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  "title_es": "Régimen disciplinario del servidor público y deber de probidad en el ICE",
  "title_en": "Disciplinary regime of public servants and duty of probity at ICE",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo analiza la impugnación de un ex subgerente del ICE contra una sanción disciplinaria de suspensión de treinta días impuesta a instancias de la Contraloría General de la República. El tribunal desarrolla extensamente los fundamentos del régimen de empleo público y la responsabilidad disciplinaria de los servidores, destacando que se rigen por un estatuto diferenciado del trabajador privado, con derechos como la estabilidad y carrera administrativa, pero también deberes funcionales cuyo incumplimiento genera responsabilidad. Aborda el principio de tipicidad relativa en el derecho administrativo sancionador, que no exige una descripción cerrada de las faltas como en materia penal, sino que basta que la sanción esté legalmente preestablecida. Reconoce la validez de conceptos jurídicos indeterminados como el deber de probidad. En el caso concreto, confirma la legalidad de la sanción al considerar acreditada una falta grave del funcionario por omisión de sus deberes en la dotación de recursos humanos para un proyecto de contratación administrativa, con base en normas de control interno, probidad y administración financiera.",
  "summary_en": "The Administrative Court analyzes a challenge by a former ICE deputy manager against a thirty-day suspension disciplinary sanction imposed at the request of the Comptroller General's Office. The court extensively develops the foundations of the public employment regime and the disciplinary liability of public servants, emphasizing that they are governed by a differentiated statute from private workers, with rights such as stability and administrative career, but also functional duties whose breach generates liability. It addresses the principle of relative specificity in administrative sanctioning law, which does not require a closed description of offenses as in criminal matters, but only that the sanction is legally pre-established. It recognizes the validity of indeterminate legal concepts such as the duty of probity. In the specific case, it confirms the legality of the sanction, considering that a serious fault of the official was proven due to omission of his duties in providing human resources for an administrative contracting project, based on internal control, probity, and financial administration norms.",
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    "Comptroller General"
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  "excerpt_es": "En este orden de ideas, para efectos de la resolución del presente proceso, es menester partir de la consideración de que en Costa Rica el servidor público se encuentra sometido a un régimen particular, diferenciado del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y obligaciones específicas. Los artículos 191 y 192 de la Constitución Política es la base fundamental para establecer tal distinción, al establecer lo siguiente: “Artículo 191.- Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración” y “Artículo 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos”.\n\nCon relación al régimen disciplinario a aplicar en caso de incumplimiento de dichos deberes, de conformidad con sendos votos de la Sala Constitucional, el principio de tipicidad se torna más laxo, por lo que no se requiere una específica tipificación legal de la conducta, dada la naturaleza misma de la situación jurídica de los servidores. En este sentido, el voto 2007-013903 de las quince horas y veinticinco minutos del tres de octubre del dos mil siete de la Sala Constitucional, indica lo siguiente: \"V.- Sobre el principio de tipicidad en el régimen disciplinario.- El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad que exige por un lado, la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción, y por otro lado, la delimitación concreta de las posibles sanciones a aplicar, pudiendo afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio fundamental en la responsabilidad disciplinaria. En cuanto a la delimitación concreta de la conducta reprochable, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades [...] que aunque ciertamente este principio en esta materia no tiene la misma forma que en el ámbito jurídico- penal -ya que puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas literalmente- siempre debe entenderse que estas faltas están incluidas en el texto. Es decir, puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas literalmente, pero que se entienden incluidas en el texto y siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. Ahora bien, en cuanto a la delimitación concreta de la sanción, a diferencia de lo que se viene de decir, ésta sí debe estar clara y previamente establecida, sin que pueda la Administración crear sanciones nuevas que no estén contempladas en las normas aplicables.\"\n\nCon relación al deber de probidad, indica que en su dimensión real, éste es un enunciado carente de contenido base para sancionar y que los artículos de la Ley contra la Corrupción no tipifican faltas. Al respecto, estima este Tribunal que no lleva razón el actor, en tanto que en materia de derecho administrativo sancionador no se requiere una precisa tipificaciòn de conductas antijurídicas para la imposición de una sanción en esta materia, sino que lo único necesario es la definición de las sanciones a aplicar.",
  "excerpt_en": "In this line of thought, for the resolution of this case, it is necessary to start from the consideration that in Costa Rica the public servant is subject to a particular regime, differentiated from the private worker, from which a series of specific rights and obligations emanate. Articles 191 and 192 of the Political Constitution are the fundamental basis for establishing such a distinction, as follows: 'Article 191.- A civil service statute shall regulate the relations between the State and public servants, with the purpose of guaranteeing the efficiency of the administration' and 'Article 192.- With the exceptions that this Constitution and the civil service statute determine, public servants shall be appointed on the basis of proven suitability and may only be removed for the causes of justified dismissal expressed in labor legislation, or in the case of forced reduction of services, either due to lack of funds or to achieve a better organization thereof.'\n\nRegarding the disciplinary regime applicable in the event of non-compliance with said duties, in accordance with several rulings of the Constitutional Chamber, the principle of specificity becomes more flexible, so that a specific legal classification of the conduct is not required, given the very nature of the legal situation of the servants. In this sense, ruling 2007-013903 of fifteen hours and twenty-five minutes of October three, two thousand seven of the Constitutional Chamber indicates the following: 'V.- On the principle of specificity in the disciplinary regime.- The principle of specificity is an application of the principle of legality that requires, on the one hand, the concrete delimitation of the conduct that becomes reprehensible for sanctioning purposes, and on the other hand, the concrete delimitation of the possible sanctions to be applied, and it may be stated that the principle of specificity constitutes a fundamental principle in disciplinary liability. As to the concrete delimitation of the reprehensible conduct, this Chamber has held in previous opportunities [...] that although this principle in this matter does not have the same form as in the criminal-legal field -since offenses not literally provided for may be sanctioned discretionarily- it must always be understood that these offenses are included in the text. That is, offenses not literally provided for but understood to be included in the text may be sanctioned discretionarily, provided they result from the verification of the disciplinary offense through a procedure created for that purpose. Now, regarding the concrete delimitation of the sanction, contrary to what has been said, it must be clear and previously established, without the Administration being able to create new sanctions not contemplated in the applicable norms.'\n\nRegarding the duty of probity, it indicates that in its real dimension, it is a statement lacking substantive content to sanction and that the articles of the Anti-Corruption Law do not classify offenses. In this regard, this Court considers that the plaintiff is not right, since in the field of administrative sanctioning law, a precise classification of unlawful conduct is not required for the imposition of a sanction in this matter, but only the definition of the sanctions to be applied is necessary.",
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    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The court dismisses the lawsuit seeking nullity of the disciplinary sanction, confirming its legality and proportionality.",
    "summary_es": "El tribunal rechaza la demanda de nulidad contra la sanción disciplinaria, confirmando su legalidad y proporcionalidad."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VII.d",
      "quote_en": "In the field of administrative sanctioning law, a precise classification of unlawful conduct is not required for the imposition of a sanction in this matter, but only the definition of the sanctions to be applied is necessary.",
      "quote_es": "En materia de derecho administrativo sancionador no se requiere una precisa tipificación de conductas antijurídicas para la imposición de una sanción en esta materia, sino que lo único necesario es la definición de las sanciones a aplicar."
    },
    {
      "context": "Voto 5594-94 de la Sala Constitucional, citado en Considerando VII.d",
      "quote_en": "The principles 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' do not have the rigidity and strictness that characterize them in substantive criminal law, since the sanctioning activity of a criminal nature and that of a disciplinary nature correspond to different legal fields.",
      "quote_es": "Los principios 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' no tienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, por cuanto la actividad sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos diferentes."
    },
    {
      "context": "Considerando VII.d",
      "quote_en": "The duty of probity, as has been indicated, cannot per se be considered unconstitutional, since it is an indeterminate legal concept inherent to public service and public function.",
      "quote_es": "El deber de probidad, como se ha indicado, no puede per se, considerársele inconstitucional, ya que, se trata de un concepto jurídico indeterminado inherente al servicio y la función pública."
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  "body_es_text": "“V.- En este orden de ideas, para efectos de la resolución del presente  proceso, es menester partir\nde la consideración de que en Costa Rica el  servidor público se encuentra sometido a un régimen\nparticular, diferenciado  del trabajador privado, y del cual dimanan una serie de derechos y\nobligaciones  específicas. Los artículos 191 y 192 de la Constitución   Política es la base\nfundamental para establecer tal  distinción, al establecer lo siguiente: “Artículo 191.- Un estatuto\nde  servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores  públicos, con el\npropósito de garantizar la eficiencia de la administración”  y “Artículo 192.- Con las excepciones\nque esta Constitución y el  estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán\nnombrados  a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales  de despido\njustificado que exprese la legislación de trabajo, o en  el caso de reducción forzosa de servicios,\nya sea por falta de fondos o para  conseguir una mejor organización de los mismos”. De conformidad\ncon las  indicadas normas de rango constitucional se evidencia que el servidor del  Estado y sus\nInstituciones, goza de los derechos  de una regulación normativa propia, estabilidad en el empleo -\nlimitando el  régimen de libre remoción propio de la regulación laboral privada- y de una  carrera\nadministrativa, junto con los demás garantías existentes para las  personas amparadas a un régimen\nde subordinación, como son el pago de un  salario, vacaciones, jornadas máximas, huelga, etc.\n(haciendo  la salvedad del  derecho a la negociación colectiva, excluida por votos 4453-2000 y\n9690-2000 de la Sala Constitucional).  Correlativo con las anteriores derechos, el servidor público\nposee una serie de  obligaciones de carácter funcionarial, inherentes a los fines públicos buscados\ncon su actividad y que deben orientar siempre su gestión, a fin de no incurrir  en una falta\npersonal generadora de responsabilidad disciplinaria. Sin  pretender ser exhaustivos, algunos de los\ndeberes propios del régimen de  empleo público, son: a) deber de probidad (art. 3 Ley contra la\nCorrupción y el  Enriquecimiento Ilícito en la Administración Pública), b) deber de  cumplimiento de\nlos principios del servicio  público - continuidad, eficiencia, adaptación al cambio en el régimen\nlegal e  igualdad de trato- (art. 4 Ley General de la Administración   Pública), c) deber de\ncautelar un adecuado ambiente de  control interno (art. 39 de la   Ley General de Control Interno)\nd) deber de proteger el  interés superior de los niños y las niñas (art. 4 y 5   del Código de la\nNiñez y la   Adolescencia) e) deber de cumplir el ordenamiento jurídico (art.  13 y concordantes de\nla   Ley General de la Administración   Pública, art. 39.a del Estatuto de Servicio Civil), f) deber\nde dar pronta respuesta e información al usuario (art. 5 y 10 de la Ley de Protección al Ciudadano\ndel Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), g) deber de obediencia  (art. 108 de la Ley\nGeneral de la Administración   Pública), h) deber de actuar con eficacia (art. 5   de la Ley de la\nAdministración   Financiera y Presupuestos Públicos) i) deber de guardar  decoro y de brindar debida\natención al usuario (art. 114 de la Ley General de la Administración   Pública y art. 39. d) y e)\ndel Estatuto de Servicio Civil) j)  deber de responder en caso de haber actuado con dolo o culpa\ngrave (art. 199 y  211 Ley General de la Administración Pública) k) deber de acatar la Constitución\nPolítica (art. 11 de dicho cuerpo normativo). Adicionalmente,  de manera supletoria, con base en el\nartículo 9 de la Ley General de la Administración   Pública y 51 del indicado Estatuto, le son\naplicables a dicha  relación de empleo público, las disposiciones propias del Código de Trabajo y\ndemás disposiciones relacionadas con la relación de trabajo, como por empleo la Ley de Hostigamiento\nSexual en  el Empleo y la Docencia,  Ley de Regulación del Fumado, Ley de Igualdad de Oportunidades\npara Personas  con Discapacidad, entre otras. En este orden de ideas, si bien en materia de  empleo\npúblico no podemos hablar de una plena integración del ordenamiento  jurídico y principios en\nmateria laboral habida cuenta de la existencia de una  relación estatutaria y no contractual,\n(artículo 111 de la Ley General de la Administración   Pública), no puede obviarse la existencia de\nlíneas generales  de orientación de la relación que son comunes, como por ejemplo, la aplicación\ndel principio de buena fe entre ambas partes, contemplado en el artículo 19 del  Código de Trabajo.\nCon relación al régimen disciplinario a aplicar en caso de  incumplimiento de dichos deberes, de\nconformidad con sendos votos de la Sala Constitucional,  el principio de tipicidad se torna más\nlaxo, por lo que no se requiere una  específica tipificación legal de la conducta, dada la\nnaturaleza misma de la  situación jurídica de los servidores. En este sentido, el voto 2007-013903\nde las quince horas y veinticinco minutos del tres de octubre del dos mil  siete de la Sala\nConstitucional, indica lo siguiente: \"V.- Sobre el  principio de tipicidad en el régimen\ndisciplinario.- El principio de  tipicidad es una aplicación del principio de legalidad que exige\npor un lado,  la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos  de su\nsanción, y por otro lado, la delimitación concreta de las posibles  sanciones a aplicar, pudiendo\nafirmarse que el principio de tipicidad  constituye un principio fundamental en la responsabilidad\ndisciplinaria. En  cuanto a la delimitación concreta de la conducta reprochable, esta Sala ha\nsostenido en anteriores oportunidades (ver al respecto la resolución 2005-06616  de las veinte horas\ncon cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de mayo del  dos mil cinco y 94-5594 de las quince\nhoras cuarenta y ocho minutos del  veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro) que\naunque  ciertamente este principio en esta materia no tiene la misma forma que en el  ámbito\njurídico- penal -ya que puede sancionarse discrecionalmente las faltas  no previstas literalmente-\nsiempre debe entenderse que estas faltas están  incluidas en el texto. Es decir, puede sancionarse\ndiscrecionalmente las faltas  no previstas literalmente, pero que se entienden incluidas en el texto\ny  siempre y cuando resulten de la comprobación de la falta disciplinaria,  mediante un\nprocedimiento creado al efecto. Ahora bien, en cuanto a  la delimitación concreta de la sanción, a\ndiferencia de lo que se viene de  decir, ésta sí debe estar clara y previamente  establecida, sin\nque pueda la Administración crear sanciones nuevas que no  estén contempladas en las normas\naplicables. En resumen, aunque se  infiere que los hechos determinantes de las faltas disciplinarias\nson  innumerables -pues dependen de la índole de los comportamientos o conductas de  los sujetos- y\nque los principios \"nullum crimen sine lege\",  \"nullum poena sine lege\" no tienen la rigidez y\nexigencia que les  caracteriza en el derecho penal sustantivo, siempre es necesario en materia\ndisciplinaria, en atención al principio de tipicidad, que la conducta se  infiera del texto\nnormativo y que la sanción esté –está si- claramente  preestablecida\". Lo anterior genera lo que en\ndoctrina es conocido  como el principio de tipificación relativa en el entendido que la falta debe\nestar prevista en el ordenamiento disciplinario, pero sin el nivel de  rigurosidad propio de la\nmateria penal en cuanto se derive de la relación de  servicio en concreto. En razón de lo anterior,\nson sancionables, tanto  el incumplimiento de los deberes funcionales generales, como las conductas\ntipificadas legalmente (a nivel de Estatuto de Servicio Civil, normas  estatutarias propias del\nrégimen o Código de Trabajo, por ejemplo), y aquellas que se encuentren contempladas en normas  de\ncarácter inferior, como las contenidas en los reglamentos autónomos de  servicio o en los casos en\nlos cuales la tipificación se de con respecto a la  sanción a imponer. Esta tipificación relativa\nflexibiliza la necesidad de normas positiva en carácter de ley formal, siendo posible  que su\nregulación se genere por norma positiva de menor rango. Las anteriores  consideraciones, sin\nperjuicio de que existen una serie de principios del derecho sancionatorio  derivados del  derecho\npenal, de necesario cumplimiento en todos los casos, v.g.  proporcionalidad, non bis in idem,\ninocencia, debido proceso, debida  fundamentación de la resolución respectiva. En este orden de\nideas, es de  advertir que en materia de definición de conductas que pueden ser consideradas  como\nparte de los deberes propios de los funcionarios públicos u objeto de  sanción en caso de\nincumplimiento, nuestro país posee un sistema difuso, habida  cuenta que las mismas no se encuentran\ndetalladas en un solo cuerpo normativo,  sino dispersas entre diferentes normas de distinto rango,\nprivando mayor  especificidad en las normas reglamentarias que cada ente opte por dictar, según  el\nartículo 27 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Lo anterior,  de conformidad con las\npotestades auto normativas de la Administración   Pública, y habida cuenta de la imposibilidad de\nque por la  vía legal se puedan normar todas y cada una de las conductas concretas en que  incurren\nlos servidores públicos, y en el entendido de que el ejercicio de la  potestad reglamentaria se\nencuentra limitado por el marco general del  ordenamiento supra legal. De manera transversal a este\nconjunto de principios y normas de diferente rango, en esta materia encontramos  el interés público\ncomo  un referente constante en la adopción de cualquier decisión o conducta formal o  informal de\nla   Administración con respecto a sus servidores. Dicho  interés entendido de conformidad con el\nartículo 113 de la Ley General de la Administración   Pública, dispone: \"1. El servidor público\ndeberá  desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés  público, el cual\nserá considerado como  la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados.\n2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración   Pública cuando pueda estar\nen conflicto. 3.  En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los\nvalores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a  los que no puede en\nningún caso anteponerse la mera conveniencia\". En  razón de lo anterior, todo análisis en materia de\nempleo público no debe obviar  el análisis del  cumplimiento del interés público en la  adopción de\nla respectiva decisión administrativa, como fundamental referente de su motivación  subyacente.\nComplementario con lo anterior, la normativa y principios  dichos, son la base sine qua non para\ndeterminar la procedencia o no de una  pretensión anulatoria específica, presentada por un  servidor\npúblico frente a una administración. En el caso de los servidores de nivel  gerencial en entes que\ndesarrollan una actividad empresarial (empresa- ente  público), debe tomarse en consideración que\nellos participan de la gestión  pública de los mismos, mas se estiman como servidores de una\nnaturaleza sui  generis habida cuenta que se estiman de un régimen de confianza. El artículo 4  del\nEstatuto de Servicio Civil dispone al respecto, lo siguiente: \"Artículo  4º.- Se considerará que\nsirven cargos de confianza: .... g) Los cargos de  directores y directores generales de los\nMinisterios, así como los de las  oficinas adscritas a ellos, las desconcentradas y descentralizadas\ndependientes  de los Ministros o Viceministros. Queda entendido que estos funcionarios  deberán\ncumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un cargo, de  carácter técnico....\" . En\neste  orden de ideas, en ellos se conjuga un poder de decisión con un deber de  fiscalización, tanto\nde fondos públicos como  de alineación de la gestión institucional con los objetivos públicos. Sobre\nla  naturaleza de confianza del cargo gerencial, la Sala Segunda de la Corte Suprema de  Justicia\nexpresó que: \"El puesto de gerente en una empresa o entidad,  es por esencia un trabajo de especial\nconfianza, dada su intervención en la  dirección y en la vigilancia de los asuntos del empleador y\nhasta la  sustitución, en ciertos momentos y para algunas actuaciones, del patrono mismo.  Esa\ncaracterística del manejo empresarial, hace surgir en ese tipo de puesto,  como el elemento\nesencial, la confianza que se traduce en la fe, objetivable en  el conocimiento que se tiene de la\npersona, a través de sus antecedentes en el  campo, de que es idónea para dejar en sus manos labores\ntan importantes y  delicadas; las cuales inclusive, indebidamente ejecutadas, pueden llegar a\ncomprometer de manera substancial la suerte o el éxito de la empresa o negocio.\"  (Voto No.75 de las\n9:55 horas del 23 de febrero de 1995).   Sobre el alcance de dichas competencias de los servidores\nde nivel gerencial en  los entes públicos, se ha indicado lo siguiente: \"Conforme con el\nplanteamiento desarrollado líneas atrás, y a modo de ejemplificar su  aplicabilidad en un cargo\nespecífico de la Administración   Pública, los responsables de las unidades de servicios\nadministrativos institucionales (direcciones Administrativo Financieras) deben  redefinir su papel,\nejerciendo su responsabilidad como cabezas de unidades de  apoyo técnico-administrativo de los\nniveles políticos institucionales,  colaborando y asesorando –o sea, influyendo proactivamente- en\nel proceso  estratégico de toma de decisiones sobre asignación, uso y control de los  limitados\nrecursos públicos. E igualmente cumplir con las políticas, normas y  procesos definidos por el\nministerio de hacienda como órgano rector de la Gestión Financiera,  según lo establecido en la Ley\nde Administración de la   República y Presupuestos Públicos Nº 8131, verificar el  cumplimiento de\nlas normas de control interno que dicte la Contraloría General  de la República  y de la política\ninstitucional definida por los niveles políticos, brindando  apoyo a las unidades ejecutoras de\nplanes y proyectos, las cuales a nivel  ministerial se conciben como Programas Presupuestarios,\nórganos desconcentrados  o adscritos, según sea el caso. Ardua labor se propone para tales cargos,\nmáxime que como puestos considerados de confianza por el artículo 4 del  Estatuto del Servicio\nCivil, son ocupados por personas que, en la generalidad  de las ocasiones, carecen de los\nconocimientos y experiencia en lo que a la  gestión pública se refiere, y son más bien compromisos\npolíticos derivados del  “amiguismo” de ministros, diputados y Presidentes Ejecutivos. No obstante,\nlas  responsabilidades establecidas en la citada Ley Nº 8131 están dadas y deben  estar claras por\nla sencilla razón del papel que juega un director  Administrativo Financiero dentro del engranaje\nministerial por ejemplo, el cual  debería fungir como una suerte de “amalgama administrativa”, capaz\nde conectar  y operacionalizar las decisiones del Jerarca, con los recursos dispuestos en  las\ndiferentes instancias administrativas del ministerio\". (La nueva  gerencia pública y su\naplicabilidad en la administración pública costarricense.  Rolando Bolaños Garita). De conformidad\ncon lo anterior, el nivel gerencial en  los entes públicos se encuentra compuesto por servidores\npúblicos con responsabilidades  calificadas en orden a una serie de responsabilidades inherentes al\ncargo y que  emanan de diferente normativa aplicable, entre ellas, la Ley General de Control\nInterno, la Ley  de la   Administración Financiera y Presupuestos Públicos y la Ley contra la\nCorrupción y el  Enriquecimiento Ilícito, entre otros. De dichas responsabilidad emanan un  régimen\nsancionatorio, al cual le es aplicable, al igual que el resto de los  servidores las siguientes\ndisposiciones: \"Artículo 211.- 1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad  disciplinaria\npor sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento,  cuando haya actuado con dolo o culpa\ngrave, sin perjuicio del régimen  disciplinario más grave previsto por otras leyes. 2. El superior\nresponderá  también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, cuando  él y\nestos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 3. La sanción que  corresponda no podrá\nimponerse sin formación previa de expediente, con amplia  audiencia al servidor para que haga valer\nsus derechos y demuestre su  inocencia\". \"Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia  y\nel grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto  vicio del acto al que\nse opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta  la naturaleza y jerarquía de las\nfunciones desempeñadas, entendiéndose que  cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más\ntécnicas sus funciones, en  relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo\ndebidamente\". Es de relevancia indicar que en la Ley General de la Administración   Pública, existen\nalgunos casos donde la Ley expresamente califica la  gravedad de la infracción, como por ejemplo la\nemisión de actos manifiestamente  ilegales ( art. 199), obedecer dichos actos ( art.  199), ordenar\nla ejecución de un acto absolutamente nulo ( art. 170) y el  retardo grave e injustificado en la\nconclusión de un procedimiento  administrativo (art. 225). En otros casos, incluidos la omisión de\nactuar con  una diligencia debida o la omisión de un deber  funcional, es necesario analizar en cada\ncaso concreto si el servidor actuó con  culpa grave o dolo a efectos de determinar su\nresponsabilidad administrativa.  Como se advierte, a diferencia del régimen de empleo privado en\ndonde se establece  un sistema de imputación de determinadas conductas más o menos abiertas que se\nestiman como antijurídicas, en el caso en examen, hay criterios subjetivos de  responsabilidad -\nexistencia de \"dolo o culpa grave\" en la  conducta. Con respecto a los alcances de dicha\nresponsabilidad en la discusión del  proyecto de Ley General se indicó lo siguiente: \"El funcionario\nva a  responder ante la administración y va a responder al particular. Nosotros hemos querido coger\ntoda esa evolución lo que consideramos  que es sano. En principio sano consiste en que el\nfuncionario sepa que no obstante que es funcionario debe tener el mismo deber  de prudencia o\ndiligencia y respeto a los derechos ajenos que el ciudadano  común. No hay razón para que se\ncastigue con responsabilidad a un  ciudadano común que le causa un daño a otro, y no se castigue con\nigual  responsabilidad a un empleado público que imprudentemente, negligentemente le  causa un daño\na un particular. Todavía es más punible nos parece éste último  porque se supone que por su\ncondición ha de tener no solo una conducta más  ejemplar sino más controlada. El término tal (sic),\nes  que el que viola gravemente sus deberes del  cargo en realidad comete una negligencia punible.\nSin embargo hemos optado por  emplear dos términos que en Costa   Rica se han  empleado siempre en\nel Código Civil y en muchos ordenamientos nuestros. El dolo o culpa grave, que significa\nefectivamente una culpa que ya  está muy definida por los tribunales. Dependiendo de cada caso, es\naquella caso (sic) en dónde o intencionalmente o corriendose (sic) un riesgo, o con obvia conciencia\nde que se están violando  reglas elementales se causó un daño. En esos casos nosotros consideramos\nque es  moral y además conveniente para el buen andamiento de la administración, desde  el punto de\nvista y que crea y responsabilidad en un  funcionario y que éste sea personalmente responsable ante\nel particular por el  daño que le causa. Aparte de la responsabilidad disciplinaria que puede tener,\néste señor le va a responder a la administración si la  administración tiene que pagarle al\nparticular. Es un  freno para el descuido la negligencia grave de la administración, en el\ndesempeño de sus funciones. Por eso hablamos de dolo o culpa  grave. Lo que se podría llamar culpa\nleve o culpa profesional o culpa  habitual, esos descuidos explicables en un funcionario  esos no se\nsancionan. Pero lo que es un descuido grave, un  olvido de reglas elementales de prudencia en el\ndesempeño de su cargo, esos es  sancionado por ofendido y frente a la administración...\" (Acta Nº\n104  de la   Comisión Permanente de Gobierno y Administración de 3 de  abril de 1970, pág. 10). Con\nrelación a la diferencia  entre los conceptos de dolo o culpa ha sido analizada de la siguiente\nforma:  \"La acción u omisión han de ser culpables, esto es, producto de la  deliberada voluntad de\ndañar (dolo) o de negligencia o imprudencia (culpa) del agente. La  diferencia entre estas dos\nformas de culpabilidad radica en la voluntariedad o  intencionalidad.\" (Enciclopedia Jurídica\nBásica, Volumen II, Editorial  Civitas, España, 1995, pág. 2585). Sobre el concepto de culpa grave\nse ha  señalado: \"De las variadas clasificaciones de la culpa que la doctrina  suele establecer, la\nmás relevante a efectos civiles  es la que distingue de la culpa leve u ordinaria la culpa grave o\nlata. La  culpa grave o lata consiste en un apartamiento de gran  entidad del  modelo de diligencia\nexigible: No prever o no evitar lo que cualquier persona  mínimamente cuidadosa hubiera previsto o\nevitado. Puede ser grave tanto la  culpa consciente como  la culpa inconsciente o sin previsión. En\nel primer caso, siempre que el agente  no haya querido ni aceptado la producción de la falta  de\ncumplimiento o del  evento dañoso previsto, pues entonces habría dolo, siquiera eventual.\"\n(Enciclopedia  Jurídica Básica, Volumen II, Editorial Civitas, España, 1995, pág. 1865. En  razón de\nlo anterior, es evidente para este Tribunal  que para que exista culpa grave, debe existir un\napartamiento claro, objetivo y  serio de un deber de cuidado emanado de la ley, imputable a un\nservidor  determinado que tenga una consecuencia lesiva a los intereses públicos.   Esa conducta u\nomisión grave que se aparta de ese  deber legal, puede tener o no un resultado, en tanto que la Ley\nGeneral y el  ordenamiento administrativo prevee supuestos en que indistintamente del resultado,\nopera la  responsabilidad. Empero es evidente que en la mayoría de los casos la  determinación sobre\nla existencia de una culpa grave va  asociada a algún tipo de afectación, sea a la propia\nadministración, sea a  terceros o a ambos. Con respecto a la determinación sobre su acaecimiento o\nno  en estos últimos supuestos, resulta viable referir a los mecanismos  empleados en sede penal\npara determinar si ha ocurrido una conducta culposa en  los casos en que hay resultado dañoso y que\nson denominados como la   teoría de la equivalencia de condiciones y la teoría de la conditio sine\nqua  non mediante las cuales se establece o se descarta la necesaria relación de  causalidad entre\nla omisión al deber objetivo de cuidado (causa) y el resultado  dañoso (efecto), necesaria para la\nconfiguración de la culpa. En este sentido,  el voto 696-2003 de 11:55 de 18 de julio de 2003 del\nTribunal de Casación Penal  indica: \"...De acuerdo a las teorías dichas.... el juez debe hacer una\nprognosis postuma ex ante facto (objetiva) también llamada supresión e  inclusión hipotética, de\nmanera que frente a varias omisiones a los deberes  objetivos de cuidado, se reconstruye mentalmente\nel hecho, pero cumpliendo  dichos deberes, uno a la vez –es decir tantas reconstrucciones como\nincumplimientos a los deberes se constaten–, con los siguientes resultados: (i)  si cumplido el\ndeber el resultado se produce, se descarta la relación de  causalidad; o (ii) si cumplido el deber\nde cuidado el resultado no sobreviene,  se constata la relación causa a efecto entre omisión al\ndeber objetivo de  cuidado y resultado...\" En el mismo sentido, se indica: \"... el  mecanismo\njudicial de averiguación de la conducta culposa es aquél mediante el  cual el analista pone una\nconducta en el supuesto de hecho en donde se dan los  deberes de cuidado exigidos y observar si el\nResultado siempre se produce. Si esto último ocurre, la conclusión evidente es que aún con todo  el\ndeber de cuidado el Resultado se hubiera producido, entonces la conducta no  resulta tìpica de\nculpa. Por el contrario, si el analista ubica en el  supuesto de hecho la conducta debida y el\nResultado no se produce entonces la  conclusión es que la infracción al deber de cuidado fue\neficiente para la  producción de ese Resultado y por tanto la conducta es típica de culpa\"  (Issa El\nKoury Jacob (Henry), Chirino Sánchez (Alfredo). Metodología  de Resolución de Conflictos Jurídicos\nen Materia Penal, Ilanud, San José, 1991 página  114). Con base en las anteriores consideraciones,\nestima este Tribunal  que la determinación de la existencia de culpa grave en una conducta\nadministrativa u omisión concreta que le sea imputada a un servidor público,  parte de una\nverificación de los siguientes supuestos: a) Existencia de deberes  funcionariales generales o\nespecíficos, que le sean exigibles a un servidor, en  virtud de su determinación en normas de\nalcance legal o reglamentario. b)  Existencia de un apartamiento real, objetivo, concreto, imputable\ny demostrado  al servidor de dicho deber exigible, siendo así que el mismo se dio al no  ajustarse\nal cumplimiento medio esperado de su deber de manera conciente y  deliberada c) Determinación de la\nexistencia o no de conductas que por su mero  acaecimiento puedan ser consideradas como generadoras\nde responsabilidad,  indistintamente del resultado ocasionado. d) Verificación de si con motivo de\nla conducta se ocasionó o no un resultado para la Administración  o terceros, de tipo administrativo\n(v.g. debilitamiento del  sistema de control interno del  ente), económico o de otro orden. e)\nValoración de la gravedad del  apartamiento de la conducta u omisión de los deberes indicados. Para\ntal fin,  se debe tomar en consideración, tanto el entorno en donde operó la conducta u  omisión, el\nnivel jerárquico del servidor, los eventuales daños ocasionados, la  concurrencia de otros actos de\nterceros y el carácter técnico de la conducta  que era debida y que no se realizó. Será mediante la\nvaloración integrada de  estas consideraciones que se podrá determinar si en un caso concreto o no,\npodría imputarse responsabilidad disciplinaria a un servidor en particular,  habida cuenta que bien\npodría incurrirse en una conducta sin culpa, o a pesar  de existir ésta, podría ser considerada como\nleve, con lo cual no se generaría  responsabilidad administrativa. Hechas estas consideraciones,\nprocede el  análisis de fondo del  caso objeto de la presente resolución.\n\n […]\n\n\n\n    VII.