{ "id": "nexus-ext-1-0034-136005", "citation": "Res. 00978-2010 Sala Segunda de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia del pago por prohibición tras declaratoria de inconstitucionalidad", "title_en": "Non-entitlement to prohibition pay after declaration of unconstitutionality", "summary_es": "La Sala Segunda, en un proceso laboral ordinario, revocó la sentencia de segunda instancia y confirmó la de primera, denegando el pago de la prohibición reclamado por un exfuncionario de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). El debate se centraba en si, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas presupuestarias que sustentaban el régimen de prohibición (votos 4647-99 y 6327-99 de la Sala Constitucional), el actor tenía un derecho adquirido a seguir percibiendo dicha compensación durante su relación laboral. La Sala determinó que el régimen de prohibición no confiere un derecho a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico. La anulación retroactiva de las normas que le daban sustento dejó sin base legal el pago, sin que pudiera invocarse un derecho adquirido a su permanencia. Los únicos derechos consolidados fueron las sumas ya percibidas de buena fe mientras el régimen estuvo vigente, las cuales no deben repetirse.", "summary_en": "The Second Chamber, in an ordinary labor proceeding, revoked the appellate decision and confirmed the first-instance ruling, denying the prohibition pay claimed by a former employee of the General Superintendency of Financial Entities (SUGEF). The dispute centered on whether, despite the declaration of unconstitutionality of the budget norms that supported the prohibition regime (Constitutional Chamber votes 4647-99 and 6327-99), the plaintiff had a vested right to continue receiving that compensation during his employment. The Chamber held that the prohibition regime does not confer a right to the immutability of the legal system. The retroactive annulment of the norms that supported it left the payment without legal basis, and a vested right to its continuation could not be invoked. The only consolidated rights were the sums already received in good faith while the regime was in effect, which need not be reimbursed.", "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte", "date": "2010", "year": "2010", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "prohibición", "inconstitucionalidad", "derechos adquiridos", "principio de legalidad", "SUGEF" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1", "law": "Ley 5867" }, { "article": "Art. 14", "law": "Ley 6982" }, { "article": "Art. 101", "law": "Ley 7015" }, { "article": "Art. 14 inciso 17", "law": "Ley 7018" } ], "keywords_es": [ "prohibición", "inconstitucionalidad", "derechos adquiridos", "principio de legalidad", "SUGEF", "Banco Central", "régimen de prohibición", "personal técnico bancario", "compensación económica", "Sala Segunda" ], "keywords_en": [ "prohibition pay", "unconstitutionality", "acquired rights", "principle of legality", "SUGEF", "Central Bank", "prohibition regime", "bank technical staff", "economic compensation", "Second Chamber" ], "excerpt_es": "El pago de la prohibición depende de que el puesto que se ocupe esté bajo ese régimen y que el funcionario o servidor cumpla los presupuestos que prevé la normativa que la impone. 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El fundamento de ese pago residió en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 1985, número 6982, de 19 de diciembre de 1984 y sus reformas, entre otras, la del artículo 101 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7015, del 22 de noviembre de 1985 y el 14 inciso 17) de la Ley de Presupuesto Ordinario para 1986, n° CED1, del 20 de diciembre de 1985 (hecho probado 4) de la sentencia de primera instancia, confirmado por la de segunda, folio 641; hecho cuarto de la demanda y su contestación, folios 2 y 72). En razón de acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República contra las citadas normas, la Sala Constitucional, al declararla con lugar mediante voto n° 4647 del 16 de junio de 1999, las anuló, señalando que esa “…declaratoria es retroactiva a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe”. Mediante resolución número 6327, de las 10:03 horas del trece de agosto de 1999, esa Sala resolvió solicitud de adición y aclaración del citado voto. Con fundamento en esas resoluciones constitucionales la Junta Directiva del Banco Central, mediante acuerdo de artículo 8 de la sesión n° 4621, ordenó cesar el pago de prohibición a los funcionarios y personal técnico de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF, hecho sétimo de la demanda y su contestación, folios 81 y 82 y folios 29 y 30); lo que se hizo efectivo a partir del 17 de ese mismo mes, según acuerdo de artículo 6, de la sesión n° 5032-2000, del 11 de abril de 2000 (folios 348 a 350). En un caso similar al presente, esta Sala señaló: \n\n“V.