{ "id": "nexus-ext-1-0007-390125", "citation": "Res. 29804-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Recuperación de tierras indígenas y finca Potomac", "title_en": "Recovery of Indigenous Land and the Potomac Property", "summary_es": "La Sala Constitucional reitera que las reservas indígenas están sujetas a un régimen especial de propiedad colectiva protegido por la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, y que las Asociaciones de Desarrollo Indígena pueden administrar la posesión territorial conforme al interés colectivo. Sin embargo, desestima el amparo sobre la finca Potomac porque no se acreditó que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba hubiera tomado posesión del inmueble ni que se negara a ejecutar la sentencia de la Sala Primera de 1990. La asociación indicó que un proceso judicial pendiente ante el Tribunal Contencioso Administrativo debe determinar primero los derechos de las partes; una vez resuelto y cuando entre materialmente en posesión, consultará a la comunidad sobre el destino y uso de la finca. La Sala no encontró acreditada la omisión alegada. Añadió que cualquier denuncia por delitos contra el honor debe plantearse en la vía penal.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) reiterates that Indigenous reserves are subject to a special collective-property regime protected by the Indigenous Law and ILO Convention 169, and that Indigenous Development Associations may administer territorial possession in accordance with the collective interest. However, it dismisses the amparo application concerning the Potomac property because it was not established that the Térraba Indigenous Integral Development Association had taken possession of the property or refused to implement the 1990 judgment of the First Chamber. The association stated that pending proceedings before the Administrative Litigation Court must first determine the parties’ rights; after that is resolved and it takes physical possession, it will consult the community about the property’s purpose and use. The Chamber found the alleged omission unproven. 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A., ni que se haya negado a ejecutar la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 0223-1990 de 6 de julio de 1990, lo cual incluso niega el presidente de esa asociación, afirman que, desde hace algunos años el Tribunal Contencioso Administrativo conoce un proceso judicial en el que discute la existencia de derechos a favor de las partes y en el que su representada figura como parte demanda.\n\nUna vez que sobre esta finca se hayan dilucidado los derechos respectivos en litigio y su representada entre materialmente en posesión del inmueble, se realizarán las consultas que corresponden a la comunidad indígena sobre el destino y uso de la finca, todo de conformidad con el interés colectivo. Así las cosas, descarta la Sala que exista la infracción acusada. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el recurso, como en efecto se dispone.", "excerpt_en": "Specifically, with regard to the issue in dispute and notwithstanding the allegations, there is no evidence establishing that the respondent ADII took possession of the Potomac S. A. property or refused to implement judgment No. 0223-1990 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice of 6 July 1990. The association’s president also denies this, stating that for several years the Administrative Litigation Court has had pending proceedings addressing whether the parties have rights, in which the association he represents is a defendant.\n\nOnce the rights in dispute concerning this property have been determined and his association physically takes possession of it, the consultations with the Indigenous community concerning the property’s purpose and use will be carried out in accordance with the collective interest. Accordingly, the Chamber finds that the alleged violation has not been established. On that basis, the application must be dismissed, as is hereby ordered.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Chamber denied the amparo because it was not established that the Indigenous association had taken possession of the Potomac property or refused to implement the judgment while proceedings concerning the parties’ rights remained pending.", "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo porque no se acreditó que la asociación indígena hubiera tomado posesión de la finca Potomac o se negara a ejecutar la sentencia mientras seguía pendiente el proceso judicial sobre los derechos de las partes." }, "pull_quotes": [ { "context": "Artículo 3 de la Ley Indígena", "quote_en": "Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the Indigenous communities that inhabit them …", "quote_es": "Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan …" }, { "context": "Caso concreto", "quote_en": "Accordingly, the Chamber finds that the alleged violation has not been established. 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MINORIAS. SE CUESTIONA LA\nINACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE TÉRRABA EN LA\nRECUPERACIÓN DE LA FINCA POTOMAC UBICADA EN TERRITORIO INDÍGENA. LA SALA\nREITERA LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA PROPIEDAD COLECTIVA INDÍGENA Y DECLARA SIN\nLUGAR AL NO ACREDITARSE OMISIÓN NI NEGATIVA DE EJECUTAR LOS MECANISMOS DE\nRECUPERACIÓN TERRITORIAL MIENTRAS EXISTE UN PROCESO JUDICIAL PENDIENTE. NQC08/2026\n\n(…) V.