{ "id": "nexus-ext-1-0034-143134", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Plazo de prescripción en sanciones de SUGEVAL a puestos de bolsa", "title_en": "Prescription Period for SUGEVAL Sanctions on Broker-Dealers", "summary_es": "La Sala Primera determina el plazo de prescripción aplicable a la potestad sancionatoria de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) sobre puestos de bolsa. Ante el vacío legal en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el Tribunal de apelación había aplicado supletoriamente el plazo de cuatro años del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). La Sala revoca ese criterio, argumentando que la naturaleza de la relación entre SUGEVAL y los puestos de bolsa es afín a la potestad disciplinaria de la Administración. Por ello, mediante integración del ordenamiento, aplica el plazo de cinco años del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, norma que regula la prescripción de la responsabilidad administrativa en materia de fiscalización y control. Se descarta la aplicación de plazos del Código de Comercio o la Ley de Contratación Administrativa por subsidiariedad del derecho privado.", "summary_en": "The First Chamber determines the applicable statute of limitations for the sanctioning power of the Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) over broker-dealers. Faced with a legal gap in the Securities Market Regulatory Law, the appellate court had applied the four-year period of Article 198 of the General Public Administration Act (LGAP). The Chamber reverses, holding that the nature of the relationship between SUGEVAL and broker-dealers is akin to the Administration's disciplinary power. Therefore, by integrating the legal system, it applies the five-year period of Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which governs prescription of administrative liability in oversight and control. Application of Commercial Code or Administrative Contracting Law periods is rejected due to the subsidiarity of private law.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "SUGEVAL", "LOCGR", "LGAP", "autointergración del derecho", "plenitud del ordenamiento", "subsidiariedad", "prescripción" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 71", "law": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República" }, { "article": "Art. 198", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 208", "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "prescripción", "SUGEVAL", "puestos de bolsa", "potestad sancionatoria", "integración del derecho", "derecho administrativo", "artículo 71 LOCGR", "artículo 198 LGAP", "responsabilidad disciplinaria", "autointergración", "laguna legal" ], "keywords_en": [ "statute of limitations", "prescription", "SUGEVAL", "broker-dealers", "sanctioning power", "legal integration", "administrative law", "Article 71 LOCGR", "Article 198 LGAP", "disciplinary liability", "legal gap" ], "excerpt_es": "En virtud de lo anterior, en criterio de esta Cámara, la relación subyacente entre ésta y los puestos de bolsa presenta una naturaleza afín a la existente entre la Administración y los servidores públicos mediante la cual actúa, y respecto de los cuales debe fiscalizar, controlar y vigilar que la prestación de sus funciones sea acorde con lo prescrito en el ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, la potestad sancionatoria que se analiza resulta en un todo compatible con aquella otorgada a la Administración en materia disciplinaria, con ocasión del ejercicio de una potestad de fiscalización y control. En razón de lo anterior, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, (en adelante LOCGR) el cual establece un lapso de cinco años como plazo de prescripción de la falta.", "excerpt_en": "By virtue of the above, in the opinion of this Chamber, the underlying relationship between it and the broker-dealers presents a nature akin to that existing between the Administration and the public servants through whom it acts, and in respect of whom it must supervise, control, and monitor that their performance of functions conforms to the legal system. Added to the above, the sanctioning power under analysis is entirely compatible with that granted to the Administration in disciplinary matters, on the occasion of exercising supervisory and control power. By reason of the foregoing, one must turn to Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (hereinafter LOCGR), which establishes a five-year period as the statute of limitations for the offense.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The cassation appeal is denied, confirming the five-year statute of limitations under Article 71 of the LOCGR for SUGEVAL sanctions on broker-dealers.