{ "id": "nexus-ext-1-0034-154022", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Naturaleza demanial y régimen jurídico de la zona marítimo terrestre en refugios de vida silvestre", "title_en": "Demanial nature and legal regime of the maritime-terrestrial zone in wildlife refuges", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia recurrida que declaró la demanialidad de los terrenos ocupados por el actor en Playa Guiones Sur, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. El tribunal determinó que los bienes ubicados en la zona marítimo terrestre son de dominio público, por lo que resultan imprescriptibles, inembargables e inalienables. Se rechazó el alegato del recurrente de que la Ley 6043 no era aplicable por tratarse de un refugio de vida silvestre, al interpretarse que el artículo 73 de dicha ley, lejos de excluir la aplicación de la normativa, la refuerza, sometiendo estas áreas a leyes especiales como la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley Orgánica del Ambiente. Asimismo, se descartó la aplicabilidad de la excepción del artículo 21 de la Ley 6043 para construcciones en riscos, al no haberse acreditado que las edificaciones se encontraran sobre un risco, y por el contrario, se demostró que invadían la zona pública delimitada.", "summary_en": "The First Chamber of the Costa Rican Supreme Court upheld the appealed judgment that declared the demanial nature of the lands occupied by the plaintiff in Playa Guiones Sur, within the Ostional National Wildlife Refuge. The court determined that properties located in the maritime-terrestrial zone are public domain, thus they are imprescriptible, unseizable, and inalienable. It rejected the appellant's argument that Law 6043 was inapplicable because the area is a wildlife refuge, interpreting that Article 73 of said law, far from excluding the application of the norm, reinforces it, subjecting these areas to special laws such as the Wildlife Conservation Law and the Organic Environmental Law. Additionally, the court dismissed the applicability of the exception under Article 21 of Law 6043 for constructions on cliffs, as it was not proven that the buildings were situated on a cliff; on the contrary, it was demonstrated that they encroached upon the delineated public zone.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "property-and-titling", "wildlife-law-7317" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "bienes demaniales", "zona marítimo terrestre", "Refugio Nacional de Vida Silvestre", "pleamar ordinaria", "zona pública", "zona restringida", "inalienabilidad", "usucapión" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 261", "law": "Código Civil" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 10", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 20", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 73", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 83", "law": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre" }, { "article": "Art. 32", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" }, { "article": "Art. 34", "law": "Ley Orgánica del Ambiente" } ], "keywords_es": [ "zona marítimo terrestre", "bienes demaniales", "Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional", "Ley 6043", "dominio público", "inalienabilidad", "imprescriptibilidad", "inembargabilidad", "zona pública", "zona restringida", "posesión", "derecho reforzado", "Sala Primera", "casación" ], "keywords_en": [ "maritime-terrestrial zone", "demanial goods", "Ostional National Wildlife Refuge", "Law 6043", "public domain", "inalienability", "imprescriptibility", "unseizability", "public zone", "restricted zone", "possession", "reinforced law", "First Chamber", "cassation" ], "excerpt_es": "lejos de excluir la zona marítimo terrestre de la aplicación de la Ley 6043, el canon de referencia dispone que cuando tales zonas estén además comprendidas en parques nacionales o reservas equivalentes, entre las cuales cabe señalar los refugios nacionales de vida silvestre, estos estarán sometidos a sus leyes especiales. De ahí que tales secciones de la zona marítimo terrestre, lejos de quedar exentas de regulación, como parece, reclama el inconforme, estarán sometidas a las leyes especiales del caso, de ahí que les sea aplicables la LCVS, la LOA y la propia Ley 6043.", "excerpt_en": "far from excluding the maritime-terrestrial zone from the application of Law 6043, the referenced provision establishes that when such zones are also included in national parks or equivalent reserves, among which national wildlife refuges must be included, these shall be subject to their special laws. Hence, such sections of the maritime-terrestrial zone, far from being exempt from regulation, as the dissenting party seems to claim, shall be subject to the special laws of the case, therefore the Wildlife Conservation Law, the Organic Environmental Law, and Law 6043 itself are applicable to them.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The First Chamber denied the cassation appeal, upholding the judgment that declared the demanial nature of the properties occupied in the public zone of the Ostional National Wildlife Refuge, as they are public domain goods not subject to private possession.", "summary_es": "La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto, confirmando la sentencia que declaró la demanialidad de los inmuebles ocupados en la zona pública del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, al ser bienes de dominio público no susceptibles de posesión privada." