{
  "id": "nexus-ext-1-0034-154445",
  "citation": "",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Venta de energía eléctrica por operadores privados a terceros distintos del ICE",
  "title_en": "Sale of electricity by private operators to third parties other than ICE",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo analiza si la restricción de la ARESEP que impide a generadores privados vender energía a terceros distintos del ICE es conforme a derecho. Concluye que sí, porque la Ley 7200 solo autoriza la venta exclusiva al ICE, la generación eléctrica es un servicio público sujeto a concesión y, al usar aguas de dominio público, se requiere una ley marco según el artículo 121 inciso 14 de la Constitución, la cual no existe para venta a terceros. Además, la Ley 8723 establece límites para las concesiones hidroeléctricas, y la participación privada está restringida a los capítulos I y II de la Ley 7200 y a las cooperativas rurales o empresas municipales según la Ley 8345. En consecuencia, declara sin lugar la demanda, confirmando que la venta de energía a terceros carece de sustento legal en el ordenamiento costarricense.",
  "summary_en": "The Administrative Appeals Court analyzed whether ARESEP's restriction preventing private generators from selling electricity to third parties other than ICE is lawful. It concluded that it is, because Law 7200 only authorizes exclusive sale to ICE, electricity generation is a public service subject to concession, and the use of public waters requires a framework law under Article 121(14) of the Constitution, which does not exist for third-party sales. Further, Law 8723 sets limits on hydroelectric concessions, and private participation is restricted to Law 7200 Chapters I and II and to rural cooperatives or municipal utilities under Law 8345. Thus, the court dismissed the claim, confirming that selling electricity to third parties lacks legal basis in Costa Rican law.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "14/08/2014",
  "year": "2014",
  "topic_ids": [
    "water-law"
  ],
  "primary_topic_id": "water-law",
  "es_concept_hints": [
    "servicio público",
    "concesión",
    "aguas de dominio público",
    "bien de la Nación",
    "ley marco",
    "principio de legalidad",
    "explotación racional",
    "ARESEP"
  ],
  "article_citations": [
    {
      "law": "Constitución Política",
      "article": "6",
      "doc_id": "norm-871",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Constitución Política 0",
      "article": "6",
      "doc_id": "norm-871",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Constitución Política",
      "article": "8",
      "doc_id": "norm-871",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Constitución Política 0",
      "article": "8",
      "doc_id": "norm-871",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Constitución Política",
      "article": "121",
      "doc_id": "norm-871",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Constitución Política 0",
      "article": "121",
      "doc_id": "norm-871",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley General de la Administración Pública",
      "article": "12",
      "doc_id": "norm-13231",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 6227",
      "article": "12",
      "doc_id": "norm-13231",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "article": "3",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7200",
      "article": "3",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "article": "5",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7200",
      "article": "5",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "article": "6",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7200",
      "article": "6",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "article": "7",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7200",
      "article": "7",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "article": "13",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7200",
      "article": "13",
      "doc_id": "norm-7591",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)",
      "article": "5",
      "doc_id": "norm-26314",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7593",
      "article": "5",
      "doc_id": "norm-26314",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)",
      "article": "9",
      "doc_id": "norm-26314",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 7593",
      "article": "9",
      "doc_id": "norm-26314",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.",
      "article": "1",
      "doc_id": "norm-50204",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 8345",
      "article": "1",
      "doc_id": "norm-50204",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.",
      "article": "11",
      "doc_id": "norm-50204",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 8345",
      "article": "11",
      "doc_id": "norm-50204",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica",
      "article": "14",
      "doc_id": "norm-65395",
      "source": "metadata"
    },
    {
      "law": "Ley 8723",
      "article": "14",
      "doc_id": "norm-65395",
      "source": "metadata"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "generación eléctrica",
    "servicio público",
    "concesión",
    "aguas de dominio público",
    "Ley 7200",
    "ICE",
    "ARESEP",
    "venta de energía",
    "Ley 7593",
    "Ley 8723",
    "principio de legalidad",
    "bien de la Nación",
    "explotación racional",
    "ley marco",
    "contrato de compraventa",
    "energía renovable",
    "cooperativas de electrificación"
  ],
  "keywords_en": [
    "electricity generation",
    "public service",
    "concession",
    "public waters",
    "Law 7200",
    "ICE",
    "ARESEP",
    "energy sales",
    "Law 7593",
    "Law 8723",
    "principle of legality",
    "national asset",
    "rational exploitation",
    "framework law",
    "purchase agreement",
    "renewable energy",
    "rural electrification cooperatives"
  ],
  "excerpt_es": "Segundo: De la conceptualización de la generación eléctrica como servicio público: Asimismo, como elemento también esencial que incide en esta actividad, debe considerarse que en nuestro ordenamiento, la generación eléctrica es un servicio público, en los términos establecidos en el artículo 5 inciso a) de la Ley 7593. Nótese que esta disposición no distingue la fuente de obtención de la energía, por lo que en estos términos, es servicio público la generación de energía eléctrica, independientemente de que se obtenga de las fuerzas de las aguas, de hidrocarburos, de desechos orgánicos, o la energía aeólica, etc. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio e igualdad (artículo 4 de la citada Ley General, número 6227)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto de entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley marco, máxime como en este caso, cuando se trata de la explotación de un bien de la Nación. Es decir, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella, sea, generar energía; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y la generación eléctrica en particular, en las comentadas Leyes 8723, 7200 y 7593 y reglamentarias (tal como el Reglamento al Capítulo II de la Ley 7200, Decreto Ejecutivo número 24866, del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cinco). En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al órgano encargado de la materia, en este caso a la ARESEP en virtud de la encomienda expresa dada en los numerales 5 de la Ley 7200 -por reforma dada con ocasión de la promulgación de la Ley 7593, en tanto transformó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y con ello, todas las competencias que otrora habían sido delegadas a aquella entidad, a partir de esta nueva regulación se entiende las asume la nueva institución autónoma-, y 9 párrafo final de la citada Ley 7593. Así, le corresponde a la ARESEP la competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión; todo lo anterior, con sujeción estricta al bloque de legalidad, en los términos establecidos en la Ley General de la Administración Pública, sea con referencia en las fuentes escritas, comenzando con la Constitución Política (artículo 6), las fuentes no escritas (artículo 7) y por supuesto las reglas de la ciencia y de la técnica (artículos 16 y 158.3).",
  "excerpt_en": "Second: On the conceptualization of electricity generation as a public service: Likewise, as another essential element affecting this activity, it must be considered that in our legal system, electricity generation is a public service, under the terms established in Article 5(a) of Law 7593. Note that this provision does not distinguish the source of energy, so electricity generation is a public service regardless of whether it is obtained from water power, hydrocarbons, organic waste, wind energy, etc. This condition itself subjects its exercise to the regulations of Administrative Law, both with respect to the entity in charge and the purpose – by legal reserve, as an expression of the principle of minimum regulation set forth in Article 12 of the General Public Administration Law – and with respect to the principles governing it – continuity, efficiency, adaptation to change, and equality (Article 4 of the aforementioned General Law, No. 6227); and its development, through concession to both public entities and private individuals, in accordance with the provisions established in the framework law, especially, as in this case, when it involves the exploitation of a national asset. That is, its exercise is not free, in a double sense, since it cannot be performed by any person by virtue of their own will, but requires an enabling title to participate, i.e., to generate energy; and furthermore, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions regulating the provision of public services in general and electricity generation in particular, in the aforementioned Laws 8723, 7200, and 7593 and their regulations (such as the Regulation to Chapter II of Law 7200, Executive Decree No. 24866, of December twenty-second, nineteen ninety-five). Consequently, a special subjection regime is configured for concessionaires in their relationship with the Administration, under which special powers are recognized to the body in charge of the matter, in this case ARESEP, by virtue of the express mandate given in Articles 5 of Law 7200 – as amended upon the enactment of Law 7593, which transformed the National Electricity Service (SNE) into the Public Services Regulatory Authority, and thus, all powers formerly delegated to that entity are understood to be assumed by the new autonomous institution – and the final paragraph of Article 9 of the cited Law 7593. Thus, ARESEP is responsible for granting, modifying, transferring, declaring expired, or revoking a concession; all the above, in strict compliance with the block of legality, under the terms established in the General Public Administration Law, that is, with reference to written sources, starting with the Political Constitution (Article 6), unwritten sources (Article 7), and of course the rules of science and technology (Articles 16 and 158.3).",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The claim is dismissed, confirming that the restriction on selling electricity to third parties issued by ARESEP is lawful.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar la demanda, confirmando que la restricción de venta de energía eléctrica a terceros dictada por ARESEP es conforme al ordenamiento jurídico."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Cita de la sentencia 2008-14922 de la Sala Constitucional",
      "quote_en": "For the energy generated by private entrepreneurs to be commercialized directly, a change in national legislation is required. This is because private generators must comply with the provisions regulating service concessions and the use of public domain available to them. In Costa Rican law, there is no legal regulation granting a concession to produce energy and exploit public waters for sale to third parties other than ICE.",
      "quote_es": "Para que la energía generada por los empresarios privados pueda ser comercializada directamente, se requiere un cambio de la legislación nacional. Ello en el tanto en que los generadores privados deben sujetarse a las disposiciones que regulan las concesiones de servicio y de uso de dominio público de que disponen. En el ordenamiento jurídico costarricense no existe ninguna regulación legal que otorgue la concesión para producir energía y explotar las aguas públicas para una venta a terceros, distintos del ICE."
