{ "id": "nexus-ext-1-0034-151697", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Construcción ilegal de la Arquidiócesis en márgenes de quebrada", "title_en": "Illegal construction by Archdiocese on stream margins", "summary_es": "El Tribunal confirma la orden municipal de demolición de una construcción realizada sin permisos por las Temporalidades de la Iglesia Católica en terrenos de la Arquidiócesis de Cartago, colindantes con la Quebrada Ortiga. Se determina que no hubo vicios en el procedimiento administrativo: las notificaciones fueron subsanadas al personarse la parte, los inspectores municipales tienen fe pública y sus actas constituyen prueba suficiente, y la carga de la prueba sobre la antigüedad de las obras correspondía a la recurrente. El tribunal rechaza que la exigencia de respetar el retiro de 15 metros establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal requiera indemnización, apoyándose en una extensa cita del voto 4205-96 de la Sala Constitucional sobre las limitaciones de interés social a la propiedad privada, que no son indemnizables por no constituir expropiación. La medida alternativa propuesta por la recurrente era improcedente ante el incumplimiento de normas urbanísticas y ambientales de orden público.", "summary_en": "The Tribunal upholds the municipal demolition order for a construction built without permits by the Temporalities of the Catholic Church on land belonging to the Archdiocese of Cartago, adjacent to the Ortiga stream. It finds no procedural defects: notifications were cured when the party appeared, municipal inspectors have public faith and their reports constitute sufficient evidence, and the burden of proving the age of the works rested with the appellant. The Tribunal rejects the argument that requiring compliance with the 15-meter setback under Article 33 of the Forestry Law requires compensation, relying on an extensive quotation from Constitutional Chamber ruling 4205-96 on social-interest limitations on private property, which are not compensable as they do not constitute expropriation. The alternative measure proposed by the appellant was inappropriate given the violation of urban planning and environmental norms of public order.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "water-law" ], "primary_topic_id": "water-law", "es_concept_hints": [ "retiro", "quebrada", "Artículo 33 Ley Forestal", "fe pública", "limitaciones de interés social", "función social de la propiedad", "voto 4205-96 Sala Constitucional", "agotamiento de la vía administrativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 45", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 1", "law": "Ley de Construcciones" }, { "article": "Art. 18", "law": "Ley de Construcciones" }, { "article": "Art. 19", "law": "Ley de Construcciones" }, { "article": "Art. 58", "law": "Ley de Planificación Urbana" } ], "keywords_es": [ "retiro quebrada", "artículo 33 Ley Forestal", "construcción ilegal", "demolición", "propiedad privada", "limitaciones interés social", "indemnización", "debido proceso", "fe pública municipal", "recurso de apelación", "Tribunal Contencioso Administrativo", "Quebrada Ortiga", "alineamiento", "permiso de construcción", "Iglesia Católica" ], "keywords_en": [ "stream setback", "Article 33 Forestry Law", "illegal construction", "demolition", "private property", "social interest limitations", "compensation", "due process", "municipal public faith", "appeal", "Administrative Litigation Tribunal", "Ortiga stream", "alignment", "building permit", "Catholic Church" ], "excerpt_es": "Corolario de todo lo anterior es que no puede el ente municipal -sin violentar abiertamente la normativa-, admitir la permanencia de una construcción hecha sin cumplir con los requisitos legales necesarios y que incumple asimismo los retiros correspondientes a la Quebrada Ortiga; lo único que cabe en este caso es confirmar por estar ajustada a derecho, el acta apelada. Se da por agotada la vía administrativa.", "excerpt_en": "As a corollary of all the above, the municipal entity cannot — without openly violating the regulations — allow the permanence of a construction built without meeting the necessary legal requirements and that also fails to comply with the setbacks corresponding to the Ortiga stream; the only possible outcome in this case is to confirm, as it is in accordance with the law, the appealed decision. The administrative route is deemed exhausted.", "outcome": { "label_en": "Appeal denied", "label_es": "Apelación rechazada", "summary_en": "The Tribunal denies the appeal and upholds the demolition order for the illegal construction that encroaches on the Ortiga stream setback, with no right to compensation.", "summary_es": "El Tribunal rechaza la apelación y confirma la orden de demolición de la construcción ilegal por invadir el retiro de la Quebrada Ortiga, sin derecho a indemnización." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando V (cita del voto 4205-96)", "quote_en": "limitations of social interest imposed on property are not compensable, as they do not imply expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that extinguish the right.", "quote_es": "las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho." }, { "context": "Considerando III (in fine)", "quote_en": "The obligation to have municipal permits to build, modify, or demolish a building is established by law and is clear; the municipality as local government has the constitutional right to plan, oversee, and organize its territory.", "quote_es": "La obligación de contar con permisos municipales para construir, modificar o demoler una edificación está establecida en la ley y es clara, la municipalidad como gobierno local tiene derecho constitucional a planificar, velar y organizar su territorio." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "municipal inspectors have public faith in the performance of their duties and they verified that works were being carried out on the indicated land, works that not only lack the corresponding permit but also fail to comply with the required alignments regarding stream margins.", "quote_es": "los inspectores municipales tienen fe pública en la realización de sus labores y ellos comprobaron que se realizaban obras en el terreno ya señalado, obras que no sólo no cuentan con el permiso correspondiente sino que además incumplen con los alineamientos exigidos en cuanto a las márgenes de quebradas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-35669", "norm_num": "4240", "norm_name": "Ley de Planificación Urbana", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "15/11/1968" }, { "doc_id": "norm-36307", "norm_num": "833", "norm_name": "Ley de Construcciones", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/11/1949" }, { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“III.- SOBRE EL FONDO : El acta apelada del Concejo Municipal de Cartago debe de confirmarse. No\nencuentra este Tribunal que existan vicios en el procedimiento administrativo seguido en contra de\nlas Temporalidades de la Iglesia Católica, esto a raíz de la construcción realizada sin permiso\nmunicipal en la propiedad de las Temporalidades de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de San\nJosé, que utiliza y administra la Arquidiócesis de Cartago. El punto medular del reclamo de los\nrecurrentes es ese precisamente, que el procedimiento seguido contra el propietario registral de la\npropiedad ya indicada supra, violentó los principios de Debido Proceso, Derecho de Defensa, Verdad\nReal, Presunción de Inocencia, etc, teniendo que concluir que no es así. En cuanto al primer\nalegato de la mala notificación a las Temporalidades de San José, cualquier nulidad que podía caber\nal respecto, quedó subsanada al apersonarse las mismas al proceso, tal y como consta en el acta de\nrealización de la audiencia del procedimiento y con los recursos que la misma ha interpuesto a lo\nlargo del proceso, con ello y tal como lo dispone la Ley de Notificaciones (artículos 9 y 10)\naplicable supletoriamente a este tipo de procedimientos, se tuvo por notificada a dicha persona\njurídica y lo mismo puede decirse respecto de las otras notificaciones. Respecto del segundo\nalegato y el cuestionamiento de las actas y actuaciones de los funcionarios municipales y la falta\nde prueba técnica para determinar el avance de las obras y su antigüedad. Recordemos que la\nConstitución y las leyes otorgan a los entes municipales poderes de organización y administración\nde sus territorios entre los que se encuentran el poder de vigilancia sobre su jurisdicción\nterritorial, en ese sentido, los inspectores municipales pueden conforme la ley, apersonarse a una\npropiedad, verificar si se están realizando construcciones en las mismas y de ser así, si estas\ncuentan con los permisos correspondientes y en caso contrario tienen la potestad de notificar a las\npersonas que se encuentren dentro de la construcción que ésta violenta el ordenamiento y el plazo\npara regularizar la falta de permisos, así como la advertencia de que se puede proceder a la\ndemolición de lo construido; asimismo tienen la potestad de ordenar la clausura de la construcción\ncomo medida cautelar para obligar a los propietarios o encargados a cumplir con la normativa\nurbanística correspondiente. En el caso de marras, los funcionarios visitaron en varias ocasiones\nla construcción realizada al margen de la ley e hicieron al menos un acta de notificación y\nclausura y dos informes, y en todas estas visitas verificaron que no se contaba con los permisos\nmunicipales de ley y en esto no hay la contradicción que ha pretendido recalcar la parte actora\ncomo forma de desvirtuar esas actuaciones. Este es un hecho probado y la representación de la\nDiócesis de Cartago se ha limitado a argumentar que no se puede demostrar por parte de las\nautoridades de la Municipalidad que las construcciones que se encuentran en el terreno son\nrecientes, en este caso, y por la aplicación del artículo 317 de Código Procesal Civil, la carga de\nla prueba para oponerse al hecho alegado por la Municipalidad correspondía a las Temporalidades, si\nexistían construcciones en ese terreno antes de la clausura, era su obligación demostrar que estas\nse hicieron cumpliendo con la ley y para ello debieron aportar como mínimo de prueba los permisos\ncorrespondientes, pero esto no se hizo. Los inspectores municipales tienen fe pública en la\nrealización de sus labores y ellos comprobaron que se realizaban obras en el terreno ya señalado,\nobras que no sólo no cuentan con el permiso correspondiente sino que además incumplen con los\nalineamientos exigidos en cuanto a las márgenes de quebradas. En otro orden de ideas y respecto a\nque no se les dio respuesta a la medida alternativa propuesta, esto si bien lo que señalaría es una\nconducta omisiva no implica la nulidad que se reclama; en este caso no era dable aceptar\n\"alternativas\" sino solamente el cumplimiento estricto de la ley, también llama mucho la atención a\neste Tribunal el reiterado argumento de la actora en el sentido de que ellos deseaban reparar el\nincumplimiento de la ley y poner las \"obras a derecho\", pero si ese es o era su deseo, se extraña\nen el expediente la falta de demostración de al menos un acto mínimo dirigido en ese sentido,\nporque no sólo no se ha regularizado la situación de esa construcción ilegal sino que se ha tratado\nde evitar el cumplimiento de la normativa urbanística. En cuanto a la omisión que reclaman en la\naudiencia de procedimiento porque no se les permitió rendir conclusiones, hay que señalar que tal\nsituación sólo puede ser atribuida a sus personas, ya que en el momento procesal oportuno ellos\nescogieron no hacerlas sino que se limitaron a manifestar que se reservaban el derecho a emitir\nconclusiones después, siendo que esto no era posible al ser la audiencia el momento oportuno para\nhacerlas. Ahora la parte recurrente mal ha entendido que la Municipalidad para exigir el\ncumplimiento del retiro establecido en el artículo 33 de la Ley Forestal, sólo puede hacerlo si\npaga el alineamiento; esto es incorrecto, como bien ha señalado la Sala Constitucional en el voto\nnúmero 4205-96 