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  "id": "nexus-ext-1-0007-391965",
  "citation": "Res. 36726-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Construcciones ilegales en la protección del río La Cangreja",
  "title_en": "Illegal Construction in the La Cangreja River Protection Area",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo planteado por la falta de solución municipal ante denuncias sobre construcciones en el área de protección del río La Cangreja. Ordenó al alcalde de Goicoechea coordinar las actuaciones necesarias, adoptar las medidas adecuadas y girar las órdenes correspondientes para determinar, dentro del plazo máximo de un mes desde la notificación de la sentencia, si existen construcciones ilegales en esa zona protegida. Si se confirma su existencia, deberá diseñar, dentro del plazo máximo de tres meses desde la notificación, un plan para atender la invasión ilegítima denunciada. La magistrada Garro Vargas salvó el voto únicamente en cuanto a la ejecución: consideró que, por la complejidad técnica de las órdenes y las herramientas de seguimiento disponibles en el proceso contencioso-administrativo, su cumplimiento debía residenciarse en el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, conforme al artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo application concerning the municipality’s failure to resolve complaints about construction in the protection area of the La Cangreja River. It ordered the mayor of Goicoechea to coordinate the necessary action, adopt appropriate measures, and issue the corresponding directives to determine, within one month after service of the judgment, whether illegal structures exist in the protected area. If their existence is confirmed, the mayor must design, within three months after service, a plan addressing the alleged unlawful encroachment. Justice Garro Vargas dissented only regarding enforcement. Given the technical complexity of the orders and the monitoring tools available under administrative-litigation procedure, she considered that enforcement should be assigned to the Enforcement Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, pursuant to Article 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Her separate opinion did not alter the majority’s disposition granting amparo or the substantive municipal duties imposed.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/09/2026",
  "year": "2026",
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    "recurso de amparo",
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    "invasión ilegítima",
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    "jurisdicción contencioso-administrativa",
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    "Ley de la Jurisdicción Constitucional"
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    "recurso de amparo",
    "Sala Constitucional",
    "río La Cangreja",
    "área de protección",
    "construcciones ilegales",
    "invasión de zona protegida",
    "Municipalidad de Goicoechea",
    "alcalde de Goicoechea",
    "ejecución de sentencia",
    "jurisdicción contencioso-administrativa",
    "Ley de la Jurisdicción Constitucional",
    "Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda",
    "voto salvado"
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  "keywords_en": [
    "amparo proceeding",
    "Constitutional Chamber",
    "La Cangreja River",
    "river protection area",
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    "Municipality of Goicoechea",
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    "enforcement of judgment",
    "administrative-litigation jurisdiction",
    "Constitutional Jurisdiction Law",
    "Administrative and Civil Treasury Court",
    "dissenting opinion"
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  "excerpt_es": "SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA AL ALCALDE DE GOICOECHEA, COORDINAR LO NECESARIO, TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y GIRAR LAS ÓRDENES QUE CORRESPONDAN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE DETERMINE SI EXISTEN CONSTRUCCIONES ILEGALES UBICADAS DENTRO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL RÍO LA CANGREJA.\n\nADEMÁS, DE SER ASÍ, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, DISEÑE UN PLAN A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA ACUSADA POR LA PARTE RECURRENTE EN CUANTO A LA INVASIÓN ILEGÍTIMA DE LA ZONA PROTEGIDA DEL RÍO LA CANGREJA.",
  "excerpt_en": "THE AMPARO APPLICATION IS GRANTED. THE MAYOR OF GOICOECHEA IS ORDERED, WITHIN THE SCOPE OF HIS POWERS, TO COORDINATE THE NECESSARY ACTION, ADOPT APPROPRIATE MEASURES, AND ISSUE THE CORRESPONDING DIRECTIVES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH AFTER SERVICE OF THIS JUDGMENT, IT IS DETERMINED WHETHER ILLEGAL STRUCTURES EXIST WITHIN THE PROTECTION AREA OF THE LA CANGREJA RIVER.\n\nMOREOVER, IF THEY DO EXIST, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE MONTHS AFTER SERVICE OF THIS DECISION, HE SHALL DESIGN A PLAN TO ADDRESS THE PROBLEM ALLEGED BY THE AMPARO APPLICANT REGARDING THE UNLAWFUL ENCROACHMENT UPON THE PROTECTED AREA OF THE LA CANGREJA RIVER.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber granted the amparo and ordered the mayor of Goicoechea to determine within one month whether illegal structures exist in the La Cangreja River protection area and, if confirmed, to design a response plan within three months, with a dissent that would assign enforcement to the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al alcalde de Goicoechea determinar en un mes si existen construcciones ilegales en el área de protección del río La Cangreja y, de confirmarse, diseñar en tres meses un plan para atender la invasión, con un voto salvado que habría remitido la ejecución al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Voto salvado de la magistrada Garro Vargas sobre la ejecución de la sentencia",
      "quote_en": "It is therefore clear that the LJC itself authorizes this Chamber to assess and decide whether all or some aspects relating to enforcement of the judgment should be referred to the administrative-litigation jurisdiction.",
      "quote_es": "A partir de lo anterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala para que valore y decida si es preciso derivar a la jurisdicción contencioso-administrativa todos o algunos los aspectos relativos a la ejecución de la sentencia."
