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  "id": "nexus-ext-1-0007-390339",
  "citation": "Res. 29946-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Acceso a información ambiental en poder de una diputada",
  "title_en": "Access to Environmental Information Held by a Legislator",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo sobre la respuesta de una diputada a una solicitud de información acerca del cumplimiento de normativa forestal, hídrica y urbanística por un establecimiento en la zona del embalse Arenal. La gestión fue contestada dentro del plazo legal de diez días hábiles y antes de interponerse el recurso. Aunque la respuesta inicial no explicó con suficiente claridad por qué no podía suministrar cada documento, el informe bajo juramento indicó que la diputada no custodiaba los registros técnicos ni tenía competencia para hacer verificaciones o emitir las certificaciones solicitadas. El derecho de acceso garantiza obtener información pública existente en poder de la autoridad requerida; no obliga a crear documentos, realizar estudios o sustituir a las instituciones competentes. La Sala señaló que las solicitudes podían dirigirse a las entidades que generan o custodian esos antecedentes. Concluyó que no se probó silencio, retardo injustificado, ocultamiento ni denegación material atribuible a la diputada.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) denied the amparo concerning a legislator’s response to a request for information about a business’s compliance with forestry, water, and land-use rules in the Arenal Reservoir area. The request was answered within the legal period of ten business days and before the amparo was filed. Although the initial response did not clearly explain why each document could not be supplied, the sworn report stated that the legislator did not hold the technical records and lacked authority to conduct verifications or issue the requested certifications. The right of access guarantees access to existing public information held by the authority receiving the request; it does not require that authority to create documents, conduct studies, or replace the institutions with relevant jurisdiction. The Chamber noted that requests could be directed to the entities that generate or hold those records. It found no proven silence, unjustified delay, concealment, or material denial attributable to the legislator.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "06/08/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "acceso a la información pública",
    "información pública preconstituida",
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    "Ley Marco de Acceso a la Información Pública"
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    "embalse Arenal",
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  "keywords_en": [
    "access to public information",
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    "Arenal Reservoir",
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  "excerpt_es": "El derecho de acceso recae sobre información existente y disponible en los archivos del sujeto obligado, pero no impone a la autoridad el deber de crear documentos inexistentes, efectuar investigaciones especiales, realizar mediciones topográficas, elaborar estudios técnicos, emitir certificaciones sobre circunstancias ajenas a sus competencias o recopilar información que se encuentra dispersa en los registros de instituciones distintas.\n\nEl solo hecho de que la diputada hubiera apoyado o votado favorablemente un proyecto de ley relacionado con la zona del embalse Arenal no la convierte en depositaria de todos los expedientes técnicos, ambientales, urbanísticos o registrales relativos a los establecimientos comerciales ubicados en esa región.",
  "excerpt_en": "The right of access concerns information that exists and is available in the files of the obligated entity, but it does not require the authority to create nonexistent documents, conduct special investigations, perform topographic measurements, prepare technical studies, issue certifications about matters outside its jurisdiction, or gather information dispersed among the records of other institutions.\n\nThe mere fact that the legislator supported or voted in favor of a bill related to the Arenal Reservoir area does not make her the custodian of all technical, environmental, land-use, or registry files concerning businesses located in that region.",
  "outcome": {
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    "summary_en": "The Chamber denied the amparo because the legislator responded within the deadline and there was no proof that she held the requested environmental, water, and land-use records.",
    "summary_es": "La Sala declaró sin lugar el amparo porque la diputada respondió dentro del plazo y no se probó que tuviera bajo su custodia la información técnica ambiental, hídrica y urbanística solicitada."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "What the Constitution requires is that the request not be ignored and that the authority’s position be communicated promptly, whether or not it accords with the petitioner’s demands.",
      "quote_es": "Lo constitucionalmente exigible es que la gestión no sea ignorada y que se comunique oportunamente la posición de la autoridad, con independencia de que esta coincida o no con las pretensiones del peticionario."
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    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "A negative response based on the authority not holding the information or lacking jurisdiction to produce it does not, by itself, constitute a constitutional violation.",
      "quote_es": "Debe recordarse que una respuesta negativa, fundada en la inexistencia de la información en poder de la autoridad o en la falta de competencia para producirla, no constituye por sí misma una lesión constitucional."