    },
    {
      "context": "Considerando IV, segundo punto",
      "quote_en": "Electricity generation is a public service, under the terms established in Article 5(a) of Law 7593. Note that this provision does not distinguish the source of energy, so electricity generation is a public service regardless of whether it is obtained from water power, hydrocarbons, organic waste, wind energy, etc.",
      "quote_es": "la generación eléctrica es un servicio público, en los términos establecidos en el artículo 5 inciso a) de la Ley 7593. Nótese que esta disposición no distingue la fuente de obtención de la energía, por lo que en estos términos, es servicio público la generación de energía eléctrica, independientemente de que se obtenga de las fuerzas de las aguas, de hidrocarburos, de desechos orgánicos, o la energía aeólica, etc."
    },
    {
      "context": "Considerando IV, conclusión del análisis",
      "quote_en": "There is no legal regulation in our country regarding the generation of electricity by private individuals for sale to third parties, in the terms requested by the plaintiff in its lawsuit, that is, based on Law 7200.",
      "quote_es": "no existe regulación legal en nuestro país en relación a la generación de energía eléctrica de particulares para la venta a terceros, en los términos en que lo pide la sociedad actora en su demanda, esto es, sobre la base de la Ley 7200"
    }
  ],
  "cites": [
    {
      "id": "norm-871",
      "citation": "Constitución Política 0 (Asamblea Nacional Constituyente, 07/11/1949)",
      "title_en": "Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment — Article 50 of the Political Constitution",
      "title_es": "Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado — Artículo 50 de la Constitución Política",
      "doc_type": "constitution",
      "date": "07/11/1949",
      "year": "1949"
    },
    {
      "id": "norm-13231",
      "citation": "Ley 6227",
      "title_en": "General Law of Public Administration",
      "title_es": "Ley General de la Administración Pública",
      "doc_type": "law",
      "date": "02/05/1978",
      "year": "1978"
    },
    {
      "id": "norm-7591",
      "citation": "Ley 7200",
      "title_en": "Autonomous or Parallel Electric Generation Law",
      "title_es": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "doc_type": "law",
      "date": "28/09/1990",
      "year": "1990"
    },
    {
      "id": "norm-26314",
      "citation": "Ley 7593",
      "title_en": "Public Services Regulatory Authority Law",
      "title_es": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)",
      "doc_type": "law",
      "date": "09/08/1996",
      "year": "1996"
    },
    {
      "id": "norm-65395",
      "citation": "Ley 8723",
      "title_en": "Framework Law for Concession of Hydraulic Forces for Hydroelectric Generation",
      "title_es": "Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas",
      "doc_type": "law",
      "date": "22/04/2009",
      "year": "2009"
    }
  ],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-871",
        "kind": "cited_norm",
        "label": "Constitución Política"
      },
      {
        "target_id": "norm-13231",
        "kind": "cited_norm",
        "label": "Ley General de la Administración Pública"
      },
      {
        "target_id": "norm-7591",
        "kind": "cited_norm",
        "label": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela"
      },
      {
        "target_id": "norm-26314",
        "kind": "cited_norm",
        "label": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)"
      },
      {
        "target_id": "norm-65395",
        "kind": "cited_norm",
        "label": "Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica"
      }
    ],
    "external": [
      {
        "ref_id": "norm-50204",
        "url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=50204&strTipM=FN",
        "kind": "cited_norm",
        "label": "Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.",
        "norm_id": "50204"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0007-81820",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0007-81820"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0007-185363",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0007-185363"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0007-248547",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0007-248547"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0007-489764",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0007-489764"
      }
    ]
  },
  "source_url": "",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [
    {
      "doc_id": "norm-871",
      "norm_num": "0",
      "norm_name": "Constitución Política",
      "art_num": "6",
      "art_scij": "4854",
      "norm_fecha": "07 Nov 1949",
      "tipo_norma": "Constitución Política",
      "norm_ver": "95479",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-871",
      "norm_num": "0",
      "norm_name": "Constitución Política",
      "art_num": "8",
      "art_scij": "4856",
      "norm_fecha": "07 Nov 1949",
      "tipo_norma": "Constitución Política",
      "norm_ver": "95479",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-871",
      "norm_num": "0",
      "norm_name": "Constitución Política",
      "art_num": "121",
      "art_scij": "4969",
      "norm_detalle": "Inciso 14.a",
      "norm_fecha": "07 Nov 1949",
      "tipo_norma": "Constitución Política",
      "norm_ver": "95479",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-13231",
      "norm_num": "6227",
      "norm_name": "Ley General de la Administración Pública",
      "art_num": "12",
      "art_scij": "77080",
      "norm_fecha": "02 May 1978",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "90116",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-7591",
      "norm_num": "7200",
      "norm_name": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "art_num": "3",
      "art_scij": "45242",
      "norm_fecha": "28 Sep 1990",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "8139",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-7591",
      "norm_num": "7200",
      "norm_name": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "art_num": "5",
      "art_scij": "45244",
      "norm_fecha": "28 Sep 1990",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "8139",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-7591",
      "norm_num": "7200",
      "norm_name": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "art_num": "6",
      "art_scij": "45245",
      "norm_fecha": "28 Sep 1990",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "8139",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-7591",
      "norm_num": "7200",
      "norm_name": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "art_num": "7",
      "art_scij": "45246",
      "norm_fecha": "28 Sep 1990",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "8139",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-7591",
      "norm_num": "7200",
      "norm_name": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "art_num": "13",
      "art_scij": "45252",
      "norm_fecha": "28 Sep 1990",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "8139",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-26314",
      "norm_num": "7593",
      "norm_name": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)",
      "art_num": "5",
      "art_scij": "127969",
      "norm_detalle": "Inciso a",
      "norm_fecha": "09 Ago 1996",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "80920",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-26314",
      "norm_num": "7593",
      "norm_name": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)",
      "art_num": "9",
      "art_scij": "127973",
      "norm_detalle": "Párrafo 3",
      "norm_fecha": "09 Ago 1996",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "80920",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-50204",
      "norm_num": "8345",
      "norm_name": "Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.",
      "art_num": "1",
      "art_scij": "2",
      "norm_fecha": "26 Feb 2003",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "73659",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-50204",
      "norm_num": "8345",
      "norm_name": "Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.",
      "art_num": "11",
      "art_scij": "12",
      "norm_fecha": "26 Feb 2003",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "73659",
