{ "id": "nexus-ext-1-0007-271609", "citation": "Res. 12745-2019 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Inconstitucionalidad de la Ley 9223 por reducción del Refugio Gandoca-Manzanillo sin compensación", "title_en": "Unconstitutionality of Law 9223 for Reducing Gandoca-Manzanillo Refuge Without Compensation", "summary_es": "La Sala Constitucional estimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley No. 9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, que redujo el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La Sala determinó que la ley carecía de estudios técnicos suficientes para justificar la desafectación de 188 hectáreas de zona boscosa y no contemplaba medidas de compensación, lo que viola el derecho a un ambiente sano, el principio precautorio y el in dubio pro natura. Se declaró la nulidad únicamente de la exclusión de esas 188 hectáreas, manteniendo la desafectación de los cuadrantes urbanos donde existían asentamientos previos. Se ordenó al SINAC delimitar el área y, de ser bienes demaniales, ejercer las acciones legales para proteger el patrimonio público. Respecto a la consulta indígena y afectación a humedales, no se analizaron al haberse ya declarado la inconstitucionalidad por otros motivos.", "summary_en": "The Constitutional Chamber upheld the unconstitutionality action against Law No. 9223 “Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean,” which reduced the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. The Chamber found that the law lacked sufficient technical studies to justify the removal of 188 hectares of forested area and did not provide for compensation measures, thereby violating the right to a healthy environment, the precautionary principle, and in dubio pro natura. Only the exclusion of those 188 hectares was annulled, while the removal of urban areas with pre-existing settlements was upheld. SINAC was ordered to demarcate the area and, if the lands are public domain, to pursue legal action to protect public property. Arguments regarding indigenous consultation and wetland impacts were not analyzed, as unconstitutionality had already been established on other grounds.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "10/07/2019", "year": "2019", "topic_ids": [ "land-conservation", "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "land-conservation", "es_concept_hints": [ "desafectación", "in dubio pro natura", "bien demanial", "SINAC", "Patrimonio Natural del Estado", "cuadrantes urbanos", "acción de inconstitucionalidad" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "Refugio Gandoca-Manzanillo", "Ley 9223", "inconstitucionalidad", "in dubio pro natura", "principio precautorio", "compensación ambiental", "desafectación", "Sala Constitucional", "bosque", "Patrimonio Natural del Estado", "SINAC", "cuadrantes urbanos" ], "keywords_en": [ "Gandoca-Manzanillo Refuge", "Law 9223", "unconstitutionality", "in dubio pro natura", "precautionary principle", "environmental compensation", "declassification", "Constitutional Chamber", "forest", "Natural Heritage of the State", "SINAC", "urban quadrants" ], "excerpt_es": "si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. (…) Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. (…) Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio- (…). Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas- (…). En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público.", "excerpt_en": "Although there is a technical report justifying the enactment of the Law, the truth is that this study fails to rule out that the removal of the lands will not cause environmental damage — except for the urban quadrants. (…) Faced with this reasonable doubt, the principle of in dubio pro natura must be applied, so the 188 hectares must be considered part of the refuge — public domain — and their exclusion without corresponding compensation is inadmissible. (…) Furthermore, it must be clarified that, according to the information in both the legislative and judicial records, not all the challenged legal provisions are contrary to Constitutional Law, since the exclusion from the refuge of urban areas — original villages or people who were even there before the refuge was created — is indeed permissible (…). Rather, to strike a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the appropriate course is to uphold the unconstitutionality action, annulling only the part of the rule concerning the forested area — 188 hectares — (…). If it is determined that these are public domain lands — not private property — SINAC, together with the State Attorney, must file the corresponding legal actions in defense of public property.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Con lugar (parcialmente estimatoria)", "summary_en": "The Chamber declared unconstitutional only the exclusion of 188 hectares of forested area from the Gandoca-Manzanillo Refuge due to lack of technical studies and compensation, while upholding the declassification of urban quadrants.", "summary_es": "La Sala declaró inconstitucional únicamente la exclusión de 188 hectáreas de zona boscosa del Refugio Gandoca-Manzanillo por falta de estudios técnicos y compensación, manteniendo la desafectación de los cuadrantes urbanos." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII", "quote_en": "Faced with this reasonable doubt, the principle of in dubio pro natura must be applied, so the 188 hectares must be considered part of the refuge — public domain — and their exclusion without corresponding compensation is inadmissible.", "quote_es": "Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "the appropriate course was to order only the declassification of the lands that make up the villages located in the area — original villages or other population settlements — or, eventually, to exclude other public domain areas, provided it was demonstrated that no environmental impact would occur and the corresponding compensation was provided.", "quote_es": "lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación." } ], "cites": [], "cited_by": [ { "id": "pgr-24925", "citation": "OJ-143-2024", "title_en": "Inadmissibility of legislative inquiry on INDER's duties to recover PNE lands", "title_es": "Inadmisibilidad de consulta legislativa sobre deberes del INDER para recuperar bienes del PNE", "doc_type": "legal_opinion", "date": "31/10/2024", "year": "2024" } ], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-271609", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "NO APLICA" } ], "id": 1, "nombre": "PROPIEDAD" }, { "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "NO APLICA" } ], "id": 2, "nombre": "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD" } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "012745-19. PROPIEDAD.\nRECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR. Ley No. 9223 de 10\nde marzo de 2014. Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Cariber\nSur\n\n \n\n“I… El accionante\nimpugna la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del\nCaribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, por estimarla contraria a los\nartículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio\n169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no\nregresión en materia ambiental. Estima el accionante que tal Ley es inconstitucional\nen virtud de que reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre\nGandoca-Manzanillo, excluye de sus límites una franja costera que se extiende\naproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del\nrío Rojo o Willy Creek. La porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de\n250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por\nespacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona\nPública. En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja\nexcluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir\nde la Zona Marítimo Terrestre. Todo ello sin cumplir son los requisitos de\ncompensación y estudios técnicos…”\n\n \n\n “…VII si bien hay un informe técnico que justifica\nla promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar\nque la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio\nambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica\ny acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo\nprocedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que\nconforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros\nasentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio\npúblico, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al\nmedio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y\ncomo se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen\nbosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados\nafectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en\ncuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó. O una\nde dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales\nprevistas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un\nbien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza\nsobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del\nárea. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in\ndubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como\nparte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión\nsin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta\ncontrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la\nnorma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión\ndebe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas\n188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45\nconstitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar\nel derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman\nparte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a\nun derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación\ncostarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás\nhabitantes, por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima\nal ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva\ncompensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio\ntécnicos para realizar la reducción del citado refugio. \n\nPor otra\nparte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el\nexpediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que\nse impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta\nprocedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos\noriginarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el\nrefugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de\ninconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo\nequilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas\nde las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad\nincoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios\ncomprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la\nProcuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente,\nordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada. En el caso que\nse determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio\nprivado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las\nacciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que\natañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que\ncorresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las\nlimitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al\nambiente…”\n\n“…IX.- Conclusiones.- 1) En cuanto a los argumentos de falta de sustento técnico y de\nmedidas de compensación, se constata que la Ley n°9223 “Reconocimiento de los\nderechos de los habitantes del Caribe Sur” implicó una reducción del Refugio\nNacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con base en un estudio técnico\ninsuficiente respecto de la zona boscosa, y que además, no contempló medidas de\ncompensación. Lo cual se traduce en una violación al derecho al ambiente, a los\nprincipios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación, precautorio,\ncorrespondiendo la declaratoria con lugar, tal como se indica en la parte\ndispositiva de esta resolución. 2) En cuanto a los argumentos de falta\nde consulta a pueblo indígena, afectación de humedales y de zona marítimo\nterrestre, no se analizan por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad\npor el procedimiento, además, no se fundamentó ni acreditó que la ley debiera\nser consultada a pueblos indígenas, o que la normativa per se implique una\nafectación a humedales o zona marítimo terrestre…”", "body_en_text": "012745-19. PROPERTY.