- La prohibición no es una liberalidad patronal sino una condición impuesta legalmente a un puesto determinado en razón de la naturaleza de las funciones que lo componen, el cual requiere de un ejercicio transparente, imparcial y objetivo, lejos de todo conflicto de intereses; es una exigencia ética y condición propia del puesto que impone a su titular una situación jurídica determinada, de la cual deviene para el funcionario nombrado en el puesto el deber de no ejercer su profesión u oficio a favor de terceras personas, con el derecho correlativo al pago de una compensación económica por dicha limitación. Se trata de una incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y el de la profesión privada por el eventual choque de intereses entre ambas. En el caso concreto, a la demandante se le pagó prohibición con sustento en las siguientes normas presupuestarias:\n\n“Artículo 14 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 1985, número 6982 de 19 diciembre 1984. Agréguese un párrafo al artículo 1 de la Ley 5867 que diga:\n\n\"Los beneficios y prohibiciones que se indican en este artículo, incluyen al personal técnico de la Auditoría General de Bancos\".-\n\n\"Artículo 101 Ley de Presupuesto Extraordinario, número 7015 del 22 noviembre 1985.-\n\nEl personal técnico de la Auditoría General de Bancos recibirá los beneficios económicos de la Ley 5867 de 15 de diciembre de 1975 y sus reformas sujeto a las prohibiciones de dicha ley.\"\n\n\"Artículo 14 Ley de Presupuesto para 1986 número 7018 de 20 de diciembre de 1985.-\n\n1. ...\n\n17. Las prohibiciones y beneficios contenidos en el artículo 1 de la Ley No. 5867 15 de diciembre de 1975, son aplicables a las Auditorías del Sistema Bancario Nacional.” (La negrita no está en el original).\n\nEl pago de dicha compensación económica cesó con los votos de la Sala Constitucional n°s. 4647 de las 16:20 horas del 16 de junio de 1999 y 6327 de las 10:03 horas del 13 de agosto de 1999, que declararon inconstitucionales y anularon las citadas normas en forma retroactiva a la entrada en vigencia de las mismas sin perjuicio de los derechos de buena fe adquiridos a su amparo, y no con fundamento en el artículo 8 de la sesión n° 4621 del 9 de diciembre de 1992, que remitía al artículo 27 del Convenio de Partes -disposición que también había sido anulada por los votos números 1962-92 y 3285-92 de la Sala Constitucional-, sin que existiera alguna otra disposición legal válida y eficaz que le diera sustento, según lo ordena el principio de legalidad que debe observarse en la función pública. De lo anterior se infiere, que el representante de la SUGEF lleva razón al indicar que las normas presupuestarias anuladas mediante voto 4647 del 16 de junio de 1999, no le daban contenido económico al pago por prohibición como erróneamente lo entendió el tribunal, por el contrario, le dieron sustento jurídico al régimen, ya que la materia que regulaban no era presupuestaria sino materia propia de la legislación ordinaria con la cual se reformó la Ley 5867 extendiendo el reconocimiento de la prohibición al personal técnico de la Auditoría General de Bancos (hoy Sugef). También lleva razón al señalar que al haberse declarado inconstitucionales y por ende nulas las normas que sustentaban el pago de la prohibición en esa entidad, su representada para eliminar tal beneficio no necesitaba recurrir al proceso del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o del artículo 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, porque tales normas están concebidas para la nulidad de actos administrativos declaratorios de derechos o que producen efectos jurídicos y el régimen de prohibición que cobijó a la actora, fue establecido por las normas declaradas inconstitucionales por el voto 4647-99, por lo que no puede hablarse de anulación de acto administrativo alguno, ya que el régimen tenía sustento legislativo no administrativo, por ende, el fallo impugnado incurrió en error al estimar que la prohibición se suprimió en forma arbitraria e ilegal por falta de un debido proceso. \n\nVI.