{ "id": "nexus-ext-1-0034-123795", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Sujeción al impuesto sobre la renta de las utilidades de intermediación bursátil", "title_en": "Income tax liability on profits from stock brokerage activities", "summary_es": "La sentencia analiza si las utilidades obtenidas por un puesto de bolsa en la intermediación de títulos valores están sujetas al impuesto sobre la renta. El Tribunal rechaza las alegaciones de la empresa actora sobre una supuesta doble imposición y violación del principio de igualdad tributaria, al determinar que la actividad de intermediación bursátil, por su naturaleza lucrativa y habitual, genera rentas de fuente costarricense gravables conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se distingue entre la retención del 8% que se aplica a los intereses pagados a los inversionistas (clientes) y el impuesto sobre las utilidades netas que corresponde pagar al puesto de bolsa como sujeto pasivo. Además, se confirma que la venta de acciones propias de la Bolsa Nacional de Valores, al ser títulos valores, constituye parte de la actividad habitual del intermediario y, por tanto, la ganancia obtenida está sujeta al tributo. Se desestima la alegación de falta de motivación de la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo, ya que ésta sí contiene los fundamentos de hecho y de derecho necesarios.", "summary_en": "The ruling analyzes whether the profits earned by a stock brokerage firm from securities intermediation are subject to income tax. The Court rejects the plaintiff's claims of double taxation and violation of the principle of tax equality, determining that brokerage activities, being habitual and for profit, generate Costa Rican-source income taxable under the Income Tax Law. It distinguishes between the fixed 8% withholding tax applied to interest paid to investors (clients) and the income tax levied on the net profits payable by the brokerage firm as the taxpayer. Furthermore, it confirms that the sale of the firm's own shares in the National Stock Exchange, being securities, forms part of the intermediary's habitual activity and the resulting capital gain is therefore taxable. The claim that the Tax Administrative Court's resolution lacked proper motivation is also dismissed, as it does contain the necessary factual and legal grounds.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "hecho generador", "sujeto pasivo", "retención en la fuente", "títulos valores", "intermediación bursátil", "ganancias de capital", "motivación del acto", "carga de la prueba" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1", "law": "Ley 7092" }, { "article": "Art. 5", "law": "Ley 7092" }, { "article": "Art. 23 inciso c", "law": "Ley 7092" }, { "article": "Art. 6 inciso d", "law": "Ley 7092" }, { "article": "Art. 6", "law": "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" }, { "article": "Art. 121 inciso 13", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 136", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 56", "law": "Ley 7732" } ], "keywords_es": [ "impuesto sobre la renta", "intermediación bursátil", "puesto de bolsa", "títulos valores", "retención del 8%", "doble imposición", "igualdad tributaria", "reserva legal", "capacidad contributiva", "ganancias de capital", "motivación del acto administrativo", "carga de la prueba" ], "keywords_en": [ "income tax", "brokerage", "stock brokerage", "securities", "8% withholding", "double taxation", "tax equality", "legal reserve", "ability to pay", "capital gains", "administrative act motivation", "burden of proof" ], "excerpt_es": "Así, tratándose del inversionista (sujeto pasivo), el inciso c) del artículo 23 establece un impuesto único y definitivo que consiste en una retención del ocho por ciento, que no la paga en forma directa el sujeto pasivo, sino que, por por mandato legal, en razón de su actividad, está obligado a retener el correspondiente puesto de bolsa, en su condición de agente retenedor [...]. Por su parte, en relación con el puesto de bolsa (sujeto pasivo), éste debe pagar el impuesto de la renta sobre las utilidades derivadas de las diferencias que generan las operaciones bursátiles, las cuales no son objeto de la retención fija del ocho por ciento establecido en la Ley [...]. En virtud de lo anterior, es claro que no hay infracción de los principios constitucionales de igualdad tributaria y reserva legal, así como tampoco una doble imposición como alega la actora.", "excerpt_en": "Thus, in the case of the investor (taxpayer), paragraph c) of Article 23 establishes a single and definitive tax consisting of an eight percent withholding, which is not paid directly by the taxpayer, but by legal mandate the corresponding brokerage firm, in its capacity as withholding agent, is obliged to withhold it [...]. For its part, regarding the brokerage firm (taxpayer), it must pay income tax on the profits derived from the differences generated by stock exchange operations, which are not subject to the fixed eight percent withholding established in the Law [...]. In light of the above, it is clear that there has been no violation of the constitutional principles of tax equality and legal reserve, nor a double taxation as the plaintiff claims.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The claim for annulment of the income tax assessment on profits from stock brokerage activities and the sale of own assets is dismissed.", "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda de nulidad contra el acto de determinación tributaria del impuesto sobre la renta practicado a la empresa actora por las utilidades de su actividad de intermediación bursátil y la venta de activos propios." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando XI", "quote_en": "In light of the above, it is clear that there has been no violation of the constitutional principles of tax equality and legal reserve, nor a double taxation as the plaintiff claims.", "quote_es": "En virtud de lo anterior, es claro que no hay infracción de los principios constitucionales de igualdad tributaria y reserva legal, así como tampoco una doble imposición como alega la actora." }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "Note that the rule does not establish any exception or condition establishing non-subjection of brokerage activity to income tax, but quite the opposite, and one cannot differentiate where the rule does not.", "quote_es": "Nótese que la norma no establece ninguna excepción o condición por la que se establezca la no sujeción de la actividad bursátil al impuesto de la renta, sino todo lo contrario, no pudiendo diferenciarse donde la norma no lo hace." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "The burden of proof, both in administrative and jurisdictional proceedings, lies with the taxpayer, the passive subject of the obligation.", "quote_es": "La carga de la prueba, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, corresponde al contribuyente, sujeto pasivo de la obligación." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-10969", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7092 Art. 1" }, { "target_id": "norm-29302", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7732 Art. 56" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-10969", "norm_num": "7092", "norm_name": "Ley del Impuesto sobre la Renta", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "21/04/1988" }, { "doc_id": "norm-29302", "norm_num": "7732", "norm_name": "Ley Reguladora del Mercado de Valores", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "17/12/1997" }, { "doc_id": "norm-40928", "norm_num": "7558", "norm_name": "Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "03/11/1995" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“V.- DEL ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD.- Como parte del sustento de la demanda formulada, la\nempresa actora invoca una presunción de inconstitucionalidad de la interpretación que hace la\nAdministración Tributaria de gravarle las utilidades derivadas del manejo de las inversiones de\ntítulos valores de sus clientes, por establecer un trato diferenciado que resulta injustificado,\ntratándose de los inversionistas y las empresas de intermediación bursátil (puesto de bolsa),\ncondición que tiene la actora, con la consiguiente infracción del principio constitucional de\nigualdad tributaria, \"que sólo será eliminada si el Estado demuestra elementos sólidos\njustificantes de dicho trato diferenciado. De alguna manera el Estado debe probar la ausencia de\narbitrariedad que trasluce la discriminación tributaria.\" Resulta necesario advertir que, como\nparte del principio de legalidad y de la jerarquía normativa (artículos 11 de la Constitución\nPolítica y 6 de la Ley General de la Administración Pública) al que está sujeto el ejercicio de\nla función jurisdiccional, el Derecho de la Constitución (integrado por las normas y principios\nque derivan, tanto del texto de la Carta Fundamental como de las normas internacionales en materia\nde derechos fundamentales, las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y\nla propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional) se constituye en un parámetro que debe\naplicarse en la jurisdicción ordinaria, en virtud de lo cual, sí tienen plena aplicación los\nprincipios constitucionales, y en este caso, los enunciados por la empresa actora. Sin embargo, es\nnecesario recordar que conforme a la competencia asignada a la Sala Constitucional de la Corte\nSuprema de Justicia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de nuestra Carta Política de mil\nnovecientos cuarenta y nueve, está residenciada en esa sede la competencia para \"declarar, por\nmayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y\nde los actos sujetos al Derecho Público\"; en virtud de lo cual, el alegato de inconstitucionalidad\nque se hace en esta jurisdicción (contencioso-administrativa) es a todas luces improcedente, en\ntanto este Tribunal está impedido para declarar la inconstitucionalidad acusada, al estar\ncircunscrito su control al de legalidad de la actuación administrativa (artículo 49 de la\nConstitución Política); sin que en este caso resulte procedente la formulación de una consulta\njudicial ante la Sala Constitucional -conforme lo faculta el artículo 102 de la Ley que rige esa\nJurisdicción-, en atención a que no se reúnen los presupuestos para ello, ya que esta Autoridad no\ntiene ninguna la duda anotada por la sociedad actora respecto de la normativa a aplicar, al\nestimarse que no se está ante un problema de esa naturaleza, como lo arguye la actora, sino de\ninterpretación de la normativa tributaria que rige la impugnación formulada, como se analizará de\nseguido. VI.- DE LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN EN LA MATERIA TRIBUTARIA.- Previo a entrar al fondo\ndel asunto planteado, y en atención a que la objeto de la litis se circunscribe a determinar si es\no no correcta la interpretación que hace la Administración Tributaria de los artículos 6 inciso\nd) en relación con el 23 inciso c), ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta de\nimportancia referirnos a las reglas de la interpretación en materia tributaria. Cabe advertir que\npor interpretación se entiende la \"Acción o efecto de interpretar; esto es, declaración,\nexplicación o aclaración del sentido de una cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso. De las\nleyes. La aclaración fundada de una ley y del espíritu de las normas legales, para conocer su\nverdadero sentido y determinar su alcance o eficacia general o en un caso particular. \" Cabanellas\nde las Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, Décimo Tercera\nEdición. Buenos Aires, Argentina, 1998, p.210.) De manera que se trata de la actividad de carácter\ncognoscitiva que tiene como objeto averiguar el sentido de la norma jurídica, y que resulta\nnecesaria para su aplicación. Se han desarrollado diversas teorías de interpretación en esta rama\ndel derecho, tales como la estricta o literal, que tienen a las normas tributarias como odiosas\nrestrictivas de la libertad individual, que se sustenta en el principio in dubio contra Fiscum\n(considerada como paralela del in dubio pro reo, propia del Derecho Penal); la restrictiva de las\nnormas de exención, que defiende una interpretación favorable al fisco al reputar como\nexcepcionales o singulares las disposiciones que establecen exenciones o beneficios fiscales; la\neconómica, que toma en consideración la realidad económica que norma, por lo que valora la\nfinalidad, contenido económico y la evolución de las circunstancias, con lo cual, permite entender\nque aún cuando no se empleen términos jurídicos para describir ciertas operaciones, su\ncalificación se hace atendiendo al contenido económico de las mismas, prescindiendo de la forma\njurídica (contenido en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios); y la\nfuncional, que sostiene la necesidad de analizar el fenómeno financiero integrando el momento\njurídico con el económico, el político y el sociológico; de manera que tiene especial relevancia el\nprincipio de la capacidad económica. (Pérez Royo, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte\nGeneral. Editorial Civitas. Décima Edición. Madrid. España. 