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  "id": "nexus-ext-1-0007-392066",
  "citation": "Res. 36731-2026 Sala Constitucional",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "constitutional_decision",
  "title_es": "Plan contra contaminación sónica por piques en Ruta 27",
  "title_en": "Plan Against Noise Pollution from Illegal Racing on Route 27",
  "summary_es": "La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo únicamente contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Fuerza Pública, debido a la contaminación sónica y el peligro generados por carreras ilegales nocturnas de vehículos en la Ruta Nacional N° 27, específicamente en las inmediaciones de PriceSmart, en Santa Ana. Ordenó al ministro de Obras Públicas y Transportes y al director general a.i. de la Fuerza Pública, o a quienes ocupen esos cargos, coordinar sus competencias para adoptar e implementar, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la sentencia, un plan integral, efectivo y verificable que incluya las medidas necesarias de fiscalización, control y coordinación institucional. Advirtió sobre las sanciones previstas en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional por incumplir una orden dictada en amparo. Además, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, y declaró sin lugar el recurso respecto de la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud.",
  "summary_en": "The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the amparo proceeding only against the Ministry of Public Works and Transportation and the Fuerza Pública because of the noise pollution and danger caused by illegal nighttime vehicle racing on National Route No. 27, specifically near PriceSmart in Santa Ana. It ordered the Minister of Public Works and Transportation and the acting Director General of the Fuerza Pública, or whoever holds those offices, to coordinate within their respective powers and, within three months after notice of the judgment, adopt and implement a comprehensive, effective, and verifiable plan. The plan must include the necessary enforcement, control, and interinstitutional coordination measures. The Chamber warned of the penalties established by Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional for failure to comply with an order issued in an amparo proceeding. It also ordered the State to pay costs and damages, while denying the amparo as to the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health.",
  "court_or_agency": "Sala Constitucional",
  "date": "24/09/2026",
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    "recurso de amparo",
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    "costas, daños y perjuicios"
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    "recurso de amparo",
    "Sala Constitucional",
    "contaminación sónica",
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    "carreras ilegales",
    "Ruta Nacional N° 27",
    "Santa Ana",
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  "keywords_en": [
    "amparo proceeding",
    "Constitutional Chamber",
    "noise pollution",
    "illegal street racing",
    "National Route No. 27",
    "Santa Ana",
    "Ministry of Public Works and Transportation",
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    "enforcement",
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    "Article 71"
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  "excerpt_es": "Se declara con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Fuerza Pública.\n\nEn consecuencia, se ordena a Efraím Zeledón Leiva, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes y a César Anchía Céspedes, en calidad de director general a.i. de la Fuerza Pública, o a quienes ocupen dichos cargos, que gestionen lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, para que, de forma coordinada entre ambas instituciones, dentro del plazo de TRES MESES, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se adopte e implemente un plan integral, efectivo y verificable de atención de la contaminación sónica generada por las carreras ilegales de vehículos en la Ruta Nacional N° 27, específicamente en las inmediaciones de PriceSmart, adoptando las medidas de fiscalización, control y coordinación institucional que resulten necesarias para garantizar una solución efectiva a la problemática denunciada.",
  "excerpt_en": "The amparo proceeding is granted solely against the Ministry of Public Works and Transportation and the Fuerza Pública.\n\nConsequently, Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as Minister of Public Works and Transportation, and César Anchía Céspedes, as acting Director General of the Fuerza Pública, or whoever holds those offices, are ordered to take the necessary steps within the scope of their powers so that, through coordination between both institutions and within THREE MONTHS after notice of this judgment, a comprehensive, effective, and verifiable plan is adopted and implemented to address the noise pollution generated by illegal vehicle racing on National Route No. 27, specifically near PriceSmart, including such enforcement, control, and interinstitutional coordination measures as may be necessary to ensure an effective solution to the reported problem.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Chamber granted the amparo against the Ministry of Public Works and Transportation and the Fuerza Pública and ordered them to implement, through coordinated action and within three months, a verifiable plan against noise pollution from illegal racing on Route 27, but denied it as to the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health.",
    "summary_es": "La Sala declaró con lugar el amparo contra el MOPT y la Fuerza Pública y les ordenó implementar coordinadamente, en tres meses, un plan verificable contra la contaminación sónica causada por los piques en la Ruta 27, pero lo declaró sin lugar respecto de la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The respondent party is warned that, under Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided the offense is not subject to a more severe penalty.",
