{ "id": "nexus-ext-1-0007-390430", "citation": "Res. 30957-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Obstrucción del drenaje pluvial en la Ruta 27", "title_en": "Blocked Stormwater Drainage on Route 27", "summary_es": "La Sala Constitucional conoció un amparo presentado por una vecina de Coyolar de Orotina debido a inundaciones recurrentes y daños a viviendas asociados con la obstrucción del drenaje pluvial en el kilómetro 57 de la Ruta Nacional 27. Los informes y comunicaciones incorporados al expediente describen salidas de agua y cunetas obstruidas, accesos no autorizados y afectaciones a propiedades vecinas; también señalan posibles daños ambientales por erosión y traslado de sedimentos hacia ríos y quebradas. Aunque las autoridades conocían el problema y habían realizado gestiones, la Sala consideró que no constaban acciones concretas para resolver definitivamente la alteración y obstrucción del sistema. Por ello, declaró con lugar el recurso y, según la síntesis del documento, ordenó al Consejo Nacional de Concesiones y a la Municipalidad de Orotina resolver definitivamente el problema en seis meses.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) considered an amparo application by a resident of Coyolar de Orotina concerning recurring floods and home damage associated with blocked stormwater drainage at kilometer 57 of National Route 27. Reports and communications in the case describe blocked outlets and ditches, unauthorized access roads, and effects on neighboring properties; they also identify potential environmental harm from erosion and sediment reaching nearby rivers and streams. Although the authorities knew of the problem and had taken steps, the Chamber found that the record did not show concrete action to definitively resolve the alteration and blockage of the drainage system. It therefore granted the amparo and, according to the document’s summary, ordered the Consejo Nacional de Concesiones and the Municipality of Orotina to resolve the problem definitively within six months.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "13/08/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "drenaje pluvial", "derecho de vía", "cuneta", "escorrentía", "inactividad administrativa", "zona de protección", "Quebrada Mauricio" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "amparo ambiental", "drenaje pluvial", "inundaciones", "Ruta Nacional 27", "obstrucción de cunetas", "Consejo Nacional de Concesiones", "Municipalidad de Orotina", "daño ambiental", "escorrentía", "inactividad administrativa" ], "keywords_en": [ "environmental amparo", "stormwater drainage", "flooding", "National Route 27", "blocked ditches", "Consejo Nacional de Concesiones", "Municipality of Orotina", "environmental harm", "surface runoff", "administrative inaction" ], "excerpt_es": "En este sentido, nótese que las autoridades son contestes en indicar que tienen conocimiento de la problemática denunciada por la tutelada, e incluso señalan que tal situación tiene implicaciones ambientales. Además, aun cuando se le ha dado trámite al asunto, no menos cierto es que no constan acciones concretas a los efectos de solventar el problema de alteración y obstrucción de un sistema de drenaje pluvial.\n\nDesde este panorama, lo correspondiente es acoger el recurso en todos sus extremos.", "excerpt_en": "In this regard, note that the authorities agree that they know of the problem reported by the applicant, and even state that the situation has environmental implications. Further, although the matter has been processed, it remains true that there is no evidence of concrete action to remedy the alteration and blockage of a stormwater drainage system.\n\nIn these circumstances, the appropriate course is to grant the application in its entirety.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo and, according to the document’s summary, ordered the Consejo Nacional de Concesiones and the Municipality of Orotina to definitively resolve the stormwater drainage problem within six months.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo y, según la síntesis del documento, ordenó al Consejo Nacional de Concesiones y a la Municipalidad de Orotina resolver definitivamente el problema de drenaje pluvial en seis meses." }, "pull_quotes": [ { "context": "Sobre el caso concreto", "quote_en": "In these circumstances, the appropriate course is to grant the application in its entirety.", "quote_es": "Desde este panorama, lo correspondiente es acoger el recurso en todos sus extremos." }, { "context": "Informe de supervisión", "quote_en": "The water outlet is obstructed within the road right of way.", "quote_es": "La obstrucción de la salida de las aguas está en el derecho de vía." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-390430", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "Subtemas": [ { "id": 2, "nombre": "AGUAS" }, { "id": 1, "nombre": "ALCANTARILLADO" } ], "id": 1, "nombre": "AMBIENTE" }, { "Subtemas": [ { "id": 2, "nombre": "INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES" }, { "id": 1, "nombre": "ALCANTARILLADO" } ], "id": 2, "nombre": "MUNICIPALIDAD" }, { "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES" } ], "id": 3, "nombre": "PODER EJECUTIVO" } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "2026030957.\nPODER_EJECUTIVO. MUNICIPALIDAD. AMBIENTE. SE DENUNCIA LA FALTA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA OBSTRUCCIÓN\nDEL DRENAJE PLUVIAL EN LA RUTA 27, QUE GENERA INUNDACIONES Y DAÑOS A VIVIENDAS.\nSE DECLARA CON LUGAR Y, SE ORDENA AL CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES Y A LA\nMUNICIPALIDAD DE OROTINA RESOLVER EL PROBLEMA EN FORMA DEFINITIVA EN SEIS\nMESES. NQC08/2026\n\n(…)\nIV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente manifiesta que es\nvecina de Coyolar de Orotina, Alajuela, específicamente, en las cercanías del\nkilómetro 57 de la Ruta Nacional 27. Indica que en ese sector existe una\nproblemática relacionada con la alteración y obstrucción de un sistema de\ndrenaje pluvial, la cual ha generado inundaciones recurrentes y afectaciones a\nviviendas. Señala que la situación fue previamente denunciada ante las\nautoridades competentes, incluyendo el Consejo Nacional de Concesiones, el\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes y la empresa concesionaria Global\nVía Ruta 27 S.A. Refiere que, como resultado de esas gestiones, se emitió la\nresolución administrativa nro. CU-426-2025, en la cual se reconoce expresamente\nla existencia de la afectación derivada del problema de drenaje pluvial.\nReclama que las entidades recurridas no han ejecutado las acciones efectivas,\nconcretas y definitivas para corregir la problemática, manteniéndose la\nafectación de manera actual, continua y agravada. Alega que la falta de\nacatamiento de la resolución nro. CU-426-2025 implica que se mantenga la\nobstrucción del sistema de drenaje, que persistan las inundaciones y que\ncontinúen los daños materiales.\n\nDe\nlos autos se desprende que mediante oficio MO-A-1116-22-2020-2024 del 18 de\noctubre de 2022, dirigido al Consejo Nacional de Concesiones del MOPT, la\nMunicipalidad de Orotina consignó: “La situación que enfrenta nuestro cantón\npor los desarrollos es de valiosa importancia, pero a su vez deja al\ndescubierto la falta de planificación como de coordinación, desfavoreciendo a\nlos vecinos que por muchos años han vivido en la tranquilidad y hoy enfrentan\nafectaciones, caso de ello, y conocido por ustedes o bien por Globalvía el\nexpedientes 19-006222-0007-CO, correo de Albina María [Nombre 001] del\n30/5/2017, documento del 24 de setiembre del 2019, oficio\nCNC-ST-PM-SJC-OF-0611-2018, entre otros; sobre las inundaciones producidas a\npropiedades privadas y que aún no se ha resuelto, existiendo respuestas pero no\nsoluciones a los sistemas de desfogue, creando daños a las viviendas ”.\n\nPosteriormente,\npor oficio CARTA-CNC-APM-SJC-0761-2024 del 23 de setiembre de 2024, dirigido a\nla recurrente, el gerente de Proyecto SJC del Área de Proyectos en Marcha del\nConsejo Nacional de Concesiones indicó: “En atención a la gestión realizada por\nsu persona, con relación a las inundaciones que ha sufrido su propiedad debido\nen apariencia al cierre de una salida de aguas de la ruta nacional No. 27,\nCarretera San José-Caldera RN27, me permito indicarle que esta Gerencia de\nProyecto en conjunto con la Supervisora de Proyecto, realizó visita a su\npropiedad el pasado 20 de los corrientes, siendo que se inspeccionaron las\ncondiciones de su propiedad en el km 57+200. Sobre la inspección realizada me\npermito informarle que se logró determinar el cierre de la salida natural de\nlas aguas, (realizado por un tercero), y sobre este particular se está\nsolicitando las acciones correctivas a la empresa Concesionaria, la cual es la\nencarga del mantenimiento del derecho de vía de la ruta 27. Tan pronto se nos\nbrinde una respuesta oficial por parte del Concesionario estaríamos notificando\nlos resultados”.\n\nAdemás,\nmediante oficio CNC-APM-SJC-0759-2024 del 23 de setiembre de 2024, el gerente\nde Proyecto SJC del Área de Proyectos en Marcha del Consejo Nacional de\nConcesiones precisó: “En seguimiento al Caso de la Señora [Nombre 001], la\nSupervisora de Proyecto ha realizado un análisis de la situación actual, de lo\ncual se colige lo siguiente: “…3. DE LA SITUACION ACTUAL El 21 de marzo de 2023\nla supervisora realiza una inspección en el sitio, y se comprueba que las\ncondiciones actuales en el sector del Km 57 son similares a las descritas y\nconocidas según los documentos generados por la supervisora en el pasado. La\nsiguiente imagen corresponde a un extracto de la lámina 13.4.6 de los planos\n“As built” Planta Perfil, lámina del Km 56+520 a 57+240. (…) El plano muestra\nclaramente la salida de las aguas que conducen las cunetas de hormigón en el Km\n57+100. La salida de las aguas corresponde al punto en el que existe el cauce\nnatural de escurrimiento de aguas. Las líneas punteadas demarcan el derecho de\nvía en el sector. En la actualidad la salida de las aguas que conducen las\ncunetas de hormigón construidas por el Concesionario permanece obstruida por\nmateriales, tierra, escombros, que no permiten que el agua se conduzca hacia el\ncauce natural. La obstrucción de la salida de las aguas está en el derecho de\nvía. Cabe destacar que en el sector existen varios accesos ilegales o no\nautorizados. Las fotografías siguientes ilustran el estado actual del sitio: •\nExisten cercas dentro del derecho de vía. Se acota que es obligación del\nConcesionario tutelar el derecho de vía. Se deben eliminar las cercas que estén\ndentro del derecho de vía. La responsabilidad de tener cercado el derecho de\nvía es del Concesionario. • La salida de aguas situada en el PK 57+100 según\nplanos “As built”, sigue obstruida. La salida de aguas fue construida para\nconducir las aguas hacia cauce natural que existía. • Las cunetas del sector\npermanecen obstruidas en la salida de aguas del Km 57+100 (Km según planos “As\nbuilt”) y por accesos no autorizados. • Existen accesos ilegales o no\nautorizados en el sector Km 57+000 – 57+200, por lo que se ha alterado el\nestado de las cunetas existentes y se acumulan sedimentos. • Es obligación y\nresponsabilidad de la concesionaria de ejecutar las acciones necesarias para\nrestituir el derecho de vía que le fue encomendado en custodia y que fue\ninvadido. • Además de realizar el mantenimiento y limpieza del derecho de vía,\nen este caso la limpieza de las cunetas y de la salida de las cunetas de\nhormigón que conducen el agua hacia el cauce natural del sector. La imagen\nsiguiente muestra la condición actual del sector del Km 57. El círculo rojo\nresalta la salida de las aguas que conducen las cunetas, aguas que se dirigen\nhacia el cauce natural de ese sector. Las líneas punteadas color azul demarcan\nel derecho de vía en el sector del Km 57. La siguiente fotografía muestra la\ncondición actual de la entrada a la propiedad de la señora [Nombre 001] N. Se\npuede observar un cauce marcado por las aguas que se desbordan hacia las propiedades\nvecinas, esto causado por la obstrucción de la salida de las aguas que no\npermite que ellas alcancen a encauzarse hacia las salidas de agua naturales del\nsector. Se debe requerir al Concesionario que realice la limpieza de los\nsistemas de control de aguas en ese sector, tanto la limpieza de las cunetas\ncomo la eliminación de la obstrucción de la salida de las aguas hacia los\ncauces naturales, todo esto dentro del derecho de vía que es de su\nresponsabilidad. Además, debe cerrar todos los accesos no autorizados que\nexisten en el sector, tal y como es su responsabilidad contractual según\nCláusula 1.11.5 del Contrato de Concesión. 4. OBSERVACIONES SOBRE EL DERECHO DE\nVÍA. Tomando en cuenta la ubicación de la cuneta antes indicada (Km 57-margen\nizquierda), esta Supervisora pudo determinar que la gestión de expropiación,\ncorrespondiente al derecho de vía de la Ruta Nacional N°27, Carretera San José\n– Caldera, reposan en el Expediente Administrativo N° 23 233, bajo el nombre de\n“Donación de Terreno Necesario para la Construcción de la Carretera Orotina *\nPozón * Puerto Caldera, realizada al ITCO en el año de 1982. A continuación, se\nmuestra una imagen de la portada del Expediente. En el expediente antes\nindicado se encuentra el oficio N° SJD-134-82 del 28 de mayo de 1982, suscrito\npor el señor Enrique Antonio Moreira Acuña Secretario General del Instituto de\nDesarrollo Agrario, en el cual indica lo siguiente: “Me permito transcribirles\na continuación el acuerdo tomado por nuestra Junta Directiva mediante el artículo\nquinto de la sesión número seis celebrada el treinta de abril de 1982, y que\ndice: Atendiendo lo solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes\ncontenida en el focio fechado 26 de marzo de 1982, referente a la necesidad\nindispensable de tomar varias fajas de terreno propiedad de este Instituto del\ncomplejo de fincas que conforman Hacienda Coyolar, y con fundamento con los\ndispuesto por el artículo 36 de la Ley de General de Caminos Públicos número\n5060 de 22 de agosto de 1982, autorizar en forma gratita las fajas de terreno\nque a continuación se describirán, con el fin de que dicho Ministerio construya\nla carretera Orotina - Pozón - Caldera. a) De la finca La Manuelita se tomará\nuna faja de terreno con una superficie de 9 Has 4807.75 M2. b) De la reunión de\nlas fincas El Molino, González y Cebadilla, se tomarán varias fajas de terreno\ncon una superficie de 37 Has 7230.75 M2. C) De la reunión de las fincas de la\nHacienda Lagunillas, Capulín, se tomará una faja de terreno con un área de 11\nHas 527 M2. d) De la reunión de las fincas que forman la Hacienda Salinas,\nhasta el Río Jesús María, se tomará una faja de terreno con un área de 22 Has\n1720 M2. e) De la reunión de fincas, indicadas en el inciso anterior de este\nacuerdo, partiendo del Río Jesús María hacia el Puerto Caldera, se tomará una\nfaja de terreno con un área de 20 Has 2400 M2.” Las franjas de terrenos antes\nindicada concuerdan con el diseño referencial del Proyecto Ciudad Colón - PTO.