{ "id": "nexus-ext-1-0034-142275", "citation": "Res. 00479-2011 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Prescripción de faltas disciplinarias en el CFIA por integración normativa", "title_en": "Prescription of disciplinary offenses in the CFIA through normative integration", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema resolvió un recurso de casación sobre la prescripción en un procedimiento disciplinario del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). El caso se originó porque un ingeniero autorizó planos para un proyecto en una zona de protección, sin informar al cliente de los obstáculos legales. El recurrente alegó que el inicio del procedimiento sancionatorio había prescrito según el artículo 101 del reglamento disciplinario del CFIA, que fija un plazo de dos años desde que la parte afectada conoce los hechos. La Sala aclaró que este plazo aplica cuando el afectado denuncia, pero cuando el CFIA actúa de oficio, el cómputo inicia cuando el colegio profesional tiene conocimiento de la falta. Además, ante la falta de regulación expresa sobre la prescripción de la falta en sí, la Sala integró el ordenamiento aplicando supletoriamente el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece un plazo de cinco años. Determinó que entre la conducta imputada (enero de 2001) y la comunicación del inicio del procedimiento (marzo de 2003) no transcurrieron los cinco años, por lo que la falta no estaba prescrita. Rechazó los agravios del recurrente confirmando la sanción disciplinaria impuesta.", "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court ruled on an appeal regarding the statute of limitations in a disciplinary proceeding of the Federated College of Engineers and Architects (CFIA). The case arose because an engineer approved plans for a project in a protected area without informing the client of legal obstacles. The appellant argued that the disciplinary action was time-barred under Article 101 of the CFIA's disciplinary regulations, which sets a two-year period from when the affected party learns of the facts. The Court clarified that this deadline applies when the affected party files a complaint, but when the CFIA acts ex officio, the count begins when the professional association becomes aware of the offense. Furthermore, given the lack of express regulation on the prescription of the offense itself, the Court integrated the legal system by analogically applying Article 71 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General, which provides a five-year limit. It found that between the alleged conduct (January 2001) and the notice of proceedings (March 2003) the five years had not elapsed, so the offense was not prescribed. The appeal was dismissed and the disciplinary sanction upheld.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "2011", "year": "2011", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "CFIA", "prescripción de la acción", "prescripción de la falta", "caducidad", "integración del ordenamiento", "relación de sujeción especial", "artículo 71 LOCGR", "reserva de ley" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 71", "law": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República" }, { "article": "Art. 63", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 182", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 101", "law": "Reglamento del Proceso Disciplinario de los Miembros del CFIA" } ], "keywords_es": [ "prescripción", "CFIA", "procedimiento disciplinario", "Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos", "Ley Orgánica de la Contraloría General", "artículo 71 LOCGR", "integración normativa", "potestad sancionatoria" ], "keywords_en": [ "prescription", "statute of limitations", "CFIA", "disciplinary proceeding", "Federated College of Engineers and Architects", "Organic Law of the Comptroller General", "Article 71 LOCGR", "normative integration", "sanctioning power" ], "excerpt_es": "En lo que atañe al quebranto del artículo 101 del Reglamento, debido a que este determina el momento a partir del cual no resulta válido iniciar el procedimiento, el cómputo de este plazo debe estar ligado a cuándo las partes estén en posibilidad real de ejercer la acción. Así, la norma citada se refiere al supuesto en el que el afectado es quien presenta la denuncia, no cuando es el propio CFIA quien actúa como parte legitimada –no afectada-. Por ello, aplicando este precepto por integración, y siguiendo el criterio externado, se tiene que el cómputo del plazo en cuestión se debe dar a partir de que el colegio profesional tuvo conocimiento de los hechos. Esto, además, por un principio, incluso de rango constitucional, conforme al cual, no puede prescribir ni caducar una acción por falta o lesión que se desconoce.", "excerpt_en": "Regarding the breach of Article 101 of the Regulation, since it determines the moment after which it is not valid to initiate the proceeding, the computation of this period must be linked to when the parties have a real possibility of bringing the action. Thus, the cited provision refers to the scenario in which the affected party files the complaint, not when the CFIA itself acts as a legitimized —not affected— party. Therefore, applying this precept by integration, and following the reasoning expressed, the computation of the period in question must begin when the professional association became aware of the facts. This, moreover, due to a principle, even of constitutional rank, that an action cannot prescribe or expire for an unknown offense or harm.