- ANTECEDENTES. Esta Sala en la\nsentencia No. 2020000868 de las 9:30 horas de 17 de enero de 2020, sostuvo en\nlo que interesa, lo siguiente:\n\n“… EL DEBER DEL ESTADO DE RESGUARDAR LOS\nDERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LA RESTITUCIÓN DE LAS PROPIEDADES. El\nConvenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países\nIndependientes, desarrolla en su segunda parte, lo relativo a la protección de\nlas tierras de las comunidades indígenas. Al respecto, conviene mencionar al\nmenos los artículos siguientes: \"Artículo 14. 1.Deberá reconocerse a los\npueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que\ntradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse\nmedidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar\ntierras\n\nque no estén exclusivamente ocupadas por\nellos, pero a las que haya tenido tradicionalmente acceso para sus actividades\ntradicionales y de subsistencia. A este\nrespecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos\nnómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las\nmedidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos\ninteresados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus\nderechos de propiedad y posesión. 3.\nDeberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico\nnacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los\npueblos interesados. Artículo 15.1. Los derechos de los pueblos interesados a\nlos recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse\nespecialmente. Estos derechos comprenden\nel derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y\nconservación de dichos recursos. 2. En\ncaso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los\nrecursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las\ntierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a\nconsultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de\nesos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o\nautorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos\nexistentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre\nque sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir\nuna indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como\nresultado de esas actividades. Artículo\n16.1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo,\nlos pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que\nocupan. 2. Cuando excepcionalmente el\ntraslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo\ndeberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno\nconocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado\ny la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos\nadecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas\npúblicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la\nposibilidad de estar efectivamente representados. 3. Siempre que sea posible, estos pueblos\ndeberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto\ndejen de existir la causa que motivaron su traslado y reubicación. 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como\nse determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de\nprocedimientos adecuados dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos\nposibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales\na los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a\nsus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos\ninteresados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá\nconcedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas. 5. Deberá indemnizarse plenamente a las\npersonas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan\nrecibido como consecuencia de su desplazamiento. Artículo 17.1. Deberán respetarse las\nmodalidades de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros\nde los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos\ninteresados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de\ntransmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su\ncomunidad. 3. Deberá impedirse que\npersonas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos\npueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para\narrogarse la propiedad, la posesión o el uso de tierras pertenecientes a\nellos.\" Por otra parte, nuestra\nlegislación interna, en particular la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre\nde 1977, en sus disposiciones sobre la administración de la propiedad indígena,\ncomo propiedad colectiva, dispone: \"(...) Artículo 3- Las reservas\nindígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas\npara las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán\nalquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o\nfincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán\nnegociar sus tierras con otros indios. \nTodo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las\nreservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con\nlas consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos\nde las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales\no municipales, presentes o futuros. Artículo 4- Las reservas serán regidas por\nlos indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de\nla República que los rijan, bajo la coordinación y asesoramiento de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye\nuna sola comunidad, administrada por un consejo directivo representante de toda\nla población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la\nextensión geográfica lo amerita. \nArtículo 5- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o\nposeedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el IDA deberá\nreubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere\nposible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e\nindemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de\nExpropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán\nefectuados por el IDA en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere\ninvasión de personas no indígenas a las reservas de inmediato las autoridades\ncompetentes deberán proceder a su desalojo sin pago de indemnización alguna\n(...)