- El pago de la prohibición depende de que el puesto que se ocupe esté bajo ese régimen y que el funcionario o servidor cumpla los presupuestos que prevé la normativa que la impone. En el caso concreto el sustento jurídico del pago de la prohibición, como se dijo, estaba prevista en las citadas normas atípicas que por tal razón fueron anuladas. La indemnización por prohibición se otorgó a la accionante sujeta a la vigencia de dichas disposiciones, por lo que con independencia de que la administración del banco hubiera revocado el beneficio en ejecución de los votos de inconstitucionalidad aludidos, lo cierto es que esa indemnización se otorgó condicionada a que el puesto en cuestión siguiera estando sujeto a dicho régimen, lo que resulta suficiente para estimar que ese beneficio no constituyó un derecho adquirido, por estar supeditado a que el puesto se mantuviera bajo el régimen de prohibición. Al tenor de lo resuelto por los votos constitucionales n°s 4647-99 y 6327-99, que declararon nulas las normas en las que se sustentaba la prohibición sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de su vigencia, a no dudarlo se consolidó el derecho a los pagos recibidos por ese concepto mientras existió el régimen de prohibición, los cuales deben considerarse irrepetibles en la medida en que ingresaron definitivamente en el patrimonio de la demandante con anterioridad a la extinción de esa normativa, pero no constituye un derecho a exigir que el régimen deba seguir existiendo. Queda claro que las citadas normas presupuestarias sustentaron el otorgamiento del beneficio de prohibición en la Auditoría General de Bancos (hoy Sugef), y que a partir del voto 4647-99 dichas normas quedaron insubsistentes con la inconstitucionalidad ahí declarada, por lo que si la Sala Constitucional dimensionó los efectos de su declaratoria de nulidad señalando que era retroactiva a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, es a partir de esa data que la administración del banco demandado se quedó sin el fundamento jurídico necesario para seguir aplicando el beneficio económico de la prohibición que aquí se cuestiona, respecto de los puestos de funcionarios de la Superintendencia General de Entidades Financieras. De ahí que se equivocó el tribunal ad-quem al estimar que la actora seguía contando con fundamento jurídico para mantener el beneficio de la prohibición, pues como se dijo, las normas presupuestarias en que se sustentaba su régimen de prohibición resultaron inconstitucionales a la luz de los votos 4647-99 y 6327-99 citados, por lo que el único derecho adquirido que tiene la actora es el correspondiente a los dineros que recibió mientras el régimen existió y la servidora se enmarcó en los presupuestos de hecho que dicho régimen establecía. Por consiguiente, no se puede considerar que el solo hecho de haber recibido la actora el pago por prohibición, haya determinado la existencia de un derecho adquirido a ese beneficio por el resto de su vida laboral con la SUGEF. No estamos en presencia de un derecho que se haya incorporado al contrato de trabajo, sino ante un beneficio que para poder percibirlo debe tener su respectivo fundamento jurídico, de modo que no puede existir derecho a permanecer en el régimen más allá del cambio que opere en el ordenamiento jurídico, sea por una derogatoria mediante ley posterior o una anulación por sentencia en la vía constitucional. En otras palabras no existe un derecho a la inmutabilidad del régimen. En consecuencia, al resultar atendibles en esta tercera instancia rogada los reparos del recurrente, se debe revocar la sentencia impugnada en cuanto estimó la acción en lo que al extremo de la prohibición se refiere, para en su lugar, desestimar ese punto concreto de las pretensiones de la demanda.” (voto n° 1257, de las 9:40 horas del 4 de diciembre de 2009). Los razonamientos expuestos por este Colegio en el fallo antes transcrito en lo conducente, de data más reciente que el 385, de las 11:00 horas del 8 de mayo de 2009, reproducido parcialmente en el fallo impugnado, recoge de mejor forma los alcances de los conceptos jurídicos involucrados en el tema, a la vez que son plenamente aplicables al caso en estudio, pues al igual que en aquel, el pago de la prohibición reclamada se sustentaba en las normas presupuestarias citadas, cuya nulidad fue declarada por la Sala Constitucional en los votos 4647-99 y 6327-99, dejando dicho régimen de prohibición sin sustento legal alguno. De ahí que, conforme al principio de legalidad en general, y el de legalidad presupuestaria en particular, que rigen en el sector público, no puede la Administración válidamente sostener la existencia del régimen de prohibición y el consecuente pago al interesado de lo que aquí pretende. Tampoco, como se explicó antes, estamos en presencia del derecho a la inmutabilidad de las normas jurídicas, al pretender la existencia de un derecho adquirido respecto a éstas y al régimen de prohibición que con base en aquellas existió, por haber estado dentro del mismo durante un período determinado. Ese derecho adquirido, en efecto, corresponde exclusivamente, a los montos recibidos por el petente en razón de haber cumplido con los requisitos fácticos y jurídicos establecidos