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The First Chamber dismissed the cassation appeal, confirming that the CFIA disciplinary proceeding was not time-barred and that the normative integration applied was lawful.", "summary_es": "La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación, confirmando que el procedimiento disciplinario del CFIA no estaba prescrito y que la integración normativa aplicada fue conforme a derecho." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V", "quote_en": "One must not confuse what the Regulation calls prescription of the action, which consists of the expiration of the exercise of a procedural power —technically akin to a lapse— with the prescription of the offense, which, if claimed, entails the legal impossibility of sanctioning unlawful conduct.", "quote_es": "No debe confundirse lo que el Reglamento denomina prescripción de la acción, la cual consiste en la perención del ejercicio de una potestad procesal –asimilable desde el punto de vista técnico a una caducidad- con la prescripción de la falta, la cual conlleva, en caso de ser alegada, la imposibilidad jurídica de sancionar un actuar antijurídico." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "The supplementary application of the provision contained in the Organic Law of the Office of the Comptroller General does not violate, in any way, the prohibition of resorting to analogy in sanctioning matters because, first, this guarantee applies mainly to the establishment of the offense or the sanction, and second, because in this case, setting a prescription period for the offense results in respect for the principle of legal certainty.", "quote_es": "La aplicación supletoria de la norma prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República no transgrede, en forma alguna, la prohibición de recurrir a la analogía en materia sancionatoria ya que, en primer lugar, esta garantía aplica, principalmente, para el establecimiento de la falta o de la sanción, y en segundo término, porque en este caso, la fijación de un plazo de prescripción de la falta tiene como consecuencia el respeto del principio de seguridad jurídica." }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "By virtue of the foregoing, in this Chamber's opinion, the underlying relationship between a professional association and its members is similar in nature to that existing between the Administration and public servants, through which it acts and over whom it exercises oversight and control.", "quote_es": "En virtud de lo anterior, en criterio de esta Sala, la relación subyacente entre un colegio profesional y sus agremiados presenta una naturaleza afín a la existente entre la Administración y los servidores públicos mediante la cual actúa, y respecto de los cuales ejerce una función de vigilancia y control." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-142275", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-21629", "norm_num": "7428", "norm_name": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "07/09/1994" }, { "doc_id": "norm-49185", "norm_num": "8292", "norm_name": "Ley General de Control Interno", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "31/07/2002" }, { "doc_id": "norm-53738", "norm_num": "8422", "norm_name": "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "06/10/2004" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“V.- Realizada\r\nla anterior aclaración, se conocerán los restantes argumentos, esto es, si la\r\ninterpretación que se comenta resulta ajustada a Derecho y a los hechos que se\r\nderivan de la prueba aportada. El recurrente afirma que no existe laguna, en la\r\nmedida en que la normativa regula todos los posibles supuestos, lo que\r\nsupondría que, al margen de si el procedimiento se inicia a gestión de parte, o\r\nen forma oficiosa, el punto de partida será siempre el momento cuando la “parte\r\nafectada” tuvo conocimiento de los hechos. Esta posición sería insostenible en\r\naquellos casos en donde el afectado por la actuación del profesional no haya\r\nacudido, mediante denuncia, ante el CFIA, sino que la\r\nacción se ejerce en forma oficiosa, bien sea porque el conocimiento de la falta\r\nse obtiene de actuaciones propias del Colegio Profesional (fiscalizaciones,\r\ninspecciones o registros internos) o por información suministrada por terceros,\r\ncomo en este caso. En este punto, conviene realizar la siguiente precisión. No\r\ndebe confundirse lo que el Reglamento denomina