\". En el Reglamento a la Ley\nIndígena No. 8487-G del 26 de abril de 1978, refiriéndose a la efectividad de\nlo dispuesto en el artículo antes citado, se indicó lo siguiente:\n\"Artículo 10. Para garantizar los\nderechos regulados en los artículos 3° y 5° de la Ley, el Presidente de la\nAsociación de Desarrollo Integral comparecerá, por sí o a través de su\napoderado o Delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la\ninfracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la\nReserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal\ncorrespondiente”. Esta Sala interpreta dichas disposiciones en materia de\nprotección de las Comunidades Indígenas, conforme a la jurisprudencia emanada\nde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el reconocimiento del\nDerecho a la propiedad, en este caso indígena, como propiedad colectiva y\nel derecho de \nrecuperación de sus territorios comunitarios, cuya administración y disposición \nle corresponde a \nlas Asociaciones de \nDesarrollo respectivas, o a las\npropias estructuras comunitarias, como gobierno local. Ahora bien, tanto en el Estado, como las\npropias Comunidades Indígenas, deben actuar bajo el respecto y la tutela de los\nderechos fundamentales, tanto colectivos como individuales, cuando se demuestre\nque tales derechos existan y están siendo vulnerados por actuaciones materiales\no de hecho, y sin respaldo jurídico …”.\n\nAdemás, esta Sala en la sentencia No.\n2020010034 de las 9:05 horas de 2 de junio de 2020, la Sala sostuvo, en lo que\ninteresa, lo siguiente:\n\n“… b- En relación con los territorios\nindígenas, la Ley Indígena declara que las reservas comprendidas en esa ley son\npropiedad de las comunidades indígenas (ver ordinal 2); son inalienables e\nimprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas\nque las habitan. De ahí que se prohíbe a los no indígenas alquilar, arrendar,\ncomprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas\ndentro de estas reservas. De igual forma, es un régimen de propiedad especial\nque establece ciertas limitaciones para los propios indígenas, por ejemplo,\nsolo pueden negociar sus tierras con otros indígenas y no se pueden vender\nbebidas alcohólicas dentro de las reservas (ordinal 6). Todo traspaso o\nnegociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre\nindígenas y no indígenas, es absolutamente nulo (numeral 3). Los\nestablecimientos comerciales solo pueden ser administrados por los indígenas, y\nlos negocios que se establezcan dentro de las reservas indígenas deberán ser administrados\npreferentemente por cooperativas u otros grupos organizados de la comunidad. El\nConsejo Nacional de Producción debe dar carácter prioritario al establecimiento\nde expendios en las comunidades indígenas, y solamente los indígenas podrán\nconstruir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar\ncultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. En aras de\nconservar el patrimonio arqueológico nacional, la búsqueda y extracción de\nhuacas en los cementerios indígenas está prohibida con excepción de las\nexploraciones científicas autorizadas por instituciones oficiales, que deben\ncontar con la autorización de la comunidad indígena y de la CONAI (artículo 6).\nEn relación con los terrenos comprendidos dentro de las reservas de vocación\nforestal, la ley dispone que retienen ese carácter a los efectos de preservar\ninalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y conservar\nla vida silvestre de esas regiones. Los recursos naturales renovables pueden\nser explotados, pero racionalmente; únicamente pueden llevarse a cabo programas\nforestales por instituciones estatales que garanticen la renovación permanente\nde los bosques, bajo la autorización y vigilancia de CONAI. En este caso, los\nguarda reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, son quienes tienen a su\ncargo la protección de los bosques y la vigilancia de esas zonas forestales\n(artículo 7).\n\nEsta condición especial de los\nterritorios indígenas ha sido reforzada por este Tribunal en su jurisprudencia:\n\n“V.- Sobre la propiedad de las\ncomunidades indígenas. Importante es indicar sobre el carácter colectivo o\ncomunitario de la propiedad indígena, ya que la pertenencia de ésta no es\npersonal, sino del colectivo como tal. Entre los indígenas existe una tradición\ncomunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en\nel sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el\ngrupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen\nderecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que\nlos indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como\nla base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su\nsupervivencia económica. Las Asociaciones de Desarrollo Indígena, como\n“estructura comunitaria”, son las competentes para disponer de la posesión de\nla tierra a fin de garantizar el acceso a ella a todos los pobladores\nindígenas, y en lo que atañe a la propiedad indígena por ser de carácter\ncolectiva, resultan inaplicables las normas sobre derechos individuales para la\ntutela de la propiedad y la posesión dispuestas en el