{ "id": "nexus-ext-1-0034-125312", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia de pensión del régimen de Hacienda para exempleado del TSE y Banco Popular", "title_en": "Denial of Hacienda Pension for Former Employee of Electoral Tribunal and Banco Popular", "summary_es": "La sentencia analiza si un demandante, que laboró para el Tribunal Supremo de Elecciones (1964-1970) y el Banco Popular (desde 1970), tiene derecho a una pensión del Régimen de Hacienda regulado por la Ley N° 148 y sus reformas. El tribunal realiza un exhaustivo recuento de las múltiples modificaciones al artículo 13 de la Ley N° 148, señalando que varias fueron declaradas inconstitucionales por el voto 2136-1991. Concluye que el actor no ingresó al régimen por la Ley N° 7007, ya que sus empleadores no estaban incorporados en ese momento, sino solo por la Ley N° 7013 de 1985, la cual abrió el régimen a todos los servidores públicos. Sin embargo, al aplicarse el voto 1633-1993 que anuló la Ley N° 7013, se determina que el demandante no cumplió los requisitos de edad y cotización (49 años y 29.5 años de servicio) antes del 19 de mayo de 1993. Finalmente, se descarta la aplicación de la Ley N° 7302 por no cumplir el actor los supuestos necesarios. Se confirma la denegatoria de la pensión.", "summary_en": "This ruling examines whether a plaintiff, who worked for the Supreme Electoral Tribunal (1964-1970) and Banco Popular (since 1970), is entitled to a pension under the Hacienda Pension Regime governed by Law No. 148 and its amendments. The court provides an exhaustive account of the numerous amendments to Article 13 of Law No. 148, noting that several were declared unconstitutional by vote 2136-1991. It concludes that the plaintiff did not enter the regime via Law No. 7007 (his employers were not covered at that time) but only through Law No. 7013 of 1985, which opened the regime to all public servants. However, applying constitutional vote 1633-1993 that annulled Law No. 7013, the court determines that the plaintiff failed to meet the age and contribution requirements (age 49 and 29.5 years of service) before May 19, 1993. The application of Law No. 7302 is also dismissed. The denial of the pension is upheld.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "Régimen de Pensiones de Hacienda", "Ley N° 148", "Ley N° 7013", "dimensionamiento del fallo", "derechos adquiridos" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 13", "law": "Ley 148" }, { "article": null, "law": "Ley 7013" }, { "article": "Transitorio III", "law": "Ley 7302" } ], "keywords_es": [ "pensiones", "Régimen de Hacienda", "Ley N° 148", "Ley N° 7013", "inconstitucionalidad", "voto 2136-1991", "voto 1633-1993", "derechos adquiridos", "cotizaciones", "Tribunal Supremo de Elecciones", "Banco Popular", "jubilación" ], "keywords_en": [ "pensions", "Hacienda Regime", "Law No. 148", "Law No. 7013", "unconstitutionality", "vote 2136-1991", "vote 1633-1993", "acquired rights", "contributions", "Supreme Electoral Tribunal", "Banco Popular", "retirement" ], "excerpt_es": "En consecuencia, bajo dicha Ley N° 7007, el actor no ingresó al Régimen de Pensiones de Hacienda, tal y como lo pretende el recurrente. Por esa razón, sólo la Ley N° 7013, del 18 de noviembre de 1985, fue la que le dio acceso a dicho régimen; pues fue la que abrió la posibilidad para que todos los servidores del Sector Público del Estado y sus Instituciones con excepción de los trabajadores cubiertos por los regímenes especiales de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial de poder acogerse al Régimen de Pensiones de Hacienda... requisitos que, a la luz del voto constitucional N° 1633, de las 14:33 horas, del 13 de abril de 1993, que declaró inconstitucional dicha Ley N° 7013, debían cumplirse antes del 19 de mayo de 1993; que fue la fecha del dimensionamiento del fallo, lo que no se dio porque a esa data no alcanzó la edad ni el tiempo de servicio para una cotización completa ni para una proporcional pues solo tenía 49 años y 6 meses de edad y veintinueve años y seis meses de servicios públicos por lo que nunca llegó a adquirir derecho alguno al Régimen de Pensiones de Hacienda directamente por la Ley N° 148 aludida y sus reformas.", "excerpt_en": "Consequently, under said Law No. 7007, the plaintiff did not enter the Hacienda Pension Regime, as the appellant claims. For that reason, only Law No. 7013 of November 18, 1985, gave him access to said regime, since it opened the possibility for all public servants of the State and its Institutions, except for workers covered by special pension and retirement regimes of the National Teachers and the Judiciary, to be able to join the Hacienda Pension Regime... requirements that, in light of constitutional vote No. 1633 of 14:33 hours on April 13, 1993, which declared said Law No. 7013 unconstitutional, had to be met before May 19, 1993, which was the date of the ruling's scale of effects, something that did not happen because by that date he had not reached the age nor the length of service for a full contribution nor for a proportional one, since he was only 49 years and 6 months old and had twenty-nine years and six months of public service, so he never acquired any right to the Hacienda Pension Regime directly by the aforementioned Law No. 148 and its amendments.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The lower court ruling denying the plaintiff the right to a Hacienda Regime pension is confirmed, as he did not meet the age and contribution requirements mandated by the applicable law before the effetct-date of the unconstitutionality ruling.", "summary_es": "Se confirma la sentencia de primera instancia que denegó al actor el derecho a una pensión del Régimen de Hacienda, al no haber cumplido los requisitos de edad y cotización exigidos por la normativa aplicable antes de la fecha de dimensionamiento del fallo de inconstitucionalidad." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Consequently, under said Law No. 7007, the plaintiff did not enter the Hacienda Pension Regime, as the appellant claims.", "quote_es": "En consecuencia, bajo dicha Ley N° 7007, el actor no ingresó al Régimen de Pensiones de Hacienda, tal y como lo pretende el recurrente." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "requirements that, in light of constitutional vote No. 1633... had to be met before May 19, 1993, which was the date of the ruling's scale of effects, something that did not happen because by that date he had not reached the age nor the length of service...", "quote_es": "requisitos que, a la luz del voto constitucional N° 1633... debían cumplirse antes del 19 de mayo de 1993; que fue la fecha del dimensionamiento del fallo, lo que no se dio porque a esa data no alcanzó la edad ni el tiempo de servicio..." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-32652", "norm_num": "", "norm_name": "Ley de Pensiones de Hacienda", "tipo_norma": "", "norm_fecha": "" }, { "doc_id": "norm-36522", "norm_num": "7018", "norm_name": "Ley de Presupuesto de la República para 1986", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "20/12/1985" }, { "doc_id": "norm-38800", "norm_num": "6963", "norm_name": "Ley de Presupuesto Extraordinario", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/07/1984" }, { "doc_id": "norm-4707", "norm_num": "6406", "norm_name": "Ley de Presupuesto Nacional para 1980", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "18/12/1979" }, { "doc_id": "norm-5513", "norm_num": "", "norm_name": "Ley de Presupuesto para 1982", "tipo_norma": "", "norm_fecha": "" }, { "doc_id": "norm-6149", "norm_num": "6995", "norm_name": "Ley de Presupuesto Extraordinario", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "22/07/1985" }, { "doc_id": "norm-8453", "norm_num": "6831", "norm_name": "Ley de Presupuesto para 1983", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "23/12/1982" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“III.