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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Incumplimiento de contrato de pintura de niveladora por abandono del contratista",
  "title_en": "Breach of contract for grader painting due to contractor abandonment",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condena al contratista, propietario del Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, por incumplimiento contractual tras recibir un adelanto del 50% (¢661.500) de la Municipalidad de Aguirre para pintar una niveladora Champion y luego abandonar el trabajo sin ejecutarlo. Se analizan los principios de contratación administrativa, la carga probatoria en incumplimiento contractual según el artículo 702 del Código Civil (presunción de culpa del deudor) y la necesidad de control y fiscalización por la Administración. Se ordena la restitución del adelanto con intereses legales desde el depósito, pero se rechazan las pretensiones sobre el monto total del contrato, daños por alquiler de maquinaria sustituta y daño moral objetivo, por falta de prueba de esos perjuicios. Se exhorta a la Municipalidad a fortalecer la fiscalización contractual y evitar pagos anticipados injustificados.",
  "summary_en": "The Administrative and Civil Treasury Court rules against the contractor, owner of Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, for contractual breach after receiving a 50% advance payment (¢661,500) from the Municipality of Aguirre to paint a Champion grader and then abandoning the work. The ruling addresses administrative contracting principles, the burden of proof in contractual breach under Civil Code Article 702 (presumption of debtor fault), and the Administration's duty to supervise contracts. The contractor is ordered to return the advance with legal interest from the deposit date, but claims for the full contract amount, substitute machinery rental damages, and objective moral damages are dismissed for lack of proof. The Municipality is urged to improve contract supervision and avoid unjustified advance payments.",
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    "contratación administrativa",
    "carga de la prueba",
    "culpa contractual",
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    "presunción de imputabilidad",
    "control interno"
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    "incumplimiento contractual",
    "contratación administrativa",
    "adelanto de pago",
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    "artículo 702 Código Civil",
    "presunción de culpa",
    "daño moral objetivo",
    "control y fiscalización",
    "Municipalidad de Aguirre",
    "niveladora Champion"
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  "keywords_en": [
    "contractual breach",
    "administrative contracting",
    "advance payment",
    "burden of proof",
    "Civil Code Article 702",
    "presumption of fault",
    "objective moral damages",
    "supervision and control",
    "Municipality of Aguirre",
    "Champion grader"
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  "excerpt_es": "De conformidad con lo expuesto, ante la ejecución defectuosa, tardía o ausencia total de cumplimiento del objeto contractual pactado, es al contratista a quien corresponde probar que el defecto o el incumplimiento total, no es atribuible a él, de ahí que ante el incumplimiento alegado por la Municipalidad de Aguirre en torno a la no ejecución del contrato celebrado para la pintura de la Niveladora, por parte del señor Nombre5226 , corresponde a este demostrar que no existe tal incumplimiento o bien que si el mismo se dio, no fue por causas a él atribuibles, lo cual no ocurre en este caso, por el contrario, el demandado no solo no contesta la demanda, sino que bajo la fe de juramento dice que el Taller de Enderezado y Pintura no le pertenece, cuando de los documentos aportados consta que quien figura como propietario de dicho taller, es el demandado Nombre5226 , siendo claro entonces, que a dicho demandado le corresponde probar que cumplió o que acaeció alguna de las eximentes de responsabilidad, pues la prestación pactada la cual, solo se estimaría cumplida con la conducta o comportamiento debido, la falta de ejecución de esa prestación o incluso su retraso; implica el incumplimiento del objeto del contrato, que en el caso concreto no fue desvirtuado por la parte demandada.\n\nAhora bien, en relación con la prueba del incumplimiento y la presunción de imputabilidad, tenemos que corresponde a quien alega la existencia de una obligación, probarla, en consecuencia, si al acreedor le corresponde acreditar la existencia de la obligación, no le toca, en cambio, probar el incumplimiento. Es el deudor quien debe establecer que ha cumplido, porque alega el pago, o sea, la extinción de la obligación y sobre él coloca la ley la carga de la prueba en tal caso. Pero aún más, si el deudor no ha cumplido, deberá probar, si quiere quedar exento de responsabilidad, que el incumplimiento no le es imputable.\n\n“En el artículo 702 del Código Civil la responsabilidad del deudor se fundamenta en su culpa, entendida como negligencia o dolo. Existe una presunción en el ordenamiento civil costarricense que consiste en que la culpa del deudor se presume siempre que incurra en incumplimiento y es al incumplidor a quien corresponde la carga de la prueba de la ausencia de esa culpa, es decir, que debe probar que el incumplimiento se ha debido a caso fortuito o fuerza mayor o incluso al comportamiento del acreedor.”",
  "excerpt_en": "In accordance with the foregoing, given defective, late, or total absence of performance of the agreed contractual object, it is the contractor who must prove that the defect or total breach is not attributable to him; therefore, in light of the breach alleged by the Municipality of Aguirre regarding the non-performance of the contract for painting the grader by Mr. Nombre5226, it is up to him to demonstrate that no such breach exists or that, if it occurred, it was not due to causes attributable to him, which does not happen in this case; on the contrary, the defendant not only fails to answer the complaint but also states under oath that the Taller de Enderezado y Pintura does not belong to him, when the documents provided show that the defendant Nombre5226 is the owner of said workshop, making it clear, then, that said defendant must prove that he performed or that some exemption from liability occurred, since the agreed performance would only be deemed fulfilled with the due conduct or behavior; failure to execute that performance or even its delay implies breach of the contract object, which in this specific case was not disproved by the defendant.\n\nNow, regarding proof of breach and presumption of imputability, it falls on whoever claims the existence of an obligation to prove it; consequently, if the creditor must prove the existence of the obligation, it is not his burden to prove the breach. It is the debtor who must establish that he has performed, because he alleges payment, i.e., extinguishment of the obligation, and the law places the burden of proof on him in such a case. Moreover, if the debtor has not performed, he must prove, if he wishes to be exempt from liability, that the breach is not imputable to him.\n\n“In Article 702 of the Civil Code, the debtor's liability is based on his fault, understood as negligence or fraud. There is a presumption in Costa Rican civil law that the debtor's fault is presumed whenever he incurs breach, and it is the breaching party who bears the burden of proving the absence of such fault, i.e., he must prove that the breach was due to fortuitous event, force majeure, or even the creditor's behavior.”",
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    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The contractor is ordered to return the advance payment with interest, but claims for machinery rental damages and moral damages are dismissed due to lack of proof.",
    "summary_es": "Se condena al contratista a restituir el adelanto con intereses, pero se rechazan daños por alquiler de maquinaria y daño moral por falta de prueba."