\nCaldera, hoy Carretera San José – Caldera, Ruta N°27. A continuación, se\nmuestra una imagen de la lámina número 29, de la sección 3A Orotina – Puerto\nCaldera, del proyecto antes mencionado. La lámina anterior corresponde al\nsector en donde se ubica la cuneta de estudio (Km 57-margen izquierda). Cabe resaltar\nque la imagen anterior indica un ancho del Derecho de vía del Proyecto de 50\nmetros lineales, correspondiente a 25 metros a ambos lados del eje central del\nproyecto. A continuación, se muestra una imagen en la cual se aprecia con un\nmayor detalle lo indicado. Se resalta mediante un círculo de color amarillo la\nubicación aproximada de la cuneta y además se ratifica que el Derecho de Vía de\nla Carretera San José Caldera tiene como mínimo un ancho de 50 metros. Por otra\nparte, cabe mencionar que, en el plano anterior elaborado en el año de 1978, se\nobserva que la topografía existente desde esa fecha refleja un punto bajo en la\nzona y que las aguas desfogan hacia el Sur del Proyecto (Margen izquierdo). Por\ntanto, la ubicación del drenaje es acorde a las condiciones topográficas\npresente en su momento. Ahora bien, de acuerdo con nuestros insumos\ntopográficos la cuneta se encuentra a una separación de la línea de centro del\nproyecto de 17.24 metros lineales y el ancho mínimo del derecho de vía de la\nCarretera San José – Caldera es de 25 metros. Por lo tanto, según lo\ninformación encontrada la cuneta del Km 57 se encuentra dentro del Derecho de\nvía del Proyecto Ciudad Colón - Puesto Caldera, hoy Carretera San José –\nCaldera, Ruta N°27. Se muestra una imagen en donde acotan los diferentes\nelementos viales en la zona. 5. OBSERVACIONES AMBIENTALES. Se observa la\ncolocación de materiales en la salida de las aguas que conducen las cunetas de\nhormigón de la carretera, esto sobre el derecho de vía. Las aguas que salen de\nla carretera se encauzan hacia la salida natural de aguas de ese sector por el\ncurso de la escorrentía natural del terreno. Al estar bloqueada esa salida no\npermite la evacuación de las aguas de la carretera y el escurrimiento de las\naguas hacia la escorrentía natural del sector. El vecino que mantiene obstruida\nesta salida, además habilitó un camino de acceso a las propiedades sobre el\nsector de desfogue donde se ubicaba una cuneta que se encuentra aterrada y que\nse observa parcialmente en algunos tramos. Este camino está fuera del derecho\nde vía y en la línea del curso de las aguas de escorrentía. La siguiente imagen\nmuestra en el círculo amarillo el punto de salida de aguas que permanece\nobstruido y ocasiona que se acumule el agua y esta sale por otras propiedades\nque se ven afectadas. A partir de ese punto las aguas son conducidas hacia el\ncurso de escurrimiento natural que en la actualidad está obstruido. La línea\nazul resalta la Quebrada Mauricio, a esta quebrada finalmente se dirige la\nescorrentía del sector. Desde el punto de vista ambiental la zona está muy\nintervenida, se han realizado obstrucciones los cursos de escorrentía natural y\nexiste una quebrada cercana por lo que se debe vigilar el tema de las zonas de\nprotección en este sector. Con respecto a la zona de protección de la quebrada\nMauricio, recordamos lo que indica el artículo 33 bis de la ley forestal:\n“Artículo 33 bis- Infraestructura civil en áreas de protección urbanas y\nrurales. Se autoriza instalar y realizar; dar mantenimiento, reparación y\nreposición de obras civiles y de instituciones públicas, en el cauce y vasos de\nlos cuerpos de agua en las zonas urbanas y rurales, así como-en sus áreas de\nprotección tales como diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, tomas,\nderivaciones y calibración de agua asignada en concesión, drenajes con mallas\npara recolección de residuos sólidos, infraestructura para la descarga de aguas\npluviales. obras para el transporte de aguas residuales para SU debido\nsaneamiento, vertidos de aguas residuales procedentes de un sistema de\ntratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que\npuede ser por canal abierto o por tubería; todo, sin deterioro de la calidad\ndel agua y el cauce. Asimismo, se autorizan obras de bajo impacto ambiental\ntales como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas,\nelementos de señalización y Otros elementos que permita el acceso, la\nobservación y el disfrute seguro de las áreas naturales con el menor impacto\nposible, cuando tengan como fin el desarrollo de actividades turísticas, entre\notras. La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en\nla Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales\nestablecerán los requisitos y estudios necesarios, así como plazos de la\nadministración para resolver. (Así adicionado por el artículo único de la ley\nN° 10210 del 5 de mayo de 2022)” 6. ANÁLISIS LEGAL. En atención a la situación\ndescrita en los apartados anteriores, se evidencia que el concesionario a desatendido\nsu obligación de tutelar el derecho de vía, por cuanto, un tercero ha colocado\nuna cerca invadiendo el derecho de vía y la salida de las aguas que conducen\nlas cunetas de hormigón construidas por el Concesionario permanece obstruida\npor materiales, tierra, escombros, que no permiten que el agua se conduzca\nhacia el cauce natural. La obstrucción de la salida de las aguas está en el\nderecho de vía, y dicha situación ocurre primeramente porque el concesionario\nno tiene debidamente cercado y delimitado el derecho de vía, lo que ha\npermitido a terceros generar daños a las obras. Asimismo, se tiene que\nprecisamente el concesionario tiene la obligación de mantener y restaurar el\nderecho de vía y las obras existentes, dentro de las cuales se encuentra contempladas\nlas cunetas. Tal y como se evidencia en las fotografías incorporadas en el\npresente oficio en los apartados anteriores, el Concesionario no ha limpiado ni\ndado un mantenimiento efectivo a la cuneta. Así, expresamente la cláusula 2.5\nMantenimiento del Derecho de Vía y Obras Existentes del contrato, dispone: “El\nmantenimiento del derecho de vía será responsabilidad del Concesionario. Por lo\ntanto, deberá incluirlo en su Programa de Mantenimiento. Éste se hará cargo de\nla manutención, reparación y rehabilitación de toda obra existente en el\nderecho de vía desde el momento de la entrega del terreno. En particular, el\nConcesionario deberá considerar la construcción, reconstrucción y mantenimiento\nde los espaldones en toda la extensión del proyecto concesionado. Se exceptúan\nde este mantenimiento las instalaciones correspondientes a accesos a predios,\nservicios eléctricos, telefónicos, agua potable y alcantarillado, fibra óptica\ny oleoductos u otros de propiedad de empresas estatales o privadas, cuyo mantenimiento\nes responsabilidad de sus propietarios. El Concesionario podrá solicitar al\nMOPT los convenios que se hayan firmado con empresas o particulares a este\nrespecto.” Nótese que, expresamente en la cláusula 2.15.7 Mantenimiento\nRutinario del contrato, se contempla la obligación del mantenimiento que debe\nrealizar el concesionario de las cunetas: “El Concesionario debe realizar el\nmantenimiento rutinario de tipo preventivo incluyendo principalmente las\nsiguientes actividades: remoción, desmonte, limpieza y chapea, limpieza de\ncunetas y contracunetas, limpieza de alcantarillas y cabezales, señalamiento\nhorizontal y vertical, bacheo con mezcla asfáltica o emulsión asfáltica (para\ntratamientos superficiales), limpieza de derrumbes y espaldones, etc. Estas tareas\ndeben realizarse en forma continua y sostenida, a través del tiempo, de tal\nmodo que siempre estén en óptimas condiciones de funcionamiento y no se\nconstituyan en una amenaza para la durabilidad del proyecto, la visibilidad de\nlos usuarios ni el nivel de servicio y seguridad de la carretera.” Además,\nespecíficamente en cuanto a la limpieza de las cunetas en la cláusula 2.15.7.1\nPlan de Mantenimiento inciso c) Limpieza de cunetas, expresamente se contempla:\n“c) Limpieza de cunetas: Consiste en la limpieza de cualquier tipo de\nmateriales depositados en las cunetas, así como el cargado y acarreo de\ndesechos a botaderos aprobados previamente por la Administración. La limpieza\ndeberá ser tal que permita la evacuación de las aguas pluviales en forma\nlateral, por las cunetas durante todo el año. No se permitirá dejar cordones o\ncamellones de material suelto o removido de las cunetas en el lado interno o\nexterno de las mismas. No se permitirá botar desechos de material producto de\nla limpieza en cuencas, ríos o en lugares que puedan atentar contra la estética\no la ecología de la zona.” Asimismo, el contrato es claro en la cláusula 2.15.8\nActividades de Rehabilitación, respecto a la obligación que tiene el\nConcesionario de restablecer el nivel de servicios de las cunetas, lo cual\nprecisamente en el presente caso se echa de menos: “La rehabilitación consiste\nen restablecer el nivel de servicio de una estructura llevándola a su estado\noriginal. El Concesionario deberá realizar la rehabilitación de los principales\ncomponentes de la infraestructura vial, es decir: De las estructuras que\ncomponen el sistema de drenaje, tales como: Alcantarillas, cabezales, cunetas,\ncontracunetas, colectores transversales, canales, bombeo de la superficie de\nruedo, subdrenajes, etc.; superficie de ruedo, taludes, estructuras de\ncontención, puentes y reconstrucción de secciones del camino, cuando sea\nindispensable.” Asimismo, y de importancia de frente a la situación descrita,\nse tiene que el Concesionario tiene la obligación de reparar o reponer el cerco\nausente o dañado del derecho de vía para evitar intrusos, sin que se haya\ntenido evidencia de que el concesionario lo haya realizado en la zona de\nconflicto, ello conforme a lo dispuesto en la cláusula 2.15.7.2 Mantenimiento\nPeriódico inciso b) del Contrato. Por otra parte, y no menos importante se\ntiene que según la situación descrita, existe un acceso NO autorizado, siendo\nel concesionario quien tiene la obligación de velar por que no existan en la\ncarretera accesos no autorizados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto\nen la cláusula 2.6 Accesos NO Autorizados del contrato que reza: “El\nConcesionario deberá velar por que no existan en la carretera accesos no\nautorizados de conformidad con lo señalado en la cláusula 1.11.5 de este Contrato,\npara lo cual deberá construir las barreras necesarias para cerrar los accesos\nilegales o no autorizados existentes o que se lleguen a abrir durante el\nperíodo de concesión.” Además, en la cláusula 1.11.5 Accesos ilegales o No\nAutorizados del contrato se establece: “El Concesionario deberá construir las\nbarreras viales permanentes y necesarias para cerrar los accesos existentes,\nilegales o no autorizados, Durante todo el periodo de la concesión, el\nConcesionario deberá estar en permanente vigilancia para prevenir la apertura\nde accesos no autorizados, siguiendo el mismo propósito. Para el efectivo\ncumplimiento de esta disposición el Concesionario contará con el apoyo de la\nlegislación nacional, y deberá coordinar con las respectivas unidades del MOPT\npara la vigilancia, control y sanción de los vehículos o personas que\ndesarrollen, construyan o utilicen estos accesos ilegales. La Administración\nConcedente y las Autoridades Públicas estarán obligadas a cooperar con el\nConcesionario en este sentido, especialmente en aquellos casos en que es\nindispensable hacer uso de las potestades de imperio y de policía de la\nAdministración Pública. En el tanto las acciones del Concesionario para impedir\ny cerrar los Accesos Ilegales o No Autorizadas se haya ejecutado de conformidad\ncon el ordenamiento jurídico costarricense, el Concesionario no será\nresponsable frente a terceros por los eventuales daños que terceros reclamen\nque se les haya causado por el cierre de Accesos Ilegales salvo que esos daños\ntengan como causa directa la negligencia del concesionario en el cumplimiento\nde sus obligaciones contractuales. La Administración Concedente deberá\nindemnizar al Concesionario por cualquier pago, gasto o condena por daños\ndebidamente acreditados y justificados que tuviere que cancelar en virtud de\nposibles reclamos de terceros, presentados en la vía judicial o administrativa\npor el cierre de Accesos Ilegales o No Autorizados salvo que éstos se originen\npor la negligencia del Concesionario en el cumplimiento de sus obligaciones deberá\nademás indemnizar al Concesionario por cualquier perjuicio que se le pudiere\ncausar por la imposibilidad temporal o permanente de cerrar accesos ilegales en\nvirtud de los reclamos y acciones legales referidos siempre y cuando la\nimposibilidad de cierre se produzca por Orden Judicial, Resolución\nAdministrativa o disposición legal. Además le deberá compensar cualquier costo\nimprevisto que surja cuando se realice el inventario físico previo a la Orden\nde Inicio y que el Concesionario demuestre que no fue incluida en la estimación\noriginal para el cierre de accesos. Durante todo el período de la Concesión, el\nConcesionario deberá estar en permanente vigilancia para prevenir la apertura\nde Accesos Ilegales o No Autorizados y la Administración Concedente se\nmantendrá obligada a cooperar con el Concesionario en este sentido,\nespecialmente en aquellos casos en que es indispensable hacer uso de las\npotestades de imperio y de policía de la Administración Pública. La\nAdministración Concedente informará al Concesionario de la presentación de\nsolicitudes de autorización de nuevos accesos a la carretera San José - Caldera\npresentados por terceros en el futuro objeto de determinar si tales accesos\npodrían afectar la debida explotación de la carretera conforme a los términos\ndel Contrato de Concesión y atender las sugerencias que en este sentido se\nsirva presenta, así como aquellas observaciones sobre aspectos relacionados con\nla seguridad vial y la fluidez del tránsito.” En vista de lo anterior, no se\ndesprende de la documentación remitida a esta Supervisora y de la que se tiene\nconocimiento, cuáles han sido las acciones reales y efectivas que ha realizado\nel concesionario para solucionar la problemática, siendo que es su obligación\nvigilar y cuidar el derecho de vía y con ello realizar las labores de\nmantenimiento y rehabilitación que resulten necesarias para que la carretera\ntenga el nivel de servicio esperado. En los documentos que remite el\nConcesionario lo que se extrae es que este simplemente consulta a la Administración\nsobre la situación, pero tampoco especifica cuál es la cooperación específica\nque requiere. En ese sentido, se echa de menos cuáles han sido las labores de\nrehabilitación de la cuneta que el concesionario ha realizado a efectos de\ndevolver la cuneta a su estado original, así como indicar que acciones ha\nrealizado para cerrar el acceso ilegal a la carretera, lo cual se insiste es su\nresponsabilidad. Tampoco, se ha acreditado por parte del concesionario que este\nhaya solicitado expresamente la coordinar con las respectivas unidades del MOPT\npara la vigilancia, control y sanción de los vehículos o personas que\ndesarrolle, construyo o utilice el acceso ilegal. En vista de lo cual, lo que\nrecomienda esta supervisora es que la Administración exija al concesionario un\nplan de acción real para atender la situación según corresponda y con el cumpla\nsus obligaciones contractuales. Así por su parte, en el escenario de que el\nConcesionario requiera de coordinar acciones concretas con el CNC, es\nimportante que la Administración facilite lo que le corresponda en aras de\npoder dar por concluido este asunto de forma efectiva. Ahora bien, resulta\nnecesario apuntar que si a causa de un mantenimiento efectivo, en este caso\nespecífico falta de limpieza de la cuneta, se ocasionan daños a terceros el\nConcesionario es el único responsable de todo daño o perjuicio. Lo anterior de\nconformidad con lo dispuesto en la cláusula 1.11.4 Daños a terceros del\ncontrato que reza: “El Concesionario está obligado a adoptar todas las medidas\nque sean razonables para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en\nla construcción de la obra o en la explotación del servicio Igualmente deberá\ntomar todas las precauciones para evitar daños a la propiedad de terceros y al\nambiente. El Concesionario será el único responsable de todo daño y perjuicio,\nde cualquier naturaleza, que con motivo de la construcción de la obra o la\nexplotación del servicio ocasione a terceros, al personal de la obra, a la\npropiedad de terceros o al ambiente, a menos que los daños le sean imputables a\nla Administración Concedente por medidas que ésta le impuso al Concesionario.