      "art_subnum": "0"
    },
    {
      "doc_id": "norm-65395",
      "norm_num": "8723",
      "norm_name": "Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica",
      "art_num": "14",
      "art_scij": "15",
      "norm_fecha": "22 Abr 2009",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_ver": "76451",
      "art_subnum": "0"
    }
  ],
  "cited_norms_inverted": [
    {
      "doc_id": "norm-26314",
      "norm_num": "7593",
      "norm_name": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "09/08/1996"
    },
    {
      "doc_id": "norm-65395",
      "norm_num": "8723",
      "norm_name": "Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "22/04/2009"
    },
    {
      "doc_id": "norm-7591",
      "norm_num": "7200",
      "norm_name": "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "28/09/1990"
    }
  ],
  "sentencias_relacionadas": [
    "sen-1-0007-81820",
    "sen-1-0007-185363",
    "sen-1-0007-248547",
    "sen-1-0007-489764"
  ],
  "temas_y_subtemas": [
    {
      "id": 1,
      "nombre": "Proceso contencioso administrativo",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Regulación y consideraciones sobre la explotación del agua para generación eléctrica en el ordenamiento jurídico nacional"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 5,
      "nombre": "Aguas",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Consideraciones sobre su explotación para generación eléctrica dentro del dominio público del territorio nacional"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "nombre": "Instituto Costarricense de Electricidad",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Regulación y consideraciones sobre la explotación del agua para generación eléctrica en el ordenamiento jurídico nacional"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "nombre": "Aguas de dominio público",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Consideraciones sobre su explotación para generación eléctrica en el territorio nacional"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 3,
      "nombre": "Energía eléctrica",
      "Subtemas": [
        {
          "id": 1,
          "nombre": "Conceptualización de la generación eléctrica como servicio público"
        },
        {
          "id": 2,
          "nombre": "Consideraciones respecto a la explotación del agua"
        }
      ]
    }
  ],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "“IV. DE LA REGULACIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL ORDENAMIENTO\nJURÍDICO NACIONAL.- De las argumentaciones\nque sustentan la demanda y su oposición de parte de la institución accionada,\nse evidencia que la discusión se centra en si la restricción de venta de la\nenergía eléctrica que produzcan los operadores privados a terceros, es decir, a\noperador distinto del Instituto Costarricense de Electricidad, al tenor de las\nregulaciones contenidas en la Ley 7200, que Autoriza la Generación Eléctrica\nAutónoma o Paralela, del veintiocho de setiembre del año de mil novecientos\nnoventa, contenida en el punto II. Quinto de la Resolución de la Junta\nDirectiva de la ARESEP número RJD-027-2012, es conforme o no al ordenamiento\njurídico. Por este motivo, se estima necesario tener claro el ámbito de la\ngeneración eléctrica en nuestro país, esto es en la forma cómo está regulado en\nnuestro ordenamiento jurídico, para luego confrontarlo con la actuación formal\nimpugnada. En este escenario, y siendo que la sociedad actora pretende que se\nle permita vender a terceros -sin especificar a quiénes en particular- la\nenergía que genere del aprovechamiento de la fuerza de las aguas del dominio\npúblico del territorio nacional (río Caño Grande y Quebrada Las Delicias, ubicados\nen Venecia, San Carlos), conforme a concesión de aprovechamiento de agua\notorgada por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en\nresolución R-0116-2012-AGUAS-MINAET, de las once horas veinticinco minutos del\ndos de febrero del dos mil doce -hecho probado 5.), resulta obligado hacer\nreferencia, a las condiciones en que debe de darse esa explotación, en nuestro\nordenamiento, teniendo como base dos puntos esenciales, a saber:\n\n\n\nPrimero. De la\nexplotación de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio\npúblico del territorio nacional: Es p recisamente por la naturaleza del bien de que se trata,\nque se le tiene como un bien de la Nación, al tenor de lo cual, no\npertenece al Estado ni a una entidad pública determinada, ni mucho menos a los\nparticulares, sino a \"la Nación\", es decir a la colectividad\nen su conjunto, conforme lo expresa el propio numeral 121 inciso 14) punto a)\nde la Constitución Política, y clasificación enunciada en la sentencia\n2001-10466, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre\ndel dos mil uno de la Sala Constitucional-; al tenor de lo cual, por esta\ncondición, tiene una tutela reforzada en tanto, no podrá \"salir\ndefinitivamente del dominio del Estado \", por la que su explotación estará a cargo de la\nAdministración Pública, o de particulares \" de acuerdo con la ley o\nmediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a a las\ncondiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa\",\nsegún prevé de manera expresa el párrafo final del citado numeral. Es decir, se\ntrata de un \"bien\", en sentido técnico jurídico, que en tal\nvirtud le hace merecedor de la tutela jurídica, en este caso reforzada. En este\nsentido, este tipo de bienes, integran la unidad del Estado, y junto con su\norganización política, económica y social, persiguen la satisfacción -en plano\nde igualdad- de los intereses generales, su objetivo principal es alcanzar el\nbien común; lo cual se constituye en la principal razón para justificar el impedimento,\npor lo menos en principio, para la libre disposición a los administrados de\nesta categoría de bienes. Por esa especial protección jurídica, es que no son\nsusceptibles de ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la\nAdministración Pública para fines particulares, ni ser destinados a fines\ndistintos de los que le determina su propia esencia y naturaleza. En todo caso,\nsu protección -en los términos que resulten necesarios- y administración,\ncorresponden al Estado, en nombre de la Nación (tomo III. de las Actas de la\nAsamblea Nacional Constituyente, Sesión número 168, pagina. 468). Por este\nmotivo el constituyente optó por el control legislativo en los casos en que es\nposible enajenar estos bienes, o incorporar nuevos bienes a usos públicos; sin\nembargo, algunos de éstos no pueden ser objeto de desafectación, siquiera por\nley de la República (caso en el que nos encontramos), por cuanto por su\nespecial naturaleza, han recibido una especial afectación constitucional, que\nlos excepciona del comercio los hombres; y en este sentido, son inalienables,\ninembargables e imprescriptibles, y los sujeta en cuanto a su explotación, al\npoder de policía de la Administración. Como se enunció supra, sí pueden ser\nobjeto de explotación racional por el Estado o los particulares \n\n\n\n\"[...] de\nacuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo\ndeterminado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la\nAsamblea Legislativa\" (inciso 14) del artículo 121 de la Constitución\nPolítica.)\n\n\n\nEs así, como la jurisprudencia constitucional, en\nsentencia número 6240-93, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de\nmil novecientos noventa y tres, examinó la posibilidad de que la Asamblea\nLegislativa acuda a la técnica, denominada \"ley marco \", para cumplir la exigencia de la norma en\ncomentario. En esa ocasión se indicó:\n\n\n\n\"En\neste caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración Pública la\npotestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no\ncomprende la de sustituir del todo la función de la primera, como se dirá\nadelante. En esta hipótesis el delegado puede ser cualquier ente del ámbito\npúblico -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación\nadministrativa (artículo 140 inciso 14) Constitución), como cualquier otra\nentidad descentralizada de la Administración Pública- pero no como, se propone\nen el proyecto, un simple órgano desconcentrado dentro de una cartera del\nEjecutivo.