{ "id": "nexus-ext-1-0034-133244", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Legalidad de multa a banco por negarse a entregar información requerida por la Comisión de Competencia", "title_en": "Legality of fine on bank for refusing to provide information requested by the Competition Commission", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo analiza la legalidad de un acuerdo y voto de la Comisión para Promover la Competencia que impusieron una multa al Banco Nacional por negarse a entregar una lista de clientes con créditos, alegando secreto bancario. La sentencia delimita los alcances del derecho fundamental a la intimidad (art. 24 constitucional) y el secreto bancario (art. 615 Código de Comercio), señalando que ambos admiten excepciones cuando la Administración ejerce potestades de fiscalización para proteger intereses públicos superiores, como la libre competencia y los derechos del consumidor (art. 46 constitucional). Concluye que la información requerida (nombres, identificaciones, direcciones y teléfonos) no es sensible ni está cubierta por el secreto bancario, y que la Comisión actuó dentro de sus competencias legales (art. 67 Ley 7472) en el marco de un procedimiento sumario por incumplimiento del deber de información. Se declara sin lugar la demanda del banco y se confirman los actos administrativos impugnados.", "summary_en": "The Administrative Litigation Court examines the legality of a resolution by the Competition Promotion Commission fining Banco Nacional for refusing to provide a list of credit customers, claiming bank secrecy. The ruling defines the scope of the fundamental right to privacy (Constitution Art. 24) and bank secrecy (Commerce Code Art. 615), noting both allow exceptions when the Administration exercises oversight powers to protect superior public interests such as free competition and consumer rights (Constitution Art. 46). It concludes the requested information (names, IDs, addresses, phone numbers) is neither sensitive nor covered by bank secrecy, and the Commission acted within its legal authority (Art. 67 Law 7472) in a summary proceeding for failure to comply. The bank's claim is dismissed and the administrative acts are upheld.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "intimidad", "secreto bancario", "Comisión para Promover la Competencia", "Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor", "artículo 24 Constitución Política", "artículo 615 Código de Comercio" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 24", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 46", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 615", "law": "Código de Comercio" }, { "article": "Art. 67", "law": "Ley 7472" }, { "article": "Art. 27", "law": "Ley 7472" }, { "article": "Art. 28", "law": "Ley 7472" }, { "article": "Art. 264", "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "intimidad", "secreto bancario", "Comisión para Promover la Competencia", "prácticas monopolísticas", "derechos del consumidor", "artículo 67 Ley 7472", "procedimiento sumario", "multa", "información confidencial", "Tribunal Contencioso Administrativo" ], "keywords_en": [ "privacy", "bank secrecy", "Competition Promotion Commission", "monopolistic practices", "consumer rights", "Article 67 Law 7472", "summary proceeding", "fine", "confidential information", "Administrative Litigation Court" ], "excerpt_es": "De lo dicho en la citada norma, es claro que la Comisión para Promover la Competencia, tiene la facultad de solicitar a cualquier agente económico, incluso a las Administraciones Públicas, la información que requiera para investigar si determinado sujeto ha cometido alguna conducta sancionada por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ahora bien, estas potestades de solicitar información que tiene la Comisión para Promover la Competencia, incluso que también la tienen la Comisión Nacional del Consumidor y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (todos órganos administrativos encargados de hacer cumplir el mandato constitucional de proteger los intereses públicos de los consumidores y de evitar las prácticas monopolísticas), no rozan o vienen a violar el derecho fundamental de la intimidad regulado en el artículo 24 de la Carta Magna, ni mucho menos el secreto bancario establecido en el numeral 615 del Código de Comercio, ya que así ha sido, debidamente determinado por la misma Sala Constitucional...", "excerpt_en": "From the cited norm, it is clear that the Competition Promotion Commission has the authority to request from any economic agent, including Public Administrations, the information it requires to investigate whether a particular subject has engaged in conduct punishable under the Competition Promotion and Effective Consumer Defense Law. Moreover, these powers to request information held by the Competition Promotion Commission—and also by the National Consumer Commission and the Ministry of Economy, Industry and Commerce (all administrative bodies charged with enforcing the constitutional mandate to protect public consumer interests and prevent monopolistic practices)—do not impinge upon or violate the fundamental right to privacy under Article 24 of the Constitution, much less the bank secrecy established in Article 615 of the Commerce Code, as the Constitutional Chamber has duly determined...", "outcome": { "label_en": "Dismissed", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Administrative Litigation Court dismissed the claim by Banco Nacional de Costa Rica and upheld the fine of ¢9,811,650 and the order to provide information imposed by the Competition Promotion Commission.", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar la demanda del Banco Nacional de Costa Rica y confirmó la validez de la multa de ¢9.811.650 y la orden de entrega de información impuesta por la Comisión para Promover la Competencia." }, "pull_quotes": [ { "context": "Cita de jurisprudencia constitucional", "quote_en": "Access to private documents is not arbitrary in the context of commercial relations, but is appropriate to combat, as potentially in this case, monopolistic practices and generally protect consumers.", "quote_es": "El acceso a documentos privados no es antojadizo en el contexto de las relaciones comerciales, sino que resulta adecuado para combatir, como eventualmente en este caso, prácticas monopolísticas y proteger en general a los consumidores." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "The investigative powers granted to the Competition Promotion Commission have constitutional standing (Article 46 of the Constitution) and do not conflict with Article 24. On the contrary, there is harmony between these norms, because private fundamental rights yield to superior public interests.", "quote_es": "Las potestades de investigación otorgadas a la Comisión para Promover la Competencia, tienen rango constitucional (artículo 46 de la Carta Magna), y no riñe con lo dispuesto en el artículo 24 constitucional. Todo lo contrario, existe una armonía entre esas normas, debido a que los derechos fundamentales privados, ceden a los intereses públicos superiores." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-26481", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7472 Art. 67" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-13231", "norm_num": "6227", "norm_name": "Ley General de la Administración Pública", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/05/1978" }, { "doc_id": "norm-26481", "norm_num": "7472", "norm_name": "Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "20/12/1994" }, { "doc_id": "norm-6239", "norm_num": "3284", "norm_name": "Código de Comercio", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1964" }, { "doc_id": "norm-871", "norm_num": "0", "norm_name": "Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política", "tipo_norma": "Constitución Política", "norm_fecha": "07/11/1949" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“III- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD, EL SECRETO\nBANCARIO Y LAS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN PARA\nPROMOVER LA COMPETENCIA:\nEn este asunto es\nnecesario realizar una adecuada explicación y delimitación de lo que se\nentiende por el Derecho Fundamental a la Intimidad, consagrado en el artículo 24 de\nnuestra Constitución Política, el secreto bancario regulado en el numeral 615\ndel Código de Comercio, y las funciones o potestades de fiscalización e\ninvestigación de la Comisión\npara Promover la\n Competencia, otorgadas por el artículo 46 de la Carta Magna y\ndesarrolladas en la Ley\nde Promoción de la\n Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor , con la\nfinalidad de ver los alcances y límites de cada uno de estos institutos, y así\naplicarlos al caso concreto. a) Sobre el Derecho Fundamental a la Intimidad. Alcances\ny Límites: El Derecho Fundamental a la Intimidad se encuentra consagrado en el artículo\n24 de la\n Constitución Política que dispone:\n\n\n\nARTÍCULO\n24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las\ncomunicaciones. \n\n\n\nSon\ninviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de\ncualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin\nembargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios\nde los Diputados de la\n Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los\nTribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los\ndocumentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer\nasuntos sometidos a su conocimiento. \n\n\n\nIgualmente,\nla ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar\nque se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya\ninvestigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante\ncuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que\nincurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las\nresoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán\nejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad\nindelegable de la autoridad judicial. \n\n\n\nLa ley\nfijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda\ny de la\n Contraloría General de la República podrán revisar\nlos libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para\nfiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. \n\n\n\nUna ley\nespecial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará\ncuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los\ndocumentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus\ncompetencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos.\nAsimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. \n\n\n\nNo\nproducirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la\ninformación obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier\ncomunicación. \n\n\n\nJustamente,\nesta Sección de este Tribunal abordó el tema del derecho a la intimidad\nrespecto a sus alcances y límites, en una sentencia del año pasado, en la que\nse indicó en lo que interesa lo siguiente:\n\n\n\nEl artículo 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la intimidad, que\nse trata de un fuero de protección a la vida privada de las personas. La intimidad está comprendida\npor aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están\nsustraídos al conocimiento de extraños. Dicha esfera de intimidad se justifica porque en un sistema\ndemocrático toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre ciertas actividades, datos,\ndocumentos u opiniones suyas, puesto que resulta imposible o muy difícil de convivir y desarrollar\na plenitud los fines que una persona se propone, sin gozar de un marco de intimidad, protegido de\ninjerencias del Estado o de otras personas (ver el artículo 11.2.3 de la Convención Americana sobre\nDerechos Humanos o Pacto de San José). Una de las manifestaciones de este derecho fundamental,\nexpresamente contempladas en el texto del artículo 24 constitucional, es la inviolabilidad de los\ndatos y documentos privados. Esta garantía protege la confidencialidad de los documentos e\ninformaciones privadas , lo cual, constituye una garantía para que los particulares no tengan\nacceso a ellos y a la vez implica una prohibición para que tanto los sujetos de derecho público\ncomo privado la suministren a terceros. En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema\nde Justicia ha considerado que: “...El artículo 24 de la Constitución Política le garantiza a todas\nlas personas una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos de derecho, de tal\nforma que aquellos datos íntimos, sensibles o nominativos que un ente u órgano público ha\nrecolectado, procesado y almacenado, por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos o\nautomatizados, no pueden ser accedidos por ninguna persona por suponer ello una intromisión o\ninjerencia externa e inconstitucional. Obviamente, lo anterior resulta de mayor aplicación cuando\nel propio administrado ha puesto en conocimiento de una administración pública información\nconfidencial, por ser requerida, con el propósito de obtener un resultado determinado o\nbeneficio...” (sentencia número 2005-02703 de las diez horas diecisiete minutos del diez de marzo\ndel dos mil cinco, y en sentido similar, la sentencia número 2003-00136 de las quince horas\nveintidós minutos del quince de enero del dos mil tres). Si bien es cierto, el Constituyente\ngarantizó a toda persona un ámbito propio, una esfera privada, para proteger su intimidad, también\nlo es, que el propio texto constitucional establece que ese derecho fundamental no es absoluto,\nsino que en procura de resguardar otros bienes jurídicos tutelados (ver artículo 28 párrafos\nprimero y segundo de la Constitución Política), es posible imponerle limitaciones en casos\nconcretos y calificados, a efecto de que la Administración Pública ejerza las potestades de\nregulación y vigilancia para conseguir fines públicos que le otorgue una norma legal (artículo 24\npárrafo 6º de la Constitución Política), o de que los terceros en ejercicio del derecho fundamental\na la información sobre asuntos de interés público (ver artículo 30 de la Constitución Política),\npuedan tener acceso a ese ámbito privado, en aquellos supuestos en que esos datos o documentos\ntengan trascendencia para lograr la satisfacción y la tutela efectiva del interés público. Cabe\ndestacar, que no se trata entonces de dejar sin efecto ciertos derechos para la protección de\notros, pues entre los derechos fundamentales no existe una jerarquía propiamente dicha, sino más\nbien, de lograr la adecuada coordinación entre los diversos intereses presentes en una sociedad, a\nfin de procurar un punto medio necesario en cada caso entre el interés particular y el interés\npúblico (ver sentencia número 1999-07265 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de\nJusticia, a las doce horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de setiembre de mil\nnovecientos noventa y nueve). Con base en el fundamento constitucional anteriormente expuesto, es\nque el legislador está facultado no sólo para crear órganos o entes que ejercerán potestades de\nregulación y vigilancia para conseguir fines públicos -como por ejemplo: la protección efectiva de\nquienes participan en el mercado como inversionistas, o como consumidores de bienes y servicios-,\nsino también, para imponer a las personas en casos concretos y calificados en que estén de por\nmedio otros bienes jurídicos tutelados que trascienden esa esfera privada dada la incidencia que\ntienen sobre los terceros, el deber de proporcionar información o presentar documentos que estén\nrelacionados con la actividad que realizan, a efecto de supervisar que su ejercicio no resulte\ncontrario al interés público que se pretende regular y proteger (ver en sentido similar, la\nsentencia número 1996-04463 dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a\nlas nueve horas cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis).\n(Sentencia número 838-2009; Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Sexta, a las ocho horas\ntreinta minutos del seis de mayo de dos mil nueve). Precisamente, de la cita del numeral 24\nconstitucional y de la explicación dada al derecho a la intimidad realizada por esta misma Sección\nde este Tribunal, se pueden extraer las siguientes consideraciones relevantes: 1. El derecho a la\nintimidad protege la información confidencial de las personas o ciudadanos en general; 2. Aunque la\ninformación confidencial de los administrados está protegida por este derecho fundamental, puede\nser ésta perfectamente accesada en procura de resguardar otros bienes jurídicos tutelados, como\nsería en el caso que nos ocupa evitar las prácticas monopolísticas y los derechos del consumidor;\n3. El párrafo quinto del artículo 24 de la Constitución Política, estableció la posibilidad que\nel legislador le otorgara a las Administraciones Públicas potestades de regulación y vigilancia\npara conseguir fines públicos, en otras palabras, el derecho a la intimidad no es absoluto, permite\nexcepciones, como la que se presenta en este caso, y que será analizada con detalle más adelante,\nen el sentido que con base en las potestades otorgadas por el artículo 46 de la Carta Magna y\ndesarrolladas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la\nComisión para Promover la Competencia se encuentra perfectamente habilitada, desde la perspectiva\nconstitucional y legal, a solicitar la información que requiera a efectos de salvaguardar los\nintereses públicos de los consumidores, por lo que incluso puede requerir información protegida\ndirectamente por el derecho fundamental a la intimidad, ya que en ciertas circunstancias ese\nderecho fundamental debe ceder frente al derecho fundamental de protección al consumidor, ambos\nderechos de origen constitucional; b) El secreto bancario, alcances y límites: El secreto bancario\nse ha extraído de lo establecido en el artículo 615 del Código de Comercio, que dispone:\n\nARTÍCULO 615.- Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los Bancos sólo podrán\nsuministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, o por orden\nde autoridad judicial competente. Se exceptúa la intervención que en cumplimiento de sus funciones\ndeterminadas por la ley haga la Superintendencia General de Entidades Financieras.\n\nQueda\nprohibida la revisión de cuentas corrientes por las autoridades fiscales.\n\n\n\nPrecisamente,\nen la misma sentencia citada anteriormente, esta Sección de este Tribunal,\nabordó el tema del secreto bancario, manifestando lo siguiente:\n\n\n\n(..) secreto\nbancario prevista en el artículo 615 del Código Comercio, constituye\nuna manifestación legal del bien jurídico tutelado a través de lo dispuesto en\nel artículo 24 de la\n Constitución Política (derecho fundamental a la intimidad).\nEn ese sentido, el secreto bancario es “...el deber impuesto a toda entidad de\nintermediación financiera de no revelar la información y los datos que posea de\nsus clientes por cualquier operación bancaria o contrato bancario que haya\ncelebrado con éstos, sobre todo, en tratándose de las cuentas corrientes, ya\nque, el numeral 615 del Código de Comercio lo consagra expresamente para esa\nhipótesis...” (ver sentencia número 2005-02703 dictada por la Sala Constitucional\nde la Corte Suprema\nde Justicia, a las diez horas diecisiete minutos del diez de marzo del dos mil\ncinco, y en sentido similar, las sentencias número 2004-14210 de las quince\nhoras cuatro minutos del catorce de diciembre del dos mil cuatro y 2003-00136\nde las quince horas veintidós minutos del quince de enero del dos mil tres).\nNo obstante lo anterior, esta regla también admite excepciones,\npues si bien es cierto, el secreto bancario constituye un mecanismo para\nproteger a las personas frente al uso indebido que se pueda hacer de sus\noperaciones financieras, en detrimento de su intimidad, también lo es, que en\naquellas situaciones en que exista la posibilidad de que una persona física o\njurídica haya podido incurrir en incumplimientos graves a las obligaciones que\nle impone el Ordenamiento Jurídico en el ejercicio de su actividad en el\nmercado financiero o de valores, que además, tengan la virtud de trascender el\námbito privado y puedan afectar a terceros, los órganos que conforme a la ley\nsean competentes para ejercer las potestades de regulación y vigilancia de\ndichas actividades, puedan tener acceso efectivo a esos datos –tal y como lo\nestablece el propio artículo 615 del Código de Comercio-, e intercambiarlos\nentre sí –en el supuesto de que la norma legal así lo autorice-, como una forma\nde lograr no sólo el oportuno y estricto cumplimiento de dichas potestades de\nsupervisión prudencial que les fueron asignadas (...)\"\n\n\n\nDe la norma citada y de lo ya analizado por esta misma Sección de este Tribunal, se pueden hacer\ncon respecto al secreto bancario, las siguientes precisiones: 1. El secreto bancario es una\nderivación legal del derecho fundamental a la intimidad. Esto significa que el secreto bancario no\ntiene un rango constitucional sino legal; 2. El secreto bancario, únicamente abarca la información\nconcerniente a las operaciones bancarias, contratos bancarios, en general a las actividades que los\nclientes tengan con los bancos en sus actividades financieras; 3. Al igual de lo que suscede con\nel derecho fundamental a la intimidad, el secreto bancario, tiene sus excepciones, que son las\nmismas que se explicaron del derecho a la intimidad. Es decir, las Administraciones Públicas que\npor disposición constitucional o legal se le confieran potestades de supervisión y fiscalización\ncon la finalidad de resguardar o proteger intereses públicos, la información confidencial puede\nser perfectamente accesada por estas Administraciones Públicas que cuenten con esas facultades,\nsiempre y cuando se haga siguiendo los procedimientos regulados normativamente y garantizando a\nlos ciudadanos que su información no será divulgada o utilizada con otros fines que no sean los de\nproteger los intereses públicos superiores; c) Funciones o potestades de fiscalización e\ninvestigación de la Comisión para Promover la Competencia, otorgadas por el artículo 46 de la\nCarta Magna y desarrolladas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del\nConsumidor , para proteger de prácticas monopolísticas las actividades comerciales y a los derechos\nde los consumidores: Justamente, la Comisión para Promover la Competencia, es uno de esos órganos\nadministrativos que constitucional y legalmente, cuenta con potestades o facultades de\nfiscalización, supervisión y de protección a las actividades monopolísticas y a los derechos\nfundamentales del consumidor. En este sentido, el artículo 46 de la Constitución Política dispone\nlo siguiente:\n\nARTÍCULO\n46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto,\naunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de\ncomercio, agricultura e industria.\n\n\n\nEs de\ninterés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o\ntendencia monopolizadora. \n\n\n\nLas\nempresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación\nespecial. \n\n\n\nPara\nestablecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se\nrequerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.\n\n\n\n\nLos\nconsumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente,\nseguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la\nlibertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos\nque ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas\nmaterias. \n\n\n\nNótese, que el artículo constitucional citado es claro en calificar como de interés público,\ninclusive con un rango constitucional, la obligación del Estado de proteger el libre mercado\nevitando las actividades monopolisticas, y por otro lado, proteger los derechos fundamentales del\nconsumidor. Precisamente, como lo indica el texto de la norma constitucional citada, la ley\nespecial regulará esas materias, y es lo que efectivamente viene a hacer la Ley de Promoción de la\nCompetencia y Defensa Efectiva del Consumidor , al otorgarle al la Comisión para Promover la\nCompetencia, las siguientes facultades:\n\nARTÍCULO\n21.- Creación de la Comisión\npara promover la competencia.\n\n\n\nSe crea la Comisión para promover la\ncompetencia, como órgano de máxima desconcentración; estará adscrita al\nMinisterio de Economía, Industria y Comercio. Se encargará de conocer, de\noficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que\nconstituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan\ninnecesariamente la fluidez del mercado.\n\n\n\nLa\ninstancia administrativa ante esta Comisión es obligatoria y de previo\nagotamiento para acudir a la vía judicial, salvo lo establecido en el artículo\n17 de esta Ley.\n\n\n\nARTÍCULO\n27.- Potestades de la\n Comisión.\n\n\n\nLa Comisión para promover la competencia tiene\nlas siguientes potestades:\n\n\n\na) Velar\nporque los entes y los órganos de la Administración Pública\ncumplan con la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que\ndeban mantenerse; además, eliminar los innecesarios, según se dispone en los\nartículos 3 y 4 de esta Ley. En caso de incumplimiento, le compete recomendar\nal jerarca imponer las sanciones administrativas correspondientes a los\nfuncionarios que cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.\n\n\n\nb)\nRecomendar, a la\n Administración Pública, la regulación de precios y el\nestablecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de\nconformidad con los artículos 5 y 6 de esta Ley.\n\n\n\nc) Investigar\nla existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones prohibidas\nen esta Ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás agentes\neconómicos, la información o los documentos relevantes y sancionar cuando\nproceda.\n\n\n\nd) Sancionar\nlos actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de esta Ley,\ncuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el mercado.\n\n\n\ne)\nEstablecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios,\ncarteles, concentraciones y prácticas ilícitas.\n\n\n\nf)\nCuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de competencia y\nlibre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las\ncirculares y los demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan\nningún efecto jurídico. La\n Comisión no puede ser obligada a opinar.\n\n\n\nA esta\nComisión no le corresponde conocer de los actos de competencia desleal en los\ntérminos estipulados en el artículo 17 de esta Ley. Estos casos son del\nconocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.\n\n\n\nEstas dos\nnormas son claras al indicar que la\n Comisión para Promover la Competencia, cuenta\ncon potestades de supervisión y fiscalización amplias, para desarrollar en la\nrealidad el postulado constitucional de protección del libre mercado y de\nevitar monopolios y prácticas monopolisticas. Ahora\nbien, la indicada Comisión, no solo tiene facultades de supervisión de las\nactividades comerciales con la finalidad de evitar monopolios o prácticas\nmonopolísticas que distorcionen la fluides del mercado comercial, sino que también esas\npotestades bienen acompañadas de la facultad de\nsancionar a los agentes económicos que incurran en esas prácticas ilegales. En\nese sentido, se regula en el artículo 28 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa\nEfectiva del Consumidor , esas sanciones, al disponer lo siguiente:\n\n\n\nARTÍCULO\n28.- Sanciones.\n\n\n\nLa Comisión para promover la competencia puede\nordenar, mediante resolución fundada y tomando en consideración la capacidad de\npago, a cualquier agente económico que infrinja las disposiciones contenidas en\nel capítulo III de esta Ley, las siguientes\nsanciones:\n\n\n\na) La\nsuspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración de que\nse trate.\n\n\n\nb) La\ndesconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado indebidamente,\nsin perjuicio del pago de la multa que proceda.