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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Derecho a la protección de obtenciones vegetales anterior a Ley 8631",
  "title_en": "Right to plant variety protection prior to Law 8631",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo anula los acuerdos de la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS) que rechazaron una solicitud de inscripción de la variedad de arroz Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas por presentarse antes de la vigencia de la Ley 8631 y su reglamento. El fallo establece que el derecho a la protección de obtenciones vegetales no nace con la Ley 8631, sino que está reconocido en el artículo 47 de la Constitución Política y desarrollado desde 1978 en la Ley de la ONS (Ley 6289), la cual creó el Registro de Variedades Protegidas. La ONS incumplió su deber de reglamentar este registro durante más de 30 años, omisión que no puede perjudicar al solicitante. El tribunal ordena mantener la fecha de presentación original (18 de marzo de 2008) y que la ONS tramite la solicitud conforme al procedimiento del Decreto Ejecutivo 35677, aplicando principios de buena fe y confianza legítima.",
  "summary_en": "The Administrative Litigation Tribunal nullifies resolutions by the Board of the National Seed Office (ONS) that rejected an application to register the Palmar 18 rice variety in the Protected Varieties Registry because it was filed before Law 8631 and its regulation came into force. The ruling holds that the right to plant variety protection did not originate with Law 8631 but is recognized in Article 47 of the Constitution and developed since 1978 in the ONS Law (Law 6289), which created the Protected Varieties Registry. The ONS failed in its duty to regulate this registry for over 30 years, and that omission cannot prejudice the applicant. The tribunal orders that the original filing date (March 18, 2008) be maintained and that the ONS process the application under the procedure established in Executive Decree 35677, applying principles of good faith and legitimate expectations.",
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    "Registro de Variedades Protegidas",
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  "excerpt_es": "En razón de lo anterior, considera este Tribunal que no sólo resulta sustancialmente contrario a lo dispuesto en los artículos 7 párrafo 1º, 41 in fine, 47, 48, 129 párrafo 2º de la Constitución Política; 1 inciso 1, 7 y 8 inciso 1 del ADPIC (Ley 7475); 1, 8 incisos c) y d), 15 incisos c) y d), 10, 20 incisos a) y b) de la Ley de la Oficina Nacional de Semillas (Ley 6289); 1 incisos 1 y 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad (Ley 6867); 77, 78 y 88 de la Ley de Biodiversidad (Ley 7788); 34 inciso a), 60 y 61, 88 del Decreto Ejecutivo número 12907-A (los numerales 60 y 61 antes de la reforma por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 31736, que entró en vigencia el 29 de marzo de 2004); sino también, a los principios de lógica y justicia (artículo 16 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública), que los demandados aleguen que con anterioridad a la entrada en vigencia tanto de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Ley número 8631 del 19 de marzo del 2008) y del Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo número 35677-MAG del 11 de enero del 2010), no era posible recibir solicitudes tendentes al reconocimiento de derechos de protección de las obtenciones vegetales, porque no existía norma que los amparara, como tampoco disposiciones que regularan los requisitos y el procedimiento a seguir para su posible inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, no sólo porque el derecho a la protección de las obtenciones vegetales, estaba reconocido de manera general desde la promulgación de la Constitución Política de 1949 (artículo 47), y en especial desde 1978 con la entrada en vigencia de la Ley número 6289 -artículos 1, 8 incisos c) y d), 15 incisos c) y d), 10, 20 incisos a) y b)-, reafirmándose tanto en el año 1983 con lo dispuesto en el artículo 1 incisos 1 y 3 de la Ley 6867, como en el año 1998 con los numerales 77, 78 y 88 de la Ley de Biodiversidad; sino porque además, en la propia Ley 6289 se establecieron de manera general los mecanismos de tutela del mismo, mediante la creación del Registro de Variedades Protegidas, cuya implementación estaba supeditada a que por vía reglamentaria y a instancia de la ONS, el Poder Ejecutivo estableciera los requisitos y el procedimiento a seguir para tal efecto, lo cual, no se hizo sino hasta el once de enero del 2010, con la entrada en vigencia del Reglamento a la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto Ejecutivo número 35677. En consecuencia, los demandados no pueden válidamente traspasar a quien solicita le sea declarado el derecho de obtentor, sobre una variedad de semillas que pretende le sea protegida e inscrita en el registro respectivo-, los efectos negativos derivados de la inactividad administrativa en que incurrieron desde el cuatro de diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 6289) hasta el once de enero del 2010 (fecha de entrada en vigencia del Reglamento a la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, Decreto Ejecutivo número 35677), al no regular de manera pronta, cumplida y conforme a derecho, los mecanismos de tutela del derecho a la protección de las obtenciones vegetales previstos desde 1978 por la Ley 6289 y el Reglamento a esa Ley, bajo el argumento de que al momento de que planteó su gestión, no estaba vigente ninguna ley o reglamento que amparara el derecho que alega tener, tal y como se analizará de seguido en considerando siguiente.\n\nEn consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, se mantiene el 18 de marzo del dos mil ocho, como fecha de presentación ante la Oficina Nacional de Semillas, de la solicitud planteada por la empresa demandante, tendente a la inscripción de la Variedad Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas, tal y como la propia Oficina Nacional de Semillas, ya había considerado en oficio número D.E.066-08 del veintiuno de marzo del dos mil ocho, al comunicar al representante de la empresa actora que \"...Acuso recibo de su oficio GG-SEN-007-08, del 11 de marzo del 2008, mediante el cual nos presenta solicitud formal para la inscripción de la variedad de arroz Palmar 18, en el Registro de Variedades Protegidas…\" (folio 02 del expediente administrativo).\n\nConsidera este Tribunal que en razón de lo expuesto, resulta contrario a los principios de buena fe y de confianza legítima, que dos años y casi nueve meses después de que el Director Ejecutivo de la ONS emitiera dicho oficio, la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas, denegara a la empresa actora la solicitud de inscripción de la Variedad Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas, bajo el argumento de que \"…No puede reconocerse legalmente como presentación de una solicitud para obtener un título de obtentor vegetal la nota G-SEN-007-083) (…) Al no aceptarse cómo válidos los supuestos anteriores resulta irrelevante la consideración de retrotraer en el tiempo los hechos para proceder a una inscripción…\", toda vez que –se insiste- en aplicación de lo dispuesto en los artículos 39, 41 y 47 de la Constitución Política; 221 inciso 1) y 287 de la Ley General de la Administración Pública, debió prevenir a la empresa accionante, una vez que entrara en vigencia el Reglamento a la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (Decreto Ejecutivo 35677), que completara o corrigiera la solicitud planteada, en el plazo de treinta días hábiles, conforme a los requerimientos previstos en los numerales 7 a 11 del Decreto Ejecutivo 35677, a fin de establecer –en primera instancia- el examen de forma de la gestión planteada.",
  "excerpt_en": "Therefore, this Tribunal considers that it is not only substantially contrary to Articles 7(1), 41 in fine, 47, 48, and 129(2) of the Political Constitution; Articles 1(1), 7, and 8(1) of the TRIPS Agreement (Law 7475); Articles 1, 8(c) and (d), 15(c) and (d), 10, 20(a) and (b) of the Law of the National Seed Office (Law 6289); Articles 1(1) and (3) of the Law on Patents of Invention, Industrial Drawings and Models, and Utility Models (Law 6867); 77, 78, and 88 of the Biodiversity Law (Law 7788); Article 34(a), 60 and 61, 88 of Executive Decree 12907-A (Articles 60 and 61 before the reform by Article 1 of Executive Decree 31736, which entered into force on March 29, 2004); but also to the principles of logic and justice (Article 16(1) of the General Law of Public Administration), for the defendants to argue that before the entry into force of the Law for the Protection of Plant Varieties (Law 8631 of March 19, 2008) and its Regulation (Executive Decree 35677-MAG of January 11, 2010), it was not possible to receive applications for the recognition of plant variety protection rights because there was no applicable law, nor provisions regulating the requirements and procedure for their possible inscription in the Protected Varieties Registry. This is not only because the right to plant variety protection was generally recognized since the promulgation of the Political Constitution of 1949 (Article 47), and especially since 1978 with the entry into force of Law 6289—Articles 1, 8(c) and (d), 15(c) and (d), 10, 20(a) and (b)—reaffirmed both in 1983 by Article 1(1) and (3) of Law 6867 and in 1998 by Articles 77, 78, and 88 of the Biodiversity Law; but also because Law 6289 itself established the general mechanisms for its protection through the creation of the Protected Varieties Registry, whose implementation was subject to the Executive Branch establishing, by regulation and at the instance of the ONS, the requirements and procedure to follow, which was not done until January 11, 2010, with the entry into force of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree 35677. Consequently, the defendants cannot validly transfer to the applicant—who requests a declaration of plant breeder's rights over a seed variety intended to be protected and registered in the respective registry—the negative effects of the administrative inactivity that occurred from December 4, 1978 (date of entry into force of Law 6289) to January 11, 2010 (date of entry into force of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree 35677) by failing to promptly, fully and lawfully regulate the protection mechanisms provided since 1978 by Law 6289 and its Regulation, on the ground that when the application was filed, no law or regulation was in force to support the claimed right.\n\nConsequently, and pursuant to Article 288(1) of the General Law of Public Administration, March 18, 2008 is maintained as the filing date with the National Seed Office of the application filed by the plaintiff company for the inscription of the Palmar 18 Variety in the Protected Varieties Registry, as the National Seed Office itself had already acknowledged in official letter D.E.066-08 of March 21, 2008, by informing the plaintiff's representative: \"...I acknowledge receipt of your letter GG-SEN-007-08, of March 11, 2008, by which you formally apply for the inscription of the rice variety Palmar 18 in the Protected Varieties Registry…\" (folio 02 of the administrative file).\n\nThis Tribunal considers that it is contrary to the principles of good faith and legitimate expectations that, two years and almost nine months after the Executive Director of the ONS issued that letter, the Board of the National Seed Office denied the plaintiff company's application to inscribe the Palmar 18 Variety in the Protected Varieties Registry on the ground that \"...Note G-SEN-007-08 cannot be legally recognized as filing an application to obtain a plant breeder's certificate (…) If the above assumptions are not accepted as valid, it is irrelevant to consider backdating the facts to proceed with an inscription…\", considering that—it bears repeating—pursuant to Articles 39, 41 and 47 of the Constitution; 221(1) and 287 of the General Law of Public Administration, the ONS should have required the applicant, once the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties (Executive Decree 35677) entered into force, to complete or correct the application within thirty business days, in accordance with the requirements of Articles 7 to 11 of Executive Decree 35677, in order to first conduct the formal examination of the application.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
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    "summary_en": "The challenged administrative acts are declared absolutely null with all effects, the application filing date (March 18, 2008) is maintained, and the ONS is ordered to process the application under Executive Decree 35677. The claim for damages against the State is dismissed.",
    "summary_es": "Se declaran absolutamente nulos los actos administrativos impugnados con todos sus efectos, se mantiene la fecha de presentación de la solicitud (18 de marzo de 2008) y se ordena a la ONS iniciar el trámite conforme al Decreto Ejecutivo 35677. Se rechaza la pretensión de condenatoria al Estado por responsabilidad patrimonial."