\nEn caso de que se produzca un daño a terceros por el seguimiento de\ninstrucciones de la Administración Concedente, para que la eximente de responsabilidad\nopere a favor del Concesionario, éste antes de ejecutar la orden o instrucción,\ndeberá haber advertido formalmente y por escrito a la Administración Concedente\nde los efectos que la ejecución de esa orden o esa instrucción pueda\nocasionar…” Finalmente, esta Gerencia de Proyecto en conjunto con la\nSupervisora de Proyecto, realizó visita al sitio el pasado 20 de septiembre del\n2024, en la cual se inspecciona que las condiciones son prácticamente idénticas\na las mencionadas supra, por lo tanto, se requiere realizar los siguientes\naspectos: • Indicar las acciones realizadas a efectos de restaurar las\ncondiciones originales de la cuneta. • Indicar las acciones realizadas a\nefectos de recuperar el derecho de vía. • Indicar las acciones realizadas a efectos\nde cerrar el acceso ilegal. • Realizar un plan de acción para atender la\nsituación de manera integral, a saber, rehabilitar la cuneta, cerrar el acceso\nilegal y recuperar el derecho de vía, en el cual se indique expresamente cuales\nson las actividades respecto de las cuales se solicita coordinación del CNC y\nel MOPT. La fotografía anterior, denota la problemática que ha sufrido la\nseñora Quesada por el ingreso de aguas de escorrentía a la propiedad, la cual,\npor los inconvenientes antes descritos, ha tenido que realizar trabajos dentro\nde su propiedad para evitar las inundaciones que le ocasiona el tener la salida\nde aguas natural “cerrada” por un tercero”.\n\nAsimismo,\nen el documento SJC-2024-0900-DG, dirigido al Consejo Nacional de Concesiones,\nel director general de Autopistas del Sol manifestó: “La situación del bloqueo\ndel drenaje pluvial se ha tornado urgente debido a que no hemos recibido\nrespuesta por parte de esta Administración Concedente, de las repetidas\nsolicitudes que se han hecho en torno a dicha irregularidad (ver oficios SJ-C\n2016-0455- DE, SJ-C 2016-0848-DT, SJ-C 2017-0973-DT, y SJ-C 2017-1154-DT); por\nlo que además de las acciones realizadas por uno de los propietarios adyacentes\na la Ruta Nacional No. 27, la presente solicitud busca poner fin a la\ninactividad material y/o formal acusada. En el cumplimiento de su función, la\nAdministración Pública puede cometer infracciones al ordenamiento y lesionar\nlos derechos e intereses del particular, de igual forma por acción que por\nomisión. Así, la inactividad material administrativa configura el desarrollo de\nla ilegalidad al no cumplirse con eficiencia las actuaciones de tipo positivo\nque se exigen a la acción del poder público1. De igual forma que cuando actúa,\ndebe pues ser sancionada la Administración si esa actividad demandada y de\nobligado acatamiento no llega a ser materializada por la inercia y omisión de\nsus órganos. Desterrar el “Código del Fracaso”2 ha de ser el objetivo\nprimordial del control de la inactividad material administrativa, propugnándose\nasí, la responsabilidad de la Administración, tanto por su actuación cuanto más\npor su inacción. Las omisiones administrativas consisten en el incumplimiento\npor parte de una Administración Pública de una obligación preexistente –\nimpuesta por el ordenamiento jurídico o bien por un acto propio – que le\nproduce una lesión antijurídica al administrado3. En este orden de ideas, desde\nel año 2016 mi representada ha informado a su autoridad, según los oficios que\nse señalan en esta misma misiva, que personas ajenas al proyecto han obstruido\nel sistema de drenaje pluvial que se encuentra a la altura del kilómetro 57+200\nen el sentido Caldera-San José y que dichas obras se realizaron dentro del\nderecho de vía. Dicho sistema de drenaje pluvial es parte de la infraestructura\npública necesaria para la operación optima y segura de la Ruta Nacional No. 27\ny su clausura unilateral por parte de uno de los propietarios vecinos arriesga\nla seguridad estructural de la obra, la de los conductores y los vecinos.\nConforme a lo establecido en el artículo 17, inciso a) de la Ley General de\nConcesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, el artículo 50 del\nReglamento General Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y la\ncláusula 1.14 del Contrato de Concesión, mi representada tiene derecho a\nsolicitar a su autoridad el apoyo que sea necesario para lograr los objetivos\nde la concesión. Por lo anterior, mi representada ha solicitado la intervención\nde su autoridad para resolver este asunto en múltiples oportunidades, véase a\ncontinuación: Oficio SJ-C-2016-0455-DE del 13 de mayo de 2016. Oficio\nSJ-C-2017-0973-DT del 31 de octubre de 2017. Oficio SJ-C-2017-1154-DT del 27 de\nnoviembre de 2017. Oficio SJ-C 2017-0848-DT del 25 de agosto de 2017\nAdicionalmente se le ha hecho saber la situación en múltiples oportunidades a\nla entidad supervisora de la ejecución de los compromisos de la concesión\nGETINSA, los cuales no son ajenos a los oficios de previa cita. A pesar de los\nmúltiples avisos, mi representada no ha tenido respuesta alguna a sus\nsolicitudes, lo cual ha agravado los problemas de erosión en el área e incluso\nla inundación de viviendas vecinas que no fueron responsables de la obstrucción\ndel drenaje pluvial. En ese sentido, la persona responsable de la obstrucción\ndel drenaje pluvial es el señor [Nombre 002], de cédula de identidad número\n2-0327-0405, quien es propietario del inmueble 2-346888-000 y ha indicado que\nél cerró intencionalmente el sistema de drenaje porque éste fue realizado sin\nsu consentimiento, a pesar de que el drenaje existe mucho antes de que este\nfuese dueño de la propiedad. Consideramos que las acciones de obstrucción del\ndrenaje son ilegales, en razón de que la normativa, específicamente el artículo\n20 de la Ley General de Caminos, establece lo siguiente: “Artículo 20: Todos\nlos poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a\nrecibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos\ncuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén\ninmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües\nlimpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o\nlas Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más un\ncincuenta por ciento (50%) de recargo si esta obligación no se cumpliere. El\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes y las Municipalidades deberán\ncoordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los\ncaminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación\nde los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o\nintensificar la erosión o desviar el desagüe natural de los campos.” En razón\nde lo anterior, el propietario tiene el mandato legal de recibir y dejar\ndiscurrir dentro de su predio las aguas pluviales provenientes de la Ruta\nNacional No. 27. Tanto el cabezal del drenaje que fue enterrado, el resto del\nmovimiento de tierra y la cerca perimetral fueron dispuestos en la superficie\ndel derecho de vía, el cual es propiedad del Estado de acuerdo con lo\nestablecido en el artículo 2 de la Ley General de Caminos. En ninguna\ncircunstancia puede su autoridad seguir permitiendo la existencia de tales\nobras, pues el artículo 28 de la Ley General de Caminos Públicos establece:\n“Queda terminantemente prohibido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y\na las Municipalidades otorgar permisos o derechos de ocupación, disfrute, uso o\nsimple posesión del derecho de vía de los caminos públicos o ejercer actos que\nimpliquen en cualquier forma de los mismos por parte de las personas.”\nAdicionalmente, el bloqueo ilegal del sistema de drenaje pluvial está causando\nproblemas de empozamiento de aguas, erosión y el consecuente traslado de los\nsedimentos a los ríos y quebradas más cercanos, por lo que dicha situación\npresenta también potenciales daños ambientales que deben ser prevenidos de\nforma temprana por parte de las autoridades, de conformidad con lo establecido\nen el artículo 61 de la Ley Orgánica del Ambiente que ordena: “La autoridad\ncompetente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando\nsucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas\nen esta ley” Para remediar dicha situación, la Administración debería proceder\nconforme a lo ordenado en los artículo 2 bis y 19 de la Ley General de Caminos\nque establecen: “Artículo 2 bis: Los entes públicos competentes para la\nejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o\nnacional existente tendrán la potestad para remover en virtud del interés\npúblico, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio\nde Ambiente y Energía (Minae), todo obstáculo, situado en el derecho de vía\nlegalmente constituido, sin que ello signifique transgresión a la normativa\nambiental; lo anterior, siempre que el derecho de vía se encuentre localizado\nfuera de áreas de protección y áreas silvestres protegidas o cuando se trate de\nárboles vedados. (…)” Artículo 19: No podrán hacerse construcciones o\nedificaciones de ningún tipo frente a las carreteras existentes o en proyecto\nsin la previa autorización del Ministerio de Obras Publicas y Transportes, ni\nal frente de los caminos vecinales y calles sin la aprobación escrita de la\nMunicipalidad correspondiente. Las Municipalidades coordinarán los\nalineamientos frente a los caminos vecinales con el Ministerio quien será el\nque establezca la política más conveniente al interés público. En las\ncarreteras de acceso restringido o unidireccional, los colindantes sólo podrán\ntener acceso a la carretera en los sectores previamente señalados para ese fin\no mediante caminos marginales aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y\nTransportes” Por ello, quienes incumplan el presente artículo estarán sujetas a\nlas multas que indique la presente ley y tendrán un plazo improrrogable de 15\ndías para quitar por su cuenta la obra realizada, transcurridos los cuales el\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes podrá eliminar las construcciones\nhechas, sin que por tal motivo tenga que reconocer suma alguna por daños y\nperjuicios. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, podrá quitar, e\ninclusive decomisar, poniéndolo a la orden de las autoridades competentes,\ncualquier bien que se encuentre dentro del derecho de vía con el propósito de\nhacer uso indebido de éste. Lo ordenado por el Ministerio se notificará\nmediante aviso publicado en el Diario Oficial. Si los que estrechan o hacen uso\nimpropio del derecho de vía son propietarios de establecimientos comerciales o\nindustriales, el Ministerio podrá además, pedir a las autoridades\nadministrativas correspondientes la cancelación de la patente y el cierre del\nestablecimiento y éstas cumplirán debidamente esa gestión. (…)” Así, resulta\nclaro que i) las obras que obstruyeron el sistema de drenaje pluvial son\nilegales, ii) ponen en riesgo la infraestructura vial, la seguridad de los\nconductores y al ambiente y iii) el MOPT tiene la potestad de actuar de forma\ninmediata para restituir la situación e incluso imponer los costos de\nreparación al dueño del inmueble. Por lo anterior, debe el MOPT proceder\nconforme. En base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas,\nsolicitamos al Consejo Nacional de Concesiones, y en general, al Ministerio de\nObras Públicas y Transporte que dentro del plazo improrrogable de quince días a\npartir de la presentación de esta acción: ? Ordene al propietario del inmueble\n2-346888-000 a habilitar y mantener operativo el sistema de drenaje pluvial que\nfue totalmente obstruido por trabajos realizados desde dicho inmueble. ? Si en\nel plazo improrrogable de 15 días luego de emitida la orden, el propietario no\nha habilitado el sistema de drenaje pluvial, proceda el Ministerio de Obras\nPúblicas y Transporte a ejecutar las obras civiles para habilitar dicho sistema\npluvial. Como respaldo a la presente solicitud, se adjunta al presente escrito\nla siguiente documentación -que forma parte del expediente administrativo de\nesta Concesionaria-: ? Oficio SJ-C-2016-0455-DE emitido por mi representada el\n13 de mayo de 2016, por medio del cual se pone en conocimiento del CNC el\nbloqueo del sistema de drenaje pluvial. ? Oficio SJ-C 2017-0848-DT del 25 de\nagosto de 2017, el cual es un complemento del oficio SJ-C-2016-0455. ? Oficio\nSJ-C-2017-0973-DT emitido por mi representada el 31 de octubre de 2017, en\ndonde se reitera sobre este asunto y se aporte soporte fotográfico. ? Oficio\nSJ-C-2017-1154-DT emitido por mi representada el 27 de noviembre de 2017, en\ndonde se informa al CNC que la supervisora ha confirmado la irregularidad de la\nsituación y uso no autorizado del derecho de vía”.\n\nPor\nsu parte, en oficio CNC-APM-SJC-1093-2025 del 11 de noviembre de 2025, dirigido\nal director de Ingeniería de la División de Obras Públicas del MOPT, el gerente\nde Proyecto SJC del Área de Proyectos en Marcha del Consejo Nacional de\nConcesiones indicó: “Luego de saludarlo cordialmente, me permito indicarle que\nla Supervisora del Proyecto de la ruta nacional No. 27 nos ha remitido el\ninforme No. TPF-REG-225, en el cual se detalla la obstrucción y desbordamiento\nde sistema de drenaje longitudinal/cunetas en el sector del km 57+100, LI de la\nRuta nacional No. 27. Asimismo, el Ministerio de Salud, mediante la Dirección\nRegional de Orotina ha recibido denuncias sobre el desbordamiento de aguas\nprovenientes por la obstrucción de las salidas de las escorrentías provenientes\nde estas estructuras y que desembocaban en una propiedad privada, siendo esta\nel punto más bajo. Por otra parte, la Sociedad Concesionaria de la Ruta\nNacional No. 27, presentó denuncia por esto mismo a la misma Dirección Regional\nde Orotina, ya que, al parecer, el propietario del inmueble donde las aguas\nprovenientes de las cunetas escurren, obstruyó las salidas, realizó un relleno\ny construyó un acceso ilegal, para lo cual colocó tuberías de paso que no\ncumplen con la sección hidráulica de las cunetas, provocando inundaciones a las\npropiedades aledañas. Dicha Sociedad Concesionaria elaboró un histórico\nfotográfico satelital, en el cual se puede observar claramente la salida de las\naguas provenientes de las cunetas y luego se observa el relleno y cierre de\nestas salidas de agua en la propiedad. Así las cosas, se le solicita su\nintervención formal, a través del Departamento de Inspección y Demoliciones,\ncon el objetivo de determinar si efectivamente se realizó el cierre de las\nsalidas del agua provenientes de las cunetas y alcantarillas trasversales de la\nzona, provocando el desbordamiento de las mismas y afectando las propiedades\ncircundantes, atentando con los usuarios de la vía y principalmente, los\nproblemas sanitarios que se desprenden de ello. Además, se solicita verificar\nsi el dueño del fundo posee los permisos respectivos de la Municipalidad,\nComisión de Carreteras de Acceso Restringido, Ministerio de Salud, etc.”.