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación, confirmando el plazo de prescripción de cinco años del artículo 71 de la LOCGR para las sanciones de SUGEVAL a puestos de bolsa." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "By reason of the foregoing, one must turn to Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which establishes a five-year period as the statute of limitations for the offense.", "quote_es": "En razón de lo anterior, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual establece un lapso de cinco años como plazo de prescripción de la falta." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "For purposes of filling legal gaps, as indicated above, the judge must observe, first, the nature of the legal relationship underlying the dispute in order to apply the most suitable regulation.", "quote_es": "Para efectos de integrar las lagunas del derecho, como se indicó supra, el juzgador debe observar, en primer término, la naturaleza de la relación jurídica que subyace en la litis con la finalidad de aplicar la normativa que más se adecua." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-21629", "norm_num": "7428", "norm_name": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "07/09/1994" }, { "doc_id": "norm-26481", "norm_num": "7472", "norm_name": "Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "20/12/1994" }, { "doc_id": "norm-49185", "norm_num": "8292", "norm_name": "Ley General de Control Interno", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "31/07/2002" }, { "doc_id": "norm-53738", "norm_num": "8422", "norm_name": "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "06/10/2004" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“III. Sobre la norma de prescripción aplicable. Con el fin de abordar los cargos de fondo\nplanteados, conviene precisar algunos conceptos. La prescripción ha sido definida por esta Sala,\ncomo el medio para adquirir un derecho o bien para liberarse del cumplimiento de una obligación\npor el transcurso del tiempo. Se le considera: “…un principio, una sanción o pena contra el titular\nde un derecho quien, por negligencia, crea una situación de inseguridad censurable en razón de la\ncual el legislador veda, salvo renuncia del interesado, la posibilidad de su ejercicio tardío. Se\nha dicho dentro de la doctrina, que la prescripción encuentra su razón de ser en una presunta\nrenuncia tácita del derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, trasunta su\nintención de no reclamar lo que le corresponde. A tal posición se le ha objetado, con acierto, que\nla prescripción no puede considerarse ni como una pena por un actuar negligente, ni como una\nrenuncia tácita, pues si eso fuera cierto, debería permitirse al perjudicado con ella demostrar la\ninexistencia de culpa castigable o de la presunta intención de abandono. Dicha crítica concuerda\ncon nuestro ordenamiento jurídico” (Voto nº 244 de las 15 horas con 17 minutos del 28 de marzo del\n2001). Entrando al fondo del caso en estudio, en los dos primeros apartados del recurso se acusa\nuna indebida aplicación del precepto 198 de la LGAP y falta de aplicación del 208 ibídem, violación\ndel principio de autointegración del derecho administrativo y de los artículos 984 inciso a) del\nCódigo de Comercio y 30 de la Ley nº 7472, en tanto se dispuso que el plazo prescriptivo era el\ncuatrienal establecido en la primera normativa, en contraposición con el de un año que propugnan el\nresto de normas. Vistos los autos, se constata que efectivamente el Ad quem, prohijando la tesis\ndel A quo, estimó que en la especie, ante la ausencia de norma especial aplicable a la materia,\nresolvió que debía acudirse al plazo cuatrienal previsto en el artículo 198 de la LGAP. Esta Sala\nno concuerda con la tesis del Tribunal. Si bien la omisión normativa obliga a que dicho plazo tenga\nque ser fijado mediante integración del ordenamiento, éste debe realizarse tomando en consideración\nla naturaleza de la relación que vincula a la SUGEVAL con los puestos de bolsa a los que regula y\nde la potestad que se ejerce. Así, la Superintendencia cumple, en nombre del Estado, una función\nadministrativa consistente en velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación\ncorrecta de precios en ellos, la protección de los inversionistas, y la difusión de la información\nnecesaria para la consecución de estos fines. Para ello tiene la potestad de imponer sanciones a\nlos puestos de bolsa y a sus agentes cuando se incumpla con dichos fines. En virtud de lo anterior,\nen criterio de esta Cámara, la relación subyacente entre ésta y los puestos de bolsa presenta una\nnaturaleza afín a la existente entre la Administración y los servidores públicos mediante la cual\nactúa, y respecto de los cuales debe fiscalizar, controlar y vigilar que la prestación de sus\nfunciones sea acorde con lo prescrito en el ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, la\npotestad