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the recognition of the right to plant variety protection did not originate with the entry into force on March 19, 2008 of the Law for the Protection of Plant Varieties (Law 8631), but rather has its genesis in Article 47 of the Political Constitution",
      "quote_es": "el reconocimiento del derecho a la protección de las obtenciones vegetales, no se origina con la entrada en vigencia el 19 de marzo del dos mil ocho, de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (número 8631), sino que tiene su génesis en el propio artículo 47 de la Constitución Política"
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      "quote_en": "the defendants cannot validly transfer to the applicant (...) the negative effects of the administrative inactivity that occurred since December 4, 1978",
      "quote_es": "los demandados no pueden válidamente traspasar a quien solicita le sea declarado el derecho de obtentor (...) los efectos negativos derivados de la inactividad administrativa en que incurrieron desde el cuatro de diciembre de 1978"
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    {
      "context": "Considerando IV",
      "quote_en": "it is contrary to the principles of good faith and legitimate expectations that, two years and almost nine months after the Executive Director of the ONS issued that letter, the Board of the National Seed Office denied the plaintiff's application",
      "quote_es": "resulta contrario a los principios de buena fe y de confianza legítima, que dos años y casi nueve meses después de que el Director Ejecutivo de la ONS emitiera dicho oficio, la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas, denegara a la empresa actora la solicitud"
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  "body_es_text": "¨IIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora estima que de conformidad con lo  dispuesto en los\nartículos 1, 8, 10, 15 incisos c) y d) y 20 incisos a) y b) de  la Ley de la Oficina Nacional  de\nSemillas (Ley número 6289 del 4 de diciembre de 1978); 9, 34 inciso a), 60 y  61 del Reglamento a\nesa Ley , la Oficina Nacional de Semillas tenía claramente  delimitados los alcances y potestades\npara hacer efectiva la Protección Varietal  y Derechos d e Obtentor de Nuevas Variedades Vegetales;\npor lo que, a su  juicio, le correspondía desde 1978, no sólo abrir un Registro de Variedades\nProtegidas, a fin de proteger los derechos de quienes inscriban las variedades  nuevas, creadas o\ndescubiertas, sino también, establecer los requisitos y el  procedimiento necesarios para tal\nefecto. En razón de lo anterior, considera  que desde 1978 le asiste un derecho a proteger la\npropiedad intelectual en  material de obtenciones vegetales, el cual fue reforzado a partir del 19\nde  marzo del dos mil ocho, fecha de entrada en vigencia de la Ley para la Protección de las\nObtenciones Vegetales (Ley número 8631). Que ese derecho también encuentra  sustento, en lo\ndispuesto por los artículos 47 de la Constitución Política,  1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los\nDerechos de Propiedad Intelectual  Relacionados con el Comercio (Anexo 1 C Convenio de la OMC,\naprobado por Costa Rica  mediante Ley 7475, que entró en vigencia el 26 de diciembre de 1994); 77,\n78 y 88 de la Ley  de Biodiversidad; y el Convenio para la Protección de Variedades Vegetales,\npublicado en La Gaceta número 83 del 30 de  abril del dos mil ocho. En razón de lo anterior,\nconsidera que los actos  impugnados resultan contrarios a lo dispuesto en los artículos 131, 132 y\n133  de la Ley General  de la   Administración Pública, pues a su juicio, resulta  sustancialmente\ncontrario al ordenamiento jurídico, rechazar la solicitud  planteada desde el 18 de marzo del dos\nmil ocho, a fin de que se inscribiera en  el Registro de Variedades Protegidas, la Variedad Palmar\n18, bajo el argumento de que al momento de su presentación ante la ONS, no sólo no había entrado  en\nvigencia la Ley  para la Protección  de las Obtenciones Vegetales (Ley número 8631), sino que\nademás, tampoco se  había dictado el reglamento ejecutivo a esa ley, en el que debían establecerse\nno sólo los requisitos, sino además el procedimiento a aplicar, a efecto de  determinar la\nprocedencia o no de las solicitudes planteadas para la protección  de las obtenciones vegetales. En\nese sentido, sostiene que la ONS debió tomar en cuenta que  la normativa administrativa debe\ninterpretarse en la forma que mejor garantice  la realización del fin público a que se dirige, de\nmanera que si un día después  de que su representada presentó su solicitud de inscripción de la\nVariedad Palmar  18, ya existía una norma que declaraba de interés nacional la actividad de\ngeneración de variedades y otra norma que establecía su competencia para  recibir, tramitar y\nresolver las solicitudes, entonces, debió considerar que  esperar a que existiera un reglamento para\ndeterminar si procedía o no el  otorgamiento de un registro de esta clase, en nada satisfacía el fin\npúblico de  beneficiar el desarrollo y la competitividad agropecuaria, por lo que, estima  que en\nausencia de dicho reglamento debió integrar las normas existentes en el  momento de presentación de\nla solicitud, o bien, enderezar los procedimientos  con el reglamento que ya se había emitido. En\nrazón de lo anterior, considera  improcedente que tres años después de presentada la solicitud\npresentada a fin  de que se inscribiera la variedad Palmar 18 en el Registro de Variedades\nProtegidas, la ONS  haya decidido rechazarla bajo el argumento de que al momento de su presentación\nno contaba con las herramientas reglamentarias para tramitarla, a pesar de que  a su juicio, el\nderecho a obtener protección al obtentor de una variedad  vegetal, previsto en la Constitución\nPolítica, el Acuerdo sobre los  Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con\nel Comercio;  la Ley de  Biodiversidad y el Convenio para la Protección de Variedades Vegetales, es\nde  aplicación inmediata y no requiere de una ley para que produzca sus efectos. Aunado  a lo\nanterior, estima improcedente que se rechace su solicitud bajo el  argumento de que al momento de su\ninterposición aún no se había dictado el  reglamento que de conformidad con el artículo 7 de la Ley\n8631 debía dictarse para  regular los procedimientos y normas generales para la presentación,\ntrámite y  resolución de las solicitudes para la concesión de derechos de obtentor, cuando  el Poder\nEjecutivo demoró casi dos años en emitir el reglamento ejecutivo a la Ley 8631, por lo que, alega\nimprocedente que se le achaquen las consecuencias negativas de esa dilación su  representada, tal y\ncomo lo ha sostenido en casos similares la jurisprudencia  constitucional (sentencia 1900-1463 de\nlas catorce horas treinta minutos del  treinta de octubre de mil novecientos noventa). En\nconsecuencia, considera  que los incumplimientos en que incurrió la ONS, produjeron una lesión\nantijurídica tanto a  la empresa demandante como al interés público. Por su parte, los\nrepresentantes  del Estado y de la   Oficina Nacional de Semillas sostienen que: a) El  motivo del\nacto se conforma plenamente, ya que, el antecedente fáctico lo  constituye la presentación prematura\nde la solicitud, cuyo reconocimiento se  pretende en este asunto. Resaltan que el accionante formuló\nsu gestión de  previo a la publicación en La   Gaceta de la Ley,  situación que a su juicio,\nevidencia que aún el cuerpo normativo en que el  actor pretende descansar su derecho, no surtía\nefectos. En razón de lo  anterior, consideran que acceder a lo peticionado por el accionante sería\ncontrario a lo dispuesto en los artículos 11 y 129 de la Constitución Política,  7 del Código Civil,\ntoda vez que al momento de plantear la gestión, la norma en  que la fundamenta aun no había nacido a\nla vida jurídica; b) Alegan que  la propia Ley 8631 imponía una limitante adicional, toda vez que el\nnumeral 7  somete todos los procedimientos, trámites, exámenes y resoluciones en la  materia de\nconcesión de derechos del obtentor, a la norma reglamentaria, misma  que no existía al momento de la\npresentación de la solicitud. Estiman que dicha  circunstancia, niega cualquier posibilidad para que\npor vía interpretativa o  integradora, ninguna dependencia o instancia de la ONS, se atribuya\npotestades  para fijar los parámetros tendentes a obtener una protección en la materia,  pues existe\nuna clara reserva reglamentaria dada por la ley. Asimismo, alegan  que la vigencia de una ley\ncomienza con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que, su  aplicación e\ninterpretación puede darse con posterioridad a ese momento y no de  previo, como mal lo pretende el\naccionante; c) Indican que ninguna  afectación puede derivarse para la empresa actora, por el tiempo\ntranscurrido  para dictar el Reglamento a la Ley  8631, toda vez que ésta formuló su gestión de\nmanera prematura y por tal razón  fue rechazada. Es decir, sostienen que independientemente del\nmomento en que se  emitiera el cuerpo normativo en análisis, la gestión objeto de litigio iba a  ser\ndenegada, por lo que, la razonabilidad y proporcionalidad del plazo para el  dictado del Reglamento\na la Ley  8631 no puede constituir un motivo de nulidad de los actos impugnados, no sólo  porque\ndicho aspecto no se discute ni debe discutirse en este proceso, sino  porque también, porque los\naspectos a regular requerían de un profundo análisis  y por ende, el tiempo transcurrido para la\nemisión del Reglamento, responde a  lo técnico de la materia y a la protección efectiva que debe\nbrindársele a cada  persona física o jurídica que pretenda la concesión de un derecho de obtentor;\nd)  Por último, la representante del Estado alega que el accionante omitió  indicar en qué consisten\nlas lesiones que reclama y la cuantificación de éstas.  En razón de lo anterior, estima que se\nencuentra en total estado de  indefensión, al desconocer el tipo de lesión, en qué consiste y su\ncuantificación, circunstancia que conlleva la imposibilidad material de  defensa. No obstante,\nindica que de considerar que existe alguna lesión que  deba indemnizarse, la ONS  cuenta con\npresupuesto propio y por ende, deberá recaer sobre ésta la  imposición de los rubros a cancelar,\nconforme a lo resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de  Justicia, en sentencia número\n1360-F-S1-2010 de las diez horas veinticinco  minutos del once de noviembre del dos mil diez.\n\n \n\n\n\nI II o.- SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LAS  OBTENCIONES VEGETALES, CON\nANTERIORIDAD A LA LEY # 8631 Y LOS MECANISMOS DE TUTELA DEL MISMO  PREVISTOS EN LA LEY  # 6289. Si\nbien es cierto, de conformidad con el párrafo 1º del artículo  129 de la   Constitución Política,\nlas leyes son obligatorias y surten  efectos desde el día que ellas designen y a falta de ese\nrequisito, diez días  después de su publicación en el Diario Oficial; también lo es, que el párrafo\n2º de ese mismo numeral, establece que nadie puede alegar ignorancia de la  ley. En ese sentido y\ncontrario a lo que sostienen los representantes del  Estado y de la   Oficina Nacional de Semillas,\nel reconocimiento del derecho a  la protección de las obtenciones vegetales, no se origina con la\nentrada en  vigencia el 19 de marzo del dos mil ocho, de la Ley de Protección de las Obtenciones\nVegetales  (número 8631), sino que tiene su génesis en el propio artículo 47 de la Constitución\nPolítica,  que establece “…Todo autor, inventor, productor o comerciante  gozará temporalmente de la\npropiedad exclusiva de su obra, invención,  marca o nombre comercial, con arreglo a la ley…”. Ahora\nbien, dado  que el constituyente delega en el legislador la regulación de ese derecho,  mediante la\nLey  de la Oficina   Nacional de Semillas (Ley 6289), que entró en vigencia el  cuatro de diciembre\nde mil novecientos setenta y ocho, creó la ONS como un órgano del  Ministerio de Agricultura y\nGanadería con independencia en su  funcionamiento operativo y con personería jurídica propia en su\nadministración,  que tendrá a su cargo la promoción y protección, el mejoramiento,  control, y el\nuso de semillas de calidad superior (artículo 1). Para tal  efecto, la ONS debe  llevar –entre otros\naspectos- un registro de variedades comerciales, con  recomendaciones o restricciones en su uso, así\ncomo un registro de  variedades protegidas; así como también, establecer las normas y  controles\npara la producción de los derechos del obtentor de nuevas variedades -artículos  8 incisos c) y d),\n15 incisos c) y d)-. Para cumplir este último aspecto, la Oficina Nacional  de Semillas, a través\ndel reglamento de la Ley 6289, fijará las condiciones que deberán  cumplirse para obtener los\ntítulos de productor de semillas, así como sus  diferentes categorías, derechos y obligaciones.