{ "id": "nexus-ext-1-0007-391111", "citation": "Res. 33851-2026 Sala Constitucional", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "constitutional_decision", "title_es": "Interrupciones del agua potable en Calle Cambronero", "title_en": "Potable Water Interruptions on Calle Cambronero", "summary_es": "La Sala Constitucional reconoce que el acceso al agua potable es un derecho fundamental vinculado con la vida, la salud y otros derechos, y que puede exigirse cuando razonablemente corresponda brindar el servicio. En el caso, vecinos de Calle Cambronero, Alajuelita, denunciaron interrupciones recurrentes y prolongadas, incluido un periodo de tres semanas sin agua. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) conocía la afectación, pero ordenó repartir agua mediante cisternas solo después de notificarse el amparo y presentó un cronograma de obras sin certeza de ejecución. La Sala declaró con lugar el recurso por la omisión de asegurar un abastecimiento adecuado. Según el encabezado de la resolución, ordenó suministrar agua de inmediato y solucionar la infraestructura en un plazo de dos meses y dos semanas.", "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) recognizes access to potable water as a fundamental right linked to life, health, and other rights, enforceable when providing the service is reasonably required. In this case, residents of Calle Cambronero, Alajuelita, reported recurring, prolonged interruptions, including a three-week period without water. The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) knew of the problem but ordered water deliveries by tanker only after being notified of the amparo proceeding, and presented a works schedule without certainty that the work would be carried out. The Chamber granted the amparo because the authority had failed to ensure an adequate water supply. According to the ruling’s heading, it ordered immediate water supply and resolution of the infrastructure problem within two months and two weeks.", "court_or_agency": "Sala Constitucional", "date": "03/09/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "recurso de amparo", "derecho fundamental al agua potable", "servicios públicos básicos", "abastecimiento mediante camiones cisterna", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)", "Sala Constitucional" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "derecho fundamental al agua potable", "servicios públicos básicos", "interrupción del suministro de agua", "abastecimiento mediante cisternas", "Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", "amparo ambiental", "derecho a la salud", "derecho a la vida", "Alajuelita", "Calle Cambronero" ], "keywords_en": [ "fundamental right to potable water", "basic public services", "water supply interruption", "tanker water deliveries", "Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers", "amparo proceeding", "right to health", "right to life", "Alajuelita", "Calle Cambronero" ], "excerpt_es": "Del elenco de hechos probados, se verifica que las autoridades del ICAA tienen pleno conocimiento de la problemática reclamada por los recurrentes, toda vez que reconocen que han emitido 20 boletines por medios interactivos en el sector afectado y aproximadamente, 21 boletines, en lugares aledaños, con la finalidad de comunicar la afectación que se presenta. Sin embargo, se desprende que fue con posterioridad a la notificación de este proceso que dieron la orden de repartir diariamente agua potable a través de camiones cisterna en el tramo afectado. Lo anterior, evidencia una omisión por parte de la autoridad recurrida en adoptar medidas inmediatas para garantizar un adecuado abastecimiento pese a las irregularidades y a las afectaciones detectadas.\n\nAsí las cosas, el Tribunal constata que llevan razón los recurrentes en sus reclamos, por tal razón lo procedente es acoger este recurso y ordenarle al ICAA, que realicen las coordinaciones correspondientes y ejecuten los actos necesarios para garantizar que los habitantes de la comunidad cuenten con acceso a agua potable.", "excerpt_en": "The proven facts show that the ICAA authorities had full knowledge of the problem raised by the applicants, since they acknowledge issuing 20 notices through interactive channels in the affected sector and approximately 21 notices in nearby areas to communicate the disruption. However, it appears that they ordered daily potable water deliveries by tanker to the affected stretch only after being notified of this proceeding. This shows that the respondent authority failed to take immediate measures to ensure an adequate supply despite the irregularities and harm identified.\n\nAccordingly, the Court finds that the applicants’ complaints are well-founded. It therefore grants this amparo application and orders the ICAA to make the necessary arrangements and carry out the necessary actions to ensure that community residents have access to potable water.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The Chamber granted the amparo and ordered immediate potable water supply and resolution of the infrastructure problem within two months and two weeks, according to the ruling’s heading.", "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó garantizar de inmediato el suministro de agua potable y solucionar la infraestructura en dos meses y dos semanas, según el encabezado de la resolución." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "This does not mean that the fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State can reasonably be expected to provide them, rights holders may demand them.", "quote_es": "De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "nexus-sen-1-0007-242094", "kind": "related_voto", "label": "" }, { "target_id": "nexus-sen-1-0007-1402797", "kind": "related_voto", "label": "" } ], "external": [ { "ref_id": "nexus-sen-1-0007-1410968", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0007-1410968" } ] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-391111", "tier": 2, "is_environmental": true, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0007-242094", "sen-1-0007-1402797", "sen-1-0007-1410968" ], "temas_y_subtemas": [ { "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "AGUA POTABLE" } ], "id": 1, "nombre": "SERVICIOS PÚBLICOS" } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "033851-26. SERVICIOS PÚBLICOS. SE DENUNCIAN INTERRUPCIONES CONSTANTES Y PROLONGADAS DEL SUMINISTRO EN CALLE CAMBRONERO DE ALAJUELITA, INCLUIDO UN PERIODO DE TRES SEMANAS CONSECUTIVAS SIN SERVICIO. AYA CONOCÍA LA PROBLEMÁTICA, PERO SOLO ORDENÓ EL ABASTECIMIENTO MEDIANTE CISTERNAS DESPUÉS DE NOTIFICARSE EL AMPARO Y NO GARANTIZÓ LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEFINITIVAS, CON LO CUAL LESIONÓ LOS DERECHOS AL AGUA, LA VIDA Y LA SALUD. SE DECLARA CON LUGAR Y SE ORDENA SUMINISTRAR AGUA DE FORMA INMEDIATA Y SOLUCIONAR LA INFRAESTRUCTURA EN DOS MESES Y DOS SEMANAS. VCG09/2026\n\n“(…) III.-\nSobre el derecho fundamental al agua potable. Este Tribunal ha reconocido, en\nsu jurisprudencia, que el derecho a la salud y a la vida, son derechos\nfundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los\nórganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar por que la\nsociedad, como un todo, no los vea mermados. En efecto, la Sala ha dispuesto\nanteriormente que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho\nfundamental al suministro de agua potable. Así, en la sentencia nro.\n2003-004654 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003, reiterada en la\nsentencia nro. 2026-027563 de las 09:25 horas del 21 de julio de 2026, se\ndispuso lo siguiente:\n\n“V.- La Sala\nreconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al\nagua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al\nmedio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal\ncomo ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos\nHumanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención\nsobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer\n(art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se\nenuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El\nCairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional\nHumanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se\nencuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el\nartículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos\nHumanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (\"Protocolo\nde San Salvador\" de 1988), el cual dispone que:\n\n‘Artículo\n11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en\nun medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’.\n\nAdemás,\nrecientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la\nONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser\nimprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la\nrealización de todos los demás derechos humanos.\n\nVI.- Del\nanterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados\na la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que\nimplican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las\npersonas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la\ntitularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado\nle suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y\ndondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de\nSan Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas,\nconforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:\n\nLos Estados\nPartes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre\nDerechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden\ninterno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica\ny técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su\ngrado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la\nlegislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en\nel presente Protocolo’ .\n\nDe esto\ntampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios\npúblicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando\nrazonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden\nexigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los\nparticulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de\nrecursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el\nincumplimiento de sus cometidos”.\n\nDe lo\nanterior, se colige que el denominado derecho fundamental al agua, debe\nconcederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan\nla posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua\npotable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana\n(ver en ese sentido las sentencias nro. 2026-022312 de las 09:30 horas del 19\nde junio de 2026 y nro. 2026-027563 de las 09:25 horas del 21 de julio de\n2026).\n\nIV.- Sobre\nel caso concreto. En la especie, se tiene como hecho incontrovertido al no\nhaber sido refutado por los recurridos que los recurrentes son vecinos de la\ncomunidad de Alajuelita, Calle Cambronero, quienes han sufrido una problemática\nen el suministro del servicio de agua, por cuanto se ha visto interrumpida por\nmaniobras operativas que permitirán una mejor distribución del agua en el\nacueducto.\n\nDel elenco\nde hechos probados, se verifica que las autoridades del ICAA tienen pleno\nconocimiento de la problemática reclamada por los recurrentes, toda vez que\nreconocen que han emitido 20 boletines por medios interactivos en el sector\nafectado y aproximadamente, 21 boletines, en lugares aledaños, con la finalidad\nde comunicar la afectación que se presenta. Sin embargo, se desprende que fue\ncon posterioridad a la notificación de este proceso que dieron la orden de\nrepartir diariamente agua potable a través de camiones cisterna en el tramo\nafectado. Lo anterior, evidencia una omisión por parte de la autoridad\nrecurrida en adoptar medidas inmediatas para garantizar un adecuado\nabastecimiento pese a las irregularidades y a las afectaciones detectadas.\n\nEn vista de\nque los recurridos expusieron que un cronogramada con las alternativas para\nsolucionar la problemática denunciada, la cual contemplan que se llevará a cabo\nen un plazo entre 5 a 10 semanas, dependiendo de las acciones que deba\nimplementar; sin embargo, como no se cuenta con una certeza de que las obras se\nvayan a ejecutar como se indica lo corrector es que la problemática se solvente\nmientras que se continúen adoptando acciones paliativas mientras la\nproblemática de fondo persista.