{ "id": "nexus-ext-1-0034-138029", "citation": "Res. 00292-2011 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Titulación de áreas boscosas mediante información posesoria", "title_en": "Titling of forested areas through possessory proceedings", "summary_es": "En este voto del Tribunal Agrario, emitido en el expediente 080003340419AG, se aborda la posibilidad de titular terrenos ubicados en áreas boscosas o silvestres protegidas a través del proceso de información posesoria. El Tribunal reitera su criterio, citando un voto previo (100-F-09) y un extenso extracto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (voto Nº51 de 1995) sobre el patrimonio forestal del Estado. Se explica que el patrimonio forestal del Estado comprende los inmuebles no sometidos a propiedad privada (reservas nacionales), pero también incluye, por interés social, los terrenos de propiedad privada con recursos forestales. La resolución aclara que, frente a este patrimonio, sí es posible titular mediante información posesoria aquellos fundos donde el poseedor haya consolidado su derecho por usucapión, siempre que demuestre una posesión de más de diez años anterior a la creación legal del área silvestre protegida, conforme a los artículos 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias. El voto no resuelve un caso concreto, sino que fija un criterio general sobre el tema.", "summary_en": "In this ruling by the Agrarian Tribunal (case file 080003340419AG), the court addresses the possibility of obtaining title to land located in forested or protected wilderness areas through possessory information proceedings. The Tribunal reiterates its position, citing a prior ruling (100-F-09) and an extensive extract from the First Chamber of the Supreme Court of Justice (ruling Nº51 of 1995) on the State's forest heritage. It explains that the State's forest heritage includes real property not subject to private ownership (national reserves), but also encompasses—due to social interest—privately owned land with forest resources. The ruling clarifies that, in light of this heritage, it is indeed possible to obtain title through possessory proceedings for land where the possessor has already consolidated ownership rights through adverse possession, provided the possessor proves possession exceeding ten years prior to the legal creation of the protected wilderness area, pursuant to Articles 1 and 7 of the Possessory Information Law. The vote does not decide a specific case but rather establishes a general criterion on the issue.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "2011", "year": "2011", "topic_ids": [ "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "información posesoria", "posesión decenal", "usucapión", "áreas silvestres protegidas", "reservas nacionales", "patrimonio forestal del Estado", "Ley de Informaciones Posesorias" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1", "law": "Ley de Informaciones Posesorias" }, { "article": "Art. 7", "law": "Ley de Informaciones Posesorias" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley Forestal (1969)" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal (1969)" }, { "article": "Art. 35", "law": "Ley Forestal (1969)" }, { "article": "Art. 40", "law": "Ley Forestal (1969)" }, { "article": "Art. 60", "law": "Ley Forestal (1969)" }, { "article": "Art. 267", "law": "Código Civil" } ], "keywords_es": [ "información posesoria", "titulación", "áreas boscosas", "áreas silvestres protegidas", "patrimonio forestal del Estado", "posesión decenal", "usucapión", "reservas nacionales", "Ley de Informaciones Posesorias", "Tribunal Agrario", "voto 100-F-09" ], "keywords_en": [ "possessory proceedings", "titling", "forested areas", "protected wilderness areas", "State's forest heritage", "decennial possession", "adverse possession", "national reserves", "Possessory Information Law", "Agrarian Tribunal", "ruling 100-F-09" ], "excerpt_es": "Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias).", "excerpt_en": "Facing this heritage, there is also private property. Throughout the evolution of forestry legislation, the opportunity was granted to possessors of lands who had already consolidated their property right through adverse possession to obtain title to them. This possibility is given through compliance with the requirements of the Possessory Information Law, and therefore it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, regardless of their management category, to obtain a registrable title in the Public Registry, upon the applicant proving possession of more than 10 years prior to the effective date of the law or decree creating such wilderness area (Articles 1 and 7 of the Possessory Information Law).", "outcome": { "label_en": "Reiterated criterion", "label_es": "Criterio reiterado", "summary_en": "The Agrarian Tribunal reiterates that it is possible to title land in protected wilderness areas through possessory proceedings, provided possession of more than ten years prior to the creation of the area is proven.", "summary_es": "El Tribunal Agrario reitera que es posible titular terrenos en áreas silvestres protegidas mediante información posesoria, siempre que se demuestre posesión de más de diez años anterior a la creación del área." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "This possibility is given through compliance with the requirements of the Possessory Information Law, and therefore it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, regardless of their management category, to obtain a registrable title in the Public Registry, upon the applicant proving possession of more than 10 years prior to the effective date of the law or decree creating such wilderness area.", "quote_es": "Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "The State's forest heritage consists of real property not subject to private ownership, not registered in the Public Property Registry, within the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code.", "quote_es": "El patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-138029", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-10044", "norm_num": "139", "norm_name": "Ley de Informaciones Posesorias", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "14/07/1941" }, { "doc_id": "norm-32840", "norm_num": "2825", "norm_name": "Ley de Tierras y Colonización", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "14/10/1961" }, { "doc_id": "norm-38394", "norm_num": "4465", "norm_name": "Ley Forestal de 1969", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "25/11/1969" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“III. Respecto al tema de la titulación de áreas boscosas mediante el trámite de información posesoria, este Tribunal ha resuelto: \" Relacionado con lo expuesto por la representación estatal, vinculada con el patrimonial forestal del estado, resulta oportuno hacer una breve referencia sobre el tema. Para ello, es oportuno citar el voto Nº51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el cual en lo que interesa indica: \" IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales. X.- Con el nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso de inconstitucionalidad de Luis Morice Lara contra la Ley de Tierras y Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971). Estas tierras difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En general esas reservas han tenido límites para poseerlas, así como límites -en cuanto a la superficie- para ser inscritas por medio de informaciones posesorias. En un principio su administración fue confiada a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal (artículos 32). Sobre ellas puede el Estado crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo \"Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás organismos de la administración pública\". Estos aprovechamientos en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en contra de lo indicado (artículo 59). XI.- En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en la ley como \"Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de propiedad privada\". Estas tierras, por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder explotar sus propios recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular, especialmente a través de los Certificados de Abono Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). Como la Dirección General Forestal debe contar con personal capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes (artículo 67)...\" De lo anterior se desprende, el patrimonio forestal del Estado, se trata de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil, según la referencia que se hace sobre lo indicado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente a este patrimonio, se encuentra también la propiedad privada. La cual a lo largo de la evolución de la legislación forestal se concedió la oportunidad a poseedores de fundos, que ya habían consolidado su derecho de propiedad por usucapión a titularlos. Esa posibilidad se da a través del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, y por ello se autoriza de manera expresa a titular terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su categoría de manejo a obtener título inscribible en el Registro Público, al comprobar el titulante de una posesión de más de 10 años antes de la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se cree tal área silvestre (artículo 1 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias). (voto 100-F-09 del Tribunal Agrario).”", "body_en_text": "**\"III.** Regarding the issue of the titling of forested areas through the possessory information (información posesoria) proceeding, this Tribunal has ruled: *\" In relation to what was stated by the state representation, linked to the state's forest heritage (patrimonial forestal del estado), it is appropriate to make a brief reference on the subject. To this end, it is appropriate to cite Voto Nº51 of 15 hours 15 minutes of May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which, in pertinent part, indicates: \" IX.- The forest heritage of the State includes the entire national territory (Articles 4, 32 to 42), which in turn can be subdivided into three areas: A) That comprised by the forest regime (régimen forestal) (Articles l, 2, 7, 47 to 54, 66 to 81) B) Forest harvesting (aprovechamientos forestales) on private property lands (Articles 43 to 46, 60 to 65, 82 to 91); and C) the national reserves (reservas nacionales) (Article 32 et seq.).\n\nFor its part, the forest regime—constituted by the set of legal, economic, and technical provisions responsible for giving content to the conservation, protection, and rational use of forests and forest lands (Article 7)—also has three sub-areas: A) protective zones (zonas protectoras), B) national parks, forest reserves, and biological reserves, and C) forests and forest lands. X.