\n\n\n\nc) El\npago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor salario\nmínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado información\nfalsa a la Comisión\npara promover la competencia, con independencia de otras responsabilidades en\nque incurra.\n\n\n\nd) El\npago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor salario mínimo\nmensual por retrasar la entrega de la información solicitada por la Comisión para promover la\ncompetencia.\n\n\n\ne) El\npago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces el monto del menor\nsalario mínimo mensual, por haber incurrido en una práctica monopolística\nabsoluta.\n\n\n\nf) El\npago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor\nsalario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna práctica monopolística\nrelativa.\n\n\n\ng) El\npago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor\nsalario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna concentración de las\nprohibidas en esta Ley.\n\n\n\nh) El\npago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el monto del menor salario\nmínimo mensual, a las personas físicas que participen directamente en las\nprácticas monopolísticas o concentraciones prohibidas, en representación de\npersonas jurídicas o entidades de hecho o por cuenta y orden de ellas. \n\n\n\nEn el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al h) de este artículo que, a\njuicio de la Comisión para promover la competencia, revistan gravedad particular, esta Comisión\npuede imponer como sanción una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las ventas anuales\nobtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o una hasta por el diez por ciento\n(10%) del valor de los activos del infractor. De esas dos multas se impondrá la que resulte más\nalta. Para imponer tales sanciones deben respetarse los principios del debido proceso, el\ninformalismo, la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, los cuales\ninforman el procedimiento administrativo estipulado en el Libro Segundo de la Ley General de la\nAdministración Pública.\n\nSi el\ninfractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión para promover la\ncompetencia, mencionado en los incisos d) a h) de este artículo, la Comisión certificará el\nadeudo, que constituye título ejecutivo, a fin de que, con base en él, se\nplantee el proceso de ejecución en vía judicial, en los términos que se dispone\nen el Código Procesal Civil.\n\n\n\nComo se desprende de la lectura de este artículo, es fácil apreciar, que la Comisión para Promover\nla Competencia, tiene potestades sancionatorias, que se manifiestan en dos tipos: Primera:\nSanciones que se imponen a un agente económico cuando la Comisión, después de finalizado un\nprocedimiento administrativo ordinario sancionatorio, determina que se cometieron prácticas\nmonopolísticas o que distorcionaron de forma ilegal el libre mercado, es decir, la sanción final y\nprincipal; Segunda: Sanciones que se imponen a un agente económico, cuando durante la\ninvestigación que se da dentro de un procedimiento administrativo ordinario sancionatorio, éste,\ndeclare falsamente o entregue información falsa, se niegue a dar información o la entregue de forma\ntardía a la Comisión. Precisamente, las segundas sanciones son las que interesan en este caso,\ndebido a que son las que se encuentran enmarcadas en el deber de los agentes económicos de brindar\nla información que le solicite, en el caso que nos ocupa, la Comisión para Promover la Competencia,\npara poder investigar las posibles prácticas monopolísticas. Obligación de dar información que\nviene expresamente regulada en el artículo 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa\nEfectiva del Consumidor , que indica en lo relevante:\n\nARTÍCULO\n67.- Documentos e información.\n\n\n\nLos\ncomerciantes, a requerimiento de la\n Comisión para promover la competencia, de la Comisión nacional del\nconsumidor y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, están obligados\na:\n\n\n\na)\nEntregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los documentos que\nse consideren necesarios para garantizar el ejercicio de sus funciones. La\ninformación suministrada es confidencial y el funcionario que viole el secreto\nde los datos confidenciales incurre en falta grave en el ejercicio de sus\nfunciones. (...)\n\n\n\nLa\nnegativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o\nincompletos, en los documentos requeridos, debe ser sancionada como falta grave\npor las respectivas comisiones, según proceda. (...) \n\n\n\nLos\nórganos y los entes de la Administración Pública deben suministrar la\ninformación que les solicite la\n Comisión para promover la competencia y la Comisión nacional del\nconsumidor, para el ejercicio de sus funciones.\n\n\n\nDe lo dicho en la citada norma, es claro que la Comisión para Promover la Competencia, tiene la\nfacultad de solicitar a cualquier agente económico, incluso a las Administraciones Públicas, la\ninformación que requiera para investigar si determinado sujeto ha cometido alguna conducta\nsancionada por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor . Ahora\nbien, estas potestades de solicitar información que tiene la Comisión para Promover la\nCompetencia, incluso que también la tienen la Comisión Nacional del Consumidor y del Ministerio de\nEconomía, Industria y Comercio (todos órganos administrativos encargados de hacer cumplir el\nmandato constitucional de proteger los intereses públicos de los consumidores y de evitar las\nprácticas monopolísticas), no rozan o vienen a violar el derecho fundamental de la intimidad\nregulado en el artículo 24 de la Carta Magna, ni mucho menos el secreto bancario establecido en el\nnumeral 615 del Código de Comercio, ya que así ha sido, debidamente determinado por la misma Sala\nConstitucional, que dispuso en lo que interesa lo siguiente:\n\n\"Artículo 24. Consideraciones de esta Sala. Las accionantes echan de menos una lista taxativa de\ndocumentos que se pueden revisar. Considera este Tribunal que, por tratarse de una excepción al\nprincipio general de inviolabilidad de los documentos, el párrafo quinto del artículo 24 debe\ninterpretarse restrictivamente. Sin embargo, no tan restrictivamente que anule de hecho o de\nderecho la excepción misma. En este caso, la excepción tiene además la particularidad de que apunta\na cumplir con otro principio -tan constitucional como el de la inviolabilidad de los documentos\nprivados- contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política. Para analizar el punto es\nnecesario sopesar uno y otro principio; no vaya a ser que por defender unilateralmente uno de ellos\nel otro quede sin eficacia. Dicho más concretamente en relación con este caso, interpretar el\npárrafo quinto del artículo 26(sic) con sus excepciones y garantías de tal manera que anule,\njurídica o fácticamente, el principio del artículo 46 es inaceptable. Las garantías de ese párrafo\nquinto no pueden ser interpretadas con tanto rigor que el artículo 46 pierda su eficacia. El acceso\na documentos privados no es antojadizo en el contexto de las relaciones comerciales, sino que\nresulta adecuado para combatir, como eventualmente en este caso, prácticas monopolísticas y\nproteger en general a los consumidores. Pero no solo es adecuado, sino también necesario. Este\nTribunal considera que el Estado no podría defender eficazmente a los consumidores sin tener acceso\na algunos documentos privados de los comerciantes involucrados. Ahora bien, obviamente no puede\nacceder a todo documento que se le antoje y aquí entra en juego la restricción del artículo 24. El\nacceso está limitado a los documentos que la ley señale en relación con sus competencias. A\ndiferencia de la tesis de las accionantes, considera este Tribunal que no es realista exigir que\nesa ley dicte una lista taxativa. Dada la abigarrada y cambiante realidad mercantil, exigir en\nnuestro medio una lista así establecida por vía legal haría prácticamente nugatorias las potestades\nestatales. Este Tribunal se inclina a pensar que la garantía del párrafo quinto del artículo 24 se\nsatisface en la medida que la ley defina cuáles son las competencias del órgano administrativo en\nfunción de las cuáles puede revisar los documentos. De esa manera, podrá revisar únicamente los\ndocumentos que requieran sus funciones; deberá en cada caso fundamentar por qué es necesario tal\ndocumento para cumplir con sus fines…”\n\nDe la jurisprudencia constitucional citada, quedan claros los siguientes aspectos: 1. La Comisión\npara Promover la Competencia, tiene una potestad de rango constitucional (artículo 46 de la\nConstitución Política) y legal ( Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del\nConsumidor ), de investigar y determinar si un agente económico viene incurriendo en prácticas\nmonopolísticas o que distorcionen el libre mercado; 2. Para determinar que un agente económico\nviene violando las disposiciones sobre monopolios, es decir, para lograr cumplir con sus fines\npúblicos asignados constitucional y legalmente, la Comisión para Promover la Competencia, tiene la\nfacultad de solicitar, sea a un agente económico común o alguna Administración Pública, la\ninformación que necesite para llevar acabo sus investigaciones; 3. A su vez, constitucional y\nlegalmente, cualquier agente económico o Administración Pública, tiene el deber de brindar la\ninformación que le requiera la Comisión para Promover la Competencia, siempre y cuando esta\ninformación se solicite dentro de las funciones de investigación conferidas a dicha Comisión; 4. La\ninformación que solicite la Comisión para Promover la Competencia para investigar las actividades\nmonopolísticas ilegales, no viola el derecho a la intimidad, debido a que la información que\nrequiera dicha Comisión, viene amparada por el deber constitucional del Estado de impedir toda\npráctica o tendencia monopolizadora, que se desarrolla en la Ley de Promoción de la Competencia y\nDefensa Efectiva del Consumidor , por lo que los artículos 24 y 46 de la Constitución Política se\ncomplementan al permitir que la información confidencial privada sea proporcionada al Estado,\ncuando este último tiene que cumplir intereses públicos superiores. En palabras sencillas, el\ninterés privado a la información privada cesa ante el interés público superior. Asimismo, la\ninformación que solicite la Comisión para Promover la Competencia, mucho menos viola el secreto\nbancario, ya que éste ni siquiera tiene rango constitucional, mientras que la protección del\nEstado a los administrados de prácticas monopolísticas ilegales tiene un rango constitucional\nsuperior, que se encuentra por encima del mismo secreto bancario; 5. Si un agente económico o\nadministración pública se niega a brindar la información solicitada por la Comisión para Promover\nla Competencia, puede ser sancionado, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Promoción\nde la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su respectivo reglamento. Justamente, en este\ncaso, la información solicitada por la Comisión para Promover la Competencia al Banco Nacional\nde Costa Rica, no viola el derecho a la intimidad ni el secreto bancario, tal y como se analizará\nen el siguiente considerando.\n\nIV- SOBRE LA LEGALIDAD DE DEL ACUERDO SEXTO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 30-2009, CELEBRADA EL 29\nDE SETIEMBRE DEL 2009 Y EL VOTO NÚMERO 03-2010 DEL 12 DE ENERO DEL 2010, AMBOS DICTADOS POR LA\nCOMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. LA INFORMACIÓN REQUERIDA AL BANCO NACIONAL NO VIOLA EL\nDERECHO A LA INTIMIDAD NI ESTÁ COMPRENDIDA POR EL SECRETO BANCARIO: Aplicando al caso concreto lo\nexplicado en el considerando anterior, este Tribunal llega a la conclusión de que las conductas\nimpugnadas consistentes en el acuerdo sexto de la sesión ordinaria número 30-2009, celebrada el 29\nde setiembre del 2009 y el voto número 03-2010 del 12 de enero del 2010, ambos dictados por la\nComisión para Promover la Competencia, mediante los cuales se le impuso al Banco Nacional de Costa\nRica la multa de nueve millones ochocientos once mil seiscientos cincuenta colones (¢9.811.650),\npor violación del artículo 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del\nConsumidor , se encuetran ajustados a derecho, por las siguientes razones: 1) Se tiene como un\nhecho probado, que la Comisión para Promover la Competencia en la Sesión Ordinaria número 17-2008,\ncelebrada el 27 de mayo del 2008, en el artículo cuarto acordó ordenar la apertura de un\nprocedimiento administrativo ordinario contra el Banco Nacional de Costa Rica, con el fin de\nobtener la verdad real por la presunta comisión de prácticas monopolísticas, de conformidad con los\nartículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del\nConsumidor. Nótese, que la Comisión para Promover la Competencia, lo que acordó en la sesión\ncitada, fue la apertura de un procedimiento administrativo ordinario sancionatorio por presunta\ncomisión de prácticas monopolísticas por parte del Banco Nacional de Costa Rica. Ahora bien,\ndentro de las potestades de investigación de la Comisión para Promover la Competencia, dentro de un\nprocedimiento ordinario sancionatorio, debidamente iniciado, por medio del oficio número UTA-\nCPC-0294-08 del 14 de agosto del 2008, el Presidente del Órgano Director de la Comisión para\nPromover la Competencia, le indicó al Apoderado Especial Administrativo del Banco Nacional de Costa\nRica, textualmente lo siguiente:\n\n\"Con el fin de obtener información esencial para la investigación y de conformidad con los\nartículos 27 inciso c) y 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del\nConsumidor y el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública, se le solicita que\naporte, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la presente notificación, la\nsiguiente información: (...) 