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  "id": "nexus-ext-1-0007-391144",
  "citation": "Res. 33874-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Plazo razonable para resolver denuncias municipales",
  "title_en": "Reasonable Time to Resolve Municipal Complaints",
  "summary_es": "La Sala Constitucional explica que, aunque normalmente remite a la jurisdicción contencioso-administrativa las controversias sobre plazos de procedimientos administrativos, conoce en amparo una presunta omisión municipal al resolver una denuncia. Señala que el artículo 41 de la Constitución exige a la Administración decidir los reclamos con diligencia y celeridad, comunicar lo resuelto y hacerlo dentro de un plazo razonable. La razonabilidad se valora caso por caso, considerando, entre otros elementos, la complejidad técnica, la prueba pendiente y el grado de afectación a la persona o al ambiente. El fragmento identifica la denuncia ante la Municipalidad de Alajuelita por construcciones ilegales, aguas residuales, filtraciones y disposición de residuos, presentada desde agosto de 2022, y la alegación de que aún no había resolución definitiva al interponerse el amparo. No incluye la parte dispositiva ni permite determinar si el amparo fue declarado con lugar.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) explains that, although it generally refers disputes about administrative-procedure deadlines to the administrative-litigation jurisdiction, it hears by amparo a claim of municipal inaction in resolving a complaint. It states that Article 41 of the Constitution requires the Administration to decide claims diligently and promptly, notify interested parties of its decision, and do so within a reasonable time. Reasonableness is assessed case by case, considering, among other factors, technical complexity, outstanding evidence, and the degree of impact on a person or the environment. The excerpt identifies a complaint to the Municipality of Alajuelita about illegal construction, wastewater, seepage, and waste disposal, filed in August 2022, and the allegation that no final decision had been issued when the amparo was filed. The excerpt does not include the operative disposition, so it does not establish whether the amparo was granted.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "03/09/2026",
  "year": "2026",
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  "primary_topic_id": null,
  "es_concept_hints": [
    "recurso de amparo",
    "justicia pronta y cumplida",
    "plazo razonable",
    "jurisdicción contencioso-administrativa",
    "denuncia administrativa",
    "artículo 41 constitucional"
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  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "artículo 41 constitucional",
    "justicia pronta y cumplida",
    "plazo razonable",
    "amparo ambiental",
    "denuncia municipal",
    "Municipalidad de Alajuelita",
    "aguas residuales",
    "disposición de residuos",
    "jurisdicción contencioso-administrativa"
  ],
  "keywords_en": [
    "Article 41 of the Constitution",
    "prompt and effective justice",
    "reasonable time",
    "environmental amparo",
    "municipal complaint",
    "Municipality of Alajuelita",
    "wastewater",
    "waste disposal",
    "administrative-litigation jurisdiction"
  ],
  "excerpt_es": "La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizar a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicar a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter \"razonable\" de la duración de la actividad administrativa se determina, casuísticamente, con base en diversos elementos, tales como: la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino, más bien, un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.",
  "excerpt_en": "In light of Article 41 of the Constitution, the Administration has an obligation to guarantee people prompt and effective justice. In administrative justice, this entails deciding claims submitted by members of the public diligently and promptly, ensuring that the decision addresses the matters alleged, and notifying interested parties of what was decided, all within a reasonable time. The \"reasonableness\" of the duration of administrative activity is determined case by case on the basis of various factors, such as the technical complexity of the administrative matter, the amount of evidence to be taken, or the degree of impact of the challenged act on the person or the environment. This means there is no strict right to constitutionalize deadlines; rather, there is a right to constitutional review of Administration actions where there are insufficient grounds to justify the time taken to resolve an administrative request.",
  "outcome": {
    "label_en": "Legal criterion",
    "label_es": "Criterio jurídico",
    "summary_en": "The excerpt states that administrative delay must be assessed in light of the circumstances of the case and does not include the final decision on whether the amparo was granted.",
    "summary_es": "El fragmento establece que una demora administrativa debe valorarse según las circunstancias del caso y no incluye la decisión final sobre si se concedió el amparo."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "In this case, an exception arises because the dispute concerns an alleged failure to address what was decided regarding a complaint filed by the applicant with the Municipality of Alajuelita.",
      "quote_es": "Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se discute una presunta omisión en atención de lo resuelto respecto de una denuncia planteada por la parte recurrente ante la Municipalidad de Alajuelita."