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  "body_es_text": "2026029946.\nINFORMACION. SE CUESTIONA LA RESPUESTA BRINDADA POR UNA DIPUTADA A UNA\nSOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL, HÍDRICA\nY URBANÍSTICA DEL ESTABLECIMIENTO TINAJAS ARENAL LAKEFRONT LODGE. SE DECLARA\nSIN LUGAR PORQUE LA GESTIÓN FUE CONTESTADA DENTRO DEL PLAZO LEGAL Y, SE INDICÓ\nQUE, LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO SE ENCONTRABA BAJO CUSTODIA NI DENTRO DE LAS\nCOMPETENCIAS DE LA RECURRIDA, SINO DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. NQC08/2026\n\n(…)\nV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. El recurrente acusa que la diputada recurrida\nvulneró sus derechos fundamentales de petición, pronta respuesta y acceso a la\ninformación pública, por cuanto considera que la contestación brindada a su\ngestión fue incompleta, evasiva y omisa respecto de los extremos técnicos\nconsultados. Concretamente, solicitó información relacionada con el\ncumplimiento de la normativa forestal, hídrica y urbanística por parte del\nestablecimiento denominado [Nombre 002], incluyendo la certificación de\ndistancias respecto de nacientes y cauces, delimitaciones topográficas,\nalineamientos oficiales, concesiones para el aprovechamiento de aguas\nsubterráneas, permisos de construcción, uso de suelo y relación entre las áreas\nconstruidas y las autorizadas.\n\nEl\nartículo 27 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a\ndirigir peticiones ante las autoridades públicas y obtener pronta resolución.\nTal garantía impone a la autoridad destinataria el deber de conocer la gestión\ny brindar una respuesta dentro de un plazo razonable; sin embargo, no supone\nque la contestación deba ser necesariamente favorable ni que la autoridad se\nencuentre obligada a conceder aquello que se le solicita. Lo\nconstitucionalmente exigible es que la gestión no sea ignorada y que se\ncomunique oportunamente la posición de la autoridad, con independencia de que\nesta coincida o no con las pretensiones del peticionario. La jurisprudencia\nconstitucional ha distinguido, en ese sentido, entre el derecho a formular la\npetición y obtener respuesta, por una parte y un pretendido derecho a recibir\nnecesariamente lo solicitado, por otra, pues este último no se encuentra\ncomprendido en la garantía constitucional.\n\nPor\nsu parte, el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política\ngarantiza el acceso a la información de interés público que se encuentre en\npoder de los órganos y entes públicos. Su finalidad es permitir que las\npersonas conozcan y fiscalicen la actividad administrativa; no obstante, su\nejercicio presupone que la información solicitada exista y sea custodiada,\ngenerada, recibida o conservada por el sujeto al que se dirige la gestión.\n\nEn\narmonía con lo anterior, la Ley Marco de Acceso a la Información Pública\nestablece que las solicitudes pueden formularse por medios electrónicos y que\nla información pública debe entregarse, por regla general, dentro del plazo de\ndiez días hábiles. Asimismo, califica como información pública preconstituida\naquella que ya se encuentra en los registros físicos o digitales de la\nAdministración y es de fácil acceso. De ello se desprende que el derecho de\nacceso recae sobre información existente y disponible en los archivos del\nsujeto obligado, pero no impone a la autoridad el deber de crear documentos\ninexistentes, efectuar investigaciones especiales, realizar mediciones\ntopográficas, elaborar estudios técnicos, emitir certificaciones sobre\ncircunstancias ajenas a sus competencias o recopilar información que se\nencuentra dispersa en los registros de instituciones distintas.\n\nEn\nel caso concreto, se encuentra demostrado que la solicitud fue remitida el 15\nde junio de 2026, a las 11:22 horas, a la dirección electrónica institucional\nde la diputada recurrida. También consta que el 29 de junio de 2026, a las\n12:45 horas, esta remitió una contestación al correo señalado por el\ngestionante. Por consiguiente, entre la presentación de la solicitud y su\nrespuesta transcurrieron diez días hábiles, de modo que la gestión fue atendida\ndentro del plazo legalmente establecido y además, con anterioridad a la\ninterposición y notificación del presente recurso de amparo. No se configura,\nentonces, una situación de silencio, abandono, retardo injustificado o falta\nabsoluta de respuesta atribuible a la recurrida.\n\nTampoco\nexiste controversia efectiva respecto de la recepción de la gestión por medio\ndel correo electrónico utilizado. Aunque la recurrida omitió indicar\nexpresamente en su informe si esa dirección se encontraba formalmente\nautorizada como canal para presentar solicitudes de información, lo cierto es\nque recibió el mensaje, conoció su contenido y respondió desde esa misma\ndirección institucional. En consecuencia, cualquier discusión sobre la\nhabilitación formal del medio empleado carece de incidencia material en la\nresolución del asunto, pues el mensaje cumplió su finalidad y la petición fue\nefectivamente tramitada.