- De las probanzas aportadas a los autos se desprende que el señor [Nombre1] prestó servicios\nen el Tribunal Supremo de Elecciones desde el 13 de enero de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1970,\ntiempo en el que cotizó para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de\nSeguro Social (folios 4, 5 y 9 del expediente administrativo). Posteriormente, a partir del 16 de\noctubre de 1970 comenzó a laborar para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (folios 7 y 8 del\nexpediente administrativo). Actualmente no disfruta de ninguna pensión y nació el 14 de noviembre de\n1943 (folio 78). IV. Del análisis de las dependencias donde el actor prestó sus servicios, se\nconcluye que no pudo ingresar al régimen de pensiones de Hacienda con base en el artículo 13 de la\nley 148. Ese artículo ha sido modificado en reiteradas ocasiones. La ley número 148, del 23 de\nagosto de 1943, originalmente, en el artículo 13, establecía: “Las disposiciones de esta ley se\naplicarán también a los funcionarios y empleados del Congreso Constitucional y los del Centro de\nControl, en cuanto a los servicios prestados en dependencias o por servicios anteriores en otras\nfunciones. En estos casos, será atribución del Directorio del Congreso su conocimiento definitivo.”\nEste numeral 13 fue sufriendo diversas modificaciones, en la forma y en el orden que se dirá. Por la\nley número 2417, del 14 de setiembre de 1959 (artículo 1°), se modificó en el siguiente sentido:\n“Los funcionarios o empleados de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República\ny del antiguo Centro de Control, podrán pedir su jubilación con derecho a recibir una pensión igual\nal sueldo promedio devengado en el momento de jubilarse, siempre que hayan servido más de treinta\naños y tengan más de cincuenta años de edad. Cuando hayan servido menos de treinta años pero más de\ndiez, la pensión será proporcional al número de años servidos. En el caso de los diputados la\npensión será igual al sueldo promedio devengado en los últimos cinco años. Los años desempeñados\ncomo diputado a la Asamblea Legislativa se computarán a los servidos a la Administración Pública.”\nPosteriormente, con la ley número 2493 del 11 de mayo de 1960 (artículo 1°), se le adicionó el\nsiguiente párrafo: “Este régimen de pensiones será facultativo para los Diputados. En consecuencia,\néstos no quedarán protegidos por sus beneficios ni obligados a contribuir económicamente para el\nmismo, cuando comuniquen al Directorio de la Asamblea Legislativa que no desean pertenecer a ese\nrégimen. El Directorio comunicará a la Tesorería Nacional esas exclusiones, para que en esos casos\nno se haga la deducción señalada en esta misma ley.” En 1974, por la ley N° 5664, del 27 de\ndiciembre de 1974 (artículo 9), se le adicionó el siguiente párrafo: “Los ex miembros de los\nSupremos Poderes protegidos por este Régimen que tengan una edad mayor de setenta años, tendrán\nderecho a una pensión no menor de dos mil colones mensuales.” Por la ley N° 5696 del 14 de mayo de\n1975 (artículo 14), se reformó así: “Los ex miembros de los Supremos Poderes protegidos por este\nrégimen que tengan una edad mayor de sesenta y cinco años, tendrán derecho a una pensión no menor de\ndos mil colones mensuales.” En el artículo 9, de la ley N° 5875, del 26 de diciembre de 1975,\nnuevamente se modificó: “Los ex miembros de los Supremos Poderes protegidos por este Régimen que\ntengan una edad mayor de sesenta y cinco años, tendrán derecho a una pensión no menor de dos mil\ncolones mensuales, siempre que no dispongan de otros ingresos que les permitan vivir con decoro.”\nLuego, nuevamente se reformó por la ley N° 6025, del 20 de diciembre de 1976 (artículo 9): “Los ex\nmiembros de los Supremos Poderes protegidos por este Régimen que tengan una edad mayor de sesenta\naños, tendrán derecho a una pensión no menor de dos mil quinientos colones mensuales, siempre que no\ndispongan de otros ingresos que les permitan vivir con decoro\". Más adelante también fue reformado\nmediante la ley N° 6191, del 12 de diciembre de 1977, (artículo 9), en el siguiente sentido: “Los ex\nmiembros de los Supremos Poderes, protegidos por este Régimen que tengan una edad mayor de sesenta\naños o sus viudas, tendrán derecho a una pensión no menor de tres mil quinientos colones mensuales,\nsiempre que no dispongan de otros ingresos que les permitan vivir con decoro.” Por el artículo 20 de\nla ley número 6256, del 28 de abril de 1978 nuevamente se modificó, agregándosele un nuevo párrafo,\nque disponía: “Igualmente podrán acogerse a los derechos establecidos en este artículo los ex\nmiembros de los Supremos Poderes no protegidos por otros regímenes de pensión, que cumplan con los\nindicados requisitos.” En ese mismo año, fue reformado, adicionándosele un nuevo párrafo, mediante\nel artículo 9 de la ley N° 6305, del 21 de diciembre (1978), en el siguiente sentido: “Los ex\nmiembros de los Supremos Poderes, protegidos por este régimen que tengan una edad mayor de sesenta\naños o sus viudas, tendrán derecho a una pensión no menor de cinco mil colones mensuales, siempre\nque no dispongan de otros ingresos que les permitan vivir con decoro.” Por la ley 6406, del 17 de\ndiciembre de 1979 (artículo 9), nuevamente fue modificado: “Los ex miembros de los Supremos Poderes,\nacogidos a este régimen o sus viudas, tendrán derecho a una pensión no menor de cinco mil colones\nmensuales, siempre que no dispongan de otros ingresos que les permitan vivir con decoro.” Mediante\nla ley N° 6542, del 22 de diciembre de 1980 (artículo 9), dicho artículo 13 se modificó así: “Los ex\nmiembros de los Supremos Poderes o sus cónyuges sobrevivientes, protegidos por este régimen, tendrán\nderecho a una pensión no menor de ¢ 6.000,00 (seis mil colones). Aquellos ex miembros de los\nSupremos Poderes, incluidos vicepresidentes y sus cónyuges sobrevivientes en su caso, mayores de\nsesenta años, no protegidos por este régimen de pensiones, que hubieren cumplido o no totalmente del\nperíodo para el que fueron electos, o de menos de sesenta años en caso de necesidad, tendrán derecho\ntambién a una pensión no inferior a dicho monto. Las pensiones, a que se refiere ese párrafo, no\nestarán sujetas a ninguna clase de deducciones, excepto las contempladas en el artículo 10 de esta\nley y en la N° 3808 del 22 de noviembre de 1.966, así como las referentes a las cuotas para la Caja\nCostarricense de Seguro Social y la proporción correspondiente, en caso de pensión alimenticia. Se\nautoriza al Ministerio de Hacienda, a variar las partidas de presupuesto, para cubrir las\nobligaciones que de esta norma se deriven. El Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de\nTrabajo y Seguridad Social deberá hacer, de oficio en las planillas, los reajustes necesarios para\nadecuarlas a lo dispuesto en la presente norma.” Nuevamente fue modificado por la ley número 6700\ndel 23 de diciembre de 1981 (artículo 9), disponiéndose: “Reformase el párrafo cuarto del artículo\n13 de la misma ley, de modo que el texto de los párrafos cuarto y quinto digan: \"Artículo 13.- Los\nex miembros de los Supremos Poderes o sus cónyuges sobrevivientes, protegidos por este régimen,\ntendrán derecho a una pensión no menor de ¢8.000,00 (ocho mil colones). Aquellos ex miembros de los\nSupremos Poderes, incluidos vicepresidentes y sus cónyuges, sobrevivientes en su caso mayores de\nsesenta años no protegidos por este régimen de pensiones, que hubiesen cumplido o no totalmente el\nperíodo para el que fueron electos, o de menos de sesenta años tendrán derecho también a una pensión\nno inferior a dicho monto. Las pensiones, a que se refiere este párrafo, no estarán sujetas a\nninguna clase de deducciones, excepto las contempladas en el artículo 10 de esta ley y en la ley\nnúmero 3808 del 22 de noviembre de 1966, así como las referentes a las cuotas para la Caja\nCostarricense de Seguro Social y la proporción correspondiente, en caso de pensión alimenticia. Se\nautoriza al Ministerio de Hacienda a variar las partidas de presupuesto, para cubrir las\nobligaciones que de esta norma se deriven. El Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de\nTrabajo y Seguridad Social deberá hacer, de oficio en las planillas, los reajustes necesarios para\nadecuarlas a lo dispuesto en la presente norma\". Agrégase un último párrafo al artículo 13 de la ley\nNº 148 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, que dirá: \"Esta norma modifica las leyes, artículos\ne incisos que se lo opongan.