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  "id": "nexus-ext-1-0007-387449",
  "citation": "Res. 16941-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Derecho a un ambiente sano como derecho autónomo y universal",
  "title_en": "Right to a healthy environment as an autonomous and universal right",
  "summary_es": "Esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo desarrolla el alcance del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política. Reitera que es un derecho fundamental de naturaleza tanto individual como colectiva, vinculado a otros derechos humanos como la vida, la salud y la propiedad. Destaca que, según la jurisprudencia constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho es autónomo, protegiendo los componentes del ambiente (bosques, ríos, mares) por su valor intrínseco, más allá de su utilidad para el ser humano. Se subraya la obligación del Estado de adoptar medidas de prevención y precaución ante riesgos ambientales. Además, se resalta el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano, incluyendo resoluciones de la ONU, y se enfatiza la eficacia horizontal de este derecho, que permite el amparo contra sujetos de derecho privado.",
  "summary_en": "This ruling by the Administrative Litigation Court elaborates on the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. It reaffirms that this is a fundamental right of both individual and collective nature, linked to other human rights such as life, health, and property. The Court emphasizes that, according to constitutional jurisprudence and the Inter-American Court of Human Rights, this right is autonomous, protecting the components of the environment (forests, rivers, seas) for their intrinsic value, beyond their utility to humans. It stresses the State's obligation to adopt preventive and precautionary measures in the face of environmental risks. The ruling highlights the international recognition of the right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right, including UN resolutions, and underscores the horizontal application of this right, allowing amparo actions against private entities.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "15/05/2026",
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    "derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
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    "Drittwirkung der Menschenrechte (eficacia horizontal)",
    "derecho autónomo al ambiente",
    "OC-23/17 Corte IDH",
    "artículo 50 Constitución Política"
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    "derecho a un ambiente sano",
    "artículo 50 Constitución",
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    "Corte Interamericana de Derechos Humanos",
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    "derechos humanos",
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  "keywords_en": [
    "right to a healthy environment",
    "Article 50 Constitution",
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    "Inter-American Court of Human Rights",
    "preventive principle",
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    "horizontal application",
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    "ecologically balanced environment"
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  "excerpt_es": "“Concerniente a la naturaleza de los hechos acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:\n\n“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental.””",
  "excerpt_en": "“Regarding the nature of the acts alleged in the case at bar, this Court has repeatedly ruled on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For instance, in judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:\n\n'The case law of this Chamber has repeatedly underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. It has also been indicated that effective protection of this right requires that resources be used rationally, in which context the State and citizens in general must act in accordance with the principles governing environmental matters.'”",
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    "label_en": "Granted",
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    "summary_en": "The Court explained the scope of the right to a healthy environment as an autonomous and universal right, recognizing intrinsic protection for environmental components and the State's obligation to adopt preventive and precautionary measures.",
    "summary_es": "El Tribunal explicó el alcance del derecho al ambiente sano como derecho autónomo y universal, reconociendo protección intrínseca a los componentes ambientales y la obligación estatal de adoptar medidas preventivas y precautorias."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH, citada en la sentencia",
      "quote_en": "The aim is to protect nature and the environment not only because of their connection to human utility or the effects their degradation could cause on other human rights, such as health, life, or personal integrity, but because of their importance for other living organisms with whom we share the planet, which are also deserving of protection in themselves.",
      "quote_es": "Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos."
    },
    {
      "context": "Considerando de la sentencia 2021024807 citada",
      "quote_en": "The precautionary principle indicates that, when there is a danger of serious and irreversible harm, the lack of full scientific certainty shall not be used as a reason to postpone adopting effective measures, accounting for costs, to prevent environmental degradation.",
      "quote_es": "El principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente."
    },
    {
      "context": "Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo",
      "quote_en": "This Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for conventional and constitutional obligations, which bind the State not only to recognize the rights enshrined therein but also to impose the legal measures required for their protection.",
      "quote_es": "Esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo."