-   Hecho el anterior análisis, este Tribunal estima procedente entrar a  resolver sobre una\nserie de argumentos de puro derecho con respecto a la  procedencia de las normas aplicabas en los\nactos impugnados. Al respecto indica  las siguientes consideraciones: a) Que en el procedimiento\ninstaurado se  presentaron sendos vicios de procedimiento, tales como la aplicación de  normas\nderogadas (invoca el artículo 108 de la Ley de la Administración   Financiera y Presupuestos\nPúblicos, LAFPP). Al respecto,  estima este Tribunal que no lleva razón el actor, en tanto que el\nartículo 108  de la Ley de la Administración   Financiera y Presupuestos Públicos se encuentra\nvigente y no  ha sido derogado ni expresa ni tácitamente por el ordenamiento aplicable a los\nfuncionarios del ente accionado. En este orden de ideas, debe tomarse en  consideración que el\ncarácter de empresa pública- ente público que posee el ICE  no releva a sus servidores que realicen\ngestión pública, del cumplimiento de  las disposiciones de dicho cuerpo normativo (el art. 1 del\nmismo indica que  éste se aplica a \"... c. La   Administración Descentralizada y las empresas\npúblicas del  Estado\". Por otra parte, independientemente de la discusión de la  naturaleza jurídica\nde la relación de empleo del actor, debe tomarse en  consideración que el artículo 112.3 de la LGAP\nindica que aún a los servidores previstos  que laboren para empresas o servicios económicos del\nEstado, se le aplicará la  normativa existente en materia de moralidad y legalidad administrativas,\nen  cuanto cumpla funciones administrativas. En razón de lo anterior, debe  rechazarse este\nargumento. b) Que existen diferencias en el ejercicio de la  potestad sancionadora de la Contraloría\nGeneral de la República. Al  respecto, debe tomarse en consideración que los artículos 68, 72 y 77\nde la Ley Orgánica  de dicho órgano de control, regulan la potestad que tiene para ordenar y\nrecomendar sancionar a funcionarios públicos, sin que se advierta un límite en  cuanto al\nordenamiento jurídico a aplicar y en el entendido de que el sujeto  que adopta la decisión final es\nel ente que ejerce las potestades  jerárquicas con respecto al funcionario sujeto de sanción, tal\ncomo se advierte  en el presente caso y según se desprende de lo dispuesto en la sesión  ordinaria\nNo. 5927 del 26 de octubre del 2010, del Consejo Directivo del ICE.  No se advierte que exista norma\nalguna que constriña o  impida el ejercicio de dicha potestad por parte de la Contraloría, en  orden\na la aplicación de un determinado cuerpo normativo que prevea un conducta  sancionable. Si bien\npueden establecerse determinadas características sui  generis de la responsabilidad que declara la\nContraloría General  de la República,  esto no implica la existencia de un vicio de nulidad  en el\npresente caso ni un ejercicio excesivo por sobre sus competencias  legales. Así las cosas, debe\nrechazarse este  argumento. c) Que para efectos de la potestad sancionadora, debe  aplicarse la\ndenominada \"ética de los mínimos\" y no a conceptos  propios de la planificación estratégica. En este\nsentido, como se ha advertido, la sanción  impuesta se funda en normas de carácter legal que\nimponían al servidor  determinada conducta, tanto por sus deberes funcionariales como por la\nsituación en concreto que se ha  tenido por demostrada. Si bien el ente contralor invoca una serie\nde  razonamientos emanados de las competencias del señor Moreno, la sanción fue  impuesta por la\nnormativa a que se hace referencia en la presente resolución y  con base en el razonamiento\nfundamental respecto de la no dotación oportuna y  eficiente de recursos humanos al proyecto. Así\nlas cosas, como se ha indicado si bien se hace referencia a  determinados conceptos - plasmados en\nlas funciones propias del  cargo del  actor- , al final la sanción es con base en las normas de\nanálisis. Por lo  anterior, procede el rechazo de este argumento. No  está de más indicar que la\ndiferenciación de conceptos realizada por el actor  no presenta un efecto real, en tanto que\nutilizando  una u otro es posible ubicar la existencia de una falta que motiva la sanción  impuesta.\nd) Que con respecto al deber de probidad, indica que en  su dimensión real, éste es un enunciado\ncarente de contenido base para  sancionar y que los artículos de la   Ley contra la Corrupción no\ntipifican faltas. Al  respecto, estima este Tribunal que no lleva razón el  actor, en tanto que en\nmateria de derecho administrativo sancionador no se  requiere una precisa tipificaciòn de conductas\nantijurídicas para la imposición  de una sanción en esta materia, sino que lo único necesario es la\ndefinición de  las sanciones a aplicar. En este sentido, se ha  establecido que “(...) En el Derecho\nadministrativo sancionador  existe una razón de carácter material que subyace a la especialidad del\nprincipio de  tipicidad. Esta razón estriba, por un lado, en la multitud de intereses cuya  gestión\nse encomienda a la Administración y, por otro lado, en la voluntad  de sancionar las conductas que\nlos lesionen. Así las cosas, no es posible  realizar una descripción exhaustiva y cerrada de todas\nlas conductas  constitutivas de infracción ,  pues, de lo contrario, la mayoría de ellas quedarían\nimpunes. Las dificultades  que acabamos de exponer, se acrecientan, si cabe, en el Derecho\ndisciplinario,  habida cuenta de la indefinición misma de los deberes cuyo incumplimiento se ha  de\nsancionar, de la relación tan prolongada e intensa que une a los  funcionarios con la\nAdministración, del <<fondo de disciplina interna y la  exigencia de una moral profesional>> que\nconcurren en este ámbito. Todo  ello, claro está, sin olvidar la conveniencia de sancionar todas las\nconductas  que pongan en entredicho los intereses en juego. Más aún, y sin detenernos en  las\nposiciones que flexibilizan las exigencias del principio de  tipicidad por la mera invocación de las\nrelaciones de sujeción especial, la  jurisprudencia ha introducido matices más fuertes según se\ntrate de  infracciones deontológicas o relativas a otros deberes...” (Belén Marina Jalvo.  El\nRégimen Sancionador de los Funcionarios Pùblicos). La Sala Constitucional  recoge estas\nconsideraciones propias del derecho español, partiendo de que en  el área penal, se evidencia una\nmayor afectación de los derechos  fundamentales de los administrados, en razón de la gravedad que\nimplica el  sometimiento de una persona a una sanción privativa de la libertad personal. En  este\norden de ideas, señaló: “(..) .El principio de  tipicidad es una aplicación del principio de\nlegalidad y exige  la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos  de\nsu sanción. Sin embargo, en materia disciplinaria, no se aplica el  principio de tipicidad en la\nmisma forma que se hace en materia penal,  de conformidad con el artículo 39 constitucional , según\nlo ha manifestado en  forma reiterada esta Sala, al señalar que: \"Para que una conducta sea\nconstitutiva de delito, no es suficiente que sea antijurídica -contraria a  derecho-, es necesario\nque esté tipificada, sea que se encuentre plenamente  descrita en una norma, esto obedece a\nexigencias insuprimibles de seguridad  jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor\nintervención en los  bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente\nal Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son  las acciones que deben\nabstenerse de cometer, so pena de incurrir en  responsabilidad criminal (...).\" (voto  1877-90 de\n16:02 de 19 de diciembre de 1990). En el mismo sentido, el  voto 1262-92, dispuso: “La potestad de\ndisciplinar en la relación  de servicio, es una de las formas de control, fiscalización o vigilancia\nque  tiene, en general, todo patrono, respecto de las personas que sirven en su  organización o\nempresa, según corresponda. Es decir, en la búsqueda de la  realización de los objetivos de su\norganización, el empleador goza del  derecho de controlar la actividad de ésta y de ejercer todas\nlas acciones  legítimas que sean necesarias para lograr la consecución de sus metas. Este es\nentonces, el principal fundamento del poder disciplinario del Estado  respecto de sus servidores.\nSin embargo, en virtud de que  la   Administración debe actuar sometida al bloque de legalidad,  su\nrégimen disciplinario por consecuencia, debe ser necesariamente, de carácter  legal. Esto tiene su\nexplicación en las normas de la Constitución   Política números 11, que delimita las potestades o\ncompetencias de los funcionarios públicos -principio de legalidad-, y 39, que  establece, entre\notras cosas, la reserva de ley en materia de sanciones  administrativas. Más específicamente, las\nsanciones que el Estado puede imponer  en esta materia a sus servidores, deben estar previamente\ndeterminadas por la  ley formal. En consecuencia, este es el presupuesto jurídico esencial del\nrégimen disciplinario en la relación de servicio público, porque a partir de la  norma legislativa\nque establezca las penas, el Estado puede valorar  las conductas de sus servidores e imponer la\nsanción que sea procedente, aunque  la falta (tipo, presupuesto normativo o supuesto de hecho), no\nesté tipificada  en el texto legal. No se requiere pues, que exista un reglamento para poder\nejercer esta potestad administrativa, porque es constitucionalmente válido para  el Estado, como se\ndijo, proceder con base en las normas disciplinarias  establecidas en la legislación que regula el\nfuncionamiento del órgano o ente  público. Por supuesto que el Estado debe ajustarse siempre a los\npreceptos del debido proceso y observar las garantías fundamentales del caso,  teniendo además, los\ncontroles de legalidad y constitucionalidad, de acuerdo con  la naturaleza del  problema\" .\nAdicionalmente, el voto 5594-94, de las 15:48 horas de 27 de septiembre de  1994, indicó lo\nsiguiente: \"III . EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD  EN EL REGIMEN DISCIPLINARIO. (...) en materia\ndisciplinaria, no se  aplica el principio de tipicidad en la misma forma que se hace en materia\npenal, de conformidad con el artículo 39 constitucional, según lo ha  manifestado en forma reiterada\nesta Sala, al señalar que: \"Para que una  conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente que\nsea antijurídica  -contraria a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre\nplenamente descrita en una norma(…)Puede afirmarse que el principio de  tipicidad constituye un\nprincipio fundamental en la responsabilidad  disciplinaria, pero no en la misma forma que en ámbito\njurídico-penal, ya  que los principios \"nullum crimen sine lege\", \"nullum poena sine  lege\" no\ntienen la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho  penal sustantivo, por cuanto la\nactividad sancionatoria de índole penal  y la de índole disciplinaria corresponden a campos\njurídicos diferentes,  y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la\npotestad disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad  sancionatoria penal\ndel Estado. (…) En el derecho disciplinario, en razón  del fin que persigue, cual es la protección\ndel orden social general, y de la  materia que regula, --la disciplina-, la determinación de la\ninfracción  disciplinaria es menos exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos  que\npueden ser calificados como violación de los deberes del funcionamiento,  que en algunas\nlegislaciones no están especificados, y, en otras, sí. De  manera que, el ejercicio de este poder es\ndiscrecional, de allí que  proceda aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales,\nsin  necesidad de que estén detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por  lo cual, la\nenumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no  tiene carácter limitativo.\nMotivado en la variedad de causas que  pueden generar su aplicación, en la imprecisión frecuente de\nsus preceptos y en  la esfera de aplicación, no siempre es orgánico ni claro en la expresión\nliteral, razón por la cual puede sancionarse discrecionalmente las faltas no previstas\nconcretamente, pero que se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando  resulten de la\ncomprobación de la falta disciplinaria, mediante un  procedimiento creado al efecto. La falta o\ninfracción disciplinaria se ha  definido diciendo que es una violación al funcionamiento de\ncualquier deber  propio de su condición, aún cuando no haya sido especialmente definida  aunque si\nprevista. Los hechos determinantes de las faltas  disciplinarias son innumerables, pues dependen de\nla índole de los  comportamientos o conductas de los sujetos \"subordinados\",  comportamientos o\nconductas en verdad ilimitados en número dada su variedad;  por ello se deduce la existencia de tres\nelementos de la falta  disciplinaria: 1.- un elemento material: que es un acto o una omisión; 2.- un\nelemento moral : que es la imputación del acto a una voluntad  libre; y 3.- un elemento formal: que\nes la perturbación al funcionamiento del  servicio o afección inmediata o posible de su eficacia\n(…). Con  respecto al uso de conceptos jurídicos indeterminados,  el mismo voto señala: “IV. LOS\nCONCEPTOS JURIDICOS INDETERMINADOS EN EL REGIMEN  DISCIPLINARIO. En razón de la sanción a aplicar\n-la penal o la disciplinaria-  es que puede tomarse en consideración para determinar la mayor o\nmenor  exigencia en cuanto a las garantías del debido proceso, entre las que se  encuentra el\nprincipio de tipicidad, por cuanto, a mayor sanción debe haber  mayores garantías, la cual se\ntraduce en el caso en estudio -en el proceso  disciplinario-, en la menor rigidez de este principio.\nPor ello, fundamentado  en la materia que regula y en la variedad sin fin de conductas que\ninvolucra,  en la esfera disciplinaria no sería fácil concluir la eliminación de todo tipo  de\ninfracción definido en términos abiertos, como los que hacen referencia a  conceptos jurídicos\nindeterminados. No obstante lo anterior, no puede afirmarse  que se puede obviar totalmente la\ndefinición de las conductas que se han de sancionar en aplicación del  principio de legalidad, y más\nespecíficamente del de tipicidad. Por ello, debe entenderse,  que los tipos enunciados en términos\naparentemente deontológicos deben  convertirse en tipos jurídicos perfectamente tecnificados, en el\nsentido de  formular conceptos determinables, por lo cual los conceptos jurídicos  indeterminados de\nconductas habrán de ser concretados o completados a través  del análisis pormenorizado de los hechos\ny de una interpretación de los mismos  desde los valores que en dichos conceptos se define. De esta\nmanera, los  tipos más o menos imprecisos -en el sentido de la técnica de los conceptos  jurídicos\nindeterminados- o abiertos, son de utilización imprescindible en la  esfera disciplinaria, dada la\nindeterminación misma de los deberes  profesionales y de disciplina que se intentan garantizar, que\nsólo  en términos muy generales son susceptibles de enunciarse. Pero lo anterior no  puede\njustificar apreciaciones totalmente abiertas e inespecíficas,  estimaciones \"en conciencia\", tanto\nrespecto a la amplitud del deber  profesional o de conducta cuya falta se reprocha, sino que debe\naplicarse sobre  la realidad de la conducta reprochada, haciendo así efectivo el principio de\nlegalidad -artículo 39 constitucional- pero adecuado a la materia  administrativa. De tal manera,\npor ejemplo, no será en modo alguno  suficiente limitarse a reprochar a un funcionario una falta de\nprobidad, en  abstracto, sino que es necesario concretar en la conducta específica que se  enjuicia,\ndónde es imputable dicha falta en concreto, desde la perspectiva de  los deberes positivos del\nfuncionario, a los que ha faltado. Consecuencia de  lo anterior, al momento de interpretar una\nnorma, debe hacerse en relación con  la actividad que ella regula ; (…), con lo cual se evita la\narbitrariedad en la utilización de los \"conceptos jurídicos  indeterminados(...)\" Más recientemente\ncon respecto a la  constitucionalidad del concepto del deber de probidad, el voto   número\n2008-18564 de catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete  de diciembre de dos mil\nocho, de la Sala Constitucional   consideró que: V.- RÉGIMEN DE ETICA E INTEGRIDAD DE LOS\nFUNCIONARIOS  PÚBLICOS. Sin querer agotar un tema  sumamente amplio, para este Tribunal\nConstitucional es evidente que a nivel  mundial y, Costa Rica  no ha sido la excepción, se dan\nfrecuentes cuestionamientos contra funcionarios  públicos, directamente, relacionados con conductas\nirregulares. En virtud de lo  anterior, se ha gestado todo un movimiento normativo, que ha tenido\npor fin  establecer un régimen de ética en el ejercicio de la función pública.A nivel\ninternacional, por ejemplo, se han aprobado convenios sobre el tema, como lo  son la   Convención\nInteramericana y la Convención de  las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas ratificadas y\naprobadas para su  aplicación en Costa Rica por parte de la Asamblea Legislativa,  mediante leyes\nNos. 7670 de 17 de abril de 1997 y 8557 de 29 de noviembre de  2006, respectivamente. La\nConvención de las Naciones Unidas, en su artículo 1°,  establece como finalidad de la Convención los\nsiguientes aspectos: “(...) a)  Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más\neficaz y  eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación\ninternacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la  corrupción, incluida la\nrecuperación de activos; c) Promover la integridad, la  obligación de rendir cuentas y la debida\ngestión de los asuntos y los bienes  públicos.” Asimismo, el propósito de la Convención\nInteramericana parte, en su Preámbulo, de la premisa que la  “corrupción socava la legitimidad de\nlas instituciones públicas, atenta contra  la sociedad, el orden moral y la justicia, así como\ncontra el desarrollo  integral de los pueblos” e indica en el artículo 2° que uno de sus propósitos\nes “Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de  los mecanismos\nnecesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la  corrupción”. A partir de la\nsuscripción de tales instrumentos internacionales,  surge la obligación del Estado Costarricense de\nimplementar instrumentos  jurídicos de diversa naturaleza, dirigidos a la prevención de la\ncorrupción, lo  cual, no es más que la consecuencia natural de los postulados constitucionales  que\npropugnan por la transparencia, la responsabilidad y la legalidad en el  ejercicio de la función\npública, como una condición necesaria para el debido  funcionamiento y consolidación del sistema\ndemocrático. De ahí que, a nivel  interno, nuestros legisladores aprobaron la Ley contra la\nCorrupción y el  Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública que ahora se impugna, cuyo  artículo\n1°, de forma más tajante, indica que los fines de la normativa son el  prevenir, detectar y\nsancionar la corrupción en el ejercicio de la función  pública. VI.- EL DEBER DE PROBIDAD Y LOS\nFUNCIONARIOS PÚBLICOS .Como derivación de la normativa mencionada, se ha  incluido en ésta el\nllamado deber de probidad, el cual, está definido en el  artículo 3° de la Ley  contra la Corrupción\ny el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de la manera siguiente: “El  funcionario público\nestará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del  interés público. Este deber se\nmanifestará, fundamentalmente, al identificar y  atender las necesidades colectivas prioritarias, de\nmanera planificada,  regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes\nde la República;  asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades  que\nle confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en  cumplimiento de sus atribuciones\nse ajustan a la imparcialidad y a los objetivos  propios de la institución en la que se desempeña y,\nfinalmente, al administrar  los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia,\neconomía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” Del contenido  propio del artículo, la\nSala  no encuentra inconstitucionalidad alguna, pues siguiendo un lineamiento que  corresponde al\nrégimen de ética mencionado, el concepto de probidad establecido  en la norma, si bien es amplio,\nresponde a principios ya establecidos para la  función pública, sea, a través de la imposición de\nuna pauta de comportamiento,  la rectitud en el desempeño de las funciones públicas atribuidas. Este\nTribunal  Constitucional en la sentencia No. 2001-09685 de las 11:34 horas del 26 de  septiembre de\n2001, se refirió a la constitucionalidad del inciso 6 del  artículo 10 de la   Ley Orgánica del\nColegio de Abogados, norma en la que se  insertó el concepto de probidad. En dicho voto se dispuso\nlo siguiente: “(...)  