prescripción de la acción, la\r\ncual consiste en la perención del ejercicio de una potestad procesal\r\n–asimilable desde el punto de vista técnico a una caducidad- con la prescripción\r\nde la falta, la cual conlleva, en caso de ser alegada, la imposibilidad\r\njurídica de sancionar un actuar antijurídico. De esto se sigue que el\r\nacaecimiento de la primera deriva, necesariamente, en la prescripción de la\r\nfalta. Ambos plazos corren en forma independiente, y presentan algunas\r\nparticularidades. En el caso de la primera, opera de pleno derecho, ya que\r\ncondiciona el actuar administrativo a un término de extinción. En este sentido,\r\nel artículo 63 de la LGAP establece que “Habrá una\r\nlimitación de la competencia por razón del tiempo cuando su existencia o\r\nejercicio esté sujeto a condiciones o términos de extinción. / No se\r\nextinguirán las competencias por el transcurso del plazo señalado para\r\nejercerlas, salvo regla en contrario.” (el\r\ndestacado es suplido). Por ello, una vez transcurrido el lapso de tiempo que\r\nprevé la norma para que se ejerza la conducta sin que el órgano facultado al\r\nefecto la realice, su competencia para iniciar el procedimiento decae en el\r\nasunto concreto, por lo que, al mediar una incompetencia, aún y cuando no se\r\nalegue deberá ser declarada de oficio, tal y como lo exige el artículo 182 de la LGAP. Caso\r\ncontrario ocurre con la prescripción de la falta, la cual requiere ser alegada\r\npor el sujeto que se vea beneficiado, ya que es una defensa de carácter\r\nrenunciable. Por último, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha\r\nseñalado que la prescripción (al menos de los derechos patrimoniales) se\r\nencuentra sujeta al principio de reserva de ley (votos 2008-14004 de las 10 horas\r\n13 minutos del 19 de setiembre de 2008 y 2009-13605\r\nde las 14 horas 56 minutos del 26 de agosto de 2009). No obstante lo anterior,\r\nes criterio de esta Sala que la perención por el ejercicio de la acción bien\r\npuede ser regulado vía reglamentaria, toda vez que se trata de una limitación\r\nde la aplicación temporal de la competencia de la Administración mas\r\nno implica la restricción un derecho patrimonial, tal y como se deriva del\r\nsustrato de los antecedentes citados. \n\r\n\r\n\nVI.- Ahora bien, en lo que atañe al régimen\r\ndisciplinario del CFIA, la primera, esto es, la\r\nprescripción de la acción, se encuentra regulada por el ya citado precepto 101,\r\nel cual fija un plazo de dos años “contados a partir de que la parte\r\nafectada tenga conocimiento de los hechos que den lugar a la comisión de la\r\nfalta, siempre y cuando demuestre que no estuvo en posibilidad razonable de\r\nhaberse enterado de su comisión” (según la redacción de la norma aplicable\r\nal caso, la cual fue reformada con posterioridad). Situación distinta ocurre\r\ncon la prescripción de la falta, la cual no se encuentra regulada en forma\r\nexpresa ni en el Reglamento ni en la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y\r\nArquitectos. Esta omisión normativa obliga a que dicho plazo tenga que ser\r\nfijado mediante integración del ordenamiento, lo cual se debe realizar tomando\r\nen consideración la naturaleza de la relación que vincula al colegio\r\nprofesional con sus agremiados y de la potestad que se ejerce. En este sentido,\r\nla Sala\r\n Constitucional ha conceptualizado a los colegios\r\nprofesionales como:\"Corporaciones de Derecho Público que, por\r\ndelegación de funciones estatales, tienen como finalidad velar por la\r\ncorrección y buen desempeño de las funciones profesionales de los afiliados y\r\ncorregirlos disciplinariamente cuando lesionen a terceros, por ignorancia,\r\nimpericia, desidia o conducta inmoral en su desempeño\" (sentencia\r\nnúmero 01386-90, de las 16 horas 42 minutos del 24 de octubre de 1990). Así,\r\nestas agrupaciones ejercen, en nombre del Estado, una función administrativa\r\nconsistente en fiscalizar que sus agremiados desarrollen su actividad de\r\nacuerdo a los parámetros éticos, morales y profesionales que resultan\r\nexigibles, en atención al marcado interés público que existe en la materia,\r\noriginando, entre ambos, una relación de sujeción especial. En virtud de lo\r\nanterior, en criterio de esta Sala, la relación subyacente entre un colegio\r\nprofesional y sus agremiados presenta una naturaleza afín a la existente entre la Administración y\r\nlos servidores públicos mediante la cual actúa, y respecto de los cuales ejerce\r\nuna función de vigilancia y control. Aunado a lo anterior, la potestad sancionatoria que se analiza resulta en un todo compatible\r\ncon aquella otorgada a la\r\n Administración en materia disciplinaria con ocasión del\r\nejercicio de una potestad de fiscalización, similar a la que aquí se analiza.