- su derecho de defensa, pues no fue\r\nhasta el momento en que se hizo efectiva la sanción respectiva donde se le\r\nconcedió la palabra a fin de que ejerciera sus alegatos en contra de lo que ya\r\nse había dispuesto...” \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nTambién\r\nha dispuesto este Tribunal Constitucional en lo relativo a la observancia del\r\ndebido proceso en instancias como la recurrida que: \n\r\n\r\n\n \r\n\n\r\n\r\n\nSi bien el derecho de\r\nasociación (en sentido positivo: poder hacerlo y en sentido negativo: poder\r\npermanecer asociado) es de rango constitucional, según reconoce el artículo 25\r\nde la Ley Fundamental, lo cierto es que el ámbito de actuación de los grupos asociativos\r\nes básicamente de orden privado, en particular en tratándose de organizaciones\r\ncomo a la que pertenecía el amparado, que buscan satisfacer intereses\r\nrecreativos y sociales de sus propios miembros. En contextos como éste, la\r\nmayoría de las decisiones que se adopten van a incidir apenas en el ámbito\r\nestricto de sus asociados y en relación con el fin asociativo. Así, las reglas\r\ndel debido proceso, de acatamiento obligatorio para quien desee imponer\r\ncualquier gravamen a una persona en forma unilateral, reviste un carácter más\r\nlaxo cuanto se trata del ejercicio del poder punitivo que los asociados de una\r\norganización privada han dado a su junta directiva o a cualquier otro órgano. En\r\ntales casos, lo que se puede exigir es un mínimo de respeto al derecho de\r\ndefensa, a través de un adecuado traslado de cargos, y permitiendo al\r\ninteresado proveer a su defensa, a través de mecanismos idóneos. (Sentencia\r\nnúmero 2003-0582 de las quince horas con doce minutos del veintinueve de enero\r\nde dos mil tres). \n\r\n\r\n\n \n\r\n\r\n\nV.- CASO CONCRETO: En concordancia con los planteamientos expuestos en los considerandos anteriores y aplicándolos al caso concreto,\r\nse arriba a la conclusión de que se han quebrantado los derechos\r\nconstitucionales de los amparados. Efectivamente, del análisis de los hechos\r\nprobados y de las pruebas aportadas al expediente, se comprueba que en la\r\nseparación temporal de los cargos, dentro de la Junta Directiva del Comité\r\nAuxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Nicoya, no\r\nhubo respeto mínimo de los principios del debido proceso, a saber: ni se les\r\ndio traslado de cargos a los recurrentes para que pudieran ejercer su derecho\r\nde defensa, ni se les indicó las razones de la suspensión temporal. Nótese que\r\nefectivamente en los oficios del 12 de diciembre del 2008 (ver folios 4-6 del\r\nexpediente) luego de adoptarse una especie de medida cautelar, consistente en\r\nla separación temporal de los cargos que los recurrentes ocupaban en la Junta\r\nDirectiva del Comité Auxiliar, se les indica que, la medida obedece a la\r\nnecesidad de determinar responsabilidades individuales sobre la situación\r\nadministrativa del Comité Auxiliar, pero nunca les informan sobre la\r\nintegración del órgano que realizará la investigación, ni fecha de las declaraciones.Tampoco se fundamentó en ningún momento las\r\nrazones que llevaron, ni a la suspensión temporal (la cual ni siquiera\r\nestablece un plazo, pues al ser temporal debió darse una delimitación temporal)\r\nni a la remoción. \n\r\n\r\n\nVI.- CONCLUSIÓN: En virtud de los argumentos expuestos se concluye que se han quebrantado\r\nlos derechos constitucionales invocados por los amparados, relativos al debido\r\nproceso, derecho de defensa y derecho de asociación, en el proceso de remoción\r\nde cargos de la Cruz Roja Costarricense, y por esa razón, lo procedente\r\ndeclarar con lugar el recurso como en efecto se dispone y ordenar a la\r\nasociación recurrida enderezar el procedimiento seguido en contra de los\r\nrecurrentes.”", "body_en_text": "“… IV.- ON THE MERITS: In principle, it must be noted that the legal nature of associations such as the respondent is eminently private in character, and, in that sense, the incorporation and expulsion of their members is carried out fundamentally in observance of the internal regulations that govern them, but it is also necessary to point out that when a constitutionally involved right is at stake, such as the right of association (derecho de asociación) provided for in Article 25 of the Magna Carta, at least some minimal guarantees for the exercise of the defense of those involved must be respected. In effect, associations, in the processing of expulsion proceedings, must observe at least, in a minimal manner, rules that grant the eventual affected party the prior opportunity to comment on the facts they are accused of and to know the reasons that motivate their expulsion from the association, without it being necessary to follow a procedure like the one provided for in the General Public Administration Law for public entities. An example of the foregoing is what the Chamber ordered through Judgment No. 09871-2001 at sixteen hours and forty minutes on the twenty-sixth of September, two thousand one, in which it stated, as relevant:\n\n“The right of persons to associate constitutes a natural activity of man and is at the same time a public freedom enshrined in our Political Constitution in its Article 25. This right shows two facets or manifestations, which are, on the one hand, the positive right to associate for any purpose and, on the other, the negative right, that is, the freedom to cease belonging to an organization. Those who join any type of Association do so voluntarily and aware of the rules to which they must adjust, or rather, those that regulate the resolution of any conflict that may arise between a member and the Association. Within these rules, a series of minimum requirements must obviously be contemplated that guarantee due process and the right of defense of the members with respect to the trade or professional organization to which they belong, since it is clear that in this type of relationship there is a position of power of the latter regarding the former.\n\n(...)