El accionante considera que es inconstitucional la utilización de los términos\n‘probidad’ y ‘honradez’, por no implicar una descripción clara y precisa de la  conducta\nsancionable. Según la   Real Academia Española, por ‘probidad’, es sinónimo de  rectitud o\nintegridad; y por ‘honradez’, se entiende la calidad de honrado, lo  cual implica que procede con\nrectitud en el ánimo e integridad en el obrar; en  virtud de lo cual, es un principio general que\ntodas las labores que  impliquen el ejercicio de la profesión, en este caso del derecho, deben ser\nejecutadas o realizadas con la mayor rectitud, integridad y honradez.  Obviamente no se describen\nconductas particulares, pero ello no hace  inconstitucional la norma, toda vez que resulta imposible\npara la ley  determinar todas y cada una de las posibles faltas a estos deberes (honradez y\nprobidad), por cuanto las posibilidades de su infracción son infinitas (...)”  Así las cosas, el\ndeber de probidad, como se ha indicado, no puede per se,  considerársele inconstitucional, ya que,\nse trata de un concepto jurídico  indeterminado inherente al servicio y la función pública. Por\nesto, si tal y  como lo expresa la propia acepción de la Real Academia, la  rectitud o integridad es\nparte integral de lo que se espera de un servidor  público en ejercicio de sus funciones, aún los\nlegisladores estarían sujetos a  este concepto, sin que por ello, se pueda indicar afectación propia\nal  desempeño de sus funciones. Este Tribunal estima que el deber de probidad  intrínseco a la\nfunción pública, no puede considerarse una “autocensura”, en el  tanto, si bien se trata de un\nconcepto jurídico indeterminado, tal y como se ha  dicho, la rectitud o integridad no se aparta de\nla idea general del servicio  público y la función pública. En la sentencia supra mencionada,\nrefiriéndose a  los conceptos jurídicos indeterminados y su uso en  leyes disciplinarias, este\nTribunal indicó, en lo conducente, lo siguiente:  “(...) Los conceptos utilizados por las leyes\npueden ser determinados o  indeterminados. Los primeros delimitan el ámbito de realidad al que se\nrefieren  de una manera precisa e inequívoca, como lo son la  mayoría de edad, plazos para promover\nrecursos y apelaciones, etc. Por el  contrario, con la técnica del concepto jurídico indeterminado,\nla ley refiere  una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado,\nno obstante lo cual, es claro que intenta delimitar un supuesto concreto,  conceptos como lo son la\nbuena fe, la falta de probidad, la moral, las buenas  costumbres, etc. Así, aunque la ley no\ndetermine con claridad los límites de  estos conceptos, porque se trata de conceptos que no admiten\ncuantificación o  determinación rigurosa, pero que en todo caso, es manifiesto que con ellos se\nestá refiriendo a un supuesto de realidad que, no obstante la indeterminación  del concepto, admite\nser precisado en el momento de aplicación.(...)” De este modo, no podría interpretarse que el\nconcepto de probidad contenido en la norma cuestionada resulte  inconstitucional\". En razón de lo\nanterior no se advierte vicio alguno  en la aplicación del  concepto del deber de probidad y la\nlegislación correspondiente, y tomando en consideración que el mismo cuerpo  normativo establece que\nla violación de dicho deber funcionarial genérico  implica o bien la separación del  servidor\n(artículo 4) o la suspensión hasta por treinta días (artículo 39.b).  Similar razonamiento debe\naplicarse a la objeción respecto de la objeción  respecto de la falta de tipicidad de la conducta\nhecha por la parte actora así  como respecto de la aplicación de una sanción de treinta días en su\ncontra, en  tanto que estima que ello no está previsto a nivel legal. Como  se ha indicado, no se\nrequiere una tipificación específica en nuestro  ordenamiento, cuando se invoca el cumplimiento de\ndeterminados deberes  funcionariales, siendo así que además, como se ha visto, existe norma que  en\nconcreto, establece la sanción impuesta finalmente. Por el mismo motivo se  rechaza el argumento en\nel sentido de que su  caso se está creando un tipo ad hoc y se le aplica una sanción de suspensión\ninexistente en el ordenamiento aplicable, dado que sí existe norma aplicable al  supuesto de la\nfalta del  deber de probidad debidamente comprobada. Corresponderá determinar si la  conducta\nimputada se subsume en dicho concepto. Con respecto  al argumento de que la sanción no se encuentra\ntipificada, no lleva razón el  actor. En este sentido, debe tomarse en  consideración la norma de la\nLey  contra la Corrupción  y el Enriquecimiento Ilícito que le fue aplicada y que indica: \"Artículo\n39.—Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente  señaladas serán\nsancionadas así: a) Amonestación escrita publicada en el Diario  Oficial. b) Suspensión, sin goce de\nsalario, dieta o estipendio  correspondiente, de quince a treinta días. c) Separación del cargo\npúblico, sin responsabilidad  patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según\ncorresponda\"  En razón de lo anterior, se rechaza este argumento. e)  Que considera que el artículo\n211 de la Ley General de la Administración   Pública no le es aplicable a las potestades de la\nContraloría General  de la República  en el ejercicio de la fiscalización, sino que es al patrono\ncuando disciplina  en ejercicio de sus funciones. En el mismo orden de ideas, rechaza la  aplicación\nde los artículos 16 y 160 del mismo cuerpo normativo, dado que   la responsabilidad atribuida lo fue\npor conductas y no por actos  administrativos. En este sentido, no se advierte motivo alguno para\ndesaplicar  al caso concreto las normas dichas, en tanto que en ellas no se hacen  excepciones y\npara este Tribunal es evidente que las sanciones impuestas lo  fueron en ejercicio de la potestad\nsancionatoria que otorga el ordenamiento a la Contraloría General  de la República,  siendo\nplenamente aplicable a dichas conductas administrativas las  disposiciones de la Ley   General de la\nAdministración   Pública. Por otra parte con respecto a la aplicación de los  artículos 16 y 160 de\ndicho cuerpo normativo, es de advertir que los mismos  no son la base de la sanción aplicada, por lo\nque no es de relevancia los  argumentos en donde se cuestiona que en el caso del señor Moreno\nPaniagua se  está en presencia de conductas administrativas. f) Que   el ente contralor no\ndiscrimina entre un deber derivado del sistema normativo de contratación, de los deberes del sistema\nde control interno y del deber de probidad. Al respecto este Tribunal estima que nada impide que una\nmisma conducta  lesione diversas normas administrativas, máxime en el caso de situaciones en  donde\nse ve involucrados temas como  la contratación administrativa, en donde la aplicación de diversas\nleyes no  resultan excluyentes y más bien son complementarias. En virtud de lo anterior,  una misma\nconducta puede ser vista a la óptica del cumplimiento de  los supuestos normativos de cada una de\nlas leyes invocadas y así determinar si  se cumplió parcialmente lo dispuesto por todas o por\nalgunas de las mismas.  Nótese como en la  regulación propia de la legislación dicha, siempre se\natenderá a cumplimientos  básicos de los principios de servicio público como  la eficiencia y\neficacia en la conducta administrativa, como referente fundamental. Así las cosas,  debe rechazarse\neste argumento. g) Que no hubo  claridad si la pena impuesta fue con base en el  régimen de\ncontratación administrativa o el de control interno, siendo así que  ninguna de las normas invocadas\ncontempla un tipo administrativo mediante el  cual se fije una sanción. En el mismo sentido indica\nque el ente contralor  debió ser exhaustivo de las razones por las cuales tiene por infringida la\nLey de Control Interno, lo  cual no hizo y que además el presunto incumplimiento de sus deberes\ncontractuales no constituyen un tema de control  interno. Al respecto, estima este Tribunal que no\nlleva razón la parte actora. De los autos se evidencia que la sanción  impuesta se funda en el no\nejercicio por parte del actor de las  conductas que le eran debidas para coadyuvar en la ejecución\nde la contratación  administrativa de referencia, a pesar de los requerimientos hechos en tal\nsentido. Lo anterior, es conteste con los deberes de los titulares subordinados  - siendo así que el\nseñor Moreno Paniagua debía cumplir con lo indicado  en el artículo 12 de la   Ley General de\nControl Interno, sea \" a) Velar  por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a\nsu cargo. b)  Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de  desviaciones\no irregularidades. En este orden de  ideas, el concepto de control interno es mucho más amplio que\nlo que pretende  el actor, en tanto que en éste se engloba en una serie de acciones vinculadas  en\nun sistema a fin de tutelar el patrimonio público y más que ello, asegurar  el cumplimiento de los\nobjetivos institucionales. Así, el control interno es  transversal a toda la gestión pública y las\nconductas u omisiones de los jerarcas tienen incidencia en él. Lo anterior, de  conformidad con lo\ndispuesto por el informe COSO (Committee of sponsoring  organizations of the treadway comision),\nbase de nuestra Ley General de Control  Interno y en los cuales se parte de este concepto como medio\npara proporcionar  seguridad razonable en toda operación institucional con miras a la consecución\nde los objetivos institucionales. Ese sistema de  control interno comprende las medidas necesarias\ntanto la protección del patrimonio público, como  para garantizar que la gestión sea eficaz y\neficiente y abarca tanto el  establecimiento de las mismas, como  su mantenimiento,\nperfeccionamiento y evaluación. De manera  derivada de dicho sistema, la   Ley General de Control\nInterno, establece deberes  particulares para el Jerarca Institucional y los titulares subordinados.\nEn este mismo sentido, nada impide que si en una  materia determinada existen acciones en donde\nconfluyen deberes establecidos en  diferentes normativas, se imponga sanciones fundados en el\nincumplimiento no  sólo de una norma, sino de varias. En este sentido las  denominadas \"Normas para\nel Control interno de la Administración   Pública\" de la Contraloría General  de la República,\nindican: \" La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento,  funcionamiento,\nperfeccionamiento y evaluación del SCI es inherente al jerarca  y a los titulares subordinados, en\nel ámbito de sus competencias. En el  cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas\ndeben dar especial  énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su\nmaterialidad,  el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales,\nincluyendo lo relativo a la desconcentración de competencias y la contratación  de servicios de\napoyo. Como parte de ello, deben contemplar, entre otros  asuntos, los siguientes: a. La definición\nde criterios que brinden una  orientación básica para la instauración y el funcionamiento de los\ncomponentes  orgánicos y funcionales del SCI con las  características requeridas. b. El apoyo con\nacciones concretas, al establecimiento,  el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de\nauditoría interna,  incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se\ndesarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y  dirección. c. La emisión\nde instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI,\nestén  debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y  puestos a\ndisposición para su consulta. d. La vigilancia del cumplimiento, la  validez y la suficiencia de\ntodos los controles que integran el SCI. e. La  comunicación constante y el seguimiento de los\nasuntos asignados a los  distintos miembros de la institución, en relación con el diseño, la\nejecución y  el seguimiento del SCI. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del  SCI, en\nrespuesta a las condiciones institucionales y del entorno. g. Una pronta atención a las\nrecomendaciones, disposiciones  y observaciones que los distintos órganos de control y fiscalización\nemitan  sobre el particular\". En razón de lo anterior y dadas las  funciones asignadas al actor, se\nestima procedente la invocación de la  normativa de control interno como  parte del  bloque de\nlegalidad aplicable y por ende debe rechazarse el argumento esgrimido  en tal sentido. h) Que los\ntestigos de cargo mediante los cuales el ente  contralor funda la resolución objetada, poseían\nevidente interés en trasladarle  la responsabilidad al actor, en tanto que ellos eran los\ndirectamente  responsables de dotar de recurso humano al proyecto. Al respecto se advierte  que\ntanto el Organo Decisor como el Despacho de la Contralora General  de la República  realizaron una\nvaloración integral de la prueba y no sólo se fundaron en  declaraciones testimoniales, por lo que\nnada impide que se tomen en estas en  consideración, como parte del análisis probatorio realizado.\nTampoco  demostró el actor subjetividad o vicios en la valoración de la prueba.  En razón de lo\nanterior, este argumento también debe  ser rechazado.\n\n \nVIII.- Conclusión sobre la nulidad de las resoluciones: En el caso \ndel acto final PA-16-2010 de 15:00 de 11 de febrero de 2010 y la \nresolución DJ-2-2009-C de 8 y 30 horas de 25 de mayo de 2010 de la División de\nAsesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General\nde la República,\nes menester tomar en consideración que los mismos fueron revocados\nparcialmente por la resolución R-DC-139-2010 del Despacho de la Contralora General\nde la República,\npor lo que este Tribunal estima que ha sobrevenido una pérdida de interés sobre\nsu nulidad, en tanto que es el último estado el que al final, emite la sanción\nobjetada por el actor y dado que sus efectos han sido modificados parcialmente\npor este último acto, el cual, como se ha indicado en considerandos anteriores,\na criterio de este colegio se encuentra conforme a derecho, en tanto que ha\ntenido por demostrada la existencia de una falta grave, al cual se le aplicó\nuna sanción proporcional y acorde con los hechos que se han tenido por\ndemostrados tanto en sede administrativa como judicial. Por todo lo anterior,\ndebe rechazarse este aspecto de la demanda planteada.\nNo está de más indicar que si bien se estableció la improcedencia de la\nsanción sobre algunas bases, sigue subsistiendo motivo suficiente para mantener\nla sanción sobre la cual se pidió la nulidad. \n\n\n\n IX.- Como argumento adicional la parte actora indica que su incorporación en el Sistema  de\nRegistro de Sanciones de la Hacienda Pública (SIRSA) es   improcedente, dado que éste se creó sin\nbase legal. En razón de lo anterior  solicita se declaren disconformes con el ordenamiento jurídico\nlos artícuos  63 y 64 del reglamento de procedimientos administrativos de la CGR que crea el SIRSA.\nAl  respecto, ante recurso de amparo del actor, mediante voto 2010-020797  de las dieciséis horas y\ncuarenta y cuatro minutos del catorce de  diciembre del dos mil diez se resolvió: \"V.-SOBRE EL\nSISTEMA DE  INFORMACIÓN DE REGISTRO DE SANCIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA.  Indica el recurrente que\nla sanción que se le impuso se inscribe en un Registro que carece de sustento legal (libelo de\ninterposición). El Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública  se creó mediante la\nresolución de la Contraloría General  de la República,  Nº R-CO-45-2007, de las 15:00 hrs. de 24 de\nseptiembre del 2007 y encuentra  fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 24 de su Ley\nOrgánica, que la  facultan para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de\nacatamiento obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus  competencias. En todo\ncaso, este es un tema de  legalidad que no debe ventilarse ante la jurisdicción constitucional\".  En\neste sentido, debe recordarse que el artículo 68 de la Ley Orgánica  de la   Contraloría General de\nla República,  establece:“POTESTAD PARA ORDENAR Y RECOMENDAR SANCIONES. La Contraloría General  de\nla República,  sin perjuicio de otras sanciones previstas por ley, cuando en el ejercicio de  sus\npotestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido  infracciones a las normas\nque integran el ordenamiento de control y  fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado\nlesión a la Hacienda Pública,  recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante\nsu  criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción  correspondiente de acuerdo con\nel mérito del caso. La Contraloría  formará expediente contra el eventual infractor, garantizándole,\nen todo  momento, un proceso debido y la oportunidad suficiente  de audiencia y de defensa en su\nfavor. La autoridad competente del sujeto  pasivo requerido deberá cumplir, dentro del plazo que le\nestablezca la Contraloría,  con la recomendación impartida por esta; salvo que, dentro del término\nde ocho  días hábiles contados a partir de la comunicación del acto, se interponga una  gestión de\nrevisión, debidamente motivada y razonada, por parte del jerarca del  sujeto pasivo requerido. En\neste caso y una vez resuelta la gestión indicada,  deberá cumplir, sin dilación, con lo dispuesto en\nel pronunciamiento técnico  jurídico final de la   Contraloría, so pena de incurrir en el delito de\ndesobediencia, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado en esta  Ley. La expiración\ndel plazo fijado por la Contraloría General  de la República  para que el sujeto pasivo imponga la\nsanción ordenada, no hará prescribir, por  sí, la responsabilidad del servidor ni caducar el derecho\ndel sujeto pasivo a  imponer dicha sanción, sin perjuicio del régimen de prescripciones contemplado\nen esta Ley. El derecho de la Contraloría General de la República a  ejercer, en el caso concreto,\nla potestad para recomendar u ordenar la  aplicación de sanciones prescribirá en el término de dos\naños contados a partir  de la iniciación del expediente respectivo. El inicio del  expediente se\nentenderá con la orden de la oficina competente de la Contraloría  para comenzar la investigación\ndel  caso, en relación con determinados servidores”. De la anterior disposición  legal se infiere\nque se trata de una potestad-deber intrínseca a la naturaleza  de ese ente y a partir de ella se da\nla aplicación de  una sanción, no siendo el registro de la misma, una sanción, sino como su nombre\nlo indica,  un medio para registrar mediante un medio electrónico aquella. En razón de lo  anterior,\nno se advierte la existencia de norma de rango  legal expresa que autorice a crear dicho registro,\nmáxime si como  se ha indicado, es un reflejo del previo  ejercicio de la potestad sancionatoria del\nente contralor. Con respecto a la potestad sancionatoria previa al  registro, la Sala\nConstitucional,  al resolver una acción de inconstitucionalidad resolvió lo siguiente: “DE  LA\nCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO  ÓRGANO FISCALIZADOR DE \"LA HACIENDA PÚBLICA.