ordenamiento jurídico al\nefecto. El artículo 3 de la Ley Indígena dispone que las reservas sean regidas\npor los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes\nde la República que los rijan. La Ley Indígena declaró propiedad de las\ncomunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esa\nley. Como vemos, se deben atender los mecanismos de control utilizados en las\nmismas poblaciones indígenas, y cuando no es posible debe tomarse siempre en\nconsideración las costumbres de la población indígena. Es evidente que en\nnuestro país, la mayor parte de poblaciones indígenas, tienen un grado de\nevolución cultural bastante avanzado, y por su forma de organización actual, a\ntravés de Asociaciones de Desarrollo, se busca la solución de conflictos\ninternamente, y solo en casos extremos, se acude a la vía ordinaria de los\nTribunales, que en todo caso están obligados a acatar las disposiciones de los\ncitados convenios internacionales. De lo contrario “[…] se estaría\ndesconociendo el derecho fundamental de los Indígenas a tener sus propios\norganismos representativos y a poder actuar en forma autónoma en la defensa de\nsus derechos […]” (véase resolución de la Sala Constitucional N° 2005-06856, de\nlas 10:02 horas del 1 de junio de 2005). Para las comunidades indígenas la\nrelación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino\nun elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive\npara preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. El\nderecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente\nen cuenta, para los efectos de que se trata como producto de la costumbre, la\nposesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que\ncarezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el\nreconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro. Una\nreserva indígena, es una propiedad agraria originaria y de carácter colectivo,\nno pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho de propiedad o de posesión\nindividual en perjuicio de la comunidad de pertenencia, siendo su propietario la\ntotalidad de la comunidad, no pudiendo ser desmembrada en propiedad privada\nprecisamente por su naturaleza jurídica destinada a la colectividad. A la luz\nde la jurisprudencia sobre derechos humanos de los indígenas, emanada de la\nCorte Interamericana de Derechos Humanos, se dispuso que un tratado\ninternacional de derechos humanos tiene sentido autónomo, por lo que no pueden\nser equiparados al sentido que se les atribuye en el derecho interno. Además,\nexpuso que dichos tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya\ninterpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos, y, en\nparticular, a las condiciones de vida actuales. Han mantenido que, el artículo\n29.b de la Convención establece que ninguna disposición puede ser interpretada\nen el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad\nque pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los\nEstados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos\nEstados. Ahora bien, si realizamos una interpretación evolutiva de los\ninstrumentos internacionales de protección derechos humanos, además tomamos en\ncuenta las normas de interpretación aplicables y, de conformidad con el\nartículo 29.b de la Convención- que prohíbe una interpretación restrictiva de\nlos derechos-, dicha Corte ha considerado que el artículo 21 de la Convención\nprotege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los\nderechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la\npropiedad comunal (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 31\nde agosto del 2001 (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingny VS.\nNicaragua).” (Sentencia No. 2011-397 de las 11:32 horas del 14 de enero de\n2011) …”\n\nV.- CASO CONCRETO. Conforme lo ha\nreconocido este Tribunal, las reservas indígenas constituyen un régimen\nparticular de propiedad que cuenta con un régimen especial de protección,\nreconocido no solamente por la legislación nacional, sino, además por tratados\ninternacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y\ntribales (véase la sentencia No. 2023004240 de las 9:15 horas de 24 de febrero\nde 2023). Así, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Indígena, No. 6172 de\n29 de noviembre de 1977:\n\n“Artículo 3º.- Las reservas indígenas\nson inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las\ncomunidades indígenas que las habitan …”\n\nPropiamente, respecto del tema en\ndiscusión y pese a lo alegado, no consta elemento de convicción alguno que\npermita acreditar que la ADII recurrida, haya entrado en posesión de la finca\nPotomac S. A., ni que se haya negado a ejecutar la sentencia de la Sala Primera\nde la Corte Suprema de Justicia No. 0223-1990 de 6 de julio de 1990, lo cual\nincluso niega el presidente de esa asociación, afirman que, desde hace algunos\naños el Tribunal Contencioso Administrativo conoce un proceso judicial en el\nque discute la existencia de derechos a favor de las partes y en el que su\nrepresentada figura como parte demanda. Una vez que sobre esta finca se hayan\ndilucidado los derechos respectivos en litigio y su representada entre\nmaterialmente en posesión del inmueble, se realizarán las consultas que\ncorresponden a la comunidad indígena sobre el destino y uso de la finca, todo\nde conformidad con el interés colectivo. Así las cosas, descarta la Sala que\nexista la infracción acusada. Bajo esta inteligencia, se impone desestimar el\nrecurso, como en efecto se dispone.\n\n VI.