13. Aporte la lista de los afiliados de la operadora de pensiones, que\ntengan operaciones crediticias con el banco, indicando dirección y teléfono, para los años 2007 y\nel 2008 a la fecha.(...) Se le previene a la empresa que de conformidad con el artículo 67 de la\nLey de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y 64 de su Reglamento, la\ninformación y los documentos aportados deberán ser entregados con carácter de declaración jurada, y\nde acuerdo con el artículo 28 inciso c) se le podrá imponer una multa de hasta sesenta y cinco\nveces el monto del menor salario mínimo mensual al agente económico que haya entregado información\nfalsa. De igual forma, se podrá imponer una sanción de hasta cincuenta veces el monto del menor\nsalario mínimo mensual por retrasar la entrega de la información según lo estupulado en el\nartículo 28 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.\nAsimismo, se le previene a la parte que ante el retraso en la entrega de la información solicitada\nse procederá a instruir procedimiento sumario.\"\n\nNótese, que la información solicitada por el Órgano Director de la Comisión para Promover la\nCompetencia, se requiere como parte de una investigación, y además, el citado oficio es claro al\nindicar las sanciones y el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento. Esto se ajusta\ntotalmente al procedimiento establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva\ndel Consumidor , y la conducta se encuentra amparada a las funciones asignadas a la indicada\nComisión. Además, la información requerida es atinente a la investigación que se sigue, que es por\nuna aparente práctica del Banco Nacional de Costa Rica de condicionar el otorgamiento de préstamos\na sus clientes a que éstos se afilien a su operadora de pensiones. Ahora bien, parte de la\ninformación solicitada no fue entregada a la Comisión para Promover la Competencia por parte del\nBanco Nacional de Costa Rica. Por ello, mediante resolución de la Unidad Técnica de Apoyo a la\nComisión para Promover la Competencia, dictada a las once horas treinta minutos del veinticuatro\nde abril del dos mil nueve, se indicó textualmente en lo relevante para el dictado de esta\nsentencia, lo siguiente:\n\n\"En el artículo cuarto de la sesión ordinaria Nº 17-2008 celebrada a las 17:30 horas del 27 de\nmayo de 2008, la Comisión para Promover la Competencia, abrió un procedimiento administrativo\nordinario contra el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) por una supuesta violación a los artículos\n12, 13, 14 y 15 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley\nNº 7472. Así con fundamento en la facultad conferida a esta (sic) órgano por el artículo 67 de la\nley de cita, se procedió a solicitar a esa parte, información que se consideró necesaria con el fin\nde cumplir el objetivo del procedimiento, averiguar la verdad real de los hechos que van a servir\nde motivo para el acto final, es decir, para poder determinar si esa entidad bancaria incurrió en\nalguna de las prácticas monopolísticas previstas en el artículo 12 de la Ley Nº 7472.\nPosteriormente, el 5 de setiembre del 2008, el BNCR envió la información solicitada, excepto la\nque correspondía al punto número 13, que se refiere a información sobre sus clientes, por estimar\nque esa información se encuentra protegida por el secreto bancario. (...) SE RESUELVE: Prevenir al\nBanco Nacional de Costa Rica que en un plazo no mayor de diez días hábiles, a partir de la presente\nnotificación, aporte la siguiente información: Lista de los clientes del banco a quiénes se otorgó\nun crédito durante el año 2008, indicando, nombre ó razón social, cédula de identidad ó jurídica,\ndirección y teléfono.\"\n\nDe este oficio se puede desprender que la Comisión para Promover la Competencia, le requirió al\nbanco demandado, dentro de un procedimiento administrativo ordinario sancionador, una información\nsencilla como lo es el aportar una lista de los clientes del banco a quiénes se otorgó un crédito\ndurante el año 2008, indicando, nombre ó razón social, cédula de identidad ó jurídica, dirección y\nteléfono, la cual este Tribunal considera que con base a todos los argumentos expuestos en el\nanterior considerando, es información que puede perfectamente pedir la Comisión para Promover la\nCompetencia al Banco Nacional de Costa Rica. En este sentido, la información solicitada tiene dos\ncaracteristicas: Primera: Está comprendida dentro de las funciones asignadas a la Comisión para\nPromover la Competencia, otorgadas por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva\ndel Consumidor y la misma Constitución Política, debido a que es necesaria y pertinente para\ninvestigar la aparente comisión del Banco Nacional de Costa Rica en prácticas monopolísticas\n(artículo 27 y 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor );\nSegunda: Se solicitó la información, una vez que la Comisión para Promover la Competencia, había\nresuelto la apertura de un procedimiento administrativo ordinario sancionador, por medio de la\nSesión Ordinaria número 17-2008, celebrada el 27 de mayo del 2008, en el artículo cuarto, por lo\nque se viene siguiendo el debido proceso; Tercera: La información requerida, no viola el derecho a\nla intimidad, establecido en el artículo 24 de la Constitución Política, ya que como se explicó\ncon detalle en el anterior considerando, las potestades de investigación otorgadas a la Comisión\npara Promover la Competencia, tienen rango constitucional (artículo 46 de la Carta Magna), y no\nriñe con lo dispuesto en el artículo 24 constitucional. Todo lo contrario, existe una armonía entre\nesas normas, debido a que los derechos fundamentales privados, ceden a los intereses públicos\nsuperiores, como sucede en casos como el presente, donde la información intima de las personas cede\nsu protección a efectos de que el Estado cumpla su deber en proteger los intereseS públicos\nrepresentados en evitar las prácticas monopolísticas y los derechos del consumidor; 2) Ahora bien,\nel Banco Nacional de Costa Rica, ha venido alegando la no entrega de la información requerida por\nla Comisión para Promover la Competencia, indicando que aportar una lista de los clientes del banco\na quiénes se otorgó un crédito durante el año 2008, indicando, el nombre o razón social, cédula de\nidentidad o jurídica, dirección y teléfono, es información de carácter confidencial, ya que se\nencuentra protegida por el secreto bancario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de\nla Constitución Política y 615 del Código de Comercio. Asimismo, aduce el banco actor que las\ncuentas bancarias de sus clientes son inviolables, y solo se pueda dar información si existe\nautorización escrita del titular de la cuenta o una orden judicial que provenga de autoridad\njudicial competente (en ese sentido ver el oficio del 4 de mayo del 2009 que se ha tenido como\nhecho probado en autos). Lo alegado por el Banco demandante, es totalmente improcedente por las\nsiguientes razones: a. La información que solicita la Comisión para Promover la Competencia, no\nestá amparada por el secreto bancario, debido a que, como se ha venido explicando, el requerimiento\nde información realizado por la indicada Comisión, ni siquiera llega a violar el derecho\nfundamental a la intimidad regulado en el artículo 24 de la Constitución Política. El secreto\nbancario no es un instituto de rango constitucional, mientras que las potestades estatales de\nproteger la libre competencia y los derechos del consumidor, tiene asidero constitucional, por lo\nque no puede existir violación del secreto bancario cuando la información solicitada se hace con la\nfinalidad de tutelar intereses públicos superiores y protegidos constitucionalmente, así como que\nel requerimiento de información se encuentre debidamente motivado y dentro de las funciones que\ndebe desarrollar el órgano que la solicita; b. Además de lo dicho anteriormente, existe una\nparticularidad en este caso, la cual consiste que la información solicitada es sencillamente una\nlista de los clientes del Banco Nacional de Costa Rica a quiénes se otorgó un crédito durante el\naño 2008, indicando, nombre ó razón social, cédula de identidad ó jurídica, dirección y teléfono.\nNótese que la información solicitada por la Comisión, no radica en las operaciones bancarias de los\nclientes con el banco actor, ni en general abarca información de transacciones bancarias, por lo\nque no está sometida de ninguna forma al secreto bancario. Además, debe considerarse que en general\nla información que le solicitó la Comisión al Banco Nacional de Costa Rica, no es información\nsensible, es una simple lista de clientes a los cuales se les otorgó un préstamo durante el año\n2008, con sus nombres, identificaciones, telefonos y direcciones, información que también es\nevidente, puede ser accesada fácilmente utilizando otros medios. En consecuencia, la información\nsolicitada por la Comisión para Promover la Competencia no viola el derecho constitucional a la\nintimidad, ni mucho menos el secreto bancario; 3) Precisamente, por el incumplimiento del banco\nactor, el órgano director del procedimiento administrativo, por resolución dictada a las nueve\nhoras con quince minutos del cuatro de junio del dos mil nueve, resolvió someter a conocimiento de\nla Comisión para Promover la Competencia la negativa de entrega de información emitida por el\nBanco Nacional de Costa Rica, con el fin de que se considere si configura una violación al artículo\n67 de la Ley Nº 7472 y sus reformas. Justamente, en Sesión Ordinaria Nº 17-2009 celebrada a las\ndiecisiete horas con treinta minutos del disciséis de junio del dos mil nueve, artículo décimo, la\nComisión para Promover la Competencia, acordó ordenar la apertura de un procedimiento\nadministrativo sumario por la supuesta violación al artículo 67 de la Ley número 7472. Asimismo,\nde conformidad con los artículos 33 en relación con el 64 del Decreto Ejecutivo 25234-MEIC\nReglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y ordinales\n320 al 326 de la Ley General de la Administración Pública, se procedió en este acuerdo a sustanciar\nun procedimiento administrativo sumario al Banco Nacional de Costa Rica, y conforme al numeral 324\ny siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se le otorgó al Banco Nacional de\nCosta Rica un plazo máximo de tres días hábiles para que formulara sus conclusiones sobre los\nhechos alegados, la prueba producida y los fundamentos jurídicos en que apoya sus pretensiones.\nPrecisamente, por escrito recibido en la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión para Promover la\nCompetencia, el Banco Nacional de Costa Rica se pronunció respecto a la decisión de dicha Comisión\nde ordenar la apertura de un procedimiento administrativo sumario por la supuesta violación al\nartículo 67 de la Ley número 7472, aduciendo que la negativa del Banco Nacional de Costa Rica de\nsuministrar la información solicitada por la Comisión, no era un acto de arbitrariedad o de no\ndeseo de colaboración, sino que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la\nConstitución Política y 615 del Código de Comercio, así como en la reiterada jurisprudencia de la\nSala Constitucional, el Banco solo puede revelar información del tipo a la requerida, por dos\nsupuestos; 1. Por autorización expresa del cliente y 2. Por orden de una autoridad judicial\ncompetente. De los hechos expuestos, este Tribunal llega a los siguientes aspectos relevantes para\neste caso: a. Por el incumplimiento del banco actor, se ordenó sustanciar un procedimiento\nadministrativo sumario, por la supuesta violación al artículo 67 de la Ley de Promoción de la\nCompetencia y Defensa Efectiva del Consumidor y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33\nen relación con el 64 del Decreto Ejecutivo 25234-MEIC Reglamento a la Ley de Promoción de la\nCompetencia y Defensa Efectiva del Consumidor y ordinales 320 al 326 de la Ley General de la\nAdministración Pública. Nótese, que lo que se ordenó en este caso, fue abrir un procedimiento\nadministrativo sumario, que es lo que viene regulado como el procedimiento a seguir en los casos de\nque un agente económico cometa la infracción de negarse a la entrega, la falsedad o la inclusión de\ndatos inexactos o incompletos, en los documentos requeridos dentro de un procedimiento\nadministrativo ordinario sancionatorio. Es decir, el artículo 67 de la Ley de Promoción de la\nCompetencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece infracciones que deberán sancionarse\nsiguiendo un procedimiento administrativo sumario sancionador, regulado en los artículos del 320 al\n326 de la Ley General de la Administración Pública. Este procedimiento es distinto al procedimiento\nadministrativo ordinario sancionador, que viene regulado en el artículo 27 bis de la Ley de\nPromoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual se debe seguir para\ndeterminar y sancionar prácticas monopolísticas verticales u horizontales en los mercados\nsupervisados por las superintendencias. Justamente, en los casos del procedimiento administrativo\nordinario sancionador dispuesto en el artículo 27 bis, se requiere el criterio de la\nsuperintendencia respectiva, previo a la aplicación de la sanción. Por su parte, en los casos de\nsanciones impuestas a los agentes económicos por infringir la aportación obligatoria de la\ninformación que requiera, en este caso, la Comisión para Promover la Competencia, el procedimiento\na seguir es el sumario, el cual no requiere el criterio previo de alguna superintendencia; b)\nJustamente en el presente caso, el procedimiento administrativo ordinario sancionatorio que se le\nha venido siguiendo al Banco Nacional de Costa Rica, fue el ordenado por la Comisión para Promover\nla Competencia en la Sesión Ordinaria número 17-2008, celebrada el 27 de mayo del 2008, en el\nartículo cuarto, en la cual se acordó ordenar la apertura de un procedimiento