de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos\nnoventa y seis, que indica en lo que nos interesa lo siguiente: \"(...) III. PRINCIPIOS GENERALES\nDE LA IMPOSICIÓN DE LIMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Tanto la doctrina como la\njurisprudencia constitucional han señalado que los derechos fundamentales pueden ser objeto de\nlimitaciones en lo que a su ejercicio se refiere, como se indicó en la sentencia número 3173-93,\nde las catorce horas cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres,\nen que esta Sala expresó: _I. Es corrientemente aceptada la tesis de que algunos derechos\nsubjetivos no son absolutos, en el sentido de que nacen limitados; en primer lugar, en razón de que\nse desarrollan dentro del marco de las reglas que regulan la convivencia social; y en segundo, en\nrazón de que su ejercicio está sujeto a límites intrínsecos a su propia naturaleza. (...), Para que\nsean válidas las limitaciones a los derechos fundamentales deben estar contenidas en la propia\nConstitución, o en su defecto, la misma debe autorizar al legislador para imponerlas, en\ndeterminadas condiciones. (...), Sin embargo, no obstante que los derechos fundamentales pueden\nestar sujetos a determinadas restricciones, éstas resultan legítimas únicamente cuando son\nnecesarias para hacer posible la vigencia de los valores democráticos y constitucionales, por lo\nque además de \"necesaria\", \"útil\", \"razonable\" u \"oportuna\", la restricción debe implicar la\nexistencia de una necesidad social imperiosa que la sustente. En este orden de ideas, debe\ndistinguirse entre el ámbito interno, que se refiere al contenido propio o esencial del derecho\n-que ha sido definido como aquella parte del contenido sin el cual el derecho mismo pierde su\npeculiaridad, o lo que hace que sea reconocible como derecho perteneciente a determinado tipo-, de\nmanera que no caben las restricciones o límites que hagan impracticable su ejercicio, lo dificulten\nmás allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección; y el ámbito externo, en el cual\ncobra relevancia la actuación de las autoridades públicas y de terceros. Asimismo, la legitimidad\nde las restricciones a los derechos fundamentales está ordenada a una serie de principios que este\nTribunal ha señalado con anterioridad -sentencia número 3550-92-, así por ejemplo: 1.- deben estar\nllamadas a satisfacer un interés público imperativo; 2.- para alcanzar ese interés público, debe\nescogerse entre varias opciones aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido; 3.- la\nrestricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al logro\nde ese objetivo; 4.- la restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional. IV.\nEVOLUCION DEL CONCEPTO DE LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA. (...) Así, la posición del carácter\nabsoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de\nexpropiación para construir obras públicas -única limitación admitida en el siglo pasado-, ha sido\nsustituida por una nueva visión de la propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho\nsubjetivo, prevé que sus poderes son limitados y que además, está sujeta a deberes y obligaciones.\nTales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de una\ncolectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la\nfinalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos y que\nse caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables. En el caso específico del\nderecho de propiedad, el sistema de limitaciones intrínsecas o internas se refiere al contenido\npropio o esencial del derecho de propiedad, contenido mínimo que ha sido definido como la facultad\nde disfrutar y usar el bien para provecho personal en el caso de la propiedad privada, o para\nutilidad social en el caso de la propiedad pública; y el sistema de limitaciones externas de la\npropiedad lo conforman las limitaciones de interés social, que son de origen legislativo y de\nmáxima importancia institucional, al requerir para su imposición la aprobación legislativa con\nmayoría reforzada. Como queda dicho, en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones\nde interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es\ndecir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego\nque sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto-, de no hacer, o a lo sumo, de\nsoportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los\npoderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones\ndeben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el\nsupuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas\npodrían equipararse a verdaderas expropiaciones. (...) V. DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SU\nRELACION CON LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD -PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 45 DE LA\nCONSTITUCIÓN POLÍTICA. Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y\nprácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo básico sobre el cual se estableció el\nsistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento jurídico la completa\nintangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma implicaba el completo señorío sobre el\nbien, de manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva. Sin\nembargo, tal concepto ha evolucionado, hasta llegar a proponerse la defensa de una propiedad basada\nen la armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierra. Se modifica así la\nbase jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo\npara el individuo, pasa a corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la\nsociedad. Surgió la idea de la \"función social\" de la propiedad, en la que todo individuo tiene la\nobligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los\nintereses del grupo social que lo representa. El contenido de esta \"propiedad-función\", consiste\nen que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de\nsus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las\nnecesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible. Con este nuevo concepto se\nensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo\nque se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda crear, poniendo\nfin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable. Esta tesis ha sido reconocida por este Tribunal\ncon anterioridad; así, en sentencia de amparo número 5097-93, indicó: \"I.) La inviolabilidad de la\npropiedad privada es una garantía de rango constitucional recogida por el canon 45 de la Carta\nPolítica. Este derecho contrariamente a como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza\nestática, sino que conforme a las exigencias de nuestro tiempo se le ha de considerar elástico y\ndinámico, esto es, que atribuye a sus titulares, tanto interna como externamente las facultades,\ndeberes y limitaciones. El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función\nque ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes.\nActualmente, no sólo es tutelable el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses\ngenerales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los\nderechos subjetivos. Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por\nejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las\ncorrespondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización\". Asimimo, se\nintegra, junto con este principio -de la función social de la propiedad- el de solidaridad social,\ndel cual, como indicó este Tribunal Constitucional con anterioridad, \"IV.- [...], está imbuida\nnuestra Constitución Política, permite el gravamen soportado por todos en favor de todos, o\ninclusive de unos pocos en favor de muchos, con el requisito de que el uso natural del bien\ninmueble no sea afectado al límite de su valor como medio de producción, o de su valor en el\nmercado, esto es, que desaparezca como identidad productible\". (Sentencia número 2345-96, de las\nnueve horas veinticuatro minutos del diecisiete de mayo del año en curso.) (...) De lo anterior,\nqueda claro que la obligación de indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente\nprevista única y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de\ninterés social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada, en los términos\nque ya señaló con anterioridad este Tribunal Constitucional en sentencia de amparo número 5097-93\n\"II.) La legislación costarricense establece la posibilidad de que mediante planes reguladores, por\ninterés social la propiedad privada pueda ser limitada y el Derecho Urbanístico puede a su vez,\ndesarrollarlas. El derecho de propiedad se enmarca entonces, dentro de ciertos límites razonables,\ndentro de los deberes que de él se derivan. Precisamente por ello, no es necesaria la\nindemnización de los límites y deberes urbanísticos que resulten razonables [...]_ Se aclara, que\nlas limitaciones o restricciones a la propiedad son de carácter general, y tienen la virtud de\ndotar al individuo de los instrumentos necesarios para paliar los efectos de la actividad\nperjudicial de sus congéneres. Cabe señalar que tienen como finalidad u objetivo principal el uso\nracional de la propiedad, con lo que se benefician los vecinos o, en general, toda la sociedad. En\neste sentido la Corte Plena, cuando ejerció funciones de contralor de constitucionalidad, en sesión\nextraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres, señaló: \"Las limitaciones\n-o límites- que es posible imponer a la propiedad (aparte de las relaciones de vecindad y a otros\ndeberes o cargas de que se ocupan el Código Civil y leyes especiales), son las de \"interés social\"\nque autoriza el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución y que están dirigidas a\nproteger intereses de ese género, en beneficio de la sociedad entera o de algunas de sus\ncomunidades; [...]\" VII. Ciertas limitaciones a la propiedad han existido siempre como reglas\nincorporadas al Código Civil, como por ejemplo las que se refrieren a la posesión y transmisión de\ninmuebles -artículo 272-, en virtud de las que se impide la división en caso de copropiedad; las\nreferidas a la altura de las aceras -artículo 303-; las que establecen la protección por los\nposibles daños causados a terceros por el mal estado de las edificaciones o árboles -artículo 311-;\ny en especial todo el título V llamado de las Cargas o Limitaciones a la Propiedad Impuestas por\nLey, en el que se fijan, entre otras, las prohibiciones de construir cerca de pared medianera,\npozos, cloacas, acueductos, etc., -artículo 404-, las que prohíben abrir ventana o claraboya en\npared divisoria, a menos de dos metros y medio por lo menos -artículo 406-, o que den vista a\nhabitaciones, patios o corrales del predio vecino -artículo 407-. Otros ejemplos de lo anterior lo\nconstituyen las exigencias de seguridad y salubridad públicas, las recogidas en la ley que permitan\na la autoridad imponer al propietario reparaciones, remodelaciones o demoliciones de edificaciones\nque amenacen ruina o resulten insalubres, disposiciones recogidas principalmente en el Código Civil\ny en la Ley General de Salud. En este orden de ideas, también deben citarse las leyes referentes a\nla protección de bosques, bellezas naturales, patrimonio cultural y monumentos, que también\nimplican limitaciones la propiedad, como la Ley Forestal, No. 7174 de veintiocho de junio de mil\nnovecientos noventa, Ley de la Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, del veintiuno de\noctubre de mil novecientos noventa y dos, y Ley de Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural\nNo. 4, de octubre de mil novecientos noventa y cinco. VIII. (...) Así, la limitación a la propiedad\nresiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad\nque son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica\nactual, lo hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el\nEstado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la\nimposibilidad de usufructuar el bien\". (sentencia número 2345-96)(...)