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      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "In Article 702 of the Civil Code, the debtor’s liability is based on his fault, understood as negligence or fraud. There is a presumption in Costa Rican civil law that the debtor’s fault is presumed whenever he incurs breach, and it is the breaching party who bears the burden of proving the absence of such fault",
      "quote_es": "En el artículo 702 del Código Civil la responsabilidad del deudor se fundamenta en su culpa, entendida como negligencia o dolo. Existe una presunción en el ordenamiento civil costarricense que consiste en que la culpa del deudor se presume siempre que incurra en incumplimiento y es al incumplidor a quien corresponde la carga de la prueba de la ausencia de esa culpa"
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      "quote_en": "It is the debtor who must establish that he has performed, because he alleges payment, i.e., extinguishment of the obligation, and the law places the burden of proof on him",
      "quote_es": "Es el deudor quien debe establecer que ha cumplido, porque alega el pago, o sea, la extinción de la obligación y sobre él coloca la ley la carga de la prueba"
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      "quote_en": "The full demonstration of damages falls on the plaintiff, which means that, as a general rule, the claimant in such matters is obligated to prove them, whatever their form",
      "quote_es": "La plena demostración del daño recae en quien demanda, lo que traduce que, por regla general, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad"
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  "body_es_text": "“I V ) SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO: Refiere la Municipalidad actora que el 20 de diciembre de 2007\ncontrató los servicios del Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, representado por el señor\nNombre5226 , para que llevara a cabo la labor de pintura en general de una niveladora (incluyendo\nAros, muelas, palas) acabado en pintura para alta temperatura (mano de obra y materiales). Aduce que\npor medio del cheque número 28-2 del 09 de mayo de 2008 se efectuó un adelanto del monto de la\ncontratación al señor Nombre5226 por la suma de ¢ 661.500 (seiscientos sesenta y un mil quinientos\ncolones) correspondientes al 50% de la contratación. Indica que el señor Nombre5226 hizo abandono de\nlas instalaciones de trabajo y dejó la maquinaria de la Municipalidad en ese lugar y sin realizar el\nservicio pactado, causando grandes daños y perjuicios, ya que la maquinaria ha estado desde el\ninicio del contrato sin poderse usar pese a que se le hizo un adelanto de dinero. Aduce que el plazo\nmáximo en que debia devolverse la maquinaria era de tres meses y que ha pasado más de un año y aun\nno se ha cumplido el contrato, que al tener esa maquinaria una función básica que es el trabajo en\ndiferentes comunidades, al no poder usarla la Municipalidad ha tenido que alquilar a un monto de\ncuarenta mil colones diarios, otra maquinaria para poder suplir la ausencia de la niveladora\nChampion y que ello le ha generado un gasto por un aproximado de siete millones doscientos cuarenta\nmil colones que estima, es el perjuicio generado más un daño que estima en un millón de colones.\n(folios 9 a 11, 14 y 15 de los autos). La parte demandada no contestó la demanda.-\n\nV ) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: La contratación administrativa\nen nuestro sistema jurídico, no es un objetivo de la Administración sino un medio a través del cual,\nse busca satisfacer el interés público, hay que tener presente que el Estado maneja una gran\ncantidad y diversidad de asuntos por medio de su gestión administrativa, y con el objeto de\nsatisfacer los fines públicos debe realizar contratos con los y las particulares, por cuanto ello es\nindispensable para la consecución de los bienes y servicios así como el cumplimiento de los\nobjetivos institucionales. A través del mecanismo de la contratación administrativa, se pacta el\ncumplimiento de un objeto con un contratista, como sujeto colaborador del logro del interés público\nbuscado. No obstante, a diferencia de un contrato privado, en la contratación administrativa existe\nuna serie de elementos que trascienden el mero acuerdo de voluntades rubricado en un documento y que\ncondicionan su nacimiento, desarrollo y extinción. Ese aspecto es medular y determina una diferencia\nincuestionable con respecto al contrato privado, donde los intereses particulares de las partes son\ndeterminantes, mientras que en este caso el interés público reviste toda la contratación. Es así\ncomo el contrato administrativo está condicionado en su origen, evolución y finalización al\nordenamiento propio que rige la materia y la contratación en específico. En este sentido, el acto de\nvoluntad, libre y soberano del contratista, queda filtrado por el ordenamiento jurídico\nadministrativo, y fundamentalmente por la reglamentación de la contratación, sea el cartel o pliego\nde condiciones, base de la misma. La norma base de las compras del Estado la encontramos plasmada en\nel numeral 182 de la Constitución Política, norma de la cual se deriva toda una regulación tendiente\na la maximización de los recursos del Estado, con especial énfasis en la planificación de las\ncompras, aspecto que se ve reflejado de manera importante en las últimas reformas a la Ley de\nContratación Administrativa número 7494. Y es que la planificación de las compras tiene su razón de\nser, por cuanto es el aspecto fundamental para garantizar con éxito que los bienes y servicios por\nadquirirse son los requeridos por la Institución y que al mismo tiempo, se ajustan a los\npresupuestado por esta. Los fundamentos de la actividad administrativa tendiente a la selección de\nlos contratistas, se encuentra plasmada en una serie de pronunciamientos de la Sala Constitucional\nla cual ha definido una serie de principios, desde su voto 998 de las 11 horas con 30 minutos del 16\nde febrero de 1998, que en lo que es de interés expresó: “...VI. LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN\nADMINISTRATIVA. En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución\nPolítica se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad\ncontractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación son:… 2.-\nde igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, …tiene una doble finalidad, la de ser\ngarantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas,\noferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer\ncondiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones\nlegales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía\npara la administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo\nlo anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental; 3.- de\npublicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya que busca\nasegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de\nabsoluta igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa, y que consiste en que la\ninvitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más amplia posible a todos\nlos oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así como el más amplio acceso\nal expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate; 4.- de\nlegalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección del\ncontratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la\nadministración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco\nde acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad\njurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la\ncontratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad\ny garantía a los oferentes de su participación; …8.- principio de buena fe, en cuanto en los\ntrámites de las licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa,\nse considera como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en\ndonde las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde\nprevalezca el interés público sobre cualquier otro”. Estos principios permean la materia de\ncontratación administrativa. Desde el punto de vista del derecho positivo, el marco general\nregulador de las obligaciones tanto de los entes contratantes como de las empresas contratistas se\nencuentra contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y desarrollada a cabalidad en su\nreglamento, sin perjuicio de la existencia de normas especiales en la materia. De esta manera\nencontramos principios reguladores tales como la obligación de la Administración de cumplir lo\npactado y prestar colaboración para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado y\nel deber del contratista de cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier\nmanifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o\nen la formalización del contrato. Ambas obligaciones surgen de un principio de buena fe en la\ncontratación, mediante el cual, ambas partes, tienen como referente en el cumplimiento de sus\nobligaciones un deber de cumplimiento y colaboración mutuos. Ahora bien, en las contrataciones\ndenominadas directas, por su escasa cuantía, la Administración debe cumplir con un procedimiento\nprevio estipulado en el numeral 136 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa\nDecreto número 33411 , procedimiento que es importante dado que en contrataciones por ejemplo de\nservicios, los aspectos tales como la forma y plazo de entrega son básicos para determinar el\ncumplimiento de lo contratado . E l documento cartelario se considera el reglamento concreto de la\ncontratación, en cuanto establece con claridad que es lo pretendido por la Administración, las\ncondiciones generales y específicas de este y la forma en la cual se seleccionará el eventual\nadjudicatario. Por ello debe ser un instrumento suficiente, específico, claro y objetivo, de modo\nque los potenciales oferentes se enteren con claridad del objeto y condiciones de la contratación.\nAhora bien, una vez seleccionado el contratista, este se encuentra vinculado con la Administración y\ndeberá someterse no sólo a las condiciones por esta impuestas, sino también a los términos por él\nofrecidos en su oferta.