administrativo\nordinario contra el Banco Nacional de Costa Rica, con el fin de obtener la verdad real por la\npresunta comisión de prácticas monopolísticas, de conformidad con los artículos 12, 13, 14 y 15 de\nla Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Precisamente, este\nprocedimiento aún no ha concluido, ya que se encuentra en fase de investigación, y además, antes de\nque finalize y se imponga una eventual sanción, se deberá cumplir con lo estipulado en el artículo\n27 bis de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ya que sería\nen ese procedimiento en el cual deba aplicarse lo dispuesto en dicha norma. Ahora, en este caso las\nconductas administrativas impugnadas, no son los actos finales de un procedimiento administrativo\nordinario sancionador, sino de un procedimiento administrativo sumario sancionador, por lo que el\nrequisito de contar con el criterio de la superintendencia respectiva antes de imponer la sanción,\nno es de aplicación en este caso. Por lo tanto, los alegatos del banco actor en el sentido de que\nlas conductas administrativas impugnadas adolecen de un vicio sustancial que produce su nulidad\nabsoluta, por no haberse consultado previamente a la sanción impuesta a la superintendencia\nrespectiva, no son de recibo, ya que, como se explicó, son supuestos y procedimientos distintos; 4)\nAhora bien, en Sesión Ordinaria número 30-2009 celebrada a las diecisiete horas con treinta minutos\ndel veintinueve de setiembre del dos mil nueve, artículo sexto, la Comisión para Promover la\nCompetencia, emitió resolución administrativa, en la cual se dictó el siguiente Por Tanto:\n\n\"Se declara con lugar el procedimiento administrativo sumario seguido contra el Banco Nacional de\nCosta Rica, cédula de persona jurídica Nº 4-000-001021, por violación al artículo 67 de la Ley de\nPromoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Nº 7472 y por tanto: a) Se le\nimpone al Banco Nacional de Costa Rica en primer término, la sanción de pagar la suma de nueve\nmillones ochocientos once mil seiscientos cincuenta colones exactos (¢9.811.650), que corresponde\na cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, con base en lo establecido por el Poder Ejecutivo\nmediante Decreto N´º 35370-MTSS, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 136 del 15 de julio\ndel 2009, que estableció el salario mínimo mensual para el segundo semestre del 2009m en la suma de\nciento noventa y seis mil doscientos treinta y tres colones exactos (¢196.233). (...) b) Se le\nordena al Banco Nacional de Costa Rica, con base en el artículo 67 de la Ley de Promoción de la\nCompetencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 89 de su Reglamento y los artículos 225, 264, 297 y\n300 de la Ley General de la Administración Pública, que aporte la información faltante y\nsolicitada inicialmente mediante oficio UTA-CPC-0294-08 y posteriormente por resolución de la\nUnidad Técnica de Apoyo de esta Comisión, de las 11 horas con 30 minutos del 24 de abril del 2009.\nSe le previene que en caso de incumplimiento se aplicará lo dispuesto en el numeral 68 de la Ley Nº\n7472.\"\n\nPrecisamente, esta resolución fue impugnada por el Banco Nacional de Costa Rica, por medio del\nrecurso de reposición presentado ante la Comisión para Promover la Competencia, y por voto\nnúmero 03-2010, dictado por dicha Comisión a las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos del\ndoce de enero del dos mil diez, se declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el\nbanco actor. Justamente, estas son las resoluciones impugnadas en autos, de las cuales aprecia este\nTribunal, que son completamente válidas y cumplen a cabalidad con lo establecido en la Ley de\nPromoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En este sentido, debe tomarse en\ncuenta que las resoluciones citadas son los actos finales de un procedimiento administrativo\nsumario sancionador, el cual, como se ha explicado, no se encuetra con vicios desde el punto de\nvista procesal y de fondo. Por ello, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda\npresentada por el Banco Nacional de Costa Rica contra el Estado, y se declaran validos y eficaces\nel acuerdo sexto de la sesión ordinaria número 30-2009, celebrada el 29 de setiembre del 2009 y el\nvoto número 03-2010 del 12 de enero del 2010, ambos dictados por la Comisión para Promover la\nCompetencia, mediante los cuales se le impuso al Banco Nacional de Costa Rica la multa de nueve\nmillones ochocientos once mil seiscientos cincuenta colones (¢9.811.650), por violación del\nartículo 67 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor , y además,\nse le giró la orden de aportar la información requerida consistente en la lista de clientes del\nbanco a quiénes se otorgó un crédito durante el año 2008, indicando, nombre o razón social, cédula\nde identidad o jurídica, dirección y teléfono.”", "body_en_text": "III- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO PRIVACY, BANK SECRECY, AND THE INVESTIGATIVE FUNCTIONS OF THE COMMISSION TO PROMOTE COMPETITION:\nIn this matter, it is necessary to provide an adequate explanation and delimitation of what is understood by the Fundamental Right to Privacy, enshrined in Article 24 of our Political Constitution, bank secrecy regulated in section 615 of the Commercial Code (Código de Comercio), and the oversight and investigation functions or powers of the Commission to Promote Competition (Comisión para Promover la Competencia), granted by Article 46 of the Magna Carta (Carta Magna) and developed in the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), with the purpose of seeing the scope and limits of each of these institutes, and thus applying them to the specific case. a) On the Fundamental Right to Privacy. Scope and Limits: The Fundamental Right to Privacy is enshrined in Article 24 of the Political Constitution which provides:\n\nARTICLE 24.- The right to privacy, freedom, and the secrecy of communications is guaranteed.\n\nPrivate documents and written, oral, or any other type of communications of the inhabitants of the Republic are inviolable. However, the law, whose approval and amendment shall require the votes of two-thirds of the Deputies of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa), shall establish in which cases the Courts of Justice may order the seizure, registration, or examination of private documents, when it is absolutely indispensable to clarify matters submitted to their knowledge.\n\nLikewise, the law shall determine in which cases the Courts of Justice may order the intervention of any type of communication and shall indicate the crimes in whose investigation the use of this exceptional power may be authorized and for how long. It shall also indicate the responsibilities and sanctions that officials who illegally apply this exception shall incur. Judicial resolutions covered by this rule must be reasoned and may be executed immediately. Their application and control shall be the non-delegable responsibility of the judicial authority.\n\nThe law shall establish the cases in which the competent officials of the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) and of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) may review the accounting books and their annexes for tax purposes and to supervise the correct use of public funds.\n\nA special law, approved by two-thirds of the total Deputies, shall determine which other Public Administration bodies may review the documents that the law indicates in relation to the fulfillment of their competencies of regulation and surveillance to achieve public ends. Likewise, it shall indicate in which cases such review is appropriate.\n\nCorrespondence that is stolen and information obtained as a result of the illegal intervention of any communication shall not produce legal effects.\n\nPrecisely, this Section of this Tribunal addressed the issue of the right to privacy regarding its scope and limits, in a judgment from last year, in which it was indicated, in what is relevant, the following:\n\nArticle 24 of the Political Constitution enshrines the fundamental right to privacy, which is a protected sphere of the private life of persons. Privacy is comprised of those phenomena, behaviors, data, and situations of a person that are normally withheld from the knowledge of strangers. This sphere of privacy is justified because in a democratic system every person has the right to maintain reserve over certain activities, data, documents, or opinions of theirs, since it is impossible or very difficult to coexist and fully develop the ends that a person proposes, without enjoying a framework of privacy, protected from interference by the State or other persons (see Article 11.2 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos) or Pact of San José). One of the manifestations of this fundamental right, expressly contemplated in the text of Article 24 of the Constitution, is the inviolability of private data and documents. This guarantee protects the confidentiality of private documents and information, which constitutes a guarantee so that individuals do not have access to them and at the same time implies a prohibition for both public and private law subjects to supply them to third parties. In that sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has considered that: \"...Article 24 of the Political Constitution guarantees all persons a sphere of intimacy intangible for the rest of the legal subjects, in such a way that those intimate, sensitive, or nominative data that a public entity or body has collected, processed, and stored, by being contained in their archives, registries, and physical or automated files, cannot be accessed by any person as this would imply an external and unconstitutional intrusion or interference. Obviously, the foregoing is of greater application when the administered party itself has brought to the knowledge of a public administration confidential information, because it is required, for the purpose of obtaining a determined result or benefit...\" (judgment number 2005-02703 at ten hours and seventeen minutes of March ten, two thousand five, and in a similar sense, judgment number 2003-00136 at fifteen hours and twenty-two minutes of January fifteen, two thousand three). Although it is true the Constituent guaranteed every person an own sphere, a private sphere, to protect their privacy, it is also true that the constitutional text itself establishes that this fundamental right is not absolute, but rather that in the pursuit of safeguarding other protected legal interests (protected legal interests (bienes jurídicos tutelados)) (see Article 28, first and second paragraphs of the Political Constitution), it is possible to impose limitations on it in specific and qualified cases, in order for the Public Administration to exercise the powers of regulation and surveillance to achieve public ends granted to it by a legal norm (Article 24, 6th paragraph of the Political Constitution), or for third parties, in exercise of the fundamental right to information on matters of public interest (see Article 30 of the Political Constitution), to be able to have access to that private sphere, in those circumstances where that data or documents have transcendence to achieve the satisfaction and effective protection of the public interest. It should be noted that it is not, then, a matter of rendering certain rights without effect for the protection of others, since among fundamental rights there is no hierarchy properly speaking, but rather, of achieving the adequate coordination among the diverse interests present in a society, in order to procure a necessary midpoint in each case between the particular interest and the public interest (see judgment number 1999-07265 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at twelve hours and thirty-nine minutes of September seventeen, nineteen ninety-nine). Based on the constitutional foundation set forth previously, it is that the legislator is empowered not only to create bodies or entities that will exercise powers of regulation and surveillance to achieve public ends -such as for example: the effective protection of those who participate in the market as investors, or as consumers of goods and services-, but also, to impose on persons in specific and qualified cases where other protected legal interests are at stake that transcend that private sphere given the incidence they have on third parties, the duty to provide information or present documents that are related to the activity they carry out, in order to supervise that its exercise does not prove contrary to the public interest that is intended to be regulated and protected (see in a similar sense, judgment number 1996-04463 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at nine hours and forty-five minutes of August thirty, nineteen ninety-six). (Judgment number 838-2009; Contentious-Administrative Tribunal (Tribunal Contencioso Administrativo). Sixth Section, at eight hours and thirty minutes of May six, two thousand nine). Precisely, from the citation of Article 24 of the Constitution and the explanation given to the right to privacy carried out by this same Section of this Tribunal, the following relevant considerations can be extracted: 1. The right to privacy protects the confidential information of persons or citizens in general; 2. Although the confidential information of the administered parties is protected by this fundamental right, it can be perfectly accessed in pursuit of safeguarding other protected legal interests, as would be in the case before us to avoid monopolistic practices (prácticas monopolísticas) and consumer rights; 3. The fifth paragraph of Article 24 of the Political Constitution established the possibility for the legislator to grant to the Public Administrations powers of regulation and surveillance to achieve public ends, in other words, the right to privacy is not absolute, it allows exceptions, such as the one presented in this case, and which will be analyzed in detail later, in the sense that based on the powers granted by Article 46 of the Magna Carta and developed in the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, the Commission to Promote Competition is perfectly enabled, from the constitutional and legal perspective, to request the information it requires in order to safeguard the public interests of consumers, for which reason it can even require information directly protected by the fundamental right to privacy, since in certain circumstances that fundamental right must yield before the fundamental right to consumer protection, both rights of constitutional origin; b) Bank secrecy, scope and limits: Bank secrecy has been extracted from what is established in Article 615 of the Commercial Code, which provides:\n\nARTICLE 615.