{ "id": "nexus-ext-1-0034-139699", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Libertad de expresión de juez y parcialidad en contencioso minero", "title_en": "Judicial free speech and impartiality in mining administrative case", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve una recusación presentada contra el juez David Fallas Redondo en el marco de un proceso contencioso administrativo sobre una concesión minera a cielo abierto. La parte recurrente alegó parcialidad del juez por publicaciones en Internet donde manifestaba una posición crítica frente al TLC, y por exceso de protagonismo en la prueba. La Sala analiza el alcance de la libertad de expresión de los jueces a la luz de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Electoral y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Determina que los jueces pueden emitir opiniones sobre asuntos de interés nacional, pero deben inhibirse si deben fallar sobre un tema respecto del cual ya se pronunciaron. En el caso concreto, no encuentra que las manifestaciones del juez Fallas sobre el TLC tengan relación directa con la legalidad de la concesión minera debatida, por lo que no se configura la causal de parcialidad invocada. Rechaza la recusación.", "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice rules on a recusal motion filed against Judge David Fallas Redondo in the context of an administrative litigation over an open-pit mining concession. The appellant alleged bias based on the judge's Internet publications criticizing the CAFTA free trade agreement and on excessive protagonism in evidentiary proceedings. The Chamber examines the scope of judicial free speech under the Political Constitution, the Organic Law of the Judicial Branch, the Electoral Code, and the American Convention on Human Rights. It holds that judges may voice opinions on matters of national interest but must recuse themselves if called to decide a case on which they have already opined. Here, the judge's statements on CAFTA do not directly address the legality of the contested mining concession; thus, no ground for bias is established. The recusal is denied.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recusación", "inhibición", "adelanto de criterio", "parcialidad", "Ley Orgánica del Poder Judicial", "contencioso administrativo", "Sala Primera", "libertad de expresión" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 28", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 9 inciso 5", "law": "Ley Orgánica del Poder Judicial" }, { "article": "Art. 8 inciso 3", "law": "Ley Orgánica del Poder Judicial" }, { "article": "Art. 191", "law": "Ley Orgánica del Poder Judicial" }, { "article": "Art. 146", "law": "Código Electoral" }, { "article": "Art. 8.1", "law": "Convención Americana sobre Derechos Humanos" } ], "keywords_es": [ "libertad de expresión", "imparcialidad judicial", "recusación", "jueces", "concesión minera", "TLC", "parcialidad", "Ley Orgánica del Poder Judicial", "derecho fundamental", "Sala Primera" ], "keywords_en": [ "freedom of speech", "judicial impartiality", "recusal", "judges", "mining concession", "CAFTA", "bias", "Organic Law of the Judicial Branch", "fundamental right", "First Chamber" ], "excerpt_es": "De lo anterior, se tiene que quienes administran justicia no están impedidos para verter opiniones sobre los temas de su interés, y en particular, sobre asuntos del acontecer nacional sino que, salvo la limitación ya indicada, se encuentran cubiertos por la libertad de expresión arriba mencionada. Claro está, su ejercicio lleva aparejado que, en caso de que le corresponda resolver sobre un tema específico respecto del cual haya vertido su opinión, pese sobre él la obligación de inhibirse del conocimiento de ese proceso (sin perjuicio de la eventual recusación que pueda formular alguna de las partes). [...] A la luz de lo anterior, en el presente asunto no observa esta Sala incorrección alguna del juez Fallas Redondo. Sus manifestaciones no pueden catalogarse dentro de la prohibición que establecen los cuerpos normativos mencionados, y en ese tanto, se enmarcan dentro del contenido esencial de su derecho fundamental a la libertad de expresión, del que gozan todos los habitantes de la República. Nótese que todas las publicaciones referidas por la parte recurrente versan sobre la polémica que se suscitó con motivo de la aprobación del TLC, y sobre la orientación política del indicado juzgador. Sin embargo, en forma alguna se logra extraer que se haya referido sobre la legalidad de la concesión.", "excerpt_en": "From the foregoing, it follows that those who administer justice are not barred from voicing opinions on topics of their interest, and particularly on matters of national relevance, but rather, subject to the limitation already indicated, they are covered by the freedom of expression mentioned above. Of course, its exercise entails that, should they have to decide on a specific matter on which they have already opined, the obligation to recuse themselves from hearing that case weighs upon them (without prejudice to any