\"\n\n\n\nCriterio reiterado -entre otras- en la sentencia número\n2001-10466, supra citada, en que consideró, en lo que interesa:\n\n\n\n\"La Ley\nde Aguas (artículo 176), a partir de la reforma al transitorio V de la Ley 7593\ndel 9 de agosto de 1996, ciertamente atribuyó competencia al MINAE para otorgar\nconcesiones destinadas a aprovechar las aguas públicas en producción de energía\neléctrica. Sin embargo, la sola asignación de competencia no puede asimilarse a\nuna ley marco regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión\n(requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc.) y menos\naún, cuando están de por medio bienes que ni siquiera por ley ordinaria pueden\nser desafectados. Una interpretación libre del régimen que regula esta materia,\npodría conducir a una desafectación <de hecho> de los bienes de la\nNación, lo que a todas luces es insostenible. La Sala estima que al derogarse\nla Ley 258, se dejó sin ley marco todo lo referente a las concesiones de agua\npara la explotación de energía, precisamente el supuesto del que se ocupa el\ninciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. La ley marco que ha\nseñalado esta Sala como posible en esta materia, debe tener regulaciones\nclaras, concretas sobre la concesión a otorgar, pues se trata de la explotación\nde bienes de la Nación; no por casualidad el propio constituyente estableció\nque la ley debía ocuparse de <condiciones y estipulaciones>, que no son\notra cosa que un marco normativo detallado en razón del bien involucrado.\nResulta importante, a los efectos de esta sentencia, indicar que el concepto de\nley marco resulta acorde con el Derecho de la Constitución. El desarrollo\njurisprudencial de esta Sala permite sostener que la ley marco que se echa de\nmenos, no podría ser similar a la Ley No. 258 del 18 de agosto de 1941 y sus\nreformas, ni a la vigente Ley de Aguas, pues esos <marcos> resultarían\ninsuficientes para lograr la adecuada regulación de la explotación racional del\nrecurso hídrico. No basta con establecer que una determinada cuenca tiene\npotencial hidroeléctrico, como lo exigía la derogada Ley de SNE, es necesario\nplanificar la instalación de este tipo de proyectos de manera que, entre otros\naspectos a considerar, se tome en cuenta que no se impida a las futuras\ngeneraciones -cuyos derechos se encuentran tutelados por el Derecho de la\nConstitución- disfrutar del recurso hídrico y los demás recursos naturales,\ncomo por ejemplo, para la preservación de la fauna, los ecosistemas, el clima,\ngarantizar la navegación y el disfrute escénico y artístico entre otros. La\nDeclaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 14 de junio de\n1992 establecieron como principio tercero <el derecho al desarrollo debe\nejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del\ndesarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras>; el cuarto\nprincipio dispone <A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección\ndel medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo\ny no podrá considerarse en forma aislada>. De acuerdo con lo expuesto, la\nderogada Ley del SNE y la antigua Ley de Aguas, distan mucho de ser el modelo\nde ley marco que actualmente requiere el Derecho de la Constitución. Por lo\nexpuesto, la Sala estima inadmisibles las interpretaciones que sugieren que la\nLey de Aguas es la ley marco requerida para la explotación de la <fuerza de\nlas aguas> por particulares, pues nunca ha sido el marco normativo\nregulatorio de esta materia; su contenido se limitó a complementar determinadas\ndisposiciones sobre la materia, en un momento histórico, sin que pueda dársele\nahora, en ausencia de una adecuada regulación, una función que no tiene.\nTampoco encuentra esta Sala que exista un verdadero interés público en\napartarse de la conclusión anterior, ya que el ICE conserva la posilibidad\n(sic) de explotar tanto la fuerza de las aguas como otras formas de\ngeneración de energía para satisfacer la demanda nacional y en igual condición\nse encuentran – sin que ello implique valoración de esos contratos- aquellos\nconcesionarios oportunamente autorizados por el SNE para realizar esa actividad\n<en capacidad limitada>. En todo caso, aún subsiste para el particular\ninteresado en este tipo de actividad, la posibilidad de acudir a la Asamblea\nLegislativa a solicitar la concesión de su interés y corresponderá a ella\nestablecer la oportunidad en la regulación de la materia, sin que ello pueda\nhacerlo válidamente el operador jurídico ni el Poder Ejecutivo a través de su\npotestad reglamentaria.\" (En igual\nsentido, puede consultarse la número 2001-6669, de las catorce horas cincuenta\ny seis minutos del once de julio del dos mil uno.)\n\n\n\nEn virtud de lo anterior, ese Alto Tribunal señaló que\npara la explotación racional del patrimonio de la Nación, se requiere de una\nley marco reguladora del proceso, a través de concesiones, sea por las\ninstituciones del Estado (por ejemplo, del Instituto Costarricense de\nElectricidad en relación con la explotación del recurso hídrico), o por los\nadministrados (como lo es la contratación de la generación eléctrica),\nnormativa que debe contener regulaciones claras y concretas sobre los\nrequisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc. Así,\nal tenor del mandato constitucional enunciado, se requiere una legislación\nespecial que regule la situación, a efecto de permitir a los particulares\n(administrados) la participación, en este caso, en la actividad de la\ngeneración de energía eléctrica, a través de la respectiva concesión, o en su\ndefecto, a través de acto expreso de la Asamblea Legislativa. Consecuentemente,\nsi no existe esa regulación de orden legal -en los términos exigidos en la\nnorma constitucional de referencia-, resulta imposible para la Administración,\nel reconocimiento en tal sentido, so quiebra grave del principio de legalidad.\nEn el caso de nuestro país, conforme a la previsión del Decreto-Ley 449, del\nocho de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, de la Junta Fundadora de la\nSegunda República, se le encomendó al Instituto Costarricense de Electricidad\n\"el desarrollo racional de las fuentes de energía física que la Nación\nposee, en especial los recursos hidráulicos\", según reza su numeral 1;\nactividad que ha venido ejerciendo de manera prevalente sobre la base de\naquella regulación, en tanto la participación de los particulares, según se ha\nenunciado, está condicionada a los presupuestos y condicionamientos\nestablecidos en una ley marco, como manda la norma constitucional comentada.\nEste ordenamiento en la actualidad está residenciado, en primer lugar en la Ley\n7200, del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa, vigente a partir\ndel dieciocho de octubre de ese mismo año, que regula un tipo particular de\ngeneración, en tanto, como su nombre lo indica, autoriza la generación\neléctrica autónoma o paralela, que es la producida por \"centrales\neléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o\ncooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional\"\n(artículo 1); siendo el destino de esta energía -que no es para autoconsumo-\npara la compra -en exclusiva- por parte del Instituto Costarricense de\nElectricidad, en los términos previstos de manera expresa en el artículo 3,\nactividad que se declara de interés público, como lo indicó de manera\nexpresa la propia Sala Constitucional en sentencia número 6556-95, de las diecisiete\nhoras veinticuatro minutos del veintiocho de noviembre de mil novecientos\nnoventa y cinco, cuando se refirió al objeto o finalidad de esta Ley, y de\nmanera indirecta, en sentencia número 2008-14922, de las catorce horas\ncincuenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, al concluir\nque:\n\n\n\n\"Para que\nla energía generada por los empresarios privados pueda ser comercializada\ndirectamente, se requiere un cambio de la legislación nacional. Ello en el\ntanto en que los generadores privados deben sujetarse a las disposiciones que\nregulan las concesiones de servicio y de uso de dominio público de que\ndisponen. En el ordenamiento jurídico costarricense no existe ninguna\nregulación legal que otorgue la concesión para producir energía y explotar las\naguas públicas para una venta a terceros, distintos del ICE.