\n\nAsí las\ncosas, el Tribunal constata que llevan razón los recurrentes en sus reclamos,\npor tal razón lo procedente es acoger este recurso y ordenarle al ICAA, que\nrealicen las coordinaciones correspondientes y ejecuten los actos necesarios\npara garantizar que los habitantes de la comunidad cuenten con acceso a agua\npotable. (…)”", "body_en_text": "033851-26. PUBLIC SERVICES. CONSTANT AND PROLONGED INTERRUPTIONS TO THE WATER SUPPLY ARE REPORTED ON CALLE CAMBRONERO IN ALAJUELITA, INCLUDING A PERIOD OF THREE CONSECUTIVE WEEKS WITHOUT SERVICE. AYA KNEW OF THE PROBLEM, BUT ORDERED WATER DELIVERIES BY TANKER TRUCKS ONLY AFTER THE AMPARO APPLICATION WAS NOTIFIED, AND DID NOT ENSURE THAT THE PERMANENT WORKS WOULD BE CARRIED OUT, THEREBY VIOLATING THE RIGHTS TO WATER, LIFE, AND HEALTH. THE APPLICATION IS GRANTED, AND THE AUTHORITIES ARE ORDERED TO SUPPLY WATER IMMEDIATELY AND RESOLVE THE INFRASTRUCTURE PROBLEM WITHIN TWO MONTHS AND TWO WEEKS. VCG09/2026\n\n“(…) III.-\nOn the fundamental right to drinking water. This Court has recognized in its case law that the rights to health and life are fundamental human rights that depend on access to drinking water, and that the competent authorities have an inescapable responsibility to ensure that society as a whole does not suffer any impairment of those rights. Indeed, the Chamber has previously held that, as part of the Law of the Constitution, there is a fundamental right to the supply of drinking water. Thus, judgment no. 2003-004654, issued at 15:44 on 27 May 2003, reiterated in judgment no. 2026-027563, issued at 09:25 on 21 July 2026, held as follows:\n\n“V.- The Chamber recognizes, as part of the Law of the Constitution, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica: it is expressly included in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); it is also set out in the International Conference on Population and Development held in Cairo (Principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within the Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (the 1988 ‘Protocol of San Salvador’), which provides:\n\n‘Article 11. Right to a healthy environment. 1. Everyone has the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services.’\n\nFurthermore, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recently reiterated that access to water is a human right which, besides being indispensable to living a healthy life, is a requirement for the realization of all other human rights.\n\nVI.- The foregoing legal framework gives rise to a series of fundamental rights linked to the State’s obligation to provide basic public services. This means, on the one hand, that people may not be unlawfully deprived of them. On the other hand, as in the case of drinking water, it cannot be maintained that every individual holds an enforceable right to have the State provide the public water service immediately and wherever they may be. Rather, in the manner provided for in the Protocol of San Salvador itself, these rights require States to adopt measures, as set out in Article 1 of that Protocol:\n\n‘The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among States, especially economic and technical cooperation, to the maximum of their available resources and taking into account their level of development, in order to achieve progressively, and in accordance with their domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol.’\n\nNor can this be interpreted to mean that the fundamental right to public services is not concretely enforceable. On the contrary, when the State can reasonably be expected to provide them, those who hold the right may demand them, and public administrations—or, where applicable, private parties providing the services in their place—cannot shelter behind alleged resource shortages, which has long been the public excuse for justifying the failure to fulfill their duties.”\n\nIt follows from the foregoing that the so-called fundamental right to water must be granted to all persons. This means that all individuals must have the opportunity to access drinking water services on equal terms, since water is essential to human life and health (see, in this regard, judgments no. 2026-022312, issued at 09:30 on 19 June 2026, and no. 2026-027563, issued at 09:25 on 21 July 2026).\n\nIV.- On the specific case. In this matter, it is an undisputed fact, as the respondents did not refute it, that the applicants are residents of the community of Alajuelita, Calle Cambronero, and have experienced problems with the water service because it has been interrupted by operational measures intended to improve water distribution in the aqueduct.\n\nThe proven facts show that the ICAA authorities are fully aware of the problem raised by the applicants, since they acknowledge having issued 20 bulletins through interactive media in the affected area and approximately 21 bulletins in nearby locations to communicate the disruption. However, it appears that it was only after notice of this proceeding that they ordered drinking water to be delivered daily by tanker trucks to the affected stretch. This demonstrates an omission by the respondent authority in taking immediate measures to ensure an adequate supply despite the detected irregularities and impacts.\n\nGiven that the respondents stated that there was a schedule of alternatives for resolving the reported problem, which they expect to carry out within a period of 5 to 10 weeks, depending on the actions to be implemented, and since there is no certainty that the works will be carried out as indicated, the proper course is to resolve the problem while continuing to take mitigating measures for as long as the underlying problem persists.\n\nAccordingly, the Court finds that the applicants’ claims are well-founded. Therefore, this application should be granted, and the ICAA should be ordered to make the necessary arrangements and carry out the acts needed to ensure that the residents of the community have access to drinking water. (…)”" }