\nIgualmente, regulará el  comercio entre productores, procesadores y comerciantes en general, para\ngarantizar la calidad de las semillas, para lo cual, se establecerá un registro  que autorizará a\nquien se inscriba para comerciar con semillas –artículos  10, 20 incisos a) y b)-. En ese sentido,\nel Reglamento a la Ley de la Oficina Nacional  de Semillas (Decreto Ejecutivo número 12907-A, que\nentró en vigencia el 21 de  setiembre de 1981), establecía en los artículos 60 y 61\n–respectivamente- que la ONS abrirá un  Registro de Variedades Protegidas en donde se inscribirán\nlas variedades  nuevas, creadas o descubiertas; y que la inscripción en el Registro de  Variedades\nProtegidas, se hará de acuerdo a los requisitos que para el efecto  se establezcan por la   Oficina\nNacional de Semillas en su oportunidad. Ello por  cuanto, la ONS  tiene la potestad de proponer al\nPoder Ejecutivo, la modificación de ese Decreto  Ejecutivo y la emisión de los decretos necesarios\npara la realización de las  funciones que le impone la Ley  y el propio Reglamento (artículo 34\ninciso 1). Por último, el numeral 88  de ese mismo Reglamento define las variedades protegidas, como\naquellas variedades  vegetales nuevas creadas o descubiertas debidamente inscritas en el Registro de\nVariedades Protegidas, establecidas para tal efecto. Cabe resaltar que mediante  el artículo 1 del\nDecreto Ejecutivo número 31736, que entró en vigencia el 29  de marzo de 2004, se modificaron –entre\notros- los artículos 60 y 61 del  Reglamento a la Ley  de la Oficina   Nacional de Semillas,\neliminándose con ello, las normas  referidas a la obligación de regular todo lo concerniente al\nRegistro de  Variedades Protegidas (que fue creado desde 1978 por la Ley 8269) y por ende, a  la\ntutela efectiva de los derechos de obtentor de variedades protegidas, que la Ley 6289 le impone a la\nONS como una de sus funciones  principales, centrándose únicamente en regular el Registro de\nVariedades  Comerciales (ver considerandos 3   a 6 del Decreto Ejecutivo número 31736, en la versión\ndigital de esa normativa, en la página web: www.pgr.go.cr/scij). En este punto cabe  resaltar, que\nno sólo la Ley  de la Oficina   Nacional de Semillas (Ley 6289), impone al Estado en general  y a la\nONS en lo  particular, la regulación efectiva de los derechos de protección de las  obtenciones\nvegetales, sino también, las siguientes normas: i)  La Ley  de Patentes de Invención, Dibujos y\nModelos Industriales y Modelos de Utilidad  (Ley número 6867, que entró en vigencia el 25 de abril\nde 1983), establece en  el artículo 1 incisos 1 y 3, respectivamente, que “…1.- Invención es toda\ncreación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que  cumpla las condiciones de\npatentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un  producto, una máquina, una herramienta o un\nprocedimiento de fabricación y  estará protegida por la patente de invención (…) 3.- Las obtenciones\nvegetales tendrán protección mediante una ley especial…”; ii) El  Acuerdo por el que se establece la\nOrganización Mundial  del Comercio, específicamente el Anexo 1 C, denominado Acuerdo  Sobre los\nAspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el  Comercio (ADPIC), que fue\naprobado por la Asamblea Legislativa  mediante Ley número 7475, que entró en vigencia el 26 de\ndiciembre de 1994, en  cuyo artículo 1. 1 que “Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque\nno estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el  presente Acuerdo, a\ncondición de que tal protección no infrinja las  disposiciones del mismo. Los Miembros podrán\nestablecer libremente el método  adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el\nmarco de su  propio sistema y práctica jurídicos”. Asimismo, se indica que la  protección y la\nobservancia de los derechos de propiedad intelectual deberán  contribuir a la promoción de la\ninnovación tecnológica y a la transferencia y  difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de\nlos productores y de  los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el\nbienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones (artículo  7). Por último y\nen lo que interesa para el caso concreto, el numeral 8  establece los principios que deben regir las\nlegislaciones internas tendentes a  la protección de la propiedad intelectual, en el sentido de que\n“…Los Miembros, al  formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas\nnecesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o  para promover el\ninterés público en sectores de importancia vital para su  desarrollo socioeconómico y tecnológico,\nsiempre que esas medidas sean  compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.” iii)  La Ley de\nBiodiversidad (Ley número 7788, que entró en vigencia el 27 de mayo de  1998), la cual, establece\nque el Estado reconoce la existencia y validez de  las formas de conocimiento e innovación y la\nnecesidad de protegerlas,  mediante el uso de los mecanismos legales apropiados para cada caso\nespecífico  (artículo 77), que se traducen –entre otras formas y con las excepciones  allí\ncontempladas- en patentes, secretos comerciales, derechos del  fitomejorador, derechos intelectuales\ncomunitarios sui géneris, derechos de  autor, derechos de los agricultores (artículo 78). Ello por\ncuanto,  existe un interés público en garantizar al país y sus habitantes, ser  destinatarios de\ninformación y cooperación científico-técnica en materia de  biodiversidad, así como tener acceso a\nla tecnología mediante políticas  adecuadas de transferencia, incluida la biotecnología y el\nconocimiento  asociado; razón por la cual, el Estado deberá facilitar el acceso a las  tecnologías\npertinentes para la conservación y el uso sostenible de la  biodiversidad, sin perjuicio de los\nderechos de propiedad intelectual,  industrial o de los derechos colectivos intelectuales sui\ngéneris (artículo  88). No obstante lo anterior, el Estado y la Oficina Nacional  de Semillas,\nincumplieron el deber impuesto por la Constitución Política;  el ADPIC (aprobado por Ley 7475); las\nLeyes 6289, 6867 y 7788; el Decreto  Ejecutivo número 12907-A, relativo a regular todo lo\nconcerniente al Registro  de Variedades Protegidas, fue que creado desde 1978 por la Ley 6289 y por\nende, a la tutela efectiva de los derechos de obtentor de variedades  protegidas, que esa Ley le\nimpone a la   ONS como una de sus funciones principales. Tan es así,  que por certificación\nextendida el veintisiete de  marzo del dos mil doce, el Jefe del Departamento Técnico de la Oficina\nNacional  de Semillas, consignó que “…según los expedientes y registros que lleva esta  oficina, el\nRegistro de Variedades Protegidas, fue implementado a partir de  la promulgación de la Ley  8631\nPROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEG E TALES  publicada en la Gaceta  56 el día 19 de marzo del 2008 y\nsu Reglamento Decreto Nº 35677-MAG publicado  en la Gaceta Nº6  del 11 de enero del año 2010. En\nconsecuencia, anterior a dichas fechas no  se había establecido el Sistema para el Registro de\nVariedades Protegidas…”  (folio 115 del expediente judicial). En  consecuencia, el derecho a la\nprotección de las  obtenciones vegetales, no sólo estaba reconocido de manera general desde la\npromulgación de la   Constitución de 1949 (artículo 47), y en especial  desde 1978 con la entrada en\nvigencia de la Ley número 6289 -artículos 1, 8  incisos c) y d), 15 incisos c) y d), 10, 20 incisos\na) y b)-, sino  que además, en dicha Ley se establecieron de manera general los mecanismos de tutela\ndel mismo, mediante la creación del  Registro de Variedades Protegidas, cuya implementación estaba\nsupeditada a que  por vía reglamentaria y a instancia de la ONS, el Poder Ejecutivo estableciera los\nrequisitos y el procedimiento a seguir para tal efecto, lo cual, nunca se hizo durante el período\ncomprendido entre el cuatro de diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigencia  de la Ley 6289)  al\nonce de enero del 2010 (fecha de entrada en vigencia del Reglamento a la Ley para la Protección de\nObtenciones Vegetales, Decreto Ejecutivo número 35677). Más bien todo lo  contrario, ya que mediante\nel artículo 1 del Decreto Ejecutivo número  31736, que entró en vigencia el 29 de marzo de 2004, se\nmodificaron –entre  otros- los artículos 60 y 61 del Reglamento a la Ley de la Oficina Nacional  de\nSemillas, eliminándose con ello, las normas referidas a la obligación de  regular vía reglamentaria,\ntodo lo concerniente al Registro de Variedades  Protegidas (que fue creado desde 1978 por la Ley 6 2\n8 9)  centrándose únicamente en regular el Registro de Variedades Comerciales (ver  considerandos 3\na  6 del Decreto Ejecutivo número 31736, en la versión digital de esa normativa,  en la página web:\nwww.pgr.go.cr/scij), lo cual, resulta  contrario a lo dispuesto por la propia ley que reglamenta, de\nmanera manifiesta  y evidente. Lo anterior, a pesar de que incluso,  desde el veintiséis de\ndiciembre de 1994, el Estado costarricense había  aprobado mediante Ley 7475, el Acuerdo por el que\nse establece la Organización Mundial  del Comercio, específicamente el Anexo 1 C, denominado Acuerdo\nSobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el  Comercio (ADPIC), y\npor ende, se había comprometido a nivel internacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 1\ninciso 1, 7  y 8 inciso 1 del ADPIC, a formular y/o modificar sus leyes y reglamentos, a fin  de\nproteger y observar de manera efectiva los derechos de propiedad  intelectual, conforme a las\ndisposiciones de dicho Acuerdo (artículo 7  párrafo 1º y 48 de la   Constitución Política). Por\núltimo, es menester destacar  que la Ley  para la Protección  de Obtenciones Vegetales, no derogó\nlas disposiciones contenidas en los  artículos 1, 8 incisos c) y d), 15 incisos c) y d), 10, 20\nincisos a) y b) de la Ley  de la Oficina   Nacional de Semillas, relacionadas con la creación y\nregulación del Registro de Variedades Protegidas y por ende, para la protección  de los derechos del\nobtentor de nuevas variedades. Por  todo lo expuesto, considera este Tribunal que no sólo resulta\nsustancialmente  contrario a lo dispuesto en los artículos 7 párrafo 1º, 41 in fine, 47, 48, 129\npárrafo 2º de la   Constitución Política; 1 inciso 1, 7 y 8 inciso 1 del ADPIC  (Ley 7475); 1, 8\nincisos c) y d), 15 incisos c) y d), 10, 20 incisos a)  y b) de la Ley de  la Oficina Nacional  de\nSemillas (Ley 6289); 1 incisos 1 y 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos\nIndustriales y Modelos de Utilidad (Ley 6867); 77, 78 y 88 de la Ley de Biodiversidad (Ley  7788);\n34 inciso a), 60 y 61, 88 del Decreto Ejecutivo número 12907-A (los  numerales 60 y 61 antes de la\nreforma por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo  31736, que entró en vigencia el 29 de marzo de\n2004); sino  también, a los principios de lógica y justicia (artículo 16 inciso 1  de la Ley General\nde la   Administración Pública), que los demandados aleguen que  con anterioridad a la entrada en\nvigencia tanto de la Ley para la Protección de  Obtenciones Vegetales (Ley número 8631 del 19 de\nmarzo del 2008) y del Reglamento  a esa Ley (Decreto Ejecutivo número 35677-MAG del 11 de enero del\n2010), no era  posible recibir solicitudes tendentes al reconocimiento de derechos de  protección de\nlas obtenciones vegetales, porque no existía norma que los  amparara, como tampoco disposiciones que\nregularan los requisitos y el  procedimiento a seguir para su posible inscripción en el Registro