2000. pp. 88 a 91). Esta situación es\nregulada en nuestro ordenamiento jurídico tributario, propiamente del artículo 6 del Código de\nNormas y Procedimientos Tributarios, con fundamento en el cual, esta actividad se informa con\n\"todos los métodos admitidos por el Derecho Común.\" Ello presupone que son aplicables los métodos\ninterpretativos dispuestos en el Código Civil, concretamente en los artículos 9 -la jurisprudencia\nvinculante-, 10 -método literal-, 11-ratio legis-, 12 -analogía- y 14 -carácter supletorio-, que se\nnutren de la interpretación histórica, la lógica, la gramatical y la sistemática, métodos todos\nque tienen como finalidad última desentrañar la voluntad del legislador. (En igual sentido, puede\nconsultarse la sentencia número 428-2006, de las catorce horas del veintisiete de octubre del dos\nmil seis, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo.) Sin embargo, cabe\nadvertir que, aún cuando en forma general es posible realizar una interpretación integrativa e\ninclusive analógica en la materia tributaria, a fin de llenar vacíos normativos, es lo cierto que\nel propio artículo 6 del Código Tributario es claro en señalar que dicho método no es aplicable en\nel ejercicio de la potestad tributaria propia del Estado en dos supuestos concretos: ni para\nimponer un tributo ni tampoco para reconocer una exoneración, por cuanto es materia que está\nreservada a la ley formal y material, conforme al artículo 121 inciso 13) de la Constitución\nPolítica, y que desarrolla el artículo 5 del citado Código de Normas y Procedimientos Tributarios,\nen virtud de lo cual, es al legislador a quien compete no sólo la definición del tributo como tal\ny de todos sus elementos esenciales, sino también de los supuestos de no sujeción y de exoneración.\nEllo quiere decir, que es la norma legal la que define si una actividad o utilidad está o no sujeta\na un gravamen, sin que se pueda -por aplicación extensiva de la disposición- diferenciar donde la\nnorma no lo hace ni abarcar supuestos no determinados específicamente en ella. (En sentido similar\npuede consultarse la sentencia número 428-2006, de las catorce horas del veintisiete de octubre del\ndos mil seis, de la Seccion Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo.) Es sobre esta base\nque se analizarán las argumentaciones de la actora, para lo cual, resulta importante tener claro\nlos presupuestos del ejercicio de la potestad tributaria del Estado y los principios\nconstitucionales que lo informan, así como el concepto del impuesto sobre la renta y retención de\nlos intereses de los títulos valores, cuya impugnación es objeto en esta demanda. VII.- DE LAS\nEXIGENCIAS PARA LA ACREDITACIÓN DE GASTOS PARA EFECTOS FISCALES.- No obstante que no es es el\nprimer alegato que se hace para sustentar esta impugnación, se estima conveniente iniciar con el\nrelativo a la inversión de la carga de la prueba, ya que lo que se diga sobre este punto,\ninfluenciará el análisis de lo planteado en esta demanda. En efecto, es necesario aclarar que al\ntenor de lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 11 y 12 del\nReglamento, se constituye en obligación del contribuyente el respaldar con prueba fehaciente, todos\nlos gastos y erogaciones en que incurre para la generación de la renta gravable, lo cual obliga a\nacreditarlos por medio de los correspondientes respaldos y comprobantes, y además debe\nregistrarlos en la contabilidad, describiendo el detalle de las mercaderías compradas o servicios\nrecibidos y responder a las necesidades del contribuyente para producir ingresos gravados con el\nimpuesto sobre las utilidades, esto es, la vinculación con la producción de la renta. De igual\nmanera, el artículo 5, párrafo tercero, obliga a justificar todo incremento patrimonial, so pena\nde su gravación. Así, sobre la base de un sistema tributario de autodeterminación y declaración,\nsustentado en un principio de buena fe -que se deriva del postulado constitucional de colaborar con\nlos gastos públicos (artículo 18 de la Constitución Política)-, al contribuyente le asiste la\ncarga de la prueba en materia fiscal en las diversas instancias en que se discuta el asunto, como\nlo consideró con anterioridad la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número\n38 -94, de las catorce horas veinte del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cuatro:\n\"VII.- Dos principios que rigen en la materia tributaria son aplicables en el proceso de la\ndeterminación de la obligación, su cobro y ulterior impugnación, en caso de que la hubiera;\nprincipios que son especialmente importantes en la resolución del recurso que aquí se conoce. Estos\nson, la carga de la prueba a cargo del contribuyente y la facultad de la Administración de\nprescindir, en la interpretación del hecho generador del tributo, de las formas jurídicas que\nadopte el contribuyente, por él desplegada. Es principio general de la materia, que la carga de la\nprueba, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, corresponde al contribuyente, sujeto\npasivo de la obligación. Por esta razón, al cumplir el contribuyente con la obligación de\npresentar la declaración del impuesto sobre la renta, al vencimiento del período fiscal\ncorrespondiente, debe proporcionar la información necesaria para la adecuada calificación de la\ndeclaración, y la consecuente determinación cuantitativa del tributo. [...] Hecha la modificación,\nsea aplicando o no las facultades de determinación de oficio y prescindencia de formas jurídicas\ninapropiadas, la carga de la prueba en la tramitación de la impugnación, que eventualmente\ninterponga el contribuyente, continuará pesando sobre éste. [...] La legislación tributaria no\nestablece diferencia en cuanto al sujeto obligado a soportar la carga de la prueba, dependiendo si\nla determinación se efectúe por iniciativa del contribuyente o de oficio. La carga de la prueba es\nsiempre del contribuyente, desde el juicio de la operación determinativa hasta su discusión en sede\njurisdiccional. El interés que muestre la Administración Tributaria de probar sus presunciones en\nun proceso, sea en sede administrativa o jurisdiccional, o la solicitud de aclaración que sobre\nalgún aspecto de la determinación impositiva que haga el juez, no revela al contribuyente de la\ncarga probatoria.\" (El resaltado no es del original.) De manera que, no basta con aportar los\ncomprobantes para justificar el gasto, sino que éstos deben estar debidamente autorizados por la\nAdministración Tributaria, como se desprende de los artículos 8 y 9 de la citada Ley y 103 del\nCódigo de Normas y Procedimientos Tributarios, por cuanto \"la validez de la deducción\nautorrealizada por el contribuyente para efectos de su declaración, está sujeta a la posterior\ncomprobación que en estos menesteres puede realizar el Fisco\" (sentencia número 000633-F-2006, de\nlas diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de setiembre del dos mil seis, de la Sala Primera\nde la Corte Suprema de Justicia); por cuanto a la Administración Tributaria se le ha dotado de\nfacultades suficientes para comprobar o cotejar la información suministrada por el contribuyente,\nesto es, un poder de fiscalización e investigación, tanto de los documentos aportados como de los\nque estime necesarios para la acreditación de los gastos, en tanto esta función tiene como\nfinalidad el \"[...] desentrañar la realidad económica subyacente en la obligación tributaria,\ndando paso al deber de completar lo debido, si se determinó que la cuota del impuesto es superior,\no bien, en caso contrario, esto es, que se pagó de más, devolver ante el reclamo, el exceso\ncancelado, pues su retención, de darse, sería indebida, por ende, contraria a legalidad. El poder\ninquisitivo en cuestión, permite, igualmente, solicitar información a terceros, oficinas o\nfuncionarios públicos, o al mismo sujeto pasivo, quienes de conformidad con el Código de Normas y\nProcedimientos Tributarios, están obligados a aportar la documentación que sea requerida (artículos\n128 y 132 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios). Todo con el objeto de encausar,\ndentro de su correcta dimensión, el monto del deber tributario, esto es, establecer la dimensión\nreal del deber de contribuir, constituyendo una carga de colaboración con el Fisco, lo que tiene su\nraíz en la misma doctrina del canon 18 constitucional. Es por ello que la procedencia del gasto\ndebe ser plenamente acreditada por el contribuyente, y corresponde a la Administración Tributaria,\nen ejercicio de estas potestades, concluir sobre su procedencia, no solo en términos cualitativos,\nsino en los cuantitativos. De este modo, ante su rechazo, corresponde al sujeto pasivo aportar las\npruebas que justifiquen el cambio de criterio, es decir, le incumbe, la mayoría de las veces, la\ncarga demostrativa\" (sentencia número 000633-F-2006, supra citada). En virtud de lo anterior, es\nque debe concluirse que hizo bien la Administración Tributaria en señalar que la carga de la prueba\ncorrespondía al quejoso, a quien correspondía aportar la prueba pertinente para desacreditar la\nmodificación tributaria objetada, en este caso, que había contribuido con parte de su capital para\ninvertir en los títulos valores; que en su condición de inversionista, ya había pagado la retención\ndel ocho por ciento dispuesto para los intereses de los títulos valores - dispuesta en el inciso c)\ndel artículo 23 de la Ley 7092-; y que las acciones de la Bolsa Nacional de Valores que vendió en\nel periódo fiscal de mil novecientos noventa y dos, eran activos propios de la empresa, conforme a\nlos alegatos que ha sostenido en sus impugnaciones, tanto en vía administrativa como ahora, en la\njurisdiccional. A lo largo de la exposición se determinará si hubo o no errónea valoración de la\nprueba aportada y la que consta en autos, para desvirtuar el traslado de cargos hecho por la\nAdministración Tributaria. VIII.- DE LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO.- En tanto esta demanda se\napoya en la supuesta errada aplicación de las normas tributarias del impuesto sobre la renta -al\nestimarse la infracción de los principios de igualdad tributaria (de resorte constitucional), al\nestablecerse un trato diferenciado para los sujetos de la relación de coinversión de títulos\nvalores, sin ningún sustento legal para ello, circunstancia que genera una doble imposición sobre\nla base de un mismo ingreso-, ello incide directamente en el ejercicio de la potestad tributaria\ndel Estado; motivo por el cual resulta necesario hacer una breve reflexión en torno al sustento de\nesa potestad, conforme a nuestro orden jurídico-constitucional. Se trata de una manifestación de la\nsoberanía del Estado, que le permite exigir cargas tributarias a personas o bienes que se hallen\nen su jurisdicción, con el fin de obtener los recursos necesarios para solventar las necesidades\npúblicas; o bien, conceder exenciones. El ejercicio de esta potestad está enmarcada en el respeto\ndel principio de legalidad. Nótese que son las normas constitucionales las que determinan la\ncompetencia del Poder que puede imponer los tributos, así como los principios constitucionales de\nla tributación que rigen esta potestad, entre los que se pueden citar: El principio de reserva de\nley, como derivado del axioma del Parlamento inglés \"no taxation without representation\", por el\nque corresponde al Poder Legislativo la determinación de las cargas tributarias. Así, es atributo\nde la ley formal (es decir, de la norma emanada del órgano legislativo, conforme a los\nprocedimientos ordinarios de formación de las leyes, previstos en el artículo 124 de la\nConstitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa) y material (en tanto de ella se\nderivan obligaciones y derechos para los administrados) determinar las obligaciones tributarias; y\nes en esta norma en que deben de establecerse los elementos esenciales del tributo, a saber, el\nsujeto pasivo (quién paga), el hecho generador del tributo, la base de cálculo (tarifa), el\nrégimen de incentivos y beneficios fiscales, el régimen sancionatorio tributario, y los plazos de\ncaducidad y prescripción (como lo desarrolla el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos\nTributarios); con lo cual, en las normas legales, se manifiesta la fundamentación jurídica del\ntributo que se impone. El principio de igualdad o isonomía, que es un valor supremo de todo el\nordenamiento jurídico, que nace del contenido del artículo 33 del Texto Fundamental, en virtud del\ncual se deriva la regla general que ordena el tratamiento igual entre iguales, y faculta el\ntratamiento desigual entre desiguales, siempre y cuando las diferencias establecidas estén\ndebidamente fundamentadas; con lo cual, se impide que se puedan instaurar situaciones de\nprivilegio o discriminación en materia fiscal. La aplicación de este principio debe tender no sólo\na la igualdad formal, sea, que la ley se aplique de igual manera a todos los que se encuentren en\nuna misma situación jurídica, sino, en especial a la igualdad material o sustancial, de manera que\nse respeten las desigualdades a fin de poder obtener un trato igualitario; de tal suerte, que se\nconstituye en deber de los poderes públicos, la promoción de las condiciones para hacerla efectiva.\nEl principio de la capacidad contributiva o económica del sujeto pasivo, el cual se constituye en\nel sustento de la definición del modelo de distribución de la carga tributaria, en virtud del cual\nse exige la contribución conforme a la riqueza del contribuyente, de manera que con ese contenido,\nactúa como instrumento para la aplicación de los restantes principios tributarios. Este principio\ntiene tres significados fundamentales: en primer lugar, es el fundamento o razón de ser (la ratio)\nque justifica el hecho mismo de contribuir y el cumplimiento del deber constitucional; de manera\nque bien puede afirmarse que es la aptitud para contribuir; así se genera la obligación de\ncontribuir porque se tiene la capacidad económica para soportar el gravamen tributario, y en\nconsecuencia, pagar; o lo que es lo mismo, es \"la aptitud para ser sujeto pasivo de obligaciones\nimpositivas\", como lo consideró la Procuraduría de la República en el Dictamen C-365-83, del veinte\nde octubre de mil novecientos ochenta y tres; en segundo lugar, se constituye en la medida, razón o\nproporción de cada contribución individual de los sujetos obligados al sostenimiento de los gastos\npúblicos, y en consecuencia, como límite del legislador en el ejercicio del poder tributario; toda\nvez que se contribuye según la riqueza que se tiene; y en tercer lugar, como programa u orientación\ndel legislador en el ejercicio de ese poder tributario dentro del objetivo de redistribución de la\nrenta o de realización de la igualdad material -ya no sólo formal- a que debe tender todo sistema\ntributario, sobre todo en el marco de un Estado Social de Derecho. En este sentido, es dable\nconsiderar que en razón del contenido de este principio, es que aparece vinculado con los otros\nprincipios tributarios materiales, tales como el de generalidad, igualdad, progresividad y no\nconfiscatoriedad, en lo tocante a la realización de un sistema tributario justo, sea, en el que se\nestablezca un adecuado reparto de la carga tributaria, y por ende, de la riqueza. El principio de\nno confiscatoriedad de los tributos, en virtud del cual, no resulta posible imponer una carga\ntributaria que se traduzca en la pérdida o anulación del patrimonio, en tanto la proporcionalidad\ny razonabilidad del tributo no sólo se refiere a la generalidad del mismo, sino también, y en\nespecial, a su monto o quantum (como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala Constitucional\nen sentencias número 5749-93, de las catorce horas treinta y tres minutos del nueve de noviembre de\nmil novecientos noventa y tres, y número 5944-98, de las dieciséis horas veinticuatro minutos del\ndieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho); de manera que el efecto de la contribución\na los gastos públicos no puede ser que el contribuyente pierda su patrimonio o parte sustancial de\néste, erigiéndose como parámetro sustancial los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Y\nel principio de irretroactividad de la la ley, en tanto no puede pretenderse que por ley posterior\nse afecte la declaración tributaria realizada conforme a las normas vigentes al momento de su\nelaboración. Así, la potestad tributaria está reconocida a nivel constitucional en el artículo 121\ninciso 13), que confiere a la Asamblea Legislativa la competencia exclusiva para establecer los\nimpuestos y contribuciones nacionales, y es en el artículo 18 -también constitucional-, que\nestablece la obligación para los costarricenses de pagar las cargas públicas establecidas por el\nEstado a fin de contribuir con los gastos públicos, obligación que en virtud del principio de\nigualdad, no cabe hacer excepciones ni establecer situaciones de privilegio, de manera que debe\nasegurarse el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones análogas; correspondiéndole\nal Poder Ejecutivo disponer de su recaudación. IX.- DE LA SUJECIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A\nLA QUE ESTÁ AFECTA LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL.- Es en ejercicio de esta potestad\ntributaria de que goza el Estado, que tiene plena competencia para fijar los tributos en su\njurisdicción, lo cual, obviamente comprende los criterios de sujeción para su imposición, cuales\nson, los elementos que determinan qué renta o sujeto está sometido al poder tributario del Estado.\nEs así como, los criterios de sujeción pueden ser personales y/o reales; donde los primeros\n(personales) hacen referencia a situaciones en las que existe un vínculo relacionado con la propia\nnaturaleza del individuo o contribuyente, de manera que la sujeción a las leyes tributarias de un\ndeterminado Estado están definidas por la condición de nacional o residente fiscal del sujeto\npasivo; y los segundos (reales) se centra en el criterio de la fuente de la renta, es decir, la\nvinculación con las leyes tributarias nace a consecuencia de la generación de renta en un\ndeterminado territorio, de manera que lo relevante es la renta en sí y no quién la genera, con lo\ncual se desarrolla el principio de territorialidad. Precisamente el impuesto sobre la renta\nregulado en la Ley número 7092, de veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se\nsustenta en este último principio, con lo cual, están sujetas a este gravamen todas las rentas\ngeneradas dentro del territorio nacional, como se deriva del artículo primero de la Ley de\nreferencia, que define el hecho generador del tributo (hecho o supuesto que determina el nacimiento\nde la obligación tributaria), precisamente en la generación de renta \"proveniente de cualquier\nfuente costarricense\": \"Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia imponible. Se\nestablece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que\ndesarrollen actividades lucrativas. (Así ampliado por el artículo 102 de la Ley de Presupuesto\nNo.7097 de 1º de setiembre de 1988) El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas\nen el párrafo anterior, es la percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales,\nprovenientes de cualquier fuente costarricense. (Así reformado por artículo 102 de la Ley de\nPresupuesto No. 7097 de 1º de setiembre de 1988). Este impuesto también grava los ingresos,\ncontinuos o eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o\njurídicas domiciliadas en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente\ncostarricense no exceptuado por ley, entre ellos los ingresos que perciban los beneficiarios de\ncontratos de exportación por certificados de abono tributario. La condición de domiciliados en el\npaís se determinará conforme al reglamento. Lo dispuesto en esta ley no será aplicable a los\nmecanismos de fomento y compensación ambiental establecidos en la Ley Forestal, No.7575, del 13 de\nfebrero de 1996. (Así modificado este párrafo tercero por el artículo 1º de la ley No.7838 de 5 de\noctubre de 1998.) Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por\nrentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados,\nbienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el\nperíodo fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley.\" (El subrayado no es del original).\nAsimismo, el artículo 2 de la ciatada Ley establece que serán contribuyentes quienes, entre otros\nrequisitos \"... realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país\". Con lo cual, más\nque un término jurídico es de carácter económico, que para su mejor comprensión debemos entender\nreferido al incremento patrimonial que se da en período fiscal, obtenido a través del desarrollo\nde una actividad, y que comprende todos los elementos productores de renta, la que ha sido\nentendida como “... la riqueza de carácter dinámico ... es un flujo de riqueza que se genera en un\nperíodo determinado, de modo que es necesario comparar el estado del patrimonio al inicio del\nperíodo de su estado final, para captar así el volumen de flujo de riqueza que se generó en dicho\narco temporal.\" (Torrealba Navas, Adrián. La imposición sobre la renta en Costa Rica.\nInvestigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2003, p. 45.) Por ello este concepto ha sido\nequiparado a la expresión de \"renta-producto\", “teoría de la fuente”, “renta ingreso” o “teoría\npatrimonial o de la acumulación”, esto es, a las rentas, ingresos y beneficios de fuente\ncostarricense que se originen en el trabajo, el capital y el patrimonio. En virtud de lo anterior,\nquedan excluidas de la aplicación del impuesto las ganancias de capital o patrimoniales, entendidas\néstas como las diferencias en el valor de determinados elementos de patrimonio que son consecuencia\nde factores como la evolución de los precios en el mercado, la realización de obras públicas o las\nincorporaciones patrimoniales –por ejemplo, los premios en juegos, loterías, receptor de donación o\nherencia, etc.