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  "body_es_text": "ARTÍCULO 50\nDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) V.-\nSobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En cuanto a\neste tema, en la sentencia número 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de\nsetiembre de 2022, este Tribunal señaló lo siguiente:\n\n“Concerniente\na la naturaleza de los hechos acusados en el sub lite, este Tribunal se ha\npronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y\necológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las\n9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:\n\n“En\nreiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el\nderecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido\ntanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la\nprotección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de\nmanera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben\nactuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de\nideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo\ndemanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad\nafectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de\nciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos\nclaramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal\nprincipio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos\nadministrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay\nelementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra\nparte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e\nirreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como\nrazón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos\npara impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que\nel principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la\namenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una\ndiferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en\nel nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra\nprovoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que\nse advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o\nestudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar\nlas medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente\nconforme a tales principios. Ahora, tal obligación objetiva no apareja,\nineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los\nórganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se\nadopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes\nabiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y\njurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los\nderechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas\nmanifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho\nprivado.\n\nInteresa\ntambién resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión\nConsultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las\nobligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la\nsalvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana\nsobre Derechos Humanos.\n\nEn esa\nopinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio\nambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental\nafecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido,\nseñaló:\n\n“47. Esta\nCorte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección\ndel medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la\ndegradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el\ngoce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo\nAdicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de\nDerechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San\nSalvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos\neconómicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente\nsano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes\ncategorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en\nel reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una\ntutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin\nque jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de\notros (…)\n\n49. Por su\nparte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango\nfundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una\ncalidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la\ndegradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General\nde la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio\nambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio\nclimático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50.\nEn el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que\nla degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del\nindividuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las\npersonas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y\nfamiliar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de\nDerechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio\nambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente\nrelacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio\nambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52. Por\notra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre\nla relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el\ndesarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha\nafirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en\nadelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo\neconómico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida\ny trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para\nmejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el\ndesarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la\nDeclaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante\n“Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos\nconstituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo\nsostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo\nsostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante\ndel proceso de desarrollo”. En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de\nJohannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares\ndel desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la\nprotección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las\nDecisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados\nreconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre\nel medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo.\n53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la\nAsamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los\nderechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres\ndimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el\nmismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a\nla protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la\nCarta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la\ndemocracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”,\npor lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y\nestrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados\ny convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las\nfuturas generaciones” (…) 55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre\nla protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos\nhumanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de\nprotección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como\nun derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos\nhumanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son\nvulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una\nserie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de\nsus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra\nconsecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos\nhumanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas\nobligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y\nobligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del\ncorpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de\nlas obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra\npárrs. 43 a 45) (…) 59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha\nentendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas.\nEn su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un\ninterés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras.\nAhora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión\nindividual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones\ndirectas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros\nderechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida,\nentre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables\nen los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho\nfundamental para la existencia de la humanidad.”.\n\nEsta\ninterrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos\ntambién ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones\nUnidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021\nen el 46° periodo de sesiones, sostuvo:\n\n“Reconociendo\ntambién que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente,\nincluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los\nderechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más\nalto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una\nalimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los\nderechos culturales.”.\n\nTambién,\nrecientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de\n2021, ese Consejo señaló:\n\n “(…) Reconociendo que el desarrollo\nsostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la\nprotección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al\nbienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos,\nincluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de\nsalud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación\nadecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación\nen la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)\n\nReconociendo\nademás que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el\ndesarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a\nla capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los\nderechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)\n\nReconociendo\nla importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo\nfundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)\n\n1. Reconoce\nel derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho\nhumano importante para el disfrute de los derechos humanos;\n\n2. Observa\nque el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está\nrelacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El\nresaltado no corresponde al original).