\n\nIgualmente,\nmediante oficio CNC-APM-SJC-1163-2025 del 25 de noviembre de 2025, dirigido a\nla alcaldesa de Orotina, el gerente de Proyecto SJC del Área de Proyectos en\nMarcha del Consejo Nacional de Concesiones indicó: “Es importante hacer de su\nconocimiento, que esta Gerencia se encuentra gestionando una denuncia recibida\npor los habitantes del distrito de Coyolar en el cantón de Orotina, ya que se\nobservó el colapso del sistema de drenaje en el sector de km 57+100, LI,\nconstatándose que el sistema de cuneta se colapsa y provoca un derrame lateral\nque invade la pista 2 en el sentido Caldera-San José, siendo que el propietario\nde la finca con plano catastro N° 2-0023973-2025, a nombre del Señor [Nombre\n002], aparentemente realizo una obstrucción del drenaje causando daños a los\nvecinos de las propiedades aledañas a la zona. Se ha apreciado claramente como\nse ha socavado parte del derecho de vía debido a la escorrentía que invade\npropiedades privadas provocando daños a terceros. Además, en la zona se observa\ndesarrollo de “chinamos” en una de las propiedades privadas que construyen\naccesos ilegales entubando sectores de la cuneta con conductos de reducido\ndiámetro y losas de concreto encima. Estos tubos de escasa capacidad hidráulica\ncontribuyen al desbordamiento de las aguas de escorrentía superficial, que\nademás ya no cuentan con los desfogues laterales originalmente construidos,\nmismos que fueron eliminados o clausurados por terceros. Se realizo una\nrevisión de la información aérea del sitio mediante la ortofoto disponible, así\ncomo los planos “As Built” del sector. Como se muestra enseguida, el acceso\nilegal construido por un Tercero “corta” la continuidad del sistema de drenaje\nlongitudinal (cuneta), reduciendo su capacidad hidráulica por la colocación de\nun tubo de diámetro mucho menor a la sección de la cuneta propiamente. Si es\nimportante indicar que, esta clausura se encuentra a la altura del kilómetro\n57+200 en el sentido Caldera-San José y que dichas obras se realizaron dentro\ndel derecho de vía. Dicho sistema de drenaje pluvial es parte de la\ninfraestructura pública necesaria para la operación óptima y segura de la Ruta\nNacional No. 27 y su clausura unilateral por parte de un propietario arriesga\nla seguridad estructural de la obra, la de los conductores y los vecinos. En\nese sentido, bajo el Contrato de Concesión de la Carretera San José Caldera, la\nConcesionaria ha manifestado que la persona responsable de la obstrucción del\ndrenaje pluvial es el señor [Nombre 002], de cédula de identidad número 2-0327-0405,\nquien es propietario del inmueble 2- 346888-000 y ha indicado que él cerró\nintencionalmente el sistema de drenaje porque éste fue realizado sin su\nconsentimiento, a pesar de que el drenaje existe mucho antes de que este fuese\ndueño de la propiedad. En razón de lo anterior, el propietario tiene el mandato\nlegal de recibir y dejar discurrir dentro de su predio las aguas pluviales\nprovenientes de la Ruta Nacional No. 27. Tanto el cabezal del drenaje que fue\nenterrado, el resto del movimiento de tierra y la cerca perimetral fueron\ndispuestos en la superficie del derecho de vía, el cual es propiedad del Estado\nde acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Caminos.\nAdicionalmente, como se indicó supra, el bloqueo ilegal del sistema de drenaje\npluvial está causando problemas de empozamiento de aguas, erosión y el\nconsecuente traslado de los sedimentos a los ríos y quebradas más cercanos, por\nlo que dicha situación presenta también potenciales daños ambientales. Ante\nesta situación, esta Gerencia solicita que se nos indique si el Señor [Nombre\n002] gestionó ante ese municipio, los permisos de construcción en la finca con\nplano catastro A-0023973-2025; de ser así, favor indicarnos cual es el objeto\ndel mismo, dado que el propietario no cuenta con los permisos respectivos de\nacceso por parte de la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes”.\n\nOtrosí,\npor oficio MO-DPDT-CU-426-2025 del 3 de diciembre de 2025, el jefe de Control\nUrbano de la Municipalidad de Orotina respondió al gerente de Proyecto SJC del\nÁrea de Proyectos en Marcha del Consejo Nacional de Concesiones lo siguiente:\n“En respuesta al oficio CNC-APM-SJC-1163-2025 del 25 de noviembre, el cual fue\na traslado a mi persona por parte de la Alcaldía mediante oficio\nMO-A-1415-25-2024-2028, le indico que la propiedad con número de finca\n2-346888-000, plano catastro A-0570456-1999, no posee ninguna licencia\nconstructiva municipal. Al contrario, más bien las obras se encuentran\nclausuradas y evidenciadas en el informe de inspección MO-A-DPDT-GT-INSP-\n235-2025 del 21 de abril de 2025 por no contar con la licencia constructiva\nmunicipal”.\n\nPor\nsu parte, en oficio CARTA-CNC-APM-SJC-0084-2026 del 28 de enero de 2026,\ndirigido a la recurrente, el gerente de Proyecto SJC del Área de Proyectos en\nMarcha del Consejo Nacional de Concesiones indicó: “En seguimiento al caso\nperteneciente a su persona, sobre las inundaciones presentadas en su propiedad,\nesta Gerencia de Proyecto en conjunto con la Empresa Concesionaria y la\nSupervisora de proyecto tienen conocimiento de las situaciones que se presentan\nen el sector del km 57+100 LI, constatándose que el sistema de cuneta se\ncolapsa y provoca un derrame lateral que invade la pista 2 en el sentido\nCaldera-San José. Así mismo, se aprecia claramente como se ha socavado parte\ndel derecho de vía debido a la escorrentía que invade propiedades privadas\nprovocando daños a terceros, tal es el caso denunciado de la misma forma por el\nSeñor Carlos Leitón Casasola. Además, en la zona se observa desarrollo de\nconstrucciones en una propiedad privada que construyen accesos ilegales hacia\nla Ruta Nacional No.27, entubando sectores de la cuneta con conductos de\nreducido diámetro y losas de concreto encima. Estos tubos de escasa capacidad\nhidráulica contribuyen al desbordamiento de las aguas de escorrentía\nsuperficial, que además ya no cuentan con los desfogues laterales originalmente\nconstruidos, mismos que fueron eliminados o clausurados por terceros. Por otra\nparte, se realizó una revisión de la información aérea del sitio mediante la\nortofoto disponible, así como los planos \"As Built\" del sector. Ante\nesto, se muestra enseguida, el acceso ilegal construido por un Tercero que\n\"corta\" la continuidad del sistema de drenaje longitudinal (cureta),\nreduciendo su capacidad hidráulica por la colocación de un tubo de diámetro\nmucho menor a la sección de la cuneta propiamente. (…) Si es importante indicar, cue personas ajenas\nal proyecto han obstruido el sistema de drenaje pluvial que se encuentra a la\naltura del kilómetro 57+200 en el sentido Caldera-San José y que dichas obras se\nrealizaron dentro del derecho de vía. Dicho sistema de drenaje pluvial es parte\nde la infraestructura pública necesaria para la operación óptima y segura de la\nRuta Nacional No. 27 y su clausura unilateral por parte de uno de los\npropietarios vecinos arriesga la seguridad estructural de la obra, la de los\nconductores y los vecinos. En ese sentido, bajo una investigación realizada, se\nha detectado que el Señor [Nombre 002], con cedula de identidad numero\n2-0327-0405, quien es propietario del inmueble 2-346888-000, ha sido el\npropietario causante del cierre del sistema hidráulico, así como la\nconstrucción de un acceso ilegal hacia la ruta concesionada, debido a las\nconstrucciones realizadas en su propiedad, considerando que dichas\nconstrucciones no cuentan con el permiso municipal según oficio MODPDT- CU-426-2025\nde la Municipalidad de Orotina y el informe MO-A-DPDT-GT-INSP-235-2C25. En\nrazón de lo anterior, el propietario tiene el mandato legal de recibir y dejar\ndiscurrir dentro de su predio las aguas pluviales provenientes de la Ruta\nNacional No. 27. Tanto el cabezal del drenaje que fue enterrado, el resto del\nmovimiento de tierra y la cerca perimetral fueron dispuestes en la superficie\ndel derecho de vía, el cual es propiedad del Estado de acuerdo con lo\nestablecido en el artículo 2 de la Ley General de Caminos. Adicionalmente, el bloqueo ilegal del sistema\nde drenaje pluvial está causando problemas de empozamiento de aguas, erosión y\nel consecuente traslado de los sedimentos a los ríos y quebradas más cercanos,\npor lo que dicha situación presenta también potenciales daños ambientales.\nNótese entonces como las construcciones ilegales llevadas a cabo por el señor\n[Nombre 002], han ocasionado una problemática de salud para los vecinos de la\nzona, tal cual las siguientes fotografías: (…) \nPor otra parte, el pasado 23 de octubre del 2025, se realizó una reunión\nvirtual con la participación del Área de Salud de San Mateo de Orotina,\nfuncionarios de la Sociedad Concesionaria y de este Consejo. Abordando el tema\nde una denuncia sanitaria provocada por el cierre de la salida natural del agua\ny la obstrucción de varias cunetas la cual tramitada por la empresa Autopistas\ndel Sol S.A. Como se puede observar, se entiende que la situación actual del\nbloqueo del sistema pluvial y la construcción del acceso legal, ha causado\ninundaciones a las propiedades aledañas, incluyendo la de su persona, sin\nembargo, tal cual se ha manifestado, esta Gerencia en conjunto con la Empresa\nConcesionaria y la Supervisora de Proyecto, así como entes relacionados con\neste tema, tienen la situación bien identificada, toda vez que se está\ncoordinando para tratar de solucionar la funcionalidad hidráulica del sistema\npluvial y evitar daños a los propietarios”.\n\n \n\nPor\noficio CARTA-CNC-APM-SJC-0117-2026 del 5 de febrero de 2026, dirigido al\ndirector de Planificación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de\nOrotina, el gerente de Proyecto SJC del Área de Proyectos en Marcha del Consejo\nNacional de Concesiones consignó: “Así las cosas, es importante hacer notar,\nque la Gerencia de Proyecto, en conjunto con la Supervisora de Proyecto y la\nEmpresa Concesionaria, han estado en completa coordinación para tratar de\nsolucionar las inundaciones causadas por el cierre unilateral del Señor [Nombre\n002] al sistema pluvial, así como el acceso ilegal construido para los chinamos\nen su propiedad, siendo que no es solamente un tema técnico, sino también un\ntema legal que amerita el estudio y análisis de la situación presentada. Por lo\ntanto, se está tratando de buscar la solución funcional que pueda ser favorable\npara los propietarios y que con dichas obras se solucionen permanentemente los\nproblemas de inundaciones causados por terceros que han afectado la\ninfraestructura vial de la zona sin la autorización debida”.\n\nAdemás,\nen oficio MOPT-02-07-01-195-2026 del 26 de mayo de 2026, el ingeniero del\nDepartamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT concluyo: “Como parte\nde la intervención se ha analizado la información brindada y la recabada en\ncampo, determinando que existen accesos ilegales y obstrucciones no autorizadas\nque generan una alteración del sistema de drenaje de la ruta Nacional N°27\ngenerando daños a terceras personas y un riesgo a los usuarios. Ante esta\nsituación el caso ha sido transferido al Lic David Soto Solano, encargado de\nprocesos legales del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, con el fin\nde generar los actos administrativos correspondientes para comunicarlos al\npropietario del terreno involucrado con el fin de restaurar las condiciones\niniciales de la carretera”.\n\nAsimismo,\npor oficio CARTA-CNC-APM-SJC-0679-2026 del 26 de mayo de 2026, el gerente de\nProyecto SJC del Área de Proyectos en Marcha del Consejo Nacional de\nConcesiones indicó: “Sobre la supuesta alteración del sistema de drenaje\npluvial en el kilómetro 57 de la Ruta 27 Es técnicamente cierto que existe un\ncolapso hidráulico recurrente en el kilómetro 57+100 Lado Izquierdo (LI) de la\nRuta Nacional 27, en el sector de Coyolar de Orotina, Alajuela, el cual provoca\nderrames de escorrentía pluvial hacia predios colindantes. No obstante, este\nConsejo rechaza categóricamente que dicho problema provenga de un defecto de\ndiseño, una falta de mantenimiento o una alteración de la obra pública\natribuible al Consejo Nacional de Concesiones o a la empresa concesionaria Globalvía\nRuta 27 S.A. Las inspecciones de campo determinaron de forma inequívoca que la\nproblemática es causada por el taponamiento y clausura unilateral del sistema\nde drenaje pluvial longitudinal y de los desfogues naturales de la carretera,\nejecutado de manera ilegal por un propietario particular, el cual es vecino en\nel derecho de vía y en su predio colindante. Sobre la naturaleza y el supuesto\ndesacato de la resolución administrativa No. CU-426-2025 La actora incurre en\nun grave error fáctico y conceptual al alegar el \"incumplimiento y no\nacatamiento de la resolución administrativa No. CU-426-2025\" por parte del\nConsejo Nacional de Concesiones. No existe ningún acto administrativo firme ni\nresolución sancionatoria o de ejecución de obras emitido por este Consejo ni\npor la Gerencia de Proyecto que lleve dicha nomenclatura. El documento\nidentificado por la recurrente como resolución \"CU-426-2025\"\ncorresponde en realidad al oficio MO-DPDT-CU-426-2025, emitido el 3 de\ndiciembre de 2025 por la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial de\nla Municipalidad de Orotina. Dicho oficio no contiene una orden dirigida al\nConsejo Nacional de Concesiones ni reconoce responsabilidad civil o contractual\ndel Estado costarricense; al contrario, es una respuesta formal gestionada de\nmanera proactiva por esta misma Gerencia de Proyecto a efectos de certificar\nque las obras desarrolladas por el tercero infractor en la finca número\n2-346888-000 carecen de licencias municipales y se encuentran oficialmente\nclausuradas por el gobierno local. Sobre la supuesta inacción y falta de\nmedidas efectivas de las entidades recurridas Debe quedar claro que esta\nGerencia de Proyecto descarta la existencia de un estado de pasividad u omisión\nadministrativa. El Consejo Nacional de Concesiones, en la figura de esta\nGerencia de Proyecto de la Ruta 27, la Supervisora de Proyecto y la Empresa\nConcesionaria han desplegado una intensa actividad fiscalizadora, técnica e\ninterinstitucional desde el momento en que se detectó la problemática. El detalle\ncronológico de estas gestiones evidencia que se han agotado todas las vías\nadministrativas correspondientes para forzar al propietario infractor a reabrir\nlos sistemas pluviales clausurados. La aparente falta de solución definitiva no\nobedece a una inacción estatal, sino a las limitaciones que el principio de\nlegalidad impone a la administración pública, la cual no puede penetrar de\nforma unilateral en una propiedad privada sin el debido proceso ni suplantar\nlas competencias exclusivas en términos de construcciones que ostenta la\nMunicipalidad de Orotina o de las potestades de demolición de la Dirección de\nPrevisión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sobre la\npersistencia de inundaciones y el riesgo para poblaciones vulnerables Esta Gerencia\ncomparte la preocupación por la afectación que sufren los núcleos familiares\ndel sector de Coyolar de Orotina, es precisamente por esta afectación a la\nseguridad vial y a la salud pública de los vecinos que la Gerencia de Proyecto\ncoordinó de forma directa con el Área de Salud de San Mateo de Orotina para\natender la denuncia sanitaria respectiva. No obstante, se reitera que el origen\ndirecto de esta afectación radica en las obras comerciales informales\nlevantadas por un particular, quien además tiene la obligación legal de