\"\n\n\n\nEn igual sentido también se ha manifestado el ámbito\nadministrativo de nuestro país, concretamente la Procuraduría General de la\nRepública en diversos dictámenes, así por ejemplo en los\ndictámenes 293-2006, C-445-2007 y C-448-2007. Nótese\nademás, en el numeral 6 de la Ley 7200 en comentario, condiciona el\notorgamiento de la respectiva concesión para explotar centrales de limitada\ncapacidad -que no sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000kW), según define\nel artículo 2-, a \"una declaratoria de elegibilidad otorgada por el\nInstituto Costarricense de Electricidad\"; estableciendo como\ncondicionante a esa entidad para otorgar esa elegibilidad, que \"la\npotencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del\nquince por ciento (15%) de la potencia en conjunto de centrales eléctricas que\nconforman el sistema eléctrico nacional\" (artículo 7). Es así como la\nactividad de compra de energía a particulares se califica en la ley como de\nactividad ordinaria (artículo 13), lo que debe hacerse a través de contratos\n(de compraventa) y que debe refrendar a la ARESEP. Se entiende que la\nparticipación de otros operadores en el mercado nacional para la generación,\ntransmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica está\nregulada en cuerpos normativos diversos a la Ley 7200, así por ejemplo la Ley\nnúmero 8345, del veintiséis de febrero del dos mil tres, que regula la\nParticipación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de\nServicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, vigente a partir del\nveinticinco de marzo siguiente a su aprobación. En éste cuerpo normativo,\nexpresamente se establece el marco regulatorio para el otorgamiento de las\nconcesiones \n\n\n\n\"a)\n... para el aprovechamiento de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de\ndominio público del territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso\n14) del Artículo 121 de la Constitución Política, a las asociaciones\ncooperativas de electrificación rural, a consorcios formados por éstas y a las\nempresas de servicios públicos municipales;\n\n\n\nb)\nla generación, distribución y comercialización de energía eléctrica por parte\nde los sujetos indicados en el inciso anterior, utilizando los recursos energéticos\nrenovables en el territorio nacional, al amparo de la Ley No. 7593, de 9 de\nagosto de 1996.\" (Artículo 1).\n\n\n\nComo  se observa, esta regulación es especial, en tanto está referida a un ámbito  particular -el\nlocal o rural-, diversa de la anteriormente comentada; siendo  que incluso en su artículo 9, se\nfaculta a las asociaciones cooperativas y/o  empresas de servicios públicos municipales amparados a\nesta Ley (8345) de  \"disponer la venta del excedente de energía eléctrica al ICE o entre sí\nmismas.\" El órgano encargado del otorgamiento de estas concesiones es  el Ministerio de Ambiente y\nEnergía, cuando la producción no exceda de sesenta  megavatios, dado que caso en que ello se de, le\ncorresponde a la Asamblea  Legislativa su otorgamiento (artículo 11). Consecuentemente, no existe\nregulación legal en nuestro país en relación a la generación de  energía eléctrica de particulares\npara la venta a terceros, en los términos en  que lo pide la sociedad actora en su demanda, esto es,\nsobre la base de la Ley  7200, dado que las fases de transmisión, distribución y comercialización la\nrealizan el Instituto Costarricense de Electricidad y la participación de  particulares está\ncircunscrita al ámbito rural o municipal, residenciado en  empresas y/o cooperativas de\nelectrificación rural -tales como la Cooperativa  de Electricidad Rural de Alfaro Ruiz, R.L.;\nCooperativa de Electrificación  Rural de San Carlos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de\nlos Santos,  R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L.; Consorcio  Nacional de\nEmpresas de Electrificación de Costa Rica, R.L.; Empresa de  Servicio Público de Heredia (ESPH);\nJunta Administradora del Servicio Eléctrico  Municipal de Cartago (JASEC)-, conforme lo regula y\nautoriza la Ley de  Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural de las Empresas de\nServicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, número 8345, supra  citada. Téngase además\nen consideración que la red costarricense está a cargo  del Instituto Costarricense de Electricidad,\nquien asume la responsabilidad  última por el servicio de electricidad prestado en el país, con\nsalvedades ya  indicadas de las cooperativas rurales o empresas municipales de  electrificación.\nNótese además, que tratándose del  aprovechamiento o explotación de aguas del dominio público para\nla generación  de energía eléctrica, es que el otorgamiento de estas concesiones está  condicionada\na que el Ministerio de Ambiente y Energía previamente les haya  dado la correspondiente concesión,\nque actualmente se regula con la Ley Marco  de la Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas\nHidráulicas para la  Generación Eléctrica, número 8723, del veintidós de abril del año dos mil\nnueve, vigente a partir del quince de mayo siguiente a su adopción, se insiste,  lo anterior en\ncumplimiento del mandato constitucional establecido en el  artículo 121 inciso 14) punto a) y que\ndesarrolla la citada ley en los  siguientes términos:\n\n\"ARTÍCULO\n1.- Objeto de esta Ley.\n\n\n\nLa presente Ley\nestablece el marco regulatorio para otorgar concesiones para el aprovechamiento\nde las fuerzas hidráulicas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público\ndel territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del\nartículo 121 de la Constitución Política para la generación hidroeléctrica.\"\n\n\n\n\"ARTÍCULO\n2.-Autorización para otorgar las concesiones para el aprovechamiento de las\nfuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica.\n\n\n\nAutorízase al\nPoder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y\nTelecomunicaciones (Minaet), para que otorgue o deniegue, por acto\nadministrativo, las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas\nhidráulicas para la generación hidroeléctrica, según se indica a continuación. \n\n\n\nPara el\ncapítulo I de la Ley Nº 7200, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán\ndentro del límite que indica su artículo 5, es decir, hasta veinte mil\nkilovatios (20.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia\ndel conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico\nNacional.\n\n\n\nPara el capítulo\nII de la Ley Nº 7200, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro\ndel límite que indica su artículo 20, es decir, hasta cincuenta mil kilovatios\n(50.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto\nde centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional, adicional\nal del párrafo anterior.\n\n\n\nMás allá de\nestos límites, le corresponde a la Asamblea Legislativa otorgar la concesión.\nSe exceptúan de estos límites, las concesiones solicitadas para el autoconsumo.\n\n\n\nEl\naprovechamiento de la fuerza hidráulica para la generación hidroeléctrica\ndeberá realizarse conforme al Plan nacional hídrico, respetando la prioridad\ndel agua para el consumo humano.\"\n\n\n\nSegundo: De la  conceptualización de la generación eléctrica como servicio público: Asimismo, como\nelemento también esencial que incide en esta actividad, debe  considerarse que en nuestro\nordenamiento, la generación eléctrica es un  servicio público, en los términos establecidos en el\nartículo 5 inciso a) de la  Ley 7593. Nótese que esta disposición no distingue la fuente de\nobtención de la  energía, por lo que en estos términos, es servicio público la generación de\nenergía eléctrica, independientemente de que se obtenga de las fuerzas de las  aguas, de\nhidrocarburos, de desechos orgánicos, o la energía aeólica, etc. Esta  condición hace por sí mismo\nque su ejercicio esté sujeto a regulaciones del  Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al\nsujeto encargado de la materia  y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de\nregulación mínima  establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-,\ncomo en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia,  adaptación al cambio\ne igualdad (artículo 4 de la citada Ley General, número  6227)-; y su desarrollo, a través de\nconcesión tanto de entes públicos como de  particulares, conforme a las previsiones establecidas en\nla ley marco, máxime  como en este caso, cuando se trata de la explotación de un bien de la Nación.