- En diversas\nocasiones este  Tribunal se ha manifestado en torno a la importante función que realiza la\nContraloría General  de la República  –órgano constitucional adscrito a la Asamblea Legislativa  en\nlo relativo al manejo de la hacienda pública–. Así, es con fundamento en lo  dispuesto en los\nartículos 183 y 184 de la Constitución   Política que se le ha delegado la importante función de la\nfiscalización superior, jurídica y financiera del manejo de la hacienda  pública; de manera que se\ntrata de una competencia dada por mandato  constitucional, por lo que se ha indicado que se trata de\nuna competencia que  el legislador no puede desconocer, rebajar, disminuir, suprimir o atribuírsela\na otros órganos públicos, sino que está en la obligación de reconocer a fin de  no quebrantar las\nnormas y principios constitucionales que rigen esta materia.  Es así como estas competencias, aún\ncuando tienen su origen en las normas  constitucionales supra-citadas, están desarrolladas en las\nleyes, tales como la Ley Orgánica  de la   Contraloría General de la República, número  7428, Ley de\nCreación de la Autoridad Presupuestaria, número 6821, Ley de la Administración   Financiera de la\nRepública y Presupuestos Públicos, número 8131,  Ley contra la   Corrupción y el Enriquecimiento\nIlícito en la función  pública, número 8422, Ley de la Contratación   Administrativa, número 7494.\nLa labor de fiscalización de la  hacienda pública faculta a la Contraloría a ejercer control en\ntodos los  ámbitos que le conciernen, esto es, en los procedimientos de la contratación\nadministrativa, en el manejo de los presupuestos de las diversas entidades  descentralizadas, y por\nsupuesto, en la gestión financiera que los funcionarios  públicos hacen de estos recursos\n(administración, custodia, conservación,  manejo, gasto e inversión)”. (Voto número 13.926, de las\n14:44 horas del  20 de setiembre de 2006. En un sentido similar,  consúltese también el voto de esa\nsala número 6.611, de las 14:50 horas del 16 de mayo de 2007).  Con relación a la constitucionalidad\ndel Reglamento en donde se contempla el  indicado Registro, mediante voto Nº 2011- 009397 de catorce\nhoras y treinta  y un minutos del veinte de julio de dos mil once resolvió: \" IV.-  SOBRE EL\nREGLAMENTO CUESTIONADO. La normativa en cuestión fue  emitida por la   Contraloría General de la\nRepública, con  base precisamente en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política,  así como\nen los artículos 68, 72 y 77 de la Ley Orgánica  que regula la potestad que tiene este órgano para\nordenar y recomendar  sancionar a funcionarios públicos que hayan incurrido en un inadecuado manejo\nde fondos públicos. En especial el artículo 77 dispone: “Artículo 77.- Procedimientos aplicables. En\ntodos los casos en que,  de acuerdo con la ley, deba darse oportunidad suficiente de audiencia y\ndefensa  en favor del afectado, lo mismo que en los casos en los cuales una resolución  final de la\nContraloría General de la República cause o  pueda causar lesión grave a un derecho o a un interés\nlegítimo, se observará  cumplidamente la garantía del debido proceso, de conformidad con los\nprincipios  contenidos en el Libro II de la   Ley General de la Administración   Pública y los\nprocedimientos que, por la vía  reglamentaria, establezca la Contraloría, sin perjuicio de lo\nestablecido  en la Ley de la Administración   Financiera de la República y en su Reglamento, en\nmateria de  contratación administrativa, en cuyo caso se aplicarán los procedimientos  ahí\nestipulados.”De manera que la misma ley autoriza tal delegación vía  Reglamento\" Así las cosas, no\nse advierte que exista vicio alguno en el  registro de sanciones indicado, en tanto que es un mero\nmecanismo para consignar  y dar publicidad a las sanciones impuestas y no una sanción en sí mismo.\nEn  todo caso debe tomarse en consideración que mediante resolución R-DC-199-2011del  Despacho del\nContralor de las ocho horas del quince de diciembre de dos  mil once, se dispuso lo siguiente:\n\"Artículo 74.- Deróguese  el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría\nGeneral de la   República, Resolución R-CO-16-2007 de las trece horas del  veintitrés de marzo de\ndos mil siete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número setenta y  seis del veinte de abril\nde dos mil siete. \"Artículo 75.- Deróguese  la resolución R-CO-45-2007 de las quince horas del\nveinticuatro de septiembre  de dos mil siete, “Directriz para la Operación del Sistema de Registro\nde Sanciones de  la Hacienda   Pública (SIRSA)”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, número\n201 del 19  de octubre de 2007\", en tanto que se publicó el \"REGLAMENTO DE  ORGANIZACIÓN Y SERVICIO\nDE LAS POTESTADES DISCIPLINARIA Y ANULATORIA EN  HACIENDA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA\nREPÚBLICA R-2-2011-DC-DJ\",  por lo que cualquier discusión sobre el reglamento derogado carece de\ninterés  actual por los motivos dichos. En razón de lo anterior, debe rechazarse toda  pretensión en\nel sentido indicado en el presente considerando, por la carencia  de interés actual.-\n\n \nX.- La parte actora solicita se declare que no existe nexo de\ncausalidad entre las conductas desplegadas como Subgerente de Gestión\nAdministrativa durante el período de marzo de 2004 a enero de 2007 con las\nsumas que se pagaron al consorcio Artinsoft por la rescición de los contratos\ncelebrados con el ICE adjudicados en las licitaciones publicas 7197-T y 7209-T\ny se declare que no ha ocasionado daño a la Hacienda pública ni al\npatrimonio del ICE por las conductas acusadas por la CGR en el procedimiento\nadministrativo que le fue incoado. Con respecto a ambas peticiones se estima\nque dado lo resuelto en los considerandos anteriores, existe una evidente falta\nde interés en lo pedido, dado que como se ha indicado, las conductas no se\nencuentran viciadas de nulidad por una parte y además, en éstas nunca se le\nimputó a la parte responsabilidad alguna al actor con motivo de sus conductas,\ntal y como se ha indicado.”",
  "body_en_text": "V.- In this line of thought, for purposes of resolving the present proceeding, it is necessary to begin from the consideration that in Costa Rica the public servant is subject to a particular regime, differentiated from the private worker, and from which a series of specific rights and obligations emanate. Articles 191 and 192 of the Political Constitution are the fundamental basis for establishing such a distinction, by establishing the following: “Article 191.- A civil service statute shall regulate the relations between the State and public servants, for the purpose of guaranteeing the efficiency of the administration” and “Article 192.- With the exceptions that this Constitution and the civil service statute determine, public servants shall be appointed on the basis of proven suitability and may only be removed for the causes of justified dismissal set forth in labor legislation, or in the case of mandatory reduction of services, whether due to lack of funds or to achieve a better organization thereof.” In accordance with the indicated constitutional-level norms, it is evident that the servant of the State and its Institutions enjoys the rights of their own normative regulation, stability in employment – limiting the regime of free removal characteristic of private labor regulation – and of an administrative career, together with the other guarantees existing for persons protected by a subordinate regime, such as the payment of a salary, vacations, maximum working hours, the right to strike, etc. (with the exception of the right to collective bargaining, excluded by resolutions 4453-2000 and 9690-2000 of the Constitutional Chamber). Correlative with the foregoing rights, the public servant possesses a series of duties of a functional nature, inherent to the public purposes sought through their activity and which must always guide their management, so as not to incur a personal fault generating disciplinary liability. Without pretending to be exhaustive, some of the duties proper to the public employment regime are: a) duty of probity (Article 3 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Administration), b) duty of compliance with the principles of public service – continuity, efficiency, adaptation to changes in the legal regime, and equal treatment – (Article 4 of the General Law of Public Administration), c) duty to safeguard an adequate internal control environment (Article 39 of the General Law of Internal Control) d) duty to protect the best interests of children (Articles 4 and 5 of the Childhood and Adolescence Code) e) duty to comply with the legal order (Article 13 and related articles of the General Law of Public Administration, Article 39.a of the Civil Service Statute), f) duty to provide prompt response and information to the user (Articles 5 and 10 of the Law for the Protection of Citizens from Excessive Requirements and Administrative Procedures), g) duty of obedience (Article 108 of the General Law of Public Administration), h) duty to act with effectiveness (Article 5 of the Law of Financial Administration and Public Budgets) i) duty to maintain decorum and provide due attention to the user (Article 114 of the General Law of Public Administration and Article 39. d) and e) of the Civil Service Statute) j) duty to answer in the event of having acted with willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) (Articles 199 and 211 of the General Law of Public Administration) k) duty to obey the Political Constitution (Article 11 of said normative body). Additionally, in a supplementary manner, based on Article 9 of the General Law of Public Administration and Article 51 of the indicated Statute, the provisions of the Labor Code and other provisions related to the employment relationship are applicable to said public employment relationship, such as, for example, the Law on Sexual Harassment in Employment and Teaching, the Law on the Regulation of Smoking, the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities, among others. In this line of thought, although in matters of public employment we cannot speak of a full integration of the legal order and principles in labor matters given the existence of a statutory and not a contractual relationship (Article 111 of the General Law of Public Administration), the existence of general guiding lines of the relationship that are common cannot be ignored, such as, for example, the application of the principle of good faith between both parties, contemplated in Article 19 of the Labor Code. Regarding the disciplinary regime to be applied in the event of non-compliance with said duties, in accordance with numerous rulings of the Constitutional Chamber, the principle of specificity (tipicidad) becomes more relaxed, such that a specific legal classification of the conduct is not required, given the very nature of the legal situation of the servants. In this sense, ruling 2007-013903 of fifteen hours and twenty-five minutes of the third of October of two thousand seven of the Constitutional Chamber, indicates the following: \"V.- Regarding the principle of specificity (tipicidad) in the disciplinary regime.- The principle of specificity (tipicidad) is an application of the principle of legality that requires, on the one hand, the concrete delimitation of the conducts that are made reproachable for the purposes of their sanction, and on the other hand, the concrete delimitation of the possible sanctions to be applied, it being possible to affirm that the principle of specificity (tipicidad) constitutes a fundamental principle in disciplinary liability. As for the concrete delimitation of the reproachable conduct, this Chamber has previously held (see in this regard resolution 2005-06616 of twenty hours and fifty-eight minutes of the thirty-first of May of two thousand five and 94-5594 of fifteen hours forty-eight minutes of the twenty-seventh of September of nineteen ninety-four) that although certainly this principle in this matter does not have the same form as in the criminal-legal sphere – since faults not literally provided for can be sanctioned discretionally – it must always be understood that these faults are included in the text. That is, faults not literally provided for can be sanctioned discretionally, but which are understood to be included in the text and provided they result from the verification of the disciplinary fault, through a procedure created for that purpose. Now then, regarding the concrete delimitation of the sanction, unlike what has been said, this must indeed be clearly and previously established, without the Administration being able to create new sanctions not contemplated in the applicable norms. In summary, although it is inferred that the determining facts of disciplinary faults are innumerable – since they depend on the nature of the subjects' behaviors or conducts – and that the principles 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' do not have the rigidity and demand that characterize them in substantive criminal law, it is always necessary in disciplinary matters, in attention to the principle of specificity (tipicidad), that the conduct be inferred from the normative text and that the sanction be – this indeed – clearly pre-established.\" The foregoing generates what in doctrine is known as the principle of relative classification (tipificación relativa) in the understanding that the fault must be provided for in the disciplinary order, but without the level of rigor characteristic of criminal matters insofar as it derives from the specific service relationship. By reason of the foregoing, both the non-compliance with general functional duties, and legally classified conducts (at the level of the Civil Service Statute, statutory norms proper to the regime or Labor Code, for example), and those found contemplated in lower-ranking norms, such as those contained in autonomous service regulations or in cases in which the classification is made with respect to the sanction to be imposed, are sanctionable. This relative classification (tipificación relativa) relaxes the necessity of positive norms in the character of formal law, it being possible for its regulation to be generated by a positive norm of lower rank. The foregoing considerations, without prejudice to the existence of a series of principles of sanctioning law derived from criminal law, of necessary compliance in all cases, e.g., proportionality, non bis in idem, presumption of innocence, due process, due reasoning of the respective resolution. In this line of thought, it should be noted that in matters of defining conducts that may be considered as part of the duties proper to public officials or the object of sanction in case of non-compliance, our country possesses a diffuse system, given that the same are not detailed in a single normative body, but rather dispersed among different norms of different rank, with greater specificity prevailing in the regulatory norms that each entity chooses to issue, according to Article 27 of the Regulation of the Civil Service Statute. The foregoing, in accordance with the self-normative powers of the Public Administration, and given the impossibility that all and each of the concrete conducts incurred by public servants can be regulated through legislation, and in the understanding that the exercise of regulatory power is limited by the general framework of the supra-legal order. In a transversal manner to this set of principles and norms of different rank, in this matter we find the public interest as a constant reference in the adoption of any decision or formal or informal conduct of the Administration with respect to its servants. Said interest, understood in accordance with Article 113 of the General Law of Public Administration, provides: \"1. The public servant must perform their functions in such a way that they primarily satisfy the public interest, which shall be considered as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties. 2. The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict. 3. In the appreciation of the public interest, the values of legal certainty and justice for the community and the individual shall be taken into account, in the first place, to which mere convenience cannot in any case be placed before.\" By reason of the foregoing, any analysis in matters of public employment must not obviate the analysis of the fulfillment of the public interest in the adoption of the respective administrative decision, as a fundamental reference of its underlying motivation. Complementary to the foregoing, the aforementioned norms and principles are the sine qua non basis for determining the appropriateness or not of a specific annulment claim, presented by a public servant against an administration. In the case of managerial-level servants in entities that develop a business activity (public entity-enterprise), it must be taken into consideration that they participate in the public management thereof, but are deemed as servants of a sui generis nature given that they are considered under a regime of trust. Article 4 of the Civil Service Statute provides in this regard, the following: \"Article 4º.- It shall be considered that they serve positions of trust: .... g) The positions of directors and general directors of the Ministries, as well as those of the offices attached to them, the deconcentrated and decentralized ones dependent on the Ministers or Vice Ministers. It is understood that these officials must meet the suitability requirement for the performance of a technical position....\" In this line of thought, in them a decision-making power is combined with a duty of oversight, both of public funds and of alignment of institutional management with public objectives. Regarding the trust nature of the managerial position, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice expressed that: \"The position of manager in a company or entity is by essence a work of special trust, given their intervention in the direction and surveillance of the employer's affairs and even the substitution, at certain times and for certain actions, of the employer themselves. That characteristic of business management gives rise, in that type of position, as the essential element, to the trust that translates into faith, objectifiable in the knowledge one has of the person, through their background in the field, that they are suitable to leave such important and delicate tasks in their hands; which, if improperly executed, can even substantially compromise the fate or success of the company or business.