- Current bank accounts are inviolable and the Banks may only supply information about them at the request or with the written authorization of the owner, or by order of a competent judicial authority. The intervention that, in compliance with its functions determined by law, the General Superintendency of Financial Entities (Superintendencia General de Entidades Financieras) carries out is excepted.\n\nThe review of current accounts by the tax authorities is prohibited.\n\nPrecisely, in the same judgment cited previously, this Section of this Tribunal addressed the issue of bank secrecy, stating the following:\n\n(...) bank secrecy provided for in Article 615 of the Commerce Code, constitutes a legal manifestation of the protected legal interest safeguarded through what is provided in Article 24 of the Political Constitution (fundamental right to privacy). In that sense, bank secrecy is \"...the duty imposed on any financial intermediation entity not to reveal the information and data it possesses about its clients for any banking operation or bank contract that it has entered into with them, above all, in the case of current accounts, since section 615 of the Commercial Code expressly enshrines it for that hypothesis...\" (see judgment number 2005-02703 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, at ten hours and seventeen minutes of March ten, two thousand five, and in a similar sense, judgments number 2004-14210 at fifteen hours and four minutes of December fourteen, two thousand four and 2003-00136 at fifteen hours and twenty-two minutes of January fifteen, two thousand three). Notwithstanding the foregoing, this rule also admits exceptions, for if it is true that bank secrecy constitutes a mechanism to protect persons against the improper use that may be made of their financial operations, to the detriment of their privacy, it is also true that in those situations where there exists the possibility that a physical or legal person may have incurred in serious breaches of the obligations imposed on them by the Legal Order in the exercise of their activity in the financial or securities market, which also have the virtue of transcending the private sphere and can affect third parties, the bodies that according to the law are competent to exercise the powers of regulation and surveillance of said activities, can have effective access to that data -as established by Article 615 of the Commercial Code itself-, and exchange them among themselves -in the event that the legal norm so authorizes-, as a way to achieve not only the timely and strict compliance with said powers of prudential supervision that were assigned to them (...)\"\n\nFrom the norm cited and from what has already been analyzed by this same Section of this Tribunal, the following precisions can be made with respect to bank secrecy: 1. Bank secrecy is a legal derivation of the fundamental right to privacy. This means that bank secrecy does not have a constitutional but rather a legal rank; 2. Bank secrecy solely covers information concerning banking operations, bank contracts, in general the activities that clients have with banks in their financial activities; 3. Just as happens with the fundamental right to privacy, bank secrecy has its exceptions, which are the same ones that were explained regarding the right to privacy. That is to say, as for the Public Administrations that by constitutional or legal provision are conferred powers of supervision and oversight for the purpose of safeguarding or protecting public interests, confidential information can be perfectly accessed by these Public Administrations that have such faculties, as long as it is done following the normatively regulated procedures and guaranteeing citizens that their information will not be disclosed or used for other purposes than those of protecting superior public interests; c) Oversight and investigation functions or powers of the Commission to Promote Competition, granted by Article 46 of the Magna Carta and developed in the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, to protect commercial activities and consumer rights from monopolistic practices: Precisely, the Commission to Promote Competition is one of those administrative bodies that constitutionally and legally has powers or faculties of oversight, supervision, and protection against monopolistic activities and the fundamental rights of the consumer. In this sense, Article 46 of the Political Constitution provides the following:\n\nARTICLE 46.- Monopolies of a private nature are prohibited, as is any act, even if originating from a law, that threatens or restricts the freedom of commerce, agriculture, and industry.\n\nThe action of the State aimed at preventing any monopolizing practice or tendency is of public interest.\n\nCompanies constituted as de facto monopolies must be subjected to special legislation.\n\nTo establish new monopolies in favor of the State or the Municipalities, the approval of two-thirds of the total members of the Legislative Assembly will be required.\n\nConsumers and users have the right to the protection of their health, environment, safety, and economic interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice, and to equitable treatment. The State shall support the bodies they constitute for the defense of their rights. The law shall regulate these matters.\n\nNote that the cited constitutional article is clear in qualifying as of public interest, even with a constitutional rank, the obligation of the State to protect the free market by avoiding monopolistic activities, and on the other hand, to protect the fundamental rights of the consumer. Precisely, as indicated by the text of the cited constitutional norm, the special law shall regulate these matters, and this is what the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense effectively does, by granting the Commission to Promote Competition the following faculties:\n\nARTICLE 21.- Creation of the Commission to promote competition.\n\nThe Commission to promote competition is created as a body of maximum deconcentration (órgano de máxima desconcentración); it shall be attached to the Ministry of Economy, Industry, and Commerce (Ministerio de Economía, Industria y Comercio). It shall be in charge of hearing, ex officio or by complaint, and sanctioning, when appropriate, all practices that constitute impediments or difficulties for free competition and unnecessarily hinder the fluidity of the market.\n\nThe administrative instance before this Commission is mandatory and must be exhausted prior to resorting to the judicial channel, except as established in Article 17 of this Law.\n\nARTICLE 27.- Powers of the Commission.\n\nThe Commission to promote competition has the following powers:\n\na) To ensure that the entities and bodies of the Public Administration comply with the obligation to rationalize the procedures and formalities that must be maintained; in addition, to eliminate unnecessary ones, as provided in Articles 3 and 4 of this Law. In case of non-compliance, it is its responsibility to recommend to the head of the entity to impose the corresponding administrative sanctions on officials who commit serious faults in the exercise of their functions.\n\nb) To recommend, to the Public Administration, the regulation of prices and the establishment of non-tariff restrictions, when appropriate in accordance with Articles 5 and 6 of this Law.\n\nc) To investigate the existence of monopolies, cartels, practices, or concentrations prohibited in this Law, for which purpose it may require from individuals and other economic agents the relevant information or documents and sanction when appropriate.\n\nd) To sanction acts of restriction of supply stipulated in Article 33 of this Law, when they injure, in a reflex manner, free competition in the market.\n\ne) To establish the coordination mechanisms to sanction and prevent monopolies, cartels, concentrations, and illicit practices.\n\nf) When it deems pertinent, to issue an opinion, in matters of competition and free concurrence, regarding laws, regulations, agreements, circulars, and other administrative acts, without such criteria having any legal effect. The Commission cannot be obliged to opine.\n\nThis Commission does not have jurisdiction to hear acts of unfair competition in the terms stipulated in Article 17 of this Law. These cases are the exclusive jurisdiction of the competent jurisdictional bodies.\n\nThese two norms are clear in indicating that the Commission to Promote Competition has broad powers of supervision and oversight to develop in reality the constitutional postulate of protecting the free market and avoiding monopolies and monopolistic practices. Now, the indicated Commission not only has faculties of supervision of commercial activities for the purpose of avoiding monopolies or monopolistic practices that distort the fluidity of the commercial market, but also those powers are accompanied by the faculty to sanction economic agents that incur in those illegal practices. In that sense, Article 28 of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense regulates those sanctions, by providing the following:\n\nARTICLE 28.- Sanctions.\n\nThe Commission to promote competition may order, by means of a reasoned resolution and taking into consideration the capacity to pay, against any economic agent that infringes the provisions contained in Chapter III of this Law, the following sanctions:\n\na) The suspension, correction, or suppression of the practice or concentration in question.\n\nb) The partial or total break-up (desconcentración) of whatever has been unduly concentrated, without prejudice to the payment of the fine that proceeds.\n\nc) The payment of a fine, up to sixty-five times the amount of the lowest minimum monthly salary, for having declared falsely or having delivered false information to the Commission to promote competition, independently of other responsibilities incurred.\n\nd) The payment of a fine, up to fifty times the amount of the lowest minimum monthly salary for delaying the delivery of information requested by the Commission to promote competition.\n\ne) The payment of a fine, up to six hundred eighty times the amount of the lowest minimum monthly salary, for having incurred in an absolute monopolistic practice.\n\nf) The payment of a fine, up to four hundred ten times the amount of the lowest minimum monthly salary, for having incurred in a relative monopolistic practice.\n\ng) The payment of a fine, up to four hundred ten times the amount of the lowest minimum monthly salary, for having incurred in a concentration of those prohibited in this Law.\n\nh) The payment of a fine, up to seventy-five times the amount of the lowest minimum monthly salary, for the physical persons who directly participate in the monopolistic practices or prohibited concentrations, in representation of legal persons or de facto entities or on behalf and order of them.\n\nIn the case of the infractions mentioned in subsections e) to h) of this article that, in the judgment of the Commission to promote competition, are particularly serious, this Commission may impose as a sanction a fine equivalent to ten percent (10%) of the annual sales obtained by the offender during the previous fiscal year or one up to ten percent (10%) of the value of the offender's assets. Of those two fines, the one that results higher shall be imposed. To impose such sanctions, the principles of due process, informality, real truth, ex officio impulse, impartiality, and publicity must be respected, which inform the administrative procedure stipulated in Book Two of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública).\n\nIf the offender refuses to pay the sum established by the Commission to promote competition, mentioned in subsections d) to h) of this article, the Commission shall certify the debt, which constitutes an enforceable title (título ejecutivo), so that, based on it, the enforcement process may be brought before the judicial courts, in the terms provided in the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil).\n\nAs can be deduced from the reading of this article, it is easy to appreciate that the Commission to Promote Competition has sanctioning powers, which manifest in two types: First: Sanctions that are imposed on an economic agent when the Commission, after the conclusion of an ordinary administrative sanctioning procedure, determines that monopolistic practices were committed or that they illegally distorted the free market, that is, the final and principal sanction; Second: Sanctions that are imposed on an economic agent, when during the investigation that occurs within an ordinary administrative sanctioning procedure, they declare falsely or deliver false information, refuse to provide information, or deliver it late to the Commission. Precisely, the second type of sanctions are those of interest in this case, because they are the ones framed within the duty of the economic agents to provide the information requested, in the case before us, by the Commission to Promote Competition, to be able to investigate possible monopolistic practices. Obligation to provide information that is expressly regulated in Article 67 of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, which indicates in what is relevant:\n\nARTICLE 67.