{ "id": "nexus-ext-1-0034-140755", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "La posesión ecológica y la imprescriptibilidad del Patrimonio Natural del Estado", "title_en": "Ecological Possession and the Imprescriptibility of the State's Natural Heritage", "summary_es": "La sentencia analiza la naturaleza jurídica del dominio público y del Patrimonio Natural del Estado (PNE), resaltando su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. A partir de un profundo recuento normativo —desde el Código Fiscal de 1865 hasta la Ley Forestal 7575—, el tribunal establece que los bosques y terrenos forestales en reservas nacionales forman parte del PNE y no pueden ser poseídos por particulares ni generar derechos a su favor. Se examina la excepción de la ‘posesión ecológica’ regulada por la Ley de Informaciones Posesorias, que únicamente permite la titulación si se demuestra una posesión decenal anterior a la afectación demanial. En el caso concreto, los codemandados no lograron probar dicha posesión previa a la entrada en vigor de la Ley de Tierras y Colonización de 1961, por lo que sus solicitudes de información posesoria fueron rechazadas y archivadas. La decisión subraya que la demanialidad de estos terrenos se remonta a la normativa de 1961 y no a los decretos posteriores que crearon áreas protegidas como la Zona Protectora Arenal-Monteverde.", "summary_en": "The ruling examines the legal nature of public domain and the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), emphasizing its inalienable, imprescriptible, and unseizable character. Through a detailed regulatory history—from the 1865 Tax Code to Forestry Law 7575—the court establishes that forests and forest lands within national reserves form part of the PNE and cannot be possessed by private individuals or generate rights in their favor. It analyzes the ‘ecological possession’ exception under the Informaciones Posesorias Law, which allows titling only if decade-long possession prior to the public-domain designation is proven. In the present case, the co-defendants failed to demonstrate such possession before the 1961 Land and Colonization Law took effect, leading to the rejection and archiving of their possessory information applications. The decision stresses that the public-domain status of these lands originates from the 1961 law rather than later decrees creating protected areas such as the Arenal-Monteverde Protective Zone.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "property-and-titling", "forestry-law-7575" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "demanialidad", "Patrimonio Natural del Estado", "información posesoria", "posesión decenal", "inalienabilidad", "imprescriptibilidad", "posesión ecológica", "Ley de Tierras y Colonización 2825" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 7", "law": "Ley de Tierras y Colonización" }, { "article": "Art. 8", "law": "Ley de Tierras y Colonización" }, { "article": "Art. 11", "law": "Ley de Tierras y Colonización" }, { "article": "Art. 14", "law": "Ley 7575" } ], "keywords_es": [ "Patrimonio Natural del Estado", "dominio público", "posesión decenal", "información posesoria", "inalienabilidad", "imprescriptibilidad", "Reserva Nacional", "Zona Protectora Arenal Monteverde", "Ley de Tierras y Colonización", "posesión ecológica" ], "keywords_en": [ "State Natural Heritage", "public domain", "decade-long possession", "possessory information", "inalienability", "imprescriptibility", "National Reserve", "Arenal Monteverde Protective Zone", "Land and Colonization Law", "ecological possession" ], "excerpt_es": "Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente.", "excerpt_en": "When possession of a public-domain asset is discussed, such discussion is only admissible when the right was acquired before the asset was declared public domain. Likewise, property rights in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated decade-long possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law that declared the object as State Natural Heritage. As the legal chronology protecting the State Natural Heritage has already been set out, the law that must be considered for computing the ten-year possession of private individuals is the Land and Colonization Law No. 2825 of 14 October 1961, currently in force.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The possessory information is denied for failing to demonstrate decade-long possession prior to the 1961 Land and Colonization Law, confirming the inalienability of the State Natural Heritage within the Arenal-Monteverde Protective Zone.", "summary_es": "Se rechaza la información posesoria por no demostrar posesión decenal anterior a la Ley de Tierras y Colonización de 1961, confirmando la inalienabilidad del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Protectora Arenal-Monteverde." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "Public domain assets are subject to a special legal regime, they are under police power, and they are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility.", "quote_es": "Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad." }, { "context": "Considerando V", "quote_en": "Article 14 of the same current forestry law emphatically states that forest lands and forests constituting the State natural heritage are imprescriptible, unseizable, and inalienable, and their possession by private individuals shall not create any right in their favor.", "quote_es": "El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7575 Art. 14" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-12648", "norm_num": "7317", "norm_name": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/10/1992" }, { "doc_id": "norm-27738", "norm_num": "7554", "norm_name": "Ley Orgánica del Ambiente", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "04/10/1995" }, { "doc_id": "norm-32840", "norm_num": "2825", "norm_name": "Ley de Tierras y Colonización", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "14/10/1961" }, { "doc_id": "norm-38394", "norm_num": "4465", "norm_name": "Ley Forestal de 1969", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "25/11/1969" }, { "doc_id": "norm-39796", "norm_num": "7788", "norm_name": "Ley de Biodiversidad", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1998" }, { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“V.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública\ndel Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido\na un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio\npúblico se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico.\nEl elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere\no se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso\nel inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos\nseñalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de\nnormas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se\npersigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada\nal bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están\nsometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se\ncaracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están\ndirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o\nposesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho\nprivado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la\nDemanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso\nestableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de\npublicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los\nadministrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde\nel mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de\nbienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado\nCódigo Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a-\nlas cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos\nbienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede\nobservarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de\nla voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21\nde febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien\nse establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con\nel artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de\ndominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien\nDemanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se\nprohibe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa\ncaracterística y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una\nsituación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su\ncondición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e\ninembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques Primarios. Lo\nanterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código\nFiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley\nGeneral de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente\nlas mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: \"Que los terrenos comprendidos\nen los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante\ntítulo legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado.\"- Esta ley en general\nregula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las\nReservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de\napropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de\noctubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella\nfecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: \"Exceptuado los casos\nprevistos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier\notra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y\ncultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación.\nTodo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la\nautorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o\nmerodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso\nde esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio\nde otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas\".- Nótese que\neste artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar\ncualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión\npues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al\nEstado en carácter de Reservas Nacionales: \"a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de\nla República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las\nInstituciones Autonómas. b-) Los que no estén amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por\nleyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general\ntodo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.\"- Por su\nparte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil\nnovecientos sesenta y nueve dispuso: \"Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los\nbosques y terrenos forestales ubicados en: \"a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales...\" Y\nel artículo 25 de esta misma ley señalaba: \"La posesión de los terrenos situados en las Reservas\nNacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de\nninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la\nDirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales\nterrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas\nprotectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas\".- Con estas normas se\notorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva\nNacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir\nPatrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie.\nEste aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: \"Los terrenos\nNacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es\ndecir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de\nconformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal\".- El artículo 80 de\nla citada Ley Forestal derogada indicaba: \"Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en\nlos Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta\nlas Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia...\" El\nartículo 6 de esta misma ley disponía: \" Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con\nmulta de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin\nautorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona\nProtectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo\nestipulado en el artículo 227 del Código Penal.-\" Como puede observarse los actos posesorios\nrealizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir\nningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de\njunio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece:\n\"El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de\nlas Reservas Nacionales...\". El artículo 33 de esa misma ley dispone: \"Los terrenos forestales y\nbosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán\ninembargables e inalienables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor\ny la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no\nson susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y\nocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley\".