sancionatoria que se analiza resulta en un todo compatible con aquella otorgada a la\nAdministración en materia disciplinaria, con ocasión del ejercicio de una potestad de fiscalización\ny control. En razón de lo anterior, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley\nOrgánica de la Contraloría General de la República, (en adelante LOCGR) el cual establece un lapso\nde cinco años como plazo de prescripción de la falta. Al efecto en lo que interesa, señala la\nnorma: “La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en\nesta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con\nlas siguientes reglas: / a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad\nprescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. / b) En los casos en que\nel hecho irregular no sea notorio –entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un\nestudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en\ncinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría\nrespectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al\nprocedimiento respectivo. […]” Cabe destacar que, por virtud de los artículos 43 de la Ley de\nControl Interno (Ley no. 8292) (sic) y 44 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito\n(Ley no. 4822) remiten a esta norma, lo que convierte en la norma general con base en la cual se\ndebe analizar la prescripción en materia de fiscalización y la consecuente posibilidad\nsancionatoria. Por tal razón, en lo que se refiere al régimen jurídico aplicable para regular la\nprescriptibilidad del derecho en este tipo de situaciones, es el del precepto 71 trascrito, el cual\nestablece un plazo de cinco años y no el plazo cuatrienal, contenido en el artículo 198 de la\nLGAP. El canon 9 de la LGAP, mencionado por el recurrente, establece la autonomía del derecho\nadministrativo respecto de otras ramas jurídicas, e indica claramente que, ante la necesidad de\nintegrar el ordenamiento jurídico administrativo, se debe recurrir a las normas y principios del\nderecho público, de tal forma que existe una prevalencia del derecho administrativo respecto del\nprivado, cuya aplicación sería, en todo caso, subsidiaria y supletoria ante la insuficiencia de\naquel. Para efectos de integrar las lagunas del derecho, como se indicó supra, el juzgador debe\nobservar, en primer término, la naturaleza de la relación jurídica que subyace en la litis con la\nfinalidad de aplicar la normativa que más se adecua. En efecto, se pretende la anulación de actos\nadministrativos sancionatorios a través de los cuales la SUGEVAL, ejerciendo una potestad de\nimperio otorgada por Ley Reguladora del Mercado de Valores, corrige la actuación indebida del\npuesto de bolsa y de sus agentes. Ante la ausencia dentro del marco normativo de cita de un\nprecepto que establezca la prescripción, procede aplicar la LOCGR, como se indicó líneas antes,\nacudiendo a los principios de plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico, y a los mecanismos\nde integración para resolver dicha laguna. Por lo dicho, y en el tanto el citado artículo 198, se\nenmarca dentro del régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración referente al reclamo\npor indeminización –como lo indica el recurrente- y tratándose del marco de la anulación de actos\nadministrativos sancionatorios, debe acudirse, entonces, primero a las fuentes jurídicas que\nregulan aspectos similares, y solo en caso de insuficiencia, a las del derecho privado. En ese\ntanto, de las distintas normas atinentes a la materia de la prescripción, debe utilizarse, como\nmecanismo de integración, el espacio prescriptivo que define el ordenamiento jurídico para\nsupuestos de potestad disciplinaria estatal. Por ende, la regla que de manera más inmediata se\nocupa de regular la prescripción para el sub exámine, no es la del numeral 198 de la LGAP sino la\ncontenida en el precepto 71 de la LOCGR. Vale la pena aclarar, que el canon 208 de la LGAP,\nargüido de falta de aplicación, tampoco aplica al caso en concreto. Esto por cuanto establece el\nplazo de prescripción que tiene la Administración para iniciar el procedimiento administrativo\ncontra de sus agentes, a efecto de repetir lo pagado por ella. Igual suerte corren las\ndisposiciones 984 inciso a) del Código de Comercio y el 30 de la Ley nº 7472, en tanto son normas\naplicables al derecho común, las cuales podrían utilizarse solo en caso de ausencia absoluta de\nnorma administrativa, de acuerdo al principio de autointegración de derecho administrativo, tal y\ncomo se desarrolló supra, caso que no ocurre en la especie. De este modo, con base en mecanismos\nintegrativos del Derecho, este órgano Colegiado concluye que el plazo aplicable es el de cinco\naños señalado, por corresponder la génesis de este proceso al despliegue de una potestad de imperio\nde la Administración, cual es la aplicación del procedimiento sancionatorio por el incumplimiento\nde deberes, procedimiento administrativo inmerso en una Ley especial, el cual por la laguna\nreclamada debe ajustarse a lo establecido en la LOCGR y en concreto al canon 71, respecto del plazo\nde prescripción. Por ende, el reproche no es de útil, porque el plazo correcto es el de cinco años\ny no el de cuatro contenido en el artículo 198 de la LGAP, tal y como se desarrolló supra, lo cual\nno afecta en perjuicio el derecho del actor, pues pretendía se aplicara la prescripción de un año.