challenge that any of the parties may file). [...] In light of the above, in the present matter this Chamber finds no impropriety on the part of Judge Fallas Redondo. His statements cannot be classified within the prohibition established by the aforementioned normative bodies, and to that extent, they fall within the essential core of his fundamental right to freedom of expression, which all inhabitants of the Republic enjoy. Note that all the publications cited by the appellant concern the controversy that arose regarding the approval of CAFTA, and the political orientation of the said judge. However, in no way can it be gleaned that he addressed the legality of the concession.", "outcome": { "label_en": "Recusal denied", "label_es": "Recusación denegada", "summary_en": "The First Chamber holds that Judge Fallas Redondo's publications about CAFTA do not demonstrate bias regarding the legality of a mining concession, and therefore denies the recusal.", "summary_es": "La Sala Primera determina que las publicaciones del juez Fallas Redondo sobre el TLC no demuestran parcialidad respecto de la legalidad de una concesión minera, por lo que rechaza la recusación." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "From the foregoing, it follows that those who administer justice are not barred from voicing opinions on topics of their interest, and particularly on matters of national relevance, but rather, subject to the limitation already indicated, they are covered by the freedom of expression mentioned above.", "quote_es": "De lo anterior, se tiene que quienes administran justicia no están impedidos para verter opiniones sobre los temas de su interés, y en particular, sobre asuntos del acontecer nacional sino que, salvo la limitación ya indicada, se encuentran cubiertos por la libertad de expresión arriba mencionada." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "Prejudgment, furthermore, may, in some cases, be an indication of a judge's bias; to that extent, it would constitute a reason for recusal in order to ensure the principle of impartiality.", "quote_es": "El adelanto de criterio, por demás puede, en algunos casos, ser indicio de parcialidad de un juzgador; en ese tanto se enmarcaría como un motivo para que se separe de la causa con el objeto de asegurar el principio de imparcialidad." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "Note that all the publications cited by the appellant concern the controversy that arose regarding the approval of CAFTA, and the political orientation of the said judge. 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De la anterior reseña, se tiene que IISA reclama una parcialidad del Tribunal, con base en dos\ncircunstancias: A) desobediencia a la obligación de inhibirse por parte del juez Fallas; B) exceso\nde protagonismo y pérdida de objetividad en la evacuación de la prueba. En torno a las alegaciones\nsobre el juez David Fallas Redondo por las publicaciones que efectuó en Internet, en donde mantiene\nuna posición crítica respecto a la aprobación del TLC, esta Sala debe indicar lo siguiente. La\nlibertad de expresión es un derecho fundamental consagrado tanto en la Constitución Política\n(precepto 28) como en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos (disposición 19). El\nprimero indica: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni\npor acto alguno que no infrinja la ley. / Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden\npúblico o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. / No se podrá, sin\nembargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de\nreligión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.”; por su parte, el segundo señala:\n“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de\nno ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y\nel de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” En lo que\nrespecta a los juzgadores, este derecho resulta limitado en la materia político electoral, así como\nen relación con los asuntos que deban conocer. En cuanto a lo primero, la LOPJ, en su artículo 9,\nen lo de interés dispone: “Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial: […]\n5. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en\nelecciones generales. / 6. Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de\ncarácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos.” Por su\nparte, el Código Electoral (tanto en su redacción actual como en la anterior) establece que los\nmagistrados y funcionarios que administren justicia no podrán participar en las actividades de los\npartidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o\ninfluencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o\nvehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género; de manera que sólo podrán\nejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones (preceptos 146 de la versión vigente y\n88 de la derogada). De lo anterior, se tiene que quienes administran justicia no están impedidos\npara verter opiniones sobre los temas de su interés, y en particular, sobre asuntos