—The name national reserves (reservas nacionales) identifies, starting with the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, all those lands denominated by the Fiscal Code of 1865, and later by the same Law No. 13 of January 19, 1939 (Collection of Laws and Decrees, 1939, first semester, p. 10), as national vacant lands (baldíos nacionales). These are immovable properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code (see what was resolved by the Full Court, in the unconstitutionality appeal of Luis Morice Lara against the Land and Colonization Law, regarding the rules on excess lands (demasías), agreed in an extraordinary session on November 25, 1971). These lands differ from privately owned lands registered in the name of the State or its Institutions, and are constituted as a remainder of the two former categories. Originally, in the Colonial era, they were not destined for public service or use. Following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands No. 13 of January 10, 1939 declared them to belong to the State, within the limits of the Republic, provided they had not been acquired in ownership by individuals through legitimate title (e.g., by adverse possession (usucapión)), nor were they registered in the Public Registry in the name of any person—private or public—nor destined for public service. The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961 maintained the same orientation, only expanding those declared, by the previous law, as inalienable (Article 7). In general, these reserves have had limits for possessing them, as well as limits—regarding surface area—for being registered by means of possessory information proceedings (informaciones posesorias). Initially, their administration was entrusted to the Land and Colonies Section of the Department of Rural Credit, Lands and Colonies of the Bank of Costa Rica; later it passed to the Institute of Lands and Colonization (ITCO), and upon the entry into force of the Forestry Law No. 4465, the administration of the State’s forest estate (patrimonio forestal del Estado) was granted to the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) created within the Ministry of Agriculture and Livestock. Today, the General Forestry Directorate forms part of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Articles 9 to 16). All lands considered as national reserves become immediately subject to the purposes of forestry regulations (Article 32). On them the State may create—by Law or by Executive Decree—forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges, and biological reserves, thus forming the forest estate (Article 35). To be colonized or alienated, legislative authorization is required (Article 40), and even if they were possessed by third parties, these acquire no right, the State’s right to reclaim being imprescriptible (Article 33). The national reserves are subject to detailed regulation within the Chapter “On the use of the forest resource on lands of the State and other public administration bodies.” Such uses on national reserves may only be carried out by concession granted by the General Forestry Directorate (Articles 55 and 56). Bidding processes shall be processed according to technical forest management plans (planes técnicos de manejo forestal), subject to the tender document prepared by the Directorate (Article 55, subsection a), with the concessionaires providing sufficient guarantee (Article 56). No person may obtain concessions from the forest estate in quantities exceeding the raw material needs they can demonstrate they require. Authorizations obtained directly or through intermediary persons, contrary to what is indicated, are null (Article 59). XI.—In a diametrically opposed position to that of the national reserves is that of private property, denominated in the law as “On the use of the forest resource on private property lands.” These lands, for reasons of social order, form part of the State’s forest estate. This is so because private parties—operating under any system (agricultural or livestock enterprise, for parceling or colonization, whether nationals or foreigners)—if forest exploitation or the elimination of the forest, in any form, is within their work plans, must necessarily obtain express approval from the General Forestry Directorate, under the terms of the Forestry Law and its regulations (Article 60). Therefore, the State’s forest estate is applicable to all national assets where forest natural resources exist. To be able to exploit their own timber resources, private parties must prepare technical forest plans, and the directorate shall grant them long-term concessions (Article 61). The foregoing implies a voluntary subjection to the forest regime. This is a legal presumption, as it turns out to be the only alternative for the private party, who is prevented from felling trees or utilizing or exploiting forest products within their own property without prior authorization from the General Forestry Directorate (Articles 63 and 65). For these purposes, the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands under private ownership, especially through Forest Payment Certificates (Certificados de Abono Forestal) (Articles 82 to 86) and other fiscal incentives (Article 87). Since the General Forestry Directorate must have trained personnel, forest guards (guardabosques), and maintains relations with authorities, it shall provide the owners all necessary collaboration to keep them free from invasions and squatters (Article 67)…” From the foregoing it follows that the State’s forest estate refers to immovable properties not subject to private property, not registered in the Public Property Registry, under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code, according to the reference made to what was indicated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. Facing this estate is also private property, which, throughout the evolution of forestry legislation, owners of tracts of land (fundos) who had already consolidated their property right through adverse possession (usucapión) were given the opportunity to title them. This possibility occurs through compliance with the requirements of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), and therefore it is expressly authorized to title lands located in protected wilderness areas, whatever their management category, to obtain a title registrable in the Public Registry, upon the title applicant proving possession of more than 10 years prior to the effective date of the law or decree creating such wilderness area (Articles 1 and 7 of the Possessory Information Law). (Voto 100-F-09 of the Agrarian Tribunal).”" }