\" . (la negrita y subrayado\nson nuestros). Con lo anteriormente citado por la Sala Constitucional debemos de concluir la\nobligación de los administrados de cumplir con los retiros, alineamientos y servidumbres de ley\n(artículo 33 de la Ley Forestal y 1, 18 y 19 de la Ley de Construcciones, artículo 58 de la Ley\nde Planificación Urbana) y que estos no implican la violación del derecho de propiedad privada, ya\nque estas limitaciones no vacían el derecho de propiedad, sino que son una carga que deben de\nsoportar los administrados, por cumplir estas con un bien jurídico superior como lo es en el caso\nque nos ocupa el preservar las riberas de la Quebrada Ortiga; en ese mismo sentido, hay un obvio\ninterés público en cumplir con los alineamientos exigidos en el caso de la Quebrada Ortiga que\ncolinda con el terreno de marras y bajo ninguna circunstancia debe el ente municipal resarcir a las\nTemporalidades por el cumplimiento del retiro. Finalmente, en la medida en que la resolución del\nacto final del procedimiento seguido en contra de las Temporalidades -como propietaria registral\ndel terreno donde se realizó la construcción ilegal-, no señala que se tomó como prueba base para\nla misma, las fotografías a las que una vez hizo referencia el Ingeniero Cristian Solano Orozco,\nSubdirector de Urbanismo Municipal (f. 28) de la Municipalidad de Cartago, no se encuentra motivo\nde indefensión y por lo tanto no existe la nulidad alegada. Recapitulando, no existe violación del\ndebido proceso como ha reclamado la parte apelante, por la no aceptación del ente municipal de la\nmedida alternativa por ellos propuesta. La obligación de contar con permisos municipales para\nconstruir, modificar o demoler una edificación está establecida en la ley y es clara, la\nmunicipalidad como gobierno local tiene derecho constitucional a planificar, velar y organizar su\nterritorio, así lo señalan la Constitución, el Código Municipal y las leyes citadas supra, y esto\nno puede ser ignorado por las autoridades de las Arquidiócesis involucradas en este asunto. Acá\nclaramente se incumplió con la normativa y después se ha pretendido reclamar que no se le dio\noportunidad para cumplir y \"ajustar a derecho su situación\". No puede señalar la recurrente que\neste proceso se le ha producido un daño de difícil o imposible reparación, en primer lugar porque\nellos incumplieron no sólo la ley sino también con una orden concreta emitida por funcionarios\npúblicos y no acataron la orden de suspensión de obras y terminaron las construcciones realizadas\nen la propiedad señalada. En ese sentido no es aceptable el argumento de que no existe prueba\ntécnica en el expediente de que las obras en cuestión, no estaban dentro del retiro que establece\nla Ley Forestal, para la Quebrada Ortiga que linda con la propiedad de las Temporalidades; la\nOficina de Catastro del ente municipal sí realizó los estudios correspondientes y concluyó con base\nen la información que al efecto le facilitó el Instituto de Vivienda y Urbanismo, que las\nconstrucciones hechas dentro de esa propiedad sí invaden el retiro obligatorio respecto de la\nQuebrada, convirtiéndose en otro motivo que impedía el aceptar la medida alternativa propuesta por\nla recurrente. Corolario de todo lo anterior es que no puede el ente municipal -sin violentar\nabiertamente la normativa-, admitir la permanencia de una construcción hecha sin cumplir con los\nrequisitos legales necesarios y que incumple asimismo los retiros correspondientes a la Quebrada\nOrtiga; lo único que cabe en este caso es confirmar por estar ajustada a derecho, el acta apelada.\nSe da por agotada la vía administrativa.-“", "body_en_text": "**III. ON THE MERITS:** The appealed acta of the Municipal Council of Cartago must be confirmed. This Tribunal does not find that there are defects in the administrative procedure followed against the Temporalidades of the Catholic Church, this as a result of the construction carried out without municipal permission on the property of the Temporalidades of the Catholic Church, Archdiocese of San José, which is used and administered by the Archdiocese of Cartago. The core point of the appellants' claim is precisely that: that the procedure followed against the registered owner of the property indicated supra violated the principles of Due Process, Right of Defense, Material Truth, Presumption of Innocence, etc., and it must be concluded that this is not the case. Regarding the first allegation of improper notification to the Temporalidades of San José, any nullity that could have applied in this regard was cured when they appeared in the proceeding, as recorded in the acta of the hearing of the procedure and with the appeals that they have filed throughout the process; with this, and as provided by the Law of Notifications (articles 9 and 10) applicable supplementarily to this type of procedure, said legal entity was deemed notified, and the same can be said regarding the other notifications. Regarding the second allegation and the questioning of the actas and actions of the municipal officials and the lack of technical evidence to determine the progress of the works and their age. Let us remember that the Constitution and the laws grant municipal entities powers of organization and administration of their territories, among which is the power of oversight over their territorial jurisdiction; in this sense, municipal inspectors may, according to the law, appear at a property, verify if construction work is being carried out on it, and if so, whether it has the corresponding permits, and if not, they have the authority to notify the persons within the construction that it violates the regulations and the deadline to regularize the lack of permits, as well as the warning that demolition of what has been built may proceed; likewise, they have the authority to order the closure of the construction as a precautionary measure to compel the owners or responsible parties to comply with the corresponding urban planning regulations. In the case at hand, the officials visited the construction carried out outside the law on several occasions and made at least one notification and closure acta and two reports, and in all these visits they verified that there were no required