del acontecer\nnacional sino que, salvo la limitación ya indicada, se encuentran cubiertos por la libertad de\nexpresión arriba mencionada. Claro está, su ejercicio lleva aparejado que, en caso de que le\ncorresponda resolver sobre un tema específico respecto del cual haya vertido su opinión, pese sobre\nél la obligación de inhibirse del conocimiento de ese proceso (sin perjuicio de la eventual\nrecusación que pueda formular alguna de las partes). Lo expuesto es una consecuencia clara del\nprincipio de imparcialidad y de lo preceptuado en la disposición 8 inciso 3, en concordancia con\nel artículo 191, ambos de la LOPJ, la cual señala que los juzgadores no podrán expresar, ni\nsiquiera insinuar privadamente, su opinión respecto de los asuntos que están llamados a fallar o\nconocer. De igual forma, cabe mencionar que esta es una de las causales de inhibición y recusación\nprevistas en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso contencioso\nadministrativo. Al margen del momento en que se dan las manifestaciones, resulta claro que lo\ndeterminante es evitar la participación de un juez en la resolución de un asunto respecto del cual\nya se pronunció, al margen de si sus manifestaciones se dieron antes o después de interpuesto el\nproceso. Incumplir este mandato constituye falta gravísima y deberá ser puesto en conocimiento del\nMinisterio Público. El adelanto de criterio, por demás puede, en algunos casos, ser indicio de\nparcialidad de un juzgador; en ese tanto se enmarcaría como un motivo para que se separe de la\ncausa con el objeto de asegurar el principio de imparcialidad que se desprende de los cánones 35,\n39, 41, 42 y 154 de la Carta Magna, y se reconoce en el mandato 8.1 de la Convención Americana\nsobre Derechos Humanos, el cual dispone: “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas\ngarantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e\nimparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación\npenal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,\nlaboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” A la luz de lo anterior, en el presente asunto no\nobserva esta Sala incorrección alguna del juez Fallas Redondo. Sus manifestaciones no pueden\ncatalogarse dentro de la prohibición que establecen los cuerpos normativos mencionados, y en ese\ntanto, se enmarcan dentro del contenido esencial de su derecho fundamental a la libertad de\nexpresión, del que gozan todos los habitantes de la República. Nótese que todas las publicaciones\nreferidas por la parte recurrente versan sobre la polémica que se suscitó con motivo de la\naprobación del TLC, y sobre la orientación política del indicado juzgador. Sin embargo, en forma\nalguna se logra extraer que se haya referido sobre la legalidad de la concesión. Pretender asimilar\neste tema con el TLC implica una extensión excesiva de las limitaciones impuestas a los juzgadores,\ncon ocasión de su cargo, respecto de su libertad de expresión, así como de las causales de\ninhibición previstas en el ordenamiento jurídico. Desde otro ángulo, no encuentra este órgano\ndecisor elementos indicativos para confirmar que el juez cuestionado tenga convicciones que puedan\nimpedirle, en concreto, emitir un fallo imparcial capaz de conllevar una decisión viciada. Ni se\nenmarca en lo atribuido al Juez Fallas Redondo dentro de la normativa específica del Código de\nÉtica Judicial, propiamente el numeral 9 inciso 1). No consta que dicho servidor judicial hubiere\nasumido antes del presente asunto posiciones o conductas específicas en cuanto a la concesión\nminera a cielo abierto o en particular relativas a la concesión aquí debatida.”", "body_en_text": "VI. From the foregoing account, it is understood that IISA claims partiality on the part of the Court, based on two circumstances: A) disobedience of the duty to recuse himself by Judge Fallas; B) excessive protagonism and loss of objectivity in the taking of evidence. Regarding the allegations concerning Judge David Fallas Redondo due to the publications he made on the Internet, in which he maintains a critical position regarding the approval of the TLC, this Chamber must indicate the following. Freedom of expression is a fundamental right enshrined both in the Political Constitution (precept 28) and in the Universal Declaration of Human Rights (provision 19). The former states: “No one may be disturbed or persecuted for the expression of his opinions or for any act that does not violate the law. / Private actions that do not harm public morals or order, or that do not harm a third party, are beyond the reach of the law. / However, no political propaganda may be carried out in any form by clergy or laypersons invoking motives of religion or using religious beliefs as a means.”; for its part, the latter states: “Every individual has the right to freedom of opinion and expression; this right includes the right not to be molested on account of his opinions, the right to investigate and receive information and opinions, and the right to disseminate them, without limitation of frontiers, by any