\" Por la ley N° 6811, del 10 de setiembre de 1982 (artículo 8, norma\n183), se modificó en el siguiente sentido: “Reformase el párrafo cuarto del artículo 13 de la misma\nley de modo que el texto de los párrafos cuarto y quinto digan:\n\n Artículo 13: Los ex ministros de los Supremos Poderes o sus cónyuges sobrevivientes, protegidos por\neste régimen, tendrán derecho a una pensión no menor de diez mil colones (¢10.000). Aquellos ex\nministros de los Supremos Poderes, incluidos los vice presidentes y sus cónyuges sobrevivientes, en\nsu caso, mayores de sesenta años, no protegidos por este régimen de pensiones, que hubiesen cumplido\no no totalmente el período para el que fueron electos; o de menos de sesenta años, también tendrán\nderecho a una pensión no inferior a dicho monto. Las pensiones a que se refiere este párrafo, no\nestarán sujetas a ninguna clase de deducciones, excepto las contempladas en el artículo 10 de esta\nley y en la ley número 3808 del 22 de noviembre de 1966, así como las referentes a las cuotas para\nla Caja Costarricense de Seguro Social y la proporción correspondiente, en caso de pensión\nalimenticia. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para variar las partidas de presupuesto, a fin de\ncubrir las obligaciones de esta norma se deriven. El Departamento Nacional de Pensiones del\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social deberán hacer, de oficio, los reajustes necesarios para\nadecuarlas a lo dispuesto en la presente norma.” Luego, trató nuevamente de reformarse, por la ley\nnúmero 6831, del 23 de diciembre de 1982 (artículo 54); no obstante, en cuanto a esa y otras normas,\nla ley fue devuelta sin la correspondiente sanción del Poder Ejecutivo. Por la ley N° 6914, del 28\nde noviembre de 1983 (artículo 10), fue nuevamente modificado, de la siguiente manera: \"Artículo\n13.- Los empleados y funcionarios de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de la\nRepública, y los que presten sus servicios en dependencias e instituciones del Estado, que tengan\nderecho a acogerse a los beneficios de la presente ley, podrán pedir su jubilación, con derecho a\nrecibir una pensión igual al sueldo promedio devengado en la institución al momento de jubilarse,\nsiempre que hayan servido más de treinta años y tengan más de cincuenta años de edad. Cuando hayan\nservido menos de treinta años pero más de diez, la pensión será proporcional al número de años\nservidos. Este régimen de pensiones será facultativo para los diputados y ex diputados, por lo que\nno quedarán protegidos por sus beneficios ni obligados a contribuir económicamente para el fondo\nrespectivo, cuando comuniquen por escrito al Directorio de la Asamblea Legislativa que no desean\npertenecer al régimen. El Directorio comunicará a la oficina correspondiente esas exclusiones, para\nque en esos no se hagan las deducciones señaladas en el artículo 10 de esta ley. En el caso de los\ndiputados y ex diputados, la jubilación será igual al sueldo promedio devengado en los últimos cinco\naños, al servicio de la Administración Pública, y en ningún caso podrá ser menor de diez mil colones\nmensuales. Los años desempeñados como diputados se computarán a los otros años servidos a la\nAdministración Pública, para que así se puedan demostrar diez año de servicio como mínimo. Los ex\nmiembros de los supremos poderes, incluidos los vicepresidentes, podrán acogerse a los derechos\nestablecidos en este artículo, si no están protegidos por otros regímenes de jubilación, siempre que\nhayan servido a la Administración Pública por un mínimo de diez años y tengan más de cincuenta años\nde edad, en cuyo caso tendrán derecho a una jubilación no menor de diez mil colones mensuales. Los\ncónyuges sobrevivientes de los mencionados ex funcionarios tendrán el mismo derecho. La pensión de\nlos ex diputados se incrementará cada año en un treinta por ciento sobre el monto de la pensión de\nque disfruten, sin sujeción a los años de servicio y, en ningún caso, el monto total de la pensión\npodrá ser mayor a la remuneración total de las dietas o salarios que devengue mensualmente un\ndiputado, por concepto de sesiones de comisión y de plenario de la Asamblea Legislativa. Las\npensiones a que se refiere este régimen estarán sujetas a las siguientes deducciones: a) Las\ncontempladas en el artículo 10 de esta ley. b) Las que indica la ley Nº 3808 del 22 de noviembre de\n1966. c) Las cuotas para la Caja Costarricense de Seguro Social. ch) Las que indique el beneficiario\nde la pensión a la Oficina Técnica Mecanizada, y la proporción correspondiente en caso de pensión\nalimenticia. Transitorio: El incremento de las pensiones de los ex diputados, a que se refiere el\npárrafo cuarto de este artículo 13, se reconocerá en su totalidad a partir del mes de enero de 1983.\nSe autoriza al Ministerio de Hacienda para variar las partidas del presupuesto correspondiente, con\nel fin de cubrir las obligaciones aquí establecidas. El Departamento Nacional de Pensiones del\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, deberá hacer de oficio, en las planillas correspondientes,\nlos reajustes necesarios a las jubilaciones y pensiones ya otorgadas, para adecuarlas a lo dispuesto\nen la presente ley.” Por la ley N° 6963, del 30 de julio de 1984 (artículo 46), fue modificado así:\n“Artículo 46. Refórmase el párrafo 5° del artículo 13 de la Ley de Pensiones de Hacienda N° 148 del\n23 de agosto de 1943 y sus reformas, reformado por el artículo 10 de la ley número 6914 de la\nsiguiente forma: Los ex miembros de los supremos poderes, incluidos los vicepresidentes podrán\nacogerse a los derechos establecidos en este artículo, si no están protegidos por otros regímenes de\njubilación siempre que hayan servido a la Administración Pública por un mínimo de 10 años y tengan\nmás de cincuenta años de edad, en cuyo caso tendrán derecho a una jubilación no menor de 10 mil\ncolones mensuales. Los cónyuges sobrevivientes de los mencionados ex funcionarios y las hijas no\ncasadas o inválidas tendrán el mismo derecho.” Luego, sufrió una nueva reforma, mediante la ley N°\n6995 (artículo 123), del 22 de julio de 1985, donde se dispuso: Artículo 123.- Refórmase el párrafo\nquinto del artículo 13 de la ley de Pensiones de Hacienda, Nº 148 del 23 de agosto de 1948 y sus\nreformas, cuyo texto dirá: \"Los ex miembros de los Supremos Poderes, incluidos los vicepresidentes y\nviceministros...\" (El resto del párrafo igual). Se interpreta auténticamente que los ex ministros y\nlos ex viceministros también son aquellos que ocuparon cargos de Secretario y Subsecretario de\nEstado. Asimismo aquellas personas a quienes se les dio el rango de ministro o viceministro.\" El\ncitado artículo fue reformado también por la ley que en su apoyo cita la recurrente, N° 7007, del 5\nde noviembre de 1985 (artículo 5), en el que se indicaba: “Artículo 5º.- Modifícase el artículo 13\nde la Ley de Pensiones de Hacienda, Nº 148 de 23 de agosto de 1943 y sus reformas, cuyo texto dirá:\n\"Artículo 13.