\" (Ruling No. 75 of 9:55 hours of February 23, 1995). Regarding the scope of said competencies of managerial-level servants in public entities, the following has been indicated: \"In accordance with the approach developed earlier, and by way of exemplifying its applicability in a specific position of the Public Administration, the heads of institutional administrative service units (Administrative Financial directorates) must redefine their role, exercising their responsibility as heads of technical-administrative support units for institutional political levels, collaborating and advising – that is, proactively influencing – in the strategic process of decision-making on the allocation, use, and control of limited public resources. And likewise comply with the policies, norms, and processes defined by the Ministry of Finance as the governing body of Financial Management, as established in the Law of Administration of the Republic and Public Budgets No. 8131, verify compliance with the internal control norms dictated by the Office of the Comptroller General of the Republic and the institutional policy defined by the political levels, providing support to the executing units of plans and projects, which at the ministerial level are conceived as Budgetary Programs, deconcentrated or attached bodies, as the case may be. Arduous work is proposed for such positions, especially since as positions considered of trust by Article 4 of the Civil Service Statute, they are occupied by persons who, in the generality of occasions, lack the knowledge and experience regarding public management, and are rather political commitments derived from the 'cronyism' of ministers, deputies, and Executive Presidents. However, the responsibilities established in the cited Law No. 8131 are given and must be clear for the simple reason of the role played by an Administrative Financial director within the ministerial machinery, for example, which should serve as a kind of 'administrative amalgam,' capable of connecting and operationalizing the decisions of the Hierarch with the resources arranged in the different administrative instances of the ministry.\" (La nueva gerencia pública y su aplicabilidad en la administración pública costarricense. Rolando Bolaños Garita). In accordance with the foregoing, the managerial level in public entities is composed of public servants with qualified responsibilities in order to a series of responsibilities inherent to the position and emanating from different applicable regulations, among them, the General Law of Internal Control, the Law of Financial Administration and Public Budgets, and the Law against Corruption and Illicit Enrichment, among others. From said responsibilities emanates a sanctioning regime, to which the following provisions are applicable, just as to the rest of the servants: \"Article 211.- 1. The public servant shall be subject to disciplinary liability for their actions, acts, or contracts contrary to the legal order, when they have acted with willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave), without prejudice to the more serious disciplinary regime provided for by other laws. 2. The superior shall also be disciplinarily liable for the acts of their immediate subordinates, when they and the latter have acted with willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave). 3. The corresponding sanction may not be imposed without the prior formation of an administrative record (expediente), with ample audience to the servant so that they may assert their rights and demonstrate their innocence.\" \"Article 213.- For the purposes of determining the existence and degree of the fault or negligence of the official, when assessing the alleged defect of the act to which they oppose, or which they issue or execute, the nature and hierarchy of the functions performed must be taken into account, it being understood that the higher the hierarchy of the official and the more technical their functions, in relation to the defect of the act, the greater is their duty to know and assess it properly.\" It is relevant to indicate that in the General Law of Public Administration, there are some cases where the Law expressly qualifies the seriousness of the infraction, such as for example the issuance of manifestly illegal acts (Article 199), obeying said acts (Article 199), ordering the execution of an absolutely null act (Article 170), and serious and unjustified delay in the conclusion of an administrative procedure (Article 225). In other cases, including the omission to act with due diligence or the omission of a functional duty, it is necessary to analyze in each specific case whether the servant acted with gross negligence (culpa grave) or willful misconduct (dolo) for the purposes of determining their administrative liability. As noted, unlike the private employment regime where a system of imputation of certain more or less open conducts that are deemed unlawful is established, in the case under review, there are subjective criteria of liability – existence of 'willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave)' in the conduct. Regarding the scope of said liability in the discussion of the draft of the General Law, the following was indicated: \"The official is going to be liable to the administration and is going to be liable to the individual. We have sought to take all that evolution that we consider sound. In principle, soundness consists in the official knowing that despite being an official, they must have the same duty of prudence or diligence and respect for the rights of others as the common citizen. There is no reason to punish with liability a common citizen who causes harm to another, and not punish with equal liability a public employee who imprudently, negligently causes harm to an individual. The latter seems to us even more punishable because it is assumed that due to their condition they must have not only more exemplary but also more controlled conduct. The term such (sic), is that one who gravely violates their duties of office actually commits punishable negligence. However, we have opted to use two terms that in Costa Rica have always been used in the Civil Code and in many of our legal systems. Willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave), which effectively means a fault that is already very defined by the courts. Depending on each case, it is that case (sic) in which either intentionally or by running a risk (corriendose, sic), or with obvious awareness that elementary rules were being violated, harm was caused. In those cases, we consider that it is moral and also convenient for the proper functioning of the administration, from the standpoint that it creates liability in an official and that they be personally liable to the individual for the harm they cause. Apart from the disciplinary liability they may have, this individual is going to be liable to the administration if the administration has to pay the individual. It is a brake on carelessness, on the gross negligence of the administration, in the performance of their functions. That is why we speak of willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave). What could be called slight fault (culpa leve) or professional fault or habitual fault, those explainable carelessnesses in an official, those are not sanctioned. But what is gross carelessness, a forgetting of elementary rules of prudence in the performance of their position, that is sanctioned by the offended party and before the administration...\" (Act No. 104 of the Permanent Commission of Government and Administration of April 3, 1970, p. 10). Regarding the difference between the concepts of willful misconduct (dolo) or fault (culpa), it has been analyzed as follows: \"The action or omission must be culpable, that is, the product of the deliberate will to harm (willful misconduct, dolo) or of negligence or imprudence (fault, culpa) of the agent. The difference between these two forms of culpability lies in the voluntariness or intentionality.\" (Enciclopedia Jurídica Básica, Volume II, Editorial Civitas, Spain, 1995, p. 2585). Regarding the concept of gross negligence (culpa grave), it has been noted: \"Of the varied classifications of fault that doctrine usually establishes, the most relevant for civil purposes is the one that distinguishes gross or lata fault (culpa grave) from slight or ordinary fault (culpa leve). Gross or lata fault (culpa grave) consists of a substantial departure from the model of required diligence: Not foreseeing or not avoiding what any minimally careful person would have foreseen or avoided. Both conscious fault and unconscious fault or fault without foresight can be gross. In the first case, provided that the agent has neither wanted nor accepted the production of the breach of duty or the harmful event foreseen, because then there would be willful misconduct (dolo), at least eventual.\" (Enciclopedia Jurídica Básica, Volume II, Editorial Civitas, Spain, 1995, p. 1865). By reason of the foregoing, it is evident to this Tribunal that for there to be gross negligence (culpa grave), there must be a clear, objective, and serious departure from a duty of care emanating from the law, attributable to a specific servant that has a harmful consequence to public interests. That serious conduct or omission that departs from that legal duty may or may not have a result, inasmuch as the General Law and the administrative order provide for cases in which liability operates regardless of the result. However, it is evident that in the majority of cases the determination regarding the existence of gross negligence (culpa grave) is associated with some type of affectation, whether to the administration itself, to third parties, or both. Regarding the determination of its occurrence or not in these latter cases, it is viable to refer to the mechanisms used in criminal law to determine whether a culpable conduct has occurred in cases where there is a harmful result and which are called the theory of equivalence of conditions and the theory of conditio sine qua non through which the necessary causal relationship between the omission of the objective duty of care (cause) and the harmful result (effect), necessary for the configuration of fault, is established or discarded. In this sense, ruling 696-2003 of 11:55 a.m. of July 18, 2003 of the Criminal Cassation Chamber indicates: \"...According to the aforementioned theories.... the judge must make a posthumous prognosis ex ante facto (objective), also called hypothetical suppression and inclusion, such that when faced with several omissions of objective duties of care, the event is mentally reconstructed, but fulfilling said duties, one at a time – that is, as many reconstructions as breaches of duties are verified –, with the following results: (i) if, having fulfilled the duty, the result still occurs, the causal relationship is discarded; or (ii) if, having fulfilled the duty of care, the result does not occur, the cause-effect relationship between the omission of the objective duty of care and the result is verified...\" In the same sense, it is indicated: \"... the judicial mechanism for ascertaining culpable conduct is that by which the analyst places a conduct in the factual scenario where the required duties of care exist and observes if the Result still occurs. If the latter happens, the evident conclusion is that even with all the duty of care the Result would have occurred, and therefore the conduct is not typical of fault. On the contrary, if the analyst places in the factual scenario the proper conduct and the Result does not occur, then the conclusion is that the infraction of the duty of care was efficient for the production of that Result and therefore the conduct is typical of fault.\" (Issa El Koury Jacob (Henry), Chirino Sánchez (Alfredo). Metodología de Resolución de Conflictos Jurídicos en Materia Penal, Ilanud, San José, 1991, page 114). Based on the foregoing considerations, this Tribunal estimates that the determination of the existence of gross negligence (culpa grave) in an administrative conduct or specific omission attributable to a public servant starts from a verification of the following assumptions: a) Existence of general or specific functional duties that are demandable of a servant, by virtue of their determination in norms of legal or regulatory scope. b) Existence of a real, objective, concrete, attributable, and demonstrated departure by the servant from said demandable duty, being so that it occurred by not adjusting to the expected average fulfillment of their duty in a conscious and deliberate manner. c) Determination of the existence or not of conducts that, by their mere occurrence, can be considered as generating liability, regardless of the result caused. d) Verification of whether, due to the conduct, a result was caused or not to the Administration or third parties, of an administrative type (e.g., weakening of the entity's internal control system), economic, or of another order. e) Assessment of the seriousness of the departure from the indicated duties by the conduct or omission. For this purpose, both the environment in which the conduct or omission operated, the hierarchical level of the servant, the possible damages caused, the concurrence of other acts of third parties, and the technical nature of the conduct that was due and was not performed must be taken into consideration. It will be through the integrated assessment of these considerations that it can be determined whether, in a specific case or not, disciplinary liability could be attributed to a particular servant, given that one could well incur conduct without fault, or despite its existence, it could be considered minor (leve), which would not generate administrative liability. Having made these considerations, the substantive analysis of the case subject to this resolution proceeds.\n\n[…]\n\nVII.-   Having conducted the foregoing analysis, this Tribunal deems it appropriate to  rule on a series of purely legal arguments regarding the applicability of the  norms used in the challenged acts. In this regard, it sets forth the following  considerations: a) That in the initiated proceeding, several procedural defects  were present, such as the application of repealed norms (it invokes Article 108  of the Financial Administration and Public Budgets Law, LAFPP). In this  regard, this Tribunal deems that the plaintiff is not correct, inasmuch as  Article 108 of the Financial Administration and Public Budgets Law is in force  and has not been repealed, either expressly or tacitly, by the regulations  applicable to the officials of the defendant entity. Along these lines, it  must be taken into consideration that the nature of a public company-public  entity that ICE possesses does not exempt its employees who perform public  management from compliance with the provisions of said normative body (Article  1 thereof indicates that it applies to \"... c. The Decentralized  Administration and the public enterprises of the State\"). Furthermore,  independently of the discussion regarding the legal nature of the plaintiff's  employment relationship, it must be taken into consideration that Article  112.3 of the LGAP indicates that even for the stipulated employees who work  for economic enterprises or services of the State, the existing regulations on  administrative morality and legality shall apply to them, insofar as they  perform administrative functions. By reason of the foregoing, this argument  must be rejected. b) That there are differences in the exercise of the  sanctioning power of the Office of the Comptroller General of the Republic. In  this regard, it must be taken into consideration that Articles 68, 72, and 77  of the Organic Law of said oversight body regulate the power it has to order  and recommend sanctioning public officials, without there being a limit  perceived regarding the legal system to be applied, and in the understanding  that the subject adopting the final decision is the entity exercising  hierarchical powers with respect to the official subject to sanction, as is  noted in the present case and as is evident from the provisions of ordinary  session No. 5927 of October 26, 2010, of the ICE Board of Directors. No norm  whatsoever is perceived that constrains or impedes the exercise of said power  by the Office of the Comptroller, regarding the application of a specific  normative body that provides for sanctionable conduct. Although certain sui generis  characteristics of the liability declared by the Office of the Comptroller General  of the Republic may be established, this does not imply the existence of a  nullity defect in the present case, nor an exercise exceeding its legal  powers. This being the case, this argument must be rejected. c) That for the  purposes of the sanctioning power, the so-called \"ethics of minimums\" must be  applied, and not concepts pertaining to strategic planning. In this sense, as  has been noted, the imposed sanction is based on norms of a legal nature that  imposed a specific conduct on the employee, both due to his official duties  and to the specific situation that has been held as proven. Although the  controlling entity invokes a series of reasonings emanating from Mr. Moreno's  competencies, the sanction was imposed based on the regulations referred to in  this ruling and based on the fundamental reasoning regarding the failure to  provide timely and efficient human resources to the project. This being the  case, as has been indicated, although reference is made to specific concepts—  embodied in the functions inherent to the plaintiff's position—, ultimately  the sanction is based on the norms under analysis. For the foregoing reason,  the rejection of this argument is proper. It is worth noting that the differentiation  of concepts made by the plaintiff does not present a real effect, inasmuch as  using one or the other, it is possible to locate the existence of a fault that  motivates the imposed sanction. d) That with respect to the duty of probity (deber de probidad), it indicates  that, in its real dimension, this is a statement lacking a content basis  for sanctioning and that the articles of the Law against Corruption do not  define (tipifican) faults. In this regard, this Tribunal deems that the  plaintiff is not correct, inasmuch as in the area of administrative  sanctioning law, a precise definition of unlawful conduct is not required for  the imposition of a sanction in this matter; rather, the only thing necessary  is the definition of the sanctions to be applied. In this sense, it has been  established that \"(...) In Administrative Sanctioning Law there is a reason of  a material nature that underlies the specialty of the principle of legality  (principio de tipicidad). This reason rests, on one hand, on the multitude of  interests whose management is entrusted to the Administration and, on the  other hand, on the will to sanction conducts that harm them. This being the  case, it is not possible to provide an exhaustive and closed description of  all the conducts constituting an infraction, for, otherwise, the majority of  them would go unpunished. The difficulties we have just set forth increase, if  possible, in Disciplinary Law, given the very lack of definition of the duties  whose non-compliance is to be sanctioned, the prolonged and intense  relationship that links officials with the Administration, the 'background of  internal discipline and the requirement of a professional morality' that  concur in this field. All this, of course, without forgetting the convenience  of sanctioning all conduct that questions the interests at stake. Even more,  and without dwelling on the positions that relax the requirements of the  principle of legality by the mere invocation of special subjection  relationships, jurisprudence has introduced stronger nuances depending on  whether they are deontological infractions or those relating to other  duties...\" (Belén Marina Jalvo. The Sanctioning Regime of Public Officials).  