\nErgo, el reproche no es de recibo, lo que conlleva a su rechazo.”", "body_en_text": "III. On the applicable statute-of-limitations rule. In order to address the substantive claims raised, it is appropriate to clarify certain concepts. The statute of limitations (prescripción) has been defined by this Chamber as the means of acquiring a right or of being released from the performance of an obligation through the passage of time. It is considered: “…a principle, a sanction, or penalty against the holder of a right who, through negligence, creates a situation of censurable uncertainty by reason of which the legislator prohibits, save for waiver by the interested party, the possibility of its belated exercise. It has been said in the doctrine that the statute of limitations finds its rationale in a presumed tacit waiver of the right by its holder, who, through their inactivity, reveals their intention not to claim what belongs to them. This position has been objected to, rightly, that the statute of limitations cannot be considered either as a penalty for negligent conduct or as a tacit waiver, because if that were true, the party harmed by it should be allowed to demonstrate the absence of punishable fault or of the presumed intention of abandonment. This criticism is consistent with our legal system” (Voto nº 244 of 15 hours 17 minutes of March 28, 2001). Addressing the merits of the case under study, the first two sections of the appeal allege an improper application of precept 198 of the LGAP and a failure to apply 208 thereof, a violation of the principle of self-integration of administrative law and of articles 984 subsection a) of the Commercial Code and 30 of Law No. 7472, in that it was ruled that the prescriptive period was the four-year period established in the first regulation, as opposed to the one-year period advocated by the remaining provisions. Having reviewed the record, it is verified that the Ad quem, endorsing the thesis of the A quo, indeed considered that in the instant case, given the absence of a special rule applicable to the matter, it was resolved that the four-year period provided for in article 198 of the LGAP had to be applied. This Chamber does not agree with the Court's thesis. While the regulatory omission requires that said period be fixed by means of integration of the legal system, this must be done taking into consideration the nature of the relationship that binds SUGEVAL to the brokerage firms it regulates and the power being exercised. Thus, the Superintendency performs, on behalf of the State, an administrative function consisting of ensuring the transparency of the securities markets, the correct formation of prices therein, the protection of investors, and the dissemination of the information necessary to achieve these ends. To this end, it has the power to impose sanctions on brokerage firms and their agents when they fail to comply with these ends. By virtue of the foregoing, in the opinion of this Chamber, the underlying relationship between it and the brokerage firms presents a nature akin to that existing between the Public Administration and the public servants through whom it acts, and over whom it must inspect, control, and supervise to ensure that the performance of their functions is in accordance with what is prescribed in the legal system. In addition to the above, the sanctioning power being analyzed is entirely compatible with that granted to the Public Administration in disciplinary matters, on the occasion of the exercise of an inspection and control power. By reason of the above, one must resort to the provisions of article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (hereinafter LOCGR), which establishes a five-year period as the statute of limitations for the offense. To the pertinent effect, the provision states: “The administrative liability of the public official for the infractions provided for in this Law and in the superior control and inspection legal system shall be subject to the statute of limitations (prescribirá) in accordance with the following rules: / a) In cases where the irregular act is notorious, liability shall be subject to the statute of limitations in five years, counted from the occurrence