\n\nVI) EN CUANTO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y SU CUMPLIMIENTO: En cuanto al objeto del contrato,\nhemos de indicar que se denomina así, no sólo, a la cosa que eventualmente será el punto material de\nreferencia del contrato o a la prestación comprometida, sino, en general, al cláusulado del contrato\ny a sus términos y condiciones y este va en función de la necesidad que la Administración pretende\nsatisfacer. Sin embargo, en un sentido técnico jurídico más preciso, se entiende que el objeto de la\nobligación se refiere a la prestación debida, es decir, un comportamiento del deudor, por una\nconducta activa u omisiva del obligado, “al decir del artículo 629 del Código Civil que 'toda\nobligación tiene por objeto dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa’, afirma con ello que el objeto\nestá constituido por el acto de dar, hacer o no hacer alguna cosa, lo que denota ser una conducta el\nobjeto de la obligación, es decir, la prestación” (subrayado del original, Casafont Romero, Pablo,\nEnsayos de Derecho Contractual, Colegio de Abogados, Segunda edición 1979, San José, Costa Rica,\npág. 15). El objeto, en un sentido general, de un contrato es la consecuencia o efecto que produce y\nque se persigue al celebrarlo. El objeto debe ser cierto, posible, lícito y moral. No es\nindispensable que posea contenido patrimonial, pero necesariamente debe ser evaluable y\ntransformarse en una prestación pecuniaria en caso de incumplimiento. En síntesis, el objeto del\ncontrato, está constituido por la obligación impuesta contractualmente, que implica una prestación,\nque constituye siempre una conducta de dar, hacer no hacer algo. Ahora bien, si el objeto del\ncontrato es siempre, la obligación de una prestación debida, entonces, se cumple con el objeto del\ncontrato, realizando la conducta o comportamiento debido. La idea contraria, es decir, la falta de\nejecución de la prestación debida o incluso su retraso; implica el incumplimiento del objeto del\ncontrato.\n\nV II ) DEL CASO CONCRETO: Como se ha acreditado en este proceso, la Municipalidad de Aguirre\ncontrató con el Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, representado por el señor Nombre5226 , la\npintura de una niveladora placa Placa710 que incluía los aros, las muelas, las palas con un acabado\nen pintura para alta temperatura, (mano de obra y materiales) por el monto de un millón trescientos\ncincuenta mil colones exactos (¢1.350.000.00). Se demostró además, que la accionante, entregó al\ndemandado un adelanto del cincuenta por ciento del precio del contrato para materiales, tal y como\nse desprende de las copias del cheque, del comprobante de cheque y del depósito efectuado, así como\nde la misma declaración del demandado, quien durante la prueba confesional, indicó expresamente que\nél había cambiado el cheque (folio 62 de los autos). Ahora bien, la Municipalidad actora aduce que\nel demandado abandonó las instalaciones de trabajo dejando la maquinaria de la Municipalidad en ese\nlugar y sin realizar el servicio pactado, el cual se había acordado por el plazo de tres meses,\n(plazo que no consta en ningún documento probatorio), es decir, acusa un incumplimiento contractual\npor parte del señor Nombre5226 , quien no contesta la demanda, pero sí se apersona a rendir prueba\nconfesional ante el Juzgado Civil y de Trabajo de Turrialba, misma que este Tribunal tiene por\nválidamente rendida, siendo que el demandado, indica en esa declaración que él nunca pactó con la\nMunicipalidad, porque en realidad fue otra persona, Carlos Molina, quien hizo toda la documentación,\ny aduce que él no era el dueño del taller. Al respecto este Tribunal tiene por acreditado el vínculo\nexistente entre el demandado y la Municipalidad, ya que se desprende de los documentos aportados\ncomo prueba en el proceso, que el señor Nombre5226 era el propietario del Taller de Enderezado y\nPintura Alvarado, (factura proforma de folio 5 y factura de contado de folio 3 de los autos), motivo\npor el cual a don Nombre5226 corresponde, en su posición de contratista, desvirtuar el\nincumplimiento que le atribuye la Municipalidad actora, en el entendido de que al estar en presencia\nde una obligación contractual, toda vez que existe un contrato entre la Municipalidad y el\ndemandado, por el cual debía cumplirse con un determinado objeto por parte de este, ante la\nexistencia de alguna imperfección o de la no entrega del objeto convenido, la culpa del contratista\nse presume, correspondiendo a éste el probar que dicho incumplimiento no es responsabilidad suya\n(artículo 702 del Código Civil). Siendo lo anterior un principio de carga de la prueba en materia\ncontractual (plenamente aplicable en contratación administrativa), que se diferencia, obviamente, de\nla materia extracontractual. Valga recordar al efecto, que si el pago es el cumplimiento de la\nobligación, tal como ella se encuentra establecida, el incumplimiento es el no pago, o la falta de\nsatisfacción íntegra y oportuna de la obligación, es decir, hay incumplimiento cuando la obligación\nno se cumple, se cumple imperfectamente o se retarda su cumplimiento; cuando se falta íntegramente\nal pago, o se infringe alguno de los requisitos de este.- Ahora bien, en relación con la prueba del\nincumplimiento y la presunción de imputabilidad, tenemos que corresponde a quien alega la existencia\nde una obligación, probarla, en consecuencia, si al acreedor le corresponde acreditar la existencia\nde la obligación, no le toca, en cambio, probar el incumplimiento. Es el deudor quien debe\nestablecer que ha cumplido, porque alega el pago, o sea, la extinción de la obligación y sobre él\ncoloca la ley la carga de la prueba en tal caso. Pero aún más, si el deudor no ha cumplido, deberá\nprobar, si quiere quedar exento de responsabilidad, que el incumplimiento no le es imputable. Porque\nel deudor se defenderá de la demanda del acreedor que le exige el cumplimiento o la indemnización de\nperjuicios, alegando que ha operado algún modo extintivo de la obligación liberatoria para él, por\nesa razón sobre sí pesa la carga de la prueba.- El autor nacional, Fernando Montero Piña, señaló\nsobre este mismo tema lo siguiente: “En el artículo 702 del Código Civil la responsabilidad del\ndeudor se fundamenta en su culpa, entendida como negligencia o dolo. Existe una presunción en el\nordenamiento civil costarricense que consiste en que la culpa del deudor se presume siempre que\nincurra en incumplimiento y es al incumplidor a quien corresponde la carga de la prueba de la\nausencia de esa culpa, es decir, que debe probar que el incumplimiento se ha debido a caso fortuito\no fuerza mayor o incluso al comportamiento del acreedor. En Costa Rica la culpa se extrae de la\nnorma; pero el artículo 1329 del Código Civil de Perú la señala expresamente: ‘Se presume que la\ninejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve\ndel deudor.’” (El destacado no es del original) MONTERO PIÑA, Fernando. Obligaciones, impreso en\nMundo Gráfico S.A., 1999, pág. 253. De conformidad con lo expuesto, ante la ejecución defectuosa,\ntardía o ausencia total de cumplimiento del objeto contractual pactado, es al contratista a quien\ncorresponde probar que el defecto o el incumplimiento total, no es atribuible a él, de ahí que ante\nel incumplimiento alegado por la Municipalidad de Aguirre en torno a la no ejecución del contrato\ncelebrado para la pintura de la Niveladora, por parte del señor Nombre5226 , corresponde a este\ndemostrar que no existe tal incumplimiento o bien que si el mismo se dio, no fue por causas a él\natribuibles, lo cual no ocurre en este caso, por el contrario, el demandado no solo no contesta la\ndemanda, sino que bajo la fe de juramento dice que el Taller de Enderezado y Pintura no le\npertenece, cuando de los documentos aportados consta que quien figura como propietario de dicho\ntaller, es el demandado Nombre5226 , siendo claro entonces, que a dicho demandado le corresponde\nprobar que cumplió o que acaeció alguna de las eximentes de responsabilidad, pues la prestación\npactada la cual, solo se estimaría cumplida con la conducta o comportamiento debido, la falta de\nejecución de esa prestación o incluso su retraso; implica el incumplimiento del objeto del contrato,\nque en el caso concreto no fue desvirtuado por la parte demandada. Es importante mencionar que en el\ncaso bajo análisis, en la orden de compra no se establece un plazo para la ejecución del contrato,\nel actor aduce que se pactó a tres meses, pero esto no se acredita, valga recordarle a la\nMunicipalidad actora que en los procedimientos de contratación pública, el plazo de entrega de los\nbienes o servicios es un aspecto esencial, que debe estar perfectamente definido, por seguridad\njurídica y porque la Administración aspira a trabajar con tiempos programados por ello es necesario\nque se indique el momento de la entrega del bien o servicio dado que dicha obligación es parte del\ncontrol interno que debe ejercer la Administración en sus contrataciones.- No obstante, pese a que\nno se acredita el plazo de tres meses supuestamente establecido, para la entrega de la maquinaria\nreparada, es claro que el incumplimiento se produjo, ya que a la fecha el demandado no demuestra que\nen algún momento haya cumplido lo pactado, es decir, la pintura de la niveladora nunca se llevó a\ncabo, pese a que se le adelantó dinero para ello, desde el mes de mayo de 2008 la conducta debida\nnunca se produjo. Ahora bien, una vez determinada la existencia del incumplimiento injustificado del\ncontrato imputable al demandado Nombre5226 , representante del Taller de Enderezado y Pintura\nAlvarado, resta por determinar la procedencia de las pretensiones concretas alegadas por la\nMunicipalidad actora. Pretende la accionante, a raíz del incumplimiento por parte del demandado que\nse le condene al pago de \"la totalidad del contrato, daños y perjuicios, de los cuales se tiene como\nbase la prueba pericial, al pago de ambas costas que ha generado la presente litis y al pago del\ndaño moral.\" (folio 93) En audiencia preliminar celebrada a las trece horas y cincuenta y dos\nminutos del doce de enero de dos mil doce, y ratificada mediante audiencia preliminar celebrada a\nlas nueve horas y quince minutos del veintinueve de agosto de dos mil doce, (folios 110-111 y 122 de\nlos autos) se indica que se ratifican las pretensiones de la parte actora que rolan a folio 93, y\nlas indemnizatorias se aclaran y se desglosan así: \"Adelanto por reparación de la maquinaria por un\nmonto de ¢ 661.500.00, intereses legales sobre la suma anterior desde el 13 de mayo del año 2005.\nContratación de otro equipo por cuatro meses la suma de ¢ 4.800.000.00. Gastos por alquiler de\nmaquinaria, en caso que sea necesaria volverla a utilizar. Daño Moral objetivo. Ambas costas de la\nacción.