- SOBRE LAS CALUMNIAS QUE ACUSA LA PARTE\nRECURRENTE. Si a juicio del actor, ha sido objeto de algún tipo de delito\ncontra el honor por parte del recurrido, lo que procede es que ocurra si a bien\nlo tiene a la vía penal, a formular las denuncias que estime pertinentes.\n(…)", "body_en_text": "2026029804. MINORITIES. THE ALLEGED FAILURE TO ACT BY THE TÉRRABA INDIGENOUS INTEGRAL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN RECOVERING THE POTOMAC PROPERTY, LOCATED IN INDIGENOUS TERRITORY, IS CHALLENGED. THE CHAMBER REITERATES THE SPECIAL PROTECTION AFFORDED TO INDIGENOUS COLLECTIVE PROPERTY AND DENIES THE AMPARO APPLICATION BECAUSE NO OMISSION OR REFUSAL TO IMPLEMENT THE TERRITORIAL RECOVERY MECHANISMS WAS ESTABLISHED WHILE JUDICIAL PROCEEDINGS REMAIN PENDING. NQC08/2026\n\n(…) V.- BACKGROUND. In judgment No. 2020000868, issued at 9:30 a.m. on 17 January 2020, this Chamber held, insofar as relevant, as follows:\n\n“… THE STATE’S DUTY TO SAFEGUARD THE RIGHTS OF INDIGENOUS COMMUNITIES AND RESTORE PROPERTY. Part II of ILO Convention 169, concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, addresses the protection of indigenous communities’ lands. In this regard, it is appropriate to mention at least the following articles: “Article 14. 1. The peoples concerned shall have the right to ownership and possession of the lands which they traditionally occupy. In addition, in appropriate cases, measures shall be taken to safeguard the right of the peoples concerned to use lands\n\nthat they do not exclusively occupy, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. Particular attention shall be paid in this regard to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators. 2. Governments shall take the measures necessary to determine the lands that the peoples concerned traditionally occupy and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims made by the peoples concerned. Article 15.1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be specially safeguarded. These rights include the right of those peoples to participate in the use, management and conservation of those resources. 2. In cases in which the State retains ownership of mineral or subsurface resources, or rights over other resources pertaining to the lands, governments shall establish or maintain procedures through which they shall consult the peoples concerned, with a view to ascertaining whether and to what extent their interests would be prejudiced, before undertaking or authorizing any program for the exploration or exploitation of the resources pertaining to their lands. Whenever possible, the peoples concerned shall participate in the benefits of such activities and shall receive fair compensation for any damage they may sustain as a result of those activities. Article 16.1. Subject to the following paragraphs of this article, the peoples concerned shall not be removed from the lands which they occupy. 2. Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, it shall take place only with their free and informed consent. Where their consent cannot be obtained, such relocation shall take place only upon completion of appropriate procedures established by national law, including public inquiries where appropriate, in which the peoples concerned have the opportunity to be effectively represented. 3. Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their traditional lands as soon as the reasons for their relocation cease to exist. 4. Where return is not possible, as determined by agreement or, in the absence of such agreements, through appropriate procedures, these peoples shall receive, in all cases where possible, lands whose quality and legal status are at least equal to those of the lands they previously occupied, and which are sufficient to meet their present needs and ensure their future development. Where the peoples concerned prefer compensation in money or in kind, they shall be provided with such compensation under appropriate guarantees. 5. The persons relocated shall be fully compensated for any loss or injury they may have suffered as a consequence of their relocation. Article 17.1. The methods of transfer of rights over land among members of the peoples concerned established by those peoples shall be respected. 2. The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to their capacity to alienate their lands or otherwise transfer their rights outside their own community. 3. Persons who are not members of the peoples concerned shall be prevented from taking advantage of their customs or of their lack of knowledge of the laws by members of those peoples in order to claim ownership, possession or use of lands belonging to them.” Moreover, our domestic legislation, in particular the Indigenous Law No. 6172 of 29 November 1977, provides as follows in its provisions on the administration of indigenous property as collective property: “(…) Article 3—Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusively for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, purchase or otherwise acquire lands or properties located within these reserves. Indigenous persons may negotiate their lands only with other Indigenous persons.\n\nAny transfer or negotiation of lands or improvements to them within indigenous reserves, between Indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the corresponding legal consequences. The lands and their improvements, and the products of indigenous reserves, shall be exempt from all national or municipal taxes, present or future. Article 4—The reserves shall be governed by Indigenous persons through their traditional community structures or under the laws of the Republic that govern them, under the coordination and advice of CONAI. The population of each reserve constitutes a single community, administered by a board representing the entire population; auxiliary committees shall report to the main board where geographic extent warrants.