    },
    {
      "context": "Voto salvado de la magistrada Garro Vargas sobre la ejecución de la sentencia",
      "quote_en": "In this specific case, given the nature of the orders being issued by this Court, I consider that the proper course would be to assign the enforcement phase of the matter to the administrative-litigation jurisdiction.",
      "quote_es": "En este caso concreto, en virtud de la entidad de las órdenes que está girando este Tribunal, estimo que lo procedente es residenciar la fase de ejecución del asunto en la jurisdicción contencioso-administrativa."
    },
    {
      "context": "Voto salvado de la magistrada Garro Vargas sobre la ejecución de la sentencia",
      "quote_en": "This is because the rules governing this constitutional jurisdiction do not provide suitable mechanisms for monitoring the orders set out in this judgment, which involve highly complex technical aspects.",
      "quote_es": "Lo anterior, debido a la inexistencia de mecanismos idóneos previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a las órdenes consignadas en esta sentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad."
    },
    {
      "context": "Voto salvado de la magistrada Garro Vargas sobre la ejecución de la sentencia",
      "quote_en": "By contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo governing enforcement (Article 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to require schedules, impose fines, establish responsibility, and supervise stages of compliance.",
      "quote_es": "En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-391965",
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  "body_es_text": "036726-26. ACUSA QUE SE HA\nDENUNCIADO A LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA SOBRE CONSTRUCCIONES EN EL AREA DE\nPROTECCIÓN DEL RIO LA CANGREJA; SIN EMBARGO, NO HAN SOLUCIONADO EL PROBLEMA. SE\nDECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA AL ALCALDE DE GOICOECHEA, COORDINAR\nLO NECESARIO, TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y GIRAR LAS ÓRDENES QUE CORRESPONDAN\nDENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, A FIN DE QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN\nMES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE DETERMINE SI\nEXISTEN CONSTRUCCIONES ILEGALES UBICADAS DENTRO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DEL RÍO\nLA CANGREJA. ADEMÁS, DE SER ASÍ, EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES, CONTADO A\nPARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, DISEÑE UN PLAN A FIN DE\nATENDER LA PROBLEMÁTICA ACUSADA POR LA PARTE RECURRENTE EN CUANTO A LA INVASIÓN\nILEGÍTIMA DE LA ZONA PROTEGIDA DEL RÍO LA CANGREJA. RGS09/2026\n\n“(…) VOTO SALVADO DE LA\nMAGISTRADA GARRO VARGAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.\n\nSalvo el voto respecto de la\nejecución de la sentencia, para que, de conformidad con el art. 56 de la Ley de\nla Jurisdicción Constitucional (LJC), sea residenciada en el Área de\nEjecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\nLa ejecución de las órdenes\ndictadas por la Sala Constitucional corresponde, en principio, ser fiscalizada\npor esta misma jurisdicción. Sin embargo, esa norma contempla supuestos de\nexcepción en los que, por determinación de este Tribunal, se ordene residenciar\nla ejecución de la sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa:\n\n“Art. 56. La ejecución de las\nsentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la\nliquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades\npecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del\ncaso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el\nprocedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa\njurisdicción.” (Lo destacado no corresponde al original).\n\n \n\nRecuérdese que en el proyecto de\nley de discusión de la LJC se preveía originalmente lo siguiente:\n\n“Art. 56. Las sentencias\nfavorables al recurrente se ejecutarán en la vía\ncontencioso-administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto\nen la ley Reguladora de esa Jurisdicción.” (Lo destacado no\ncorresponde al original).