- Con la actual Ley Forestal vigente\nnúmero 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido\nexclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado\ndesde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio\nNatural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas\nnacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la\nAdministración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que\nlos terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son\nimprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho\nalguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de\n1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a\nla fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del\nPatrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de\n1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la\nLey Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la\ndiversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a\naquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y\nque estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la\nLey Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones\nPosesorias, posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo\nque se entiende como posesión ecológica, y se demuestre una posesión de diez años de antelación a\nafectación como dominio público. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio\nNatural del Estado, pues está compuesto por bosque primario ubicado dentro de la Zona Protectora\nArenal Monteverde, lo que es claro dicho territorio es Patrimonio Natural del Estado, desde antes de\nque fuera creada mediante Decreto número 6778-A del 2 de febrero de 1997 con la creación de la\nReserva Forestal Arenal, y del Decreto número 20172. Mirenem del 24 de enero de 1991 el cual crea la\nZona Protectora Arenal-Montevede, como ya se expuso en el historial normativo supra. Cuando se\ndiscute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el\nderecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de\npropiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión\ndecenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que\ndeclara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que\ntutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el\ncómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825\ndel 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente. No debe considerarse el Código Fiscal de\n1865 y la Ley de Terrenos Baldíos de 1939, pues fueron normas que hacían referencia al tópico en\nforma genérica, además que no son disposiciones vigentes en la actualidad, no es sino hasta con la\nactual Ley de Tierras y Colonización que se viene a definir y regular en forma clara la Propiedad o\nPatrimonio Natural del Estado, máxime si conderamos el inmueble de marras es de relevancia para\nrecarga acuífera que abastece de agua tanto a las actividades agrícolas, poblacionales e\nhidroeléctricas de la vertiente pacífico y atlántico, de allí sea también de aplicación lo dispuesto\nen el artículo 7 de la citada Ley de Tierras y Colonización al declarar como demanio público\naquellos inmuebles que sean de recarga acuífera para abastecimiento de ese recurso hídrico y para su\nreserva. Las leyes posteriores como Ley Forestal y otras que se han citado en este considerando, son\ncomplementarias a la referida Ley de Tierras y Colonización. Para el caso concreto, de la prueba\ntestimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí\nexpuesta.- Por las razones dichas, al ser los inmuebles involucrados Patrimonio Natural del Estado,\nlos codemandados no podrán titular a su favor los inmuebles descritos en los planos catastrados\nnúmeros A-234818-95 de Norma Badilla Navarro, A-284020-95 de Olger Badilla Navarro, y A-234819-95 de\nJosé Gustavo Badilla Jiménez, y los terrenos sin inscribir que Roy Canet Zamora y Esmeralda Zamora\nalegan poseer y que miden respectivamente 128 ha 4743.67 metros cuadrados según plano A-771547-2002\nt 240 ha 5150.30 según plano A-771548-2002. De allí, la información posesoria que se tramita para la\ninscripción de estos inmuebles debe ser archivada al tratarse de inmuebles no objeto de titulación\nsegún la prueba testimonial recabada en este proceso ordinario, donde no demuestran una posesión\ndecenal anterior a la Ley de Tierras y Colonización de 1961 según ya se ha expuesto, de allí carezca\nde relevancia si los inmuebles están comprendidos dentro de la Zona Protectora Arenal Monteverde de\n1991 o bien Reserva Forestal Arenal de 1977, pues ello no determina el inicio de la demanialidad\ncomo ya si indicó, pues los codemandados debieron demostrar diez años de posesión antes de la Ley de\nTierras y Colonización, y no del Decreto que creó la referida Zona Protectora Arenal Monteverde.”", "body_en_text": "V.- Public Domain (Dominio Público) - for the case at hand - is the set of publicly owned property of the State, lato sensu, designated for direct or indirect public use by the inhabitants, and subject to a special regime of public law and, therefore, exorbitant from private law. The public domain (dominio público) consists of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right -the State-; the objective element refers to or is constituted by the asset or assets over which the public domain falls -for this case, the real property subject to litigation-; the normative element determines when an asset meets the requirements set forth by law to be considered demanial (demanial), it is the set of rules that govern it -a list of rules that will be stated hereinafter-; and the teleological element refers to the purpose pursued by including a given asset within the public domain, what public purpose is assigned to the asset -in this case, the protection of natural resources-. Public domain assets are subject to a special legal regime, they are subject to a police power, and are essentially characterized by their inalienability (inalienabilidad) and imprescriptibility (imprescriptibilidad). By their nature, they are aimed at satisfying public needs; this fact prevents any tenure or possession over them by private individuals or persons, they are outside of private law commerce. Our Political Constitution, in its Article 121, paragraph 14), makes reference to Demaniality (Demanialidad), indicating which assets are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public designation (afectación pública), ranging from an intense and absolute degree of publicatio (publicatio) to other less intense