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "they are imprescriptible, meaning that the passage of time cannot result in the acquisition of ownership rights over them, not even mere possession; that is, they cannot be acquired through adverse possession, nor can they be lost through prescription", "quote_es": "son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción" }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "the declaration of a National Wildlife Refuge over Playa Guiones creates an ecologically relevant area, grounded on 'reinforced law' norms, for which all provisions that the legal system prescribes as applicable to the site must be observed", "quote_es": "la declaratoria de Refugio Nacional de Vida Silvestre recaída sobre Playa Guiones, crea un ámbito ecológicamente relevante, con base en normas de 'derecho reforzado', para el cual se han de observar todas las disposiciones que el Ordenamiento Jurídico prescribe como aplicables al sitio" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-32006", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6043 Art. 9" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-18579", "norm_num": "7841", "norm_name": "Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Decreto Ejecutivo", "norm_fecha": "16/12/1977" }, { "doc_id": "norm-27738", "norm_num": "7554", "norm_name": "Ley Orgánica del Ambiente", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "04/10/1995" }, { "doc_id": "norm-32006", "norm_num": "6043", "norm_name": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/03/1977" }, { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“II. Previo a ingresar al análisis de los cargos, conviene precisar la naturaleza de los bienes\ndemaniales. Al respecto, esta Cámara ha indicado: “…resulta fundamental referirse al concepto de\ndominio público, y en particular, a los alcances del artículo 261 del Código Civil, el cual\ndiferencia entre bienes públicos y privados, así como los criterios con base en los cuales se puede\ndistinguir entre ambos. Al respecto establece: “Son cosas públicas las que, por ley, están\ndestinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos\npueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. / Todas las demás cosas son privadas y\nobjeto de propiedad particular, aunque, pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el\ncaso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” Como se extrae, la\ndefinición de los bienes privados se hace en forma residual, es decir, pertenecen a esta categoría\ntodos aquellos que no presenten ninguna de las características señaladas para los demaniales. La\njurisprudencia constitucional, tomando en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido\nsobre los bienes que integran el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que\ntienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el\nderecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por\nexpresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la\ncomunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de\nmodo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente\na los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su\nadministración y tutela. […] Así, se trata de bienes cuya titularidad ostenta el Estado en su\ncondición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes que pertenecen (sic) la\n\"Nación\", con lo cual, conforman parte del patrimonio público; y que, por su especial naturaleza\njurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el\ntranscurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera\nposesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse\npor prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos,\nsiempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de\noportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los términos previstos en\nlos artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública–; y las mismas concesiones\nque se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento\nal efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni\npor particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición\nde que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o\nadquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que\nestán excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado.\nAdemás su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes\nque no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento\nes posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso\nde uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración\nPública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico\nvirtualmente opuesto a la propiedad privada, que deriva de lo dispuesto en el artículo 45\nconstitucional.” (Fallo 2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En el mismo\nsentido, consúltese resolución no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de 2011). El\nnumeral 9 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, no. 6043, de 3 de marzo de 1977, refiere que la\nzona marítimo terrestre: “… es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los\nlitorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos\nhorizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar\nen descubierto en la marea baja”. Asimismo, el precepto 10 de la ley de cita, establece que la zona\nmarítimo terrestre: “… se compone de dos secciones: La ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta\nmetros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas que quedan al descubierto durante la\nmarea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de ciento cincuenta metros\nrestantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas\ny formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública”. De igual manera,\nacorde al canon 6 de la ley de cita: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de\nlas ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a\nnombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes”. Asimismo, conforme al\ncardinal 7 de la Ley 6043: “Los terrenos situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser\nobjeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizados\n(sic) a su nombre, por éste u otro medio”. Debe agregarse a lo anterior, conforme al mandato 20 de\nesta Ley, que: “Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto\nde ocupación bajo ningún título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella.\nEstará dedicada al uso público y en especial libre tránsito de las personas (…)”. Ahora bien, el\nnumeral 20, excepciona su aplicación, al indicar: “Se exceptúan de lo anterior aquellas secciones\nque por su configuración geográfica, su topografía o sus condiciones especiales, no puedan\naprovecharse para uso público, en cuyo caso se autorizará su desarrollo por la municipalidad\nrespectiva y el Instituto Costarricense de Turismo, siempre que no se enajenen y se establezca una\nzona de libre tránsito que facilite el uso y disfrute públicos de las playas, riscos y esteros y se\ngarantice la seguridad de los peatones”. Por su parte, el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS,\nincluye dentro del ámbito de cobertura de esa normativa y otorga facultades al SINAC sobre las\nzonas marítimo terrestres, cuando en estas se incluyan Refugios de Vida Silvestre, al disponer: “El\nSistema Nacional de Áreas de Conservación tendrá las facultades y deberes que establece la Ley no.\n6043, respecto de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre que incluyen áreas de la zona marítimo\nterrestre”. De igual importancia, el Transitorio I, de la LCVS, crea el RNVSO, el cual sujeta a\nesta normativa, al indicar: “Créase el Refugio de Vida Silvestre Ostional que, para los efectos de\nesta Ley, estará ubicado en los doscientos metros de la zona marítimo terrestre que se extiende\ndesde Punta India hasta Punta Guiones, Cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste. El Poder\nEjecutivo demarcará el Refugio dentro de las treinta días siguientes a la publicación de esta Ley”.\nAhora bien, el cardinal 32 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 75754, (en lo sucesivo LOA)\nestablece una clasificación de las áreas silvestres protegidas, al referir: “(…) El Poder\nEjecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres\nprotegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a\ncontinuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas\nbiológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. Esas\ncategorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del\nAmbiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben\ncolaborar en la preservación de estas áreas”. Asimismo, el precepto 34 de la LOA, reitera la\npotestad de los órganos del MINAE sobre las áreas silvestres protegidas, al establecer: Artículo\n34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al\nMinisterio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto\ncomo sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las\ncaracterísticas ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”.\nEvidentemente, al tenor de lo dispuesto por las leyes de cita, las áreas silvestres protegidas\nubicadas en la zona marítimo terrestre son bienes afectados al dominio público, respecto de los\ncuales, el SINAC y el MINAE poseen amplias facultades que incluyen el control, prevención o\neliminación de focos de peligrosidad en el manejo de tales zonas para su adecuado aprovechamiento y\nocupación.\n\nVIII. En lo medular, referente al primer cargo, el Tribunal indicó, dada su ubicación y\ncaracterísticas, la posesión como la que alega la actora no resulta útil sobre terrenos públicos.\nAgregó, si bien la simple detentación o el uso autorizado –permiso de uso-, es una figura que\npodría reconocerse en el marco de lo aducido por el accionante, ésta no resulta asimilable a la\nposesión civil para efectos constitutivos de un título como el que alega el actor. Advirtió, dicho\nórgano decisor el numeral 9 de la Ley 6043, describe los elementos naturales de la zona costera\nque conforman ese patrimonio público, incluyendo la ubicación física que describe el actor como su\nubicación. En igual sentido, afirmó, no le asiste la razón al demandante en cuanto reclama falta de\nnormativa con rango de ley sobre la demarcación de la zona marítimo terrestre, puesto que los\nordinales 9 y 10 del citado cuerpo normativo, formulan una descripción precisa del ámbito físico\nque comprende. En todo caso, apuntó, los preceptos 62 y 63 del Reglamento a la Ley 6043, establecen\nregulaciones en punto a la demarcación de la zona pública, lo que no constituye un obstáculo\njurídico para dilucidar la ubicación de la propiedad del actor apelante en este proceso.\nArgumentó, si bien tiene sentido lo que reclama en cuanto a que antes de la promulgación de la Ley\n6043, la legislación “era más permisible para aceptar la posesión”, acorde al principio de que\nnadie tiene derecho a la inmutabilidad del derecho, aún cuando otrora existiesen normas que\npudieren haber sustentado la detentación del terreno, es lo cierto que esa normativa mutó\nsensiblemente, generando la insubsistencia del fundamento que ahora pretende. Manifestó, carece de\nacierto lo aducido en cuanto a que la Ley 6043 no es de aplicación en Playa Guiones Sur, por ser un\nárea declarada Refugio de Vida Silvestre (Ostional), dado que en la realidad el cardinal 73 de la\nLey de cita, produce un incremento sustancial en el nivel regulatorio que pesa sobre dicha zona,\nnunca un efecto liberatorio como lo afirma el recurrente. Aseveró, de acuerdo a la LCVS, al\ndeclarar el sitio como refugio, se protege el recurso natural involucrado, frente al cual han de\nceder los demás intereses concurrentes. En ese sentido, consideró, la declaratoria de Refugio\nNacional de Vida Silvestre recaída sobre Playa Guiones, crea un ámbito ecológicamente relevante,\ncon base en normas de “derecho reforzado”, para el cual se han de observar todas las disposiciones\nque el Ordenamiento Jurídico prescribe como aplicables al sitio. Continuó, el efecto excluyente que\naduce el actor como contenido en el numeral 73 de la Ley 6043, no se produce desde un ángulo\njurídico, sino que este es mas bien inclusivo, omnicomprensivo de la legislación respecto de los\ndistintos fenómenos biológicos y ecológicos que se suscitan en el sitio y en los “ecosistemas\ncircundantes y propiciantes” de su permanencia y sostenibilidad. Destacó, el precepto 73 citado\ntiene otro contenido que no es el aducido por el apelante. Dijo, no tiene razón el inconforme\ncuando afirma que al edificar, no estaba delimitada la zona pública, puesto que –reitera-, de\nacuerdo a la letra del contrato de arrendamiento suscrito con la Municipalidad de Nicoya, el límite\noeste del derecho concedido al señor Páez, es precisamente la “Zona Inalienable” de los 50 metros.