por el ordenamiento en un momento dado. Lo anterior conduce a afirmar que, una vez inexistente el régimen de prohibición en el que se encontró el actor, en razón de la nulidad por inconstitucionalidad de las normas que le daban soporte jurídico –retroactiva a su fecha de vigencia-, según lo decretado por la Sala Constitucional, las cosas vuelven a la situación jurídica previa al momento en que surgieron a la vida jurídica esas normas, como si estas nunca hubieran existido. Ahora bien, en respeto a los derechos adquiridos de buena fe, el petente no debe repetir lo pagado por ese concepto, pues ha ingresado a su patrimonio conforme a las regulaciones existentes en el momento en que se le canceló, y así debe respetarse. Por lo expuesto, los agravios de la parte demandada resultan estimables debiendo revocarse la sentencia recurrida, en cuanto condenó al BCCR a pagar al actor los montos dejados de percibir por concepto de prohibición, desde el 17 de abril de 2000 hasta el 15 de setiembre de 2004, los intereses legales correspondientes y ambas costas; para en su lugar confirmar la sentencia de primera instancia.”", "body_en_text": "**IV.- REGARDING THE PROHIBITION ON PROFESSIONAL PRACTICE (PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL):** The core issue of the present dispute (litis) lies in determining whether the petitioner is entitled to the payment of the prohibition (prohibición) from April 17, 2000 (proven facts numbers 3 and 10 of the first-instance judgment, confirmed by the ad quem, without being objected to by any of the parties), the date on which the payment was suspended, until the date of his resignation, August 15, 2004, as an employee of the defendant (eighteenth fact of the complaint and its answer, and folios 21 and 22). The basis for that payment resided in Article 14 of the Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República for 1985, number 6982, of December 19, 1984, and its amendments, among others, that of Article 101 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7015, of November 22, 1985, and Article 14, subsection 17) of the Ley de Presupuesto Ordinario for 1986, No. CED1, of December 20, 1985 (proven fact 4) of the first-instance judgment, confirmed by the second-instance judgment, folio 641; fourth fact of the complaint and its answer, folios 2 and 72). By reason of an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by the Procuraduría General de la República against the cited norms, the Sala Constitucional, upon declaring it with merit through Voto 4647 of June 16, 1999, annulled them, noting that said *“…declaratory ruling is retroactive to the date of effectiveness of the annulled norms, without prejudice to rights acquired in good faith (derechos adquiridos de buena fe).”* By means of resolution number 6327, at 10:03 a.m. on August 13, 1999, that Chamber resolved the request for addition and clarification of the cited vote. Based on those constitutional resolutions, the Board of Directors of the Banco Central, through the agreement of Article 8 of Session No. 4621, ordered the cessation of the payment of prohibition to the officials and technical personnel of the Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF, seventh fact of the complaint and its answer, folios 81 and 82 and folios 29 and 30); which became effective as of the 17th of that same month, according to the agreement of Article 6, of Session No. 5032-2000, of April 11, 2000 (folios 348 to 350). In a case similar to the present one, this Chamber stated:\n\n*“V.- The prohibition is not an employer’s liberality but a condition legally imposed on a specific position by reason of the nature of the functions comprising it, which requires transparent, impartial, and objective exercise, far from any conflict of interest; it is an ethical requirement and a condition inherent to the position that imposes on its holder a specific legal situation, from which arises for the official appointed to the position the duty not to practice their profession or trade for the benefit of third parties, with the correlative right to the payment of economic compensation for said limitation. It is a matter of an incompatibility between the exercise of the public function and that of the private profession due to the potential clash of interests between the two. In the specific case, the plaintiff was paid prohibition supported by the following budgetary norms:*\n\n*“Article 14 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República for 1985, number 6982 of December 19, 1984. Add a paragraph to Article 1 of Law 5867 that states:*\n\n***\"The benefits and prohibitions indicated in this article include the technical personnel of the Auditoría General de Bancos\".