degrees, and the rights of the administered parties are harmonized with the powers of the Administration. Our current Civil Code, dating from the month of April one thousand eight hundred eighty-six, regulates the most important basic principles regarding public domain assets, specifically in its Articles 261 to 263. Article 262 of the aforementioned Civil Code makes reference to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside of commerce, and b- it establishes the dedesignation (desafectación) by stating that said assets cannot enter private commerce while legally not so disposed. As can be observed, the designation under the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but on the will of the legislator. By means of vote number 447-91 at fifteen hours thirty minutes on February 21, 1991, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) states that the declaration of public domain of an asset is established by law; this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with Article 45 of the Magna Carta, because this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. The State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) is a Demanial (Demanial) asset regulated in a broad regulatory body in which, historically up to the present day, private individuals are prohibited from carrying out any type of work within real properties with that characteristic and, as a consequence, are denied the right of possession, with an exception made in a specific situation that will be stated later. Considered as State Heritage, -in its condition as Public Demanio (Demanio Público) which implies the principles of imprescriptibility, inalienability, and unattachability (inembargabilidad)-, are lands that constitute National Reserves (Reservas Nacionales) that have Primary Forests (Bosques Primarios). The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: 1) The 1865 Fiscal Code (Código Fiscal) which includes a chapter referring to forests, which was repealed by the General Law of Waste Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) Number thirteen of January 6, 1939, which incorporated practically the same provisions. For example, Article one indicated: \"That the lands comprised within the limits of the Republic, which have not been acquired or registered in ownership by means of a legitimate title by private individuals, are presumed waste lands (baldíos) and belong to the State.\"- This law generally regulates the prohibition on possessing and registering, through the process of possessory information (informaciones posesorias), the National Reserves that are State Forest Heritage, in other words, they are not susceptible to appropriation by private individuals.- The Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) Number 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and has been in force since that date. Thus, Article 8 of that Land and Colonization Law establishes: \"Excepting the cases provided for in this law, private individuals are prohibited from enclosing with fences, lanes, or any other form, the lands declared National Reserves, felling forest, establishing constructions and crops, or extracting from them firewood, timber, vines, palm, and other products for exploitation purposes. Any act of this kind, if the legal procedures have not previously been completed and the corresponding authorization obtained, will be considered, as the case may be, as usurpation of public domain or poaching (merodeo), the authorities being obliged to order the destruction and removal of the fences and to impede the use of these lands, without right to indemnity or to claims for the value of improvements and without prejudice to other liabilities that may be incurred by those committing such offenses\".- Note that this article criminally sanctions anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands, so this act cannot be considered as possession because their activity would be illegitimate.- Article 11 of that same Law establishes that the following belong to the State in the nature of National Reserves: \"a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or of the Autonomous Institutions. b-) Those not protected by ten-year possession (posesión decenal).- c-) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies.- d-) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services.\"- For its part, Article 19 of the repealed Forest Law (Ley Forestal) number 4465 of November twenty-third, one thousand nine hundred sixty-nine, provided: \"All forests and forest lands located in: \"a-) The lands considered National Reserves...\" are designated for the purposes of this law. And Article 25 of this same law stated: \"The possession of lands situated in the National Reserves and State estates referred to in Article 19 of this Law, shall not create rights of any kind and the State's action for recovery over them is imprescriptible, and the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them wholly or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks, Forest Reserves (Reservas Forestales), and Biological Reserves (Reservas Biológicas)\".- With these rules, the forests mentioned therein are granted a double safeguard: First, due to their condition as a National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, because they constitute State Forest Heritage, in which no act of possession shall create any right of any kind. This aspect is confirmed by Article 8 of the regulation to that law, which says: \"The National lands comprised within the areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they may not leave the domain of the State, and their possession shall not cause any right of any kind in accordance with the provisions of Articles 25, 49 and 57 of the Forest Law\".- Article 80 of the cited repealed Forest Law indicated: \"The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves, and Protective Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, as long as their classification and transfer have not been determined...\" Article 6 of this same law provided: \" A person shall be sanctioned with imprisonment of six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days multi, who: a-) Exploits a forest of the forest heritage without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone, or Forest Reserve... If the invasion is in National Reserves, it shall be subject to the provisions of Article 227 of the Criminal Code.