recibir\ny dejar discurrir las aguas pluviales de la carretera nacional que atraviesan\nhistóricamente la zona. Para mayor claridad sobre la divergencia entre los\nargumentos de la recurrente y la realidad comprobada por la administración, se\npresenta el siguiente cuadro de hechos: (…) Desglose técnico de la obstrucción\npluvial en el kilómetro 57 El análisis topográfico, aéreo y catastral\ndesarrollado por la Gerencia de Proyecto de la Ruta 27 y la Supervisora del\nConsorcio TPF Getinsa Euroestudios permitió identificar de manera precisa el\norigen físico del desbordamiento pluvial que perjudica a la señora [Nombre\n001]. De acuerdo con el informe técnico incorporado en el oficio\nCARTA-CNC-APM-SJC-0084-2026, se determinó de forma concluyente lo\nsiguiente: “…en la zona se observa\ndesarrollo de construcciones en una propiedad privada que construyen accesos\nilegales hacia la Ruta Nacional No.27, entubando sectores de la cuneta con\nconductos de reducido diámetro y losas de concreto encima. Estos tubos de\nescasa capacidad hidráulica contribuyen al desbordamiento de las aguas de\nescorrentía superficial, que además ya no cuentan con los desfogues laterales\noriginalmente construidos, mismos que fueron eliminados o clausurados por\nterceros.” El resaltado no es parte del original. La investigación catastral y\nel estudio registral determinaron que el causante material e intelectual del\ncierre de este sistema hidráulico es el señor [Nombre 002], el señor [Nombre\n002] es el propietario registral del inmueble colindante matriculado en la\nprovincia de Alajuela bajo la finca número 346888-000 (plano catastro\nA-0570456-1999). En dicha propiedad, el infractor procedió a levantar\nedificaciones de carácter comercial sin contar con los planos aprobados ni las\nlicencias correspondientes de la Municipalidad de Orotina. Durante el\ndesarrollo de sus obras, el señor [Nombre 002] realizó movimientos de tierra y\nalteró la nivelación natural del terreno, llegando al extremo de enterrar por\ncompleto el cabezal del sistema pluvial transversal que desboca a la altura del\nkilómetro 57+200 de la Ruta Nacional 27. Adicionalmente, el propietario instaló\ncercas perimetrales y depositó materiales de construcción sobre la franja de\nterreno destinada por ley al derecho de vía, la cual constituye un bien de\ndominio público del Estado de conformidad con el artículo 2 de la Ley General\nde Caminos Públicos. Estas acciones ilícitas configuran un claro abuso del\nderecho de propiedad por parte del señor [Nombre 002], quien se encuentra obligado\npor el ordenamiento civil y de caminos públicos a tolerar y dejar fluir las\naguas de escorrentía pluvial provenientes de la carretera nacional. Cronología\ndetallada de las acciones de fiscalización y control Contrario a la imagen de\npasividad descrita por la recurrente, este Consejo ha ejecutado de manera\nininterrumpida una serie de acciones técnicas y de fiscalización destinadas a\npresionar al infractor y a las demás autoridades competentes para reestablecer\nel flujo pluvial original de la carretera. Aspectos finales La administración\npública en Costa Rica se rige estrictamente por el principio de legalidad,\nconsagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de\nla Administración Pública. En virtud de este precepto, las autoridades del\nConsejo Nacional de Concesiones carecen de facultades para ingresar de forma\nunilateral a una propiedad privada con el fin de derribar edificaciones o\nremover tierras mediante el uso de la fuerza. El ordenamiento jurídico\ncostarricense no les otorga potestades de imperio ni facultades de ejecución\nforzosa para tales fines; dichas competencias de control territorial y\ndemolición están reservadas de manera exclusiva a los gobiernos locales y a\ndependencias específicas del MOPT, tales como Previsión Vial e Inspección de\nDemoliciones. La Gerencia de Proyecto de la Ruta 27 ha actuado con la máxima\ndiligencia razonable y oportuna exigible a un ente concedente. No existe\npasividad ni negligencia, toda vez que se han documentado e impulsado de forma\nactiva las denuncias sanitarias ante el Ministerio de Salud y los expedientes\nde demolición y clausura ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y\nla Municipalidad de Orotina, logrando incluso la clausura municipal definitiva\nde las obras ilegales del infractor, señor [Nombre 002], desde abril del año\ndos mil veinticinco. La persistencia de las inundaciones en la propiedad de la\nseñora [Nombre 001] obedece única y exclusivamente a la resistencia del señor\n[Nombre 002] a acatar el ordenamiento jurídico y reabrir el cabezal de la\nalcantarilla transversal que enterró dentro de su finca y en el derecho de la\nvía pública. Por ende, la inacción no es atribuible a este Consejo, el cual\ncarece de la competencia material directa para ejecutar demoliciones físicas de\noficio en propiedades de carácter privado sin la debida intervención de la\npolicía municipal o de las dependencias centralizadas del MOPT. En este\nsentido, el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT, mediante\ndocumento denominado MOPT-02-07-01-195-2026 realiza un informe de las labores\nrealizadas en atención al caso 2025-629-D, siendo que su apartado final de\nconclusiones y recomendaciones citan: “Como parte de la intervención se ha\nanalizado la información brindada y la recabada en campo, determinando que\nexisten accesos ilegales y obstrucciones no autorizadas que generan una\nalteración del sistema de drenaje de la ruta Nacional N°27 generando daños a\nterceras personas y un riesgo a los usuarios. Ante esta situación el caso ha\nsido transferido al Lic David Soto Solano, encargado de procesos legales del\nDepartamento de Inspección Vial y Demoliciones, con el fin de generar los actos\nadministrativos correspondientes para comunicarlos al propietario del terreno\ninvolucrado con el fin de restaurar las condiciones iniciales de la carretera.\nSe procederá a realizar la notificación el día 28 de mayo de 2026.” El\nresaltado no es parte del original”.\n\nEn\neste sentido, nótese que las autoridades son contestes en indicar que tienen\nconocimiento de la problemática denunciada por la tutelada, e incluso señalan\nque tal situación tiene implicaciones ambientales. Además, aun cuando se le ha\ndado trámite al asunto, no menos cierto es que no constan acciones concretas a\nlos efectos de solventar el problema de alteración y obstrucción de un sistema\nde drenaje pluvial.\n\nDesde\neste panorama, lo correspondiente es acoger el recurso en todos sus extremos.\n(…)", "body_en_text": "2026030957.\nEXECUTIVE BRANCH. MUNICIPALITY. ENVIRONMENT. FAILURE TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE OBSTRUCTION OF THE STORMWATER DRAINAGE SYSTEM ON ROUTE 27 IS REPORTED, CAUSING FLOODING AND DAMAGE TO HOMES.\nTHE AMPARO APPLICATION IS GRANTED, AND THE NATIONAL CONCESSIONS COUNCIL AND THE MUNICIPALITY OF OROTINA ARE ORDERED TO RESOLVE THE PROBLEM DEFINITIVELY WITHIN SIX MONTHS. NQC08/2026\n\n(…)\n\nIV.— THE SPECIFIC CASE. In this case, the applicant states that she is a resident of Coyolar de Orotina, Alajuela, specifically near kilometer 57 of National Route 27. She indicates that this area has a problem involving the alteration and obstruction of a stormwater drainage system, which has caused recurring flooding and damage to homes. She states that the situation was previously reported to the competent authorities, including the National Concessions Council, the Ministry of Public Works and Transport, and the concessionaire Global Vía Ruta 27 S.A. She reports that, as a result of those efforts, administrative resolution no. CU-426-2025 was issued, expressly acknowledging the harm caused by the stormwater drainage problem. She claims that the respondent entities have not taken effective, concrete, and definitive action to correct the problem, and that the harm is ongoing, continuing, and worsening. She alleges that failure to comply with resolution no. CU-426-2025 means that the drainage system remains obstructed, flooding persists, and property damage continues.\n\nThe case file shows that, in letter MO-A-1116-22-2020-2024 dated 18 October 2022 and addressed to the National Concessions Council of the MOPT, the Municipality of Orotina stated: “The situation our canton faces because of the developments is of great importance, but at the same time exposes the lack of planning and coordination, to the detriment of residents who lived peacefully for many years and now face adverse effects. One such case, known to you or to Globalvía, is expediente 19-006222-0007-CO, the email from Albina María [Nombre 001] dated 30/5/2017, the document dated 24 September 2019, letter CNC-ST-PM-SJC-OF-0611-2018, among others, concerning flooding on private properties that has still not been resolved. There have been responses but no solutions for the drainage systems, causing damage to homes.”\n\nSubsequently, in letter CARTA-CNC-APM-SJC-0761-2024 dated 23 September 2024 and addressed to the applicant, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area stated: “In response to your request concerning the flooding on your property, apparently due to the closure of a water outlet from National Route No. 27, San José-Caldera Highway RN27, I inform you that this Project Management Office, together with the Project Supervisor, visited your property on the 20th of this month and inspected the conditions there at km 57+200. The inspection determined that the natural water outlet had been closed by a third party. In this regard, corrective action has been requested from the Concessionaire, which is responsible for maintaining the road right-of-way on Route 27. As soon as the Concessionaire gives us an official response, we will notify you of the results.”\n\nAlso, in letter CNC-APM-SJC-0759-2024 dated 23 September 2024, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area specified: “Following up on the case of Ms. [Nombre 001], the Project Supervisor has analyzed the current situation, from which the following may be inferred: ‘…3. CURRENT SITUATION. On 21 March 2023, the supervisor inspected the site and confirmed that current conditions in the Km 57 sector are similar to those described and documented in the supervisor’s prior reports. The following image is an extract from sheet 13.4.6 of the “As built” Plan and Profile drawings, sheet covering Km 56+520 to 57+240. (…) The drawing clearly shows the outlet for water carried by the concrete ditches at Km 57+100. The outlet is at the point where the natural watercourse lies. The dashed lines mark the right-of-way in this area. At present, the outlet for water carried by the concrete ditches built by the Concessionaire remains blocked by materials, earth, and debris that prevent the water from flowing to the natural watercourse. The outlet obstruction is within the right-of-way. It should be noted that several illegal or unauthorized accesses exist in the area. The following photographs show the current condition of the site: • There are fences within the right-of-way. The Concessionaire is responsible for protecting the right-of-way. Any fences within it must be removed. The Concessionaire is responsible for fencing the right-of-way. • The water outlet located at PK 57+100 according to the “As built” drawings remains obstructed. The outlet was built to carry water to the natural watercourse that existed there. • The ditches in the area remain obstructed at the water outlet at Km 57+100 (Km according to the “As built” drawings) and by unauthorized accesses. • Illegal or unauthorized accesses exist in the Km 57+000–57+200 area, altering the condition of the existing ditches and causing sediment to accumulate. • The concessionaire is obligated and responsible for taking the necessary action to restore the right-of-way entrusted to its care, which has been invaded. • In addition to maintaining and cleaning the right-of-way, in this case it must clean the ditches and the outlet from the concrete ditches that carry water to the area’s natural watercourse. The following image shows the current condition of the Km 57 area. The red circle highlights the outlet for water carried by the ditches, which flows toward the area’s natural watercourse. The blue dashed lines mark the right-of-way in the Km 57 area. The following photograph shows the current condition of the entrance to Ms. [Nombre 001] N.’s property. A channel created by water overflowing onto neighboring properties can be seen. This is caused by the obstructed water outlet, which prevents the water from reaching the area’s natural outlets. The Concessionaire must be required to clean the water-control systems in this area, including the ditches and the removal of the obstruction preventing water from reaching the natural watercourses, all within the right-of-way for which it is responsible. It must also close all unauthorized accesses in the area, as required by its contractual obligations under Clause 1.11.5 of the Concession Contract.\n\n4. OBSERVATIONS ON THE RIGHT-OF-WAY. Considering the location of the ditch indicated above (Km 57—left side), this Supervisor determined that the expropriation proceedings for the right-of-way of National Route No. 27, San José–Caldera Highway, are contained in Administrative File No. 23 233, entitled “Donation of Land Needed to Build the Orotina * Pozón * Puerto Caldera Highway, made to ITCO in 1982.” An image of the file cover is shown below. The file contains letter No. SJD-134-82 dated 28 May 1982, signed by Mr. Enrique Antonio Moreira Acuña, Secretary General of the Institute of Agrarian Development, which states: ‘I hereby transcribe the agreement adopted by our Board of Directors under Article Five of Session Number Six, held on 30 April 1982, which reads: In response to the request by the Ministry of Public Works and Transport contained in the letter dated 26 March 1982, concerning the indispensable need to take several strips of land owned by this Institute from the complex of farms comprising Hacienda Coyolar, and pursuant to Article 36 of the General Public Roads Law No. 5060 of 22 August 1982, to authorize, free of charge, the strips of land described below so that said Ministry may build the Orotina–Pozón–Caldera highway. a) A strip of land with an area of 9 Has 4807.75 M2 shall be taken from La Manuelita farm. b) Several strips of land with an area of 37 Has 7230.75 M2 shall be taken from the combined El Molino, González, and Cebadilla farms. c) A strip of land with an area of 11 Has 527 M2 shall be taken from the combined Hacienda Lagunillas and Capulín farms. d) A strip of land with an area of 22 Has 1720 M2 shall be taken from the combined farms forming Hacienda Salinas, as far as Río Jesús María. e) A strip of land with an area of 20 Has 2400 M2 shall be taken from the combined farms indicated in the preceding subsection of this agreement, from Río Jesús María toward Puerto Caldera.’ The aforementioned land strips correspond to the reference design for the Ciudad Colón–PTO. Caldera Project, now San José–Caldera Highway, Route No. 27. An image of sheet 29 of section 3A, Orotina–Puerto Caldera, of the aforementioned project is shown below. The preceding sheet corresponds to the area where the ditch under review is located (Km 57—left side). It should be noted that the image indicates a Project right-of-way width of 50 linear meters, corresponding to 25 meters on either side of the project’s centerline. An image showing this in greater detail is shown below. The approximate location of the ditch is highlighted with a yellow circle, and it is further confirmed that the right-of-way of San José–Caldera Highway is at least 50 meters wide. It should also be mentioned that the preceding plan, prepared in 1978, shows that the topography existing since that time has a low point in the area and that water drains toward the south of the Project (left side). Therefore, the drainage location is consistent with the topographic conditions at the time. However, according to our topographic data, the ditch is 17.24 linear meters from the Project centerline, and the minimum right-of-way width for San José–Caldera Highway is 25 meters. Thus, according to the information found, the Km 57 ditch lies within the right-of-way of the Ciudad Colón–Puesto Caldera Project, now San José–Caldera Highway, Route No. 27. An image showing the various road features in the area is provided.\n\n5. ENVIRONMENTAL OBSERVATIONS. Materials have been placed at the outlet for water carried by the highway’s concrete ditches, within the right-of-way. Water leaving the highway is channeled toward the area’s natural water outlet along the land’s natural runoff course. Because that outlet is blocked, water from the highway cannot drain, nor can it flow toward the area’s natural runoff course. The neighbor who keeps this outlet blocked also created an access road to the properties in the discharge area, where a ditch that is buried and visible only in some stretches was located. This road is outside the right-of-way and lies along the path of surface runoff. The following image shows, in a yellow circle, the water outlet that remains blocked, causing water to accumulate and flow through other properties, which are affected. From that point, the water is carried toward the natural runoff course, which is currently blocked. The blue line highlights Quebrada Mauricio, the watercourse toward which runoff from the area ultimately flows. From an environmental standpoint, the area has been heavily altered; natural runoff courses have been blocked, and a nearby stream makes it necessary to monitor the protection zones in this area. With regard to the protection zone of Quebrada Mauricio, we recall what Article 33 bis of the Ley Forestal provides:\n\n“Article 33 bis—Civil infrastructure in urban and rural protection areas. The installation, construction, maintenance, repair, and replacement of civil works and public-institution works are authorized in the beds and basins of water bodies in urban and rural areas, as well as in their protection areas, including dikes, walls, culverts, bridges, aqueducts, intakes, diversions and meters for water allocated under a concession, drains with screens to collect solid waste, infrastructure for stormwater discharge, works to carry wastewater for its proper treatment, wastewater discharges from a treatment system, and agricultural drainage discharges to lower the water table, whether through open channels or pipes; all without deterioration of water quality or the watercourse. Low-impact works are also authorized, such as observation platforms, bridges, suspension bridges, zip lines, signage, and other features that allow safe access to, observation of, and enjoyment of natural areas with the least possible impact, when intended, among other things, to develop tourism activities. The authority to authorize these works rests exclusively with the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, which shall establish the necessary requirements and studies, as well as the time limits for the administration to decide. (Added by the sole article of Law No. 10210 of 5 May 2022.)”\n\n6. LEGAL ANALYSIS. In light of the situation described in the preceding sections, it is evident that the concessionaire has neglected its duty to protect the right-of-way because a third party has placed a fence within it, and the outlet for water carried by the concrete ditches built by the Concessionaire remains blocked by materials, earth, and debris that prevent the water from flowing into the natural watercourse. The water outlet is obstructed within the right-of-way. This situation arose in the first place because the concessionaire has not properly fenced and demarcated the right-of-way, allowing third parties to damage the works. The concessionaire is also obligated to maintain and restore the right-of-way and existing works, which include the ditches. As shown by the photographs included in the preceding sections of this letter, the Concessionaire has not cleaned or effectively maintained the ditch. Thus, Clause 2.5, Maintenance of the Right-of-Way and Existing Works, of the contract expressly provides: “Maintenance of the right-of-way shall be the Concessionaire’s responsibility. Therefore, it must include it in its Maintenance Program. It shall be responsible for maintaining, repairing, and rehabilitating every existing work within the right-of-way from the time the land is delivered. In particular, the Concessionaire shall provide for the construction, reconstruction, and maintenance of shoulders throughout the concession project. This maintenance excludes facilities for property accesses, electrical services, telephone services, drinking water and sewer systems, fiber-optic cables, and oil pipelines, or other facilities owned by state or private companies, whose owners are responsible for their maintenance. The Concessionaire may request from the MOPT any agreements signed with companies or individuals in this regard.”\n\nNote that Clause 2.15.7, Routine Maintenance, of the contract expressly requires the Concessionaire to maintain the ditches: “The Concessionaire must perform preventive routine maintenance, including primarily the following activities: removal, clearing, cleaning and mowing; cleaning ditches and interceptor ditches; cleaning culverts and headwalls; horizontal and vertical signage; patching with asphalt mix or asphalt emulsion (for surface treatments); cleaning landslides and shoulders, etc. These tasks must be carried out continuously and consistently over time so that they are always in optimal working condition and do not pose a threat to the project’s durability, user visibility, or the road’s level of service and safety.”\n\nSpecifically regarding ditch cleaning, Clause 2.15.7.1, Maintenance Plan, subsection c), Ditch Cleaning, expressly provides: “c) Ditch cleaning: This consists of cleaning any materials deposited in the ditches, as well as loading and transporting waste to disposal sites previously approved by the Administration. Cleaning must allow stormwater to drain laterally through the ditches throughout the year. Loose or displaced material from the ditches may not be left in ridges or windrows along their inner or outer sides. Waste resulting from cleaning may not be dumped in watersheds, rivers, or places that may harm the area’s appearance or ecology.”\n\nThe contract also makes clear, in Clause 2.15.8, Rehabilitation Activities, that the Concessionaire is obligated to restore the ditches’ level of service, which is precisely what is lacking in this case: “Rehabilitation consists of restoring a structure’s level of service by returning it to its original condition. The Concessionaire must rehabilitate the main components of the road infrastructure, namely the structures that make up the drainage system, such as culverts, headwalls, ditches, interceptor ditches, cross-drains, channels, road-surface camber, subdrains, etc.; the road surface, slopes, retaining structures, bridges, and reconstruction of road sections when necessary.”\n\nThe Concessionaire is also obligated to repair or replace missing or damaged right-of-way fencing to prevent intruders, and there is no evidence that it has done so in the area of conflict, pursuant to Clause 2.15.7.2, Periodic Maintenance, subsection b), of the Contract. Further, and no less importantly, the situation described involves an unauthorized access, and the Concessionaire is obligated to ensure that there are no unauthorized accesses to the highway. This follows from Clause 2.6, Unauthorized Accesses, of the contract, which states: “The Concessionaire must ensure that no unauthorized accesses exist on the highway, in accordance with Clause 1.11.5 of this Contract. To that end, it must build the barriers necessary to close existing illegal or unauthorized accesses or any that may be opened during the concession period.”\n\nClause 1.11.5, Illegal or Unauthorized Accesses, of the contract further provides: “The Concessionaire must build the permanent road barriers necessary to close existing illegal or unauthorized accesses. Throughout the concession period, the Concessionaire must maintain constant surveillance to prevent unauthorized accesses from being opened, for the same purpose. To ensure effective compliance with this provision, the Concessionaire shall have the support of national legislation and must coordinate with the relevant MOPT units to monitor, control, and sanction vehicles or persons that develop, build, or use these illegal accesses. The Granting Administration and the Public Authorities shall be required to cooperate with the Concessionaire in this regard, especially where it is indispensable to exercise the powers of authority and police powers of the Public Administration. If the Concessionaire’s actions to prevent and close Illegal or Unauthorized Accesses have been carried out in accordance with Costa Rican law, the Concessionaire shall not be liable to third parties for any damages they claim were caused by the closure of Illegal Accesses, unless those damages were directly caused by the Concessionaire’s negligence in fulfilling its contractual obligations. The Granting Administration shall indemnify the Concessionaire for any payment, expense, or duly substantiated and justified award of damages it must pay because of possible third-party claims brought in court or through administrative proceedings for the closure of Illegal or Unauthorized Accesses, unless these arise from the Concessionaire’s negligence in fulfilling its obligations. It shall also indemnify the Concessionaire for any loss it might incur because it is temporarily or permanently unable to close illegal accesses as a result of the referenced claims and legal actions, provided that the inability to close them results from a court order, administrative resolution, or legal provision. It shall also compensate any unforeseen costs arising when the physical inventory is conducted before the Commencement Order and that the Concessionaire demonstrates were not included in the original estimate for closing accesses. Throughout the concession period, the Concessionaire must maintain constant surveillance to prevent Illegal or Unauthorized Accesses from being opened, and the Granting Administration shall remain obligated to cooperate with the Concessionaire in this regard, especially where it is indispensable to exercise the powers of authority and police powers of the Public Administration. The Granting Administration shall inform the Concessionaire of applications by third parties for authorization of new accesses to the San José–Caldera highway in the future, in order to determine whether those accesses might affect the proper operation of the highway under the terms of the Concession Contract and to consider any recommendations it may submit, as well as observations on matters related to road safety and traffic flow.”\n\nIn light of the foregoing, the information provided to this Supervisor, and otherwise known to it, does not show what actual and effective steps the concessionaire has taken to solve the problem, even though it is obligated to monitor and protect the right-of-way and perform the maintenance and rehabilitation work necessary to ensure that the highway provides the expected level of service. The documents provided by the Concessionaire show only that it has asked the Administration about the situation, without specifying what particular assistance it requires. In this regard, the record does not show what rehabilitation work the Concessionaire has performed on the ditch to restore it to its original condition, or what steps it has taken to close the illegal highway access, which, as noted, is its responsibility. Nor has the Concessionaire established that it expressly requested coordination with the relevant MOPT units to monitor, control, and sanction the vehicles or persons that develop, build, or use the illegal access. Accordingly, this Supervisor recommends that the Administration require the Concessionaire to submit a genuine action plan to address the situation as appropriate and fulfill its contractual obligations. If the Concessionaire needs to coordinate specific actions with the CNC, the Administration should provide the assistance within its remit so that the matter can be effectively concluded.\n\nIt should also be noted that if damage to third parties results from inadequate maintenance—in this specific case, failure to clean the ditch—the Concessionaire is solely responsible for all damage or loss. This follows from Clause 1.11.4, Damage to Third Parties, of the contract, which states: “The Concessionaire is obligated to adopt all reasonable measures to prevent damage to third parties and to personnel working on construction of the work or operation of the service. It must also take every precaution to prevent damage to third-party property and the environment. The Concessionaire shall be solely responsible for all damage and loss, of any kind, that construction of the work or operation of the service causes to third parties, personnel working on the project, third-party property, or the environment, unless the damage is attributable to the Granting Administration because of measures it imposed on the Concessionaire. If third-party damage results from following the Granting Administration’s instructions, then for the exemption from liability to apply in favor of the Concessionaire, it must have formally and in writing warned the Granting Administration, before carrying out the order or instruction, of the effects that carrying it out may cause…”\n\nFinally, this Project Management Office, together with the Project Supervisor, visited the site on 20 September 2024 and found that conditions were practically identical to those described above. Therefore, the following steps are required: • Indicate the actions taken to restore the ditch to its original condition. • Indicate the actions taken to recover the right-of-way. • Indicate the actions taken to close the illegal access. • Prepare an action plan to address the situation comprehensively, namely, rehabilitate the ditch, close the illegal access, and recover the right-of-way, expressly identifying the activities for which coordination with the CNC and the MOPT is requested. The preceding photograph shows the problem Ms. Quesada has experienced from surface runoff entering her property. Because of the issues described above, she has had to carry out work on her property to prevent flooding caused by a third party having “closed” the natural water outlet.’”\n\nLikewise, in document SJC-2024-0900-DG addressed to the National Concessions Council, the general director of Autopistas del Sol stated: “The stormwater drainage blockage has become urgent because we have received no response from this Granting Administration to the repeated requests made regarding this irregularity (see letters SJ-C 2016-0455- DE, SJ-C 2016-0848-DT, SJ-C 2017-0973-DT, and SJ-C 2017-1154-DT). In addition to the actions taken by one of the owners adjacent to National Route No. 27, this request seeks to put an end to the alleged material and/or formal inactivity. In performing its duties, the Public Administration may violate the legal order and harm an individual’s rights and interests through action as well as omission. Thus, administrative material inactivity gives rise to illegality when the positive acts required of public authority are not performed efficiently.