municipal permits, and in this there is not the contradiction that the plaintiff has attempted to emphasize as a way to invalidate those actions. This is a proven fact, and the representation of the Diocese of Cartago has limited itself to arguing that the authorities of the Municipality cannot demonstrate that the constructions on the land are recent; in this case, and by application of article 317 of the Code of Civil Procedure, the burden of proof to oppose the fact alleged by the Municipality corresponded to the Temporalidades; if constructions existed on that land before the closure, it was their obligation to demonstrate that they were made in compliance with the law, and for this they should have provided at least the corresponding permits as evidence, but this was not done. Municipal inspectors have public faith in the performance of their duties, and they verified that works were being carried out on the aforementioned land, works that not only lack the corresponding permit but also fail to comply with the required alignments regarding the margins of streams. In another order of ideas and regarding the fact that no response was given to the proposed alternative measure, although this would point to an omission, it does not imply the nullity claimed; in this case it was not possible to accept \"alternatives\" but only strict compliance with the law; this Tribunal is also struck by the repeated argument of the plaintiff that they wished to remedy the non-compliance with the law and bring the \"works into compliance,\" but if that is or was their desire, the lack of demonstration in the file of at least one minimal act directed toward that end is notable, because not only has the situation of that illegal construction not been regularized, but evasion of compliance with urban planning regulations has been attempted. Regarding the omission they claim in the procedure hearing because they were not allowed to present conclusions, it must be noted that this situation can only be attributed to themselves, since at the appropriate procedural moment they chose not to do so, limiting themselves to stating that they reserved the right to issue conclusions later, this not being possible as the hearing was the appropriate moment to do so. Now, the appellant has mistakenly understood that the Municipality, in order to demand compliance with the setback (retiro) established in article 33 of the Forestry Law, can only do so if it pays for the alignment; this is incorrect, as the Constitutional Chamber has correctly indicated in vote number 4205-96 of fourteen hours thirty-three minutes of August twentieth, nineteen ninety-six, which indicates, in what concerns us, the following: \"(...) III. GENERAL PRINCIPLES OF THE IMPOSITION OF LIMITS ON FUNDAMENTAL RIGHTS. Both doctrine and constitutional jurisprudence have indicated that fundamental rights can be subject to limitations regarding their exercise, as indicated in judgment number 3173-93, of fourteen hours fifty-seven minutes of July sixth, nineteen ninety-three, in which this Chamber expressed: _I. The thesis is commonly accepted that some subjective rights are not absolute, in the sense that they are born limited; firstly, because they develop within the framework of rules regulating social coexistence; and secondly, because their exercise is subject to limits intrinsic to their own nature. (...), For limitations on fundamental rights to be valid, they must be contained in the Constitution itself, or failing that, it must authorize the legislator to impose them, under certain conditions. (...), However, despite the fact that fundamental rights can be subject to certain restrictions, these are legitimate only when they are necessary to make the validity of democratic and constitutional values possible, so in addition to being \"necessary,\" \"useful,\" \"reasonable,\" or \"opportune,\" the restriction must imply the existence of a compelling social need that supports it. In this order of ideas, a distinction must be made between the internal scope, which refers to the proper or essential content of the right —which has been defined as that part of the content without which the right itself loses its peculiarity, or that which makes it recognizable as a right belonging to a certain type—, such that restrictions or limits that make its exercise impracticable, hinder it beyond what is reasonable, or strip it of necessary protection are not permissible; and the external scope, in which the actions of public authorities and third parties become relevant. Likewise, the legitimacy of restrictions on fundamental rights is ordered by a series of principles that this Tribunal has previously indicated —sentence number 3550-92—, for example: 1.- they must be aimed at satisfying an imperative public interest; 2.- to achieve that public interest, the option that restricts the protected right to the least extent must be chosen among several; 3.- the restriction must be proportional to the interest that justifies it and strictly adjusted to achieving that objective; 4.- the restriction must be socially compelling, and therefore exceptional. IV. EVOLUTION OF THE CONCEPT OF LIMITATION ON PRIVATE PROPERTY. (...) Thus, the position of the absolute character of property, as an unlimited and exclusive right, only affected for reasons of expropriation to build public works —the only limitation admitted in the last century— has been replaced by a new vision of property, which, without ceasing to be regulated as a subjective right, provides that its powers are limited and, moreover, that it is subject to duties and obligations. Such limitations on the right to property are the product of the very fact of being part of a community, the same one that guarantees that right, but subjects it to certain regulations with the purpose of achieving an optimal and harmonious enjoyment of the rights of all individuals, and which are characterized, as a matter of principle, by not being compensable. In the specific case of the right to property, the system of intrinsic or internal limitations refers to the proper or essential