de\nVariedades  Protegidas, no sólo porque el derecho a la protección de las obtenciones vegetales,\nestaba reconocido de manera  general desde la promulgación de la Constitución Política  de 1949\n(artículo 47), y en especial desde 1978 con la entrada en  vigencia de la Ley  número 6289\n-artículos 1, 8 incisos c) y d), 15 incisos c)  y d), 10, 20 incisos a) y b)-, reafirmándose tanto\nen el año 1983 con lo  dispuesto en el artículo 1 incisos 1 y 3 de la Ley 6867, como en el año 1998\ncon los numerales  77, 78 y 88 de la Ley  de Biodiversidad; sino porque además, en la propia Ley\n6289 se  establecieron de manera general los mecanismos de  tutela del mismo, mediante la creación\ndel Registro de Variedades Protegidas,  cuya implementación estaba supeditada a que por vía\nreglamentaria y a instancia  de la ONS, el  Poder Ejecutivo estableciera los requisitos y el\nprocedimiento a seguir para  tal efecto, lo cual, no se hizo sino  hasta el once de enero del 2010,\ncon la entrada en vigencia del Reglamento a la Ley para la Protección de  Obtenciones Vegetales,\nDecreto Ejecutivo número 35677. En consecuencia, los  demandados no pueden válidamente traspasar a\nquien solicita le sea declarado  el derecho de obtentor, sobre una variedad de semillas que pretende\nle sea  protegida e inscrita en el registro respectivo-, los efectos negativos derivados  de la\ninactividad administrativa en que incurrieron desde el cuatro de  diciembre de 1978 (fecha de\nentrada en vigencia de la Ley 6289) hasta el once de  enero del 2010 (fecha de entrada en vigencia\ndel Reglamento a la Ley para la Protección de  Obtenciones Vegetales, Decreto Ejecutivo número\n35677), al no regular de  manera pronta, cumplida y conforme a derecho, los mecanismos de tutela del\nderecho a la protección de las obtenciones vegetales previstos desde 1978 por la Ley 6289 y el\nReglamento a esa  Ley, bajo el argumento de que al momento de que planteó su gestión, no estaba\nvigente ninguna ley o reglamento que amparara el derecho que alega tener, tal y  como se analizará\nde seguido en considerando siguiente.\n\n \n\n\n\nI Vo.- EN CUANTO A LOS VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA DE  LAS CONDUCTAS FORMALES IMPUGNADAS. Este\nTribunal considera que los acuerdos  número dos, artículo seis, de la sesión número 609 del quince\nde diciembre del  dos mil diez, y número dos, artículo seis de la sesión ordinaria número 616 del\nveintiocho de setiembre del dos mil once, adoptados por la Junta Directiva de  la Oficina Nacional\nde Semillas; el Oficio ONS 332-2010 del veinte de diciembre del dos mil  diez, emitido por el\nDirector Ejecutivo de la Oficina Nacional  de Semillas, adolecen de vicios de nulidad absoluta, por\nser sustancialmente  contrarios al ordenamiento jurídico, por las razones que de seguido se exponen:\n1) Respecto al motivo. Este Tribunal considera que el  motivo que sustenta los actos impugnados es\nilegítimo, puesto que se basa en “…la  imposibilidad legal y material de la administración de actuar\nen ese momento  por falta de ley, puesto que ésta no estaba vigente a la hora de presentar la  nota\nbajo consecutivo GG-SEN-007-08, así como a la falta de sustento normativo  reglamentario que nos\npermitiera actuar dentro de los cauces de legalidad derivados  de los artículos 11 de la\nConstitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública…”  (folios 67   a 74 del\nexpediente judicial; 13, 14 y 15 del expediente  administrativo). En ese sentido, tal y como se\nanalizó en el considerando I  II de esta sentencia, resulta sustancialmente contrario a l\nordenamiento  jurídico , que los demandados aleguen que con anterioridad a la entrada en  vigencia\ntanto de la Ley  para la Protección  de Obtenciones Vegetales (Ley número 8631 del 19 de marzo del\n2008) y del  Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo número 35677-MAG del 11 de enero del  2010), no\nera posible recibir solicitudes tendentes al reconocimiento de  derechos de protección de las\nobtenciones vegetales, porque no existía norma  que los amparara, como tampoco disposiciones que\nregularan los requisitos y  el procedimiento a seguir para sus posible inscripción en el Registro de\nVariedades Protegidas, cuando, tal y como se explicó supra, si existía dicha  normativa . 2) Con\nrelación al contenido. Este Tribunal  considera que el contenido que sustenta los actos impugnados\nno es lícito,  puesto que se basa en “…A la luz de estas disposiciones, emanadas del mismo  acto\nlegislativo, se puede apreciar que la Oficina Nacional  de Semillas estaba imposibilitada de otorgar\nun derecho de obtentor vegetal sin  la promulgación específica del reglamento a la ley (…) El\nReglamento de la ley  se publicó hasta el 11 de enero del año 2010 de manera que hasta esa fecha la\nOficina Nacional  de Semillas estaba posibilitada de recibir solicitudes en las condiciones y\nrequisitos establecidos por la ley y el mismo reglamento…” (folios  10 a 14  del expediente\nadministrativo). En primera instancia, si bien es cierto, el  artículo 7 de la Ley  de Protección de\nlas Obtenciones Vegetales (Ley 8631), establece que “…Los  procedimientos y las normas generales\npara la presentación, publicación de  información sobre solicitudes, concesiones de derechos de\nobtentor y las  denominaciones propuestas y aprobadas, el trámite, el examen técnico y la\nresolución de las solicitudes para la concesión del derecho de obtentor, se  establecerán\nreglamentariamente. // Los procedimientos y las normas que se  desarrollen reglamentariamente\ndeberán incluir, como mínimo, los requisitos que  deben cumplir las solicitudes para la obtención\ndel título de obtención  vegetal, la obligación de publicar un aviso de las solicitudes presentadas,\nla  oportunidad de terceros de presentar oposiciones a las solicitudes presentadas,  previo a su\notorgamiento, y el órgano competente para la resolución del  procedimiento. También se publicará la\ninformación sobre los derechos de  obtentor concedidos y de las denominaciones propuestas y\naprobadas.”; dicha  circunstancia no implica que los interesados en que  se les declar e el derecho\nde obtentor, sobre una variedad de semillas que  pretende n le s sea protegida e inscrita en el\nregistro respectivo, no  pudieran presentar la solicitud correspondiente, antes de la promulgación\nde la Ley 8631, por las razones  ya indicadas en el apartado precedente; o bien, en el período\ncomprendido  entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley 8631 (19 de marzo de 2008) y la fecha\nen que  se publicó y entró en vigencia el Reglamento a la Ley 8631 (11 de enero del  2010). Ello por\ncuanto, desde el 04 de diciembre de 1978 de La Oficina Nacional  de Semillas (Ofinase) es el órgano\ncompetente para recibir, tramitar y resolver  las solicitudes para la inscripción tanto en el\nRegistro de Variedades  Comerciales, como en el Registro de Variedades Protegidas y en este último\ncaso, para la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades,  conforme a lo dispuesto\nen los artículos 1, 8  incisos c) y d), 10, 15 incisos c) y d), 20 incisos a) y b) de la Ley 6289;\n56 a  61 del Reglamento a la Ley  6289 (tanto en su versión anterior y posterior a la reforma\nintroducida por  Decreto Ejecutivo número 31736, que entró en vigencia el 29 de marzo de  2004); lo\ncual se reafirma, en el artículo 5 de la Ley 8631  y 4 del Decreto Ejecutivo 35677. En consecuencia,\nel hecho de que antes de la promulgación de la Ley 8631 o durante el período comprendido entre la\nfecha de  entrada en vigencia de la Ley  8631 (19 de marzo de 2008) y la fecha en que se publicó y\nentró en vigencia el  Reglamento a la Ley  8631 (11 de enero del 2010), no se hubiera dictado el\nreglamento que  definiría los procedimientos y las normas generales para la presentación,\npublicación de información sobre solicitudes, concesiones de derechos de  obtentor y las\ndenominaciones propuestas y aprobadas, el trámite, el examen  técnico y la resolución de las\nsolicitudes para la concesión del derecho de  obtentor, no impedía la presentación de las\nsolicitudes tendentes a la  protección de una variedad vegetal mediante su inscripción en el\nRegistro de  Variedades Protegidas, cuya tramitación efectiva quedaría a la espera de que  dictara\nla normativa reglamentaria respectiva. Sostener lo contrario,  resulta contrario a los principios de\nlógica y justicia y a lo dispuesto en los  artículos 7 párrafo 1º, 41 in fine, 47, 48, 129  párrafo\n2º de la   Constitución Política; 1 inciso 1, 7 y 8 inciso 1 del ADPIC  (Ley 7475); 1, 8 incisos c)\ny d), 15 incisos c) y d), 10, 20 incisos a)  y b) de la Ley de  la Oficina Nacional  de Semillas\n(Ley 6289); 1 incisos 1 y 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos  Industriales y\nModelos de Utilidad (Ley 6867); 77, 78 y 88 de la Ley de Biodiversidad (Ley  7788), no sólo porque\nimplica traspasar , como ya se dijo, a quien solicita le sea  declarado el derecho de obtentor,\nsobre una variedad de semillas que pretende  le sea protegida e inscrita en el registro respectivo-,\nlos efectos  negativos derivados de la inactividad administrativa en que incurrieron  desde el\ncuatro de diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 6289) hasta el once de  enero\ndel 2010 (fecha de entrada en vigencia del Reglamento a la Ley para la Protección de  Obtenciones\nVegetales, Decreto Ejecutivo número 35677), al no regular de  manera pronta, cumplida y conforme a\nderecho, los mecanismos de tutela del  derecho a la protección de las obtenciones vegetales\nprevistos desde 1978 por la Ley 6289 y el Reglamento a esa  Ley, reafirmado por la Ley  8631 y el\nDecreto Ejecutivo número 35677, bajo el argumento de que al momento  de que planteó su gestión, no\nestaba vigente ninguna ley o reglamento que amparara  el derecho que alega tener (folio 1 del\nexpediente administrativo); sino  también, porque legalmente es su obligación recibirlas para darles\nel  trámite respectivo, aún y cuando éste estuviera supeditado a la emisión del  reglamento\nejecutivo, toda vez que la   ONS es el órgano competente para recibirlas, tramitarlas y\nresolverlas, conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 8 incisos c) y d), 10, 15 incisos c) y d),\n20  incisos a) y b) de la Ley  6289; 56   a 61 del Reglamento a la Ley 6289 (tanto en su versión\nanterior y  posterior a la reforma introducida por Decreto Ejecutivo número 31736,  que entró en\nvigencia el 29 de marzo de 2004); 5 de la Ley 8631  y 4 del Decreto Ejecutivo 35677. En consecuencia\ny de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 288 inciso 1) de la Ley General de la\nAdministración Pública,   se mantiene el 18 de marzo del dos mil ocho, como fecha de presentación\nante  la Oficina Nacional  de Semillas, de la solicitud planteada por la empresa demandante,\ntendente a la  inscripción de la   Variedad Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas,  tal\ny como la propia Oficina Nacional de Semillas, ya había considerado en  oficio número D.E.066-08 del\nveintiuno de marzo del dos mil ocho, al comunicar  al representante de la empresa actora que\n\"...Acuso recibo de su  oficio GG-SEN-007-08, del 11 de marzo del 2008, mediante el cual nos\npresenta  solicitud formal para la inscripción de la variedad de arroz Palmar 18, en el  Registro de\nVariedades Protegidas…” (folio 02 del  expediente administrativo). En ese sentido y como segundo\naspecto a  analizar, si bien es cierto, no era posible aplicar en el caso de las  obtenciones de\nvariedades vegetales, las normas procesales contenidas en los  artículos 6 al 15 de la Ley  de\nPatentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y  Modelos de Utilidad (Ley 6867), que regulan\nel procedimiento a seguir  cuando se solicita patentar una invención, toda vez que la naturaleza de\nlos  requisitos para el otorgamiento de una patente de invención y su posterior  inscripción en el\nregistro (artículo 6 de la Ley 6867), son diferentes a los requeridos para obtener la protección de\nuna variedad  vegetal (artículo 7 del Decreto  Ejecutivo 35677), tan es así, que el propio inciso 3\ndel artículo 1 de la Ley de Patentes de  Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de\nUtilidad, establece que “…Las  obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial…”;\ntambién  lo es, que la Oficina   Nacional de Semillas, en aplicación de lo dispuesto en los\nartículos 39, 41 y 47 de la Constitución Política; 221 inciso 1) y 287 de la Ley General de la\nAdministración Pública,  debió prevenir a la empresa accionante, una vez que entrara en vigencia el\nReglamento a la Ley  de Protección de las Obtenciones Vegetales (Decreto Ejecutivo 35677), que la\ncompletara o corrigiera en el plazo de  treinta días hábiles, conforme a los requerimientos\nprevistos en los numerales 7 a 11 del Decreto  Ejecutivo 35677, a fin de establecer –en primera\ninstancia- el examen de forma  de la gestión planteada. Ello por cuanto, el procedimiento tendente a\ntramitar y resolver la solicitud planteada por  la empresa demandante el dieciocho de marzo del dos\nmil ocho, a fin de  inscribir la Variedad   Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas,\nestaba  paralizado por causas imputables a los demandados, que demoraron desde el cuatro de\ndiciembre de  1978 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 6289) hasta el once de enero del 2010\n(fecha de entrada en vigencia del Reglamento a la Ley para la Protección de  Obtenciones Vegetales,\nDecreto Ejecutivo número 35677), para reglamentar los  mecanismos de tutela del derecho a la\nprotección de las obtenciones vegetales  previstos desde 1978 por la Ley  6289 y el Reglamento a esa\nLey. Tan es así, que la propia empresa actora en la  solicitud planteada el 18 de marzo del dos mil\nocho, consciente de que su  solicitud estaba supeditada a la reglamentación del procedimiento y al\nestablecimiento de los requisitos por esa vía, indicó “… De antemano  agradecemos su valiosa\ncolaboración para avalar el trámite de inscripción y  le solicitamos nos indique el procedimiento a\nseguir a efectos de culminar el  proceso de registro...\" (folio 01 del  expediente administrativo).\nCabe destacar en este punto, que por  oficio número D.E.066-08 del veintiuno de marzo del dos mil\nocho, el propio  Director Ejecutivo de la   Oficina Nacional de Semillas, la comunicó al Gerente de\nla  empresa demandante que: \"... esperamos en el corto plazo poder  indicarle los procedimientos y\nrequisitos que deben cumplir las solicitudes, tanto  en aspectos formales - administrativos como en\nlas condiciones técnicas. De  momento, en aras de avanzar en el cumplimiento de requisitos, me\npermito  anexarle el formato utilizado por la   UPOV para la descripción de variedades de arroz...\"\n(folio 02 del expediente administrativo). Considera este  Tribunal que en razón de lo expuesto,\nresulta contrario a los principios de  buena fe y de confianza legítima, que dos años y casi nueve\nmeses después  de que el Director Ejecutivo de la   ONS emitiera dicho oficio, la Junta Directiva de\nla Oficina Nacional  de Semillas, denegara a la empresa actora la solicitud de inscripción de la\nVariedad Palmar 18  en el Registro de Variedades Protegidas, bajo el argumento de que “…No puede\nreconocerse legalmente como presentación de una solicitud para obtener un  título de obtentor\nvegetal la nota G-SEN-007-083) (…) Al no aceptarse cómo  válidos los supuestos anteriores resulta\nirrelevante la consideración de  retrotraer en el tiempo los hechos para proceder a una\ninscripción…”, toda  vez que –se insiste- en aplicación de lo dispuesto en los artículos 39,  41 y\n47 de la   Constitución Política; 221 inciso 1) y 287 de la Ley General de la Administración\nPública,  debió prevenir a la empresa accionante, una vez que entrara en vigencia el  Reglamento a\nla Ley  de Protección de las Obtenciones Vegetales (Decreto Ejecutivo 35677), que completara o\ncorrigiera la solicitud  planteada, en el plazo de treinta días  hábiles, conforme a los\nrequerimientos previstos en los numerales 7 a 11 del Decreto  Ejecutivo 35677, a fin de establecer\n–en primera instancia- el examen de  forma de la gestión planteada. 3) En cuanto al fin. Cabe\nrecordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 8 incisos  c) y d), 10, 15\nincisos c) y d) de la   Ley de Creación de la Oficina de Semillas; 7 del Acuerdo Sobre los  Aspectos\nde los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio  (ADPIC); 88 de la Ley  de\nBiodiversidad y 3 de la Ley  de Protección de las Obtenciones Vegetales, existe un interés público\nen  garantizar al país y sus habitantes, ser destinatarios de información y  cooperación científico-\ntécnica en materia de biodiversidad, así como tener  acceso a la tecnología mediante políticas\nadecuadas de transferencia, incluida  la biotecnología y el conocimiento asociado; razón por la\ncual, el Estado  deberá facilitar el acceso a las tecnologías pertinentes para la conservación y  el\nuso sostenible de la biodiversidad, específicamente en cuanto se refiere a  la actividad de\ngeneración de variedades por parte de personas físicas y  jurídicas, públicas o privadas, por los\nbeneficios que esto deriva al  desarrollo y la competitividad agropecuaria nacional, sin perjuicio\nde los  derechos de propiedad intelectual, industrial o de los derechos colectivos  intelectuales\nsui géneris. En ese sentido, los  actos impugnados resultan contrarios a los fines principales\nprevistos por el  ordenamiento jurídico, a fin de proteger los derechos de los obtentores  de\nvariedades vegetales, salvaguardando el derecho al uso por parte del pequeño  y mediano agricultor,\nal rechazar de manera ilegítima e injustificada, la  solicitud planteada por la empresa actora\ntendente a la inscripción de la  variedad Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas. 4)\nCorolario. Por todo lo expuesto, este  Tribunal estima que: i) Los acuerdos  número dos, artículo\nseis, de la sesión número 609 del quince de diciembre del  dos mil diez, y número dos, artículo seis\nde la sesión ordinaria número 616 del  veintiocho de setiembre del dos mil once, adoptados por la\nJunta Directiva de  la Oficina Nacional  de Semillas; y el Oficio ONS 332-2010 del veinte de\ndiciembre del dos mil diez,  emitido por el Director Ejecutivo de la Oficina Nacional  de Semillas,\nadolecen de vicios de nulidad absoluta, por resultar  sustancialmente contrarios al ordenamiento\njurídico, específicamente a lo  dispuesto en los artículos 7 párrafo 1º, 39, 41 in fine, 47, 48, 129\npárrafo 2º de la   Constitución Política; 1 inciso 1, 7 y 8 inciso 1 del ADPIC  (Ley 7475); 1, 8\nincisos c) y d), 15 incisos c) y d), 10, 20 incisos a)  y b) de la Ley de  la Oficina Nacional  de\nSemillas (Ley 6289); 1 incisos 1 y 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos\nIndustriales y Modelos de Utilidad (Ley 6867); 77, 78 y 88 de la Ley de Biodiversidad (Ley  7788);\n11, 16 inciso 1), 131, 132, 133, 136, 158,  166, 221 inciso 1), 287 y 288 inciso 1) de la Ley\nGeneral de la Administración Pública;  5, 7 y 12 de la Ley  de Protección de las Obtenciones\nVegetales (Ley 8631); 34 inciso a), 60 y 61,  88 del Decreto Ejecutivo número 12907-A (los numerales\n60 y 61 antes de la  reforma por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 31736, que entró en vigencia el\n29 de marzo de 2004); 4, 7 a  11 del Decreto Ejecutivo número 35677-MAG y los principios de\njusticia, lógica,  buena fe y confianza legítima; ii) De  conformidad con lo dispuesto en los\nnumerales 1,  8 incisos c) y d), 10, 15 incisos c) y d), 20 incisos a) y b) de la Ley 6289; 56 a  61\ndel Reglamento a la Ley  6289 (tanto en su versión anterior y posterior a la reforma introducida por\nDecreto Ejecutivo número 31736, que entró en vigencia el 29 de marzo de  2004); 5 de la Ley  8631 y\n4 del Decreto Ejecutivo 35677-MAG; 288  inciso 1) de la Ley   General de la Administración Pública,\nse mantiene el 18 de marzo del dos mil ocho, como fecha de presentación ante  la Oficina Nacional\nde Semillas, de la solicitud planteada por la empresa demandante, tendente a la  inscripción de la\nVariedad Palmar 18 en el Registro de Variedades Protegidas,  tal y como la propia Oficina Nacional\nde Semillas, ya había considerado en  oficio número D.E.066-08 del veintiuno de marzo del dos mil\nocho; iii)  En consecuencia y de acuerdo a los artículos 7 y 12 de la Ley 8631, 7 a 11 del Decreto\nEjecutivo  número 35677-MAG, 221 inciso 1), y 287 inciso  1) de la Ley General  de la\nAdministración Pública, se ordena a la Oficina Nacional  de Semillas, iniciar el trámite de la\nsolicitud presentada por la empresa  actora el dieciocho de marzo del dos mil ocho, conforme al\nprocedimiento establecido  en los artículos 11 a  24 d el Decreto Ejecutivo número 35677-MAG, 221\ninciso 1), a fin de que  resuelva lo que en derecho corresponda.¨",
  "body_en_text": "II o.- OBJECT OF THE PROCEEDINGS. The plaintiff considers that, in accordance with the provisions of articles 1, 8, 10, 15 subsections c) and d), and 20 subsections a) and b) of the Law of the National Seed Office (Ley de la Oficina Nacional de Semillas, Law number 6289 of December 4, 1978); 9, 34 subsection a), 60, and 61 of the Regulation to that Law, the National Seed Office had clearly defined the scope and powers to make effective the Varietal Protection and Breeder's Rights of New Plant Varieties; therefore, in its view, the Office was responsible since 1978, not only to open a Register of Protected Varieties, in order to protect the rights of those who register new varieties, created or discovered, but also to establish the necessary requirements and procedure for that purpose. By reason of the foregoing, it considers that since 1978 it has held a right to protect intellectual property in plant breeding material, which was reinforced as of March 19, two thousand eight, the effective date of the Law for the Protection of Plant Varieties (Law number 8631). That this right also finds support in the provisions of articles 47 of the Political Constitution, 1 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1C of the WTO Agreement, approved by Costa Rica through Law 7475, which entered into force on December 26, 1994); 77, 78, and 88 of the Biodiversity Law; and the Convention for the Protection of Plant Varieties, published in La Gaceta number 83 of April 30, two thousand eight. By reason of the foregoing, it considers that the challenged acts are contrary to the provisions of articles 131, 132, and 133 of the General Law of Public Administration, since in its view, rejecting the application filed on March 18, two thousand eight, for the registration in the Register of Protected Varieties, of the Palmar 18 Variety, on the grounds that at the time of its presentation to the ONS, not only had the Law for the Protection of Plant Varieties (Law number 8631) not entered into force, but also that the executive regulation to that law had not yet been issued, in which not only the requirements but also the procedure to apply should have been established, in order to determine the appropriateness or not of the applications filed for the protection of plant varieties, is substantially contrary to the legal system. In that sense, it argues that the ONS should have taken into account that administrative regulations must be interpreted in the way that best guarantees the realization of the public end to which it is directed, so that if one day after its represented party filed its application for registration of the Palmar 18 Variety, a rule already existed that declared the activity of generating varieties of national interest and another rule that established its competence to receive, process, and resolve applications, then, it should have considered that waiting for a regulation to determine whether or not the granting of this type of registration was appropriate in no way satisfied the public end of benefiting agricultural development and competitiveness. Therefore, it considers that in the absence of said regulation, the ONS should have integrated the existing rules at the time of filing the application, or else, rectified the procedures with the regulation that had already been issued. By reason of the foregoing, it considers it inappropriate that three years after filing the application for the registration of the Palmar 18 variety in the Register of Protected Varieties, the ONS decided to reject it on the grounds that at the time of its