\nEs decir, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser  realizada por\ncualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino  que requiere de un título\nhabilitante para que pueda participar de ella, sea,  generar energía; y además, necesariamente se\nsujeta el desarrollo de esta  actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los\nservicios públicos en general y la generación eléctrica en particular, en las  comentadas Leyes\n8723, 7200 y 7593 y reglamentarias (tal como el Reglamento al  Capítulo II de la Ley 7200, Decreto\nEjecutivo número 24866, del veintidós de  diciembre de mil novecientos noventa y cinco). En razón de\nlo anterior, se  configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su  relación\ncon la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades  especiales al órgano encargado de\nla materia, en este caso a la ARESEP en  virtud de la encomienda expresa dada en los numerales 5 de\nla Ley 7200 -por  reforma dada con ocasión de la promulgación de la Ley 7593, en tanto transformó\nel Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la Autoridad Reguladora de los  Servicios Públicos, y\ncon ello, todas las competencias que otrora habían sido  delegadas a aquella entidad, a partir de\nesta nueva regulación se entiende las  asume la nueva institución autónoma-, y 9 párrafo final de la\ncitada Ley 7593.  Así, le corresponde a la ARESEP la competencia para otorgar, modificar,\ntraspasar, declarar caduca o revocar una concesión; todo lo anterior, con  sujeción estricta al\nbloque de legalidad, en los términos establecidos en la  Ley General de la Administración Pública,\nsea con referencia en las fuentes  escritas, comenzando con la Constitución Política (artículo 6),\nlas fuentes no  escritas (artículo 7) y por supuesto las reglas de la ciencia y de la técnica\n(artículos 16 y 158.3) […].”",
  "body_en_text": "IV. REGULATION OF ELECTRICITY GENERATION IN THE NATIONAL LEGAL\nORDER.- From the arguments\nsupporting the claim and the opposition by the respondent institution,\nit is evident that the discussion centers on whether the restriction on the sale of\nelectric energy produced by private operators to third parties, that is, to\nan operator other than the Instituto Costarricense de Electricidad, in accordance with the\nregulations contained in Law 7200, which Authorizes Autonomous or Parallel Electric Generation,\nof September twenty-eighth, nineteen hundred\nninety, contained in point II. Fifth of the Resolution of the Board of Directors\nof ARESEP number RJD-027-2012, is in conformity or not with the legal\norder. For this reason, it is deemed necessary to be clear on the scope of\nelectricity generation in our country, that is, the manner in which it is regulated in\nour legal order, in order to subsequently compare it with the formal action\nunder challenge. In this scenario, and given that the plaintiff company seeks to\nbe allowed to sell to third parties -without specifying to whom in particular- the\nenergy it generates from the exploitation of the force of the waters of the public\ndomain of the national territory (Caño Grande River and Quebrada Las Delicias, located\nin Venecia, San Carlos), in accordance with the water use\nconcession granted by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications in\nresolution R-0116-2012-AGUAS-MINAET, of eleven hours twenty-five minutes on\nFebruary second, two thousand twelve -proven fact 5.), it becomes obligatory to make\nreference to the conditions under which such exploitation must take place, in our\nlegal order, based on two essential points, namely:\n\n\n\nFirst. The\nexploitation of the forces that may be obtained from the waters of the public\ndomain of the national territory: It is precisely due to the nature of the good in question,\nthat it is considered a good of the Nation, in accordance with which, it does\nnot belong to the State or to a specific public entity, much less to\nprivate individuals, but to \"the Nation,\" that is, to the collectivity\nas a whole, as expressed by section 121 subsection 14) point a)\nof the Political Constitution itself, and classification set forth in ruling\n2001-10466, of ten hours seventeen minutes on November twenty-fourth,\ntwo thousand one of the Constitutional Chamber-; in accordance with which, due to this\ncondition, it has reinforced protection insofar as it may not \"definitively leave\nthe domain of the State,\" for which reason its exploitation shall be the responsibility of the\nPublic Administration, or of private individuals \"in accordance with the law or\nby means of a special concession granted for a limited time and subject to the\nconditions and stipulations established by the Legislative Assembly,\"\nas expressly provided in the final paragraph of the cited section. That is, it\nis a \"good,\" in a technical legal sense, which by\nvirtue of this makes it deserving of legal protection, in this case reinforced. In this\nsense, this type of goods integrates the unity of the State, and together with its\npolitical, economic, and social organization, pursue the satisfaction -on a plane\nof equality- of general interests; its principal objective is to achieve the\ncommon good; which constitutes the main reason to justify the impediment,\nat least in principle, to the free disposition by administered persons of\nthis category of goods. Due to this special legal protection, they are not\nsusceptible to appropriation by private individuals, nor even by the\nPublic Administration for particular purposes, nor to be destined for purposes\ndistinct from those determined by their own essence and nature. In any case,\ntheir protection -in the terms that may be necessary- and administration,\ncorrespond to the State, in the name of the Nation (volume III of the Minutes of the\nNational Constituent Assembly, Session number 168, page 468). For this\nreason the constituent opted for legislative control in cases where it is\npossible to alienate these goods, or incorporate new goods into public uses; however,\nsome of these cannot be the object of declassification (desafectación), even by\nlaw of the Republic (the case in which we find ourselves), because due to their\nspecial nature, they have received a special constitutional classification (afectación), which\nexempts them from commerce among men; and in this sense, they are inalienable,\nunseizable, and imprescriptible, and subjects them, regarding their exploitation, to the\npolice power of the Administration. As stated supra, they can be\nthe object of rational exploitation by the State or private individuals\n\n\n\n\"[...] in\naccordance with the law or by means of a special concession granted for a\ndetermined time and subject to the conditions and stipulations established by the\nLegislative Assembly\" (subsection 14) of Article 121 of the Political\nConstitution.)\n\n\n\nThus, constitutional jurisprudence, in\nruling number 6240-93, of fourteen hours on November twenty-sixth of\nnineteen hundred ninety-three, examined the possibility of the Legislative\nAssembly resorting to the technique, termed \"framework law,\" to fulfill the requirement of the norm under\ncommentary. On that occasion it was indicated:\n\n\n\n\"In\nthis case, the Legislative Assembly invests in the Public Administration the\npower to grant specific concessions, a competence that, of course, does\nnot comprise that of entirely substituting the function of the former, as will be stated\nbelow. In this hypothesis the delegate may be any entity of the public\nsphere -both the Executive Branch itself, the normal organ of administrative\ncontracting (Article 140 subsection 14) Constitution), as well as any other\ndecentralized entity of the Public Administration- but not, as is proposed\nin the project, a simple deconcentrated organ within a ministry of the\nExecutive.\"\n\n\n\nCriterion reiterated -among others- in ruling number\n2001-10466, supra cit., in which it considered, as pertinent:\n\n\n\n\"The Water\nLaw (Ley de Aguas) (Article 176), as of the reform to Transitory Provision V of Law 7593\nof August 9, 1996, certainly attributed competence to MINAE to grant\nconcessions destined to exploit public waters in the production of electric\nenergy. However, the mere assignment of competence cannot be assimilated to\na framework law regulating the concession granting process\n(requirements for the concessionaire, obligations, encumbrances, etc.) and even\nless so, when goods are involved that cannot be declassified even by ordinary law.\nA free interpretation of the regime regulating this matter,\ncould lead to a 'de facto' declassification (desafectación) of the goods of the\nNation, which is patently unsustainable. The Chamber considers that upon repealing\nLaw 258, everything referring to water concessions for\nthe exploitation of energy was left without a framework law, precisely the scenario addressed by\nsubsection 14) of Article 121 of the Political Constitution. The framework law that\nthis Chamber has indicated as possible in this matter, must have clear,\nconcrete regulations on the concession to be granted, since it involves the exploitation\nof goods of the Nation; it is not by chance that the constituent established\nthat the law must address 'conditions and stipulations,' which are\nnothing other than a detailed normative framework due to the good involved.