- En atención a los argumentos que sustentan esta demanda, es necesario hacer dos\naclaraciones: En primer lugar, la actividad de intermediación bursátil sí está afecta al pago del\nimpuesto sobre la renta, como lo dispone de manera expresa y contundente el artículo 5 de la misma\nLey -en desarrollo de los artículos 1 y 2 supra citados-, que precisamente determina como renta\nbruta \"el conjunto de los ingresos o beneficios percibidos en el período del impuesto por el\nsujeto pasivo, en virtud de las actividades a que se refiere el artículo 1º\", con lo cual, se\nconforma con \"el total de los ingresos o beneficios percibidos o devengados durante el período\nfiscal, provenientes de cualquier fuente costarricense, la explotación o el negocio de bienes\ninmuebles, la colocación de capitales -sean depósitos, valores u otros-, las actividades\nempresariales o los certificados de abono tributario creados en la Ley Nº 5162 del 22 de diciembre\nde 1972 y sus reformas, los cuales reciban las empresas que hayan suscrito un contrato de\nexportación de productos no tradicionales a terceros mercados, al amparo de la ley Nº 837, del 20\nde diciembre de 1946 y sus reformas o la ley Nº 7092, del 21 de abril de 1988 y sus reformas\", así\ncomo \"cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente\nregistrados y declarados\". Nótese que la norma no establece ninguna excepción o condición por la\nque se establezca la no sujeción de la actividad bursátil al impuesto de la renta, sino todo lo\ncontrario, no pudiendo diferenciarse donde la norma no lo hace; basamento que sirve de sustento\npara analizar la demanda formulada. Y en segundo lugar, de la conceptualización de la renta\n(producto) pareciera que en principio las ganancias de capital no están sujetas al impuesto de la\nrenta, pero no resulta hacer esa afirmación en sentido absoluto, por cuanto las mismas sí son\nobjeto gravable de este impuesto, en determinadas circunstancias conforme a lo dispuesto en la Ley\nque rige este tributo, esto es, cuando pueda considerarse que la ganancia es obtenida de fuente\nproductora o por los factores productivos, como cuando la misma se origina en la enajenación de\nbienes previamente adquiridos, supuesto en el que, \"... la ganancia de capital es normalmente la\ndiferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición del bien (con posibles ajustes de\ndevaluación), al menos las mejoras introducidas por el contribuyente;...\" (Directriz de la\nDirección General de Tributación, número 12-2000.) En virtud de lo anterior, está sujeta al pago\ndel impuesto de la renta la ganancia de capital en dos supuestos: la obtenida de la enajenación de\nactivos de la empresa que se constituya en actividad habitual del contribuyente, en la forma\nprevista en el artículo 6 inciso d) de la Ley 7092; y la derivada de la venta de bienes sujetos a\ndepreciación cuando se haga por un valor diferente al que le correspondía (artículo 8 inciso f) de\nla Ley 7092). X.- DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL.- LLegados a este punto, conviene\naclarar que conforme a las regulaciones de los artículos 53 y 54 de la Ley Reguladora del Mercado\nde Valores, número 7732, los puestos de bolsa son personas jurídicas constituidas como sociedades\nanónimas, autorizadas -por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)- para realizar la\nactividad de intermediación bursátil, esto es, aquella relativa a “la captación de recursos\nfinancieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del\nintermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura\ncontractual o jurídica que utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en\nel que se formalicen las transacciones” (artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central), pero,\ncomo su calificación lo indica, circunscrita al ámbito de los títulos valores; entendiendo por\ntales cualquier \"derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no en un documento,\nque por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión puedan ser objeto de negociación\nen un mercado financiero o bursátil\" (artículo 2 de la citada Ley 7732). Así, se constituye en\nactividad habitual de los puestos de bolsa las siguientes tareas, conforme a la autorización dada\nen el artículo 56 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores: \"a) Comprar y vender, por cuenta de\nsus clientes valores en la bolsa. Para ello, podrán recibir fondos de sus clientes, pero el mismo\ndía deberán aplicarlos al fin correspondiente. Si por cualquier razón esto no fuere posible,\ndeberán depositar los fondos en una entidad financiera regulada por la Superintendencia General de\nEntidades Financieras, en un depósito especial y a más tardar el siguiente día hábil. b) Comprar y\nvender, por cuenta propia, valores en la bolsa, cuando cumplan con los niveles mínimos de capital\nadicional y los otros requisitos establecidos, reglamentariamente, para esos efectos por la\nSuperintendencia. c) Obtener créditos y otorgar a los clientes créditos, siempre que estén\ndirectamente relacionados con operaciones de compra y venta de valores, incluida la prefinanciación\nde emisiones. Para estos efectos, los puestos deberán cumplir con los niveles mínimos de capital\nadicional o las garantías adicionales específicas y los demás requisitos establecidos,\nreglamentariamente, por la Superintendencia. d) Asesorar a los clientes, en materia de\ninversiones y operaciones bursátiles. e) Prestar servicios de administración individual de\ncarteras, según el reglamento emitido por la Superintendencia. f) Realizar las demás actividades\nque autorice la superintendencia, mediante reglamento.\" En atención al concepto de renta-producto,\nes lógico concluir que las utilidades derivadas de las anteriores actividades que realicen los\npuestos de bolsa, están afectas al impuesto sobre la Renta, al tenor de lo dispuesto en los\nartículos 1, 2 y 5 de la Ley número 7092, sin poder distinguir donde la normativa legal no lo haga\nen forma expresa. XI.- DE LA NO INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA Y RESERVA\nLEGAL.- Lleva razón la representación de la Procuraduría, en tanto, no obstante que se trata del\nmismo impuesto -el de la renta-, en relación con los intereses derivados de los títulos valores,\nse manifiesta de manera diversa tratándose del sujeto pasivo (inversionista y operadora o puesto de\nbolsa); y del momento en que se produce el hecho generador. Así, tratándose del inversionista\n(sujeto pasivo), el inciso c) del artículo 23 establece un impuesto único y definitivo que\nconsiste en una retención del ocho por ciento, que no la paga en forma directa el sujeto pasivo,\nsino que, por por mandato legal, en razón de su actividad, está obligado a retener el\ncorrespondiente puesto de bolsa, en su condición de agente retenedor -artículo 23 del Código de\nNormas y Procedimientos Tributarios-, sin que por ello pueda alegar que realiza el pago del\ntributo en cuestión. Por su parte, en relación con el puesto de bolsa (sujeto pasivo), éste debe\npagar el impuesto de la renta sobre las utilidades derivadas de las diferencias que generan las\noperaciones bursátiles, las cuales no son objeto de la retención fija del ocho por ciento\nestablecido en la Ley (tributo se carga al inversionista, no al intermediario). Nótese que primero\ncorresponde hacer la retención del los intereses, que paga el inversionista y retiene el operador,\ny posteriormente, de la ganancia obtenida con dicha actividad, de todas las transacciones\nrealizadas, se calcula y grava el impuesto sobre la renta, que debe pagar la intermediaria. En\nvirtud de lo anterior, es claro que no hay infracción de los principios constitucionales de\nigualdad tributaria y reserva legal, así como tampoco una doble imposición como alega la actora;\nya que resulta a todas luces improcedente pretender igualar la condición de los inversionistas de\nlos intermediariarios, en tanto los primeros acuden a los puestos de bolsa para que éstos\nintervengan a su nombre en el mercado bursátil, a cambio de una comisión; siendo que la actividad\nde intermediación bursátil está sujeta a autorización de parte de la Supertintendencia General de\nValores (SUGEVAL) y a regulaciones especiales, en razón de su gran impacto en el mercado financiero\ndel país. De igual índole, diverso es el tipo de ingreso que recibe el inversionista del puesto de\nbolsa, y por ello, la diversidad en el diseño del impuesto. Es necesario advertir que la actora no\nlogra demostrar con las certificaciones aportadas, tanto en el expediente administrativo como ahora\nen el judicial, que ella, invirtió su capital en la compra y venta de títulos valores, adquiriendo\ncon ello la condición de co-dueña de tales valores, ni tampoco logró demostrar que en relación a\nesa supuesta inversión propia, pagó el impuesto del ocho por ciento de los intereses derivados de\nlas ventas de sus acciones, que la excepciona del pago de cualquier otro tributos. Nótese que las\npruebas aportadas al expediente (hojas de trabajo realizadas por la Administración Tributaria,\ncertificación de contador público y peritaje realizado en el judicial) lo que se logra acreditar es\nque \"los intereses percibidos por Inversiones Sama Sociedad Anónima en virtud de las operaciones\nOPAV y CAV tienen su origen en títulos valores adquiridos por medio de la Bolsa Nacional de\nValores, los cuales tienen gravada la fuente , por el correspondiente emisor de los títulos valores\nla respectiva retención por concepto de impuesto sobre la renta\"; lo cual es absolutamente cierto,\nen tanto, según se ha visto, corresponde una retención del ocho por ciento en relación con el\ninversionista, condición que -se repite-, no ha logrado acreditar el actor, sino todo lo\ncontrario, en tanto actua y realiza actividad propia de un puesto de bolsa, actividad que se\nrepite, por mandato legal -artículos primero, 2 y 5 de la Ley número 7092- está gravada o afectada\nal pago del impuesto sobre la renta, como actividad productiva que es. XII.- DE LA SUJECIÓN AL\nIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS VENTAS DE ACTIVOS.- Alega la sociedad actora la improcedencia de la\ngrabación de la ganancia obtenida con ocasión de la venta de unos activos propios, consistentes en\nacciones de la Bolsa Nacional de Valores, por no adecuarse al concepto de actividad habitual, en ya\nque se dedica a la intermediación bursátil por cuenta de terceros, más no para sí mismo. Conviene a\neste punto diferenciar entre el capital social de la sociedad y el patrimonio o activos de la\nempresa, en tanto el primero \"es la cifra en que se estima la suma de las obligaciones de dar de\nlos socios, y señala el nivel mínimo que debe alcanzar el patrimonio social para que los socios\npuedan disfrutar de las ganancias de la sociedad\" (MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil.\nEditorial Porrúa, S. A. México. MCMKXXXVII. p.212), que como elemento constitutivo de la sociedad\n(artículos 18 inciso 8) y 19 del Código de Comercio), permanece inalterable hasta que no cambie el\nnúmero de socios o se altere el monto de las obligaciones a cargo de ellos, conforme a acuerdo\ncelebrado en Asamblea General de Accionistas; mientras que el segundo es el conjunto de bienes y\nderechos de la sociedad, con deducción de sus obligaciones, que tiene la condición de ser\ncambiante, conforme a las operaciones de la empresa. Nótese que al tenor de la certificación de\ncontador público autorizado, visible a a folio 46 del expediente administrativo, se trata de la\nventa de acciones comunes y nominativas de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, S. A. (BNV),\npropiedad de la actora, las cuáles tenía registradas desde mil novecientos ochenta y cuatro en la\ncuenta de \"Inversiones permanentes\"; con lo cual, es claro que no constituía parte del capital\nsocial, sino efectivamente de la venta de parte de los activos de Inversiones Sama, S. A.; pero por\ntratarse de la venta de títulos valores, se constituye en actividad habitual de la actora, en tanto\nes un puesto de bolsa, es decir, que realiza actividades de intermediación bursátil, según las\ntareas autorizadas en el artículo 56 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores (supra citada),\nde manera que es indistinto que se trate de la compra y venta de valores para terceros (clientes\ninversionistas) o por cuenta propia, en atención al tipo de bien de la transacción (título valor);\nasí como tampoco tiene incidencia el tiempo de permanencia de las acciones vendidas en el\npatrimonio de la actora. Así, en este caso, la venta de activos propios de la empresa y el\nincremento patrimonial que ello genera deben considerarse como parte de las rentas empresariales,\nprecisamente por su ligamen a la actividad empresarial, que se constituye en una consecuencia\ndirecta de la actividad habitual a la que se dedican estas empresas (puestos de bolsa),\ncircunstancia que obliga a la sujeción del impuesto sobre la renta, como lo dispuso la\nAdministración Tributaria. XIII.