¹ Just as when it acts, the Administration must be sanctioned if the required activity, which must be carried out, is not implemented because of the inertia and omission of its organs. The primary aim of controlling administrative material inactivity must be to eradicate the ‘Code of Failure,’² thereby advancing the Administration’s responsibility for its actions and, all the more, its inaction. Administrative omissions consist of a Public Administration’s failure to fulfill a pre-existing obligation—imposed by the legal order or by its own act—that causes unlawful harm to the person administered.³\n\nIn this regard, since 2016 my client has informed your authority, in the letters identified in this same communication, that persons unrelated to the project obstructed the stormwater drainage system located at kilometer 57+200 in the Caldera–San José direction, and that this work was carried out within the right-of-way. That stormwater drainage system is part of the public infrastructure necessary for the safe and optimal operation of National Route No. 27, and its unilateral closure by one of the neighboring owners endangers the structural safety of the work, drivers, and residents. Pursuant to Article 17(a) of the General Law on the Concession of Public Works with Public Services, Article 50 of the General Regulations on the Concession of Public Works with Public Services, and Clause 1.14 of the Concession Contract, my client is entitled to request any assistance from your authority that may be necessary to achieve the objectives of the concession. Accordingly, my client has repeatedly requested your authority’s intervention to resolve this matter. See below: Letter SJ-C-2016-0455-DE dated 13 May 2016. Letter SJ-C-2017-0973-DT dated 31 October 2017. Letter SJ-C-2017-1154-DT dated 27 November 2017. Letter SJ-C 2017-0848-DT dated 25 August 2017.\n\nThe situation has also been brought to the attention on multiple occasions of GETINSA, the entity supervising performance of the concession commitments, which is familiar with the letters cited above. Despite the numerous notices, my client has received no response to its requests, which has worsened erosion in the area and even caused flooding of neighboring homes whose occupants were not responsible for blocking the stormwater drainage system. In this regard, the person responsible for obstructing the stormwater drainage system is Mr. [Nombre 002], holder of identity card number 2-0327-0405 and owner of property 2-346888-000. He has stated that he intentionally closed the drainage system because it was constructed without his consent, even though the drain existed long before he owned the property.\n\nWe consider the actions blocking the drain illegal because the applicable regulations, specifically Article 20 of the General Public Roads Law, provide: ‘Article 20: All holders of real property, under any title, are obligated to receive and allow water from roads to flow through their properties when the land’s slope so dictates. When their properties are adjacent to road drains, they must keep those drains clean, in perfect working order, and free of obstructions. If this obligation is not met, the Ministry or the Municipalities shall order the work to be carried out and collect the cost of the work plus a fifty percent (50%) surcharge. In regions where road projects or maintenance of existing roads may cause or intensify erosion or divert the natural drainage of fields, the Ministry of Public Works and Transport and the Municipalities shall coordinate with the Ministry of Agriculture on measures to protect the roads.’\n\nAccordingly, the property owner is legally required to receive and allow stormwater from National Route No. 27 to flow through his property. The buried drainage headwall, the rest of the earthworks, and the perimeter fence were all placed on the surface of the right-of-way, which is State property under Article 2 of the General Public Roads Law. Under no circumstances may your authority continue to permit these works to remain, because Article 28 of the General Public Roads Law provides: ‘The Ministry of Public Works and Transport and the Municipalities are strictly prohibited from granting permits or rights to occupy, enjoy, use, or simply possess the right-of-way of public roads, or from performing acts that in any way imply [use of] the same by individuals.’\n\nAdditionally, the illegal blockage of the stormwater drainage system is causing water to pool, erosion, and the resulting movement of sediment into the nearest rivers and streams. This situation also presents potential environmental harm that the authorities must prevent at an early stage, pursuant to Article 61 of the Organic Law of the Environment, which provides: ‘The competent authority shall issue the necessary preventive and corrective measures when incidents of environmental pollution or other circumstances not covered by this law occur.’\n\nTo remedy the situation, the Administration should proceed as required by Articles 2 bis and 19 of the General Public Roads Law, which provide: ‘Article 2 bis: Public entities competent to carry out maintenance and improvement works on the existing cantonal or national road network have the power, in the public interest and without prior authorization from the competent Ministry of Environment and Energy (Minae) bodies, to remove any obstacle located within a legally established right-of-way, without this constituting a violation of environmental regulations, provided that the right-of-way is outside protection areas and protected wild areas or the obstacle consists of protected trees. (…) Article 19: No construction or building of any kind may be carried out in front of existing or planned highways without prior authorization from the Ministry of Public Works and Transport, nor in front of neighborhood roads and streets without the written approval of the corresponding Municipality. Municipalities shall coordinate alignments along neighborhood roads with the Ministry, which shall establish the policy best serving the public interest. Along restricted-access or one-way highways, adjoining owners may access the highway only at the locations previously designated for that purpose or by means of frontage roads approved by the Ministry of Public Works and Transport.’\n\nThose who violate this article shall be subject to the fines prescribed by this law and shall have a non-extendable period of 15 days to remove the work at their own expense. After that period, the Ministry of Public Works and Transport may remove the construction without owing any amount for damages or losses. The Ministry of Public Works and Transport may remove, and even seize and place at the disposal of the competent authorities, any property found within the right-of-way for the purpose of its improper use. The Ministry’s order shall be notified by notice published in the Official Gazette. If those who encroach on or improperly use the right-of-way are owners of commercial or industrial establishments, the Ministry may also ask the relevant administrative authorities to cancel the license and close the establishment, and those authorities shall duly carry out that request. (…)”\n\nThus, it is clear that i) the works that obstructed the stormwater drainage system are illegal, ii) they endanger road infrastructure, driver safety, and the environment, and iii) the MOPT has the power to act immediately to restore the situation and even charge the property owner for repair costs. The MOPT must therefore proceed accordingly.\n\nBased on the foregoing factual and legal considerations, we ask the National Concessions Council and, generally, the Ministry of Public Works and Transport, within the non-extendable period of fifteen days from the filing of this application, to: ? Order the owner of property 2-346888-000 to reopen and keep operational the stormwater drainage system that was completely obstructed by work carried out from that property. ? If the owner has not reopened the stormwater drainage system within the non-extendable period of 15 days after the order is issued, have the Ministry of Public Works and Transport carry out the civil works needed to reopen that stormwater system.\n\nIn support of this request, the following documents, which form part of this Concessionaire’s administrative file, are attached to this submission: ? Letter SJ-C-2016-0455-DE, issued by my client on 13 May 2016, notifying the CNC that the stormwater drainage system had been blocked. ? Letter SJ-C 2017-0848-DT dated 25 August 2017, supplementing letter SJ-C-2016-0455. ? Letter SJ-C-2017-0973-DT, issued by my client on 31 October 2017, reiterating the matter and providing photographic evidence. ? Letter SJ-C-2017-1154-DT, issued by my client on 27 November 2017, informing the CNC that the supervisor had confirmed the irregularity and unauthorized use of the right-of-way.”\n\nFor its part, in letter CNC-APM-SJC-1093-2025 of 11 November 2025, addressed to the Director of Engineering of the MOPT Public Works Division, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area stated: “After extending cordial greetings, I wish to inform you that the Project Supervisor for National Route No. 27 has sent us report No. TPF-REG-225, which describes the obstruction and overflow of the longitudinal drainage system/ditches in the area at km 57+100, LI, on National Route No. 27. In addition, the Ministry of Health, through the Orotina Regional Directorate, has received complaints about overflow from water caused by the obstruction of the outlets for runoff from these structures, which discharged onto private property at the lowest point. The Concessionaire Company for National Route No. 27 also filed a complaint about this with the same Orotina Regional Directorate because, apparently, the owner of the property onto which water from the ditches flows obstructed the outlets, carried out fill work, and built an illegal access, for which he installed culvert pipes that do not meet the hydraulic cross-section of the ditches, causing flooding on neighboring properties. The Concessionaire Company prepared a historical satellite-photograph record, in which the outlet for water from the ditches can be clearly seen, followed by the fill work and closure of those water outlets on the property. Accordingly, your formal intervention is requested through the Department of Inspections and Demolitions, with the aim of determining whether the water outlets from the ditches and transverse culverts in the area were in fact closed, causing them to overflow and affecting surrounding properties, endangering road users and, primarily, causing the resulting public-health problems. In addition, verification is requested as to whether the landowner has the relevant permits from the Municipality, the Restricted-Access Roads Commission, the Ministry of Health, etc.”\n\nLikewise, by letter CNC-APM-SJC-1163-2025 of 25 November 2025, addressed to the mayor of Orotina, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area stated: “It is important to inform you that this Project Management Office is handling a complaint received from residents of the Coyolar district in the canton of Orotina, since the drainage system in the area at km 57+100, LI, was observed to have collapsed. It was confirmed that the ditch system is collapsing and causing a lateral spill that encroaches onto lane 2 in the Caldera–San José direction. The owner of the property recorded in cadastral plan No. 2-0023973-2025, in the name of Mr. [Nombre 002], apparently obstructed the drainage, causing damage to neighbors on properties in the surrounding area. It has been clearly observed that part of the right-of-way has been undermined by runoff that encroaches onto private properties, causing damage to third parties. In addition, development of “chinamos” can be seen in the area on one of the private properties, where illegal accesses are being built by installing pipes through sections of the ditch and placing concrete slabs above them. These pipes, which have inadequate hydraulic capacity, contribute to the overflow of surface runoff water, which also no longer has the lateral outlets originally constructed, as these were removed or closed by third parties. A review was conducted of the site’s aerial information using the available orthophoto, as well as the sector’s “As Built” plans. As shown below, the illegal access built by a third party “cuts off” the continuity of the longitudinal drainage system (ditch), reducing its hydraulic capacity because a pipe with a diameter much smaller than the ditch’s actual cross-section was installed. It is important to note that this closure is at kilometer 57+200 in the Caldera–San José direction and that the works were carried out within the right-of-way. This stormwater drainage system is part of the public infrastructure needed for the optimal and safe operation of National Route No. 27, and its unilateral closure by a property owner puts the structural safety of the works, drivers, and neighbors at risk. In this regard, under the San José–Caldera Highway Concession Contract, the Concessionaire has stated that the person responsible for obstructing the stormwater drainage is Mr. [Nombre 002], holder of identity card number 2-0327-0405, who owns property 2-346888-000 and has stated that he intentionally closed the drainage system because it was installed without his consent, even though the drainage existed long before he became the property owner. For that reason, the property owner has a legal duty to receive and allow stormwater from National Route No. 27 to flow through his property. The buried drainage headwall, the remaining earthworks, and the perimeter fence were all placed on the surface of the right-of-way, which is State property under Article 2 of the Ley General de Caminos. In addition, as indicated above, the illegal blockage of the stormwater drainage system is causing water ponding and erosion, with the resulting transport of sediment to the nearest rivers and streams. This situation therefore also presents potential environmental harm. In view of this situation, this Project Management Office requests that you inform us whether Mr. [Nombre 002] applied to that municipality for construction permits for the property recorded in cadastral plan A-0023973-2025. If so, please indicate the purpose of the permit, since the property owner does not have the relevant access permits from the Restricted-Access Roads Commission of the Ministry of Public Works and Transport.”\n\nFurthermore, by letter MO-DPDT-CU-426-2025 of 3 December 2025, the Head of Urban Control of the Municipality of Orotina replied to the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area as follows: “In response to letter CNC-APM-SJC-1163-2025 of 25 November, which was forwarded to me by the Mayor’s Office by letter MO-A-1415-25-2024-2028, I inform you that property number 2-346888-000, cadastral plan A-0570456-1999, has no municipal construction license. On the contrary, the works have been closed, as documented in inspection report MO-A-DPDT-GT-INSP-235-2025 of 21 April 2025, because they do not have a municipal construction license.”