\nDe tal manera, explicó, sí se delimitó el derecho concedido, el cual llegaba hasta el referido\nlímite, sin perjuicio de los derechos de los restantes colindantes y del que posee el Estado sobre\nesos fundos. Igualmente, enunció, en punto a si el lote objeto de esta litis se ubica sobre un\nrisco, es lo cierto que no existe prueba contundente que así lo demuestre, siendo el reconocimiento\njudicial practicado por el A quo, prueba de lo contrario, como lo muestra la fotografía recabada\npor la jueza que lo practicó. De esa manera, adujo, se rechaza lo alegado en cuanto a la aplicación\ndel régimen de excepción previsto en el ordinal 21 de la Ley 6043, por cuanto se reitera, no está\nacreditado en el proceso que la especie fáctica esté constituida por una construcción levantada\nsobre un risco. Así, rechazó el argumento de fondo que sostiene el apelante, aquí casacionista,\ncuando alega que las construcciones se ubican materialmente en un risco, motivo por el cual no\nresulta aplicable la Ley 6043. Dicho criterio, indicó, carece además de respaldo normativo, pues en\nefecto, la ley de cita no establece ese evento como causal de exclusión, por el contrario, se ve\nademás atenuado por la opinión que rinde el perito Osbaldo Rodríguez Rodríguez, (folios 767-768 del\nTomo I del principal), en el sentido de que el fenómeno de reducción del área de playa por efectos\nde la dinámica mareal de la zona, reafirma la demanialidad del sitio en que se encuentran las\nconstrucciones objeto del proceso. Para esta Sala resulta innegable, el casacionista sustenta su\nreclamo en una supuesta interpretación indebida del canon 73 de la Ley 6043. Dicho numeral a la\nletra establece: “La presente ley no se aplica a las zonas marítimo terrestres, incluidas en los\nparques nacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva”.\nEvidentemente, el mandato de examen excepciona la aplicación de la Ley 6043, a ciertas secciones\ncalificadas de la zona marítimo terrestre, que se encuentren incluidas en parques nacionales o\nreservas equiparadas a éstas, las cuales, subraya, estarán regidas por sus propias leyes. Al\nrespecto, el Tribunal interpretó que la disposición de marras, no crea el efecto liberatorio que\naduce el recurrente, por el contrario, posee un efecto incluyente, “omnicomprensivo” de la\nlegislación respecto de los distintos fenómenos biológicos y ecológicos presentes en ese tipo de\náreas silvestres protegidas, como lo es el RNVSO, tesis que resulta de recibo. Lejos de excluir la\nzona marítimo terrestre de la aplicación de la Ley 6043, el canon de referencia dispone que cuando\ntales zonas estén además comprendidas en parques nacionales o reservas equivalentes, entre las\ncuales cabe señalar los refugios nacionales de vida silvestre, estos estarán sometidos a sus leyes\nespeciales. De ahí que tales secciones de la zona marítimo terrestre, lejos de quedar exentas de\nregulación, como parece, reclama el inconforme, estarán sometidas a las leyes especiales del caso,\nde ahí que les sea aplicables la LCVS, la LOA y la propia Ley 6043. Ahora bien, nota este órgano\ndecisor que el recurrente no se percata de las consecuencias de su afirmación, pues claramente, el\nordinal 73 de la de la Ley 6043, lejos de excluir del dominio público a las zonas protectoras o\nrefugios silvestres, por el contrario, sujeta dichas áreas a la aplicación de la legislación\nanteriormente citada, la cual agrava en muchos sentidos las potestades estatales sobre tales\nbienes. En ningún modo podría estimarse que una afectación aún mayor respecto de zonas del\ndominio, pudiese dejar al dominio privado, zonas contenidas en los 200 metros de la pleamar. En\nconsecuencia, las afirmaciones del casacionista no alcanzan para desacreditar el análisis que\nrealiza el Tribunal. De esa manera, no posee la fortaleza para quebrar el fallo, toda vez que son\nvalederas las argumentaciones de los juzgadores, en cuanto al refuerzo normativo que posee la\nregulación aplicable a las zonas de examen, las cuales, evidentemente, se encuentran sometidas a\nlas disposiciones de la LCVS, de la LOA y en lo tocante, a la propia Ley 6043, de ahí que el\ncargo deba ser rechazado. […]\n\nX. En el tercer cargo, el recurrente alega infracción de los numerales 261 del CC, canon 73 y\nTransitorio VII de la Ley 6043, por indebida aplicación y desaplicación, básicamente por cuanto\naduce, solo esta última normativa declara pública a la zona marítimo terrestre, de ahí que, al no\nser aplicable al caso concreto, en virtud del precepto 73 de amplia cita, no existe para el caso\nconcreto ninguna otra disposición normativa que establezca la demanialidad de esa zona, en los\nParques Nacionales y Refugios de Vida Silvestre. Estima éste órgano decisor, la tesis del\ncasacionista no es de recibo. Tal y como se esboza en el considerando VII de este fallo, la\ndefinición hecha por el numeral 261 CC respecto de los bienes privados, es residual, esto es, que\nsolo pertenecen a esta categoría los bienes que no presenten las características señaladas para los\ndemaniales. Dicha categorización no solo deriva de la disposición de cita, sino también de la\njurisprudencia constitucional y de esta Sala, acorde a la cual, son bienes del dominio público\naquellos que poseen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los privados, en tanto, por\nexpresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servicio a la\ncomunidad, de claro interés público, y que por esa razón, no son susceptibles de apropiación. Se\ntrata en efecto de bienes de titularidad estatal y de una naturaleza jurídica especial, razón por\nla cual, son imprescriptibles, inembargables, e inalienables. Además su uso y aprovechamiento está\nsujeto al poder de policía, de ahí que su utilización y aprovechamiento solo sea posible a través\nde títulos otorgados por la autoridad competente; bajo el estricto control por parte de la\nAdministración Pública. (Fallo 2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007. En\nel mismo