- DE LA MOTIVACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA ACTUACIÓN\nFORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- En cuanto a la nulidad de la resolución número 181-97 dictada\npor la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo por la falta de fundamentación o\nmotivación, cabe advertir que efectivamente se constituye en un elemento esencial (formal) de\nexistencia y validez de todo acto administrativo, conforme al artículo 136 de la citada Ley\nGeneral, y que consiste \"... en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de\nderecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto\nadministrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier\nresolución administrativa, está contenida en los denominados 'considerandos' -parte considerativa-.\nLa motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la\nadministración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de\nprueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el\nrespectivo acto administrativo.\" (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I.\n(Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.) De\nmanera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las circunstancias de hecho\nsingulares de que se trate (según desarrollo de la jurisprudencia española, propiamente en la\nsentencia del 18 de mayo de 1991, RA 4120, aceptando considerando de la apelada, que cita las SSTS\nde 23 de setiembre de 1969, RA 6078, y 7 de octubre de 1970, RA 4251, citado por el autor Marcos M.\nFernando Pablo, en su obra La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid.\n1993, página 190); es decir, se trata de una decisión concreta, que liga los hechos con el sustento\nnormativo; de manera que cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se\npuede concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos no es\nposible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para tomar la decisión, lo\ncual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos limitativos o restrictivos de\nderechos subjetivos o en los que se impone una sanción al administrado. Por su contenido, se\nconstituye en factor determinante del debido proceso y derecho de defensa, que tiene plena\naplicación en el ámbito administrativo, según lo señaló la Sala Constitucional a partir de la\nsentencia 15-90, de las dieciséis horas cuarenta y cinco horas del cinco de enero de mil\nnovecientos noventa, al enunciar los elementos mínimos de este principio constitucional \"(...) a)\nNotificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y\noportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda\npertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye\nnecesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la\ncuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por\nabogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta\nla administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la\ndecisión dictada ...\" (El resaltado no es del original.) Es por ello que al tenor del artículo 136\nde la Ley General de la Administración Pública, resulta exigido para la Administración motivar\nlos actos que imponen obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan\nrecursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones precedentes o del\ndictamen de los órganos consultivos; los que mantienen la ejecución del que es impugnado; los\ngenerales de carácter normativo (reglamentos) y los discrecionales de carácter general. Por ello,\nsi no hay motivación, se incurre en un vicio de forma que afecta gravemente el acto, afectando de\nnulidad absoluta el acto en cuestión. XIV.- DE LA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL\nADMINISTRATIVO.- Disiente este Tribunal de los alegatos de la sociedad actora, al estimar que\nresulta absolutamente motivada y justificada la decisión objetada, ya que, analiza de manera clara\ny diferenciada los diversos reparos que hiciese la quejosa en su impugnación. Es cierto que a tal\nefecto utiliza como recurso la cita de precedentes, pero no pueda estimarse que se trate de una\nmera transcripción de éstos, ya que a continuación detalla los motivos que sustentan la\nconfirmación del traslado de cargos que se le hiciera. Las objeciones que se hacen son puntuales,\nla \"improcedencia\" del cobro del impuesto sobre la renta sobre las diferencias de las utilidades\nderivadas de los títulos valores, punto que no tiene mayor discusión conforme a la normativa que\nregula la materia -según se ha explicado-, lo cual hace ver el Tribunal Fiscal; y la delimitación\ndel concepto de habitualidad, que es el sustento para gravarle la venta de acciones de la actora, a\nlo cual, aporta una nueva definición, en virtud de la cual, sí resulta posible la grabación hecha.\n“", "body_en_text": "**V.- THE ALLEGATION OF UNCONSTITUTIONALITY.-** As part of the support for the filed claim, the plaintiff company invokes a presumption of unconstitutionality of the interpretation made by the Tax Administration (Administración Tributaria) of taxing its profits derived from managing its clients' securities investments, for establishing a differentiated treatment that is unjustified, regarding investors and brokerage firms (puesto de bolsa), a condition the plaintiff holds, with the consequent infringement of the constitutional principle of tax equality, \"which will only be eliminated if the State demonstrates solid justifying elements for said differentiated treatment. In some way, the State must prove the absence of arbitrariness that the tax discrimination reveals.\" It is necessary to note that, as part of the principle of legality and the normative hierarchy (articles 11 of the Political Constitution and 6 of the General Law of Public Administration) to which the exercise of the jurisdictional function is subject, the Law of the Constitution (comprised of the norms and principles that derive from both the text of the Fundamental Charter and international norms regarding fundamental rights, the judgments emanating from the Inter-American Court of Human Rights, and the jurisprudence of the Constitutional Court itself) constitutes a parameter that must be applied in the ordinary jurisdiction. By virtue of this, constitutional principles, and in this case, those enunciated by the plaintiff company, do have full application. However, it is necessary to remember that according to the competence assigned to the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, under the terms of article 10 of our Political Charter of nineteen forty-nine, the competence to \"declare, by an absolute majority of its members, the unconstitutionality of norms of any nature and of acts subject to Public Law\" resides in that chamber. By virtue of this, the allegation of unconstitutionality made in this jurisdiction (administrative litigation) is clearly improper, as this Court is prevented from declaring the alleged unconstitutionality, its control being circumscribed to the legality of administrative action (article 49 of the Political Constitution); without it being appropriate in this case to formulate a judicial consultation before the Constitutional Chamber — as authorized by article 102 of the Law governing said Jurisdiction—, given that the prerequisites for it are not met, since this Authority has none of the doubt noted by the plaintiff company regarding the applicable regulations, considering that we are not facing a problem of that nature, as the plaintiff argues, but rather one of interpretation of the tax regulations governing the filed challenge, as will be analyzed next.\n\n**VI.- THE RULES OF INTERPRETATION IN TAX MATTERS.-** Before addressing the merits of the matter raised, and considering that the object of the litigation is circumscribed to determining whether or not the interpretation made by the Tax Administration (Administración Tributaria) of articles 6 subsection d) in relation to 23 subsection c), both of the Income Tax Law (Ley del Impuesto sobre la Renta), is correct, it is of importance to refer to the rules of interpretation in tax matters. It should be noted that interpretation is understood as the \"Action or effect of interpreting; that is, a declaration, explanation, or clarification of the meaning of a thing or of an incomplete, obscure, or doubtful text. Of laws. The reasoned clarification of a law and the spirit of legal norms, to know their true meaning and determine their general scope or efficacy or in a particular case.\" (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, Thirteenth Edition. Buenos Aires, Argentina, 1998, p.210.) So it is an activity of a cognitive nature whose object is to ascertain the meaning of the legal norm, which is necessary for its application. Various theories of interpretation have been developed in this branch of law, such as the strict or literal one, which views tax norms as odious restrictions on individual liberty, based on the principle in dubio contra Fiscum (considered parallel to the in dubio pro reo, characteristic of Criminal Law); the restrictive one regarding exemption norms, which defends an interpretation favorable to the Treasury by deeming provisions establishing exemptions or fiscal benefits as exceptional or singular; the economic one, which takes into consideration the economic reality it regulates, thus valuing the purpose, economic content, and the evolution of circumstances, thereby allowing the understanding that even when legal terms are not used to describe certain operations, their qualification is made according to their economic content, disregarding the legal form (contained in article 8 of the Code of Tax Norms and Procedures); and the functional one, which maintains the need to analyze the financial phenomenon by integrating the legal moment with the economic, political, and sociological ones; so that the principle of economic capacity has special relevance. (Pérez Royo, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Editorial Civitas. Tenth Edition. Madrid. Spain. 2000. pp. 88 to 91). This situation is regulated in our tax legal system, specifically in article 6 of the Code of Tax Norms and Procedures, based on which, this activity is informed by \"all methods admitted by Common Law.\" This presupposes that the interpretative methods set forth in the Civil Code are applicable, specifically in articles 9 -binding jurisprudence-, 10 -literal method-, 11 -ratio legis-, 12 -analogy-, and 14 -supplementary nature-, which are nourished by historical, logical, grammatical, and systematic interpretation, all methods whose ultimate purpose is to unravel the will of the legislator. (In the same sense, judgment number 428-2006, of fourteen hours on October twenty-seventh, two thousand six, of the Third Section of the Administrative Litigation Court, can be consulted.) However, it should be noted that, although in a general manner it is possible to carry out integrative and even analogical interpretation in tax matters, in order to fill regulatory gaps, it is indeed clear that article 6 of the Tax Code itself is explicit in stating that said method is not applicable in the exercise of the State's own taxing power in two specific scenarios: neither to impose a tax nor to recognize an exoneration, because this is a matter reserved for formal and material law, according to article 121 subsection 13) of the Political Constitution, and developed by article 5 of the cited Code of Tax Norms and Procedures, by virtue of which it is the legislator who is responsible not only for the definition of the tax as such and all its essential elements but also for the scenarios of non-subjection and exoneration. This means that it is the legal norm that defines whether an activity or profit is or is not subject to a tax, without being able—through extensive application of the provision—to differentiate where the norm does not do so or to cover scenarios not specifically determined in it. (In a similar sense, judgment number 428-2006, of fourteen hours on October twenty-seventh, two thousand six, of the Third Section of the Administrative Litigation Court, can be consulted.) It is on this basis that the plaintiff's arguments will be analyzed, for which it is important to be clear about the presuppositions of the exercise of the State's taxing power and the constitutional principles that inform it, as well as the concept of the income tax and withholding of interest from securities, whose challenge is the subject of this claim.\n\n**VII.