    }
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  "cited_by": [],
  "references": {
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-391144",
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      "nombre": "041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida"
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  "body_es_text": "ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA\n\n“(…) I.- SOBRE EL CONOCIMIENTO DE ESTE CASO POR LESIÓN\nAL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Antes de analizar el fondo del\nasunto debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-002545 de las 08:55\nhoras de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción\ncontencioso administrativa –con algunas excepciones- aquellos asuntos en los\nque se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos\npautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325)\no las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales,\npara resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de\noficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos\nprocedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción,\npues se discute una presunta omisión en atención de lo resuelto respecto de una\ndenuncia planteada por la parte recurrente ante la Municipalidad de Alajuelita.\nEn ese sentido, la recurrente cuestiona que, pese a haber interpuesto dicha\ndenuncia por construcciones ilegales que afectan su derecho de propiedad desde\nagosto de 2022 (aguas residuales, filtraciones y disposición de residuos, con\nriesgos para la salud y el ambiente), al momento de acudir en amparo aún no se había\ndictado una resolución definitiva, por lo que estima lesionado su derecho a una\njusticia pronta y cumplida. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación\nconcreta planteada en este amparo. \n\n(…)\n\nV.- SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA.\nLa Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la\nobligación de garantizar a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y\ncumplida, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su\nobligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por\nlos administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los\nextremos alegados, así como de comunicar a los interesados lo dispuesto, todo\nello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter\n\"razonable\" de la duración de la actividad administrativa se\ndetermina, casuísticamente, con base en diversos elementos, tales como: la\ncomplejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por\nevacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado,\nde lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la\nconstitucionalización de los plazos, sino, más bien, un derecho a que se\naplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la\nAdministración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el\ntiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa. (…)”\nVCG09/2026",
  "body_en_text": "ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION\n\n“(…) I.- ON THIS CASE BEING HEARD FOR VIOLATION\nOF ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. Before analyzing the merits of the\nmatter, it must be clarified that, since judgment N° 2008-002545 at 08:55\nhours on 22 February 2008, this Chamber has referred to the administrative-\nlitigation jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is\ndisputed whether the Public Administration has complied with the deadlines\nestablished by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325)\nor sectoral laws governing special administrative procedures, for issuing a\nfinal decision in an administrative procedure—initiated ex officio or at the\nrequest of a party—or for hearing the applicable administrative appeals.\nPrecisely, in the sub lite, an exception is presented, since the matter concerns\nan alleged failure to act on the decision regarding a complaint lodged by the\napplicant with the Municipalidad de Alajuelita.\nIn that regard, the applicant challenges the fact that, despite having filed\nthat complaint about illegal construction affecting her property rights since\nAugust 2022 (wastewater, leaks, and waste disposal, with risks to health and\nthe environment), no final decision had yet been issued when she filed the\namparo application, and she therefore considers her right to prompt and\neffective justice to have been violated. With that point clarified, the\nspecific situation raised in this amparo will be resolved.\n\n(…)\n\nV.- ON THE RIGHT TO PROMPT AND EFFECTIVE JUSTICE.\nIn light of Article 41 of the Constitution, the Administration is obliged to\nguarantee people prompt and effective justice. In the sphere of administrative\njustice, this entails an obligation to decide diligently and expeditiously on\nclaims brought by persons subject to the Administration, so that the decision\nis consistent with the matters alleged, and to notify interested parties of\nwhat has been decided, all within a reasonable time. In this regard, whether\nthe duration of administrative activity is “reasonable” is determined on a\ncase-by-case basis, taking into account various factors, such as the technical\ncomplexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be\ntaken, or the degree to which the challenged act affects a person or the\nenvironment. It follows that there is no strict right to have deadlines\nconstitutionalized; rather, there is a right to constitutional review of\nadministrative actions for which there are no sufficient grounds to justify\nthe time taken to resolve a type of administrative petition. (…)”\nVCG09/2026"
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