of the act. / b) In cases where the irregular act is not notorious – understood as that act which requires an investigation or an audit study to report its possible irregularity – liability shall be subject to the statute of limitations in five years, counted from the date on which the report on the respective investigation or audit is brought to the attention of the head or the official competent to initiate the respective proceeding. [...]” It should be noted that, by virtue of articles 43 of the Internal Control Law (Law No. 8292) (sic) and 44 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment (Law No. 4822), reference is made to this provision, making it the general rule on the basis of which the statute of limitations in matters of inspection and the consequent possibility of sanction must be analyzed. For this reason, as regards the applicable legal regime to regulate the prescriptibility of the right in this type of situations, it is that of precept 71 transcribed above, which establishes a five-year period, and not the four-year period contained in article 198 of the LGAP. Canon 9 of the LGAP, cited by the appellant, establishes the autonomy of administrative law with respect to other legal branches, and clearly indicates that, when faced with the need to integrate the administrative legal system, one must resort to the rules and principles of public law, such that there is a prevalence of administrative law over private law, whose application would be, in any case, subsidiary and supplementary in the face of the insufficiency of the former. For purposes of integrating legal gaps, as indicated supra, the adjudicator must observe, in the first place, the nature of the legal relationship underlying the dispute in order to apply the regulation that is most suitable. In effect, the annulment of sanctioning administrative acts is sought, through which SUGEVAL, exercising a power of authority granted by the Securities Market Regulatory Law, corrects the improper conduct of the brokerage firm and its agents. Given the absence within the cited regulatory framework of a precept establishing the statute of limitations, it is appropriate to apply the LOCGR, as indicated lines above, resorting to the principles of plenitude and coherence of the legal system, and to the mechanisms of integration to resolve said gap. In view of the above, and to the extent that cited article 198 falls within the regime of patrimonial liability of the Public Administration concerning claims for compensation – as the appellant indicates – and dealing with the framework of the annulment of sanctioning administrative acts, one must then resort first to the legal sources that regulate similar aspects, and only in the case of insufficiency, to those of private law. In this regard, from the various provisions pertinent to the matter of the statute of limitations, one must use, as a mechanism of integration, the prescriptive space defined by the legal system for cases of State disciplinary power. Therefore, the rule that most immediately deals with regulating the statute of limitations for the sub examine is not that of numeral 198 of the LGAP, but the one contained in precept 71 of the LOCGR. It is worth clarifying that canon 208 of the LGAP, alleged as having been not applied, does not apply to the specific case either. This is because it establishes the prescriptive period available to the Public Administration to initiate the administrative proceeding against its agents for the purpose of recovering what it has paid. The same fate befalls the provisions of 984 subsection a) of the Commercial Code and 30 of Law No. 7472, as they are rules applicable to common law, which could only be used in the event of an absolute absence of an administrative rule, in accordance with the principle of self-integration of administrative law, as developed supra, a situation that does not occur in the instant case. Thus, based on integrative mechanisms of Law, this Collegiate Body concludes that the applicable period is the five-year period indicated, because the genesis of this proceeding corresponds to the exercise of a power of authority of the Public Administration, namely the application of the sanctioning procedure for non-compliance with duties, an administrative proceeding embedded in a special Law, which, due to the claimed gap, must be adjusted to the provisions of the LOCGR, and specifically to canon 71, regarding the prescriptive period. Therefore, the complaint is not meritorious because the correct period is five years and not the four years contained in article 198 of the LGAP, as developed supra, which does not detrimentally affect the plaintiff's right, since it sought the application of a one-year statute of limitations. Ergo, the complaint is not receivable, which entails its rejection." }