presentation, it did not have the regulatory tools to process it, even though, in its view, the right to obtain protection for the breeder of a plant variety, provided for in the Political Constitution, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, the Biodiversity Law, and the Convention for the Protection of Plant Varieties, is of immediate application and does not require a law to produce its effects. In addition to the foregoing, it considers it inappropriate that its application is rejected on the grounds that at the time of its filing, the regulation that, in accordance with article 7 of Law 8631, should have been issued to regulate the procedures and general rules for the presentation, processing, and resolution of applications for the granting of breeder's rights, had not yet been issued, when the Executive Branch took almost two years to issue the executive regulation to Law 8631. Therefore, it alleges it is inappropriate to attribute the negative consequences of that delay to its represented party, as constitutional jurisprudence has held in similar cases (judgment 1900-1463 of fourteen hours thirty minutes of October thirty, one thousand nine hundred ninety). Consequently, it considers that the breaches incurred by the ONS produced an unlawful injury both to the plaintiff company and to the public interest. For their part, the representatives of the State and the National Seed Office maintain that: a) The grounds for the act are fully conformed, since the factual background is the premature filing of the application, the recognition of which is sought in this matter. They highlight that the plaintiff formulated its petition prior to the publication in La Gaceta of the Law, a situation that, in their view, shows that the regulatory body on which the plaintiff intends to base its right had not yet taken effect. By reason of the foregoing, they consider that granting what is requested by the plaintiff would be contrary to the provisions of articles 11 and 129 of the Political Constitution, and 7 of the Civil Code, since at the time of filing the petition, the rule on which it is based had not yet come into legal existence; b) They allege that Law 8631 itself imposed an additional limitation, since numeral 7 subjects all procedures, formalities, examinations, and resolutions concerning the granting of breeder's rights to the regulatory norm, which did not exist at the time the application was filed. They consider that this circumstance denies any possibility for any department or instance of the ONS to arrogate powers, by interpretative or integrative means, to set the parameters for obtaining protection in this matter, as there is a clear regulatory reservation established by law. Likewise, they argue that the validity of a law begins with its publication in the Official Gazette La Gaceta, so its application and interpretation can only occur after that moment and not before, as the plaintiff wrongly intends; c) They indicate that no harm can derive for the plaintiff company from the time elapsed to issue the Regulation to Law 8631, since the company formulated its petition prematurely and for that reason was rejected. That is, they maintain that regardless of when the regulatory body in question was issued, the petition under litigation would have been denied. Therefore, the reasonableness and proportionality of the time period for issuing the Regulation to Law 8631 cannot constitute a ground for the nullity of the challenged acts, not only because that aspect is not being discussed nor should it be discussed in this process, but also because the aspects to be regulated required in-depth analysis, and consequently, the time elapsed for the issuance of the Regulation responds to the technical nature of the matter and the effective protection that must be provided to each individual or legal entity seeking the granting of a breeder's right; d) Finally, the representative of the State alleges that the plaintiff failed to indicate the nature of the injuries it claims and their quantification. By reason of the foregoing, it considers that it is in a total state of defenselessness, as it is unaware of the type of injury, what it consists of, and its quantification, a circumstance that entails the material impossibility of defense. However, it indicates that if it is considered that there is any injury that must be compensated, the ONS has its own budget and therefore, the imposition of the amounts to be paid must fall upon it, in accordance with the ruling by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in judgment number 1360-F-S1-2010 of ten hours twenty-five minutes of November eleven, two thousand ten.\n\nII. o.- ON THE RECOGNITION OF THE RIGHT TO THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES, PRIOR TO LAW # 8631, AND THE MECHANISMS FOR ITS PROTECTION PROVIDED FOR IN LAW # 6289. While it is true, according to paragraph 1 of article 129 of the Political Constitution, laws are mandatory and take effect from the day they designate, and failing this requirement, ten days after their publication in the Official Gazette; it is also true that paragraph 2 of that same numeral establishes that no one may claim ignorance of the law. In this sense, and contrary to what the representatives of the State and the National Seed Office maintain, the recognition of the right to the protection of plant varieties does not originate with the entry into force on March 19, two thousand eight, of the Law for the Protection of Plant Varieties (number 8631), but has its genesis in article 47 of the Political Constitution itself, which establishes \"...Every author, inventor, producer, or merchant shall temporarily enjoy the exclusive property of his work, invention, trademark, or trade name, in accordance with the law...\". However, given that the constituent delegates the regulation of this right to the legislator, through the Law of the National Seed Office (Law 6289), which entered into force on December 4, one thousand nine hundred seventy-eight, created the ONS as an agency of the Ministry of Agriculture and Livestock with independence in its operational functioning and with its own legal personality in its administration, which shall be in charge of the promotion and protection, improvement, control, and use of superior quality seeds (article 1). For this purpose, the ONS must keep –among other aspects– a register of commercial varieties, with recommendations or restrictions on their use, as well as a register of protected varieties; and also establish the rules and controls for the production of breeder's rights of new varieties –articles 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d)–. To fulfill this last aspect, the National Seed Office, through the regulation of Law 6289, shall set the conditions that must be met to obtain the titles of seed producer, as well as their different categories, rights, and obligations. Likewise, it shall regulate trade among producers, processors, and merchants in general, to guarantee seed quality, for which a registry shall be established that will authorize the registrant to trade in seeds –articles 10, 20 subsections a) and b)–. In this sense, the Regulation to the Law of the National Seed Office (Executive Decree number 12907-A, which entered into force on September 21, 1981), established in articles 60 and 61 –respectively– that the ONS shall open a Register of Protected Varieties where new, created, or discovered varieties shall be registered; and that registration in the Register of Protected Varieties shall be done according to the requirements established for that purpose by the National Seed Office in due course. This is because the ONS has the power to propose to the Executive Branch the modification of this Executive Decree and the issuance of the necessary decrees for carrying out the functions imposed on it by the Law and the Regulation itself (article 34 subsection 1). Finally, numeral 88 of that same Regulation defines protected varieties as those new plant varieties created or discovered, duly registered in the Register of Protected Varieties, established for such purpose. It should be noted that through article 1 of Executive Decree number 31736, which entered into force on March 29, 2004, articles 60 and 61 of the Regulation to the Law of the National Seed Office were modified –among others–, thereby eliminating the rules referring to the obligation to regulate everything concerning the Register of Protected Varieties (which was created in 1978 by Law 6289) and, consequently, the effective protection of the breeder's rights of protected varieties, which Law 6289 imposes on the ONS as one of its main functions, focusing solely on regulating the Register of Commercial Varieties (see recitals 3 to 6 of Executive Decree number 31736, in the digital version of that regulation, on the website: www.pgr.go.cr/scij). At this point, it should be highlighted that not only the Law of the National Seed Office (Law 6289) imposes on the State in general, and on the ONS in particular, the effective regulation of the rights of protection of plant varieties, but also the following rules: i) The Law of Invention Patents, Industrial Drawings and Models, and Utility Models (Law number 6867, which entered into force on April 25, 1983), establishes in article 1 subsections 1 and 3, respectively, that \"...1.- An invention is any creation of the human intellect, capable of being applied in industry, that meets the patentability conditions provided in this law. It may be a product, a machine, a tool, or a manufacturing process and shall be protected by an invention patent (...) 3.- Plant varieties shall have protection through a special law...\"; ii) The Agreement Establishing the World Trade Organization, specifically Annex 1C, called the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (ADPIC), which was approved by the Legislative Assembly through Law number 7475, which entered into force on December 26, 1994, in whose article 1.1 states that \"Members may provide in their legislation, although they are not obligated to do so, more extensive protection than that required by this Agreement, provided that such protection does not infringe upon the provisions thereof. Members may freely determine the appropriate method for implementing the provisions of this Agreement within the framework of their own legal system and practice.\" Likewise, it indicates that the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual benefit of producers and users of technological knowledge, and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations (article 7). Finally, and what is of interest for the specific case, numeral 8 establishes the principles that should govern internal legislation aimed at the protection of intellectual property, in the sense that \"...Members, when formulating or modifying their laws and regulations, may adopt the measures necessary to protect public health and nutrition, or to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are compatible with the provisions of this Agreement.\" iii) The Biodiversity Law (Law number 7788, which entered into force on May 27, 1998), which establishes that the State recognizes the existence and validity of forms of knowledge and innovation and the need to protect them, through the use of the appropriate legal mechanisms for each specific case (article 77), which translate –among other forms and with the exceptions contemplated therein– into patents, trade secrets, plant breeder's rights, sui generis community intellectual rights, copyright, farmers' rights (article 78). This is because there is a public interest in guaranteeing the country and its inhabitants to be recipients of scientific-technical information and cooperation in matters of biodiversity, as well as to have access to technology through appropriate transfer policies, including biotechnology and associated knowledge; for which reason, the State must facilitate access to relevant technologies for conservation and sustainable use of biodiversity, without prejudice to intellectual property rights, industrial property rights, or sui generis collective intellectual rights (article 88). Notwithstanding the foregoing, the State and the National Seed Office failed to fulfill the duty imposed by the Political Constitution; the ADPIC (approved by Law 7475); Laws 6289, 6867, and 7788; Executive Decree number 12907-A, related to regulating everything concerning the Register of Protected Varieties, was created in 1978 by Law 6289 and, consequently, for the effective protection of the breeder's rights of protected varieties, which that Law imposes on the ONS as one of its main functions. So much so, that by certification issued on March twenty-seven, two thousand twelve, the Head of the Technical Department of the National Seed Office stated that \"...according to the files and records kept by this office, the Register of Protected Varieties was implemented after the promulgation of Law 8631 PROTECTION OF PLANT VARIETIES published in La Gaceta 56 on March 19, 2008, and its Regulation Decree No. 35677-MAG published in La Gaceta No. 6 of January 11, 2010. Consequently, prior to those dates, the System for the Register of Protected Varieties had not been established...