content of the property right, minimum content that has been defined as the faculty to enjoy and use the good for personal benefit in the case of private property, or for social utility in the case of public property; and the system of external limitations on property is formed by the limitations of social interest, which are of legislative origin and of utmost institutional importance, requiring for their imposition legislative approval with a qualified majority. As stated, in principle, by themselves and by definition, the limitations of social interest imposed on property are not compensable, as they do not imply expropriation, that is, when the property does not suffer dismemberments that make the right disappear. Of course, they do imply a burden or legal duty —in the strict sense—, of not doing, or at most, of tolerating the intrusion of the State into the property for public purposes, a duty that is added to the powers or faculties of the owner, but without denaturing or destroying them. These limitations must be of a general character, which implies not only their addressee, but also the factual premise of its application, since when they become singular or concrete, they could be equated with true expropriations. (...) V. ON THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY AND ITS RELATION TO LIMITATIONS ON THE RIGHT TO PROPERTY —PARAGRAPH TWO OF ARTICLE 45 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. A conception of the right to private property in absolute and practically unlimited terms became the basic support point upon which the Western system was established, consecrating the complete intangibility of the property right as the basic center of the legal system, because it implied complete dominion over the good, absolutely, generally, independently, fully, universally, unlimitedly, and exclusively. However, such a concept has evolved, to the point of proposing the defense of property based on social harmony, and on a social sense of land ownership. The legal basis upon which the protection of property rests is thus modified, and from being an exclusive right for the individual, it becomes a corresponding obligation in favor of the harmonious coexistence of society. The idea of the \"social function\" of property emerged, in which every individual has the obligation to fulfill certain communal obligations, directly by reason of the place they occupy and the interests of the social group they represent. The content of this \"property-function\" consists of the owner having the power to use the good subject to the domain for the satisfaction of their own needs, but correspondingly having the duty to also place it at the service of social needs when such behavior is essential. With this new concept, the attributions of the legislator are broadened to determine the content of the property right, which is achieved through the limits and obligations of social interest they can create, putting an end to its exclusive, sacred, and inviolable sense. This thesis has been recognized by this Tribunal previously; thus, in amparo judgment number 5097-93, it indicated: \"I.) The inviolability of private property is a guarantee of constitutional rank enshrined in canon 45 of the Political Charter. This right, contrary to how it was conceived in other times, is not of a static nature, but rather, according to the demands of our time, it must be considered elastic and dynamic, that is, it attributes to its holders, both internally and externally, the faculties, duties, and limitations. The owner's power over the property is determined by the function it fulfills. The object of the property right has undergone important transformations. Currently, not only the right of the owners is tutelable, but also diverse general or social interests that coexist with it. Objective law frames the content of subjective rights. Each object of law implies a peculiar form of appropriation. Thus, for example, the faculties of dominion relating to an agricultural estate are very different from those corresponding to a farm located in an urban sector of intense use.\" Likewise, along with this principle —of the social function of property— the principle of social solidarity is integrated, from which, as this Constitutional Tribunal previously indicated, \"IV.- [...], is imbued in our Political Constitution, it allows the burden borne by all in favor of all, or even by a few in favor of many, with the requirement that the natural use of the real estate is not affected to the limit of its value as a means of production, or of its market value, that is, that it disappears as a producible identity.\" (Sentence number 2345-96, of nine hours twenty-four minutes of May seventeenth of the current year.) (...) From the foregoing, it is clear that the obligation to compensate by the State is constitutionally provided for only and exclusively when it comes to expropriation and does not apply to the limitations of social interest that are established by law approved by qualified vote, in the terms this Constitutional Tribunal previously indicated in amparo judgment number 5097-93 \"II.) Costa Rican legislation establishes the possibility that, through regulatory plans, private property may be limited in the social interest, and Urban Planning Law can, in turn, develop them. The right to property is framed, then, within certain reasonable limits, within the duties that derive from it. Precisely for this reason, compensation for reasonable urban planning limits and duties is not necessary [...]._ It is clarified that limitations or restrictions on property are of a general nature, and have the virtue of providing the individual with the necessary instruments to mitigate the effects of the harmful activity of their fellow beings. It should be noted that their primary purpose or objective is the rational use of property, which benefits neighbors or, in general, all of society. In this sense, the Full Court, when it exercised functions of constitutional controller, in an extraordinary session of June sixteenth, nineteen eighty-three, stated: \"The limitations —or limits— that may be imposed on property (apart from neighborhood relations and other duties or burdens dealt with by the Civil Code and special laws), are those of 'social interest' authorized by the second paragraph of article 45 of the Constitution and which are aimed at protecting interests of that kind, for the benefit of the whole society or some of its communities; [...]