\n\nAhora\nbien, no pasa inadvertido para esta Sala que la respuesta del 29 de junio de\n2026 no desarrolló con la claridad y precisión deseables la razón concreta por\nla que la diputada no podía suministrar cada uno de los documentos y datos\ntécnicos requeridos. En efecto, esa contestación se refirió principalmente a la\nexistencia de una investigación judicial vinculada con su apoyo y voto\nfavorable a un proyecto de ley relacionado con la zona del embalse Arenal, así\ncomo al carácter privado de las actuaciones preparatorias. Tales\nmanifestaciones no guardan una relación directa con todos los extremos\nambientales, hídricos y urbanísticos planteados por el peticionario.\n\nNo\nobstante, esa insuficiencia argumentativa no resulta bastante, en las\ncircunstancias particulares del caso, para concluir que se produjo una\ndenegación material del derecho de acceso a la información pública. Del informe\nrendido bajo juramento se desprende que la diputada recurrida no posee los\nregistros, expedientes ni antecedentes técnicos solicitados, ni cuenta con\natribuciones legales para efectuar las verificaciones o expedir las\ncertificaciones pretendidas. Explicó que esa información debería encontrarse,\nsegún su naturaleza, en poder del Instituto Costarricense de Electricidad, el\nSistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Ambiente y Energía,\nla Dirección de Aguas, la asociación administradora del acueducto local o la\nMunicipalidad de Tilarán.\n\nAsimismo,\nla recurrida declaró bajo juramento que no forma parte de la sociedad anónima\npropietaria del establecimiento comercial, ni en calidad de accionista,\nrepresentante legal o apoderada y aportó una certificación de personería para\nrespaldar esa afirmación. No consta en autos prueba alguna que permita concluir\nque la señora Murillo Artavia custodie personalmente los expedientes\nadministrativos requeridos, que estos formen parte de los archivos de su\ndespacho legislativo o que, por razón de su cargo, posea competencia para\ncertificar distancias respecto de nacientes, alineamientos topográficos,\nconcesiones de aprovechamiento de aguas, permisos municipales o cantidades de\nmetros cuadrados construidos.\n\nEl\nsolo hecho de que la diputada hubiera apoyado o votado favorablemente un\nproyecto de ley relacionado con la zona del embalse Arenal no la convierte en\ndepositaria de todos los expedientes técnicos, ambientales, urbanísticos o\nregistrales relativos a los establecimientos comerciales ubicados en esa\nregión. La función legislativa ejercida respecto de un proyecto de ley no\ndesplaza las competencias legalmente atribuidas a las autoridades ambientales,\nmunicipales, hídricas o técnicas, ni impone a cada legislador la obligación de\nconservar y certificar los registros administrativos producidos por esas\ndependencias.\n\nDe\nesta manera, acceder a la pretensión del recurrente implicaría ordenar a la\nrecurrida la entrega o certificación de información que, según el informe\nrendido bajo juramento y la prueba incorporada al expediente, no se encuentra\nen su poder. Tal mandato resultaría material y jurídicamente improcedente, dado\nque el derecho de acceso a la información pública no faculta para exigir a una\nautoridad que produzca información inexistente en sus archivos, sustituya a los\nórganos técnicamente competentes o se arrogue facultades certificadoras que el\nordenamiento jurídico no le confiere.\n\nDebe\nrecordarse que una respuesta negativa, fundada en la inexistencia de la\ninformación en poder de la autoridad o en la falta de competencia para\nproducirla, no constituye por sí misma una lesión constitucional. La\nvulneración se configuraría si la autoridad omitiera responder, retardara\ninjustificadamente la contestación, ocultara información que efectivamente\nposee o denegara total o parcialmente su entrega sin brindar una justificación.\nLa Ley Marco de Acceso a la Información Pública contempla expresamente la\ntutela constitucional frente a respuestas ambiguas o parciales que, sin\njustificación, constituyan materialmente una negativa; sin embargo, en este\nasunto, el informe rendido bajo juramento permite establecer que no hubo\nretención ni ocultamiento de documentación pública en poder de la diputada,\nsino imposibilidad de suministrar antecedentes pertenecientes a otras\nadministraciones.\n\nEn\nconsecuencia, el recurrente deberá dirigir sus solicitudes -si a bien lo tiene-\na las instituciones que, en razón de sus competencias, elaboran, reciben y\ncustodian la información requerida.\n\nPor\nconsiguiente, dado que la diputada recurrida atendió la gestión dentro del\nplazo legal, antes de la interposición de este amparo y que no se ha demostrado\nque mantuviera en su poder la información solicitada o que hubiera ocultado\ndocumentación pública bajo su custodia, no se aprecia una lesión de los\nderechos fundamentales de petición, pronta respuesta y acceso a la información\npública. La falta de satisfacción de la pretensión del recurrente obedece a que\ndirigió la solicitud a una autoridad que no posee los antecedentes ni cuenta\ncon las competencias técnicas necesarias para producirlos o certificarlos y no\na una conducta omisiva o arbitraria de la recurrida. En mérito de lo expuesto,\nprocede declarar sin lugar el recurso. (…)",