\" (folio 115 of the judicial file). Consequently, the right to the protection of plant varieties was not only generally recognized since the promulgation of the 1949 Constitution (article 47), and specifically since 1978 with the entry into force of Law number 6289 –articles 1, 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d), 10, 20 subsections a) and b)–, but also, that Law generally established the mechanisms for its protection, through the creation of the Register of Protected Varieties, whose implementation was contingent upon the Executive Branch, through regulations and at the instance of the ONS, establishing the requirements and the procedure to follow for that purpose, which was never done during the period from December 4, 1978 (the effective date of Law 6289) to January 11, 2010 (the effective date of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree number 35677). Quite the contrary, since through article 1 of Executive Decree number 31736, which entered into force on March 29, 2004, articles 60 and 61 of the Regulation to the Law of the National Seed Office were modified –among others–, thereby eliminating the rules referring to the obligation to regulate, by regulatory means, everything concerning the Register of Protected Varieties (which was created in 1978 by Law 6289), focusing solely on regulating the Register of Commercial Varieties (see recitals 3 to 6 of Executive Decree number 31736, in the digital version of that regulation, on the website: www.pgr.go.cr/scij), which is manifestly and evidently contrary to the provisions of the very law it regulates. The foregoing, despite the fact that even, since December twenty-six, one thousand nine hundred ninety-four, the Costa Rican State had approved, through Law 7475, the Agreement Establishing the World Trade Organization, specifically Annex 1C, called the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (ADPIC), and therefore, had committed itself at the international level, in accordance with the provisions of articles 1 subsection 1, 7, and 8 subsection 1 of the ADPIC, to formulate and/or modify its laws and regulations, in order to effectively protect and enforce intellectual property rights, in accordance with the provisions of said Agreement (article 7 paragraph 1 and 48 of the Political Constitution). Finally, it is necessary to highlight that the Law for the Protection of Plant Varieties did not repeal the provisions contained in articles 1, 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d), 10, and 20 subsections a) and b) of the Law of the National Seed Office, related to the creation and regulation of the Register of Protected Varieties and, therefore, for the protection of the breeder's rights of new varieties. For all the foregoing, this Court considers that it is not only substantially contrary to the provisions of articles 7 paragraph 1, 41 in fine, 47, 48, 129 paragraph 2 of the Political Constitution; 1 subsection 1, 7, and 8 subsection 1 of the ADPIC (Law 7475); 1, 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d), 10, 20 subsections a) and b) of the Law of the National Seed Office (Law 6289); 1 subsections 1 and 3 of the Law of Invention Patents, Industrial Drawings and Models, and Utility Models (Law 6867); 77, 78, and 88 of the Biodiversity Law (Law 7788); 34 subsection a), 60 and 61, 88 of Executive Decree number 12907-A (numerals 60 and 61 before the reform by article 1 of Executive Decree 31736, which entered into force on March 29, 2004); but also, to the principles of logic and justice (article 16 subsection 1 of the General Law of Public Administration), for the defendants to argue that prior to the entry into force of both the Law for the Protection of Plant Varieties (Law number 8631 of March 19, 2008) and the Regulation to that Law (Executive Decree number 35677-MAG of January 11, 2010), it was not possible to receive applications for the recognition of rights of protection of plant varieties, because there was no rule that protected them, nor provisions that regulated the requirements and the procedure to follow for their possible registration in the Register of Protected Varieties, not only because the right to the protection of plant varieties was recognized generally since the promulgation of the 1949 Political Constitution (article 47), and specifically since 1978 with the entry into force of Law number 6289 –articles 1, 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d), 10, 20 subsections a) and b)–, reaffirmed both in 1983 with the provisions of article 1 subsections 1 and 3 of Law 6867, and in 1998 with numerals 77, 78, and 88 of the Biodiversity Law; but also because, in Law 6289 itself, the mechanisms for its protection were generally established, through the creation of the Register of Protected Varieties, whose implementation was contingent upon the Executive Branch, through regulations and at the instance of the ONS, establishing the requirements and the procedure to follow for that purpose, which was not done until January 11, 2010, with the entry into force of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree number 35677. Consequently, the defendants cannot validly transfer to whoever requests the declaration of a breeder's right over a seed variety that it intends to be protected and registered in the respective registry – the negative effects derived from the administrative inactivity incurred from December 4, 1978 (the effective date of Law 6289) until January 11, 2010 (the effective date of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree number 35677), by not regulating promptly, fully, and in accordance with the law, the mechanisms for protecting the right to the protection of plant varieties provided for since 1978 by Law 6289 and the Regulation to that Law, under the argument that at the time the petition was filed, no law or regulation was in force that protected the right it claims to have, as will be analyzed next in the following recital.\n\nI. REGARDING THE ABSOLUTE NULLITY DEFECTS OF THE CHALLENGED FORMAL CONDUCT. This Tribunal finds that agreement number two, article six, of session number 609 of December fifteenth, two thousand ten, and agreement number two, article six of ordinary session number 616 of September twenty-eighth, two thousand eleven, adopted by the Board of Directors of the National Seed Office; and Official Communication ONS 332-2010 of December twentieth, two thousand ten, issued by the Executive Director of the National Seed Office, are afflicted with absolute nullity defects, for being substantially contrary to the legal system, for the following reasons:\n\n1) Regarding the grounds. This Tribunal considers that the grounds supporting the challenged acts are illegitimate, since they are based on “…the legal and material impossibility of the administration to act at that time due to the lack of a law, since it was not in force at the time of presenting the memorandum with consecutive number GG-SEN-007-08, as well as the lack of regulatory normative support that would allow us to act within the channels of legality derived from articles 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law on Public Administration…” (folios 67 to 74 of the judicial file; 13, 14 and 15 of the administrative file). In that sense, as analyzed in Considerando III of this judgment, it is substantially contrary to the legal system that the defendants allege that prior to the entry into force of both the Law for the Protection of Plant Varieties (Law number 8631 of March 19, 2008) and the Regulation to that Law (Executive Decree number 35677-MAG of January 11, 2010), it was not possible to receive requests aimed at the recognition of rights for the protection of plant varieties, because there was no rule that protected them, nor provisions regulating the requirements and the procedure to follow for their possible registration in the Register of Protected Varieties, when, as explained supra, such regulations did exist.\n\n2) Regarding the content. This Tribunal considers that the content supporting the challenged acts is not lawful, since it is based on “…In light of these provisions, emanating from the same legislative act, it can be seen that the National Seed Office was unable to grant a plant breeder’s right without the specific promulgation of the regulation to the law (...) The Regulation to the law was not published until January 11, 2010, so until that date the National Seed Office was not enabled to receive requests under the conditions and requirements established by the law and the regulation itself…” (folios 10 to 14 of the administrative file). Firstly, while it is true that article 7 of the Law for the Protection of Plant Varieties (Law 8631) establishes that “…The procedures and general rules for the filing, publication of information on requests, granting of breeder’s rights and the proposed and approved denominations, the processing, the technical examination and the resolution of requests for the granting of the breeder’s right, shall be established by regulation. // The procedures and rules developed by regulation must include, at a minimum, the requirements that requests must meet to obtain the title of plant variety protection, the obligation to publish a notice of the filed requests, the opportunity for third parties to present oppositions to the filed requests, prior to their granting, and the competent body for resolving the procedure. Information on granted breeder’s rights and on proposed and approved denominations shall also be published.”; this circumstance does not imply that interested parties seeking a declaration of a breeder’s right over a seed variety they intend to have protected and registered in the respective register could not file the corresponding request before the promulgation of Law 8631, for the reasons already stated in the preceding section; or, indeed, during the period between the date of entry into force of Law 8631 (March 19, 2008) and the date on which the Regulation to Law 8631 was published and entered into force (January 11, 2010). This is because, since December 4, 1978, the National Seed Office (Ofinase) has been the competent body to receive, process, and resolve requests for registration in both the Register of Commercial Varieties and the Register of Protected Varieties, and in this latter case, for the protection of the rights of the breeder of new varieties, pursuant to articles 1, 8 subsections c) and d), 10, 15 subsections c) and d), 20 subsections a) and b) of Law 6289; 56 to 61 of the Regulation to Law 6289 (both in its version prior to and after the amendment introduced by Executive Decree number 31736, which entered into force on March 29, 2004); which is reaffirmed in article 5 of Law 8631 and 4 of Executive Decree 35677. Consequently, the fact that before the promulgation of Law 8631 or during the period between the date of entry into force of Law 8631 (March 19, 2008) and the date on which the Regulation to Law 8631 was published and entered into force (January 11, 2010), the regulation that would define the procedures and general rules for filing, publication of information on requests, granting