{ "id": "nexus-ext-1-0007-340188", "citation": "Exención de audiencia pública en relleno sanitario Miramar viola Art. 50 constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Exención de audiencia pública en relleno sanitario Miramar viola Art. 50 constitucional", "title_en": "Exemption from public hearing for Miramar landfill violates constitutional Article 50", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo contra la SETENA por haber otorgado viabilidad ambiental a un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro, eximiendo al proyecto de realizar una nueva audiencia pública, bajo el argumento de que las condiciones eran similares a las analizadas en una audiencia celebrada en 2009. La Sala razonó que, aunque la participación ciudadana es un principio constitucional y no un derecho fundamental exigible en todo caso, en este supuesto se produjo una vulneración directa del artículo 50 constitucional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Consideró que, tras más de diez años sin que se iniciaran las obras y habiendo vencido la viabilidad ambiental original, era improcedente eximir de una nueva audiencia pública, pues la debida tutela del ambiente exigía que la población actual pudiera pronunciarse sobre los impactos del proyecto a la luz de las circunstancias presentes. Por tanto, anuló la resolución que eximía de la audiencia y ordenó a la SETENA programarla.", "summary_en": "The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against SETENA for granting environmental viability to a landfill in Miramar de Montes de Oro while exempting the project from holding a new public hearing, on the grounds that conditions were similar to those analyzed in a hearing held in 2009. The Chamber reasoned that, although citizen participation is a constitutional principle rather than an enforceable fundamental right in every case, a direct violation of Article 50 of the Constitution had occurred, which guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment. It found that after more than ten years without construction starting and the original environmental viability having expired, exempting a new public hearing was improper, as the effective protection of the environment required that the current population be able to comment on the project's impacts under present circumstances. Consequently, it annulled the resolution granting the exemption and ordered SETENA to schedule the hearing.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "environmental-law-7554", "biodiversity-law-7788", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "audiencia pública", "viabilidad ambiental", "SETENA", "interés difuso", "artículo 50 constitucional" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 23", "law": "Ley 7554" }, { "article": "Art. 95", "law": "Ley 7788" }, { "article": "Art. 9", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "audiencia pública", "relleno sanitario", "SETENA", "viabilidad ambiental", "artículo 50 constitucional", "participación ciudadana", "Miramar", "EBI de Costa Rica", "interés difuso", "derecho a ambiente sano", "principio constitucional" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "public hearing", "landfill", "SETENA", "environmental viability", "constitutional article 50", "citizen participation", "Miramar", "EBI Costa Rica", "diffuse interest", "right to healthy environment", "constitutional principle" ], "excerpt_es": "No obstante, en criterio de este Tribunal, exonerar de tal requisito a esa actividad, luego de 10 años o más de haber sido valorada tal situación por la población, resulta totalmente improcedente, pues lo razonable para la tutela concreta del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 de la Constitución, es que la audiencia pública establecida por el legislador en estos casos, deba realizarse en las condiciones del momento en el cual se desarrollará la actividad en cuestión, lo cual no se puede tener por cumplido en este caso, con una audiencia celebrada hace más de diez años. Es por ello que lo actuado por Nombre3763, al otorgar la viabilidad ambiental de un proyecto sin la celebración de una nueva audiencia, a pesar del tiempo transcurrido respecto de la audiencia anterior de este proyecto sin haber iniciado su funcionamiento, resulta violatorio al derecho reconocido en el referido artículo 50 de la Constitución.