\n\n \n\nSin embargo, el texto fue\nmodificado vía moción para que la norma fuera coincidente con lo regulado en el\nart. 153 de la Constitución Política, pero se realizó la siguiente\nexplicación:\n\n“EL SECRETARIO:\n\n Moción\nNo. 68 (32-19) del diputado Chacón Jiménez:\n\n“artículo 57 (antes 56): para\nque el texto se lea así: “la ejecución de las sentencias corresponde a la\nSala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de\nindemnizaciones o responsabilidades pecuniarias en otros aspectos que la propia\nSala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso\nadministrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la\nley reguladora de esa jurisdicción”.\n\n \n\nEL PRESIDENTE:\n\n En\ndiscusión la moción leída?\n\n \n\nDoctor Piza Escalante:\n\n Aquí había\nuna contradicción con la tesis genérica de que son los Tribunales los que\nejecutan sus sentencias y enviaba la Jurisdicción Contencioso Administrativo\ntoda la ejecución; entonces quedaban al aire los otros artículos que le\npermitían a la Sala ejecutarlos.\n\n \n\nDiputado Corrales Bolaños:\n\n En\nesa parte dice: “o en otros aspectos que la propia Sala considere del\naso…”, a qué se está refiriendo?\n\n \n\nDoctor Piza Escalante:\n\n La\nidea es que la Sala, en la vía de ejecución de sentencia, resuelva lo que ella\nconsidere que le corresponde. Lo que demás, lo envía a la vía Contencioso\nAdministrativa.\n\n \n\nEL SECRETARIO:\n\n Se\nconsidera suficientemente discutida la moción?\n\n \n\nEL PRESIDENTE:\n\n Discutida.\nAprobada (unanimidad, cinco señores diputados presentes).” (sic).\nVer actas de aprobación de la LJC. Lo destacado no corresponde al original).\n\n \n\nA partir de lo\nanterior, está claro que la propia LJC autoriza a esta Sala para que\nvalore y decida si es preciso derivar a la jurisdicción\ncontencioso-administrativa todos o algunos los aspectos relativos a la\nejecución de la sentencia.\n\nEn este caso concreto, en virtud\nde la entidad de las órdenes que está girando este Tribunal, estimo\nque lo procedente es residenciar la fase de ejecución del asunto en la\njurisdicción contencioso-administrativa. Lo anterior, debido a la inexistencia\nde mecanismos idóneos previstos por la normativa que rige a esta jurisdicción\nconstitucional para dar seguimiento a las órdenes consignadas en esta\nsentencia que revisten aspectos técnicos de gran complejidad.\n\nEn cambio, lo dispuesto por el\nCódigo Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (art. 155 y\nsiguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas,\nimponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento,\netc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de LJC, considero\nque la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del\nTribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de\nejecución de sentencia de dicho Código. (…)”",
  "body_en_text": "036726-26. THE AMPARO APPLICANT ALLEGES THAT THE RESPONDENT MUNICIPALITY HAS BEEN NOTIFIED OF CONSTRUCTION WITHIN THE PROTECTION AREA OF THE RÍO LA CANGREJA; HOWEVER, IT HAS NOT RESOLVED THE PROBLEM. THE AMPARO APPLICATION IS GRANTED. THE MAYOR OF GOICOECHEA IS ORDERED TO COORDINATE AS NECESSARY, TAKE APPROPRIATE MEASURES, AND ISSUE THE RELEVANT ORDERS WITHIN THE SCOPE OF HIS AUTHORITY SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH FROM NOTICE OF THIS JUDGMENT, IT IS DETERMINED WHETHER ANY ILLEGAL CONSTRUCTION EXISTS WITHIN THE PROTECTION AREA OF THE RÍO LA CANGREJA. FURTHERMORE, IF SO, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF THREE MONTHS FROM NOTICE OF THIS RULING, HE SHALL DESIGN A PLAN TO ADDRESS THE PROBLEM ALLEGED BY THE AMPARO APPLICANT REGARDING THE UNLAWFUL ENCROACHMENT UPON THE PROTECTED AREA OF THE RÍO LA CANGREJA. RGS09/2026\n\n“(…) DISSENTING OPINION OF JUSTICE GARRO VARGAS REGARDING ENFORCEMENT OF THE JUDGMENT.