  "body_en_text": "2026029946.\nINFORMATION. THE RESPONSE PROVIDED BY A LEGISLATOR TO A REQUEST FOR INFORMATION CONCERNING COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL, WATER, AND URBAN-PLANNING REGULATIONS BY THE TINAJAS ARENAL LAKEFRONT LODGE ESTABLISHMENT IS CHALLENGED. THE AMPARO APPLICATION IS DENIED BECAUSE THE REQUEST WAS ANSWERED WITHIN THE LEGAL TIME LIMIT AND IT WAS INDICATED THAT THE REQUIRED INFORMATION WAS NOT IN THE RESPONDENT’S CUSTODY OR WITHIN HER AUTHORITY, BUT RATHER WAS HELD BY OTHER PUBLIC INSTITUTIONS. NQC08/2026\n\n(…)\n\nV.- THE SPECIFIC CASE. The applicant alleges that the respondent legislator violated his fundamental rights to petition, to a prompt response, and to access public information because he considers the response to his request incomplete, evasive, and silent as to the technical matters raised. Specifically, he requested information related to compliance with forestry, water, and urban-planning regulations by the establishment known as [Nombre 002], including certification of distances from springs (nacientes) and watercourses, topographic demarcations, official alignments, concessions for the use of groundwater, construction permits, land use, and the relationship between the built areas and those authorized.\n\nArticle 27 of the Political Constitution recognizes the right of every person to submit petitions to public authorities and obtain a prompt resolution. This guarantee requires the authority receiving the request to consider it and respond within a reasonable time; however, it does not mean that the response must necessarily be favorable or that the authority is required to grant what is requested. What the Constitution requires is that the request not be ignored and that the authority’s position be communicated in a timely manner, regardless of whether it accords with the petitioner’s claims. In this regard, constitutional case law has distinguished between the right to make a petition and obtain a response, on the one hand, and an asserted right necessarily to receive what was requested, on the other, since the latter is not included in the constitutional guarantee.\n\nFor its part, the right enshrined in Article 30 of the Political Constitution guarantees access to information of public interest held by public bodies and entities. Its purpose is to allow people to learn about and oversee administrative activity; however, its exercise presupposes that the requested information exists and is held, generated, received, or retained by the person to whom the request is addressed.\n\nConsistent with the foregoing, the Ley Marco de Acceso a la Información Pública provides that requests may be made electronically and that public information must generally be delivered within ten business days. It also classifies as preconstituted public information that which is already in the Administration’s physical or digital records and is readily accessible. It follows that the right of access applies to information that exists and is available in the files of the obligated party, but does not require an authority to create nonexistent documents, conduct special investigations, perform topographic measurements, prepare technical studies, issue certifications concerning matters outside its authority, or compile information dispersed among the records of different institutions.\n\nIn this case, it has been established that the request was sent on 15 June 2026, at 11:22, to the respondent legislator’s institutional email address. It is also established that on 29 June 2026, at 12:45, she sent a response to the email address provided by the requester. Accordingly, ten business days elapsed between submission of the request and the response, meaning that the request was handled within the legally established time limit and, moreover, before this amparo proceeding was filed and notice of it was served. There is therefore no situation of silence, abandonment, unjustified delay, or total failure to respond attributable to the respondent.\n\nThere is also no actual dispute as to receipt of the request through the email address used. Although the respondent did not expressly state in her report whether that address was formally authorized as a channel for submitting information requests, the fact is that she received the message, learned its contents, and responded from that same institutional address. Consequently, any discussion about the formal authorization of the means used has no material bearing on the resolution of the matter, since the message served its purpose and the petition was in fact processed.