of breeder’s rights and proposed and approved denominations, processing, technical examination, and resolution of requests for the granting of a breeder’s right had not been issued, did not prevent the filing of requests aimed at the protection of a plant variety through its registration in the Register of Protected Varieties, the effective processing of which would remain pending the issuance of the respective regulatory provisions. To hold otherwise is contrary to the principles of logic and justice and to articles 7 paragraph 1, 41 in fine, 47, 48, 129 paragraph 2 of the Political Constitution; 1 subsection 1, 7 and 8 subsection 1 of the TRIPS Agreement (Law 7475); 1, 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d), 10, 20 subsections a) and b) of the Law of the National Seed Office (Law 6289); 1 subsections 1 and 3 of the Law on Patents for Inventions, Industrial Drawings and Models, and Utility Models (Law 6867); 77, 78 and 88 of the Biodiversity Law (Law 7788), not only because it implies transferring, as already stated, to the party requesting a declaration of a breeder’s right over a seed variety it intends to have protected and registered in the respective register, the negative effects derived from the administrative inactivity incurred from December fourth, 1978 (date of entry into force of Law 6289) until January eleventh, 2010 (date of entry into force of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree number 35677), by failing to regulate promptly, fully, and in accordance with the law, the mechanisms for safeguarding the right to the protection of plant varieties provided for since 1978 by Law 6289 and the Regulation to that Law, reaffirmed by Law 8631 and Executive Decree number 35677, under the argument that at the time they filed their petition, no law or regulation that protected the right they claim to have was in force (folio 1 of the administrative file); but also, because it is legally their obligation to receive them for their respective processing, even if such processing was conditional upon the issuance of the executive regulation, given that the ONS is the competent body to receive, process, and resolve them, pursuant to numerals 1, 8 subsections c) and d), 10, 15 subsections c) and d), 20 subsections a) and b) of Law 6289; 56 to 61 of the Regulation to Law 6289 (both in its version prior to and after the amendment introduced by Executive Decree number 31736, which entered into force on March 29, 2004); 5 of Law 8631 and 4 of Executive Decree 35677. Consequently, and in accordance with article 288 subsection 1) of the General Law on Public Administration, March eighteenth, two thousand eight, is maintained as the filing date with the National Seed Office of the request filed by the plaintiff company aimed at the registration of the Variety Palmar 18 in the Register of Protected Varieties, as the National Seed Office itself had already considered in official communication number D.E.066-08 of March twenty-first, two thousand eight, by informing the representative of the plaintiff company that \"...I acknowledge receipt of your memorandum GG-SEN-007-08, of March 11, 2008, by which you formally file a request for the registration of the rice variety Palmar 18 in the Register of Protected Varieties…” (folio 02 of the administrative file).\n\nIn that sense, and as a second aspect to analyze, while it is true that it was not possible to apply in the case of plant varieties the procedural rules contained in articles 6 to 15 of the Law on Patents for Inventions, Industrial Drawings and Models, and Utility Models (Law 6867), which regulate the procedure to follow when seeking to patent an invention, given that the nature of the requirements for granting an invention patent and its subsequent registration in the register (article 6 of Law 6867) are different from those required to obtain protection for a plant variety (article 7 of Executive Decree 35677); so much so that subsection 3 of article 1 of the Law on Patents for Inventions, Industrial Drawings and Models, and Utility Models itself establishes that “…Plant varieties shall have protection by means of a special law…”; it is also true that the National Seed Office, applying articles 39, 41, and 47 of the Political Constitution; 221 subsection 1) and 287 of the General Law on Public Administration, should have notified the plaintiff company, once the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties (Executive Decree 35677) entered into force, to complete or correct it within a period of thirty working days, in accordance with the requirements set forth in numerals 7 to 11 of Executive Decree 35677, in order to establish – in the first instance – the formal examination of the filed petition. This is because the procedure for processing and resolving the request filed by the plaintiff company on March eighteenth, two thousand eight, to register the Variety Palmar 18 in the Register of Protected Varieties, was stalled for reasons attributable to the defendants, who delayed from December fourth, 1978 (date of entry into force of Law 6289) until January eleventh, 2010 (date of entry into force of the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties, Executive Decree number 35677), in regulating the mechanisms for safeguarding the right to the protection of plant varieties provided for since 1978 by Law 6289 and the Regulation to that Law. So much so that the plaintiff company itself, in the request filed on March 18, two thousand eight, aware that its request was conditional upon the regulation of the procedure and the establishment of the requirements via that channel, stated: “…We thank you in advance for your valuable collaboration in endorsing the registration process and we request that you indicate the procedure to follow for the purpose of completing the registration process...\" (folio 01 of the administrative file).\n\nIt is worth highlighting at this point that, through official communication number D.E.066-08 of March twenty-first, two thousand eight, the Executive Director of the National Seed Office himself informed the Manager of the plaintiff company that: \"...we hope to be able to shortly indicate the procedures and requirements that requests must meet, both in formal-administrative aspects and in technical conditions. For now, in order to advance in the fulfillment of requirements, I am attaching the format used by UPOV for the description of rice varieties...\" (folio 02 of the administrative file). This Tribunal considers that, for the reasons stated, it is contrary to the principles of good faith and legitimate expectations that two years and almost nine months after the Executive Director of the ONS issued that communication, the Board of Directors of the National Seed Office denied the plaintiff company’s request for registration of the Variety Palmar 18 in the Register of Protected Varieties, under the argument that “…Memorandum G-SEN-007-083) cannot be legally recognized as the filing of a request to obtain a plant breeder’s title (...) Not accepting the above assumptions as valid renders irrelevant the consideration of rolling back events in time to proceed with a registration…”, given that – it is reiterated – applying articles 39, 41, and 47 of the Political Constitution; 221 subsection 1) and 287 of the General Law on Public Administration, it should have notified the plaintiff company, once the Regulation to the Law for the Protection of Plant Varieties (Executive Decree 35677) entered into force, to complete or correct the filed request within the period of thirty working days, in accordance with the requirements set forth in numerals 7 to 11 of Executive Decree 35677, in order to establish – in the first instance – the formal examination of the filed petition.\n\n3) Regarding the purpose. It should be recalled that, in accordance with articles 1, 2, 8 subsections c) and d), 10, 15 subsections c) and d) of the Law for the Creation of the Seed Office; 7 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement); 88 of the Biodiversity Law and 3 of the Law for the Protection of Plant Varieties, there is a public interest in guaranteeing the country and its inhabitants the receipt of scientific-technical information and cooperation on biodiversity matters, as well as access to technology through adequate transfer policies, including biotechnology and associated knowledge; for which reason, the State must facilitate access to pertinent technologies for the conservation and sustainable use of biodiversity, specifically regarding the activity of generating varieties by natural and legal persons, public or private, due to the benefits this brings to national agricultural development and competitiveness, without prejudice to intellectual or industrial property rights or sui generis collective intellectual rights. In that sense, the challenged acts are contrary to the principal purposes intended by the legal system to protect the rights of breeders of plant varieties, safeguarding the right of use by small and medium farmers, by illegitimately and unjustifiably rejecting the request filed by the plaintiff company for the registration of the variety Palmar 18 in the Register of Protected Varieties.\n\n4) Corollary. For all the foregoing, this Tribunal holds that: i) Agreement number two, article six, of session number 609 of December fifteenth, two thousand ten, and agreement number two, article six of ordinary session number 616 of September twenty-eighth, two thousand eleven, adopted by the Board of Directors of the National Seed Office; and Official Communication ONS 332-2010 of December twentieth, two thousand ten, issued by the Executive Director of the National Seed Office, are afflicted with absolute nullity defects, for being substantially contrary to the legal system, specifically articles 7 paragraph 1, 39, 41 in fine, 47, 48, 129 paragraph 2 of the Political Constitution; 1 subsection 1, 7 and 8 subsection 1 of the TRIPS Agreement (Law 7475); 1, 8 subsections c) and d), 15 subsections c) and d), 10, 20 subsections a) and b) of the Law of the National Seed Office (Law 6289); 1 subsections 1 and 3 of the Law on Patents for Inventions, Industrial Drawings and Models, and Utility Models (Law 6867); 77, 78 and 88 of the Biodiversity Law (Law 7788); 11, 16 subsection 1), 131, 132, 133, 136, 158, 166, 221 subsection 1), 287 and 288 subsection 1) of the General Law on Public Administration; 5, 7 and 12 of the Law for the Protection of Plant Varieties (Law 8631); 34 subsection a), 60 and 61, 88 of Executive Decree number 12907-A (numerals 60 and 61 prior to the amendment by article 1 of Executive Decree 31736, which entered into force on March 29, 2004); 4, 7 to 11 of Executive Decree number 35677-MAG and the principles of justice, logic, good faith, and legitimate expectations; ii) In accordance with numerals 1, 8 subsections c) and d), 10, 15 subsections c) and d), 20 subsections a) and b) of Law 6289; 56 to 61 of the Regulation to Law 6289 (both in its version prior to and after the amendment introduced by Executive Decree number 31736, which entered into force on March 29, 2004); 5 of Law 8631 and 4 of Executive Decree 35677-MAG; 288 subsection 1) of the General Law on Public Administration, March eighteenth, two thousand eight, is maintained as the filing date with the National Seed Office of the request filed by the plaintiff company, aimed at the registration of the Variety Palmar 18 in the Register of Protected Varieties, as the National Seed Office itself had already considered in official communication number D.E.066-08 of March twenty-first, two thousand eight; iii) Consequently, and in accordance with articles 7 and 12 of Law 8631, 7 to 11 of Executive Decree number 35677-MAG, 221 subsection 1), and 287 subsection 1) of the General Law on Public Administration, the National Seed Office is ordered to initiate the processing of the request filed by the plaintiff company on March eighteenth, two thousand eight, in accordance with the procedure established in articles 11 to 24 of Executive Decree number 35677-MAG, 221 subsection 1), so that it may resolve what is legally appropriate."
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