sentido, consúltese el fallo no. 189-2011, de las 9 horas 15 minutos del 3 de marzo de\n2011). De lo anterior resulta, no es aceptable el reclamo esbozado por la recurrente, pues no es\nválido interpretar, respecto de bienes cuyas características particulares han sido ampliamente\nelaboradas tanto por el Tribunal Constitucional como por esta Cámara, que su naturaleza pública\nsolo derive en forma expresa, de la aplicación de la Ley 6043. Aparte de las definiciones que ese\ntexto legislativo ofrece sobre los conceptos de zona marítimo terrestre, zona pública y zona\nrestringida, también el párrafo 2º del precepto 83 de la LCVS, los cardinales 32 y 34 de la LOA, y\n3 inciso i) de la Ley Forestal, no. 7575 de 16 de abril de 1996, definen y someten zonas de ciertas\ncaracterísticas como áreas especiales bajo control del Estado, depositando en en el caso concreto,\nen el MINAE, amplias facultades para ello. Referente a la cita hecha por el casacionista, del\nnumeral 20 de la Ley 6043, es inobjetable, si bien crea un supuesto de excepción, es claro que ésta\nsolo opera respecto de terrenos de cierta configuración geográfica, en los cuales su topografía o\ncondiciones especiales: “…no puedan aprovecharse para uso público…”. La norma de examen, no\nexcepciona, como se ha pretendido hacer ver, las áreas de “riscos o acantilados”. De manera\ndiversa, lo que en efecto dispone, es que ante casos excepcionales en los cuales la topografía o\ncondiciones particulares del terreno, impidan el uso público, la normativa no será aplicable. En\ndichos casos, el numeral 20 refiere, que; “…se autorizará su desarrollo por la municipalidad\nrespectiva y el Instituto Costarricense de Turismo…”, no de manera indiscriminada, sino, siempre y\ncuando “…no se enajenen…”, y, se establezca una zona de libre tránsito que facilite el uso y\ndisfrute públicos de las playas, riscos y esteros. De lo expuesto es evidente, del texto\nlegislativo en cuestión, sin que ello implique una desafectación, puesto que para ello se necesita\nuna norma expresa, se desprende que ante casos de imposibilidad natural para el desarrollo de\nfundos costeros, podrá autorizarse al ICT o al Ayuntamiento correspondiente, para su desarrollo.\nNo hay alusión alguna en la letra de la disposición que permita concluir, una autorización para el\ndesarrollo directo por parte de sujetos privados. Nótese que tampoco se aportaron a la especie\nelementos probatorios que permitan establecer que se está ante un escenario de excepción\nnormativa, por tratarse de una zona de imposible acceso al público, en el cual no resulta de\naplicación la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Por el contrario, se demostró que la construcción\nno. 1 para la cual se solicitó el permiso al MINAE, no está construida sobre riscos o acantilados,\nigualmente, que está edificada en la zona pública, pues invade el mojón no. 11 de la zona pública\nde Playa Guiones, a su vez delimitada por los mojones 10, 11 y 12. (hechos tenidos por demostrados\n16, 17 y 18). De esa manera, resulta incontestable, no se está ante un caso de excepción, ni es\nesta la única disposición legislativa de la cual pueda desprenderse el carácter público de bienes\ndemaniales como los comprendidos en la zona de referencia, razón que impone el rechazo de la\ncensura.”", "body_en_text": "II. Before proceeding to the analysis of the charges, it is pertinent to clarify the nature of public-domain assets (bienes demaniales). In this regard, this Chamber has indicated: “…it is fundamental to refer to the concept of public domain, and in particular, to the scope of Article 261 of the Civil Code, which differentiates between public and private assets, as well as the criteria based on which one can distinguish between the two. In this respect, it establishes: ‘Public things are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those that everyone can take advantage of because they are delivered to public use. / All other things are private and the object of particular property, even if they belong to the State or the Municipalities, who in such case, as civil persons, do not differ from any other person.’ As can be extracted, the definition of private assets is made in a residual form, that is, all those that do not present any of the characteristics indicated for public-domain assets belong to this category. Constitutional jurisprudence, taking into account the provisions of the cited norm, has referred to the assets that make up the public domain in the following terms: ‘they are those that have a nature and legal regime different from private assets—which are governed by the right of property under the terms of Article 45 of the Political Constitution—inasmuch as, by the express will of the legislator, they are affected by a special purpose of serving the community, that is, the public interest, and for that reason, they cannot be the object of private property, so they are outside the commerce of men, and therefore, they cannot belong individually to private parties, nor to the State, in a strict sense, since the latter is limited to their administration and guardianship. […] Thus, these are assets whose ownership is held by the State in its capacity as administrator; it must be understood that these are assets that belong (sic) to the “Nation,” with which they form part of the public patrimony; and which, due to their special legal nature, present the following attributes: they are imprescriptible, which implies that by the passage of time, the right of property over them cannot be acquired, not even mere possession, that is, they cannot be acquired through usucapio, just as they cannot be lost by prescription; a reason why the use permits that the Administration grants over them always have a precarious nature, which means they can be revoked for reasons of opportunity or convenience at any time by the Administration—under the terms provided in Articles 154 and 155 of the General Law of Public Administration—; and the concessions themselves that are granted over them for their exploitation can be canceled, through a procedure for that purpose; they are