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  "id": "nexus-ext-1-0007-390854",
  "citation": "Res. 32059-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Requisitos para exigir medidas estatales de protección ambiental",
  "title_en": "Requirements for Demanding State Environmental Protection Measures",
  "summary_es": "La Sala Constitucional recuerda que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado exige el uso racional de los recursos y que el Estado adopte medidas idóneas de protección, conforme al principio precautorio y dentro del ámbito permitido por la ley. El deber objetivo de proteger el ambiente no concede, por sí solo, un derecho subjetivo a exigir judicialmente una medida estatal determinada. Mediante recurso de amparo, puede reclamarse una actividad prestacional específica para proteger la vida, la salud o el ambiente cuando se verifique claramente un peligro inminente para esos derechos. La intervención constitucional también requiere inercia comprobada de los órganos estatales competentes ante demandas formuladas por los habitantes. El fragmento suministrado expone este criterio jurisprudencial, pero no incluye el resto de la resolución ni su parte dispositiva.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) recalls that the right to a healthy and ecologically balanced environment requires rational use of resources and that the State adopt suitable protective measures, in accordance with the precautionary principle and within the limits permitted by law. The State’s objective duty to protect the environment does not, by itself, grant an individual right to demand a particular state measure through the courts. An amparo proceeding may seek specific state action to protect life, health, or the environment when an imminent danger to those rights is clearly established. Constitutional intervention also requires proven inaction by the competent state bodies in response to residents’ demands. The supplied excerpt states this jurisprudential criterion but does not include the remainder of the ruling or its operative disposition.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "20/08/2026",
  "year": "2026",
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  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "principio precautorio",
    "ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
    "peligro inminente",
    "inercia estatal",
    "obligación objetiva de protección ambiental"
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  "keywords_es": [
    "derecho a un ambiente sano",
    "principio precautorio",
    "recurso de amparo",
    "peligro inminente",
    "inercia estatal",
    "protección ambiental"
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  "keywords_en": [
    "right to a healthy environment",
    "precautionary principle",
    "amparo proceeding",
    "imminent danger",
    "state inaction",
    "environmental protection"
  ],
  "excerpt_es": "La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas.",
  "excerpt_en": "The State’s objective duty in environmental protection does not necessarily entail an individual right to demand through the courts that a particular measure be taken, but it does entail the right to have suitable measures adopted to protect that right in the face of openly negligent conduct by public authorities or by natural or legal persons. The State thus has an obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as areas that harm the environment; it may do so through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the ability to demand through an amparo proceeding a specific form of state action in fulfilment of its duty to protect the life, health, or environmental rights of its inhabitants is limited to cases where an imminent danger to those rights is clearly established.",
  "outcome": {
    "label_en": "Cited criterion",
    "label_es": "Criterio citado",
    "summary_en": "The excerpt states that an amparo may seek specific state environmental-protection action when imminent danger and inaction by the competent bodies are clearly established, but it does not include the ruling’s operative disposition.",
    "summary_es": "El fragmento establece que el amparo puede exigir una actuación estatal específica de protección ambiental cuando se comprueba claramente un peligro inminente y la inercia de los órganos competentes, pero no contiene la parte dispositiva de la resolución."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "This principle obliges the State to take all necessary measures, within the scope permitted by law, to prevent irreversible environmental damage.",
      "quote_es": "Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente"
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Intervention by the constitutional jurisdiction is viable only where inaction by the State, through its competent bodies, has been established.",
      "quote_es": "La injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes"
    }
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  "cited_by": [],
  "references": {
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-390854",
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  "is_environmental": true,
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  "body_es_text": "ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) V.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y\nECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta\nSala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y\necológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel\nconstitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que\nel ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados\nde manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente,\nsegún el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio\nobliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito\npermitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles\nal ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales\npropicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este\nderecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social\n(véase Sentencia Nº 1998-180 de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998). La\nobligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja,\nineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los\norganismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten\nlas que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente\nnegligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y\njurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas\nde la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia\nfísica de los habitantes de su territorio así como también aquellas que\nvulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos,\nacuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos\nadministrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a\ntravés del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por\nparte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o\nderecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara\nverificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De\nlo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional\nsolamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus\nórganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos\nrealicen los habitantes del país (ver Sentencia N° 2014-002127). (…)”\nVCG09/2026",
  "body_en_text": "ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) V.—ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. On repeated occasions, the case law of this Constitutional Chamber has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and under international law. It has stated that the legitimate exercise of this right requires resources to be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment under the precautionary principle that governs environmental matters. This principle requires the State to take all measures necessary, within the limits permitted by law, to prevent irreversible environmental damage. To that end, the State is responsible for creating favorable social conditions so that everyone can enjoy health, understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being (see Judgment Nº 1998-180, issued at 16:24 on 13 January 1998). The State’s objective duty to protect the environment does not necessarily entail an individual right to demand, through the judicial authorities, that a particular measure be taken; it does, however, entail a right to have measures suited to protecting that right adopted in the face of openly negligent conduct by public authorities or by natural or legal persons. Accordingly, the State has an obligation to regulate areas of social life that may give rise to dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory, as well as areas that may harm the environment. It may do so through laws, regulations, agreements, or other measures relating to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of demanding through an amparo proceeding that the State provide a specific type of service in fulfillment of its duty to protect the life, health, or environmental rights of its inhabitants is limited to cases where an imminent danger to those rights is clearly established. It follows that intervention by the constitutional jurisdiction is appropriate only when the inaction of the State, through its competent bodies, in addressing demands made by the country’s inhabitants in the exercise of their rights has been established (see Judgment N° 2014-002127). (…)”\n\nVCG09/2026"
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