-***\n\n*\"Article 101 Ley de Presupuesto Extraordinario, number 7015 of November 22, 1985.-*\n\n***The technical personnel of the Auditoría General de Bancos shall receive the economic benefits of Law 5867** of December 15, 1975, and its amendments, subject to the prohibitions of said law.\"*\n\n*\"Article 14 Ley de Presupuesto for 1986, number 7018 of December 20, 1985.-*\n\n*1. ...*\n\n*17. The prohibitions and benefits contained in Article 1 of Law No. 5867 of December 15, 1975, are applicable to the Auditing Departments of the National Banking System.” (The boldface is not in the original).*\n\n*The payment of said economic compensation ceased with the votes of the Sala Constitucional Nos. 4647 at 4:20 p.m. on June 16, 1999, and 6327 at 10:03 a.m. on August 13, 1999, which declared unconstitutional and annulled the cited norms retroactively to their entry into force without prejudice to good faith rights acquired under their protection, and not based on Article 8 of Session No. 4621 of December 9, 1992, which referred to Article 27 of the Convenio de Partes – a provision that had also been annulled by votes numbers 1962-92 and 3285-92 of the Sala Constitucional – without there being any other valid and effective legal provision to support it, as ordered by the principle of legality that must be observed in the public function. From the foregoing, it is inferred that the representative of SUGEF is correct in indicating that the budgetary norms annulled through Voto 4647 of June 16, 1999, did not give economic content to the payment for prohibition as the lower court erroneously understood; on the contrary, they gave legal support to the regime, since the matter they regulated was not budgetary but rather a matter proper to ordinary legislation with which Law 5867 was amended, extending the recognition of the prohibition to the technical personnel of the Auditoría General de Bancos (today SUGEF). He is also correct in pointing out that, since the norms that supported the payment of the prohibition in that entity were declared unconstitutional and therefore null, his represented party, in order to eliminate such benefit, did not need to resort to the process of Article 173 of the Ley General de la Administración Pública or of Articles 10 and 35 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, because such norms are designed for the annulment of administrative acts declaratory of rights or that produce legal effects, and the prohibition regime that covered the plaintiff was established by the norms declared unconstitutional by Voto 4647-99, so one cannot speak of the annulment of any administrative act, since the regime had legislative, not administrative, support; therefore, the challenged judgment erred in considering that the prohibition was suppressed arbitrarily and illegally due to a lack of due process.*\n\n***VI.-** The payment of the prohibition depends on the position held being under that regime and on the official or employee meeting the requirements established by the regulation that imposes it. In the specific case, the legal support for the payment of the prohibition, as stated, was provided for in the cited atypical norms that for that reason were annulled. The compensation for prohibition was granted to the plaintiff subject to the validity of said provisions; therefore, regardless of whether the bank's administration had revoked the benefit in execution of the aforementioned votes of unconstitutionality, the truth is that such compensation was granted conditioned on the position in question continuing to be subject to said regime, which is sufficient to consider that this benefit did not constitute a right acquired (derecho adquirido), as it was contingent upon the position remaining under the prohibition regime. In accordance with what was resolved by constitutional votes Nos. 4647-99 and 6327-99, which declared null the norms on which the prohibition was based without prejudice to the rights acquired under their validity, without a doubt the right to the payments received for that concept was consolidated while the prohibition regime existed, which must be considered non-recoverable to the extent that they definitively entered the plaintiff's patrimony prior to the extinction of those regulations, but it does not constitute a right to demand that the regime must continue to exist. It is clear that the cited budgetary norms supported the granting of the prohibition benefit in the Auditoría General de Bancos (today SUGEF), and that as of Voto 4647-99, said norms became non-existent with the unconstitutionality declared therein; therefore, if the Sala Constitucional defined the effects of its declaration of nullity by indicating that it was retroactive to the date of