\" (ver minutas de audiencia a folios 110-111 y 122).- En la audiencia de juicio oral y\npúblico celebrada el veintidós de noviembre de dos mil doce (y que consta en la grabación de la\naudiencia de Juicio Oral y Público del 22/11/2012), la parte actora aclara a este Tribunal que la\nfecha a partir de la cual pide los intereses sobre el monto del adelanto no es desde el 13 de mayo\nde 2005, como se indica en la minuta de audiencia preliminar (folio 110 vuelto), sino más bien desde\nel 20 de diciembre de 2007, y aclara que el daño moral objetivo, corresponde a la pérdida de la\nimagen que ha sufrido la Municipalidad ante la comunidad en razón del incumplimiento.- Al respecto\ndiremos que: a) En relación con la suma correspondiente a la totalidad del contrato, es preciso\nindicar que en lo que atañe al adelanto por reparación de la maquinaria por un monto de ¢661.500.00\n(seiscientos sesenta y un mil quinientos colones) más los intereses legales sobre esta suma desde el\n20 de diciembre de 2007, como bien se expresó en el acápite de hechos probados, se tiene por\ndemostrado que la Municipalidad de Aguirre entregó a la parte actora la suma indicada por concepto\nde materiales, al respecto, primero que nada, debe hacerse mención a que el pago a los contratistas,\nprocede una vez recibido a satisfacción el bien o servicio, por lo que los pagos por anticipado solo\nobedecen a ciertos usos y costumbres debidamente comprobados, o cuando las condiciones del mercado\nasí lo exijan, siendo responsabilidad de la Administración dar seguimiento a la contratación,\ntomando todas la medidas posibles a fin de garantizar la correcta ejecución de lo pactado, pues en\ncaso contrario debe adoptar las medidas pertinentes para recuperar lo pagado o para reclamar alguna\nindemnización (artículo 35 del Decreto 33411-H publicado en la Gaceta número 210 del 2 de noviembre\nde 2006), en el caso bajo examen, no se determina que hubiera necesidad de entregar el adelanto\nindicado al demandado, no obstante, valga lo anterior para hacer una instancia a la Administración\ncontratante, en el entendido de que se encuentra sujeta al Ordenamiento Jurídico y como tal, está\nsometida a lo que este expresamente le permite, de manera que no existiendo una justificación válida\npara el comportamiento adoptado, el mismo no debió producirse. Ahora bien, lo anterior no enerva el\nderecho de la Administración de tomar las acciones legales pertinentes para recuperar lo pagado y\nexigir las indemnizaciones que procedan, tal y como lo establece la norma de cita, dado que el\ncontratista no puede beneficiarse de su propio dolo ni enriquecerse a costa de la buena fe de la\nAdministración, por esa razón, se encuentra obligado a restituír a la Municipalidad de Aguirre la\nsuma efectivamente recibida, por el concepto de adelanto es decir ¢ 661.500.00 (seiscientos sesenta\ny un mil quinientos colones) los cuales fueron depositados en su cuenta desde el día 12 de mayo de\n2008 (según comprobante de depósito visible a folio 6 de los autos), suma sobre la cual se otorgan\nintereses al tipo legal, de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil, calculados desde el\n12 de mayo de 2008, hasta su efectivo pago, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia, no\nsiendo procedente, por ende, el reconocimiento de la totalidad del monto contratado, por cuanto el\notro cincuenta por ciento restante no fue entregado al demandado, por ende no puede considerarse que\nla Municipalidad sufriera un daño respecto de la totalidad del monto pactado, pues el daño se limita\nal adelanto efectivamente hecho sobre el cual se reconocen intereses. b) En otro orden, la\nMunicipalidad actora solicita un extremo relacionado con la contratación de otro equipo por cuatro\nmeses, sea la suma de ¢ 4.800.000.oo (cuatro millones ochocientos mil colones) y gastos por alquiler\nde maquinaria \"en caso de que sea necesario volverla a utilizar\". Al respecto, el numeral 317 del\nCódigo Procesal Civil, aplicable a esta materia por remisión del artículo 220 del Código Procesal\nContencioso Administrativo, dispone que la carga de la prueba incumbe a quien formule una pretensión\nen cuanto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho, en este sentido, el numeral\n65 del CPCA, relacionado con la aceptación de los hechos por parte del demandado rebelde, no es\nsuficiente para tener por ciertos los hechos y pretensiones alegadas por la parte actora, de forma\ntal que se convierte en un imperativo legal para la parte acccionante acercar al proceso toda la\nprueba necesaria para sustentar lo pretendido, lo cual en este caso específico no ocurre, dado que\nla Municipalidad aduce que durante el tiempo en que la niveladora estuvo fuera de servicio, debió\ncontratar otro equipo para suplirla, lo cual le generó gastos por más de cuatro millones de colones,\nsin embargo, no aporta ninguna prueba que demuestre que esto fue así, dado que no existe ningún\nelemento de convicción que permita acreditar la existencia del hecho generador del daño alegado, es\ndecir, el alquiler propiamente dicho de la maquinaria, por lo que ante la ausencia de elementos\nprobatorios que validen la posición aducida por la Municipalidad actora, este Tribunal considera\nimprocedente el extremo que liquida en relación con los montos correspondientes al alquiler por\nconcepto de maquinaria. Sobre los montos, es necesario aclarar que pese a la existencia de un\ndictamen pericial que establece rubros concretos relacionados con este extremo, lo cierto es que el\nmotivo que origina los daños, es decir, el alquiler de la maquinaria a causa del incumplimiento del\nactor, es un aspecto que la Municipalidad no comprobó, pues no basta con alegar el daño sino que el\nmismo está sujeto a la prueba que la parte aporte, situación que no se produce en este caso,\nrecordemos que la plena demostración del daño recae en quien demanda, lo que traduce que, por regla\ngeneral, el actor en asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su\nmodalidad.- De otra parte, resulta improcedente la pretensión de indemnización de gastos por\nalquiler de maquinaria \"en caso de que sea necesario volverla a utilizar\", por cuanto no solo no\ndemuestra que se utilizara esa maquinaria en su momento ni que se produjera el gasto, sino que\nademás en este último caso, lo que se pretende es una indemnización por un daño que ni siquiera se\nha producido, futuro e incierto. Conceptualizando el término daño, tenemos que puede considerarse\ncomo la diferencia que media entre el estado actual del patrimonio de quien lo sufre y aquel que\ntendría, si el hecho dañoso no se hubiere producido, de acuerdo con el Diccionario de la Real\nAcademia el daño es un detrimento, un menoscabo, siendo el menoscabo una disminución de las cosas\nquitándoles una parte, en síntesis, el daño es una disminución patrimonial efectivamente sufrida a\nconsecuencia de la lesión de un bien jurídico, por lo tanto al ser el daño una pérdida o menoscabo\nde bienes que están ya en poder de la víctima, por regla general, debe ser cierto, comprobable e\nindividualizable, según palabras de Nombre5227 para que la indemnización sea procedente se requiere\n\"que exista efectivamente un perjuicio\" el cual, en este caso, debe proceder de la no ejecución del\ncontrato, (Derecho Civil Tomo II Volumen I página 195) por ende, al pretender la parte actora una\nindemnización por concepto de un alquiler de maquinaria que no se ha producido pero que estima que\npodría producirse, no es procedente su reconocimiento por cuanto se trata de una pretensión\nrelacionada con un posible daño que ni siquiera ha ocurrido y por ese motivo no es desde ningún\npunto de vista objeto de indemnización.- c) DAÑO MORAL OBJETIVO: Por su parte, pide la Municipalidad\nactora el reconocimiento del daño moral objetivo, alegando de manera general, que la conducta\nadministrativa le ha ocasionado una afectación a su imagen frente a la comunidad, sin que aportara\nal proceso mayores elementos sobre tal daño, en la audiencia de juicio oral y público, celebrada el\n22 de noviembre de 2012 y que consta en soporte digital de este Despacho, el representante de la\nparte actora menciona de forma breve, que se produce daño moral porque la Municipalidad a raíz del\nincumplimiento del contrato, sufrió un quebranto en su imagen frente a la comunidad. Respecto de la\nfigura del daño moral objetivo la Sala Primera de la Corte ha indicado que: \"... IV.- El daño moral\n(llamado en doctrina también incorporal, extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se\nlesiona la esfera de interés extrapatrimonial del individuo, empero como su vulneración puede\ngenerar consecuencias patrimoniales, cabe distinguir entre daño moral subjetivo \"puro\", o de\nafección, y daño moral objetivo u \"objetivado\". El daño moral subjetivo se produce cuando se ha\nlesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una\nperturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación,\npérdida de satisfacción de vivir, etc., Nombre394. el agravio contra el honor, la dignidad, la\nintimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser\nquerido, etc.). El daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el\npatrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (Nombre394. el caso del\nprofesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción\nsirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre,\nhonor, honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un\npariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta distinción\nnació, originalmente, para determinar el ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio la\ndoctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil cuantificación. Para la\nindemnización debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. En el caso del objetivo, se\ndebe hacer la demostración correspondiente como acontece con el daño patrimonial; pero en el\nsupuesto del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo\npreciso, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las\ncircunstancias del caso, los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la\nfalta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe. La diferencia dogmática\nentre daño patrimonial y moral no excluye que, en la práctica, se presenten concomitantemente uno y\notro, podría ser el caso de las lesiones que generan un dolor físico o causan una desfiguración o\ndeformidad física (daño a la salud) y el daño estético (rompimiento de la armonía física del rostro\no de cualquier otra parte expuesta del cuerpo), sin que por ello el daño moral se repute como\nsecundario o accesorio, pues evidentemente tiene autonomía y características peculiares. En suma el\ndaño moral consiste en dolor o sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un\nhecho ilícito. Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad\ncuando resultan conculcados. ... VI.- En punto a la resarcibilidad del daño moral, cabe indicar que\nno es válido el argumento conforme al cual el resarcimiento del daño moral implica la dificultad de\nlograr una equivalencia entre el daño y la indemnización pecuniaria (\"pecunia doloris\"); por cuanto\nen el supuesto del daño moral objetivo la reparación resulta ser más fácil de cuantificar, y si bien\nen la hipótesis del daño moral subjetivo resulta un poco más difícil, de ello no cabe inferir la\nimposibilidad, además también en los supuestos del daño patrimonial se plantean serios problemas en\nsu tasación. Es preferible compensarle al damnificado, de alguna forma, su dolor físico y aflicción\nde ánimo, que obligarlo a soportar su peso y otorgarle así un beneficio al causante del daño,\ndejándolo impune. Si bien el dinero, en el caso del daño material, reintegra la esfera patrimonial\nlesionada de la víctima al estado anterior a la causación del mismo (\"restituio in integrum\"), es\nigualmente cierto que en los casos del daño moral cumple una función o rol de satisfacción de la\naflicción o dolor padecido, operando como compensación del daño infligido, sin resultar por ello\nmoralmente condenable, pues no se trata de pagar el dolor con placer, ni de ponerle un precio al\ndolor. Tan sólo se busca la manera de procurarle al damnificado satisfacciones equivalentes a las\nque se vieron afectadas. …”(Sentencia número 928 de las 9 horas 15 minutos del 24 de noviembre del\n2006. En igual sentido, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones números 151 de las\n15 horas 20 minutos del 14 de febrero del 2001, 729 de las 10 horas del 29 de septiembre del 2005 y\n127 de las 11 horas 25 minutos del 21 de febrero del 2007). Por lo anterior expuesto, es evidente\nque el daño moral objetivo se produce en la esfera extrapatrimonial del sujeto y repercute\ndirectamente sobre su patrimonio. En el caso del daño moral objetivo, se debe hacer la demostración\ncorrespondiente como acontece con el daño patrimonial. En concordancia con lo anteriormente\nexpuesto, se tiene que de la revisión de los autos y la prueba aportada no encuentra este Tribunal\nelemento o indicio alguno que le permita tener por probado y existente el daño moral reclamado, en\nconsecuencia debe rechazarse esta pretensión cobratoria, ante la ausencia de demostración la cual es\nun requerimiento fundamental para la reparación del daño moral objetivo.\n\nVIII) DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN DE EJERCER UN CONTROL SOBRE LAS CONTRATACIONES QUE LLEVA A CABO:\nEste Tribunal estima necesario hacer una breve consideración relacionada con las obligaciones que\ntienen las Administraciones Públicas, de efectuar un control y verificación de las ejecuciones\ncontractuales, a fin de minimizar los incumplimientos por parte de los contratistas, la Ley de\nContratación Administrativa y su Reglamento, prevén el deber de la Administración de disponer las\nmedidas necesarias para garantizar que se cumpla con el objeto de la contratación (artículo 102 de\nla LCA), en el mismo sentido, la ley General de Control Interno establece la obligación de la\nAdministración, como parte de las actividades que conforman el ambiente del control, proteger y\nconservar los activos institucionales (artículo 15 LGCI).- En el caso bajo examen, se aprecia que\nhubo debilidades en este sentido, en la fiscalización de la ejecución contractual, por cuanto llama\nla atención que no se aporte a los autos ningún documento o evidencia que acredite que la\nMunicipalidad hizo gestiones para que la parte demandada entregara el bien reparado, o al menos\nrestituyera la suma cobrada como adelanto, no se logra determinar qué pasó realmente con la\nmaquinaria, en síntesis, no se aprecia que se hicieran esfuerzos por conseguir que el demandado\ncumpliera el contrato, se efectuó un adelanto de dinero que no debió entregarse, ya que los\nadelantos son excepciones, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 35 del Reglamento a la ley de\ncontratación administrativa, en el sentido de que obedecen solo a ciertas circunstancias debidamente\ncomprobadas, haciendo énfasis la norma, en que en todo caso, cuando haya un pago anticipado la\nAdministración debe dar seguimiento a la contratación y tomar todas las medidas posibles a fin de\ngarantizar una correcta ejecución de lo pactado. Este Tribunal, estima importante efectuar estas\nconsideraciones con el objeto de indicar que la vía judicial es la última vía a la que debe recurrir\nla Administración para recuperar lo pagado o reclamar una indemnización por incumplimiento\ncontractual, si bien es cierto, las puertas de la justicia se encuentran abiertas para dar atención\na este tipo de situaciones, por un imperativo legal y constitucional, y porque la ley otorga al\nacreedor el derecho a compeler judicialmente al deudor a la ejecución de aquello a que está obligado\ny a cobrar los daños y perjuicios ocasionados con el incumplimiento, lo cierto es que en primer\ntérmino corresponde a la Administración ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar la\ncorrecta ejecución de los contratos que efectúe, lo cual implica una constante fiscalización y\ncontrol de los mismos, pues la no observancia de tales obligaciones es causal de responsabilidad.”",
  "body_en_text": "**IV) SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDING:** The plaintiff Municipality states that on December 20, 2007, it contracted the services of the Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, represented by Mr. Nombre5226, to carry out the general painting of a grader (including rims, grinding wheels, blades) with a high-temperature paint finish (labor and materials). It alleges that by means of check number 28-2 dated May 9, 2008, an advance payment of the contract amount was made to Mr. Nombre5226 for the sum of ¢661,500 (six hundred sixty-one thousand five hundred colones), corresponding to 50% of the contract. It indicates that Mr. Nombre5226 abandoned the work facilities and left the Municipality's machinery at that location without performing the agreed service, causing significant damages and losses, since the machinery has been unusable from the beginning of the contract despite the advance payment having been made. It alleges that the maximum period within which the machinery was to be returned was three months and that more than a year has passed and the contract has still not been fulfilled; that since this machinery has a basic function, which is work in different communities, by being unable to use it, the Municipality has had to rent other machinery at a daily cost of forty thousand colones to cover the absence of the Champion grader, and that this has generated an expense of approximately seven million two hundred forty thousand colones, which it estimates is the loss incurred, plus damages it estimates at one million colones. (folios 9 to 11, 14, and 15 of the court record). The defendant did not answer the complaint.\n\n**V) GENERAL CONSIDERATIONS ON PUBLIC PROCUREMENT (CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA):** Public procurement (contratación administrativa) in our legal system is not an objective of the Administration but rather a means through which it seeks to satisfy the public interest. It must be kept in mind that the State handles a large number and diversity of matters through its administrative management, and in order to satisfy public purposes, it must enter into contracts with private individuals, as this is indispensable for obtaining goods and services and for fulfilling institutional objectives. Through the mechanism of public procurement (contratación administrativa), the fulfillment of a purpose is agreed upon with a contractor, as a collaborating subject in achieving the public interest sought. However, unlike a private contract, in public procurement (contratación administrativa), there are a series of elements that transcend the mere agreement of wills signed in a document and that condition its creation, development, and termination. That aspect is central and determines an unquestionable difference with respect to a private contract, where the private interests of the parties are determinative, whereas in this case, the public interest pervades the entire procurement process. Thus, the administrative contract is conditioned in its origin, evolution, and conclusion by the specific legal framework governing the matter and the procurement in question. In this sense, the free and sovereign act of will of the contractor is filtered through the administrative legal framework, and fundamentally through the procurement regulations, be it the invitation for bids or the set of specifications (cartel or pliego de condiciones), which forms the basis thereof. The fundamental norm for State purchases is found embodied in numeral 182 of the Political Constitution, a provision from which an entire set of regulations derives, aimed at maximizing State resources, with special emphasis on purchase planning, an aspect that is significantly reflected in the latest reforms to the Public Procurement Law (Ley de Contratación Administrativa) number 7494. Purchase planning has its reason for being because it is the fundamental aspect to successfully guarantee that the goods and services to be acquired are those required by the Institution and that they simultaneously conform to what was budgeted by it. The foundations of the administrative activity aimed at selecting contractors are embodied in a series of pronouncements by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), which has defined a series of principles, from its decision (voto) 998 of 11:30 a.m. on February 16, 1998, which, in what is of interest, stated: “...VI. THE PRINCIPLES OF PUBLIC PROCUREMENT (CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA). By virtue of the foregoing, it must be understood that from Article 182 of the Political Constitution derive all the constitutional principles and parameters governing the State's contractual activity. Some of these principles that guide and regulate bidding are:… 2.