The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) incorporates these  considerations inherent to Spanish law, based on the premise that in the  criminal area, a greater impact on the fundamental rights of the administered  persons is evident, by reason of the seriousness implied by subjecting a  person to a sanction depriving them of personal liberty. Along these lines, it  stated: \"(..) .The principle of legality is an application of the rule of law  and requires the specific delimitation of the conducts that are made  reprehensible for the purposes of their sanction. However, in disciplinary  matters, the principle of legality is not applied in the same manner as it is  in criminal matters, in accordance with Constitutional Article 39, as this  Chamber has repeatedly stated, by noting that: 'For conduct to constitute a  crime, it is not sufficient that it be unlawful—contrary to the law—, it is  necessary that it be defined (tipificada), that is, that it be fully described  in a norm, this obeys irremovable requirements of legal certainty, since the  repressive matter being the one with the greatest intervention in the  important legal interests of citizens, to guarantee these against the State,  it is necessary that they can have full knowledge of which actions they must  refrain from committing, under penalty of incurring criminal liability (...).'  (voto 1877-90 of 16:02 of December 19, 1990). In the same sense, voto 1262-92,  provided: 'The power to discipline in the service relationship is one of the  forms of control, inspection, or oversight that, in general, every employer  has with respect to the persons serving in their organization or enterprise,  as applicable. That is, in seeking the realization of their organization's  objectives, the employer enjoys the right to control its activity and to  exercise all legitimate actions necessary to achieve its goals. This is then,  the principal foundation of the State's disciplinary power with respect to its  servants. However, by virtue of the fact that the Administration must act  subject to the legality block, its disciplinary regime by consequence must  necessarily be of a legal nature. This has its explanation in Political  Constitution norms numbers 11, which delimits the powers or competencies of  public officials—rule of law—, and 39, which establishes, among other things,  the legal reservation in matters of administrative sanctions. More  specifically, the sanctions that the State can impose in this matter on its  servants must be previously determined by formal law. Consequently, this is  the essential legal presupposition of the disciplinary regime in the public  service relationship, because based on the legislative norm that establishes  the penalties, the State can evaluate the conduct of its servants and impose  the appropriate sanction, even though the fault (offense type, normative  presupposition, or factual basis), is not specifically defined (tipificada) in  the legal text. It is therefore not required that a regulation exist in order  to exercise this administrative power, because it is constitutionally valid  for the State, as stated, to proceed based on the disciplinary norms  established in the legislation regulating the operation of the public organ or  entity. Of course, the State must always adjust to the precepts of due process  and observe the fundamental guarantees of the case, also having the legality  and constitutionality controls, in accordance with the nature of the  problem'. Additionally, voto 5594-94, of 3:48 p.m. on September 27, 1994,  indicated the following: 'III. THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE DISCIPLINARY  REGIME. (...) in disciplinary matters, the principle of legality is not applied  in the same form as it is in criminal matters, in accordance with  Constitutional Article 39, as this Chamber has repeatedly stated, noting that:  \"For conduct to constitute a crime, it is not sufficient that it be  unlawful—contrary to the law—, it is necessary that it be defined (tipificada),  that is, that it be fully described in a norm(…) It can be affirmed that the  principle of legality constitutes a fundamental principle in disciplinary  responsibility, but not in the same form as in the criminal-legal sphere,  since the principles 'nullum crimen sine lege', 'nullum poena sine lege' do  not have the rigidity and requirement that characterizes them in substantive  criminal law, inasmuch as the sanctioning activity of a criminal nature and  that of a disciplinary nature correspond to different legal fields, and the  parameters of discretion that are inherent to the exercise of the  administrative disciplinary power are broader than those of the State's  criminal sanctioning power. (…) In disciplinary law, by reason of the purpose  it pursues, which is the protection of the general social order, and the  matter it regulates—discipline—, the determination of the disciplinary  infraction is less strict than the criminal sanction, since it encompasses  acts that can be qualified as a violation of official duties, which in some  legislations are not specified, and, in others, they are. So, the exercise of  this power is discretionary, hence it is proper to apply sanctions for any  lack of functional duties, without the need for them to be specifically  detailed as a sanctionable act, for which reason, the enumeration of  punishable acts made via regulation does not have a limiting nature. Motivated  by the variety of causes that can generate its application, by the frequent  imprecision of its precepts, and by the sphere of application, it is not  always organic nor clear in its literal expression, for which reason faults  not specifically provided for can be sanctioned discretionally, but which are  understood to be included in the text, as long as they result from the  verification of the disciplinary fault, through a procedure created for that  purpose. The disciplinary fault or infraction has been defined by saying that  it is a violation of the operation of any duty inherent to their condition,  even when it has not been specifically defined although it has been provided  for. The determinant acts of disciplinary faults are innumerable, for they  depend on the nature of the behaviors or conduct of the 'subordinate'  subjects, behaviors or conducts in truth unlimited in number given their  variety; therefore, the existence of three elements of the disciplinary fault  is deduced: 1.- a material element: which is an act or an omission; 2.- a  moral element: which is the imputation of the act to a free will; and 3.- a  formal element: which is the disturbance to the functioning of the service or  an immediate or possible affection of its effectiveness (…). With respect  to the use of undefined legal concepts (conceptos jurídicos indeterminados), the  same ruling states: “IV. UNDEFINED LEGAL CONCEPTS IN THE DISCIPLINARY REGIME.  By reason of the sanction to be applied—criminal or disciplinary—it can be  taken into consideration to determine the greater or lesser requirement  regarding due process guarantees, among which is the principle of legality,  inasmuch as, the greater the sanction, the greater the guarantees must be,  which translates in the case under study—in the disciplinary process—, into  the lesser rigidity of this principle. Therefore, grounded in the matter it  regulates and in the endless variety of conducts it involves, in the  disciplinary sphere it would not be easy to conclude the elimination of all  types of infractions defined in open terms, such as those that refer to  undefined legal concepts. Notwithstanding the foregoing, it cannot be affirmed  that the definition of the conducts to be sanctioned can be totally obviated  in application of the rule of law, and more specifically of the principle of  legality. For this reason, it must be understood that the offense types  enunciated in apparently deontological terms must become perfectly  technified legal types, in the sense of formulating determinable concepts, for  which reason the undefined legal concepts of conduct must be made concrete or  completed through a detailed analysis of the facts and an interpretation  thereof from the values defined in said concepts. In this way, more or less  imprecise types—in the sense of the technique of undefined legal concepts—or open  types, are of indispensable use in the disciplinary sphere, given the very  indeterminacy of the professional and disciplinary duties that are intended to  be guaranteed, which are only susceptible to being enunciated in very general  terms. But the foregoing cannot justify totally open and unspecific  assessments, evaluations 'in conscience', both regarding the scope of the  professional or conduct duty whose lack is reproached, but rather it must be  applied on the reality of the reproached conduct, thus making effective the  rule of law—Constitutional Article 39—but adapted to the administrative  matter. In such a manner, for example, it will in no way be sufficient to  limit oneself to reproaching an official for a lack of probity, in the  abstract, but rather it is necessary to specify in the specific conduct being  judged, where said fault is imputable in concrete terms, from the perspective  of the official's positive duties, which they have failed to fulfill. A  consequence of the foregoing is that when interpreting a norm, it must be done  in relation to the activity it regulates; (…), thereby avoiding arbitrariness  in the use of 'undefined legal concepts (...)' More recently, with respect to  the constitutionality of the concept of the duty of probity, voto  number 2008-18564 of fourteen hours and forty-four minutes of December  seventeenth, two thousand eight, of the Constitutional Chamber  considered that: V.- ETHICS AND INTEGRITY REGIME FOR PUBLIC OFFICIALS.  Without wishing to exhaust an  extremely broad topic, for this Constitutional Court it is evident that  worldwide, and Costa Rica has been no exception, there are frequent  questionings against public officials directly related to irregular conduct.  By virtue of the foregoing, a whole normative movement has been gestated,  which has had the purpose of establishing an ethics regime in the exercise of  public function. At the international level, for example, conventions on the  subject have been approved, such as the Inter-American Convention and the  United Nations Convention against Corruption, both ratified and approved  for application in Costa Rica by the Legislative Assembly, through Laws Nos.  7670 of April 17, 1997, and 8557 of November 29, 2006, respectively. The  United Nations Convention, in its Article 1°, establishes the following aspects  as the purpose of the Convention: \"(...) a) To promote and strengthen measures  to prevent and combat corruption more effectively and efficiently; b) To  promote, facilitate and support international cooperation and technical  assistance in the prevention of and fight against corruption, including asset  recovery; c) To promote integrity, accountability, and the proper management  of public affairs and public property.\" Likewise, the purpose of the  Inter-American Convention is based, in its Preamble, on the premise that  \"corruption undermines the legitimacy of public institutions, strikes at  society, the moral order and justice, as well as at the comprehensive  development of peoples\" and indicates in Article 2° that one of its purposes  is \"To promote and strengthen the development, by each of the States Parties,  of the mechanisms necessary to prevent, detect, punish and eradicate  corruption.\" From the subscription of such international instruments, the  obligation arises for the Costa Rican State to implement legal instruments of  diverse nature, directed at the prevention of corruption, which is none other  than the natural consequence of the constitutional postulates that advocate  for transparency, responsibility, and legality in the exercise of public  function, as a necessary condition for the proper functioning and  consolidation of the democratic system. Hence, at the internal level, our  legislators approved the Law against Corruption and Illicit Enrichment in the  Public Function now being challenged, whose Article 1°, more emphatically,  indicates that the purposes of the regulation are to prevent, detect, and  sanction corruption in the exercise of public function. VI.- THE DUTY OF  PROBITY AND PUBLIC OFFICIALS. As a derivation of the aforementioned  regulation, the so-called duty of probity has been included in it, which  is defined in Article 3° of the Law against Corruption and Illicit Enrichment  in the Public Function, in the following manner: \"The public official shall be  obliged to orient their management toward the satisfaction of the public  interest. This duty shall be manifested, fundamentally, by identifying and  attending to the priority collective needs, in a planned, regular, efficient,  continuous manner and in conditions of equality for the inhabitants of the  Republic; likewise, by demonstrating rectitude and good faith in the exercise  of the powers conferred by law; by ensuring that the decisions adopted in  compliance with their attributions conform to impartiality and the objectives  inherent to the institution in which they serve and, finally, by administering  public resources in adherence to the principles of legality, effectiveness,  economy, and efficiency, rendering accounts satisfactorily.\" From the content  inherent to the article, the Chamber does not find any unconstitutionality  whatsoever, because following a guideline that corresponds to the  aforementioned ethics regime, the concept of probity established in the norm,  although broad, responds to principles already established for the public  function, that is, through the imposition of a behavioral standard, rectitude  in the performance of the attributed public functions. This Constitutional  Court, in judgment No. 2001-09685 of 11:34 a.m. on September 26, 2001, referred  to the constitutionality of subsection 6 of Article 10 of the Organic Law of  the Bar Association, a norm in which the concept of probity was inserted. In  said ruling, it was provided as follows: \"(...) The plaintiff considers that  the use of the terms 'probity' and 'honesty' is unconstitutional, for not  implying a clear and precise description of the sanctionable conduct.  According to the Royal Spanish Academy, 'probity' is synonymous with  rectitude or integrity; and by 'honesty', the quality of being honorable is  understood, which implies proceeding with rectitude of mind and integrity in  action; by virtue of which, it is a general principle that all work  involving the exercise of the profession, in this case law, must be executed  or carried out with the utmost rectitude, integrity, and honesty. Obviously,  particular conducts are not described, but this does not make the norm  unconstitutional, given that it is impossible for the law to determine each  and every one of the possible faults against these duties (honesty and  probity), inasmuch as the possibilities for their infraction are infinite  (...)\" This being the case, the duty of probity, as has been indicated, cannot  per se be considered unconstitutional, since it concerns an undefined legal  concept inherent to the service and the public function. For this reason, if,  as the Royal Academy's own definition expresses, rectitude or integrity is an  integral part of what is expected of a public servant in the exercise of their  functions, even legislators would be subject to this concept, without it being  possible, on that account, to indicate an actual impact on the performance of  their functions. This Tribunal deems that the duty of probity intrinsic to the  public function cannot be considered a \"self-censorship\", inasmuch as, although  it is an undefined legal concept, as has been said, rectitude or integrity  does not depart from the general idea of public service and public function.  In the aforementioned judgment, referring to undefined legal concepts and  their use in disciplinary laws, this Tribunal indicated, in pertinent part,  the following: \"(...) The concepts used by the laws can be defined or  undefined. The former delimit the sphere of reality to which they refer in a  precise and unequivocal manner, such as the age of majority, time limits for  filing appeals and legal challenges, etc. On the contrary, with the technique  of the undefined legal concept, the law refers to a sphere of reality whose  limits do not appear clearly specified in its enunciation, notwithstanding  which, it is clear that it attempts to delimit a specific case, concepts such  as good faith, lack of probity, morality, good customs, etc. Thus, although  the law does not determine with clarity the limits of these concepts, because  they are concepts that do not admit quantification or rigorous determination,  but which in any case, it is evident that through them it is referring to a  factual situation that, notwithstanding the indeterminacy of the concept,  admits being specified at the moment of application. (...)\" In this way, it  could not be interpreted that the concept of probity contained in the  questioned norm is unconstitutional.\" By reason of the foregoing, no defect  whatsoever is perceived in the application of the concept of the duty of  probity and the corresponding legislation, and taking into consideration  that the same normative body establishes that the violation of said generic  official duty implies either the separation of the employee (Article 4) or  suspension for up to thirty days (Article 39.b). A similar reasoning must be  applied to the objection regarding the objection regarding the lack of  definition (tipicidad) of the conduct made by the plaintiff party, as well as  regarding the application of a sanction of thirty days against him, inasmuch  as he deems that this is not provided for at the legal level. As has been  indicated, a specific definition is not required in our legal system when  compliance with specific official duties is invoked, it being the case that  furthermore, as has been seen, there exists a norm that specifically  establishes the sanction finally imposed. For the same reason, the argument is  rejected to the effect that in his case an ad hoc offense type is being  created and a suspension sanction nonexistent in the applicable legal system is  being applied to him, given that there is indeed an applicable norm for the  case of a breach of the duty of probity that has been duly verified. It  will be appropriate to determine whether the imputed conduct is subsumed under  said concept. With respect to the argument that the sanction is not  defined (tipificada), the plaintiff is not correct. In this sense, it must be  taken into consideration the norm of the Law against Corruption and Illicit  Enrichment that was applied to him and which indicates: \"Article 39.