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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Principio de objetivación de la tutela ambiental",
  "title_en": "Principle of Objectification of Environmental Protection",
  "summary_es": "La Sala Constitucional define el principio de objetivación de la tutela ambiental como la exigencia de que las decisiones legislativas y administrativas en materia ambiental se funden en criterios técnicos y científicos, según los artículos 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Este principio deriva directamente del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y vincula las actuaciones estatales a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Cuando los estudios técnicos, como los estudios de impacto ambiental, evidencien un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un daño evidente al ambiente, es obligatorio desechar el proyecto, obra o actividad propuesta. En caso de duda razonable, opera el principio in dubio pro natura, que puede implicar la adopción de medidas compensatorias o precautorias para proteger adecuadamente el ambiente. Se diferencia del principio precautorio, ya que se centra en la acreditación técnica como límite a la discrecionalidad administrativa.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber defines the principle of objectification of environmental protection as the requirement that legislative and administrative decisions on environmental matters be based on technical and scientific criteria, pursuant to Articles 16 of the General Public Administration Act and 38 of the Organic Environmental Act. This principle derives directly from the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment and binds state actions to the unequivocal rules of science and technology. When technical studies, such as environmental impact assessments, show objective technical criteria indicating the probability of evident environmental harm, the proposed project, work, or activity must be rejected. In case of reasonable doubt, the in dubio pro natura principle applies, which may entail adopting compensatory or precautionary measures to adequately protect the environment. It differs from the precautionary principle, as it focuses on technical substantiation as a limit to administrative discretion.",
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  "date": "28/04/2026",
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    "art-50-constitution"
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    "Constitutional Chamber ruling"
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  "excerpt_es": "“De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una \"duda razonable\" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.”",
  "excerpt_en": "“The objectification of environmental protection (…) is a principle that in no way may be confused with the previous one [precautionary principle or 'principle of prudent avoidance'], as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Public Administration Act, it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature –both legal and regulatory–, from which derives the requirement of linkage to science and technology, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter. Thus, in light of the results derived from those technical studies –such as environmental impact studies–, if objective technical criteria show the probability of evident damage to the environment, natural resources, or human health, it is mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of a 'reasonable doubt,' it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.”",
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    "label_en": "Constitutional Chamber Ruling",
    "label_es": "Sentencia de la Sala Constitucional",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber defined the principle of objectification of environmental protection and its link to the in dubio pro natura principle, establishing the mandatory nature of basing environmental decisions on technical studies.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional definió el principio de objetivación de la tutela ambiental y su vinculación con el principio in dubio pro natura, estableciendo la obligatoriedad de fundamentar las decisiones ambientales en estudios técnicos."
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      "quote_es": "la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas"
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      "quote_en": "in case of a 'reasonable doubt' it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle)",
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  "body_es_text": "PRINCIPIO DE OBJETIVACIÓN\n\n“(…) Finalmente, este Tribunal explicó el principio de\nobjetivación de la tutela ambiental en estos términos:\n\n“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental\nexpuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano”\nnos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para\ngarantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la\nnecesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la\ncalidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de\n“ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo\nla ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas\no administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la\nLey General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente,\nlas actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden\ncontradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el\ngoce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y,\nademás, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al\nsometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas\nunívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de\nobjetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental\n(…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior\n[principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como\nderivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la\nAdministración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios\ntécnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos\ncomo de las disposiciones de carácter general –tanto legales como\nreglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia\ny a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la\nAdministración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que\nse deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–,\nsi se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un\nevidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas,\nes que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en\ncaso de una \"duda razonable\" resulta obligado tomar decisiones en pro\ndel ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto\nde medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera\nadecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10,\n17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367\nde las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). (…)” VCG05/2026",
  "body_en_text": "PRINCIPLE OF OBJECTIFICATION\n\n\"(…) Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:\n\n\"With regard to the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta further requires that it be 'healthy.' The requirement 'healthy' leads us to 'regenerative capacity' and 'succession capacity' in order to guarantee life. From both requirements—'healthy' and 'balanced'—the need for sustainable and supportable development follows; quality of life and environmental quality depend on this. Now then, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' 'ecologically balanced,' the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, in the terms of articles 16 of the General Public Administration Act and 38 of the Organic Environmental Act, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in pursuit of achieving the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, moreover, a 'greater well-being for all the inhabitants of the country.' Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the univocal rules of science and technique, this Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: 'The objectification of environmental protection (…) is a principle that can in no way be confused with the former [precautionary principle or \"principle of prudent avoidance\"], insofar as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Public Administration Act, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—whence arises the requirement of linkage to science and technique, which thereby conditions the Administration's discretion in this matter. So that in light of the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessments—if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the event of \"reasonable doubt\" it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (Ruling of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)\" (emphasis added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012). (…)\" VCG05/2026"
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