\n\nEn criterio de esta Sala, así como debieron ser aplicados nuevamente los instrumentos técnicos para determinar los eventuales impactos ambientales que una actividad de tal naturaleza podría producir, a la luz de las circunstancias actuales, igualmente debe respetarse el procedimiento establecido para tal efecto, garantizando a la población actual la transparencia de la actuación de la función pública establecida para este tipo de obras y la debida tutela del ambiente, de conformidad con el artículo 50 constitucional, 23 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad.", "excerpt_en": "Nevertheless, in this Court's view, exempting such activity from that requirement after 10 years or more since the situation was assessed by the population is completely inappropriate, since what is reasonable for the concrete protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution is that the public hearing established by the legislator in these cases must be held under the conditions prevailing at the time the activity will take place, which cannot be deemed fulfilled in this case by a hearing held more than ten years ago. That is why SETENA's action, in granting environmental viability to a project without holding a new hearing, despite the time elapsed since the prior hearing for this project without it having begun operation, violates the right recognized in said Article 50 of the Constitution.\n\nIn this Chamber's view, just as the technical instruments should have been applied again to determine the potential environmental impacts that an activity of this nature could produce in light of current circumstances, the procedure established for that purpose must also be respected, guaranteeing the current population transparency in the public administration's actions for this type of works and adequate protection of the environment, in accordance with constitutional Article 50, Article 23 of the Environmental Law, and Article 95 of the Biodiversity Law.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "Amparo granted; SETENA's resolution exempting the public hearing is annulled and the hearing must be scheduled.", "summary_es": "Se declara con lugar el amparo, anulando la resolución de SETENA que eximía de audiencia pública y ordenando su programación." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Nevertheless, in this Court's view, exempting such activity from that requirement after 10 years or more since the situation was assessed by the population is completely inappropriate...", "quote_es": "No obstante, en criterio de este Tribunal, exonerar de tal requisito a esa actividad, luego de 10 años o más de haber sido valorada tal situación por la población, resulta totalmente improcedente..." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "That is why SETENA's action, in granting environmental viability to a project without holding a new hearing, despite the time elapsed since the prior hearing for this project without it having begun operation, violates the right recognized in said Article 50 of the Constitution.", "quote_es": "Es por ello que lo actuado por Nombre3763, al otorgar la viabilidad ambiental de un proyecto sin la celebración de una nueva audiencia, a pesar del tiempo transcurrido respecto de la audiencia anterior de este proyecto sin haber iniciado su funcionamiento, resulta violatorio al derecho reconocido en el referido artículo 50 de la Constitución." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "nexus-sen-1-0007-446369", "kind": "related_voto", "label": "" }, { "target_id": "nexus-sen-1-0007-942226", "kind": "related_voto", "label": "" }, { "target_id": "nexus-sen-1-0007-1120368", "kind": "related_voto", "label": "" }, { "target_id": "norm-27738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7554 Art. 23" }, { "target_id": "norm-39796", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7788 Art. 95" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0007-446369", "sen-1-0007-942226", "sen-1-0007-1120368" ], "temas_y_subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "AMBIENTE", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "RELLENO SANITARIO." } ] } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "AMBIENTE\n\n011236-23. Nombre3763 recibió un formulario D1 para tramitar la Viabilidad Ambiental de un Relleno\nSanitario en Miramar de Montes de Oro. Indica que dicho trámite se realizó a solicitud de la Empresa\nEBI de Costa Rica S.A. Manifiesta que un proyecto para disposición de residuos sólidos en el mismo\nsitio fue tramitado ante la Nombre3763 en 2007 y en agosto de 2009, hace más de 13 años, en aquel\ntrámite, se llevó a cabo la audiencia pública que establece la legislación, con la intención de\ndarle a la ciudadanía un espacio de participación para presentar sus objeciones y aclarar dudas en\nrelación con el proyecto que está en valoración. RGS7/2023\n\n“(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo resulta de particular importancia señalar que la\nparticipación ciudadana está resguardada en nuestro ordenamiento jurídico como un principio. Tal y\ncomo la mayoría de este Tribunal lo ha señalado en otras ocasiones, la participación ciudadana\ndirecta en los asuntos públicos o el manejo de la cosa pública, es un evidente principio\nconstitucional reconocido normativamente en el artículo 9° de la Constitución, que debe ser actuado\npor el ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional, bajo las siguientes\nconsideraciones:\n\n“…La participación ciudadana, como principio general del Derecho