\r\nPor esto, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Órganica\r\nde la Contraloría\r\n General de la\r\n República, el cual establece un plazo de prescripción de la\r\nfalta de 5 años. Lo anterior debido a que, tanto la de la Ley de Control Interno (Ley\r\nno. 8292) como la Ley\r\ncontra la Corrupción\r\ny Enriquecimiento Ilícito (ley no. 4822), por virtud de los artículos 43 y 44,\r\nrespectivamente, remiten a este precepto para la definición del instituto en\r\ncuestión, y ante la ausencia de otra disposición en el ordenamiento jurídico\r\nadministrativo que regule dicho aspecto, se puede colegir que ambas\r\ncircunstancias le otorgan a dicha norma un carácter general a efectos de\r\nanalizar la prescripción en materia de fiscalización, y la consecuente\r\nposibilidad sancionatoria (sin perjuicio, claro está,\r\nde una regulación especial). Al efecto señala el numeral citado de la Ley Orgánica de la Contraloría General\r\nde la República,\r\nen lo que interesa: “La responsabilidad administrativa del funcionario\r\npúblico por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de\r\ncontrol y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes\r\nreglas: / a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la\r\nresponsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento\r\ndel hecho. / b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio\r\n–entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la\r\nresponsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que\r\nel informe sobre la indagación o la auditoría\r\nrespectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente\r\npara dar inicio al procedimiento respectivo. […]” \n\r\n\r\n\nVII.- Es con base en lo\r\nexpuesto en el considerando anterior que se debe analizar la inconformidad\r\nformulada. En lo que atañe al quebranto del artículo 101 del Reglamento, debido\r\na que este determina el momento a partir del cual no resulta válido iniciar el\r\nprocedimiento, el cómputo de este plazo debe estar ligado a cuándo las partes\r\nestén en posibilidad real de ejercer la acción. Así, la norma citada se refiere\r\nal supuesto en el que el afectado es quien presenta la denuncia, no cuando es\r\nel propio CFIA quien actúa como parte legitimada –no\r\nafectada-. Por ello, aplicando este precepto por integración, y siguiendo el\r\ncriterio externado, se tiene que el cómputo del plazo en cuestión se debe dar a\r\npartir de que el colegio profesional tuvo conocimiento de los hechos. Esto,\r\nademás, por un principio, incluso de rango constitucional, conforme al cual, no\r\npuede prescribir ni caducar una acción por falta o lesión que se desconoce.\r\nClaro está, vale aclarar que lo anterior en nada afecta, en atención al\r\nprincipio constitucional de seguridad jurídica, el curso independiente del\r\nplazo de prescripción de la falta. Así, se debe determinar si esto ocurrió a\r\npartir de que se notificó la comunicación del juez penal, según afirma el\r\nTribunal, o si, como aduce el recurrente, debe fijarse el inicio del plazo de\r\nprescripción en un momento anterior. Para tales efectos, conviene reiterar que\r\nel motivo que originó la sanción, el cual no ha sido refutado, fue autorizar un\r\nproyecto, junto con los planos respectivos, en una zona de protección, así como\r\nel no comunicar a su cliente la existencia de factores por los cuales el\r\nproyecto no tendría éxito. Si bien se alega en el recurso que lo anterior pudo\r\nhaber sido conocido por el CFIA cuando se presentaron\r\nlos contratos de servicios profesionales y los planos respectivos, lo cierto es\r\nque de tales actuaciones no se logra desprender la existencia de la falta\r\nimputada. En este sentido, aún y cuando se alegue que se han presentado\r\ndiversos documentos que indican en donde está ubicado el inmueble, la\r\npresentación de planos no es un requisito para determinar en detalle las\r\ncircunstancias circundantes al proyecto, sobre todos si son de ordenlegal(sic).\r\nEn todo caso, la competencia que ejerce el CFIA se\r\nlimita a aspectos constructivos, por lo que, aún y cuando se comprobara el\r\ndicho del actor, no puede considerarse que de esta documentación se logre\r\nextraer que la entidad corporativa demandada pudiera determinar la existencia\r\nde una falta. Lo anterior lleva a concluir que no se dio la violación indirecta\r\nque se reclama, ya que las pruebas cuya indebida valoración se alega, no tienen\r\nla virtud de demostrar que el CFIA tuvo conocimiento\r\nde los hechos en una fecha anterior a la notificación realizada por el juez\r\npenal, tal y como se puede colegir del recuento realizado en el considerando III, de forma que el cargo debe ser rechazado. \n\r\n\r\n\nVIII.