      "quote_es": "Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The State is ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified through enforcement proceedings before the administrative-litigation jurisdiction.",
      "quote_es": "Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "As to the Municipality of Santa Ana and the Ministry of Health, the amparo is denied.",
      "quote_es": "En cuanto a la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0007-392066",
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  "body_es_text": "036731-26. ACUSAN QUE SON VECINOS\nDE SANTA ANA, Y QUE EN LA RUTA 27 SE REALIZAN EN FORMA REITERADA PIQUES\nILEGALES EN HORARIO NOCTURNO, LO QUE PONE EN PELIGRO A LA POBLACIÓN DE LOS\nALREDEDORES. SE DECLARA CON LUGAR EL\nRECURSO, ÚNICAMENTE CONTRA EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y LA\nFUERZA PÚBLICA. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y\nTRANSPORTES Y AL DIRECTOR GENERAL A.I. DE LA FUERZA PÚBLICA, QUE GESTIONEN LO\nNECESARIO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PARA QUE, DE FORMA COORDINADA\nENTRE AMBAS INSTITUCIONES, DENTRO DEL PLAZO DE TRES MESES, CONTADOS A PARTIR DE\nLA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE ADOPTE E IMPLEMENTE UN PLAN INTEGRAL,\nEFECTIVO Y VERIFICABLE DE ATENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA GENERADA POR LAS\nCARRERAS ILEGALES DE VEHÍCULOS EN LA RUTA NACIONAL N° 27, ESPECÍFICAMENTE EN\nLAS INMEDIACIONES DE PRICESMART, ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN,\nCONTROL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE RESULTEN NECESARIAS PARA GARANTIZAR\nUNA SOLUCIÓN EFECTIVA A LA PROBLEMÁTICA DENUNCIADA. RGS09/2026\n\n“(…) Se declara con lugar el\nrecurso, únicamente contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y\nla Fuerza Pública. En consecuencia, se ordena a Efraím Zeledón Leiva, en su\ncondición de Ministro de Obras Públicas y Transportes y a César Anchía Céspedes,\nen calidad de director general a.i. de la Fuerza Pública, o a quienes ocupen\ndichos cargos, que gestionen lo necesario, dentro del ámbito de sus\ncompetencias, para que, de forma coordinada entre ambas instituciones, dentro\ndel plazo de TRES MESES, contados a partir de la notificación\nde esta sentencia, se adopte e implemente un plan integral, efectivo y\nverificable de atención de la contaminación sónica generada por las carreras\nilegales de vehículos en la Ruta Nacional N° 27, específicamente en las\ninmediaciones de PriceSmart, adoptando las medidas de fiscalización, control y\ncoordinación institucional que resulten necesarias para garantizar una solución\nefectiva a la problemática denunciada. Se apercibe a la parte recurrida que, de\nconformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción\nConstitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte\na sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer\ncumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir,\nsiempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado\nal pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de\nbase a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo\ncontencioso administrativo. En cuanto a la Municipalidad de Santa Ana y el\nMinisterio de Salud, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Castillo\nVíquez, Rueda Leal y Salazar Alvarado, de forma separada, consignan notas.-”",
  "body_en_text": "036731-26. THEY ALLEGE THAT THEY ARE RESIDENTS OF SANTA ANA AND THAT ILLEGAL STREET RACES ARE REPEATEDLY HELD ON ROUTE 27 AT NIGHT, ENDANGERING THE SURROUNDING POPULATION. THE AMPARO APPLICATION IS GRANTED SOLELY AGAINST THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORTATION AND THE FUERZA PÚBLICA. CONSEQUENTLY, THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORTATION AND THE ACTING DIRECTOR GENERAL OF THE FUERZA PÚBLICA ARE ORDERED TO TAKE THE NECESSARY STEPS, WITHIN THE SCOPE OF THEIR AUTHORITY, SO THAT, THROUGH COORDINATED ACTION BETWEEN BOTH INSTITUTIONS, WITHIN THREE MONTHS OF SERVICE OF THIS JUDGMENT, A COMPREHENSIVE, EFFECTIVE, AND VERIFIABLE PLAN IS ADOPTED AND IMPLEMENTED TO ADDRESS THE NOISE POLLUTION CAUSED BY ILLEGAL VEHICLE RACING ON RUTA NACIONAL N° 27, SPECIFICALLY IN THE VICINITY OF PRICESMART, INCLUDING SUCH ENFORCEMENT, CONTROL, AND INTERAGENCY COORDINATION MEASURES AS MAY BE NECESSARY TO ENSURE AN EFFECTIVE SOLUTION TO THE REPORTED PROBLEM. RGS09/2026\n\n“(…) The amparo application is granted solely against the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and the Fuerza Pública. Consequently, Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as Ministro de Obras Públicas y Transportes, and César Anchía Céspedes, in his capacity as acting director general of the Fuerza Pública, or whoever holds those offices, are ordered to take the necessary steps, within the scope of their authority, so that, through coordinated action between both institutions, within THREE MONTHS of service of this judgment, a comprehensive, effective, and verifiable plan is adopted and implemented to address the noise pollution caused by illegal vehicle racing on Ruta Nacional N° 27, specifically in the vicinity of PriceSmart, including such enforcement, control, and interagency coordination measures as may be necessary to ensure an effective solution to the reported problem. The respondent party is warned that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or cause to be complied with, and who fails to comply with it or cause it to be complied with, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay the legal costs and compensation for the losses and harm caused by the facts underlying this ruling, to be quantified during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction. As to the Municipalidad de Santa Ana and the Ministerio de Salud, the amparo application is denied. Justices Castillo Víquez, Rueda Leal, and Salazar Alvarado each issue a separate note.-”"
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