- Documents and information.\n\nMerchants, at the request of the Commission to promote competition, the National Consumer Commission (Comisión nacional del consumidor), and the Ministry of Economy, Industry, and Commerce, are obliged to:\n\na) Deliver, with the character of a sworn statement, the reports and documents that are considered necessary to guarantee the exercise of their functions. The information supplied is confidential and the official who violates the secrecy of confidential data incurs a serious fault in the exercise of their functions. (...)\n\nThe refusal to deliver, falsehood, or inclusion of inaccurate or incomplete data, in the documents required, must be sanctioned as a serious fault by the respective commissions, as appropriate. (...)\n\nThe bodies and entities of the Public Administration must supply the information requested by the Commission to promote competition and the National Consumer Commission, for the exercise of their functions.\n\nFrom what is stated in the cited norm, it is clear that the Commission to Promote Competition has the faculty to request from any economic agent, even from Public Administrations, the information it requires to investigate whether a determined subject has committed some conduct sanctioned by the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense. Now, these powers to request information that the Commission to Promote Competition has, which are also held by the National Consumer Commission and the Ministry of Economy, Industry, and Commerce (all administrative bodies tasked with enforcing the constitutional mandate to protect the public interests of consumers and to prevent monopolistic practices), do not infringe upon or violate the fundamental right of privacy regulated in Article 24 of the Magna Carta, much less the bank secrecy established in section 615 of the Commercial Code, since it has been, duly determined by the Constitutional Chamber itself, which provided in what is relevant the following:\n\n\"Article 24. Considerations of this Chamber. The plaintiffs miss a taxative list of documents that can be reviewed. This Tribunal considers that, since it is an exception to the general principle of inviolability of documents, the fifth paragraph of Article 24 must be interpreted restrictively. However, not so restrictively that it annuls de facto or de jure the exception itself. In this case, the exception also has the particularity that it points to compliance with another principle -as constitutional as that of the inviolability of private documents- contemplated in Article 46 of the Political Constitution. To analyze the point, it is necessary to weigh one and the other principle; lest by unilaterally defending one of them, the other is rendered ineffective. Said more concretely in relation to this case, interpreting the fifth paragraph of Article 26(sic) with its exceptions and guarantees in such a way that it annuls, legally or factually, the principle of Article 46 is unacceptable. The guarantees of that fifth paragraph cannot be interpreted with such rigor that Article 46 loses its efficacy. Access to private documents is not capricious in the context of commercial relations, but rather is adequate to combat, as eventually in this case, monopolistic practices and to protect consumers in general. But it is not only adequate, it is also necessary. This Tribunal considers that the State could not effectively defend consumers without having access to some private documents of the merchants involved. Now, obviously, it cannot access any document it fancies, and here the restriction of Article 24 comes into play. Access is limited to the documents that the law indicates in relation to its competencies. Unlike the plaintiffs' thesis, this Tribunal considers that it is not realistic to demand that this law issue a taxative list. Given the variegated and changing commercial reality, demanding a list thus established by legal means in our environment would practically render state powers nugatory. This Tribunal is inclined to think that the guarantee of the fifth paragraph of Article 24 is satisfied to the extent that the law defines what are the competencies of the administrative body pursuant to which it may review the documents. In this way, it may review only the documents that its functions require; it must in each case justify why such a document is necessary to fulfill its ends…”\n\nFrom the cited constitutional jurisprudence, the following aspects are clear: 1. The Commission for the Promotion of Competition (Comisión para Promover la Competencia) has a power of constitutional rank (article 46 of the Political Constitution) and legal rank (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), to investigate and determine whether an economic agent is engaging in monopolistic practices or practices that distort the free market; 2. To determine that an economic agent is violating the provisions on monopolies, that is, to achieve its constitutionally and legally assigned public purposes, the Commission for the Promotion of Competition has the power to request, whether from an ordinary economic agent or any Public Administration (Administración Pública), the information it needs to carry out its investigations; 3. In turn, constitutionally and legally, any economic agent or Public Administration has the duty to provide the information requested by the Commission for the Promotion of Competition, provided that this information is requested within the investigative functions conferred upon said Commission; 4. The information requested by the Commission for the Promotion of Competition to investigate illegal monopolistic activities does not violate the right to privacy (derecho a la intimidad), because the information required by said Commission is protected by the constitutional duty of the State to prevent any monopolizing practice or tendency, which is developed in the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, therefore articles 24 and 46 of the Political Constitution complement each other by allowing private confidential information to be provided to the State, when the latter must fulfill superior public interests. In simple words, the private interest in private information yields to the superior public interest. Likewise, the information requested by the Commission for the Promotion of Competition violates bank secrecy (secreto bancario) even less, since this does not even have constitutional rank, while the State's protection of administered parties from illegal monopolistic practices has a higher constitutional rank, which is above bank secrecy itself; 5. If an economic agent or public administration refuses to provide the information requested by the Commission for the Promotion of Competition, it may be sanctioned, following the procedure established in the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and its respective regulation. Precisely, in this case, the information requested by the Commission for the Promotion of Competition from the Banco Nacional de Costa Rica does not violate the right to privacy or bank secrecy, as will be analyzed in the following recital.\n\nIV- ON THE LEGALITY OF THE SIXTH AGREEMENT OF ORDINARY SESSION NUMBER 30-2009, HELD ON SEPTEMBER 29, 2009, AND VOTE NUMBER 03-2010 OF JANUARY 12, 2010, BOTH ISSUED BY THE COMMISSION FOR THE PROMOTION OF COMPETITION. THE INFORMATION REQUIRED FROM THE BANCO NACIONAL DOES NOT VIOLATE THE RIGHT TO PRIVACY NOR IS IT COVERED BY BANK SECRECY: Applying to the specific case what was explained in the previous recital, this Tribunal concludes that the challenged conducts consisting of the sixth agreement of ordinary session number 30-2009, held on September 29, 2009, and vote number 03-2010 of January 12, 2010, both issued by the Commission for the Promotion of Competition, through which a fine of nine million eight hundred eleven thousand six hundred fifty colones (¢9,811,650) was imposed on the Banco Nacional de Costa Rica, for violation of article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, are legally sound, for the following reasons: 1) It is considered a proven fact that the Commission for the Promotion of Competition, in Ordinary Session number 17-2008, held on May 27, 2008, in its fourth article, agreed to order the opening of an ordinary administrative proceeding against the Banco Nacional de Costa Rica, in order to discover the real truth regarding the alleged commission of monopolistic practices, in accordance with articles 12, 13, 14, and 15 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Note that what the Commission for the Promotion of Competition agreed to in the cited session was the opening of an ordinary sanctioning administrative proceeding for the alleged commission of monopolistic practices by the Banco Nacional de Costa Rica. Now, within the investigative powers of the Commission for the Promotion of Competition, within a duly initiated ordinary sanctioning proceeding, through official letter number UTA-CPC-0294-08 of August 14, 2008, the President of the Directing Body (Órgano Director) of the Commission for the Promotion of Competition indicated to the Special Administrative Representative (Apoderado Especial Administrativo) of the Banco Nacional de Costa Rica, textually, the following:\n\n\"In order to obtain essential information for the investigation and in accordance with articles 27 subsection c) and 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and article 264 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), you are requested to provide, within a period not exceeding ten business days from this notification, the following information: (...) 13. Provide the list of the affiliates of the pension operator, who have credit operations with the bank, indicating address and telephone number, for the years 2007 and 2008 to date. (...) You are warned that the company, in accordance with article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and 64 of its Regulation, the information and documents provided must be delivered under oath (declaración jurada), and according to article 28 subsection c), a fine of up to sixty-five times the amount of the lowest minimum monthly salary may be imposed on the economic agent that has delivered false information. Likewise, a sanction of up to fifty times the amount of the lowest minimum monthly salary may be imposed for delaying the delivery of information as stipulated in article 28 subsection d) of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Furthermore, the party is warned that in the event of a delay in delivering the requested information, a summary proceeding will be initiated.\"\n\nNote that the information requested by the Directing Body of the Commission for the Promotion of Competition is required as part of an investigation, and furthermore, the cited official letter is clear in indicating the sanctions and the procedure to follow in case of non-compliance. This fully conforms to the procedure established in the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, and the conduct is protected by the functions assigned to the indicated Commission. Moreover, the required information is pertinent to the investigation underway, which is for an apparent practice of the Banco Nacional de Costa Rica of conditioning the granting of loans to its clients on their affiliation with its pension operator. Now, part of the requested information was not delivered to the Commission for the Promotion of Competition by the Banco Nacional de Costa Rica. Therefore, by resolution of the Technical Support Unit (Unidad Técnica de Apoyo) of the Commission for the Promotion of Competition, issued at eleven hours thirty minutes on April twenty-four, two thousand nine, the following was textually indicated, in what is relevant for the issuance of this judgment:\n\n\"In the fourth article of ordinary session No. 17-2008 held at 17:30 hours on May 27, 2008, the Commission for the Promotion of Competition opened an ordinary administrative proceeding against the Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) for an alleged violation of articles 12, 13, 14, and 15 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Law No. 7472. Thus, based on the power conferred on this (sic) body by article 67 of the cited law, it proceeded to request from that party information considered necessary to fulfill the objective of the proceeding, to ascertain the real truth of the facts that will serve as the basis for the final act, that is, to determine if that banking entity incurred in any of the monopolistic practices provided for in article 12 of Law No. 7472. Subsequently, on September 5, 2008, the BNCR sent the requested information, except for that corresponding to point number 13, which refers to information about its clients, considering that this information is protected by bank secrecy. (...) IT IS RESOLVED: To warn the Banco Nacional de Costa Rica that within a period not exceeding ten business days, from this notification, it provide the following information: List of the bank's clients to whom a loan was granted during the year 2008, indicating name or legal name (razón social), identity card or legal identification number, address, and telephone number.