\n\nArticle 5—If non-indigenous persons are bona fide owners or possessors within indigenous reserves, the IDA shall relocate them to other similar lands, if they so wish; if relocation is not possible or they do not accept relocation, the IDA shall expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by the IDA in coordination with CONAI. If non-indigenous persons subsequently invade the reserves, the competent authorities shall immediately proceed to evict them without any compensation (…)”. The Regulation to the Indigenous Law No. 8487-G of 26 April 1978, referring to the effectiveness of the provision cited above, states as follows: “Article 10. To guarantee the rights regulated in Articles 3 and 5 of the Law, the President of the Integral Development Association shall appear, personally or through an attorney-in-fact or delegate, as soon as possible after the violation has occurred, accompanied by the certification showing the reserve’s registration, in order to initiate the corresponding legal action before the competent official.” This Chamber interprets these provisions on the protection of Indigenous Communities in accordance with the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights concerning recognition of the right to property—in this case, Indigenous property—as collective property, and the right to recover their community territories, whose administration and disposition belong to the relevant Development Associations or to the community structures themselves as local government. However, both the State and the Indigenous Communities themselves must act with respect for and under the protection of fundamental rights, both collective and individual, when it is shown that those rights exist and are being violated by material or de facto acts without legal authority …”\n\nIn addition, in judgment No. 2020010034, issued at 9:05 a.m. on 2 June 2020, this Chamber held, insofar as relevant, as follows:\n\n“… b- Regarding indigenous territories, the Indigenous Law declares that the reserves covered by that law are the property of Indigenous communities (see section 2); they are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the Indigenous communities that inhabit them. Accordingly, non-Indigenous persons are prohibited from renting, leasing, purchasing or otherwise acquiring lands or properties located within these reserves. It is likewise a special property regime that establishes certain restrictions on Indigenous persons themselves: for example, they may negotiate their lands only with other Indigenous persons, and alcoholic beverages may not be sold within the reserves (section 6). Any transfer or negotiation of lands or improvements to them within Indigenous reserves between Indigenous and non-Indigenous persons is absolutely null (section 3). Commercial establishments may be administered only by Indigenous persons, and businesses established within Indigenous reserves should preferably be administered by cooperatives or other organized community groups. The National Production Council must give priority to establishing retail outlets in Indigenous communities, and only Indigenous persons may build houses, fell trees, exploit timber resources or plant crops for their own benefit within the boundaries of the reserves. To preserve the national archaeological heritage, the search for and extraction of huacas in Indigenous cemeteries is prohibited, except for scientific explorations authorized by official institutions, which must have the authorization of the Indigenous community and CONAI (Article 6). As for lands within reserves designated for forestry, the law provides that they retain that character in order to preserve the hydrological balance of the watersheds unchanged and conserve the wildlife of those regions. Renewable natural resources may be exploited, but rationally; forestry programs may be carried out only by State institutions that guarantee the permanent renewal of forests, with CONAI’s authorization and oversight. In this case, Indigenous reserve guards, appointed by the Government, are responsible for protecting the forests and monitoring those forest areas (Article 7).\n\nThis special status of Indigenous territories has been reinforced by this Court in its jurisprudence:\n\n“V.- On the property of Indigenous communities. It is important to note the collective or community character of Indigenous property, since ownership is not personal but belongs to the collective as such. Among Indigenous peoples there is a community tradition of communal collective land ownership, in the sense that ownership is vested not in an individual but in the group and its community. By virtue of their very existence, Indigenous peoples have the right to live freely in their own territories; the close relationship Indigenous peoples maintain with the land must be recognized and understood as the fundamental basis of their cultures, spiritual life, integrity and economic survival. Indigenous Development Associations, as a “community structure,” are competent to determine possession of the land in order to guarantee access to it for all Indigenous residents; and, since Indigenous property is collective in character, the rules on individual rights