\n\nDe este\nmodo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente\nsano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de\neste bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un\nfactor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser\nhumano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en\nlo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.\n\nAllende de\nlo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra\naludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible\nde protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas\nindividuales. En tal sentido, dispuso:\n\n“62. Esta\nCorte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como\nderecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del\nmedio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses\njurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo\na las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio\nambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o\npor los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las\npersonas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su\nimportancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta,\ntambién merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte\nadvierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a\nla naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos\nconstitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como\nderecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección\nde otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad\npersonal.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nEsta\ntesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso\n“Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)\nvs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH\nafirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia\nexistencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de\nmanera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques,\nmares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de\nla CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o\n“efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los\ndemás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la\ntrascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de\nla referida resolución:\n\n“203. La\nCorte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando\ndiversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se\nremite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un\nmedio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho\nfundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo\n[…] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y\notros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o\nevidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la\nnaturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres\nhumanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes\nse comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros\nderechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños\nambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).\n\nCon base en\nlo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar\npor el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que\nconstriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino\ntambién a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el\nresaltado es del original).\n\nAunado a lo\nanterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la\nresolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se\nconsignó:\n\n“1. Reconoce\nel derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho\nhumano;\n\n2. Observa\nque el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está\nrelacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente;\n\n3. Afirma\nque la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y\nsostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales\nrelativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental\ninternacional;\n\n4. Exhorta a\nlos Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros\ninteresados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación\ninternacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas\nprácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio\nambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.\n\nEsta\nresolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de\ndeliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de\nNaciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter\nuniversal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.\n\nPrecisamente,\nla resolución n.º A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente\nsano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto,\nen buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su\ncomprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción\nde que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que\nvale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual\npropia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de\notros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección\ntrasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes\nde la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los\norganismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los\nseres humanos.\n\nAsimismo,\nreitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente\nsano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos\nhumanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la\nsalud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo\nalgunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente\nrelevante al derecho de marras.\n\nEn adición,\nla Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un\nambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los\nderechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los\nprincipios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su\nimprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de\nconstitucionalidad por parte de esta Sala.\n\nPor último,\nen armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos\nfundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución n.º\nA/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente,\nallende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas\ny otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en\ngeneral. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción\nConstitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.\n\nEn suma,\nbajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como\ngarante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los\ncompromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a\nla sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los\nderechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de\nimplementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar\nla efectiva protección a aquellos” (los resaltados pertenecen al original). (…)”\nVCG06/2026",
  "body_en_text": "ARTICLE 50\nOF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) V.-\nOn the right to a healthy and ecologically balanced environment. Regarding this topic, in judgment number 2022022070 of 9:20 a.m. on September 23, 2022, this Court stated the following:\n\n“Concerning the nature of the acts alleged in the sub lite, this Court has repeatedly ruled regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. For instance, in judgment No. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:\n\n“On repeated occasions, the jurisprudence of this Chamber has underscored that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and conventional levels. Likewise, it has been indicated that effective protection of this right requires that resources be used rationally, a context in which the State and the citizenry in general must act according to the principles governing environmental matters. In this vein, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are risks that are clearly defined and identified as at least probable; likewise, such principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures in terms of cost to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work provokes. While in the former such certainty exists, in the latter what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is obligated to adopt measures that guarantee the defense and effective preservation of the environment in accordance with these principles. Now, such objective obligation does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through jurisdictional bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by authorities, or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), among whose procedural manifestations is the amparo against subjects of private law.\n\nIt is also of interest to highlight that the Inter-American Court of Human Rights, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, developed matters concerning State obligations in relation to the environment, for the sake of safeguarding the human rights enshrined in the American Convention on Human Rights.\n\nIn that opinion, the Court recognized the interrelationship between the protection of the environment and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the enjoyment and effective development of human rights. In this regard, it stated:\n\n“47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between the protection of the environment and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter ‘Protocol of San Salvador’), highlights the close relationship between the validity of economic, social and cultural rights—which includes the right to a healthy environment—and that of civil and political rights, and indicates that the different categories of rights constitute an indissoluble whole that finds its basis in the recognition of the dignity of the human person, for which they require permanent protection and promotion with the purpose of achieving their full validity, without ever being able to justify the violation of some for the sake of the realization of others (…)\n\n49. For its part, the Inter-American Commission has highlighted that several rights of fundamental rank require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. In the same vein, the OAS General Assembly has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and highlighted that climate change produces adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. In the European sphere, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation can affect the well-being of the individual and, as a consequence, generate violations of persons' rights, such as the rights to life, to respect for private and family life, and to private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples' Rights has indicated that the right to a ‘general satisfactory environment favorable to development’ is closely related to economic and social rights to the extent that the environment affects the quality of life and the security of the individual (…) 52. On the other hand, there is broad recognition in international law of the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development, and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter ‘Stockholm Declaration’), where it was established that ‘[e]conomic and social development is indispensable to assure man a favorable environment of life and work and to create on Earth the conditions necessary to improve the quality of life,’ affirming the need to balance development with the protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter ‘Rio Declaration’), the States recognized that ‘[h]uman beings are at the center of concerns for sustainable development’ and, at the same time, highlighted that ‘in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.’ Following up on the above, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection. Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the States recognized the consideration that must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Furthermore, upon adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the scope of all persons’ human rights depends on the achievement of the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. In the same sense, several instruments of the inter-American sphere have referred to the protection of the environment and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter which provides that ‘[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and proper management of the environment,’ for which ‘it is essential that the States of the Hemisphere implement policies and strategies for environmental protection, respecting the various treaties and conventions, to achieve sustainable development for the benefit of future generations’ (…) 55. As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) multiple other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations of the States for purposes of fulfilling their obligations to respect and guarantee these rights. Precisely, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these State obligations, the Court may make use of the principles, rights, and obligations of international environmental law, which as part of the international corpus juris contribute decisively to setting the scope of the obligations derived from the American Convention in this matter (supra paras. 43 to 45) (…) 59. The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective connotations. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest, which is owed to both present and future generations. Now then, the right to a healthy environment also has an individual dimension, to the extent that its violation can have direct or indirect repercussions on persons due to its connection with other rights, such as the right to health, personal integrity, or life, among others. Environmental degradation can cause irreparable damage to human beings, for which a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.”.\n\nThis interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on March 23, 2021, at its 46th session, held:\n\n“Recognizing also that sustainable development and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to human well-being and to the enjoyment of human rights, in particular the rights to life, the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation, and housing, and cultural rights.”.\n\nAlso, recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on October 8, 2021, that Council stated:\n\n “(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic and environmental), and the protection of the environment, including ecosystems, contribute to and promote human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, housing, safe drinking water and sanitation, and participation in cultural life, for present and future generations (…)\n\nRecognizing further that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)\n\nRecognizing the importance of a clean, healthy and sustainable environment as fundamental to the enjoyment of all human rights (…)\n\n1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nIn this way, the particular relevance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment is reflected, whose defense transcends the protection of this constitutional good in itself, given that its preservation constitutes an essential factor for the effective safeguarding of other primordial human goods (such as life, health, property, equality), so that if the former fails, the effective safeguarding of the latter is not achieved.\n\nBeyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the aforementioned opinion, recognized the right to a healthy environment as an autonomous one, susceptible to protection independently of any risk of affectation to individual persons. In this sense, it held:\n\n“62. This Court considers it important to highlight that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects the components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature and the environment not only because of their connection to a utility for human beings or because of the effects that their degradation could cause to other rights of persons, such as health, life, or personal integrity, but because of their importance for the other living organisms with whom the planet is shared, also deserving of protection in themselves. In this sense, the Court notes a tendency to recognize legal personhood and, consequently, rights to nature not only in judicial rulings but even in constitutional orders. 63. In this way, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content that arises from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nThis position was adopted in the judgment of February 6, 2020, concerning the case “Indigenous Communities members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina,” in which, overcoming an anthropocentric approach, the Inter-American Court affirms that the right to a healthy environment, besides being fundamental for the very existence of the human being, constitutes an autonomous and universal right, so that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest by itself. In the words of the Inter-American Court: “It is about protecting nature,” not only because of its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.” Given the significance of this statement, it is appropriate to transcribe this section of the referred ruling:\n\n“203. The Court has already referred to the content and scope of this right, considering various relevant norms, in its Advisory Opinion OC-23/17, for which it refers to said pronouncement. It affirmed on that occasion that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right […] protects the components of the […] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature,’ not only because of its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damages.”. (The highlighting does not correspond to the original).\n\nBased on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure respect for the conventional and constitutional obligations, which constrain the State not only to recognize the rights enshrined therein, but also to impose the legal measures required for their safeguarding” (the highlighting is from the original).\n\nIn addition to the above, recently, the United Nations General Assembly adopted resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, in which it was recorded:\n\n“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right;\n\n2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law;\n\n3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of the multilateral environmental agreements under the principles of international environmental law;\n\n4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, to enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to scale up efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all”.\n\nThis resolution is the formal expression of the will of the principal deliberative, policy-making, and representative organ of the United Nations Organization. Consequently, it constitutes a political commitment of a universal character that must be valued as a source of soft law of the highest relevance.\n\nPrecisely, resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment has the nature of a human right. With this, it largely contributes to its positivization, from which results its technical understanding as a “fundamental right.” Likewise, it strengthens the notion that the protection of the environment is an “autonomous” human right, that is, that it is valid by itself, so that, on the one hand, it has its own conceptual existence distinct from the environmental content that undoubtedly arises from the protection of other rights (such as life or health) and, on the other, its object of protection transcends the human being, since it provides shelter to the various components of nature due to their significance for preserving the existence of living organisms in general, independently of their utility for human beings.\n\nLikewise, it reiterates and, thereby, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which implies that its transgression can lead to the violation of health, life, democratic sustainable development, to cite just a few examples. The foregoing confers a particularly relevant legal meaning to the right in question.\n\nIn addition, the UN General Assembly precepts that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment demands the full application of conventional rights related to the environment in accordance with the principles of international environmental law. From the above, its essential inclusion within the jurisdictional control of constitutionality by this Chamber is inferred.\n\nFinally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (Drittwirkung der Menschenrechte), resolution No. A/RES/76/1-A/RES/76/300 provides that the obligation to protect the environment, beyond States, extends to international organizations, business enterprises, and other relevant stakeholders, a last term that encompasses human beings in general. It is precisely in this sense that the Law of Constitutional Jurisdiction contemplates the amparo against subjects of private law.\n\nIn summary, under the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the conventional and constitutional commitments that the Costa Rican State and society in general are bound by, imposing not only the obligation to recognize the rights, principles, and values of environmental matters, but also to implement all those measures and actions that are required to ensure the effective protection of those” (the highlights belong to the original). (…)\"\nVCG06/2026"
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