\"\n\nFrom this official letter, it can be inferred that the Commission for the Promotion of Competition required the defendant bank, within an ordinary sanctioning administrative proceeding, simple information such as providing a list of the bank's clients to whom a loan was granted during the year 2008, indicating name or legal name, identity card or legal identification number, address, and telephone number, which this Tribunal considers, based on all the arguments set forth in the previous recital, is information that the Commission for the Promotion of Competition can perfectly request from the Banco Nacional de Costa Rica. In this sense, the requested information has two characteristics: First: It is encompassed within the functions assigned to the Commission for the Promotion of Competition, granted by the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and the Political Constitution itself, because it is necessary and pertinent to investigate the apparent commission of the Banco Nacional de Costa Rica in monopolistic practices (article 27 and 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor); Second: The information was requested once the Commission for the Promotion of Competition had resolved the opening of an ordinary sanctioning administrative proceeding, through Ordinary Session number 17-2008, held on May 27, 2008, in its fourth article, thus due process is being followed; Third: The required information does not violate the right to privacy, established in article 24 of the Political Constitution, since as explained in detail in the previous recital, the investigative powers granted to the Commission for the Promotion of Competition have constitutional rank (article 46 of the Magna Carta), and do not conflict with the provisions of article 24 of the Constitution. Quite the opposite, there is harmony between these norms, because private fundamental rights yield to superior public interests, as happens in cases like the present one, where the private information of individuals yields its protection so that the State fulfills its duty to protect the public interests represented in preventing monopolistic practices and consumer rights; 2) Now, the Banco Nacional de Costa Rica has been alleging the non-delivery of the information required by the Commission for the Promotion of Competition, indicating that providing a list of the bank's clients to whom a loan was granted during the year 2008, indicating the name or legal name, identity card or legal identification number, address, and telephone number, is confidential information, since it is protected by bank secrecy, in accordance with the provisions of article 24 of the Political Constitution and 615 of the Code of Commerce. Likewise, the plaintiff bank argues that the bank accounts of its clients are inviolable, and information can only be given if there is written authorization from the account holder or a judicial order from a competent judicial authority (in this regard, see the official letter of May 4, 2009, which has been considered a proven fact in the case file). What is alleged by the plaintiff Bank is totally inadmissible for the following reasons: a. The information requested by the Commission for the Promotion of Competition is not covered by bank secrecy, because, as has been explained, the request for information made by the indicated Commission does not even violate the fundamental right to privacy regulated in article 24 of the Political Constitution. Bank secrecy is not an institution of constitutional rank, while the state powers to protect free competition and consumer rights have constitutional grounding, so there can be no violation of bank secrecy when the requested information is made for the purpose of protecting superior public interests protected constitutionally, as well as when the request for information is duly justified and within the functions that the requesting body must develop; b. In addition to the foregoing, there is a particularity in this case, which consists of the fact that the requested information is simply a list of the clients of the Banco Nacional de Costa Rica to whom a loan was granted during the year 2008, indicating name or legal name, identity card or legal identification number, address, and telephone number. Note that the information requested by the Commission does not lie in the bank operations of the clients with the plaintiff bank, nor does it generally cover information on bank transactions, so it is not subject in any way to bank secrecy. Moreover, it must be considered that, in general, the information that the Commission requested from the Banco Nacional de Costa Rica is not sensitive information; it is a simple list of clients to whom a loan was granted during the year 2008, with their names, identifications, telephone numbers, and addresses, information that is also evidently easily accessible using other means. Consequently, the information requested by the Commission for the Promotion of Competition does not violate the constitutional right to privacy, much less bank secrecy; 3) Precisely, due to the non-compliance of the plaintiff bank, the directing body of the administrative proceeding, by resolution issued at nine hours fifteen minutes on June fourth, two thousand nine, resolved to bring the refusal to deliver information issued by the Banco Nacional de Costa Rica to the attention of the Commission for the Promotion of Competition, so that it could be considered whether it constitutes a violation of article 67 of Law No. 7472 and its reforms. Exactly, in Ordinary Session No. 17-2009 held at seventeen hours thirty minutes on June sixteen, two thousand nine, tenth article, the Commission for the Promotion of Competition agreed to order the opening of a summary administrative proceeding for the alleged violation of article 67 of Law number 7472. Likewise, in accordance with articles 33 in relation to 64 of Executive Decree 25234-MEIC Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and sections 320 to 326 of the General Law of Public Administration, this agreement proceeded to substantiate a summary administrative proceeding against the Banco Nacional de Costa Rica, and pursuant to numeral 324 and following of the General Law of Public Administration, the Banco Nacional de Costa Rica was granted a maximum period of three business days to formulate its conclusions on the alleged facts, the evidence produced, and the legal grounds supporting its claims. Precisely, by written submission received at the Technical Support Unit of the Commission for the Promotion of Competition, the Banco Nacional de Costa Rica expressed its position regarding the decision of said Commission to order the opening of a summary administrative proceeding for the alleged violation of article 67 of Law number 7472, arguing that the refusal of the Banco Nacional de Costa Rica to provide the information requested by the Commission was not an act of arbitrariness or unwillingness to collaborate, but that in accordance with the provisions of articles 24 of the Political Constitution and 615 of the Code of Commerce, as well as the reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the Bank can only reveal information of the type required under two assumptions; 1. By express authorization of the client and 2. By order of a competent judicial authority. From the facts set forth, this Tribunal arrives at the following relevant aspects for this case: a. Due to the non-compliance of the plaintiff bank, it was ordered to substantiate a summary administrative proceeding, for the alleged violation of article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and in accordance with the provisions of articles 33 in relation to 64 of Executive Decree 25234-MEIC Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and sections 320 to 326 of the General Law of Public Administration. Note that what was ordered in this case was to open a summary administrative proceeding, which is what is regulated as the procedure to follow in cases where an economic agent commits the infraction of refusing delivery, falsifying, or including inaccurate or incomplete data in the documents required within an ordinary sanctioning administrative proceeding. That is, article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establishes infractions that shall be sanctioned following a summary sanctioning administrative proceeding, regulated in articles 320 to 326 of the General Law of Public Administration. This proceeding is distinct from the ordinary sanctioning administrative proceeding, which is regulated in article 27 bis of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, which must be followed to determine and sanction vertical or horizontal monopolistic practices in markets supervised by the superintendencies. Precisely, in cases of the ordinary sanctioning administrative proceeding provided for in article 27 bis, the opinion of the respective superintendency is required prior to the application of the sanction. On the other hand, in cases of sanctions imposed on economic agents for infringing the mandatory provision of information required, in this case, by the Commission for the Promotion of Competition, the procedure to follow is the summary one, which does not require the prior opinion of any superintendency; b) Precisely in the present case, the ordinary sanctioning administrative proceeding that has been followed against the Banco Nacional de Costa Rica was the one ordered by the Commission for the Promotion of Competition in Ordinary Session number 17-2008, held on May 27, 2008, in its fourth article, in which it agreed to order the opening of an ordinary administrative proceeding against the Banco Nacional de Costa Rica, in order to discover the real truth for the alleged commission of monopolistic practices, in accordance with articles 12, 13, 14, and 15 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Precisely, this proceeding has not yet concluded, as it is in the investigation phase, and furthermore, before it ends and a possible sanction is imposed, the stipulations of article 27 bis of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor must be complied with, since it would be in that proceeding that the provisions of said norm must be applied. Now, in this case, the challenged administrative conducts are not the final acts of an ordinary sanctioning administrative proceeding, but of a summary sanctioning administrative proceeding, therefore the requirement of having the opinion of the respective superintendency before imposing the sanction is not applicable in this case. Therefore, the plaintiff bank's allegations that the challenged administrative conducts suffer from a substantial defect that produces their absolute nullity, because the respective superintendency was not consulted prior to the imposed sanction, are not admissible, since, as explained, these are different assumptions and proceedings; 4) Now, in Ordinary Session number 30-2009 held at seventeen hours thirty minutes on September twenty-nine, two thousand nine, sixth article, the Commission for the Promotion of Competition issued an administrative resolution, in which the following Operative Part (Por Tanto) was issued:\n\n\"The summary administrative proceeding brought against the Banco Nacional de Costa Rica, legal identification number 4-000-001021, is declared granted for violation of article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, and therefore: a) A sanction is imposed on the Banco Nacional de Costa Rica in the first instance, to pay the sum of exactly nine million eight hundred eleven thousand six hundred fifty colones (¢9,811,650), which corresponds to fifty (50) minimum monthly salaries, based on what was established by the Executive Branch through Decree No. 35370-MTSS, published in the Official Newspaper La Gaceta No. 136 of July 15, 2009, which set the minimum monthly salary for the second half of 2009 at the sum of exactly one hundred ninety-six thousand two hundred thirty-three colones (¢196,233). (...) b) The Banco Nacional de Costa Rica is ordered, based on article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 89 of its Regulation, and articles 225, 264, 297, and 300 of the General Law of Public Administration, to provide the missing information originally requested through official letter UTA-CPC-0294-08 and subsequently by resolution of the Technical Support Unit of this Commission, at 11 hours 30 minutes on April 24, 2009. It is warned that in case of non-compliance, the provisions of numeral 68 of Law No. 7472 shall be applied.\"\n\nPrecisely, this resolution was challenged by the Banco Nacional de Costa Rica, through a motion for reconsideration (recurso de reposición) filed before the Commission for the Promotion of Competition, and by vote number 03-2010, issued by said Commission at nineteen hours fifty-five minutes on January twelve, two thousand ten, the motion for reconsideration filed by the plaintiff bank was declared dismissed. Precisely, these are the resolutions challenged in the case file, which this Tribunal finds to be completely valid and to fully comply with the provisions of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. In this regard, it must be taken into account that the cited resolutions are the final acts of a summary sanctioning administrative proceeding, which, as has been explained, is not vitiated from a procedural or substantive standpoint. Therefore, the lawsuit filed by the Banco Nacional de Costa Rica against the State is dismissed in all its claims, and the sixth agreement of ordinary session number 30-2009, held on September 29, 2009, and vote number 03-2010 of January 12, 2010, both issued by the Commission for the Promotion of Competition, through which a fine of nine million eight hundred eleven thousand six hundred fifty colones (¢9,811,650) was imposed on the Banco Nacional de Costa Rica for violation of article 67 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, and additionally, the order to provide the required information consisting of the list of the bank's clients to whom a loan was granted during the year 2008, indicating name or legal name, identity card or legal identification number, address, and telephone number, are declared valid and effective.”" }