unattachable, which means they cannot be the object of any lien or embargo, neither by private parties nor by the Administration; and they are inalienable, which translates into the condition that they are outside the commerce of men; hence they cannot be alienated, sold, or acquired, neither free of charge nor for valuable consideration, neither by private parties nor by the State, so they are exempted from the commerce of men and subject to a special and reinforced legal regime. Furthermore, their use and exploitation are subject to police power, inasmuch as, being assets that cannot be the object of possession, much less property, their utilization and exploitation are possible only through duly authorized acts, whether by concession or use permit, granted by the competent authority; and to constant control by the Public Administration. Thus, it comprises immovable assets that have a nature and legal regime virtually opposite to private property, which derives from the provisions of Article 45 of the Constitution.’ (Decision 2007-2408 of 16 hours 13 minutes of February 21, 2007. In the same sense, consult Resolution No. 189-2011, of 9 hours 15 minutes of March 3, 2011). Numeral 9 of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), No. 6043, of March 3, 1977, states that the maritime-terrestrial zone: “… is the strip of two hundred meters in width along the entire length of the Atlantic and Pacific coastlines of the Republic, whatever their nature, measured horizontally from the ordinary high tide line and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide”. Likewise, Precept 10 of the cited law establishes that the maritime-terrestrial zone: “… is composed of two sections: The PUBLIC ZONE (ZONA PUBLICA), which is the strip of fifty meters in width counting from the ordinary high tide line, and the areas left uncovered during low tide; and the RESTRICTED ZONE (ZONA RESTRINGIDA), constituted by the remaining strip of one hundred fifty meters, or by the remaining lands in the case of islands. Islets, crags, and other small areas and natural formations protruding from the sea correspond to the public zone”. Similarly, according to Canon 6 of the cited law: “The provisions of this law shall not apply to the areas of cities situated on the coastlines, nor to properties inscribed, in accordance with the law, in the name of private parties, nor to those whose legitimacy is recognized by law”. Likewise, according to Cardinal 7 of Law 6043: “The lands situated in the maritime-terrestrial zone cannot be the object of possessory information and private parties shall not be able to appropriate them nor have them legalized (sic) in their name, by this or any other means”. It must be added to the above, in accordance with Mandate 20 of this Law, that: “Except for the exceptions established by law, the public zone cannot be the object of occupation under any title or in any case. No one may claim any right over it. It shall be dedicated to public use and especially to the free transit of persons (…)”. Now then, Numeral 20 excepts its application, by indicating: “Excepted from the foregoing are those sections that, due to their geographical configuration, their topography, or their special conditions, cannot be utilized for public use, in which case their development shall be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute, provided they are not alienated and a free transit zone is established that facilitates the public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries and guarantees the safety of pedestrians”. For its part, Paragraph 2 of Precept 83 of the LCVS, includes within the scope of coverage of that regulation and grants powers to SINAC over the maritime-terrestrial zones, when these include Wildlife Refuges, by providing: “The National System of Conservation Areas shall have the faculties and duties established by Law No. 6043, with respect to National Wildlife Refuges that include areas of the maritime-terrestrial zone”. Of equal importance, Transitory Provision I, of the LCVS, creates the RNVSO, which subjects it to this regulation, by indicating: “The Ostional Wildlife Refuge is hereby created, which, for the purposes of this Law, shall be located in the two hundred meters of the maritime-terrestrial zone extending from Punta India to Punta Guiones, Canton of Nicoya, Province of Guanacaste. The Executive Branch shall demarcate the Refuge within thirty days following the publication of this Law”. Now then, Cardinal 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, (hereinafter LOA) establishes a classification of protected wild areas, by stating: “(…) The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wild areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves. b) Protective zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except those established in Article 33 of this law. The municipalities must collaborate in the preservation of these areas”. Likewise, Precept 34 of the LOA, reiterates the power of the organs of MINAE over the protected wild areas, by establishing: “Article 34.- Preventive measures. In the protected wild areas owned by the State, it is the responsibility of the Ministry of Environment and Energy, to adopt adequate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the exploitation or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that have determined its establishment”. Evidently, according to the tenor of the provisions of the cited laws, the protected wild areas located in the maritime-terrestrial zone are assets affected to the public domain, over which SINAC and MINAE possess broad faculties that include the control, prevention, or elimination of danger sources in the management of such zones for their adequate exploitation and occupation.