-Los empleados y funcionarios de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General de\nla República, y los que presten sus servicios en dependencias e instituciones del Estado, que tengan\nderecho a acogerse a los beneficios de la presente ley, podrán pedir su jubilación, con derecho a\nrecibir una pensión igual al sueldo promedio devengado en la institución al momento de jubilarse,\nsiempre que hayan servido más de treinta años y tengan más de cincuenta años de edad. Cuando hayan\nservido menos de treinta años pero más de diez, la pensión será proporcional al número de años\nservidos. Este régimen de pensiones será facultativo para los diputados y ex diputados, por lo que\nno quedarán protegidos por sus beneficios ni obligados a contribuir económicamente para el fondo\nrespectivo, cuando comuniquen por escrito al Directorio de la Asamblea Legislativa que no se desean\npertenecer al régimen. El Directorio comunicará a la oficina correspondiente esas exclusiones, para\nque en esos casos no se hagan las deducciones señaladas en el artículo 10 de esta ley. En el caso de\nlos diputados y ex diputados, la jubilación será igual al sueldo promedio devengado en los últimos\ncinco años, al servicio de la Administración Pública, y en ningún caso podrá ser menor de diez mil\ncolones mensuales. Los años desempeñados como diputados se computarán a los otros años servidos a la\nAdministración Pública, para que así se puedan demostrar diez años de servicio como mínimo. Los ex\nmiembros de los Supremos Poderes, incluidos los vicepresidentes y viceministros podrán acogerse a\nlos derechos establecidos en este artículo, si no están protegidos por otros regímenes de\njubilación, siempre que hayan servido a la Administración Pública por un mínimo de diez años y\ntengan más de cincuenta años de edad, en cuyo caso tendrán derecho a una jubilación no menor de diez\nmil colones mensuales. Se interpreta auténticamente que los ex ministros y los ex viceministros\ntambién son aquellos que ocuparon cargos de Secretario y Subsecretario de Estado. Asimismo aquellas\npersonas a quienes se les dio el rango de ministro o viceministro. Los cónyuges sobrevivientes de\nlos mencionados ex funcionarios y las hijas no casadas o inválidas tendrán el mismo derecho. La\npensión de los ex diputados jubilados por cualquiera de los regímenes de pensiones se incrementará\ncada año en su treinta por ciento sobre el monto de la pensión de que disfruten, sin sujeción a los\naños de servicio y, en ningún caso, el monto total de la pensión podrá ser mayor a la remuneración\ntotal de las dietas o salarios que devengue mensualmente un diputado, por concepto de sesiones de\ncomisión y de plenario de la Asamblea Legislativa. Las pensiones a que se refiere este régimen\nestarán sujetas a las siguientes deducciones:\n\na) Las contempladas en el artículo 10 de esta ley. b) Las que indica la ley Nº 3808 del 22 de\nnoviembre de 1966. c) Las cuotas para la Caja Costarricense de Seguro Social. ch) Las que indique el\nbeneficiario de la pensión de la Oficina Técnica Mecanizada, y la proporción correspondiente en caso\nde pensión alimenticia. El Ministerio de Hacienda girará, a cada régimen, la suma necesaria para que\npueda cubrir el incremento fijado por esta ley, para lo cual hará las previsiones presupuestarias\ncorrespondientes\". Finalmente ese numeral fue reformado mediante ley número 7018, del 13 de\ndiciembre de 1985 (artículo 14), en el siguiente sentido: “38. Modifícase el párrafo tercero del\nartículo13 de la Ley de Pensiones de Hacienda, N° 148 el 23 de agosto de 1.943 y sus reformas, cuyo\ntexto dirá: En el caso de los diputados y ex diputados, la jubilación será igual al mejor sueldo\ndevengado en los últimos cinco años, al servicio de la Administración Pública, y en ningún caso\npodrá ser menor de diez mil colones mensuales.” Algunas de esas reformas, específicamente las\nintroducidas por las leyes números 6191 de 1977 (artículo 9); 6542 de 1980 (artículo 9), 6700 de\n1981 (artículo 9), 6811 de 1982 (artículo 8, norma 183) y 7018 de 1985 (artículo 14, normas 37 y\n38), fueron declaradas inconstitucionales, mediante el voto número 2136, de las 14:00 horas, del 23\nde octubre de 1991, que declaró la nulidad de esas normas, sin perjuicio de los derechos adquiridos\ny estableciendo, además, lo siguiente: “De igual forma, se dimensionan los efectos de la presente\ndeclaratoria, en el sentido de que todas aquellas personas que hubieren ingresado y cotizado para el\nRégimen de Pensiones de Hacienda con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley # 7013 de 18 de\nnoviembre de 1985, por haberlo permitido así cualquiera de las normas presupuestarias que se\ndeclaran nulas y que esa ley contemple, tendrán derecho a permanecer en él. En cuanto a los\nservidores que hubieren ingresado al régimen de Pensiones de Hacienda con posterioridad a la\npromulgación de la Ley N° 7013 de 18 de noviembre de 1985 y aquellos que lo hubieran hecho en el de\npensiones de comunicaciones, por haberlo permitido así cualquiera de las normas que se anulan,\ntendrán derecho a que las cuotas que hubieran pagado sean trasladadas, a su solicitud, al régimen\nespecial de jubilaciones o pensiones que él indique, siempre que hubiese cotizado para él o hubiera\nestado legalmente facultado para hacerlo y si no lo hubiera hecho en ninguno, o no hubiese estado\nlegalmente facultado para ello, podrá seguir cotizando para la Caja Costarricense del Seguro Social,\nla que deberá reconocerle el tiempo servido y tendrá derecho a exigir el traslado de las cuotas\ncorrespondientes, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan”. Según\nese texto, los servidores que tuvieran derecho a acogerse a los beneficios de la Ley N° 148, tenían\nderecho a una pensión completa, cuando hubiesen laborado un mínimo de treinta años y, a la vez,\ncontaran con cincuenta años de edad. El párrafo segundo de ese artículo, establecía la posibilidad\nde disfrutar de una pensión, proporcional al número de años servidos, en el caso en que hubiesen\nlaborado menos de treinta pero más de diez y, en este supuesto, se requería también aquella edad\nmínima de cincuenta años; siendo necesario, en ambos casos, el obligado y natural requisito de haber\ncotizado para el fondo de pensiones de Hacienda. Ahora bien, el actor no quedó cobijado por dicha\nnormativa; siendo evidente que la misma hacía referencia a los empleados y funcionarios que, en\naquél momento -requisito de actualidad- estuvieran prestando servicios en la Asamblea Legislativa y\nla Contraloría General de la República, así como, laborando en otras dependencias e instituciones\ndel Estado que, a esa misma fecha, hubiesen sido puntualmente incorporados, por distintas leyes, al\nRégimen de pensiones de Hacienda. No siendo el caso, a la sazón, del Tribunal Supremo de Elecciones,\nni del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, instituciones en las que el actor prestó servicios. En\nconsecuencia, bajo dicha Ley N° 7007, el actor no ingresó al Régimen de Pensiones de Hacienda, tal y\ncomo lo pretende el recurrente. Por esa razón, sólo la Ley N° 7013, del 18 de noviembre de 1985, fue\nla que le dio acceso a dicho régimen; pues fue la que abrió la posibilidad para que todos los\nservidores del Sector Público del Estado y sus Instituciones con excepción de los trabajadores\ncubiertos por los regímenes especiales de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional y del\nPoder Judicial de poder acogerse al Régimen de Pensiones de Hacienda; y, para ello, introdujo una\nserie determinada de requisitos. En efecto, de conformidad con tal modificación normativa, los\nrequerimientos necesarios, para lograr esa pensión, son los siguientes: a) Para una completa, haber\ncotizado durante treinta años, como mínimo, en cualquiera de los regímenes de pensiones y contar,\npor lo menos, con cincuenta años de edad. b) Para una proporcional, en el caso de los hombres, se\nles exigía una edad mínima de cincuenta y siete años y, en el de las mujeres, de cincuenta y cinco;\ncaso éste en el cual, el monto de la pensión, se les otorgaría proporcionalmente en relación con los\naños efectiva y realmente cotizados; requisitos que, a la luz del voto constitucional N° 1633, de\nlas 14:33 horas, del 13 de abril de 1993, que declaró inconstitucional dicha Ley N° 7013, debían\ncumplirse antes del 19 de mayo de 1993; que fue la fecha del dimensionamiento del fallo, lo que no\nse dio porque a esa data no alcanzó la edad ni el tiempo de servicio para una cotización completa ni\npara una proporcional pues solo tenía 49 años y 6 meses de edad y veintinueve años y seis meses de\nservicios públicos por lo que nunca llegó a adquirir derecho alguno al Régimen de Pensiones de\nHacienda directamente por la Ley N° 148 aludida y sus reformas, entre ellas la reforma introducida\npor la citada Ley 7007, derogada por la Ley N° 7302 del 8 de julio de 1992. Las sentencias que en su\napoyo cita el recurrente no vienen al caso por haber estado fundadas en supuestos de hecho y\nnormativos distintos. Así, la resolución 33-2003 de las 10:30 horas del 31 de enero del 2003, no\nestuvo sustentada en la ley 7007, como en el presente caso, sino en la norma 48, de la Ley número\n6700 del 14 de diciembre de 1981, que reformó el párrafo 2 del artículo 14 de la Ley número 148 del\n23 de agosto de 1943. Nótese, por lo demás, que en esta sentencia se señaló que: En el caso\nconcreto, el actor no cumplió, con anterioridad