- of equality of treatment among all possible bidders, …it has a dual purpose: to serve as a guarantee for the administered parties in the protection of their interests and rights as contractors, bidders, and as private individuals, which translates into a prohibition for the State from imposing restrictive conditions for access to the tender, whether through the enactment of legal or regulatory provisions for that purpose or in its specific actions; and to constitute a guarantee for the administration, inasmuch as it increases the possibility of a better selection of the contractor; all of the foregoing, within the constitutional framework provided by Article 33 of the Fundamental Charter; 3.- of publicity, which constitutes the assumption and guarantee of the principles discussed, since it seeks to ensure for the administered parties the broadest certainty of free concurrence under conditions of absolute equality in the procedures of public procurement (contratación administrativa), and which consists of the invitation to the bidding process being made in a general, open, and as broad a manner as possible to all potential bidders, with the set of specifications (cartel) being given the widest dissemination, as well as the widest access to the case file, reports, resolutions, and in general to the entire process in question; 4.- of legality or transparency of procedures, insofar as the procedures for selecting the contractor must be defined a priori in a precise, certain, and concrete manner, so that the administration cannot ignore the predefined rules in the legal norm that determines the scope of action, as a development of what is provided for that purpose in the Political Constitution; 5.- of legal certainty, which is derived from the previous one, since by subjecting the procedures of public procurement (contratación administrativa) to the rules contained in the normative provisions, security and guarantee are given to bidders regarding their participation; …8.- principle of good faith, insofar as in the bidding procedures and in general in everything concerning public procurement (contratación administrativa), it is considered a basic moral principle that the administration and bidders act in good faith, where the actions of both parties are characterized by clear ethical norms, and where the public interest prevails over any other.” These principles permeate the field of public procurement (contratación administrativa). From the viewpoint of positive law, the general regulatory framework for the obligations of both contracting entities and contracting companies is set forth in the Public Procurement Law (Ley de Contratación Administrativa) and thoroughly developed in its regulation, without prejudice to the existence of special norms on the matter. In this way, we find governing principles such as the Administration's obligation to fulfill what has been agreed upon and to provide collaboration so that the contractor can suitably execute the agreed purpose, and the contractor's duty to comply fully with what was offered in its proposal and in any additional formal documented statement provided during the course of the procedure or in the formalization of the contract. Both obligations arise from a principle of good faith in procurement, through which both parties have a duty of mutual performance and collaboration as a reference in fulfilling their obligations. Now, in so-called direct procurement (contrataciones directas), due to their small amount, the Administration must comply with a prior procedure stipulated in numeral 136 of the Regulation to the Public Procurement Law (Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa), Decreto número 33411, a procedure that is important because, for example, in service contracts, aspects such as the form and deadline for delivery are basic to determine fulfillment of what was contracted. The bidding document (documento cartelario) is considered the specific regulation of the procurement, insofar as it clearly establishes what is intended by the Administration, the general and specific conditions thereof, and the manner in which the eventual awardee will be selected. Therefore, it must be a sufficient, specific, clear, and objective instrument, so that potential bidders are clearly informed of the purpose and conditions of the procurement. Now, once the contractor is selected, it is bound to the Administration and must submit not only to the conditions imposed by the latter but also to the terms it offered in its own bid.\n\n**VI) REGARDING THE PURPOSE OF THE CONTRACT AND ITS FULFILLMENT:** As for the purpose of the contract (objeto del contrato), we must indicate that this term refers not only to the thing that will eventually be the material reference point of the contract or to the undertaking committed to, but, in general, to the clauses of the contract and its terms and conditions, and this is determined by the need that the Administration intends to satisfy. However, in a more precise technical legal sense, it is understood that the purpose of the obligation (objeto de la obligación) refers to the prestation (prestación) owed, that is, a behavior of the debtor, an active or omissive conduct of the obligated party, \"as stated in Article 629 of the Civil Code that 'every obligation has as its object to give, to do, or to refrain from doing something,’ thereby affirming that the object is constituted by the act of giving, doing, or not doing something, which denotes that the object of the obligation is a conduct, that is, the prestation (prestación)” (underlining in the original, Casafont Romero, Pablo, Ensayos de Derecho Contractual, Colegio de Abogados, Second edition 1979, San José, Costa Rica, p. 15). The purpose (objeto), in a general sense, of a contract is the consequence or effect it produces and that is pursued upon its execution. The purpose must be certain, possible, lawful, and moral. It is not indispensable that it possess economic content, but it must necessarily be assessable and transform into a monetary prestation (prestación pecuniaria) in the event of non-performance. In summary, the purpose of the contract (objeto del contrato) is constituted by the contractually imposed obligation, which implies a prestation (prestación), which always constitutes a conduct of giving, doing, or refraining from doing something. Now, if the purpose of the contract is always the obligation of a due prestation (prestación), then the purpose of the contract is fulfilled by performing the due conduct or behavior. The contrary idea, that is, the failure to execute the due prestation (prestación) or even its delay, implies the non-performance of the purpose of the contract.\n\nV II) THE SPECIFIC CASE: As has been established in this proceeding, the Municipality of Aguirre contracted with Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, represented by Mr. Nombre5226, for the painting of a grader, plate number Placa710, including the rims, the wheels (muelas), the blades (palas) with a high-temperature paint finish (labor and materials) for the exact amount of one million three hundred fifty thousand colones (¢1,350,000.00). It was further demonstrated that the plaintiff delivered to the defendant an advance payment of fifty percent of the contract price for materials, as evidenced by the copies of the check, the check voucher, and the deposit made, as well as by the defendant's own statement, who, during the confessional evidence, expressly indicated that he had cashed the check (folio 62 of the case file). Now, the plaintiff Municipality alleges that the defendant abandoned the work site, leaving the Municipality's machinery there and without performing the agreed-upon service, which had been agreed to for a term of three months (a term that does not appear in any evidentiary document); that is, it accuses Mr. Nombre5226 of a contractual breach. Mr. Nombre5226 did not answer the complaint, but he did appear to give confessional evidence before the Civil and Labor Court of Turrialba, which this Tribunal deems validly given. In that statement, the defendant indicated that he never contracted with the Municipality, because in reality it was another person, Carlos Molina, who prepared all the documentation, and he alleges that he was not the owner of the workshop. In this regard, this Tribunal deems the existing link between the defendant and the Municipality to be established, since it is evident from the documents submitted as evidence in the proceeding that Mr. Nombre5226 was the owner of Taller de Enderezado y Pintura Alvarado (pro forma invoice on folio 5 and cash invoice on folio 3 of the case file). For this reason, it is incumbent upon Mr. Nombre5226, in his position as contractor, to rebut the breach attributed to him by the plaintiff Municipality, on the understanding that, being in the presence of a contractual obligation—since a contract exists between the Municipality and the defendant, by which the latter was to fulfill a specific purpose—upon the existence of any imperfection or the non-delivery of the agreed object, the fault of the contractor is presumed, and it is incumbent upon him to prove that such breach is not his responsibility (Article 702 of the Civil Code). The foregoing constitutes a principle of burden of proof in contractual matters (fully applicable in administrative contracting), which differs, obviously, from extracontractual matters. It is worth recalling in this regard that, if payment is the fulfillment of the obligation as it is established, breach is the non-payment, or the lack of complete and timely satisfaction of the obligation. That is, there is a breach when the obligation is not fulfilled, is fulfilled imperfectly, or its fulfillment is delayed; when payment is completely omitted, or any of its requirements are infringed. Now, in relation to the proof of breach and the presumption of imputability, it is established that the party alleging the existence of an obligation must prove it. Consequently, if the creditor is responsible for establishing the existence of the obligation, it is not his responsibility, in turn, to prove the breach. It is the debtor who must establish that he has fulfilled, because he alleges payment, that is, the extinction of the obligation, and the law places the burden of proof on him in such a case. But even further, if the debtor has not fulfilled, he must prove, if he wishes to be exempt from liability, that the breach is not attributable to him. Because the debtor will defend himself against the creditor's claim demanding fulfillment or compensation for damages, alleging that some means of extinguishing the liberating obligation has operated for him; for this reason, the burden of proof rests upon him. National author Fernando Montero Piña stated on this same topic the following: \"In Article 702 of the Civil Code, the debtor's liability is based on his fault, understood as negligence or willful misconduct (dolo). There is a presumption in the Costa Rican civil legal system consisting of the debtor's fault being presumed whenever he incurs a breach, and it is the breaching party who bears the burden of proving the absence of such fault; that is, he must prove that the breach was due to a fortuitous event (caso fortuito) or force majeure, or even to the creditor's behavior. In Costa Rica, fault is extracted from the law; but Article 1329 of the Peruvian Civil Code expressly states it: 'It is presumed that the non-execution of the obligation, or its partial, tardy, or defective fulfillment, is due to the debtor's slight fault.'