effectiveness of the annulled norms, without prejudice to rights acquired in good faith, it is from that date that the administration of the defendant bank was left without the necessary legal basis to continue applying the economic benefit of the prohibition questioned here, with respect to the positions of officials of the Superintendencia General de Entidades Financieras. Hence, the ad-quem court erred in considering that the plaintiff continued to have a legal basis to maintain the prohibition benefit, because, as stated, the budgetary norms on which her prohibition regime was based were found unconstitutional in light of the cited votes 4647-99 and 6327-99, so the only right acquired that the plaintiff has is that corresponding to the monies she received while the regime existed and the employee met the factual requirements that said regime established. Consequently, it cannot be considered that the mere fact of the plaintiff having received the payment for prohibition determined the existence of a right acquired to that benefit for the rest of her working life with SUGEF. We are not in the presence of a right that was incorporated into the employment contract, but rather a benefit that, in order to be received, must have its respective legal basis; therefore, there can be no right to remain in the regime beyond the change that operates in the legal system, whether by a repeal through a subsequent law or an annulment by judgment in the constitutional avenue. In other words, there is no right to the immutability of the regime. Consequently, as the objections of the appellant are meritorious in this requested third instance, the challenged judgment must be revoked insofar as it upheld the action regarding the extreme of the prohibition, and instead, dismiss that specific point of the complaint’s claims.”* (Voto No. 1257, at 9:40 a.m. on December 4, 2009). The reasoning set forth by this Collegiate Body in the judgment transcribed above in the pertinent part, which is of a more recent date than Voto 385, at 11:00 a.m. on May 8, 2009, partially reproduced in the challenged judgment, better captures the scope of the legal concepts involved in the matter, and is also fully applicable to the case under study, since, as in that case, the payment of the claimed prohibition was based on the cited budgetary norms, whose nullity was declared by the Sala Constitucional in Votes 4647-99 and 6327-99, leaving said prohibition regime without any legal support whatsoever. Hence, in accordance with the principle of legality in general, and the principle of budgetary legality in particular, which govern the public sector, the Administration cannot validly sustain the existence of the prohibition regime and the consequent payment to the interested party of what is sought herein. Nor, as explained before, are we in the presence of a right to the immutability of legal norms, by claiming the existence of a right acquired with respect to them and to the prohibition regime that existed based on them, for having been within the same during a specific period. That right acquired, in effect, corresponds exclusively to the amounts received by the petitioner for having fulfilled the factual and legal requirements established by the legal system at a given time. The foregoing leads to the assertion that, once the prohibition regime in which the plaintiff found himself ceased to exist, by reason of the annulment due to unconstitutionality of the norms that gave it legal support – retroactive to their date of effectiveness – as decreed by the Sala Constitucional, matters return to the legal situation prior to the moment when those norms came into legal existence, as if they had never existed. Now, in respect of rights acquired in good faith, the petitioner need not return what was paid for that concept, as it has entered his patrimony in accordance with the regulations existing at the time it was paid to him, and must be respected as such. Given the foregoing, the grievances of the defendant party are meritorious, and the appealed judgment must be revoked insofar as it ordered BCCR to pay the plaintiff the amounts ceased to be received for the concept of prohibition, from April 17, 2000, to September 15, 2004, the corresponding legal interest, and both sets of costs; and instead, the first-instance judgment must be confirmed.\n\nBased on the foregoing, the grievances of the defendant are estimable, and the appealed judgment must be revoked, insofar as it ordered the BCCR to pay the plaintiff the amounts no longer received for the prohibition (prohibición) from April 17, 2000, to September 15, 2004, the corresponding legal interest, and both costs; in order to instead confirm the first-instance judgment.”" }