\n\nIt is precisely at this moment where the violation that this Chamber has observed occurs, since it is after the sanction where the amparo petitioner is granted her right to defend herself regarding the facts she was accused of, the respondent thus reversing the meaning of the right of defense, besides the fact that, in reiterated case law, it has been indicated that the purpose pursued with the exercise of this right is that the accused or investigated person may well put forward and allege what is pertinent to the facts under which they are being investigated, with the primary objective that the adjudicator can assess the content of their defense and confront such allegations with the denounced facts, thus obtaining a better panorama and criterion on the problem to be resolved. Under this light, this Court does not share what has been proven in the record, since although the infraction is typified within the statutes of the respondent Association, and it proceeded in a timely manner to notify the claimant of the facts that were going to be investigated at the Extraordinary General Assembly so that she could prepare her respective defense, the truth of the case is that during its holding, the amparo petitioner was not granted – at the opportune procedural moment – her right of defense, since it was not until the moment in which the respective sanction was made effective where she was granted the floor so that she could exercise her allegations against what had already been ordered...”\n\nThis Constitutional Court has also ordered regarding the observance of due process in entities such as the respondent that:\n\nAlthough the right of association (in its positive sense: being able to do so, and in its negative sense: being able to remain associated) is of constitutional rank, as recognized by Article 25 of the Fundamental Law, the truth is that the scope of action of associative groups is basically of a private order, particularly in the case of organizations like the one to which the amparo petitioner belonged, which seek to satisfy the recreational and social interests of their own members. In contexts such as this, the majority of the decisions adopted will have an impact only on the strict sphere of their members and in relation to the associative purpose. Thus, the rules of due process, mandatory compliance for anyone wishing to unilaterally impose any burden on a person, take on a more lax character when it comes to the exercise of the punitive power that the members of a private organization have given to their board of directors or any other body. In such cases, what can be demanded is a minimum of respect for the right of defense, through an adequate notice of charges, and allowing the interested party to provide for their defense, through suitable mechanisms. (Judgment number 2003-0582 of fifteen hours and twelve minutes on the twenty-ninth of January, two thousand three).\n\nV.- SPECIFIC CASE: In accordance with the approaches set forth in the preceding recitals (considerandos) and applying them to the specific case, the conclusion is reached that the constitutional rights of the amparo petitioners have been violated. Indeed, from the analysis of the proven facts and the evidence provided to the case file, it is verified that in the temporary separation from their positions, within the Board of Directors of the Auxiliary Committee of the Costa Rican Red Cross in Nicoya, there was no minimum respect for the principles of due process, namely: the claimants were neither given a notice of charges so they could exercise their right of defense, nor were they told the reasons for the temporary suspension. Note that indeed in the official letters of December 12, 2008 (see folios 4-6 of the case file), after adopting a kind of precautionary measure, consisting of the temporary separation from the positions that the claimants held on the Board of Directors of the Auxiliary Committee, they are told that the measure is due to the need to determine individual responsibilities regarding the administrative situation of the Auxiliary Committee, but they are never informed about the composition of the body that will carry out the investigation, nor the date of the statements. Nor were the reasons that led to the temporary suspension (which does not even establish a deadline, since being temporary there should have been a temporal delimitation) or to the removal ever substantiated at any time.\n\nVI.- CONCLUSION: By virtue of the arguments set forth, it is concluded that the constitutional rights invoked by the amparo petitioners, relating to due process, the right of defense, and the right of association, have been violated in the process of removal from positions of the Costa Rican Red Cross, and for that reason, it is appropriate to declare the appeal with merit as is hereby ordered and to order the respondent association to rectify the procedure followed against the claimants.”\n\nNote that\nindeed, in the official letters of December 12, 2008 (see folios 4-6 of the\nexpediente), after adopting a kind of precautionary measure, consisting of\nthe temporary separation from the positions that the petitioners held on the\nBoard of Directors of the Auxiliary Committee, they are informed that the measure is due to the\nneed to *determine individual responsibilities regarding the administrative\nsituation of the Auxiliary Committee,* but they are never informed about the\ncomposition of the body that will carry out the investigation, nor the date of the\nstatements. Nor was any justification ever provided for\nthe reasons that led either to the temporary suspension (which does not even\nestablish a time limit, since being temporary, a temporal delimitation should have been given)\nor to the removal.\n\n**VI.- CONCLUSION:**\nBy virtue of the arguments set forth, it is concluded that the constitutional rights invoked by the petitioners, relating to due process (debido proceso), right of defense (derecho de defensa), and right of association (derecho de asociación), have been violated in the process of removal from office within the Cruz Roja Costarricense, and for that reason, it is appropriate\nto grant the appeal as is hereby ordered and to direct the\nrespondent association to rectify the procedure followed against the\npetitioners.”" }