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  "id": "nexus-ext-1-0007-392023",
  "citation": "Res. 36651-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Demora de SETENA en resolver incidente de nulidad",
  "title_en": "SETENA’s Delay in Deciding an Annulment Motion",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo promovido por la falta de respuesta a un incidente de nulidad presentado contra la resolución de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) que otorgó viabilidad ambiental a un proyecto de condominio. Ordenó al Director General de SETENA disponer y coordinar lo necesario para que el incidente sea resuelto dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación de la sentencia, y para que la decisión sea notificada a las partes. El magistrado Castillo Víquez agregó una nota sobre la justicia administrativa pronta y cumplida: sostuvo que, salvo las controversias jurídico-constitucionales reconocidas por la propia Sala como excepciones susceptibles de amparo, las disputas por demoras administrativas corresponden a los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa. A su juicio, la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, no obliga a modificar esa línea jurisprudencial ni altera la potestad de la Sala para definir su propia competencia.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo application concerning the failure to decide an annulment motion filed against a decision of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) that granted environmental viability to a condominium project. It ordered SETENA’s Director General to make and coordinate the necessary arrangements so that the motion is decided within one month after notice of the judgment and the decision is served on the parties. Justice Castillo Víquez added a separate note concerning prompt and effective administrative justice. He maintained that, except for constitutional-law disputes that the Chamber itself has recognized as exceptional matters suitable for amparo, disputes over administrative delay fall within the competence of judges exercising administrative-litigation jurisdiction. In his view, Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, does not require the Chamber to alter that precedent or affect its authority to define its own jurisdiction.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/09/2026",
  "year": "2026",
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    "recurso de amparo",
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    "jurisdicción contencioso-administrativa",
    "SETENA"
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    "SETENA",
    "viabilidad ambiental",
    "incidente de nulidad",
    "proyecto de condominio",
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    "justicia pronta y cumplida",
    "jurisdicción contencioso-administrativa",
    "plazo para resolver",
    "Ley n.° 9097"
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  "keywords_en": [
    "SETENA",
    "environmental viability",
    "annulment motion",
    "condominium project",
    "amparo proceeding",
    "right of petition",
    "prompt and effective justice",
    "administrative-litigation jurisdiction",
    "deadline to decide",
    "Law No. 9097"
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  "excerpt_es": "SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA AL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, QUE DISPONGA Y COORDINE LO NECESARIO A EFECTO QUE EN EL PLAZO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE RESUELVA EL INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR LOS RECURRENTES Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES.\n\nHe apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala.",
  "excerpt_en": "THE APPLICATION IS GRANTED. THE DIRECTOR GENERAL OF THE SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL IS ORDERED TO MAKE AND COORDINATE THE NECESSARY ARRANGEMENTS SO THAT, WITHIN ONE MONTH AFTER NOTICE OF THIS JUDGMENT, THE ANNULMENT MOTION FILED BY THE AMPARO APPLICANTS IS DECIDED AND THE PARTIES ARE NOTIFIED.\n\nI have supported this Court’s position that, when a person seeking judicial protection alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the Administrative-Litigation Courts, rather than this Chamber, must hear the legal dispute.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted",
    "label_es": "Con lugar",
    "summary_en": "The Chamber ordered SETENA’s Director General to ensure that, within one month after notice of the judgment, the annulment motion challenging the condominium project’s environmental viability is decided and the parties are notified.",
    "summary_es": "La Sala ordenó al Director General de SETENA que, dentro de un mes desde la notificación de la sentencia, se resuelva el incidente de nulidad contra la viabilidad ambiental del proyecto de condominio y se notifique a las partes."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Nota del magistrado Castillo Víquez",
      "quote_en": "In my view, the recently enacted legislation does not require this Court to alter its precedent; under section 7 of its Law, the Court has exclusive authority to define its own jurisdiction.",
      "quote_es": "A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia."
    },
    {
      "context": "Nota del magistrado Castillo Víquez",
      "quote_en": "Accordingly, except for constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional cases suitable for determination in this jurisdiction through the constitutional guarantee of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 at 8:55 on 22 February 2008), jurisdiction lies with the judges of the administrative-litigation jurisdiction; this is consistent with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the relevant statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.",
      "quote_es": "Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-392023",
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  "body_es_text": "036651-26. ACUSA QUE PLANTEÓ UN\nINCIDENTE DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SETENA QUE OTORGÓ VIABILIDAD A UN\nPROYECTO DE CONDOMINIO Y AÚN NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO. SE DECLARA CON LUGAR EL\nRECURSO. SE ORDENA AL DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL\nAMBIENTAL, QUE DISPONGA Y COORDINE LO NECESARIO A EFECTO QUE EN EL PLAZO DE UN\nMES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE RESUELVA EL\nINCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR LOS RECURRENTES Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES.\nRGS09/2026\n\n“(…) NOTA DEL MAGISTRADO\nCASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He\napoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una\nvulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa,\nquienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo\nContencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente\npromulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de\nPetición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial\npor medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la\nJurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución\nPolítica de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el\npeticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus\nactos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos\nfundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que\neste Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el\nnumeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia\ncompetencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales\nque han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que\nsí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso\nconstitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones\nque ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22\nde febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo\ncontencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la\nConvención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución\n(valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base\nen una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento\njurídico. (…)”",
  "body_en_text": "036651-26. ALLEGES THAT THEY FILED AN APPLICATION FOR NULLITY AGAINST THE SETENA DECISION THAT GRANTED ENVIRONMENTAL VIABILITY TO A CONDOMINIUM PROJECT, AND NO DECISION HAS YET BEEN ISSUED. THE AMPARO APPLICATION IS GRANTED. THE DIRECTOR GENERAL OF THE SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL IS ORDERED TO MAKE AND COORDINATE THE NECESSARY ARRANGEMENTS SO THAT, WITHIN ONE MONTH OF NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, THE APPLICATION FOR NULLITY FILED BY THE AMPARO APPLICANTS IS DECIDED AND THE PARTIES ARE NOTIFIED. RGS09/2026\n\n“(…) SEPARATE NOTE BY JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court’s position that, when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in administrative proceedings, the Administrative Litigation Courts, rather than this Chamber, must hear the legal dispute. However, the recent enactment of Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, established that this right is eligible for judicial protection through the amparo proceeding provided for in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in conjunction with Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in cases in which the petitioner considers that the Administration’s material conduct, administrative acts, or response are affecting the petitioner’s fundamental rights. In my view, the newly enacted legislation does not mean that this Court must modify its line of precedent, since, pursuant to Article 7 of its Law, it has exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-law disputes that this Chamber itself has recognized as exceptional circumstances and that may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee proceeding, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment N° 2008-02545 at 8:55 on 22 February 2008), the judges of the administrative-litigation jurisdiction have jurisdiction, all of which is consistent with Article 25 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, constitutional law (values, principles, and rules), and the corresponding statutory provisions, based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. (…)”"
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