- THE REQUIREMENTS FOR THE ACCREDITATION OF EXPENSES FOR FISCAL PURPOSES.-** Although it is not the first argument made to support this challenge, it is deemed convenient to begin with the one regarding the reversal of the burden of proof, since what is said on this point will influence the analysis of what is raised in this claim. Indeed, it is necessary to clarify that under the terms of articles 7 of the Income Tax Law (Ley del Impuesto sobre la Renta), and 11 and 12 of its Regulation, it becomes the taxpayer's obligation to support, with reliable proof, all the expenses and outlays incurred for the generation of taxable income, which obliges them to be accredited by means of the corresponding supports and vouchers, and they must also be recorded in the accounting, describing the detail of purchased merchandise or services received and responding to the taxpayer's needs to produce income taxed with the profits tax, that is, the link to the production of income. Similarly, article 5, third paragraph, obliges the justification of any increase in equity, under penalty of its taxation. Thus, on the basis of a tax system of self-assessment and declaration, sustained by a principle of good faith—which derives from the constitutional postulate of contributing to public expenses (article 18 of the Political Constitution)—the burden of proof in fiscal matters falls on the taxpayer in the various instances where the matter is discussed, as previously considered by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 38-94, of fourteen twenty hours on May thirty-first, nineteen ninety-four: \"VII.- Two principles that govern in tax matters are applicable in the process of determining the obligation, its collection, and subsequent challenge, in case there is one; principles that are especially important in the resolution of the appeal heard here. These are, the burden of proof on the taxpayer and the power of the Administration to disregard, in the interpretation of the taxable event (hecho generador) of the tax, the legal forms adopted by the taxpayer, deployed by them. It is a general principle of the matter, that the burden of proof, both in administrative and jurisdictional venues, corresponds to the taxpayer, the passive subject of the obligation. For this reason, when the taxpayer fulfills the obligation to file the income tax return, at the expiration of the corresponding fiscal period, they must provide the necessary information for the adequate qualification of the return, and the consequent quantitative determination of the tax. [...] Once the modification is made, whether applying the powers of official determination and disregard of inappropriate legal forms or not, the burden of proof in the processing of the challenge, which the taxpayer eventually files, will continue to weigh on them. [...] Tax legislation does not establish a difference regarding the subject obligated to bear the burden of proof, depending on whether the determination is made on the taxpayer's initiative or ex officio. The burden of proof is always on the taxpayer, from the judgment of the determinative operation up to its discussion in the jurisdictional venue. The interest the Tax Administration may show in proving its presumptions in a proceeding, be it in an administrative or jurisdictional venue, or the request for clarification that the judge makes on some aspect of the tax determination, does not relieve the taxpayer of the evidentiary burden.\" (The highlighting is not from the original.) Therefore, it is not enough to provide receipts to justify the expense, but these must be duly authorized by the Tax Administration (Administración Tributaria), as inferred from articles 8 and 9 of the cited Law and 103 of the Code of Tax Norms and Procedures, since \"the validity of the deduction self-realized by the taxpayer for the purposes of their declaration is subject to the subsequent verification that the Treasury can carry out in these matters\" (judgment number 000633-F-2006, of ten forty-five hours on September sixth, two thousand six, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice); because the Tax Administration has been endowed with sufficient powers to verify or collate the information provided by the taxpayer, that is, a power of oversight and investigation, both of the documents provided and those it deems necessary for the accreditation of expenses, as this function aims to \"[...] unravel the underlying economic reality in the tax obligation, giving way to the duty to complete what is due, if it was determined that the tax quota is higher, or, conversely, that is, that more was paid, to return upon the claim the excess paid, since its retention, if it occurred, would be undue, therefore, contrary to law. The inquisitive power in question also allows requesting information from third parties, public offices or officials, or from the same passive subject, who according to the Code of Tax Norms and Procedures, are obliged to provide the documentation that is requested (articles 128 and 132 of the Code of Tax Norms and Procedures). All with the aim of channeling, within its correct dimension, the amount of the tax duty, that is, establishing the real dimension of the duty to contribute, constituting a duty of collaboration with the Treasury, which has its root in the very doctrine of constitutional canon 18. That is why the appropriateness of the expense must be fully accredited by the taxpayer, and it corresponds to the Tax Administration, in the exercise of these powers, to conclude on its appropriateness, not only in qualitative terms, but also quantitative ones. Thus, upon its rejection, it corresponds to the passive subject to provide the evidence justifying the change of criterion, that is, the demonstrative burden is incumbent upon them, most of the time\" (judgment number 000633-F-2006, cited above). By virtue of the foregoing, it must be concluded that the Tax Administration was right in pointing out that the burden of proof corresponded to the complainant, who was responsible for providing the pertinent evidence to discredit the objected tax modification, in this case, that it had contributed with part of its capital to invest in securities; that in its capacity as an investor, it had already paid the eight percent withholding provided for the interest on securities — provided in subsection c) of article 23 of Law 7092—; and that the shares of the National Stock Exchange (Bolsa Nacional de Valores) it sold in the fiscal year nineteen ninety-two were the company's own assets, according to the arguments it has sustained in its challenges, both in the administrative channel and now, in the jurisdictional one. Throughout the exposition, it will be determined whether or not there was an erroneous assessment of the evidence provided and that which is in the record, to distort the statement of objections made by the Tax Administration.\n\n**VIII.- THE STATE'S TAXING POWER.-** Since this claim is based on the allegedly erroneous application of the income tax regulations —considering the infringement of the principles of tax equality (of constitutional origin), by establishing a differentiated treatment for the subjects of the co-investment relationship for securities, without any legal basis for it, a circumstance that generates double taxation on the same income—, this directly affects the exercise of the State's taxing power; for which reason it is necessary to make a brief reflection on the support of that power, according to our constitutional legal order. It is a manifestation of the sovereignty of the State, which allows it to demand tax charges from persons or assets within its jurisdiction, in order to obtain the necessary resources to cover public needs; or, to grant exemptions. The exercise of this power is framed by respect for the principle of legality. Note that it is the constitutional norms that determine the competence of the Branch of Government that can impose taxes, as well as the constitutional principles of taxation that govern this power, among which can be cited: The principle of legal reserve, as derived from the axiom of the English Parliament \"no taxation without representation,\" by which the determination of tax charges corresponds to the Legislative Branch. Thus, it is an attribute of formal law (that is, the norm emanating from the legislative body, according to the ordinary procedures for the formation of laws, provided for in article 124 of the Political Constitution and the Regulation of the Legislative Assembly) and material law (insofar as obligations and rights for the administered derive from it) to determine tax obligations; and it is in this norm that the essential elements of the tax must be established, namely, the passive subject (who pays), the taxable event (hecho generador) of the tax, the calculation base (rate), the regime of fiscal incentives and benefits, the tax sanctioning regime, and the periods of expiration and statute of limitations (as developed by article 5 of the Code of Tax Norms and Procedures); with which, in the legal norms, the legal foundation of the tax that is imposed is manifested. The principle of equality or isonomy, which is a supreme value of the entire legal order, born from the content of article 33 of the Fundamental Text, by virtue of which the general rule that orders equal treatment among equals is derived, and empowers unequal treatment among unequal, provided that the established differences are duly grounded; with which, it is prevented that situations of privilege or discrimination in fiscal matters can be instituted. The application of this principle must tend not only to formal equality, that is, that the law is applied equally to all those who are in the same legal situation, but also, especially to material or substantial equality, so that inequalities are respected in order to obtain egalitarian treatment; in such a way, that it becomes the duty of the public powers to promote the conditions to make it effective. The principle of the contributive or economic capacity of the passive subject, which constitutes the support for the definition of the tax burden distribution model, by virtue of which contribution is demanded according to the taxpayer's wealth, so that with that content, it acts as an instrument for the application of the remaining tax principles. This principle has three fundamental meanings: first, it is the foundation or reason for being (the ratio) that justifies the very act of contributing and fulfilling the constitutional duty; so it can well be affirmed that it is the aptitude to contribute; thus, the obligation to contribute is generated because one has the economic capacity to bear the tax burden, and consequently, to pay; or what is the same, it is \"the aptitude to be a passive subject of tax obligations,\" as considered by the Attorney General's Office in Opinion C-365-83, of October twentieth, nineteen eighty-three; second, it constitutes the measure, reason, or proportion of each individual contribution by the subjects obligated to support public expenses, and consequently, as a limit to the legislator in the exercise of tax power; since one contributes according to the wealth one has; and third, as a program or orientation for the legislator in the exercise of that tax power within the objective of income redistribution or the realization of material equality—no longer merely formal—towards which every tax system must aim, especially in the framework of a Social State of Law. In this sense, it is feasible to consider that because of the content of this principle, it appears linked to other material tax principles, such as generality, equality, progressivity, and non-confiscation, regarding the realization of a just tax system, that is, one in which an adequate distribution of the tax burden is established, and therefore, of wealth. The principle of non-confiscation of taxes, by virtue of which it is not possible to impose a tax burden that results in the loss or annihilation of the equity, as the proportionality and reasonableness of the tax refer not only to its generality, but also, and especially, to its amount or quantum (as indicated by the jurisprudence of the Constitutional Chamber in judgments number 5749-93, of fourteen thirty-three hours on November ninth, nineteen ninety-three, and number 5944-98, of sixteen twenty-four hours on August eighteenth, nineteen ninety-eight); so that the effect of the contribution to public expenses cannot be that the taxpayer loses their equity or a substantial part of it, with the principles of reasonableness and proportionality standing as substantial parameters. And the principle of non-retroactivity of the law, as it cannot be intended that a later law affects the tax return made according to the norms in force at the time of its preparation. Thus, the taxing power is recognized at the constitutional level in article 121 subsection 13), which confers on the Legislative Assembly the exclusive competence to establish national taxes and contributions, and it is in article 18 —also constitutional— that establishes the obligation for Costa Ricans to pay the public charges established by the State in order to contribute to public expenses, an obligation that, by virtue of the principle of equality, does not allow for exceptions or the establishment of situations of privilege, so that the same treatment must be ensured for those in analogous situations; with the Executive Branch being responsible for their collection.