\nIt is important, for the purposes of this ruling, to indicate that the concept of\nframework law is in accordance with the Law of the Constitution. The jurisprudential\ndevelopment of this Chamber allows asserting that the framework law that is found lacking,\ncould not be similar to Law No. 258 of August 18, 1941, and its\nreforms, nor to the current Water Law, because those 'frameworks' would be\ninsufficient to achieve the adequate regulation of the rational exploitation of\nwater resources. It is not enough to establish that a specific basin has\nhydroelectric potential, as was required by the repealed SNE Law; it is necessary\nto plan the installation of this type of projects in such a way that, among other\naspects to consider, it is taken into account that future\ngenerations -whose rights are protected by the Law of the\nConstitution- are not prevented from enjoying the water resource and other natural resources,\nas for example, for the preservation of fauna, ecosystems, climate,\nguaranteeing navigation and scenic and artistic enjoyment among others. The\nRio Declaration on Environment and Development of June 14,\n1992, established as the third principle 'the right to development must\nbe exercised so as to equitably meet the developmental and\nenvironmental needs of present and future generations'; the fourth\nprinciple provides 'In order to achieve sustainable development, environmental protection\nmust constitute an integral part of the development process\nand cannot be considered in isolation.' In accordance with the foregoing, the\nrepealed SNE Law and the old Water Law, are far from being the model\nof framework law that the Law of the Constitution currently requires. For the\nforegoing reasons, the Chamber considers inadmissible the interpretations that suggest the\nWater Law (Ley de Aguas) is the framework law required for the exploitation of the 'force of\nthe waters' by private individuals, since it has never been the normative regulatory\nframework for this matter; its content was limited to complementing certain\nprovisions on the matter, at a historical moment, without it being possible to give\nit now, in the absence of an adequate regulation, a function it does not have.\nNor does this Chamber find that there is a true public interest in\ndeparting from the preceding conclusion, since ICE retains the possibility\nof exploiting both the force of the waters as well as other forms of\nenergy generation to meet national demand, and in equal condition\nare found – without this implying an assessment of those contracts – those\nconcessionaires opportunely authorized by SNE to carry out that activity\n'in limited capacity.' In any case, there still subsists for the private individual\ninterested in this type of activity, the possibility of going to the Legislative\nAssembly to request the concession of their interest, and it will correspond to it\nto establish the opportune moment in the regulation of the matter, without this being\nable to be validly done by the legal operator or the Executive Branch through its\nregulatory power.\" (In the same\nsense, see number 2001-6669, of fourteen hours fifty-\nsix minutes on July eleventh, two thousand one.)\n\n\n\nBy virtue of the foregoing, that High Court indicated that\nfor the rational exploitation of the patrimony of the Nation, a\nframework law regulating the process is required, through concessions, whether by\nState institutions (for example, by the Instituto Costarricense de\nElectricidad in relation to the exploitation of water resources), or by\nadministered persons (such as contracting for electric generation),\nlegislation that must contain clear and concrete regulations on the\nrequirements for the concessionaire, obligations, encumbrances, etc. Thus,\nin accordance with the stated constitutional mandate, special\nlegislation regulating the situation is required, in order to allow private individuals\n(administered persons) participation, in this case, in the activity of\nelectric energy generation, through the respective concession, or\nfailing that, through an express act of the Legislative Assembly. Consequently,\nif that legal regulation does not exist -in the terms required in the\nconstitutional norm of reference-, it is impossible for the Administration\nto grant recognition in that sense, under a grave breach of the principle of legality.\nIn the case of our country, in accordance with the provision of Decree-Law 449, of\nApril eighth, nineteen hundred forty-nine, of the Founding Junta of the\nSecond Republic, the Instituto Costarricense de Electricidad was entrusted with\n\"the rational development of the sources of physical energy that the Nation\npossesses, especially hydraulic resources,\" as stated in section 1;\nan activity it has been exercising in a prevailing manner based on\nthat regulation, while the participation of private individuals, as has been\nstated, is conditioned upon the precepts and conditions\nestablished in a framework law, as the constitutional norm under commentary mandates.\nThis ordering is currently vested, in the first place, in Law\n7200, of September twenty-eighth, nineteen hundred ninety, in effect as of\nOctober eighteenth of that same year, which regulates a particular type of\ngeneration, insofar as, as its name indicates, it authorizes autonomous\nor parallel electric generation, which is that produced by \"electric\nplants of limited capacity, belonging to private companies or\ncooperatives that may be integrated into the national electrical system\"\n(Article 1); the destination of this energy being -which is not for self-consumption-\nfor purchase -exclusively- by the Instituto Costarricense de\nElectricidad, in the terms expressly provided in Article 3,\nan activity that is declared to be of public interest, as\nthe Constitutional Chamber itself expressly indicated in ruling number 6556-95, of seventeen\nhours twenty-four minutes on November twenty-eighth, nineteen hundred\nninety-five, when it referred to the object or purpose of this Law, and\nindirectly, in ruling number 2008-14922, of fourteen hours\nfifty-five minutes on October eighth, two thousand eight, upon concluding\nthat:\n\n\n\n\"For the\nenergy generated by private entrepreneurs to be commercialized\ndirectly, a change in national legislation is required. This is insofar\nas private generators must subject themselves to the provisions that\nregulate the service concessions and use of public domain concessions they\nhave. In the Costa Rican legal system, there does not exist any\nlegal regulation that grants the concession to produce energy and exploit\npublic waters for sale to third parties, other than ICE.\"\n\n\n\nIn the same sense, the administrative sphere\nof our country has also manifested itself, specifically the Office of the Attorney General\nof the Republic in various legal opinions, thus for example in\nlegal opinions 293-2006, C-445-2007, and C-448-2007. Note\nfurthermore, section 6 of Law 7200 under commentary, conditions the\ngranting of the respective concession to exploit limited capacity\nplants -which do not exceed twenty thousand kilowatts (20,000kW), as defined\nby Article 2-, to \"a declaration of eligibility granted by the\nInstituto Costarricense de Electricidad\"; establishing as a\ncondition for that entity to grant that eligibility, that \"the\npower, by concept of parallel generation, not come to constitute more than\nfifteen percent (15%) of the total power of the electric plants that\nmake up the national electrical system\" (Article 7). Thus, the\nactivity of purchasing energy from private individuals is qualified in the law as an\nordinary activity (Article 13), which must be done through contracts\n(of sale) and must be endorsed by ARESEP. It is understood that the\nparticipation of other operators in the national market for the generation,\ntransmission, distribution, and commercialization of electric energy is\nregulated in normative bodies other than Law 7200, for example Law\nnumber 8345, of February twenty-sixth, two thousand three, which regulates the\nParticipation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public\nService Companies in National Development, in effect as of\nMarch twenty-fifth following its approval. In this normative\nbody, the regulatory framework for the granting of\nconcessions is expressly established\n\n\n\n\"a)\n... for the exploitation of the forces that may be obtained from the waters of\npublic domain of the national territory, under the protection of the provisions in subsection\n14) of Article 121 of the Political Constitution, to rural electrification\ncooperative associations, to consortiums formed by these, and to\nmunicipal public service companies;\n\n\n\nb)\nthe generation, distribution, and commercialization of electric energy by\nthe subjects indicated in the preceding subsection, utilizing renewable energy\nresources in the national territory, under the protection of Law No. 7593, of\nAugust 9, 1996.