\" VII. Certain limitations on property have always existed as rules incorporated into the Civil Code, such as those referring to the possession and transmission of real estate —article 272—, by virtue of which division is prevented in case of co-ownership; those referring to the height of sidewalks —article 303—; those establishing protection for possible damage caused to third parties by the poor state of buildings or trees —article 311—; and especially the entire title V called Burdens or Limitations on Property Imposed by Law, in which are fixed, among others, the prohibitions of building near a party wall, wells, sewers, aqueducts, etc., —article 404—, those prohibiting opening a window or skylight in a dividing wall, at least less than two and a half meters —article 406—, or overlooking rooms, patios, or yards of the neighboring property —article 407—. Other examples of the foregoing are constituted by public safety and health requirements, those enshrined in the law that allow the authority to impose on the owner repairs, remodeling, or demolitions of buildings that threaten ruin or are unhealthy, provisions mainly enshrined in the Civil Code and the General Health Law. In this order of ideas, mention should also be made of laws concerning the protection of forests, natural beauties, cultural heritage, and monuments, which also imply limitations on property, such as the Forestry Law, No. 7174 of June twenty-eighth, nineteen ninety, the Wildlife Conservation Law No. 7317, of October twenty-first, nineteen ninety-two, and the Law of Historical, Architectural, and Cultural Heritage No. 4, of October nineteen ninety-five. VIII. (...) Thus, the limitation on property resists constitutional scrutiny, when the affectation to the essential attributes of property, which are those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality, makes the nature of the good disappear or makes the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of usufructing the good.\" (sentence number 2345-96)(...)\" . (the bold and underlined are ours). With the foregoing cited by the Constitutional Chamber, we must conclude the obligation of the administered parties to comply with legally required setbacks (retiros), alignments, and easements (servidumbres) (article 33 of the Forestry Law and 1, 18, and 19 of the Construction Law, article 58 of the Urban Planning Law) and that these do not imply a violation of the right to private property, since these limitations do not empty the right to property but are a burden that the administered parties must bear, because they serve a superior legal interest, which in the case before us is preserving the banks of the Ortiga Stream; in this same sense, there is an obvious public interest in complying with the alignments required in the case of the Ortiga Stream that borders the land in question, and under no circumstances must the municipal entity compensate the Temporalidades for compliance with the setback (retiro). Finally, to the extent that the resolution of the final act of the procedure followed against the Temporalidades —as the registered owner of the land where the illegal construction was carried out— does not indicate that the photographs once referenced by Engineer Cristian Solano Orozco, Deputy Director of Municipal Urban Planning (f. 28) of the Municipality of Cartago, were taken as base evidence for it, there is no reason for defenselessness, and therefore the alleged nullity does not exist. Recapitulating, there is no violation of due process as the appellant has claimed, due to the municipal entity's non-acceptance of the alternative measure proposed by them. The obligation to have municipal permits to build, modify, or demolish a building is established in law and is clear; the municipality as a local government has a constitutional right to plan, oversee, and organize its territory, as indicated by the Constitution, the Municipal Code, and the laws cited supra, and this cannot be ignored by the authorities of the Archdioceses involved in this matter. Here, the regulations were clearly breached, and afterward an attempt has been made to claim that no opportunity was given to comply and \"bring their situation into compliance with the law.\" The appellant cannot claim that this process has caused them damage of difficult or impossible reparation, firstly because they breached not only the law but also a specific order issued by public officials and did not comply with the work suspension order and finished the constructions carried out on the indicated property. In this sense, the argument that there is no technical evidence in the file that the works in question were not within the setback (retiro) established by the Forestry Law for the Ortiga Stream, which borders the property of the Temporalidades, is not acceptable; the Cadastre Office of the municipal entity did carry out the corresponding studies and concluded, based on the information provided to it for that purpose by the Instituto de Vivienda y Urbanismo, that the constructions made within that property do invade the mandatory setback (retiro) with respect to the Stream, becoming another reason that prevented accepting the alternative measure proposed by the appellant. A corollary of all the foregoing is that the municipal entity cannot —without openly violating the regulations— admit the permanence of a construction made without complying with the necessary legal requirements and which also fails to comply with the corresponding setbacks (retiros) to the Ortiga Stream; the only thing that is appropriate in this case is to confirm, for being in accordance with the law, the appealed acta. The administrative channel is deemed exhausted.—" }