\n\n**IX.- THE SUBJECTION TO THE INCOME TAX TO WHICH THE BROKERAGE ACTIVITY IS SUBJECT.-** It is in the exercise of this taxing power that the State enjoys full competence to set taxes in its jurisdiction, which obviously includes the subjection criteria for their imposition, that is, the elements that determine what income or subject is subject to the State's tax power. It is thus that subjection criteria can be personal and/or real; where the former (personal) refer to situations in which there is a link related to the very nature of the individual or taxpayer, so that subjection to the tax laws of a given State is defined by the condition of being a national or fiscal resident of the passive subject; and the latter (real) focus on the criterion of the source of income, that is, the link with tax laws arises as a consequence of the generation of income in a determined territory, so that what is relevant is the income itself and not who generates it, thereby developing the principle of territoriality. Precisely, the income tax regulated in Law number 7092, of March twenty-fourth, nineteen eighty-eight, is based on this last principle, whereby all income generated within the national territory is subject to this tax, as derived from the first article of the referenced Law, which defines the taxable event (hecho generador) of the tax (the fact or scenario that determines the birth of the tax obligation), precisely in the generation of income \"coming from any Costa Rican source\": \"Tax that the law comprises, taxable event and taxable matter. A tax is established on the profits of companies and individuals who carry out lucrative activities. (Thus expanded by article 102 of Budget Law No. 7097 of September 1st, 1988) The taxable event of the tax on the profits referred to in the preceding paragraph is the perception of income in money or in kind, continuous or occasional, coming from any Costa Rican source. (Thus reformed by article 102 of Budget Law No. 7097 of September 1st, 1988). This tax also levies continuous or eventual income, from a Costa Rican source, perceived or accrued by individuals or legal entities domiciled in the country; as well as any other income or benefit from a Costa Rican source not exempted by law, among them the income perceived by the beneficiaries of export contracts for tax credit certificates. The condition of being domiciled in the country shall be determined according to the regulation. The provisions of this law shall not be applicable to the environmental promotion and compensation mechanisms established in the Ley Forestal, No. 7575, of February 13th, 1996. (Thus modified this third paragraph by article 1 of law No. 7838 of October 5th, 1998.) For the purposes of the provisions in the preceding paragraphs, income, revenue, or benefits from a Costa Rican source shall be understood as those coming from services rendered, goods located, or capital utilized in the national territory, obtained during the fiscal period in accordance with the provisions of this law.\" (The underlining is not from the original). Likewise, article 2 of the cited Law establishes that taxpayers shall be those who, among other requirements, \"... carry out activities or businesses of a lucrative nature in the country\". With which, more than a legal term, it is of an economic character, which for its better understanding we must understand as referring to the increase in equity that occurs in a fiscal period, obtained through the development of an activity, and comprising all the income-producing elements, which has been understood as \"... wealth of a dynamic character ... it is a flow of wealth generated in a determined period, so that it is necessary to compare the state of the equity at the beginning of the period with its final state, to thus capture the volume of the flow of wealth that was generated in said time frame.\" (Torrealba Navas, Adrián. La imposición sobre la renta en Costa Rica. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2003, p. 45.) For this reason, this concept has been equated to the expression of \"income-product,\" \"source theory,\" \"income-revenue,\" or \"equity or accumulation theory,\" that is, to the revenues, income, and benefits from a Costa Rican source originating from labor, capital, and equity. By virtue of the foregoing, capital or equity gains are excluded from the application of the tax, understood as the differences in the value of certain equity elements that are a consequence of factors such as the evolution of market prices, the realization of public works, or equity incorporations —for example, game prizes, lotteries, recipient of a donation or inheritance, etc.— In light of the arguments supporting this claim, two clarifications are necessary: First, the brokerage activity is subject to the payment of the income tax, as expressly and forcefully provided by article 5 of the same Law —in development of articles 1 and 2 cited above—, which precisely determines as gross income \"the set of revenues or benefits perceived in the tax period by the passive subject, by virtue of the activities referred to in article 1,\" with which, it is formed by \"the total of the revenues or benefits perceived or accrued during the fiscal period, coming from any Costa Rican source, the exploitation or business of real estate, the placement of capital —whether deposits, securities, or others—, business activities, or the tax credit certificates created in Law No. 5162 of December 22, 1972 and its reforms, which are received by companies that have signed a contract for the export of non-traditional products to third markets, under law No. 837, of December 20, 1946 and its reforms or law No. 7092, of April 21, 1988 and its reforms,\" as well as \"any increase in equity that does not have its justification in duly registered and declared income.\" Note that the norm does not establish any exception or condition by which the non-subjection of the brokerage activity to the income tax is established, but quite the opposite, not being able to differentiate where the norm does not do so; a basis that serves as a foundation to analyze the filed claim.\n\nAnd secondly, from the conceptualization of income (product), it would seem that in principle capital gains are not subject to the income tax, but it is not appropriate to make that statement in an absolute sense, because they are indeed a taxable object of this tax, under certain circumstances in accordance with the provisions of the Law that governs this tax, that is, when the gain can be considered to be obtained from a productive source or by the productive factors, as when it originates from the disposal of previously acquired assets, an assumption in which, \"... the capital gain is normally the difference between the sale price and the acquisition cost of the asset (with possible devaluation adjustments), at least the improvements introduced by the taxpayer;...\" (Directive of the Dirección General de Tributación, number 12-2000.) By virtue of the foregoing, the capital gain is subject to the payment of the income tax in two scenarios: that obtained from the disposal of corporate assets that constitutes a habitual activity of the taxpayer, in the manner provided in Article 6 subsection d) of Law 7092; and that derived from the sale of assets subject to depreciation when it is made for a value different from the one it corresponded to (Article 8 subsection f) of Law 7092). X.- ON THE SECURITIES BROKERAGE (INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL) ACTIVITY.- Having reached this point, it is convenient to clarify that in accordance with the regulations of Articles 53 and 54 of the Securities Market Regulatory Law (Ley Reguladora del Mercado de Valores), number 7732, brokerage firms (puestos de bolsa) are legal entities constituted as corporations (sociedades anónimas), authorized -by the Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)- to carry out the activity of securities brokerage (intermediación bursátil), that is, that related to “the raising of financial resources from the public, on a habitual basis, for the purpose of allocating them, on account and risk of the intermediary, to any form of credit or investment in securities, regardless of the contractual or legal figure it uses and the type of document, electronic record, or other analogous means in which the transactions are formalized” (Article 116 of the Organic Law of the Central Bank), but, as its classification indicates, circumscribed to the scope of securities (títulos valores); understanding as such any \"right of economic or patrimonial content, whether incorporated or not in a document, which, due to its own legal configuration and transfer regime, may be subject to trading in a financial or stock market\" (Article 2 of the aforementioned Law 7732). Thus, the following tasks constitute the habitual activity of the brokerage firms (puestos de bolsa), according to the authorization given in Article 56 of the Securities Market Regulatory Law (Ley Reguladora del Mercado de Valores): \"a) Buy and sell securities on the stock exchange on behalf of their clients. To do so, they may receive funds from their clients, but they must apply them to the corresponding purpose on the same day. If for any reason this is not possible, they must deposit the funds in a financial institution regulated by the Superintendencia General de Entidades Financieras, in a special deposit and no later than the following business day. b) Buy and sell securities on the stock exchange on their own account, when they meet the minimum additional capital levels and the other requirements established, by regulation, for these purposes by the Superintendencia. c) Obtain credits and grant credits to clients, provided they are directly related to securities purchase and sale operations, including the pre-financing of issuances. For these purposes, the brokerage firms must comply with the minimum additional capital levels or the specific additional guarantees and the other requirements established, by regulation, by the Superintendencia. d) Advise clients on investment and stock market operations. e) Provide individual portfolio management services, according to the regulation issued by the Superintendencia. f) Carry out other activities authorized by the Superintendencia, through regulation.\" In consideration of the income-product concept, it is logical to conclude that the profits derived from the foregoing activities carried out by the brokerage firms (puestos de bolsa) are subject to the Income Tax, under the terms of the provisions of Articles 1, 2, and 5 of Law number 7092, without being able to distinguish where the legal regulations do not do so expressly. XI.- ON THE NON-INFRINGEMENT OF THE PRINCIPLES OF TAX EQUALITY AND LEGAL RESERVE.