\" (Emphasis is not original) MONTERO PIÑA, Fernando. Obligaciones, printed by Mundo Gráfico S.A., 1999, p. 253. In accordance with the foregoing, in the face of defective or tardy execution, or a total absence of fulfillment of the agreed contractual object, it is the contractor who must prove that the defect or total breach is not attributable to him. Hence, in view of the breach alleged by the Municipality of Aguirre regarding the non-execution of the contract concluded for the painting of the Grader by Mr. Nombre5226, it is incumbent upon him to demonstrate that no such breach exists, or that if it did occur, it was not for reasons attributable to him. This does not occur in this case; on the contrary, the defendant not only fails to answer the complaint, but under oath states that Taller de Enderezado y Pintura does not belong to him, when it is clear from the documents provided that the person listed as the owner of said workshop is the defendant Nombre5226. It is therefore clear that said defendant must prove that he fulfilled the contract or that one of the exemptions from liability occurred, because the agreed performance, which would only be considered fulfilled by the required conduct or behavior, the lack of execution of that performance, or even its delay, implies the breach of the contract's object. In the specific case, this was not rebutted by the defendant. It is important to mention that in the case under analysis, the purchase order does not establish a term for the execution of the contract. The plaintiff alleges it was agreed to at three months, but this is not proven. It is worth reminding the plaintiff Municipality that in public procurement procedures, the delivery term for goods or services is an essential aspect that must be perfectly defined, for legal certainty and because the Administration aims to work with scheduled times; therefore, it is necessary to indicate the moment of delivery of the good or service, given that this obligation is part of the internal control that the Administration must exercise in its contracting. However, despite the fact that the supposedly established three-month term for the delivery of the repaired machinery is not proven, it is clear that the breach occurred, since to date the defendant has not demonstrated that he fulfilled what was agreed upon at any time; that is, the painting of the grader was never carried out, even though money was advanced to him for that purpose. Since May 2008, the required conduct never occurred. Now, once the existence of the unjustified breach of contract attributable to the defendant Nombre5226, representative of Taller de Enderezado y Pintura Alvarado, has been determined, it remains to determine the appropriateness of the specific claims alleged by the plaintiff Municipality. The plaintiff claims, as a result of the defendant's breach, that he be ordered to pay \"the entirety of the contract, damages and losses (daños y perjuicios), for which the expert evidence serves as a basis, both costs generated by this litigation, and moral damages (daño moral).\" (folio 93) In a preliminary hearing held at one fifty-two in the afternoon on January twelfth, two thousand twelve, and ratified by a preliminary hearing held at nine fifteen in the morning on August twenty-ninth, two thousand twelve (folios 110-111 and 122 of the case file), it is indicated that the plaintiff's claims appearing on folio 93 are ratified, and the indemnification claims are clarified and broken down as follows: \"Advance payment for repair of the machinery in the amount of ¢661,500.00, legal interest on the aforementioned sum from May 13, 2005. Hiring of another equipment for four months, the sum of ¢4,800,000.00. Expenses for machinery rental, in case it is necessary to use it again. Objective Moral Damages. Both costs of the action.\" (see hearing minutes on folios 110-111 and 122). In the oral and public trial hearing held on November twenty-second, two thousand twelve (and recorded in the recording of the Oral and Public Trial hearing of 11/22/2012), the plaintiff clarified to this Tribunal that the date from which it requests interest on the advance payment amount is not from May 13, 2005, as indicated in the preliminary hearing minute (folio 110 verso), but rather from December 20, 2007, and it clarifies that the objective moral damages correspond to the loss of image that the Municipality has suffered before the community due to the breach. In this regard, we will state the following: a) With respect to the sum corresponding to the entirety of the contract, it is necessary to indicate that regarding the advance payment for the repair of the machinery in the amount of ¢661,500.00 (six hundred sixty-one thousand five hundred colones) plus legal interest on this sum from December 20, 2007, as was well expressed in the section of proven facts, it is deemed proven that the Municipality of Aguirre delivered the indicated sum to the plaintiff for materials. In this regard, first of all, it must be mentioned that payment to contractors is appropriate once the good or service has been received to satisfaction; therefore, advance payments only conform to certain duly verified uses and customs, or when market conditions require it. It is the Administration's responsibility to monitor the procurement, taking all possible measures to guarantee the correct execution of what was agreed upon, because otherwise it must adopt the relevant measures to recover the amount paid or to claim any compensation (Article 35 of Decree 33411-H published in Gazette number 210 of November 2, 2006). In the case under examination, it is not determined that there was a necessity to deliver the indicated advance payment to the defendant; however, let the foregoing serve as an admonition to the contracting Administration, on the understanding that it is subject to the Legal System and, as such, is bound by what it expressly permits, so that in the absence of a valid justification for the adopted behavior, said behavior should not have occurred. Now, the foregoing does not invalidate the Administration's right to take the pertinent legal actions to recover the amount paid and demand the applicable compensation, as established by the cited rule, since the contractor cannot benefit from his own willful misconduct (dolo) nor enrich himself at the expense of the Administration's good faith. For this reason, he is obligated to reimburse the Municipality of Aguirre the sum actually received as an advance payment, that is, ¢661,500.00 (six hundred sixty-one thousand five hundred colones), which were deposited into his account on May 12, 2008 (according to the deposit voucher visible on folio 6 of the case file). Interest at the legal rate is awarded on this sum, in accordance with Article 1163 of the Civil Code, calculated from May 12, 2008, until its effective payment, which will be settled in the execution of judgment. Therefore, the recognition of the entirety of the contracted amount is not appropriate, because the other remaining fifty percent was not delivered to the defendant; consequently, it cannot be considered that the Municipality suffered damage with respect to the entire agreed amount, as the damage is limited to the advance payment actually made, on which interest is awarded. b) In another matter, the plaintiff Municipality requests an item related to the hiring of another equipment for four months, the sum of ¢4,800,000.00 (four million eight hundred thousand colones), and expenses for machinery rental \"in case it is necessary to use it again.\" In this regard, article 317 of the Civil Procedure Code, applicable to this matter by referral of Article 220 of the Contentious Administrative Procedure Code, provides that the burden of proof falls on whoever formulates a claim regarding the assertions of the constitutive facts of their right. In this sense, article 65 of the Contentious Administrative Procedure Code, related to the acceptance of facts by the defaulting defendant, is not sufficient to deem the facts and claims alleged by the plaintiff as true; thus, it becomes a legal imperative for the plaintiff to bring to the proceeding all the evidence necessary to support what is claimed, which in this specific case does not occur. The Municipality alleges that during the time the grader was out of service, it had to hire another equipment to replace it, which generated expenses of over four million colones; however, it does not provide any evidence demonstrating that this was the case. There is no element of conviction allowing the existence of the generating event for the alleged damage to be proven, i.e., the actual rental of the machinery. Therefore, given the absence of evidentiary elements validating the position adduced by the plaintiff Municipality, this Tribunal deems the item settled in relation to the amounts corresponding to the machinery rental to be inappropriate. Regarding the amounts, it is necessary to clarify that despite the existence of an expert opinion that establishes specific items related to this point, the truth is that the reason giving rise to the damages—i.e., the rental of the machinery due to the plaintiff's breach—is an aspect that the Municipality did not prove. It is not enough to allege the damage; rather, it is subject to the evidence that the party