means of expression.” With respect to judges, this right is limited in electoral political matters, as well as in relation to the matters they are called upon to hear. As to the former, the LOPJ, in its Article 9, in the pertinent part, provides: “All officials and employees of the Judicial Branch are prohibited from: […] 5. Any participation in electoral political processes, except the casting of their vote in general elections. / 6. Taking an active part in meetings, demonstrations, and other acts of an electoral or partisan political nature, even if they are permitted to other citizens.” For its part, the Electoral Code (both in its current wording and in the previous one) establishes that magistrates and officials who administer justice may not participate in the activities of political parties, attend clubs or meetings of a political nature, use the authority or influence of their positions for the benefit of political parties, place party flags on their homes or vehicles, nor make partisan ostentation of any other kind; so that they may only exercise the right to cast their vote on election day (precepts 146 of the current version and 88 of the repealed one). From the foregoing, it follows that those who administer justice are not prevented from expressing opinions on topics of their interest, and in particular, on matters of national concern, but rather, except for the limitation already indicated, they are covered by the freedom of expression mentioned above. Of course, the exercise of that right entails that, should they be called upon to rule on a specific topic on which they have expressed their opinion, they bear the obligation to recuse themselves (inhibición) from hearing that process (without prejudice to the eventual recusal (recusación) that any of the parties may file). The foregoing is a clear consequence of the principle of impartiality and of what is prescribed in provision 8, subsection 3, in conjunction with Article 191, both of the LOPJ, which indicates that judges may not express, not even privately insinuate, their opinion regarding the matters they are called upon to decide or hear. Likewise, it is worth mentioning that this is one of the grounds for recusal and disqualification provided for in the Civil Procedure Code, of supplementary application to the administrative contentious process. Regardless of the moment when the statements are made, it is clear that the determining factor is to prevent a judge's participation in the resolution of a matter on which he has already pronounced, regardless of whether his statements were made before or after the process was filed. Failure to comply with this mandate constitutes a very serious fault and must be brought to the attention of the Public Ministry. The advancement of opinion, moreover, can, in some cases, be an indication of partiality on the part of a judge; to that extent, it would constitute a reason for him to be separated from the case for the purpose of ensuring the principle of impartiality that derives from canons 35, 39, 41, 42, and 154 of the Magna Carta, and is recognized in mandate 8.1 of the American Convention on Human Rights, which provides: “Every person has the right to be heard, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and impartial judge or tribunal, previously established by law, in the substantiation of any criminal accusation made against him, or for the determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature.” In light of the foregoing, in the present matter, this Chamber does not observe any impropriety on the part of Judge Fallas Redondo. His statements cannot be classified within the prohibition established by the aforementioned normative bodies, and to that extent, they fall within the essential content of his fundamental right to freedom of expression, enjoyed by all inhabitants of the Republic. Note that all the publications referred to by the appellant party concern the controversy that arose regarding the approval of the TLC, and regarding the political orientation of the indicated judge. However, it cannot be extracted in any way that he referred to the legality of the concession (concesión). Attempting to assimilate this issue with the TLC implies an excessive extension of the limitations imposed on judges, by reason of their position, regarding their freedom of expression, as well as of the grounds for recusal (inhibición) provided for in the legal system. From another angle, this decisional body finds no indicative elements to confirm that the questioned judge holds convictions that could specifically prevent him from issuing an impartial ruling capable of leading to a flawed decision. Nor does it fall within what is attributed to Judge Fallas Redondo within the specific regulations of the Judicial Ethics Code, specifically numeral 9, subsection 1). There is no record that said judicial officer had assumed, prior to the present matter, specific positions or conduct regarding the open-pit mining concession or in particular related to the concession (concesión) debated herein.\"" }