- The representation of the Procuraduría is correct, insofar as, despite dealing with the same tax -the income tax-, in relation to the interest derived from the securities (títulos valores), it manifests differently depending on the taxable person (pasivo) (investor and operator or brokerage firm) and the moment in which the taxable event occurs. Thus, in the case of the investor (taxable person), subsection c) of Article 23 establishes a single and definitive tax that consists of an eight percent withholding, which is not paid directly by the taxable person, but rather, by legal mandate, by reason of its activity, the corresponding brokerage firm (puesto de bolsa) is obligated to withhold, in its condition as withholding agent -Article 23 of the Code of Tax Norms and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios)-, without being able to claim for this reason that it makes the payment of the tax in question. On the other hand, in relation to the brokerage firm (puesto de bolsa) (taxable person), it must pay the income tax on the profits derived from the differences generated by the stock market operations, which are not subject to the fixed eight percent withholding established in the Law (the tax is charged to the investor, not to the intermediary). Note that first the interest withholding must be made, which the investor pays and the operator withholds, and subsequently, the income tax is calculated and levied on the gain obtained from said activity, from all the transactions carried out, which must be paid by the intermediary. By virtue of the foregoing, it is clear that there is no infringement of the constitutional principles of tax equality and legal reserve, nor is there a double taxation as the plaintiff alleges; since it is clearly improper to attempt to equate the condition of the investors with that of the intermediaries, insofar as the former go to the brokerage firms (puestos de bolsa) so that they intervene on their behalf in the stock market, in exchange for a commission; given that the activity of securities brokerage (intermediación bursátil) is subject to authorization by the Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) and to special regulations, due to its great impact on the country's financial market. Of the same nature, the type of income received by the investor from the brokerage firm (puesto de bolsa) is different, and therefore, the diversity in the design of the tax. It is necessary to warn that the plaintiff fails to demonstrate with the certifications provided, both in the administrative file and now in the judicial one, that she invested her capital in the purchase and sale of securities (títulos valores), thereby acquiring the condition of co-owner of such securities, nor did she manage to demonstrate that in relation to that alleged own investment, she paid the eight percent tax on the interest derived from the sales of her shares, which exempts her from the payment of any other taxes. Note that the evidence provided to the file (worksheets prepared by the Tax Administration, certification of public accountant, and expert examination carried out in the judicial proceeding) what is accredited is that \"the interest received by Inversiones Sama Sociedad Anónima by virtue of the OPAV and CAV operations originates from securities (títulos valores) acquired through the Bolsa Nacional de Valores, which have the source taxed, by the corresponding issuer of the securities, with the respective withholding for income tax purposes\"; which is absolutely true, insofar as, as has been seen, an eight percent withholding corresponds in relation to the investor, a condition that -it is repeated-, the plaintiff has not managed to accredit, but quite the opposite, insofar as it acts and carries out the activity proper of a brokerage firm (puesto de bolsa), an activity that, it is repeated, by legal mandate -Articles first, 2, and 5 of Law number 7092- is taxed or affected by the payment of the income tax, as a productive activity that it is. XII.- ON THE SUBJECTION TO THE INCOME TAX OF THE SALES OF ASSETS.- The plaintiff company alleges the impropriety of taxing the gain obtained on the occasion of the sale of its own assets, consisting of shares of the Bolsa Nacional de Valores, for not conforming to the concept of habitual activity, since it is dedicated to securities brokerage (intermediación bursátil) on behalf of third parties, but not for itself. It is convenient at this point to differentiate between the corporate capital (capital social) of the company and the company's equity (patrimonio) or assets, insofar as the former \"is the figure in which the sum of the partners' obligations to give is estimated, and indicates the minimum level that the corporate equity must reach so that the partners can enjoy the company's profits\" (MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S. A. México. MCMKXXXVII. p.212), which, as a constitutive element of the company (Articles 18 subsection 8) and 19 of the Code of Commerce (Código de Comercio)), remains unalterable until the number of partners changes or the amount of the obligations at their charge is altered, in accordance with an agreement held in the General Shareholders' Meeting; while the latter is the set of assets and rights of the company, with deduction of its liabilities, which has the condition of being changeable, according to the company's operations. Note that according to the certification of authorized public accountant, visible on folio 46 of the administrative file, it concerns the sale of common and nominative shares of the Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, S. A. (BNV), owned by the plaintiff, which it had had registered since nineteen eighty-four in the account of \"Permanent Investments\"; with which, it is clear that it did not constitute part of the corporate capital (capital social), but effectively of the sale of part of the assets of Inversiones Sama, S. A.; but because it concerns the sale of securities (títulos valores), it constitutes a habitual activity of the plaintiff, insofar as it is a brokerage firm (puesto de bolsa), that is, that it carries out securities brokerage (intermediación bursátil) activities, according to the tasks authorized in Article 56 of the Securities Market Regulatory Law (Ley Reguladora del Mercado de Valores) (cited above), so that it is indistinguishable whether it concerns the purchase and sale of securities for third parties (investor clients) or for its own account, in consideration of the type of asset of the transaction (security); nor does the length of time the sold shares remained in the plaintiff's equity have any incidence. Thus, in this case, the sale of the company's own assets and the equity increase that it generates must be considered as part of the business income, precisely because of its link to the business activity, which constitutes a direct consequence of the habitual activity to which these companies (brokerage firms) are dedicated, a circumstance that requires the subjection to the income tax, as ordered by the Tax Administration. XIII.- ON THE MOTIVATION AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE FORMAL ACTING OF THE PUBLIC ADMINISTRATION.- Regarding the nullity of resolution number 181-97 issued by the First Chamber of the Tribunal Fiscal Administrativo for the lack of grounding or motivation, it must be warned that it indeed constitutes an essential (formal) element of the existence and validity of every administrative act, in accordance with Article 136 of the cited General Law, and which consists \"... in a declaration of what are the factual and legal circumstances that have led the respective public administration to the issuance or emanation of the administrative act. Motivation is the formal expression of the motive and, normally, in any administrative resolution, it is contained in the so-called 'considerandos' -the considering part-. Motivation, by consisting of a statement of the facts and the legal basis that the public administration took into account to issue its decision or will, constitutes a means of proof of its intentionality and an indispensable guideline for interpreting and applying the respective administrative act.\" (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. First edition. Medellín, Colombia. 2002. p. 388.) So that the motivation must determine the application of a concept to the specific factual circumstances in question (according to the development of Spanish jurisprudence, specifically in the judgment of May 18, 1991, RA 4120, accepting the considering part of the appealed decision, which cites SSTS of September 23, 1969, RA 6078, and October 7, 1970, RA 4251, cited by the author Marcos M. Fernando Pablo, in his work La motivación del acto administrativo. (Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1993, page 190); that is, it concerns a concrete decision, which links the facts with the normative support; so that when there is a brief allusion to general norms and unspecified facts, it can be concluded that there is no sufficient contribution of justification, to the extent that from them it is not possible to deduce the elements assessed by the government authority to make the decision, which acquires the greatest transcendence when dealing with acts that limit or restrict subjective rights or in which a sanction is imposed on the administered party. By its content, it constitutes a determining factor of due process and the right of defense, which has full application in the administrative sphere, as noted by the Sala Constitucional starting from judgment 15-90, of sixteen forty-five hours on January five, nineteen ninety, when enunciating the minimum elements of this constitutional principle \"(...) a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the proceeding; b) right to be heard, and opportunity for the interested party to present the arguments and produce the evidence it deems pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare its allegation, which necessarily includes access to the information and the administrative background, linked to the matter in question; d) right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; e) adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons on which it is based, and f) right of the interested party to appeal the decision issued ...\" (The highlighting is not from the original.) It is for this reason that, under the terms of Article 136 of the General Law of Public Administration, the Administration is required to motivate acts that impose obligations; limit, suppress, or deny subjective rights; resolve appeals; those issued departing from the criterion followed in previous proceedings or from the opinion of the advisory bodies; those that maintain the execution of the one that is challenged; the general ones of a normative nature (regulations) and the discretionary ones of a general nature. Therefore, if there is no motivation, a defect of form is incurred that seriously affects the act, affecting the act in question with absolute nullity. XIV.- ON THE MOTIVATION OF THE RESOLUTION OF THE TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.- This Court disagrees with the allegations of the plaintiff company, considering that the objected decision is absolutely motivated and justified, since it analyzes in a clear and differentiated manner the various objections made by the complainant in its challenge. It is true that for this purpose it uses the citation of precedents as a resource, but it cannot be considered a mere transcription of these, since it then details the reasons that support the confirmation of the statement of charges made to it. The objections made are specific, the \"impropriety\" of the collection of the income tax on the differences in the profits derived from the securities (títulos valores), a point that does not have much discussion in accordance with the regulations that govern the matter -as has been explained-, which the Tribunal Fiscal notes; and the delimitation of the concept of habituality, which is the basis for taxing the plaintiff's sale of shares, to which it contributes a new definition, by virtue of which, the taxation made is indeed possible." }