\" (Article 1).\n\n\n\nAs can be observed, this regulation is special, insofar as it refers to a\nparticular -local or rural- sphere, different from the one previously commented on; it being\nthat even in its Article 9, it empowers the cooperative associations and/or\nmunicipal public service companies covered by\nthis Law (8345) to \"arrange the sale of surplus electric energy to ICE or among\nthemselves.\" The organ responsible for granting these concessions is the Ministry of Environment and\nEnergy, when the production does not exceed sixty\nmegawatts, given that should this occur, the granting\ncorresponds to the Legislative Assembly (Article 11). Consequently, there does not exist\nlegal regulation in our country in relation to the generation of\nelectric energy by private individuals for sale to third parties, in the terms\nrequested by the plaintiff company in its claim, that is,\non the basis of Law 7200, given that the phases of transmission, distribution, and commercialization are\ncarried out by the Instituto Costarricense de Electricidad, and the participation of\nprivate individuals is circumscribed to the rural or municipal sphere, vested in\nrural electrification companies and/or cooperatives -such as Cooperativa\nde Electricidad Rural de Alfaro Ruiz, R.L.; Cooperativa de Electrificación\nRural de San Carlos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de\nlos Santos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L.; Consorcio\nNacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, R.L.; Empresa de\nServicio Público de Heredia (ESPH);\nJunta Administradora del Servicio Eléctrico\nMunicipal de Cartago (JASEC)-, as regulated and authorized by the Law\nof Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal\nPublic Service Companies in National Development, number 8345, supra\ncited. Consider also that the Costa Rican network is under the charge\nof the Instituto Costarricense de Electricidad,\nwhich assumes the ultimate responsibility for the electricity service provided in the country, with the\nexceptions already indicated for rural cooperatives or municipal\nelectrification companies. Note furthermore, that regarding the\nuse or exploitation of public domain waters for\nthe generation of electric energy, the granting of these concessions is\nconditioned upon the Ministry of Environment and Energy having previously given\nthem the corresponding concession, which is currently regulated by the Framework\nLaw for the Concession for the Exploitation of Hydraulic Forces for\nElectric Generation, number 8723, of April twenty-second, two thousand\nnine, in effect as of May fifteenth following its adoption, it is insisted,\nthe foregoing in compliance with the constitutional mandate established in\nArticle 121 subsection 14) point a) and which the cited law develops in the\nfollowing terms:\n\n\"ARTICLE\n1.- Purpose of this Law.\n\n\n\nThis Law\nestablishes the regulatory framework for granting concessions for the exploitation\nof the hydraulic forces that may be obtained from the waters of public domain\nof the national territory, under the protection of the provisions in subsection 14) of\nArticle 121 of the Political Constitution for hydroelectric generation.\"\n\n\n\n\"ARTICLE\n2.-Authorization to grant concessions for the exploitation of\nhydraulic forces for hydroelectric generation.\n\n\n\nThe\nExecutive Branch is authorized, through the Ministry of Environment, Energy and\nTelecommunications (Minaet), to grant or deny, by\nadministrative act, the concessions for the exploitation of hydraulic\nforces for hydroelectric generation, as indicated below.\n\n\n\nFor\nChapter I of Law No. 7200, the concessions of hydraulic force shall be granted\nwithin the limit indicated in its Article 5, that is, up to twenty thousand\nkilowatts (20,000 Kw) and up to fifteen percent (15%) of the power\nof the total of electric plants that make up the National Electrical\nSystem.\n\n\n\nFor Chapter\nII of Law No. 7200, the concessions of hydraulic force shall be granted within\nthe limit indicated in its Article 20, that is, up to fifty thousand kilowatts\n(50,000 Kw) and up to fifteen percent (15%) of the power of the total\nof electric plants that make up the National Electrical System, additional to\nthat of the preceding paragraph.\n\n\n\nBeyond\nthese limits, it corresponds to the Legislative Assembly to grant the concession.\nExcepted from these limits are concessions requested for self-consumption.\n\n\n\nThe\nexploitation of hydraulic force for hydroelectric generation\nmust be carried out according to the National Hydric Plan, respecting the priority\nof water for human consumption.\"\n\n\n\nSecond: The conceptualization of electric generation as a public service: Likewise, as\nan element also essential that has an impact on this activity, it must\nbe considered that in our legal order, electric generation is a\npublic service, under the terms established in Article 5 subsection a) of\nLaw 7593. Note that this provision does not distinguish the source for obtaining\nenergy, so in these terms, the generation of\nelectric energy is a public service, regardless of whether it is obtained from the forces of the\nwaters, from hydrocarbons, from organic waste, or wind energy, etc. This\ncondition by itself makes its exercise subject to regulations of\nAdministrative Law, both regarding the subject responsible for the matter\nand the purpose -by legal reserve, as an expression of the principle of minimum\nregulation established in section 12 of the General Law of Public Administration-,\nand regarding the principles that govern it -continuity, efficiency,\nadaptation to change, and equality (Article 4 of the cited General Law, number\n6227)-; and its development, through concession by both public entities and\nprivate individuals, in accordance with the provisions established in\nthe framework law, especially\nas in this case, when it involves the exploitation of a good of the Nation.\nThat is, its exercise is not free, in a double sense, insofar as it cannot be\ncarried out by any person, by virtue of the autonomy of their will, but\nrequires an enabling title to participate in it, that is,\nto generate energy; and furthermore, the development of this\nactivity is necessarily subject to the legal provisions that regulate the provision of\npublic services in general and electric generation in particular, in the\ncommented-upon Laws 8723, 7200, and 7593, and their regulations (such as the Regulation to\nChapter II of Law 7200, Executive Decree number 24866, of December\ntwenty-second, nineteen hundred ninety-five). By reason of\nthe foregoing, a regime of special subjection of the concessionaires in their\nrelationship with the Administration is configured, in accordance with which, special\npowers are recognized to the organ in charge of the matter, in this case to ARESEP by\nvirtue of the express mandate given in sections 5 of Law 7200 -by\nreform given on occasion of the promulgation of Law 7593, insofar as it transformed\nthe National Electricity Service (SNE) into the Regulatory Authority of\nPublic Services, and with it, all the competencies that formerly had\nbeen delegated to that entity, as of this new regulation are understood to be\nassumed by the new autonomous institution-, and 9 final paragraph of the\ncited Law 7593. Thus, the competence corresponds to ARESEP to grant, modify,\ntransfer, declare expired, or revoke a concession; all of the foregoing, in\nstrict subjection to the block of legality, under the terms established in\nthe General Law of Public Administration, that is, with reference to the written\nsources, beginning with the Political Constitution (Article 6), the unwritten\nsources (Article 7), and of course the rules of science and technique\n(Articles 16 and 158.3) […]."
}