\n\nVIII. In essence, regarding the first charge, the Tribunal indicated that, given its location and characteristics, possession as alleged by the plaintiff is not useful on public lands. It added that, although simple detentorship or authorized use—use permit—is a figure that could be recognized within the framework of what was adduced by the claimant, this is not comparable to civil possession for the constitutive purposes of a title like the one the plaintiff claims. This decision-making body warned that Numeral 9 of Law 6043 describes the natural elements of the coastal zone that make up that public patrimony, including the physical location that the plaintiff describes as his location. In the same sense, it affirmed, the plaintiff is not right in claiming a lack of norms with the rank of law regarding the demarcation of the maritime-terrestrial zone, since Ordinals 9 and 10 of the cited regulatory body formulate a precise description of the physical scope it comprises. In any case, it pointed out, Precepts 62 and 63 of the Regulation to Law 6043 establish regulations regarding the demarcation of the public zone, which does not constitute a legal obstacle to elucidating the location of the appellant plaintiff’s property in this process. It argued that, although what he claims about legislation “being more permissible to accept possession” before the enactment of Law 6043 makes sense, according to the principle that no one has a right to the immutability of law, even though norms that could have sustained the detentorship of the land may have once existed, the truth is that this regulation changed significantly, generating the unviability of the basis he now intends. It stated that what was adduced regarding Law 6043 not being applicable in Playa Guiones Sur, because it is an area declared a Wildlife Refuge (Ostional), lacks correctness, given that in reality Cardinal 73 of the cited Law produces a substantial increase in the regulatory level weighing upon said zone, never a liberalizing effect as the appellant claims. It asserted that, according to the LCVS, by declaring the site a refuge, the involved natural resource is protected, before which other concurrent interests must yield. In that sense, it considered that the declaration of National Wildlife Refuge over Playa Guiones creates an ecologically relevant scope, based on norms of “reinforced law,” for which all the provisions that the Legal System prescribes as applicable to the site must be observed. It continued that the exclusionary effect that the plaintiff claims as contained in Numeral 73 of Law 6043 does not occur from a legal standpoint, but rather this is more inclusive, omni-comprehensive of the legislation regarding the different biological and ecological phenomena that arise on the site and in the “surrounding and promoting ecosystems” for its permanence and sustainability. It stressed that the cited Precept 73 has a different content than that adduced by the appellant. It said that the non-conforming party is not right when he affirms that the public zone was not delimited when building, since—it reiterates—according to the letter of the lease contract signed with the Municipality of Nicoya, the western limit of the right granted to Mr. Páez is precisely the “Inalienable Zone” (Zona Inalienable) of the 50 meters. In such manner, it explained, the granted right was indeed delimited, reaching up to the referred limit, without prejudice to the rights of the remaining adjoining landowners and the right the State possesses over those lands. Likewise, it stated that, regarding whether the lot object of this litigation is located on a cliff, the truth is that there is no conclusive evidence demonstrating this, the judicial inspection carried out by the A quo being proof to the contrary, as shown by the photograph collected by the judge who conducted it. In that way, it adduced, what is alleged regarding the application of the exception regime provided for in Ordinal 21 of Law 6043 is rejected, because it is reiterated, it is not accredited in the process that the factual species is constituted by a construction erected on a cliff. Thus, it rejected the substantive argument sustained by the appellant, the cassation appellant here, when he alleges that the constructions are materially located on a cliff, a reason why Law 6043 is not applicable. That criterion, it indicated, also lacks normative support, for indeed, the cited law does not establish that event as a cause for exclusion; on the contrary, it is further attenuated by the opinion rendered by the expert Osbaldo Rodríguez Rodríguez, (folios 767-768 of Volume I of the principal case file), in the sense that the phenomenon of reduction of the beach area due to the effects of the tidal dynamics of the zone reaffirms the public-domain nature of the site where the constructions object of the process are located. For this Chamber, it is undeniable that the cassation appellant bases his claim on a supposed improper interpretation of Canon 73 of Law 6043. Said numeral literally establishes: “This law does not apply to the maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation.” Evidently, the mandate under examination excepts the application of Law 6043 to certain qualified sections of the maritime-terrestrial zone that are included in national parks or reserves comparable to these, which, it underlines, shall be governed by their own laws. In this regard, the Tribunal interpreted that the provision in question does not create the liberalizing effect the appellant claims; on the contrary, it possesses an inclusive, “omni-comprehensive” effect of the legislation regarding the different biological and ecological phenomena present in that type of protected wild areas, such as the RNVSO, a thesis that is acceptable. Far from excluding the maritime-terrestrial zone from the application of Law 6043, the reference Canon provides that when such zones are also comprised within national parks or equivalent reserves, among which national wildlife refuges may be noted, these shall be subject to their special laws. Hence, such sections of the maritime-terrestrial zone, far from being exempted from regulation, as the non-conforming party seems to claim, shall be subject to the special laws of the case, hence the LCVS, the LOA, and Law 6043 itself are applicable to them. Now then, this decision-making body notes that the appellant does not