al 23 de agosto de 1991 (fecha de la primera\npublicación aludida en dicho dimensionamiento), con los requisitos establecidos en la Ley N° 148. De\nahí que, no adquirió derecho a la pensión a la fecha de la primera publicación de la acción de\ninconstitucionalidad, a la que se hace referencia en la parte dispositiva del fallo. Sin embargo, de\nacuerdo con las probanzas indicadas, el demandante cotiza para el fondo de Pensiones de Hacienda\ndesde el mes de febrero de 1982; es decir, desde antes de la promulgación de la Ley 7013 mencionada\nen aquel fallo. En consecuencia, mantuvo su derecho a permanecer en el Régimen en atención al\ndimensionamiento de los efectos de la anulación que se hiciera en esa resolución, en lo referente al\nderecho de pertenencia. Analizado el punto, se arriba a la conclusión que la anulación que luego se\nhace de la Ley 7013 por el voto de la Sala Constitucional N° 1633, de las 14:33 horas, del 13 de\nabril de 1993, no se le pueden ligar efectos más allá de los que en ella se indican, interpretando\nque con ella se varió la protección de los derechos adquiridos ya dispuesta en aquel primer\npronunciamiento número 2136, porque en esos precisos términos no se dispuso y, además, en virtud de\nque este otro fallo se refirió a un cuestionamiento distinto al que motivó aquella resolución.-\nIII.- La Ley N° 7302, del 8 de julio de 1992, citada como fundamento de la demanda e invocada por el\nrecurrente, creó el Régimen General de Pensiones, con cargo al Presupuesto Nacional. Mediante la\npromulgación de esta Ley, el legislador procuró unificar los distintos regímenes especiales de\npensiones, con cargo a ese Presupuesto. En su artículo 1° establece que a ese Régimen “...se\najustará, en lo sucesivo, el otorgamiento de todas las jubilaciones y pensiones de los regímenes\ncontributivos que tengan como base la prestación de servicio al Estado, originada con anterioridad a\nla entrada en vigencia de esta Ley y cuyo pago esté a cargo del Presupuesto Nacional”. Dentro de los\nregímenes que se contemplaban en ese artículo 1° estaba el de Hacienda, previsto en la Ley N° 148,\ndel 23 de agosto de 1943. Así se dispuso en el artículo 2, del Decreto N° 21996, por el cual se\ndictó el Reglamento a esa Ley, al indicarse: “Son regímenes especiales contributivos sometidos al\nRégimen General de Pensiones de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 7.302, los siguientes: ...f)\nHacienda 148 y otros empleados. Ley N° 148 de 23 de agosto de 1943”. En consecuencia, de conformidad\ncon ese artículo primero de la Ley, en lo sucesivo, las pensiones concedidas con base en ese régimen\nespecial, debían ajustarse al nuevo régimen general. Mas, en su Transitorio III establece que\nquienes al entrar en vigencia la Ley les falten menos de dieciocho meses para poder pensionarse o\njubilarse según los requisitos originales de la legislación que se deroga, pueden hacerlo al\ncumplirlos siempre que se aporte la cotización que ahí se indica. Dicha normativa entró en vigencia\na partir de su publicación, el 15 de julio de 1992, por lo que el actor podía adquirir derecho a\npensión al amparo de la Ley 6700, hasta dieciocho meses después de esa data, o sea hasta el 15 de\nenero de 1994, como en efecto lo hizo. Nótese que de conformidad con la certificación de nacimiento\nde folio 28, para el 3 de enero de ese año, el demandante ya había alcanzado los 50 años de edad y\nsegún las probanzas indicadas tenía más de diez años de servicio; requisitos exigidos por la\nnormativa en que apoya su pretensión (artículos 1° y 13 de la Ley número 148)”. Es inaplicable al\ncaso porque el actor solo pudo ingresar al régimen de Hacienda por la ley 7013, debiéndose\nanalizarse su pretensión a luz del dimensionamiento de la sentencia consititucional que la anuló,\ntal y como se hizo antes, donde se evidenció que el petente no logró adquirir el derecho ni a una\npensión proporcional menos a una completa del régimen de Hacienda. V. Corolario de las anteriores\nconsideraciones, al no ser procedente ninguno de los reparos esgrimidos por la recurrente, se debe\nconfirmar en todos sus extremos, el fallo impugnado.”", "body_en_text": "III.—From the evidence provided in the case file, it is clear that Mr. [Nombre1] provided services at the Tribunal Supremo de Elecciones from January 13, 1964, to December 31, 1970, during which time he contributed to the Disability, Old Age, and Death Regime (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte) of the Caja Costarricense de Seguro Social (folios 4, 5, and 9 of the administrative file). Subsequently, starting on October 16, 1970, he began working for the Banco Popular y de Desarrollo Comunal (folios 7 and 8 of the administrative file). He currently does not receive any pension and was born on November 14, 1943 (folio 78). IV. From an analysis of the offices where the plaintiff provided his services, it is concluded that he could not enter the Hacienda pension regime based on Article 13 of Law 148. That article has been amended on repeated occasions. Law number 148, of August 23, 1943, originally, in Article 13, established: “The provisions of this law shall also apply to the officials and employees of the Constitutional Congress and those of the Control Center (Centro de Control), with respect to services rendered in offices or for prior services in other functions. In these cases, final determination shall be the purview of the Directorate of the Congress.” This numeral 13 underwent various modifications, in the form and order that will be described. By Law number 2417, of September 14, 1959 (Article 1), it was amended as follows: “The officials or employees of the Legislative Assembly, the Contraloría General de la República, and the former Control Center (Centro de Control), may request their retirement with the right to receive a pension equal to the average salary earned at the time of retirement, provided they have served more than thirty years and are more than fifty years of age. When they have served less than thirty years but more than ten, the pension shall be proportional to the number of years served. In the case of deputies, the pension shall be equal to the average salary earned in the last five years. The years served as a deputy in the Legislative Assembly shall be computed toward those served in the Public Administration.” Subsequently, by Law number 2493 of May 11, 1960 (Article 1), the following paragraph was added: “This pension regime shall be optional for Deputies. Consequently, they shall not be protected by its benefits nor obligated to contribute financially to it, when they notify the Directorate of the Legislative Assembly that they do not wish to belong to this regime. The Directorate shall communicate these exclusions to the National Treasury, so that in those cases the deduction indicated in this same law is not made.” In 1974, by Law No. 5664, of December 27, 1974 (Article 9), the following paragraph was added: “Former members of the Supreme Branches of Government (Supremos Poderes) protected by this Regime who are over seventy years of age shall have the right to a pension of no less than two thousand colones per month.” By Law No. 5696 of May 14, 1975 (Article 14), it was amended as follows: “Former members of the Supreme Branches of Government protected by this regime who are over sixty-five years of age shall have the right to a pension of no less than two thousand colones per month.” In Article 9, of Law No. 5875, of December 26, 1975, it was again modified: “Former members of the Supreme Branches of Government protected by this Regime who are over sixty-five years of age shall have the right to a pension of no less than two thousand colones per month, provided they do not have other income that allows them to live with dignity.” Then, it was again amended by Law No. 6025, of December 20, 1976 (Article 9): “Former members of the Supreme Branches of Government protected by this Regime who are over sixty years of age shall have the right to a pension of no less than two thousand five hundred colones per month, provided they do not have other income that allows them to live with dignity.