Constitucional, se proyecta en el\nterreno político o de gobierno y el meramente administrativo, para la toma de decisiones\nfundamentales. En la dimensión política o de gobierno, el tema se desarrolla a través de\ninstrumentos como la regulación de los procesos de elección popular, el referéndum legislativo y la\niniciativa popular en la formación de la ley. En el plano estrictamente administrativo, el principio\nde participación de los administrados debe ser desarrollado de manera paulatina y según la materia y\nsector, por cuanto, no toda decisión administrativa fundamental, debe estar, necesariamente,\nprecedida, de participación ciudadana, puesto que de ser así se ralentizaría la gestión\nadministrativa que debe ser, por aplicación de los principios constitucionales de eficacia y\neficiencia, fluida y dinámica. Nuestra Constitución política, no enuncia ni señala los mecanismos de\nparticipación de los administrados en la adopción de las decisiones administrativas fundamentales,\nesto es, no se ocupa de tal extremo. El ordenamiento infraconstitucional, esencialmente, legal será\nel que vaya determinando aquellos sectores y materias donde debe haber una mayor participación (v.\ngr. en materia de elaboración de reglamentos, ambiental, de protección del consumidor, de\nplanificación urbana, regulación y fijación de tarifas en servicios de interés general, realización\nde consultas populares a nivel municipal como cabildos abiertos y referendos, etc.). Habrá\nsituaciones en las que el legislador ordinario ha configurado tal participación como un verdadero,\nacabado y perfecto derecho, plenamente exigible, en determinadas circunstancias y bajo ciertos\npresupuestos y condiciones que habrá que verificar. En tales casos, determinar si se ha quebrantado\no no tal derecho de configuración legislativa es una cuestión de legalidad que se debe discutir ante\nla jurisdicción ordinaria o común y no en esta jurisdicción constitucional. En definitiva, lo que\ncontemplan la Constitución vigente y los instrumentos internacionales en materia de derechos\nhumanos, es un principio de participación, que por razones obvias no alcanza el carácter preceptivo\ny exigible de un derecho fundamental o humano. No resulta posible extraer del texto fundamental y de\nlos instrumentos de Derechos Humanos un supuesto derecho a la participación que rija de manera\nincondicional para la adopción de cualquier o toda decisión administrativa fundamental que\njustifique acoger todo amparo siempre que se alegue que se violó el mismo. Es el legislador\nordinario el que paulatinamente, va configurando y desarrollando tal derecho de participación en\nciertas materias y en determinados sectores del ordenamiento jurídico infraconstitucional, por lo\nque, reitero, no le corresponde a la jurisdicción constitucional, por ser una cuestión de legalidad\nordinaria, establecer cuándo se ha infringido un derecho de configuración legal. En razón de lo\nexpuesto, no resulta posible hablar, desde una perspectiva constitucional o convencional, de un\nderecho perfecto a la participación, debiendo, en su lugar, hacerse referencia al principio\nconstitucional de la participación ciudadana en la toma de decisiones fundamentales, sean políticas\no administrativas.” (Sentencia nro. 2017-1163 de las 9:40 horas del 27 de enero de 2017. Ver en\nsimilar sentido las sentencias números 2019-19902, 2021-25386 y 2022-25374)\n\n Sin embargo, en este caso en particular, este Tribunal advierte una vulneración directa del\nartículo 50 constitucional, el cual establece que, “[t]oda persona tiene derecho a un ambiente sano\ny ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese\nderecho y para reclamar la reparación del daño causado”. Consecuente con ello, se reconoce la\nexistencia de un interés difuso para que cualquier persona pueda gestionar lo que estime pertinente,\nen relación con la defensa del derecho al ambiente, bajo los diferentes mecanismos establecidos en\nel ordenamiento jurídico.\n\nEn el sub examine, la actividad cuya viabilidad ambiental se discute -la instalación de un relleno\nsanitario en Miramar de Montes de Oro-, requiere que, dentro del proceso de aprobación del estudio\nde impacto ambiental se realice una audiencia pública. Es por ello que, para el momento en que se\notorgó previamente la viabilidad, esa audiencia se realizó en el año 2009. Ahora bien, la discusión\nsobre si debe o no realizarse nuevamente tal audiencia actualmente, es porque la resolución nro.\n2966-2009 del 16 de diciembre de 2009, mediante la cual el proyecto obtuvo la viabilidad ambiental\nvenció, sin que se iniciaran las obras. De manera que, la empresa EBI de Costa Rica S.A. tuvo que\niniciar el procedimiento nuevamente el 15 de noviembre de 2021; y, en esta ocasión, Nombre3763\ndeterminó que, dado que las condiciones del proyecto y del lugar propuesto eran similares a las\nanalizadas en el año 2009, se le podía eximir de la realización de tal audiencia, según resolución\nnro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022.