- Ahora bien, en atención\r\na los alegatos planteados por el recurrente, conviene referirse a la\r\nprescripción de la falta en el caso concreto. En este sentido, siendo que entre\r\nla conducta que se le imputó al actor, a saber, la autorización de los planos e\r\ninscripción ante el CFIA, ocurrida el 24 de enero de\r\n2001 y la intimación se comunicó el día 25 de marzo de 2003 no transcurrieron\r\nlos cinco años a que se ha hecho referencia en el considerando V, tampoco se\r\npuede considerar que la falta esté prescrita. Por último, cabe aclarar que la\r\naplicación supletoria de la norma prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General\r\nde la República\r\nno transgrede, en forma alguna, la prohibición de\r\nrecurrir a la analogía en materia sancionatoria ya\r\nque, en primer lugar, esta garantía aplica, principalmente, para el\r\nestablecimiento de la falta o de la sanción, y en segundo término, porque en\r\neste caso, la fijación de un plazo de prescripción de la falta tiene como\r\nconsecuencia el respeto del principio de seguridad jurídica en cuanto al\r\nfenecimiento de las posibles consecuencias derivadas de una falta, evitando que\r\nel particular esté sometido en forma perpetua a la posibilidad de ser\r\nsancionado. En este sentido, toda falta debe estar sujeta a un plazo de\r\nprescripción, por lo que, en aquellos casos en que el ordenamiento no lo fija,\r\ndebe establecerse en forma supletoria, sin que ello cause perjuicio alguno a\r\nlos derechos del particular. Todo lo anterior conlleva a que se tenga que\r\nrechazar el agravio formulado.”", "body_en_text": "V.- Having made\nthe foregoing clarification, the remaining arguments will be addressed, that is, whether the\ninterpretation under discussion is in accordance with the Law and with the facts that\nderive from the evidence submitted. The appellant affirms that there is no gap, insofar\nas the regulations cover all possible scenarios, which\nwould mean that, regardless of whether the proceeding is initiated by a party complaint (gestión de parte), or\nex officio (en forma oficiosa), the starting point will always be the moment when the “party\naffected (parte afectada)” learned of the facts. This position would be untenable in\nthose cases where the person affected by the professional’s conduct has not filed\na complaint before the CFIA, but rather\nthe action is pursued ex officio, either because knowledge of the\noffense (falta) is obtained from the Professional Association’s own activities (audits (fiscalizaciones),\ninspections, or internal records) or from information provided by third parties,\nas in this case. At this point, it is appropriate to make the following clarification. No\nconfusion should exist between what the Regulation calls the statute of limitations on the action (prescripción de la acción), which\nconsists of the expiration (perención) of the exercise of a procedural power\n—technically comparable to a lapse (caducidad)—and the statute of limitations on the\noffense (prescripción de la falta), which, if raised, results in the legal\nimpossibility of sanctioning unlawful conduct. From this it follows that the\noccurrence of the first necessarily leads to the statute of limitations on the\noffense. Both time limits run independently and present certain\npeculiarities. In the case of the first, it operates as a matter of law (de pleno derecho), since\nit conditions the administrative act to an extinction term. In this sense,\nArticle 63 of the LGAP establishes that “There shall be a\nlimitation of competence by reason of time when its existence or\nexercise is subject to conditions or terms of extinction. / Competences shall not\nbe extinguished by the lapse of the term set for\nexercising them, except as otherwise provided.” (the\nemphasis is added). Therefore, once the time period\nprovided by the rule for carrying out the conduct has elapsed without the authorized body\ndoing so, its competence to initiate the proceeding declines in the\nspecific matter, so that, in the event of incompetence, even if not\nalleged, it must be declared ex officio, as required by Article 182 of the LGAP. The opposite\noccurs with the statute of limitations on the offense, which must be raised\nby the subject who benefits from it, since it is a waivable\ndefense. Finally, it should be noted that constitutional case law has\nindicated that the statute of limitations (at least regarding patrimonial rights) is\nsubject to the principle of legislative reservation (reserva de ley) (votes 2008-14004 of 10 hours\n13 minutes of September 19, 2008, and 2009-13605\nof 14 hours 56 minutes of August 26, 2009). Notwithstanding the above,\nit is the criterion of this Chamber that the expiration for the exercise of the action can\nbe regulated via administrative regulation (vía reglamentaria), since it is a limitation\nof the temporal application of the Administration's competence but\ndoes not imply the restriction of a patrimonial right, as derives from\nthe substance of the cited precedents.\n\nVI.