\" Later, it was also amended by Law No. 6191, of December 12, 1977, (Article 9), as follows: “Former members of the Supreme Branches of Government, protected by this Regime who are over sixty years of age, or their widows, shall have the right to a pension of no less than three thousand five hundred colones per month, provided they do not have other income that allows them to live with dignity.” By Article 20 of Law number 6256, of April 28, 1978, it was again modified, adding a new paragraph, which provided: “Equally, former members of the Supreme Branches of Government not protected by other pension regimes, who meet the indicated requirements, may avail themselves of the rights established in this article.” In that same year, it was amended, adding a new paragraph, through Article 9 of Law No. 6305, of December 21 (1978), as follows: “Former members of the Supreme Branches of Government, protected by this regime who are over sixty years of age, or their widows, shall have the right to a pension of no less than five thousand colones per month, provided they do not have other income that allows them to live with dignity.” By Law 6406, of December 17, 1979 (Article 9), it was again modified: “Former members of the Supreme Branches of Government, covered by this regime, or their widows, shall have the right to a pension of no less than five thousand colones per month, provided they do not have other income that allows them to live with dignity.” By means of Law No. 6542, of December 22, 1980 (Article 9), said Article 13 was modified as follows: “Former members of the Supreme Branches of Government or their surviving spouses, protected by this regime, shall have the right to a pension of no less than ¢ 6,000.00 (six thousand colones). Those former members of the Supreme Branches of Government, including vice-presidents and their surviving spouses as applicable, over sixty years of age, not protected by this pension regime, who may or may not have fully completed the term for which they were elected, or under sixty years of age in case of need, shall also have the right to a pension not less than said amount. The pensions referred to in this paragraph shall not be subject to any type of deductions, except those contemplated in Article 10 of this law and in Law No. 3808 of November 22, 1966, as well as those relating to contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social and the corresponding proportion in the case of alimony (pensión alimenticia). The Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) is authorized to vary budget appropriations to cover the obligations arising from this provision. The National Pension Department (Departamento Nacional de Pensiones) of the Ministry of Labor and Social Security (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) must make, ex officio in the payrolls, the necessary adjustments to adapt them to the provisions of this regulation.” Again it was modified by Law number 6700 of December 23, 1981 (Article 9), providing: “Reform the fourth paragraph of Article 13 of the same law, so that the text of the fourth and fifth paragraphs reads: \"Article 13.- Former members of the Supreme Branches of Government or their surviving spouses, protected by this regime, shall have the right to a pension of no less than ¢8,000.00 (eight thousand colones). Those former members of the Supreme Branches of Government, including vice-presidents and their surviving spouses as applicable, over sixty years of age, not protected by this pension regime, who may or may not have fully completed the term for which they were elected, or under sixty years of age, shall also have the right to a pension not less than said amount. The pensions referred to in this paragraph shall not be subject to any type of deductions, except those contemplated in Article 10 of this law and in Law number 3808 of November 22, 1966, as well as those relating to contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social and the corresponding proportion in the case of alimony. The Ministry of Finance is authorized to vary budget appropriations to cover the obligations arising from this provision. The National Pension Department of the Ministry of Labor and Social Security must make, ex officio in the payrolls, the necessary adjustments to adapt them to the provisions of this regulation\". Add a final paragraph to Article 13 of Law No. 148 of August 23, 1943, and its amendments, which shall read: \"This provision amends the laws, articles, and subsections that oppose it.\" By Law No. 6811, of September 10, 1982 (Article 8, provision 183), it was modified as follows: “Reform the fourth paragraph of Article 13 of the same law so that the text of the fourth and fifth paragraphs reads:\n\n Article 13: Former ministers (ex ministros) of the Supreme Branches of Government or their surviving spouses, protected by this regime, shall have the right to a pension of no less than ten thousand colones (¢10,000). Those former ministers of the Supreme Branches of Government, including vice-presidents and their surviving spouses, as applicable, over sixty years of age, not protected by this pension regime, who may or may not have fully completed the term for which they were elected; or under sixty years of age, shall also have the right to a pension not less than said amount. The pensions referred to in this paragraph shall not be subject to any type of deductions, except those contemplated in Article 10 of this law and in Law number 3808 of November 22, 1966, as well as those relating to contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social and the corresponding proportion in the case of alimony. The Ministry of Finance is authorized to vary budget appropriations, in order to cover the obligations arising from this provision. The National Pension Department of the Ministry of Labor and Social Security must make, ex officio, the necessary adjustments to adapt them to the provisions of this regulation.” Then, an attempt was made to reform it again, by Law number 6831, of December 23, 1982 (Article 54); however, with respect to that and other provisions, the law was returned without the corresponding sanction of the Executive Branch (Poder Ejecutivo). By Law No. 6914, of November 28, 1983 (Article 10), it was again modified, in the following manner: \"Article 13.- The employees and officials of the Legislative Assembly and the Contraloría General de la República, and those who provide their services in offices and institutions of the State, who have the right to avail themselves of the benefits of this law, may request their retirement, with the right to receive a pension equal to the average salary earned at the institution at the time of retirement, provided they have served more than thirty years and are more than fifty years of age. When they have served less than thirty years but more than ten, the pension shall be proportional to the number of years served. This pension regime shall be optional for deputies and former deputies, such that they shall not be protected by its benefits nor obligated to contribute financially to the respective fund, when they notify the Directorate of the Legislative Assembly in writing that they do not wish to belong to the regime. The Directorate shall communicate these exclusions to the corresponding office, so that in those cases the deductions indicated in Article 10 of this law are not made. In the case of deputies and former deputies, the retirement pension shall be equal to the average salary earned in the last five years, in the service of the Public Administration, and in no case may it be less than ten thousand colones per month. The years served as deputies shall be computed with the other years served in the Public Administration, so that a minimum of ten years of service can thus be demonstrated. Former members of the supreme branches of government, including vice-presidents, may avail themselves of the rights established in this article, if they are not protected by other retirement regimes, provided they have served the Public Administration for a minimum of ten years and are more than fifty years of age, in which case they shall have the right to a retirement pension of no less than ten thousand colones per month. The surviving spouses of the