perceive the consequences of his affirmation, for clearly, Ordinal 73 of Law 6043, far from excluding protective zones or wildlife refuges from the public domain, on the contrary, subjects said areas to the application of the previously cited legislation, which aggravates in many senses the state powers over such assets. In no way could it be considered that an even greater affectation regarding public domain zones could leave zones contained within the 200 meters from the high tide line to the private domain. Consequently, the cassation appellant’s affirmations are insufficient to discredit the analysis performed by the Tribunal. In that manner, they do not have the strength to break the judgment, since the arguments of the judges are valid regarding the normative reinforcement possessed by the regulation applicable to the zones under examination, which, evidently, are subject to the provisions of the LCVS, the LOA, and in relevant part, to Law 6043 itself, hence the charge must be rejected. […]\n\nX. In the third charge, the appellant alleges an infringement of Numeral 261 of the CC, Canon 73, and Transitory Provision VII of Law 6043, for improper application and non-application, basically because he adduces that only this latter regulation declares the maritime-terrestrial zone public, hence, as it is not applicable to the specific case, by virtue of Precept 73 of wide citation, there is no other normative provision for the specific case establishing the public-domain nature of that zone, in National Parks and Wildlife Refuges. This decision-making body considers that the cassation appellant’s thesis is not acceptable. As outlined in Considerando VII of this judgment, the definition made by Numeral 261 CC regarding private assets is residual, meaning that only assets that do not present the characteristics indicated for public-domain assets belong to this category. Said categorization derives not only from the cited provision but also from constitutional jurisprudence and the jurisprudence of this Chamber, according to which, assets of the public domain are those possessing a nature and legal regime different from private ones, inasmuch as, by the express will of the legislator, they are affected by a special purpose of service to the community, of clear public interest, and for that reason, they are not susceptible to appropriation. These are indeed assets of state ownership and of a special legal nature, which is why they are imprescriptible, unattachable, and inalienable. Furthermore, their use and exploitation are subject to police power, hence their utilization and exploitation are only possible through titles granted by the competent authority; under strict control by the Public Administration. (Decision 2007-2408 of 16 hours 13 minutes of February 21, 2007. In the same sense, consult Decision No. 189-2011, of 9 hours 15 minutes of March 3, 2011). From the foregoing, it results that the claim outlined by the appellant is not acceptable, for it is not valid to interpret, regarding assets whose particular characteristics have been widely elaborated upon both by the Constitutional Tribunal and by this Chamber, that their public nature derives only expressly from the application of Law 6043. Apart from the definitions that that legislative text offers on the concepts of maritime-terrestrial zone, public zone, and restricted zone, Paragraph 2 of Precept 83 of the LCVS, Cardinals 32 and 34 of the LOA, and Section 3, subsection i) of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of April 16, 1996, also define and subject zones of certain characteristics as special areas under State control, depositing, in the specific case, in MINAE, broad faculties for this. Regarding the citation made by the cassation appellant, of Numeral 20 of Law 6043, it is unquestionable that, although it creates a scenario of exception, it is clear that this only operates with respect to lands of certain geographical configuration, on which their topography or special conditions: “…cannot be utilized for public use…”. The norm under examination does not except, as has been attempted to be shown, the areas of “cliffs or precipices.” In a different manner, what it in effect provides is that in exceptional cases in which the topography or particular conditions of the land prevent public use, the regulation shall not be applicable. In such cases, Numeral 20 states that; “…their development shall be authorized by the respective municipality and the Costa Rican Tourism Institute…”, not indiscriminately, but, provided that “…they are not alienated…”, and a free transit zone is established that facilitates the public use and enjoyment of the beaches, cliffs, and estuaries. From the foregoing, it is evident, from the legislative text in question, without this implying a removal from public domain, since an express norm is needed for that, that before cases of natural impossibility for the development of coastal lands, it may be authorized to the ICT or the corresponding Municipality for their development. There is no allusion whatsoever in the letter of the provision that allows one to conclude an authorization for direct development by private subjects. Note that probative elements were not contributed to the case either that would allow establishing that one is before a scenario of normative exception, because it is a zone of impossible public access, in which the Maritime-Terrestrial Zone Law is not applicable. On the contrary, it was demonstrated that construction No. 1 for which the permit was requested from MINAE is not built on cliffs or precipices; equally, that it is built in the public zone, as it invades boundary marker No. 11 of the public zone of Playa Guiones, delimited in turn by boundary markers 10, 11, and 12. (facts taken as proven 16, 17, and 18). In that manner, it is incontestable that one is not before a case of exception, nor is this the only legislative provision from which the public nature of public-domain assets like those comprised in the zone of reference can be inferred, a reason that imposes the rejection of the criticism." }