\n\nNo obstante, en criterio de este Tribunal, exonerar de tal requisito a esa actividad, luego de 10\naños o más de haber sido valorada tal situación por la población, resulta totalmente improcedente,\npues lo razonable para la tutela concreta del derecho a un ambiente sano y ecológicamente\nequilibrado reconocido en el artículo 50 de la Constitución, es que la audiencia pública establecida\npor el legislador en estos casos, deba realizarse en las condiciones del momento en el cual se\ndesarrollará la actividad en cuestión, lo cual no se puede tener por cumplido en este caso, con una\naudiencia celebrada hace más de diez años. Es por ello que lo actuado por Nombre3763, al otorgar la\nviabilidad ambiental de un proyecto sin la celebración de una nueva audiencia, a pesar del tiempo\ntranscurrido respecto de la audiencia anterior de este proyecto sin haber iniciado su\nfuncionamiento, resulta violatorio al derecho reconocido en el referido artículo 50 de la\nConstitución.\n\nEn criterio de esta Sala, así como debieron ser aplicados nuevamente los instrumentos técnicos para\ndeterminar los eventuales impactos ambientales que una actividad de tal naturaleza podría producir,\na la luz de las circunstancias actuales, igualmente debe respetarse el procedimiento establecido\npara tal efecto, garantizando a la población actual la transparencia de la actuación de la función\npública establecida para este tipo de obras y la debida tutela del ambiente, de conformidad con el\nartículo 50 constitucional, 23 de la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 95 de la Ley de\nBiodiversidad. Es por ello que este amparo resulta procedente únicamente contra SETENA, y lo\nprocedente es anular la resolución nro. 2032-2022-SETENA de fecha 14 de diciembre de 2022 y, en\nconsecuencia, ordenar la programación de la audiencia pública en cuestión. (…)”", "body_en_text": "ENVIRONMENT\n\n011236-23. Nombre3763 received a D1 form to process the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) for a Sanitary Landfill (Relleno Sanitario) in Miramar de Montes de Oro. It indicates that said process was carried out at the request of the company EBI de Costa Rica S.A. It states that a project for solid waste disposal at the same site was processed before the Nombre3763 in 2007 and in August 2009; more than 13 years ago, in that process, the public hearing established by legislation was held, with the intention of giving citizens a space for participation to present their objections and clarify doubts regarding the project under evaluation. RGS7/2023\n\n“(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE. It is of particular importance to first note that citizen participation is safeguarded in our legal system as a principle. As the majority of this Court has indicated on other occasions, direct citizen participation in public affairs or the management of public matters is an evident constitutional principle normatively recognized in Article 9 of the Constitution, which must be enacted by the constitutional and infra-constitutional legal system, under the following considerations:\n\n“…Citizen participation, as a general principle of Constitutional Law, is projected in the political or governmental sphere and the merely administrative one, for fundamental decision-making. In the political or governmental dimension, the issue is developed through instruments such as the regulation of popular election processes, the legislative referendum, and popular initiative in law-making. In the strictly administrative sphere, the principle of participation of the administered must be developed gradually and according to the matter and sector, since not every fundamental administrative decision must necessarily be preceded by citizen participation, because doing so would slow down administrative management, which must be, by application of the constitutional principles of effectiveness and efficiency, fluid and dynamic. Our Political Constitution neither enunciates nor indicates the mechanisms for the participation of the administered in the adoption of fundamental administrative decisions, that is, it does not address this point. The infra-constitutional legal system, essentially the law, will be what gradually determines those sectors and matters where there must be greater participation (e.g., in the matter of drafting regulations, environment, consumer protection, urban planning, regulation and setting of tariffs in public interest services, conducting popular consultations at the municipal level such as open town halls and referendums, etc.). There will be situations in which the ordinary legislator has configured such participation as a true, complete, and perfect right, fully enforceable, in certain circumstances and under certain assumptions and conditions that must be verified. In such cases, determining whether or not such a legally