-\" As can be observed, possessory acts carried out in a State heritage forest are illegitimate and therefore cannot confer any right of possession.- With the entry into force of Forest Law Number 7174 of June 28, 1990, this same philosophy is continued. In Article 32 of the cited law, it establishes: \"The State forest heritage is constituted by all the forests and forest lands of the National Reserves...\". Article 33 of that same law provides: \"The forest lands and forests that constitute the State Forest Heritage detailed in the previous article shall be unattachable (inembargables) and inalienable, their possession by private individuals shall not cause any right in their favor, and the State's action for recovery for these lands is imprescriptible.- Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry by means of Possessory Information, their invasion and occupation shall be sanctioned in accordance with the provisions of this Law\".- With the current Forest Law in force, number 7575 of February 5, 1996, in its Title II, it regulates a single chapter referring exclusively to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), maintaining the same philosophy that had been initiated since 1865 with the Fiscal Code, so it is reiterated in this new regulation that the Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, and the estates registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same current forest law is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State are imprescriptible, unattachable, and inalienable, and their possession by private individuals shall not cause any right in their favor. The Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) Number 7317 of October 21, 1972, in its Articles 3 and 4, in addition to the declaration as public domain and public interest, of wild fauna and flora respectively, indicates that the wild flora and fauna are part of the National Heritage. In this same sense, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) number 7788 of April 30, 1998, in its Article 6, declares the elements of biodiversity as public domain, as well as the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente) in its Article 46, which establishes the sovereignty of the State over biological diversity. In view of the foregoing, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National Reserves.- To that imperative prohibition, through Forest Law Number 7575 of the year 1996, which reforms Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), the titling of forests is made possible when what is understood as ecological possession (posesión ecológica) has been developed within them, and a possession of ten years prior to the designation as public domain is demonstrated. The land subject to this possessory information is Natural Heritage of the State, because it is composed of primary forest (bosque primario) located within the Arenal Monteverde Protective Zone (Zona Protectora Arenal Monteverde), making it clear that said territory is Natural Heritage of the State, from before it was created by Decree number 6778-A of February 2, 1997, with the creation of the Arenal Forest Reserve (Reserva Forestal Arenal), and Decree number 20172. Mirenem of January 24, 1991, which creates the Arenal-Monteverde Protective Zone, as already set forth in the regulatory history supra. When possession of a demanial asset is disputed, such discussion shall only be possible when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of property in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated a ten-year possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the effective date of the law that declares the object as Natural Heritage of the State. As the legal chronology that safeguards the Natural Heritage of the State has already been set forth, the law that must be taken into consideration for computing the ten-year possession of private individuals is the Land and Colonization Law number 2825 of October 14, 1961, regulations currently in force. The Fiscal Code of 1865 and the Waste Lands Law of 1939 should not be considered, because they were rules that referred to the topic in a generic manner, and moreover, they are not provisions currently in force; it is not until the current Land and Colonization Law that the Property or Natural Heritage of the State comes to be clearly defined and regulated, especially considering that the real property in question is relevant for the aquifer recharge (recarga acuífera) that supplies water for both agricultural, population, and hydroelectric activities on the Pacific and Atlantic slopes, hence the provisions of Article 7 of the cited Land and Colonization Law are also applicable by declaring as public demanio (demanio público) those real properties that serve as aquifer recharge for the supply of that water resource and for its reserve. The later laws, such as the Forest Law and others that have been cited in this considering clause, are complementary to said Land and Colonization Law. For the specific case, the testimonial evidence gathered does not demonstrate that ten-year possession under the terms of the regulations set forth herein.- For the reasons stated, as the involved real properties are Natural Heritage of the State, the co-defendants shall not be able to title in their favor the real properties described in cadastral plans numbers A-234818-95 of Norma Badilla Navarro, A-284020-95 of Olger Badilla Navarro, and A-234819-95 of José Gustavo Badilla Jiménez, and the unregistered lands that Roy Canet Zamora and Esmeralda Zamora allege to possess and that measure respectively 128 ha 4743.67 square meters according to plan A-771547-2002 and 240 ha 5150.30 according to plan A-771548-2002. Hence, the possessory information being processed for the registration of these real properties must be archived, as they are real properties not subject to titling according to the testimonial evidence gathered in this ordinary proceeding, where they do not demonstrate a ten-year possession prior to the Land and Colonization Law of 1961, as has already been set forth; hence, it lacks relevance whether the real properties are comprised within the Arenal Monteverde Protective Zone of 1991 or the Arenal Forest Reserve of 1977, since that does not determine the commencement of demaniality (demanialidad), as already indicated, because the co-defendants had to demonstrate ten years of possession before the Land and Colonization Law, and not before the Decree that created said Arenal Monteverde Protective Zone." }