provides, a situation that does not occur in this case. Let us remember that the full demonstration of the damage falls on the party filing the claim, which means that, as a general rule, the plaintiff in matters of this nature is obligated to prove it, regardless of its modality. Furthermore, the claim for compensation for expenses for machinery rental \"in case it is necessary to use it again\" is inappropriate, as it not only fails to demonstrate that this machinery was used at the time or that the expense occurred, but also because in this latter case, what is sought is compensation for damage that has not even occurred—future and uncertain. Conceptualizing the term damage, it can be considered as the difference between the current state of the victim's assets and that which they would have if the harmful event had not occurred. According to the Dictionary of the Royal Academy, damage is a detriment, a loss (menoscabo), loss being a diminution of things by taking away a part of them. In summary, damage is an asset diminution effectively suffered as a consequence of the injury to a legal right. Therefore, since damage is a loss or diminution of assets already in the victim's possession, as a general rule, it must be certain, verifiable, and individualizable. In the words of Nombre5227, for compensation to be appropriate, it is required \"that a harm effectively exists,\" which, in this case, must arise from the non-execution of the contract (Derecho Civil Tomo II Volumen I page 195). Consequently, as the plaintiff claims compensation for a machinery rental that has not occurred but which it estimates could occur, its recognition is not appropriate because it involves a claim related to possible damage that has not even occurred, and for that reason, it is in no way subject to compensation. c) OBJECTIVE MORAL DAMAGES (DAÑO MORAL OBJETIVO): The plaintiff Municipality also requests the recognition of objective moral damages, alleging in a general manner that the administrative conduct has caused an impact on its image before the community, without providing the process with further elements regarding such damage. In the oral and public trial hearing held on November 22, 2012, and recorded on this Office's digital medium, the plaintiff's representative briefly mentions that moral damage occurs because the Municipality, due to the breach of contract, suffered a loss to its image before the community. Regarding the concept of objective moral damages, the First Chamber of the Supreme Court has indicated: \"... IV. Moral damages (also called non-pecuniary (incorporal), extra-patrimonial, sentimental (de afección), etc., in doctrine) are verified when the individual's sphere of extra-patrimonial interest is harmed. However, since its violation can generate patrimonial consequences, it is appropriate to distinguish between 'pure' subjective moral damages, or sentimental damages, and objective or 'objectified' moral damages. Subjective moral damages occur when an extra-patrimonial right has been injured without affecting the patrimony, normally involving an unjust disturbance of the individual's mental conditions (disgust, discouragement, despair, loss of satisfaction in living, etc., e.g., the offense against honor, dignity, privacy, the so-called loss of enjoyment of life (daño a la vida en relación), grief over the death of a family member or loved one, etc.). Objective moral damages injure an extra-patrimonial right with repercussions on the patrimony, that is, it generates economically valuable consequences (e.g., the case of the professional who, due to the attributed act, loses their clientele in whole or in part). This distinction serves to delimit the damage suffered by the individual in their social consideration (good name, honor, honesty, etc.) from that suffered in the individual sphere (grief over the death of a relative); thus, one refers to the social part and the other to the affective part of the patrimony. This distinction was originally created to determine the scope of compensable moral damages, since at first doctrine was reluctant to compensate pure moral damages due to its difficult quantification. For compensation, a distinction must be made between the different types of moral damages. In the case of objective damages, the corresponding demonstration must be made, as occurs with patrimonial damages; but in the case of subjective moral damages, since their amount cannot be structured and demonstrated precisely, their determination is left to the prudent discretion of the judge, considering the circumstances of the case, the general principles of law, and equity, with the lack of proof regarding the magnitude of the damage not being an obstacle to setting its amount. The dogmatic difference between patrimonial and moral damages does not exclude that, in practice, one and the other may occur concomitantly; this could be the case of injuries that generate physical pain or cause disfigurement or physical deformity (damage to health) and aesthetic damage (disruption of the physical harmony of the face or any other exposed part of the body). For this reason, moral damages are not deemed secondary or accessory, as they evidently have autonomy and peculiar characteristics. In summary, moral damages consist of physical, psychological, sentimental, or moral pain or suffering inflicted by an unlawful act. Normally, the fertile field of moral damages is that of personality rights when they are violated. ... VI. On the compensability of moral damages, it should be noted that the argument that compensation for moral damages implies the difficulty of achieving equivalence between the damage and pecuniary compensation ('pecunia doloris') is not valid; because in the case of objective moral damages, reparation is easier to quantify, and although in the hypothesis of subjective moral damages it is somewhat more difficult, impossibility cannot be inferred from this. Furthermore, serious valuation problems also arise in cases of patrimonial damages. It is preferable to compensate the victim, in some way, for their physical pain and mental affliction, than to force them to bear its weight and thus grant a benefit to the tortfeasor, leaving them unpunished. Although money, in the case of material damage, restores the injured patrimonial sphere of the victim to the state prior to the causation of the damage ('restitutio in integrum'), it is equally true that in cases of moral damages, it fulfills a function or role of satisfaction for the suffered affliction or pain, operating as compensation for the inflicted damage, without being morally reprehensible for this, because it is not about paying for pain with pleasure, nor about putting a price on pain. It is merely sought to provide the victim with satisfactions equivalent to those that were affected. ...\" (Judgment number 928 at 9:15 a.m. on November 24, 2006. In the same vein, among many others, see resolutions number 151 at 3:20 p.m. on February 14, 2001, number 729 at 10:00 a.m. on September 29, 2005, and number 127 at 11:25 a.m. on February 21, 2007). Based on the foregoing, it is evident that objective moral damages occur in the extra-patrimonial sphere of the subject and directly impact their patrimony. In the case of objective moral damages, the corresponding demonstration must be made, as occurs with patrimonial damages. In accordance with the foregoing, this Tribunal finds that, from reviewing the case file and the evidence provided, there is no element or indication whatsoever allowing the claimed moral damages to be deemed proven and existent. Consequently, this collection claim must be rejected due to the absence of demonstration, which is a fundamental requirement for the reparation of objective moral damages.\n\nVIII) DUTY OF THE ADMINISTRATION TO EXERCISE CONTROL OVER THE CONTRACTING IT CARRIES OUT: This Tribunal deems it necessary to make a brief consideration regarding the obligations of Public Administrations to carry out control and verification of contractual executions in order to minimize breaches by contractors. The Administrative Contracting Law (Ley de Contratación Administrativa) and its Regulations provide for the Administration's duty to arrange the necessary measures to guarantee that the object of the procurement is fulfilled (Article 102 of the LCA). In the same vein, the General Law on Internal Control (Ley General de Control Interno) establishes the Administration's obligation, as part of the activities constituting the control environment, to protect and conserve institutional assets (Article 15 LGCI). In the case under examination, it is observed that there were weaknesses in this regard in the oversight of the contractual execution. It is striking that no document or evidence is provided in the case file demonstrating that the Municipality took steps to have the defendant deliver the repaired good, or at least return the sum charged as an advance payment. It cannot be determined what really happened to the machinery. In short, it does not appear that efforts were made to get the defendant to fulfill the contract. An advance payment of money was made that should not have been delivered, since advances are exceptions, according to the provisions of Article 35 of the Regulations to the Administrative Contracting Law, in the sense that they are only appropriate under certain duly verified circumstances. The rule emphasizes that, in any case, when there is an advance payment, the Administration must monitor the procurement and take all possible measures to guarantee the correct execution of what was agreed. This Tribunal deems it important to make these considerations in order to indicate that the judicial route is the last resort to which the Administration must turn to recover amounts paid or claim compensation for contractual breach. While it is true that the doors of justice are open to address these types of situations, due to a legal and constitutional imperative, and because the law grants the creditor the right to judicially compel the debtor to execute what he is obligated to do, and to collect the damages and losses (daños y perjuicios) caused by the breach, the truth is that, firstly, the Administration must execute all necessary actions to guarantee the correct execution of the contracts it enters into. This implies constant oversight and control thereof, because failure to observe such obligations is grounds for liability."
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