- Now, regarding the disciplinary\nregime of the CFIA, the first, that is, the\nstatute of limitations on the action, is regulated by the aforementioned provision 101,\nwhich sets a period of two years \"counted from when the party\naffected (parte afectada) had knowledge of the facts giving rise to the commission of the\noffense, provided they demonstrate that they were not in a reasonable possibility of\nhaving learned of its commission\" (according to the wording of the rule applicable\nto the case, which was subsequently reformed). A different situation occurs\nwith the statute of limitations on the offense, which is not expressly\nregulated in either the Regulation or the Organic Law of the Federated Association of Engineers and\nArchitects (Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). This regulatory omission requires that said period must be\nestablished through legal integration (integración del ordenamiento), which must be done taking\ninto consideration the nature of the relationship linking the professional\nassociation with its members and the power being exercised. In this sense,\nthe Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has conceptualized professional\nassociations as: \"Public Law Corporations that, by\ndelegation of state functions, have the purpose of ensuring the\ncorrectness and proper performance of the professional functions of their affiliates and\ndisciplining them when they injure third parties through ignorance,\nlack of skill (impericia), negligence, or immoral conduct in their performance\" (ruling\nnumber 01386-90, of 16 hours 42 minutes of October 24, 1990). Thus,\nthese groups exercise, in the name of the State, an administrative function\nconsisting of supervising that their members carry out their activity in\naccordance with the ethical, moral, and professional standards that are\ndemandable, given the marked public interest in the matter,\ncreating, between both, a special relationship of subjection (relación de sujeción especial). By virtue of\nthe foregoing, in the criterion of this Chamber, the underlying relationship between a professional\nassociation and its members presents a nature akin to that existing between the Administration and\npublic servants through which it acts, and over whom it exercises\na function of supervision and control. In addition to the above, the sanctioning power (potestad sancionatoria) under analysis is entirely compatible\nwith that granted to the\nAdministration in disciplinary matters arising from the\nexercise of a supervisory power (potestad de fiscalización), similar to the one analyzed here.\nFor this reason, one must resort to the provisions of Article 71 of the Organic Law\nof the Comptroller General\nof the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), which establishes a statute of limitations period for the\noffense of 5 years. The above is because both the Internal Control Law (Ley\nno. 8292) and the Law\nagainst Corruption\nand Illicit Enrichment (ley no. 4822), by virtue of Articles 43 and 44,\nrespectively, refer to this provision for the definition of the concept at\nissue, and given the absence of another provision in the administrative legal\nsystem regulating that aspect, it can be inferred that both\ncircumstances grant said rule a general character for purposes of\nanalyzing the statute of limitations in supervisory matters, and the consequent\nsanctioning possibility (without prejudice, of course,\nto a special regulation). To this effect, the cited provision of the Organic Law of the Comptroller General\nof the Republic,\nstates, in relevant part: \"The administrative responsibility of the public\nofficial for the infractions established in this Law and in the superior\ncontrol and supervision legal framework, shall prescribe according to the following\nrules: / a) In cases where the irregular act is notorious, the\nresponsibility shall prescribe in five years, counted from the occurrence\nof the act. / b) In cases where the irregular act is not notorious\n—understood as that act which requires a preliminary investigation (indagación) or an\naudit study to report its possible irregularity—the\nresponsibility shall prescribe in five years, counted from the date on which\nthe report on the respective investigation or auditoría\nis brought to the attention of the head or the competent official\nto initiate the corresponding proceeding. […]”\n\nVII.- It is based on what is\nstated in the preceding recital (considerando) that the formulated objection must be analyzed. Regarding the violation of Article 101 of the Regulation, due\nto the fact that this determines the moment from which it is no longer valid to initiate the\nproceeding, the computation of this period must be linked to when the parties\nare actually able to exercise the action. Thus, the cited rule refers\nto the scenario in which the affected party is the one who files the complaint, not when\nthe CFIA itself acts as a legitimized party—not\nthe affected party. Therefore, applying this provision by integration, and following the\nexpressed criterion, the computation of the period in question must be made\nfrom when the professional association had knowledge of the facts. This,\nfurthermore, based on a principle, even of constitutional rank, according to which an\naction for an unknown offense or injury cannot prescribe or lapse.