\n\nThe Court does not overlook that the response of 29 June 2026 did not explain with the desired clarity and precision the specific reason why the legislator could not provide each of the requested technical documents and data. That response referred mainly to the existence of a judicial investigation connected with her support for and favorable vote on a bill related to the Arenal reservoir area, as well as the private nature of the preparatory proceedings. Those statements do not directly relate to all the environmental, water, and urban-planning matters raised by the petitioner.\n\nNevertheless, in the particular circumstances of this case, that insufficiency in the reasoning is not enough to conclude that there was a material denial of the right to access public information. The report submitted under oath shows that the respondent legislator does not possess the requested records, files, or technical background documents, nor does she have legal authority to conduct the verifications or issue the requested certifications. She explained that, according to their nature, the information should be held by the Instituto Costarricense de Electricidad, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Dirección de Aguas, the local water-system administrative association, or the Municipalidad de Tilarán.\n\nThe respondent also declared under oath that she is not part of the corporation that owns the commercial establishment, whether as a shareholder, legal representative, or attorney-in-fact, and submitted a certificate of corporate representation to support that statement. The record contains no evidence from which to conclude that Ms. Murillo Artavia personally holds the requested administrative files, that they form part of the records of her legislative office, or that, by virtue of her office, she has authority to certify distances from springs, topographic alignments, water-use concessions, municipal permits, or the number of square meters built.\n\nThe mere fact that the legislator supported or voted in favor of a bill related to the Arenal reservoir area does not make her the custodian of all technical, environmental, urban-planning, or registry files concerning commercial establishments located in that region. The legislative function exercised in relation to a bill does not displace the legally assigned authority of environmental, municipal, water, or technical authorities, nor does it require every legislator to retain and certify administrative records produced by those agencies.\n\nThus, granting the applicant’s request would entail ordering the respondent to provide or certify information that, according to the report submitted under oath and the evidence included in the case file, is not in her possession. Such an order would be materially and legally improper, since the right to access public information does not authorize a demand that an authority produce information absent from its files, take the place of technically competent bodies, or assume certification powers not conferred on it by the legal system.\n\nIt should be recalled that a negative response, based on the information not being held by the authority or on its lack of authority to produce it, does not in itself constitute a constitutional violation. A violation would arise if the authority failed to respond, unjustifiably delayed its response, concealed information it actually possesses, or denied its delivery in whole or in part without providing justification. The Ley Marco de Acceso a la Información Pública expressly provides for constitutional protection against ambiguous or partial responses that, without justification, amount in substance to a denial; however, in this matter, the report submitted under oath establishes that the legislator neither withheld nor concealed public documents in her possession, but was unable to provide background documents belonging to other administrations.\n\nAccordingly, the applicant must direct his requests—if he so wishes—to the institutions that, by virtue of their authority, prepare, receive, and hold the requested information.\n\nTherefore, given that the respondent legislator handled the request within the legal time limit and before this amparo application was filed, and that it has not been shown that she possessed the requested information or concealed public documents in her custody, no violation of the fundamental rights to petition, to a prompt response, or to access public information is apparent. The applicant’s failure to obtain what he sought is due to his having directed the request to an authority that does not possess the background documents and lacks the technical authority needed to produce or certify them, rather than to any omission or arbitrary conduct by the respondent. In light of the foregoing, the amparo application must be denied. (…)"
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