aforementioned former officials shall have the same right. The pension of former deputies shall increase each year by thirty percent on the amount of the pension they enjoy, without being subject to the years of service, and in no case may the total amount of the pension be greater than the total remuneration of the per diems or salaries that a deputy earns monthly, for commission and plenary sessions of the Legislative Assembly. The pensions referred to in this regime shall be subject to the following deductions: a) Those contemplated in Article 10 of this law. b) Those indicated by Law No. 3808 of November 22, 1966. c) The contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social. ch) Those indicated by the beneficiary of the pension to the Oficina Técnica Mecanizada, and the corresponding proportion in the case of alimony. Transitional: The increase in the pensions of former deputies, referred to in the fourth paragraph of this Article 13, shall be recognized in its entirety starting from the month of January 1983. The Ministry of Finance is authorized to vary the corresponding budget appropriations, in order to cover the obligations established herein. The National Pension Department of the Ministry of Labor and Social Security, must make ex officio, in the corresponding payrolls, the necessary adjustments to the retirement pensions and pensions already granted, to adapt them to the provisions of this law.” By Law No. 6963, of July 30, 1984 (Article 46), it was modified as follows: “Article 46. Reform the 5th paragraph of Article 13 of the Hacienda Pensions Law No. 148 of August 23, 1943, and its amendments, as amended by Article 10 of Law number 6914, as follows: Former members of the supreme branches of government, including vice-presidents, may avail themselves of the rights established in this article, if they are not protected by other retirement regimes, provided they have served the Public Administration for a minimum of 10 years and are more than fifty years of age, in which case they shall have the right to a retirement pension of no less than 10 thousand colones per month. The surviving spouses of the aforementioned former officials and unmarried or disabled daughters shall have the same right.” Then, it underwent a further amendment, by means of Law No. 6995 (Article 123), of July 22, 1985, wherein it was provided: Article 123.- Reform the fifth paragraph of Article 13 of the Hacienda Pensions Law, No. 148 of August 23, 1948, and its amendments, whose text shall read: \"Former members of the Supreme Branches of Government, including vice-presidents and vice-ministers (viceministros)...\" (The rest of the paragraph identical). It is authentically interpreted that former ministers and former vice-ministers are also those who held positions of Secretary and Undersecretary of State. Likewise, those persons who were given the rank of minister or vice-minister.\" The cited article was also amended by the law cited in support by the appellant, No. 7007, of November 5, 1985 (Article 5), in which it was indicated: “Article 5.- Modify Article 13 of the Hacienda Pensions Law, No. 148 of August 23, 1943, and its amendments, whose text shall read: \"Article 13.-The employees and officials of the Legislative Assembly and the Contraloría General de la República, and those who provide their services in offices and institutions of the State, who have the right to avail themselves of the benefits of this law, may request their retirement, with the right to receive a pension equal to the average salary earned at the institution at the time of retirement, provided they have served more than thirty years and are more than fifty years of age. When they have served less than thirty years but more than ten, the pension shall be proportional to the number of years served. This pension regime shall be optional for deputies and former deputies, such that they shall not be protected by its benefits nor obligated to contribute financially to the respective fund, when they notify the Directorate of the Legislative Assembly in writing that they do not wish to belong to the regime. The Directorate shall communicate these exclusions to the corresponding office, so that in those cases the deductions indicated in Article 10 of this law are not made. In the case of deputies and former deputies, the retirement pension shall be equal to the average salary earned in the last five years, in the service of the Public Administration, and in no case may it be less than ten thousand colones per month. The years served as deputies shall be computed with the other years served in the Public Administration, so that a minimum of ten years of service can thus be demonstrated. Former members of the Supreme Branches of Government, including vice-presidents and vice-ministers, may avail themselves of the rights established in this article, if they are not protected by other retirement regimes, provided they have served the Public Administration for a minimum of ten years and are more than fifty years of age, in which case they shall have the right to a retirement pension of no less than ten thousand colones per month. It is authentically interpreted that former ministers and former vice-ministers are also those who held positions of Secretary and Undersecretary of State. Likewise, those persons who were given the rank of minister or vice-minister. The surviving spouses of the aforementioned former officials and unmarried or disabled daughters shall have the same right. The pension of former deputies retired under any of the pension regimes shall increase each year by thirty percent on the amount of the pension they enjoy, without being subject to the years of service, and in no case may the total amount of the pension be greater than the total remuneration of the per diems or salaries that a deputy earns monthly, for commission and plenary sessions of the Legislative Assembly. The pensions referred to in this regime shall be subject to the following deductions:\n\na) Those contemplated in Article 10 of this law. b) Those indicated by Law No. 3808 of November 22, 1966. c) The contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social. ch) Those indicated by the beneficiary of the pension to the Oficina Técnica Mecanizada, and the corresponding proportion in the case of alimony. The Ministry of Finance shall transfer, to each regime, the sum necessary so that it can cover the increase established by this law, for which it shall make the corresponding budget provisions\". Finally, that numeral was amended by Law number 7018, of December 13, 1985 (Article 14), in the following sense: “38. Modify the third paragraph of Article 13 of the Hacienda Pensions Law, No. 148 of August 23, 1943, and its amendments, whose text shall read: In the case of deputies and former deputies, the retirement pension shall be equal to the best salary earned in the last five years, in the service of the Public Administration, and in no case may it be less than ten thousand colones per month.” Some of those amendments, specifically those introduced by Laws numbers 6191 of 1977 (Article 9); 6542 of 1980 (Article 9), 6700 of 1981 (Article 9), 6811 of 1982 (Article 8, provision 183), and 7018 of 1985 (Article 14, provisions 37 and 38), were declared unconstitutional, by means of vote number 2136, at 2:00 p.m., of October 23, 1991, which declared the nullity of those provisions, without prejudice to acquired rights and also establishing the following: “In the same manner, the effects of this declaration are dimensioned, in the sense that all those persons who had entered and contributed to the Hacienda Pension Regime (Régimen de Pensiones de Hacienda) prior to the entry into force of Law No. 7013 of November 18, 1985, because any of the budget provisions that are declared null and that said law contemplates had permitted it, shall have the right to remain in it. Regarding the servants who had entered the Hacienda Pension Regime after the enactment of Law No. 7013 of November 18, 1985, and those who had done so in the communications pension regime, because any of the provisions that are annulled had permitted it, shall have the right to have the contributions they had paid