configured right has been violated is a matter of legality that must be discussed before the ordinary or common jurisdiction and not in this constitutional jurisdiction. Ultimately, what the current Constitution and international human rights instruments contemplate is a principle of participation, which for obvious reasons does not reach the mandatory and enforceable character of a fundamental or human right. It is not possible to extract from the fundamental text and Human Rights instruments a supposed right to participation that applies unconditionally to the adoption of any or every fundamental administrative decision justifying granting every writ of amparo whenever it is alleged that it was violated. It is the ordinary legislator who gradually configures and develops such a right to participation in certain matters and in certain sectors of the infra-constitutional legal system; therefore, I reiterate, it is not the role of the constitutional jurisdiction, as it is a matter of ordinary legality, to establish when a legally configured right has been infringed. By reason of the foregoing, it is not possible to speak, from a constitutional or conventional perspective, of a perfect right to participation; instead, reference should be made to the constitutional principle of citizen participation in fundamental decision-making, whether political or administrative.” (Judgment No. 2017-1163 of 9:40 a.m. on January 27, 2017. See in a similar vein judgments numbers 2019-19902, 2021-25386, and 2022-25374)\n\n However, in this particular case, this Court finds a direct violation of Article 50 of the Constitution, which establishes that, “[e]very person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe upon that right and to demand reparation for the harm caused.” Consistent with this, the existence of a diffuse interest is recognized so that any person may manage whatever they deem pertinent, in relation to the defense of the right to the environment, under the different mechanisms established in the legal system.\n\nIn the case at hand, the activity whose environmental viability (viabilidad ambiental) is being discussed—the installation of a sanitary landfill (relleno sanitario) in Miramar de Montes de Oro—requires that, within the approval process of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental), a public hearing be held. It is for this reason that, when viability was previously granted, that hearing was held in the year 2009. Now, the discussion about whether or not such a hearing should be held again currently exists because resolution No. 2966-2009 of December 16, 2009, through which the project obtained environmental viability (viabilidad ambiental), expired without the works being initiated. Consequently, the company EBI de Costa Rica S.A. had to initiate the procedure again on November 15, 2021; and, on this occasion, Nombre3763 determined that, given that the conditions of the project and the proposed location were similar to those analyzed in the year 2009, it could be exempted from holding such a hearing, according to resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022.\n\nHowever, in the opinion of this Court, exempting that activity from such a requirement, after 10 years or more since the situation was evaluated by the population, is entirely improper, because what is reasonable for the concrete protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution is that the public hearing established by the legislator in these cases must be held under the conditions of the moment in which the activity in question will be carried out, which cannot be considered fulfilled in this case by a hearing held more than ten years ago. It is for this reason that the actions of Nombre3763, in granting the environmental viability (viabilidad ambiental) of a project without holding a new hearing, despite the time elapsed since the previous hearing for this project without its operation having begun, violate the right recognized in the aforementioned Article 50 of the Constitution.\n\nIn the opinion of this Chamber, just as the technical instruments should have been applied again to determine the potential environmental impacts that an activity of such nature could produce, in light of current circumstances, the procedure established for this purpose must likewise be respected, guaranteeing the current population transparency in the actions of the public function established for this type of works and the proper protection of the environment, in accordance with Article 50 of the Constitution, Article 23 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and Article 95 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). It is for this reason that this amparo is admissible only against SETENA, and what is appropriate is to annul resolution No. 2032-2022-SETENA dated December 14, 2022 and, consequently, to order the scheduling of the public hearing in question. (…)”" }