\nRECOGNITION OF THE RIGHTS OF THE INHABITANTS OF THE CARIBE SUR. Law No. 9223 of March 10, 2014. Recognition of the rights of the inhabitants of the Caribe Sur\n\n“I… The claimant challenges the law called “Recognition of the rights of the inhabitants of the Caribe Sur,” No. 9223 of March 20, 2014, considering it contrary to articles 7, 11, and 50 of the Political Constitution, to Article 6 of ILO Convention 169, as well as to the pro natura, precautionary, and non-regression principles in environmental matters. The claimant believes that such Law is unconstitutional because it reduces the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), excluding from its boundaries a coastal strip that extends approximately between the mouth of the Cocles River and the mouth of the Rojo River or Willy Creek. The excluded portion of the Refuge occupied an average of 250 meters between National Route No. 256 and the beach, whereas in Cocles, for a space of 500 meters, the Refuge occupied only the 50 meters of the Public Zone (Zona Pública). In the sector between the Ernesto creek and the Rojo River, the excluded strip can measure at some points up to 500 meters inland from the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). All of this without complying with the compensation requirements and technical studies…”\n\n “…VII although there is a technical report that justifies the enactment of the Law, the truth is that said study fails to rule out that the removal from public domain (desafectación) of the lands will not cause damage to the environment—that not referring to the urban quadrants. From a logical perspective consistent with the Law of the Constitution (values, principles, and norms), the proper course was to order only the removal from public domain of the lands that make up the towns located in the zone—original villages or other population settlements—or, eventually, to exclude other areas of public domain, provided it was proven that no environmental impact would be caused and the respective compensation was given. In that sense, as stated above, there is no clarity about the lands containing forest—whether they are part of the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) or private lands subject to the limitations provided for by the environmental legal system, in which case the removal from public domain was unnecessary—and that the Law removed from public domain. It is one or the other: if they are private assets subject to the environmental limitations provided for by the legislation, the removal from public domain is superfluous; if they are a public domain asset, the removal from public domain is insufficient, because there is no certainty about the non-deterioration of the environment and the respective compensation for the area is not provided. Faced with this reasonable doubt, the appropriate action is to apply the principle of in dubio pro natura, so the 188 hectares must be considered part of the refuge—a demanial asset—and therefore their exclusion without the respective compensation is inappropriate. All of the foregoing, without a doubt, is contrary to what this Chamber has established in its jurisprudence, hence the challenged legal norm is unconstitutional. However, the previous conclusion must be nuanced, in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, pursuant to constitutional article 45 and article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property rights of their owners. Furthermore, the 188 hectares form part of the core nucleus of a wildlife refuge, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who make up the Costa Rican Nation—those who were, we who are, and those who will be—as well as the other inhabitants, so we are in the presence of a very serious impact on the environment; especially since in this case the challenged Law does not provide the respective area compensation and lacks, as explained supra, technical studies for carrying out the reduction of the cited refuge.\n\nOn the other hand, it must be clarified that, in accordance with the information contained in the case file, both legislative and judicial, not all of the legal provisions being challenged are contrary to the Law of the Constitution, since the exclusion from the refuge of the urban quadrants is indeed appropriate—original villages or people who were even there before the refuge was created—so it would make no sense to declare the entire regulation unconstitutional. Rather, and to achieve a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the proper course is to grant the filed unconstitutionality action, annulling the norm only with respect to the territories included in the forested zone (zona boscosa)—188 hectares—as ordered by the Procuraduría General de la República in its reports and, consequently, to order SINAC to proceed to delimit the aforementioned area. In the event that it is determined that these are public domain assets—not private domain assets—SINAC, together with the State Attorney (Abogado de Estado), must pursue the corresponding legal actions in defense of the public heritage. Regarding property rights—if they are eventually determined—what is appropriate is for the competent authorities to impose the corresponding social-interest limitations on the properties for the sake of environmental protection…”\n\n“…IX.- Conclusions.- 1) Regarding the arguments of lack of technical support and compensation measures, it is verified that Law No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the Caribe Sur” implied a reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, based on a technical study that was insufficient regarding the forested zone, and that, moreover, it did not contemplate compensation measures. Which translates into a violation of the right to the environment, of the principles of reasonableness, proportionality, objectification, precautionary, with the declaration being granted, as indicated in the operative part of this resolution. 2) Regarding the arguments of lack of consultation of indigenous people, impact on wetlands, and the maritime terrestrial zone, they are not analyzed because the unconstitutionality was already determined on procedural grounds; furthermore, it was neither substantiated nor proven that the law should have been consulted with indigenous peoples, or that the regulation per se implies an impact on wetlands or the maritime terrestrial zone…”" }