{
  "id": "nexus-ext-1-0007-388379",
  "citation": "Res. 21163-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Amparo por omisión municipal ante contaminación por polvo en vía de lastre",
  "title_en": "Amparo for municipal omission in dust pollution from gravel road",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Puriscal por su omisión en atender la contaminación por polvo generada por una vía cantonal de lastre en Gamalotillo 2. La resolución ordena a la municipalidad cumplir, en el plazo de tres meses, con la orden sanitaria dictada para mitigar ese problema ambiental. El voto contiene además una nota separada del Magistrado Castillo Víquez, quien sostiene que la promulgación de la Ley n.° 9097 (Ley de Regulación del Derecho de Petición) no obliga a la Sala a ampliar su competencia en materia de justicia administrativa pronta: salvo las excepciones constitucionales ya reconocidas, esas controversias corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa. El caso evidencia la responsabilidad municipal en infraestructura vial y la tutela constitucional frente a emisiones de polvo que afectan el derecho a un ambiente sano.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber granted an amparo petition filed against the Municipality of Puriscal for its failure to address dust pollution produced by a cantonal gravel road in Gamalotillo 2, ordering the municipality to comply within three months with the sanitary order issued to mitigate the environmental problem. The ruling also includes a separate note by Justice Castillo Víquez arguing that the recently enacted Law No. 9097 (Right to Petition Act) does not require the Chamber to expand its jurisdiction over administrative-justice delay claims — except for recognized constitutional exceptions, those disputes remain before the contentious-administrative courts. The case illustrates the intersection of environmental amparo, municipal road-management duties, and local sanitary obligations toward residents affected by dust emissions.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "12/06/2026",
  "year": "2026",
  "topic_ids": [],
  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "amparo ambiental",
    "omisión municipal",
    "orden sanitaria",
    "vía de lastre",
    "derecho de petición (Art. 27 CP)",
    "jurisdicción contencioso-administrativa",
    "Ley de Jurisdicción Constitucional"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "amparo ambiental",
    "contaminación por polvo",
    "vía de lastre",
    "omisión municipal",
    "Municipalidad de Puriscal",
    "orden sanitaria",
    "Gamalotillo",
    "derecho de petición",
    "Ley 9097",
    "jurisdicción contencioso-administrativa",
    "Sala Constitucional",
    "salud ambiental",
    "infraestructura vial cantonal",
    "competencia constitucional"
  ],
  "keywords_en": [
    "environmental amparo",
    "dust pollution",
    "gravel road",
    "municipal omission",
    "Puriscal Municipality",
    "sanitary order",
    "right to petition",
    "Law 9097",
    "contentious-administrative jurisdiction",
    "Constitutional Chamber",
    "environmental health",
    "cantonal road infrastructure",
    "constitutional jurisdiction"
  ],
  "excerpt_es": "NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala.\n\nAhora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales.\n\nA mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.",
  "excerpt_en": "NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, ON THE RIGHT TO PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's position that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective administrative justice, the competent bodies to hear the legal dispute are the Administrative Courts, not this Chamber.\n\nHowever, with the recent enactment of Law No. 9097, the Right to Petition Act, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy set forth in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Act, read together with Article 27 of the Costa Rican Constitution, in cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, administrative acts, or responses are affecting their fundamental rights.\n\nIn my view, the newly enacted legislation does not require this Court to modify its jurisprudential line; pursuant to Article 7 of its own Act, it falls exclusively to this Court to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional disputes already recognized by this Chamber as exceptional cases — which may properly be heard through the constitutional amparo process — in all other cases, and for the reasons given by this Court (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m., February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of Puriscal to comply within three months with the sanitary order to mitigate dust pollution caused by the cantonal gravel road in Gamalotillo 2.",
    "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó a la Municipalidad de Puriscal cumplir, en un plazo de tres meses, con la orden sanitaria para mitigar la contaminación por polvo generada por la vía cantonal de lastre en Gamalotillo 2."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Nota del Magistrado Castillo Víquez",
      "quote_en": "When a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective administrative justice, the competent bodies to hear the legal dispute are the Administrative Courts, not this Chamber.",
      "quote_es": "cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala."
    },
    {
      "context": "Nota del Magistrado Castillo Víquez",
      "quote_en": "The newly enacted legislation does not require this Court to modify its jurisprudential line; pursuant to Article 7 of its Act, it falls exclusively to this Court to define its own jurisdiction.",
      "quote_es": "la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "AMBIENTE",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "CONTAMINACION"
        }
      ]
    }
  ],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "021163-26. SE ACUSA LA OMISIÓN DE\nLA MUNICIPALIDAD DE PURISCAL, EN LA ATENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR POLVO\nGENERADA POR UNA VÍA CANTONAL DE LASTRE EN GAMALOTILLO 2. SE DECLARA CON LUGAR\nY SE ORDENA CUMPLIR, EN EL PLAZO DE TRES MESES, LA ORDEN SANITARIA PARA MITIGAR\nEL PROBLEMA AMBIENTAL. RGS07-2026\n\n“(…) .- NOTA DEL MAGISTRADO\nCASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He\napoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una\nvulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa,\nquienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo\nContencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente\npromulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se\nha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del\nrecurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción\nConstitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de\nla República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere\nque las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos\no su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver,\nla normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su\nlínea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le\ncorresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo\naquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por\nesta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en\nesta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo,\nen los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N°\n2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los\nJueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es\nconforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el\nDerecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales\ncorrespondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica\ndel ordenamiento jurídico. (…)”",
  "body_en_text": "021163-26. THE MUNICIPALITY OF PURISCAL IS CITED FOR ITS OMISSION IN ADDRESSING DUST POLLUTION GENERATED BY A CANTONAL GRAVEL ROAD (vía cantonal de lastre) IN GAMALOTILLO 2. THE PETITION IS GRANTED AND COMPLIANCE WITH THE SANITARY ORDER (orden sanitaria) TO MITIGATE THE ENVIRONMENTAL PROBLEM IS ORDERED WITHIN THREE MONTHS. RGS07-2026\n\n\"(…) .- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's position that when a party before the court (justiciable) alleges a violation of the right to prompt and effective justice in an administrative venue (sede administrativa), the legal dispute must be heard by the Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not by this Chamber. However, with the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection through the writ of amparo (recurso de amparo) provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, read in conjunction with Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not mean that this Tribunal must depart from its established line of case law (línea jurisprudencial); under numeral 7 of its governing Law, the Tribunal has the exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional legal disputes that this same Chamber has recognized as exceptional cases—which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional amparo proceeding—in all other cases, and for the reasons set forth by this Tribunal (sentencia N° 2008-02545 of 8:55 hours of 22 de febrero de 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative courts, all of which is consistent with numeral 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitutional Law (values, principles, and rules), and the applicable statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system (ordenamiento jurídico). (…)\""
}