\n\nI dissent with respect to enforcement of the judgment and would order that, pursuant to Art. 56 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), enforcement be assigned to the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\nEnforcement of the orders issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) must, in principle, be supervised by this same jurisdiction. However, that provision establishes exceptions under which, as determined by this Court, enforcement of the judgment may be assigned to the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso-administrativa):\n\n“Art. 56. The Constitutional Chamber shall be responsible for enforcing judgments, except with respect to the assessment and payment of damages and monetary liabilities, or with respect to other matters that the Chamber itself deems appropriate, in which case enforcement shall take place through administrative-litigation proceedings under the judgment-enforcement procedure prescribed by the law governing that jurisdiction.” (Emphasis not in the original).\n\nIt should be recalled that the bill debated prior to enactment of the LJC originally provided as follows:\n\n“Art. 56. Judgments favorable to the amparo applicant shall be enforced through administrative-litigation proceedings under the judgment-enforcement procedure prescribed by the law governing that jurisdiction.” (Emphasis not in the original).\n\nHowever, the text was amended by motion so that the provision would be consistent with Art. 153 of the Constitución Política, and the following explanation was provided:\n\n“THE SECRETARY:\n\nMotion No. 68 (32-19) by Deputy Chacón Jiménez:\n\n‘Article 57 (formerly 56): that the text read as follows: “the Constitutional Chamber shall be responsible for enforcing judgments, except with respect to the assessment and payment of damages or monetary liabilities, or with respect to other matters that the Chamber itself deems appropriate, in which case enforcement shall take place through administrative-litigation proceedings under the judgment-enforcement procedure prescribed by the law governing that jurisdiction”.’\n\nTHE PRESIDENT:\n\nIs the motion as read open for discussion?\n\nDr. Piza Escalante:\n\nThere was a contradiction here with the general principle that courts enforce their own judgments, because it referred all enforcement to the Administrative-Litigation Jurisdiction; the other articles authorizing the Chamber to enforce them were therefore left unsupported.\n\nDeputy Corrales Bolaños:\n\nThat part says: ‘or with respect to other matters that the Chamber itself deems appropriate...’; what does that refer to?\n\nDr. Piza Escalante:\n\nThe idea is that the Chamber, during judgment-enforcement proceedings, will decide those matters that it considers fall within its purview. It refers everything else to administrative-litigation proceedings.\n\nTHE SECRETARY:\n\nIs the motion considered to have been sufficiently debated?\n\nTHE PRESIDENT:\n\nDebate concluded. Approved (unanimously, with five deputies present).” (sic). See the records approving the LJC. Emphasis not in the original).\n\nIt is clear from the foregoing that the LJC itself authorizes this Chamber to assess and decide whether all or some matters relating to enforcement of the judgment must be referred to the administrative-litigation jurisdiction.\n\nIn this specific case, given the nature of the orders being issued by this Court, I consider it appropriate to assign the enforcement phase of the matter to the administrative-litigation jurisdiction. This is because the legislation governing this constitutional jurisdiction does not provide suitable mechanisms for monitoring compliance with the orders set forth in this judgment, which involve highly complex technical matters.\n\nBy contrast, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo governing enforcement (Art. 155 et seq.) offer clear advantages, such as the ability to require timetables, impose fines, determine liability, supervise stages of compliance, and so forth. Accordingly, pursuant to Art. 56 of the LJC, I consider that the enforcement phase should be conducted before the Enforcement Division of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment-enforcement rules established in that Code. (…)”"
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