\n\nFor its part, in letter CARTA-CNC-APM-SJC-0084-2026 of 28 January 2026, addressed to the applicant, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area stated: “Regarding the case concerning you and the flooding on your property, this Project Management Office, together with the Concessionaire Company and the Project Supervisor, is aware of the situations occurring in the area at km 57+100 LI. It has been confirmed that the ditch system is collapsing and causing a lateral spill that encroaches onto lane 2 in the Caldera–San José direction. Likewise, it is clearly apparent that part of the right-of-way has been undermined by runoff that encroaches onto private properties, causing damage to third parties, as in the case similarly reported by Mr. Carlos Leitón Casasola. In addition, construction can be seen in the area on a private property, creating illegal accesses to National Route No. 27 by installing pipes through sections of the ditch and placing concrete slabs above them. These pipes, which have inadequate hydraulic capacity, contribute to the overflow of surface runoff water, which also no longer has the lateral outlets originally constructed, as these were removed or closed by third parties. A review was also conducted of the site’s aerial information using the available orthophoto, as well as the sector’s ‘As Built’ plans. In view of this, the illegal access built by a third party, shown below, ‘cuts off’ the continuity of the longitudinal drainage system (ditch), reducing its hydraulic capacity because a pipe with a diameter much smaller than the ditch’s actual cross-section was installed. (…) It is important to note that persons unrelated to the project have obstructed the stormwater drainage system at kilometer 57+200 in the Caldera–San José direction, and that the works were carried out within the right-of-way. This stormwater drainage system is part of the public infrastructure needed for the optimal and safe operation of National Route No. 27, and its unilateral closure by one of the neighboring property owners puts the structural safety of the works, drivers, and neighbors at risk. In this regard, an investigation determined that Mr. [Nombre 002], holder of identity card number 2-0327-0405 and owner of property 2-346888-000, caused the closure of the drainage system, as well as the construction of an illegal access to the concessioned road, as a result of construction on his property. Those works lack municipal authorization according to letter MODPDT-CU-426-2025 from the Municipality of Orotina and report MO-A-DPDT-GT-INSP-235-2C25. For that reason, the property owner has a legal duty to receive and allow stormwater from National Route No. 27 to flow through his property. The buried drainage headwall, the remaining earthworks, and the perimeter fence were all placed on the surface of the right-of-way, which is State property under Article 2 of the Ley General de Caminos. In addition, the illegal blockage of the stormwater drainage system is causing water ponding and erosion, with the resulting transport of sediment to the nearest rivers and streams. This situation therefore also presents potential environmental harm. Note, then, how the illegal construction carried out by Mr. [Nombre 002] has caused a health problem for residents of the area, as shown in the following photographs: (…) \n\n“On the other hand, on 23 October 2025, a virtual meeting was held with the participation of the San Mateo de Orotina Health Area, officials of the Concessionaire Company, and this Council. The meeting addressed a health complaint caused by closure of the natural water outlet and obstruction of several ditches, which was processed by the company Autopistas del Sol S.A. As can be seen, the current blockage of the stormwater system and construction of the legal access are understood to have caused flooding on neighboring properties, including yours. However, as stated, this Project Management Office, together with the Concessionaire Company and the Project Supervisor, as well as entities related to this matter, has clearly identified the situation and is coordinating efforts to restore the hydraulic functioning of the stormwater system and prevent damage to property owners.”\n\nBy letter CARTA-CNC-APM-SJC-0117-2026 of 5 February 2026, addressed to the Director of Planning and Territorial Development of the Municipality of Orotina, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area recorded: “Accordingly, it is important to note that the Project Management Office, together with the Project Supervisor and the Concessionaire Company, has been fully coordinating efforts to address the flooding caused by Mr. [Nombre 002]’s unilateral closure of the stormwater system, as well as the illegal access built for the chinamos on his property. This is not solely a technical matter, but also a legal matter that warrants study and analysis of the situation. Therefore, efforts are being made to find a functional solution that may benefit the property owners and ensure that the works permanently resolve the flooding problems caused by third parties, which have affected the area’s road infrastructure without the required authorization.”\n\nIn addition, in letter MOPT-02-07-01-195-2026 of 26 May 2026, the engineer from the MOPT Department of Road Inspections and Demolitions concluded: “As part of this intervention, the information provided and that collected in the field has been analyzed. It was determined that illegal accesses and unauthorized obstructions exist, altering the drainage system of National Route No. 27, causing damage to third parties and posing a risk to users. In view of this situation, the case was transferred to Lic. David Soto Solano, who is in charge of legal proceedings for the Department of Road Inspections and Demolitions, so that the corresponding administrative acts may be prepared and communicated to the owner of the land concerned, with the aim of restoring the road’s original conditions.”\n\nLikewise, by letter CARTA-CNC-APM-SJC-0679-2026 of 26 May 2026, the SJC Project Manager of the National Concessions Council’s Ongoing Projects Area stated: “Regarding the alleged alteration of the stormwater drainage system at kilometer 57 of Route 27: It is technically true that recurrent hydraulic failure occurs at kilometer 57+100, left side (LI), of National Route 27, in the Coyolar area of Orotina, Alajuela, causing stormwater runoff to spill onto adjacent properties. Nevertheless, this Council categorically rejects the claim that the problem stems from a design defect, lack of maintenance, or alteration of the public works attributable to the National Concessions Council or the concessionaire Globalvía Ruta 27 S.A. Field inspections unequivocally determined that the problem is caused by the plugging and unilateral closure of the road’s longitudinal stormwater drainage system and natural outlets, carried out illegally by a private property owner who is a neighbor within the right-of-way and on the adjoining property. Regarding the nature of and alleged disobedience of administrative decision No. CU-426-2025: The applicant makes a serious factual and conceptual error by alleging that the National Concessions Council ‘failed to comply with and obey administrative decision No. CU-426-2025.’ There is no final administrative act, sanctioning decision, or order to carry out works issued by this Council or the Project Management Office bearing that designation. The document identified by the applicant as decision ‘CU-426-2025’ is in fact letter MO-DPDT-CU-426-2025, issued on 3 December 2025 by the Planning and Territorial Development Directorate of the Municipality of Orotina. That letter contains no order directed to the National Concessions Council and does not acknowledge civil or contractual liability on the part of the Costa Rican State; on the contrary, it is a formal response proactively requested by this Project Management Office to certify that the works carried out by the offending third party on property number 2-346888-000 lack municipal licenses and have been officially closed by the local government. Regarding the alleged inaction and lack of effective measures by the respondent entities: It must be clear that this Project Management Office rejects the existence of a state of administrative passivity or omission. The National Concessions Council, through this Ruta 27 Project Management Office, the Project Supervisor, and the Concessionaire Company, has undertaken intensive oversight, technical, and interagency activity since the problem was detected. The chronological account of these efforts shows that all relevant administrative avenues have been exhausted to compel the offending owner to reopen the closed stormwater systems. The apparent lack of a definitive solution does not result from State inaction, but from the limits that the principle of legality imposes on the public administration, which cannot unilaterally enter private property without due process or usurp the exclusive powers over construction held by the Municipality of Orotina or the demolition powers of the MOPT Road Prevention Directorate. Regarding the persistence of flooding and the risk to vulnerable populations: This Project Management Office shares the concern about the impact on families in the Coyolar area of Orotina. It was precisely because of this impact on road safety and the residents’ public health that the Project Management Office coordinated directly with the San Mateo de Orotina Health Area to address the relevant health complaint. Nevertheless, it reiterates that the direct cause of this impact lies in informal commercial works built by a private individual, who is also legally obligated to receive and allow stormwater from the national highway, which has historically crossed the area, to flow through his property. To clarify the divergence between the applicant’s arguments and the reality verified by the administration, the following table of facts is presented: (…) Technical breakdown of the stormwater obstruction at kilometer 57: The topographic, aerial, and cadastral analysis carried out by the Ruta 27 Project Management Office and the TPF Getinsa Euroestudios Consortium Supervisor precisely identified the physical cause of the stormwater overflow affecting Ms. [Nombre 001]. According to the technical report included in letter CARTA-CNC-APM-SJC-0084-2026, the following was conclusively determined: ‘…construction can be seen in the area on a private property, creating illegal accesses to National Route No. 27 by installing pipes through sections of the ditch and placing concrete slabs above them. These pipes, which have inadequate hydraulic capacity, contribute to the overflow of surface runoff water, which also no longer has the lateral outlets originally constructed, as these were removed or closed by third parties.’ The emphasis is not part of the original. The cadastral investigation and registry study determined that Mr. [Nombre 002] was the person who physically and intellectually caused the closure of this drainage system. Mr. [Nombre 002] is the registered owner of the adjoining property registered in the province of Alajuela as property number 346888-000 (cadastral plan A-0570456-1999). On that property, the offender erected commercial buildings without approved plans or the required licenses from the Municipality of Orotina. While carrying out the works, Mr. [Nombre 002] performed earthworks and altered the natural grading of the land, going so far as to completely bury the headwall of the transverse stormwater system that discharges at kilometer 57+200 of National Route 27. In addition, the property owner installed perimeter fences and deposited construction materials on the strip of land legally designated as the right-of-way, which constitutes State public property under Article 2 of the Ley General de Caminos Públicos. These unlawful actions constitute a clear abuse of the right of ownership by Mr. [Nombre 002], who is required under the rules governing civil matters and public roads to tolerate and allow the flow of stormwater runoff from the national highway. Detailed chronology of oversight and enforcement actions: Contrary to the image of passivity described by the applicant, this Council has continuously carried out a series of technical and oversight actions intended to pressure the offender and the other competent authorities to restore the road’s original stormwater flow. Final points: Public administration in Costa Rica is strictly governed by the principle of legality, enshrined in Article 11 of the Political Constitution and the Ley General de la Administración Pública. Under this principle, the National Concessions Council’s authorities lack the power to enter private property unilaterally to demolish buildings or remove soil by force. Costa Rican law does not grant them powers of authority or forced execution for these purposes; those territorial-control and demolition powers are reserved exclusively to local governments and specific MOPT departments, such as Road Prevention and Inspections and Demolitions. The Ruta 27 Project Management Office has acted with the utmost diligence that could reasonably and promptly be expected of a concession-granting body. There has been no passivity or negligence, since health complaints before the Ministry of Health and demolition and closure files before the Ministry of Public Works and Transport and the Municipality of Orotina have been actively documented and pursued, even resulting in the final municipal closure of the offending Mr. [Nombre 002]’s illegal works as of April 2025. The continued flooding on Ms. [Nombre 001]’s property is due solely and exclusively to Mr. [Nombre 002]’s refusal to comply with the law and reopen the headwall of the transverse culvert that he buried on his property and within the public right-of-way. Therefore, the inaction is not attributable to this Council, which lacks direct subject-matter jurisdiction to carry out physical demolitions on its own initiative on private property without the proper involvement of the municipal police or MOPT’s central departments. In this regard, the MOPT Department of Road Inspections and Demolitions, in a document entitled MOPT-02-07-01-195-2026, reports on the work carried out in response to case 2025-629-D. Its final conclusions and recommendations state: ‘As part of this intervention, the information provided and that collected in the field has been analyzed. It was determined that illegal accesses and unauthorized obstructions exist, altering the drainage system of National Route No. 27, causing damage to third parties and posing a risk to users. In view of this situation, the case was transferred to Lic. David Soto Solano, who is in charge of legal proceedings for the Department of Road Inspections and Demolitions, so that the corresponding administrative acts may be prepared and communicated to the owner of the land concerned, with the aim of restoring the road’s original conditions. Notification will be carried out on 28 May 2026.’ The emphasis is not part of the original.”\n\nIn this regard, note that the authorities agree in stating that they are aware of the problem reported by the amparo applicant, and they even indicate that the situation has environmental implications. Moreover, although the matter has been processed, it remains true that there is no record of concrete actions to resolve the problem of alteration and obstruction of a stormwater drainage system.\n\nIn light of this, the appropriate course is to grant the amparo application in all respects. (…)" }