governing the protection of ownership and possession under the applicable legal system do not apply. Article 3 of the Indigenous Law provides that the reserves shall be governed by Indigenous peoples through their traditional community structures or under the laws of the Republic that govern them. The Indigenous Law declared the reserves mentioned in Article 1 of that law to be the property of Indigenous communities. As we can see, the control mechanisms used within the Indigenous populations themselves must be observed, and where that is not possible, the customs of the Indigenous population must always be taken into account. It is clear that most Indigenous populations in our country have a fairly advanced degree of cultural development, and their current organization through Development Associations seeks to resolve disputes internally; only in extreme cases do they resort to the ordinary courts, which in any event are required to comply with the provisions of the aforementioned international conventions. Otherwise, ‘[…] the fundamental right of Indigenous peoples to have their own representative bodies and to act autonomously in defense of their rights would be disregarded […]’ (see Constitutional Chamber resolution No. 2005-06856, issued at 10:02 a.m. on 1 June 2005). For Indigenous communities, the relationship with the land is not merely a matter of possession and production, but a material and spiritual element which they must fully enjoy, including to preserve their cultural heritage and pass it on to future generations. The customary law of Indigenous peoples must be given particular consideration; for the purposes at issue, as a product of custom, possession of the land should suffice for Indigenous communities lacking a formal title to obtain official recognition of ownership and the corresponding registration. An indigenous reserve is original agricultural property of a collective character; no individual right of ownership or possession may be claimed over it to the detriment of the community to which it belongs. The entire community is its owner, and it may not be divided into private property precisely because its legal nature is intended for the collective. In light of the Inter-American Court of Human Rights’ jurisprudence on the human rights of Indigenous peoples, it was held that an international human rights treaty has an autonomous meaning and therefore cannot be equated with the meaning attributed to it in domestic law. It was also stated that such human rights treaties are living instruments whose interpretation must adapt to changing times and, in particular, to current living conditions. It has been held that Article 29(b) of the Convention provides that no provision may be interpreted as ‘limiting the enjoyment or exercise of any right or freedom that may be recognized under the laws of any State Party or under another convention to which one of those States is a party.’ Further, through an evolutionary interpretation of international human rights protection instruments, taking into account the applicable rules of interpretation and, in accordance with Article 29(b) of the Convention—which prohibits a restrictive interpretation of rights—that Court has considered that Article 21 of the Convention protects the right to property in a sense that includes, among other things, the rights of members of Indigenous communities under communal property (Inter-American Court of Human Rights, judgment of 31 August 2001 (Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingny Community v. Nicaragua).” (Judgment No. 2011-397, issued at 11:32 a.m. on 14 January 2011) …”\n\nV.- THE SPECIFIC CASE. As this Court has recognized, Indigenous reserves constitute a particular property regime with special protection, recognized not only by national legislation but also by international treaties such as ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples (see judgment No. 2023004240, issued at 9:15 a.m. on 24 February 2023). Thus, pursuant to Article 3 of the Indigenous Law, No. 6172 of 29 November 1977:\n\n“Article 3.—Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the Indigenous communities that inhabit them …”\n\nSpecifically regarding the issue in dispute, and despite the allegations, there is no evidence establishing that the respondent ADII took possession of the Potomac S. A. property or refused to enforce judgment No. 0223-1990 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, dated 6 July 1990. The president of that association also denies this, stating that for several years the Administrative-Litigation Court has been hearing judicial proceedings in which the existence of rights in favor of the parties is disputed and in which the association he represents is named as a defendant. Once the respective rights in dispute concerning this property have been determined and his association has taken actual possession of the property, the corresponding consultations with the Indigenous community will be held regarding the property’s destination and use, all in accordance with the collective interest. Accordingly, the Chamber finds that the alleged violation has not occurred. On this basis, the amparo application must be dismissed, as is hereby ordered.\n\nVI.- REGARDING THE DEFAMATION ALLEGED BY THE APPLICANT. If, in the applicant’s view, the respondent has committed an offense against his or her honor, the proper course is to bring the matter, if the applicant so wishes, before the criminal courts and file whatever complaints the applicant considers appropriate.\n\n(…)" }