\nOf course, it is worth clarifying that the foregoing in no way affects, in accordance with the\nconstitutional principle of legal certainty (seguridad jurídica), the independent running of the\nstatute of limitations period for the offense. Thus, it must be determined whether this occurred\nfrom the notification of the criminal judge’s communication, as the\nTribunal asserts, or whether, as the appellant argues, the commencement of the\nstatute of limitations period must be set at an earlier time. For these purposes, it is worth reiterating that\nthe reason that caused the sanction, which has not been refuted, was authorizing a\nproject, along with the respective plans, in a protection zone (zona de protección), as well\nas not informing the client of the existence of factors by which the\nproject would not succeed. Although it is argued in the appeal that the foregoing could\nhave been known by the CFIA when\nthe professional services contracts and the respective plans were submitted, the truth is\nthat the existence of the\nimputed offense cannot be deduced from such actions. In this sense, even though it is alleged that\nvarious documents have been submitted indicating where the property is located, the\nsubmission of plans is not a requirement to determine in detail the\ncircumstances surrounding the project, especially if they are of a legal nature (sic).\nIn any case, the competence exercised by the CFIA is\nlimited to constructive aspects, so that, even if the\nplaintiff’s claim were proven, it cannot be considered that from this documentation it can be\ndeduced that the defendant corporate entity could determine the existence\nof an offense. The foregoing leads to the conclusion that the indirect\nviolation claimed did not occur, since the evidence whose improper evaluation is alleged does not\nhave the virtue of demonstrating that the CFIA had knowledge\nof the facts on a date prior to the notification made by the criminal\njudge, as can be deduced from the recount made in recital III, so the objection must be rejected.\n\nVIII.- Now, in light of\nthe arguments raised by the appellant, it is appropriate to refer to the\nstatute of limitations on the offense in the specific case. In this sense, given that between\nthe conduct alleged against the plaintiff, namely, the authorization of the plans and\nregistration before the CFIA, which occurred on January 24,\n2001, and the notification was communicated on March 25, 2003, the\nfive years referred to in recital V did not elapse, it cannot\nbe considered that the offense is time-barred (prescrita). Finally, it is worth clarifying that the\nsupplementary application of the rule provided in the Organic Law of the Comptroller General\nof the Republic\ndoes not violate, in any way, the prohibition against\nresorting to analogy (analogía) in punitive matters, since,\nfirst, this guarantee applies mainly to the\nestablishment of the offense or the sanction, and secondly, because in\nthis case, setting a statute of limitations period for the offense results in\nrespect for the principle of legal certainty regarding the\nexpiration of the possible consequences derived from an offense, preventing\nthe individual from being perpetually subject to the possibility of being\nsanctioned. In this sense, every offense must be subject to a\nstatute of limitations period, so that in those cases where the legal system does not set it,\nit must be established supplementally, without causing any harm to\nthe individual’s rights. All of the foregoing leads to the need to\nreject the formulated grievance.\"\n\nVIII.- Now, in consideration of the arguments raised by the appellant, it is appropriate to address the statute of limitations (prescripción) of the infraction (falta) in the specific case. In this regard, since between the conduct attributed to the plaintiff, namely, the approval of the plans and registration before the CFIA, which occurred on January 24, 2001, and the notification of charges (intimación) being communicated on March 25, 2003, the five years referred to in considerando V had not elapsed, the infraction cannot be considered time-barred (prescrita). Finally, it should be clarified that the supplementary application of the rule provided in the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República does not transgress, in any way, the prohibition on resorting to analogy in sanctioning matters (materia sancionatoria) because, first, this guarantee applies mainly to the establishment of the infraction or the sanction, and second, because in this case, setting a statute of limitations for the infraction results in respect for the principle of legal certainty regarding the expiration of the possible consequences derived from an infraction, thus preventing the individual from being perpetually subject to the possibility of being sanctioned. In this sense, every infraction must be subject to a statute of limitations; therefore, in those cases where the legal system does not set one, it must be established supplementarily, without causing any harm to the individual's rights. All of the foregoing leads to the rejection of the grievance raised.\"" }