—Administrative sanctions. According to severity, the  aforementioned faults shall be sanctioned as follows: a) Written reprimand  published in the Official Gazette. b) Suspension, without the corresponding  salary, per diem, or stipend, from fifteen to thirty days. c) Separation from  the public position, without employer responsibility or cancellation of the  municipal council member credential, as applicable\" By reason of the  foregoing, this argument is rejected. e) That it considers that Article 211 of  the General Law of Public Administration is not applicable to the  powers of the Office of the Comptroller General of the Republic in the  exercise of oversight, but rather to the employer when disciplining in the  exercise of its functions. In the same line of reasoning, it rejects the  application of Articles 16 and 160 of the same normative body, given that the  liability attributed was for conduct and not for administrative acts. In this  sense, no reason whatsoever is perceived for not applying said norms to the  specific case, inasmuch as no exceptions are made in them, and for this  Tribunal it is evident that the sanctions imposed were in the exercise of the  sanctioning power that the legal system grants to the Office of the Comptroller  General of the Republic, the provisions of the General Law of Public  Administration being fully applicable to said administrative conducts. On the  other hand, with respect to the application of Articles 16 and 160 of said  normative body, it should be noted that they are not the basis of the applied  sanction, so the arguments questioning whether, in the case of Mr. Moreno  Paniagua, we are in the presence of administrative conducts, are not of  relevance. f) That the controlling entity does not discriminate between a  duty derived from the contracting regulatory system, from the internal control  system duties, and from the duty of probity. In this regard, this Tribunal  deems that nothing prevents the same conduct from harming various  administrative norms, especially in the case of situations where topics such  as administrative contracting are involved, where the application of various  laws is not mutually exclusive and rather are complementary. By virtue of the  foregoing, a single conduct can be viewed from the perspective of compliance  with the normative assumptions of each of the invoked laws and thus determine  whether the provisions of all or some of them were partially complied with.  Let it be noted how, in the specific regulation of said legislation,  compliance with basic principles of public service such as efficiency and  effectiveness in administrative conduct will always serve as the fundamental  reference point. This being the case, this argument must be rejected. g) That  there was no clarity as to whether the penalty imposed was based on the  administrative contracting regime or the internal control regime, it being the  case that none of the invoked norms provides for an administrative offense  type through which a sanction is established. In the same sense, it indicates  that the controlling entity should have been exhaustive regarding the reasons  for which it considers the Internal Control Law violated, which it did not do,  and that, furthermore, the alleged non-compliance with his contractual duties  does not constitute an internal control issue. In this regard, this Tribunal  deems that the plaintiff party is not correct. It is evident from the case  file that the sanction imposed is based on the plaintiff's non-exercise of the  conduct required of him to assist in the execution of the referenced  administrative contracting, despite the requests made in that sense. The  foregoing is consistent with the duties of subordinate heads—it being the case  that Mr. Moreno Paniagua had to comply with what is indicated in Article 12  of the General Law of Internal Control, that is, \"a) To ensure the  adequate development of the activity of the entity or organ under his charge.  b) To immediately take corrective measures in the face of any evidence of  deviations or irregularities. Along these lines, the concept of internal  control is much broader than what the plaintiff claims, inasmuch as it  encompasses a series of actions linked in a system in order to safeguard  public assets and, more than that, to ensure the fulfillment of institutional  objectives. Thus, internal control is transversal to all public management,  and the conduct or omissions of the heads have an impact on it.\n\nThe foregoing, in accordance with the provisions of the COSO report (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), which serves as the foundation for our General Law on Internal Control and from which this concept is taken as a means to provide reasonable assurance in every institutional operation with a view to achieving institutional objectives. That internal control system comprises the measures necessary both for the protection of public assets and to ensure that management is effective and efficient, and encompasses their establishment as well as their maintenance, improvement, and evaluation. Derived from that system, the General Law on Internal Control establishes particular duties for the Institutional Head (Jerarca Institucional) and subordinate heads (titulares subordinados). In this same vein, nothing prevents the imposition of sanctions based on the breach not only of one regulation but of several, if in a given matter there are actions where duties established in different regulations converge. In this regard, the so-called \"Standards for Internal Control in the Public Administration\" (Normas para el Control Interno de la Administración Pública) of the General Comptroller of the Republic indicate: \"Responsibility for the establishment, maintenance, operation, improvement, and evaluation of the SCI is inherent to the institutional head and to subordinate heads, within the scope of their competences. In fulfilling that responsibility, the aforementioned authorities must give special emphasis to areas considered relevant based on criteria such as their materiality, the associated risk, and their impact on the achievement of institutional goals, including matters relating to the deconcentration of competences and the contracting of support services. As part of this, they must contemplate, among other matters, the following: a. The definition of criteria that provide basic guidance for the establishment and operation of the organic and functional components of the SCI with the required characteristics. b. Support through concrete actions for the establishment, operation, and strengthening of internal audit activity, including the provision of resources and the necessary conditions for it to develop effectively and add value to control, risk, and direction processes. c. The issuance of instructions so that the policies, standards, and procedures for compliance with the SCI are duly documented, formalized, and updated, and are disseminated and made available for consultation. d. The monitoring of the compliance, validity, and sufficiency of all controls that make up the SCI. e. Constant communication and follow-up on matters assigned to the various members of the institution, in relation to the design, execution, and monitoring of the SCI. The pertinent actions for the strengthening of the SCI, in response to institutional and environmental conditions. g. Prompt attention to the recommendations, orders, and observations that the various control and oversight bodies issue on the matter.\" By reason of the foregoing and given the functions assigned to the plaintiff, it is deemed appropriate to invoke the internal control regulations as part of the applicable body of law (bloque de legalidad), and therefore the argument put forward in that regard must be rejected. h) That the witnesses for the prosecution through which the oversight body bases the challenged resolution had an evident interest in shifting responsibility to the plaintiff, given that they were the ones directly responsible for providing human resources to the project. In this respect, it is noted that both the Deciding Body (Órgano Decisor) and the Office of the General Comptroller of the Republic conducted a comprehensive assessment of the evidence and did not rely solely on witness statements; therefore, nothing precludes these from being taken into consideration as part of the evidentiary analysis conducted. Nor did the plaintiff demonstrate subjectivity or flaws in the assessment of the evidence. By reason of the foregoing, this argument must also be rejected.\n\nVIII.- Conclusion on the nullity of the resolutions: In the case of the final act PA-16-2010 at 3:00 p.m. on February 11, 2010, and resolution DJ-2-2009-C at 8:30 a.m. on May 25, 2010, of the Legal Advisory and Management Division of the Contraloría General de la República (CGR), it is necessary to take into consideration that they were partially revoked by resolution R-DC-139-2010 of the Office of the Comptroller General of the Republic. Therefore, this Court considers that a loss of interest in their nullity has supervened, insofar as it is the final state that ultimately issues the sanction challenged by the plaintiff, and given that its effects were partially modified by this last act, which, as indicated in previous recitals, in this panel’s opinion is in accordance with the law, since the existence of a serious fault was demonstrated, for which a proportional sanction was applied, consistent with the facts that have been demonstrated both in the administrative and judicial venues. For all the foregoing, this aspect of the filed claim must be rejected.\nIt is not superfluous to indicate that although the impropriety of the sanction was established on some bases, sufficient reason continues to subsist to uphold the sanction whose nullity was requested.\n\nIX.- As an additional argument, the plaintiff indicates that his inclusion in the Public Treasury Sanctions Registry System (Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública, SIRSA) is improper, given that it was created without legal basis. By reason of the foregoing, he requests that Articles 63 and 64 of the regulation on administrative procedures of the CGR, which create SIRSA, be declared non-conforming with the legal system.\nIn this regard, in response to a recurso de amparo filed by the plaintiff, through Voto 2010-020797 at sixteen hours and forty-four minutes on December fourteen, two thousand ten, it was resolved: \"V.-ON THE PUBLIC TREASURY SANCTIONS REGISTRY INFORMATION SYSTEM. The appellant indicates that the sanction imposed on him is recorded in a Registry that lacks legal support (petition brief). The Public Treasury Sanctions Registry System was created through resolution of the Contraloría General de la República, No. R-CO-45-2007, at 3:00 p.m. on September 24, 2007, and finds its foundation in the provisions of Articles 12 and 24 of its Organic Law, which empower it to issue mandatory provisions, rules, policies, and directives necessary for the exercise of its competencies. In any case, this is a matter of legality that should not be aired before the constitutional jurisdiction.\" In this sense, it must be recalled that Article 68 of the Organic Law of the Contraloría General de la República establishes: “POWER TO ORDER AND RECOMMEND SANCTIONS. The Contraloría General de la República, without prejudice to other sanctions provided for by law, when in the exercise of its powers it determines that a servant of the passive subjects has committed infractions of the norms that make up the control and oversight framework contemplated in this Law or has caused harm to the Public Treasury, shall recommend to the competent administrative body or authority, through its binding technical opinion, the application of the corresponding sanction according to the merits of the case. The Contraloría shall form a file against the eventual offender, guaranteeing him, at all times, due process and sufficient opportunity for a hearing and defense in his favor. The competent authority of the required passive subject must comply, within the period established by the Contraloría, with the recommendation issued by it; unless, within a term of eight business days counted from the notification of the act, a review petition, duly motivated and reasoned, is filed by the head of the required passive subject. In this case, and once the indicated petition is resolved, it must comply, without delay, with what is provided in the final technical-legal pronouncement of the Contraloría, under penalty of incurring the crime of disobedience, without prejudice to the statute of limitations regime contemplated in this Law. The expiration of the period set by the Contraloría General de la República for the passive subject to impose the ordered sanction shall not, by itself, prescribe the responsibility of the servant nor extinguish the right of the passive subject to impose said sanction, without prejudice to the statute of limitations regime contemplated in this Law. The right of the Contraloría General de la República to exercise, in the specific case, the power to recommend or order the application of sanctions shall prescribe within a term of two years counted from the initiation of the respective file. The initiation of the file shall be understood with the order from the competent office of the Contraloría to begin the investigation of the case, in relation to determined servants.” From the foregoing legal provision, it is inferred that this is an intrinsic power-duty of the nature of that entity, and the application of a sanction arises from it; the registration thereof is not a sanction, but rather, as its name indicates, a means to record said sanction through an electronic medium. By reason of the foregoing, the existence of an express legal-rank norm that authorizes the creation of said registry is not observed, especially since, as has been indicated, it is a reflection of the prior exercise of the sanctioning power of the controlling entity. With respect to the sanctioning power prior to the registry, the Constitutional Chamber, when resolving an acción de inconstitucionalidad, resolved the following: “ON THE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AS THE OVERSIGHT BODY OF \"THE PUBLIC TREASURY.\"- On various occasions, this Court has pronounced on the important function performed by the Contraloría General de la República –a constitutional body attached to the Legislative Assembly regarding the handling of the public treasury–. Thus, it is based on the provisions of Articles 183 and 184 of the Political Constitution that the important function of superior, legal, and financial oversight of the handling of the public treasury has been delegated to it; such that it is a competence given by constitutional mandate, for which reason it has been indicated that it is a competence that the legislator cannot ignore, reduce, diminish, suppress, or attribute to other public bodies, but rather is obligated to recognize it so as not to violate the constitutional norms and principles that govern this matter. This is how these competencies, even though they originate in the supra-cited constitutional norms, are developed in laws such as the Organic Law of the Contraloría General de la República, number 7428, the Law for the Creation of the Budgetary Authority, number 6821, the Law on the Financial Administration of the Republic and Public Budgets, number 8131, the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, number 8422, and the Law on Administrative Contracting, number 7494. The oversight role over the public treasury empowers the Contraloría to exercise control in all areas that concern it, that is, in administrative contracting procedures, in the management of the budgets of various decentralized entities, and, of course, in the financial management that public officials make of these resources (administration, custody, conservation, handling, expenditure, and investment).” (Voto number 13,926, at 2:44 p.m. on September 20, 2006. In a similar sense, also consult Voto number 6,611 of that Chamber, at 2:50 p.m. on May 16, 2007). Regarding the constitutionality of the Regulation that contemplates the indicated Registry, through Voto No. 2011-009397 at fourteen hours and thirty-one minutes on July twenty, two thousand eleven, it was resolved: \"IV.- ON THE QUESTIONED REGULATION. The regulation in question was issued by the Contraloría General de la República, based precisely on Articles 183 and 184 of the Political Constitution, as well as on Articles 68, 72, and 77 of the Organic Law, which regulate the power this body has to order and recommend sanctioning public officials who have incurred inadequate management of public funds. In particular, Article 77 provides: 'Article 77.- Applicable procedures. In all cases in which, in accordance with the law, sufficient opportunity for a hearing and defense must be given in favor of the affected party, as well as in cases in which a final resolution of the Contraloría General de la República causes or may cause serious harm to a right or a legitimate interest, the guarantee of due process shall be fully observed, in accordance with the principles contained in Book II of the General Law on Public Administration and the procedures that, through regulatory means, the Contraloría establishes, without prejudice to the provisions of the Law on the Financial Administration of the Republic and its Regulation, regarding administrative contracting, in which case the procedures stipulated therein shall apply.' Thus, the very law authorizes such delegation via Regulation.\" That being the case, no defect is observed in the indicated sanctions registry, insofar as it is a mere mechanism for recording and publicizing the sanctions imposed and not a sanction in itself. In any case, it must be taken into consideration that through resolution R-DC-199-2011 of the Office of the Comptroller, at eight o'clock on December fifteen, two thousand eleven, the following was ordered: \"Article 74.- The Regulation on Administrative Procedures of the Contraloría General de la República, Resolution R-CO-16-2007 at thirteen hundred hours on March twenty-three, two thousand seven, published in the Official Gazette La Gaceta, number seventy-six on April twenty, two thousand seven, is hereby repealed. \"Article 75.- Resolution R-CO-45-2007 at fifteen hundred hours on September twenty-four, two thousand seven, “Directive for the Operation of the Public Treasury Sanctions Registry System (SIRSA)”, published in the Official Gazette La Gaceta, number 201 on October 19, 2007, is hereby repealed\", since the \"REGULATION ON THE ORGANIZATION AND SERVICE OF THE DISCIPLINARY AND ANNULLING POWERS OVER THE PUBLIC TREASURY OF THE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R-2-2011-DC-DJ\" was published, therefore any discussion about the repealed regulation lacks current interest for the reasons stated. By reason of the foregoing, all claims in the sense indicated in the present recital must be rejected due to the lack of current interest.-\n\nX.- The plaintiff requests that it be declared that no causal link exists between the conduct engaged in as Deputy Manager of Administrative Management during the period from March 2004 to January 2007 and the sums paid to the Artinsoft consortium for the termination of the contracts entered into with ICE, awarded in public tenders 7197-T and 7209-T, and that it be declared that he has not caused damage to the Public Treasury or to the assets of ICE due to the conduct accused by the CGR in the administrative proceeding initiated against him. With respect to both petitions, it is considered that, given what was resolved in the previous recitals, there is an evident lack of interest in what was requested, given that, as has been indicated, the actions are not vitiated by nullity on the one hand, and furthermore, no liability whatsoever was ever attributed to the plaintiff in these matters due to his conduct, just as has been indicated."
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