transferred, at their request, to the special retirement or pension regime that they indicate, provided they had contributed to it or had been legally authorized to do so, and if they had not done so in any, or had not been legally authorized for it, they may continue contributing to the Caja Costarricense del Seguro Social, which must recognize the time served, and they shall have the right to demand the transfer of the corresponding contributions, in accordance with the legal and regulatory provisions that govern it.” According to that text, servants who had the right to avail themselves of the benefits of Law No. 148 had the right to a full pension when they had worked a minimum of thirty years and, at the same time, were fifty years of age. The second paragraph of that article established the possibility of receiving a pension, proportional to the number of years served, in the event they had worked less than thirty but more than ten and, in this case, that minimum age of fifty years was also required; it being necessary, in both cases, the obligatory and natural requirement of having contributed to the Hacienda pension fund. Now then, the plaintiff was not covered by said regulations; it being evident that they referred to the employees and officials who, at that time—requirement of currency—were providing services in the Legislative Assembly and the Contraloría General de la República, as well as working in other offices and institutions of the State that, at that same date, had been specifically incorporated, by different laws, into the Hacienda Pension Regime. This not being the case, at the time, for the Tribunal Supremo de Elecciones or the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, institutions where the plaintiff provided services. Consequently, under said Law No. 7007, the plaintiff did not enter the Hacienda Pension Regime, just as the appellant claims. For that reason, only Law No. 7013, of November 18, 1985, was what gave him access to said regime; because it was what opened the possibility for all servants of the Public Sector of the State and its Institutions, with the exception of workers covered by the special pension and retirement regimes of the National Teachers (Magisterio Nacional) and the Judicial Branch (Poder Judicial), to be able to join the Hacienda Pension Regime; and, for that, it introduced a specific series of requirements. Indeed, in accordance with such normative modification, the necessary requirements to obtain that pension are the following: a) For a full one, having contributed for thirty years, at minimum, in any of the pension regimes and being at least fifty years of age. b) For a proportional one, in the case of men, a minimum age of fifty-seven years was required and, in the case of women, fifty-five; in which case, the amount of the pension would be granted proportionally in relation to the years effectively and actually contributed; requirements that, in light of constitutional vote No. 1633, at 2:33 p.m., of April 13, 1993, which declared said Law No. 7013 unconstitutional, had to be met before May 19, 1993; which was the date of the dimensioning of the ruling, which did not occur because at that date he had not reached the age or the time of service for a full contribution nor for a proportional one since he was only 49 years and 6 months of age and had twenty-nine years and six months of public services, so he never came to acquire any right to the Hacienda Pension Regime directly under the aforementioned Law No. 148 and its amendments, among them the amendment introduced by cited Law 7007, repealed by Law No. 7302 of July 8, 1992. The judgments cited by the appellant in support are not applicable because they were based on different factual and normative assumptions. Thus, resolution 33-2003 of 10:30 a.m. of January 31, 2003, was not based on Law 7007, as in the present case, but on provision 48, of Law number 6700 of December 14, 1981, which amended paragraph 2 of Article 14 of Law number 148 of August 23, 1943. It should be noted, furthermore, that in this judgment it was pointed out that: In the specific case, the plaintiff did not meet, prior to August 23, 1991 (date of the first publication alluded to in said dimensioning), the requirements established in Law No. 148. Hence, he did not acquire the right to the pension on the date of the first publication of the action of unconstitutionality, to which reference is made in the operative part of the ruling. However, according to the evidence indicated, the plaintiff contributes to the Hacienda Pensions fund since February 1982; that is, since before the enactment of Law 7013 mentioned in that ruling. Consequently, he maintained his right to remain in the Regime in consideration of the dimensioning of the effects of the annulment made in that resolution, regarding the right of membership. Having analyzed the point, the conclusion is reached that the annulment subsequently made of Law 7013 by vote of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 1633, at 2:33 p.m., of April 13, 1993, cannot be linked to effects beyond those indicated therein, interpreting that with it the protection of acquired rights already provided in that first pronouncement number 2136 was varied, because in those precise terms it was not provided and, moreover, because this other ruling referred to a different challenge than the one that motivated that resolution.- III.- Law No. 7302, of July 8, 1992, cited as the basis for the claim and invoked by the appellant, created the General Pension Regime (Régimen General de Pensiones), chargeable to the National Budget. Through the enactment of this Law, the legislator sought to unify the different special pension regimes chargeable to that Budget. In its Article 1, it establishes that to this Regime “...shall be adjusted, henceforth, the granting of all retirement pensions and pensions of the contributory regimes that are based on the provision of service to the State, originating prior to the entry into force of this Law and whose payment is the responsibility of the National Budget.” Among the regimes contemplated in that Article 1 was the Hacienda regime, provided for in Law No. 148, of August 23, 1943. This was provided in Article 2, of Decree No. 21996, by which the Regulations to that Law were issued, when it indicated: “The special contributory regimes subject to the General Pension Regime in accordance with Article 1 of Law No. 7,302, are the following: ...f) Hacienda 148 and other employees. Law No. 148 of August 23, 1943”. Consequently, in accordance with that first article of the Law, henceforth, the pensions granted based on that special regime had to be adjusted to the new general regime. However, in its Transitory III, it establishes that those for whom, when the Law enters into force, less than eighteen months remain to be able to obtain a pension or retirement according to the original requirements of the legislation being repealed, may do so upon fulfilling them provided they provide the contribution indicated therein. Said regulation entered into force upon its publication, on July 15, 1992, and therefore the plaintiff could acquire the right to a pension under the protection of Law 6700, up to eighteen months after that date, that is, up to January 15, 1994, as he in fact did. It should be noted that according to the birth certificate on folio 28, by January 3 of that year, the plaintiff had already reached 50 years of age and according to the evidence indicated he had more than ten years of service; requirements demanded by the regulation on which he bases his claim (Articles 1 and 13 of Law number 148)”. It is inapplicable to the case because the plaintiff could only enter the Hacienda regime by Law 7013, and his claim must be analyzed in light of the dimensioning of the constitutional judgment that annulled it, as was done previously, where it was evidenced that the petitioner did not manage to acquire the right to a proportional pension, much less to a full one, from the Hacienda regime. V. As a corollary of the foregoing considerations, since none of the objections raised by the appellant are admissible, the appealed judgment must be confirmed in all its aspects.”" }