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  "id": "nexus-ext-1-0034-161002",
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  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Nulidad de incisos de resolución DGT-25-2014 por solicitar información ya en poder de la Administración",
  "title_en": "Annulment of clauses in DGT-25-2014 resolution for requesting information already held by Tax Administration",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo analizó la legalidad de la resolución DGT-25-2014 emitida por la Dirección General de Tributación, que establecía los requisitos para el registro contable de ventas y compras de contribuyentes del IVA. La parte actora impugnó varios incisos por solicitar información que ya constaba en los registros de la Administración Tributaria o Aduanera, lo que consideró violatorio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como del derecho a no aportar documentos ya presentados. El Tribunal determinó que los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y los incisos xx a xxvii del artículo 5, exigían datos como números de autorización, fechas de vigencia, y detalles de la Declaración Única Aduanera (DUA) que ya obraban en sistemas informáticos oficiales. La sentencia declaró la nulidad absoluta de esos incisos con efectos erga omnes, ordenando su publicación en La Gaceta, por resultar contrarios a los principios citados y a lo dispuesto en el artículo 171 inciso 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el artículo 2 párrafo 1º de la Ley 8220.",
  "summary_en": "The Administrative Court reviewed the legality of resolution DGT-25-2014 issued by the Tax Administration, which set requirements for VAT taxpayers' sales and purchases accounting records. The plaintiff challenged several clauses for requesting information already held by Tax or Customs Administration records, arguing this violated the principles of reasonableness and proportionality and the right not to provide already-submitted documents. The Court found that clauses xxii and xxiii of article 4, and clauses xx to xxvii of article 5, demanded data such as authorization numbers, validity dates, and Single Customs Declaration (DUA) details already existing in official computer systems. The judgment declared the absolute nullity of these clauses with erga omnes effect, ordering publication in the official gazette, as they contravene the cited principles and provisions of article 171 subsection 8 of the Tax Code and article 2, paragraph 1 of Law 8220.",
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  "excerpt_es": "VI.  RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA DE LAS FUENTES, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD, DE LOS INCISOS XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 4, Y  LOS INCISOS XX A XXVII DEL ARTÍCULO 5 DE LA RESOLUCIÓN DGT-25-2014 […]  En primera instancia, cabe indicar que contrario a  lo que afirma la representante del Estado, la Ley 8220 no sólo aplica en  aquellos supuestos en que el administrado se dirija a un ente u órgano público  en ejercicio de sus derechos de petición y pronta respuesta, información y/o  acceso a la justicia en vía administrativa (párrafo 2º del artículo 1 de esa Ley); sino que también, tal y como se desprende del párrafo  1º del numeral 1 de ese mismo cuerpo normativo, se aplica como deber  correlativo de la Administración Pública para el ejercicio efectivo de ese  derecho, en cuanto a los límites y alcances que deben observar los entes y  órganos de derecho público, al tiempo de establecer, publicitar y ejecutar los  trámites y/o requisitos que deba cumplir el administrado –ver artículo 4 y siguientes de la Ley  8220-, en este caso, la forma y  condiciones en que los contribuyentes y declarantes del IVA deberán llevar los  registros contables de ventas y compras. Por ende, resulta procedente la  aplicación en la especie del artículo 2 párrafo 2º in fine de la Ley 8220 –que establece: “…De  igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al  administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o  posean…”-; que en todo caso, tiene en  el inciso 8) del numeral 171 del CNPT, una norma  semejante para materia tributaria, a saber: “…Derecho a no aportar los documentos ya  presentados y recibidos, que deberían encontrarse en poder de la administración  actuante salvo razones justificadas…”. A  partir de lo anterior, considera este Tribunal que resulta irrazonable y  desproporcionado, que en los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y en los incisos xx  a xxvii del artículo 5, ambos de la resolución DGT-25-2014, se solicite información que fue emitida y/o  que consta en los registros de la Administración Tributaria y/o Aduanera,  como sucede con los relativos al número de autorización o exención para la  venta sin IVA, ISC o algún otro impuesto y la fecha  de vigencia de la misma, pues incluso en el mismo inciso xxii  del artículo 4 de la resolución DGT-25-2014, se  indica que dichas notas de autorización son extendidas por la Dirección General  de Tributación o la Dirección General de Hacienda (folios 89 a 95 del expediente  administrativo; 4 a  15, 117 a  128 del expediente judicial). En  igual sentido, respecto a los requisitos relacionados con el número de declaración  única aduanera (DUA); fecha de la DUA de  importación; partida arancelaria; detalle de la partida arancelaria; nombre de  la aduana, nombre de la agencia aduanal o el agente de aduanas que realizó el  trámite de importación; número de identificación del agente de aduanas o la  agencia aduanal que realiza el trámite de exportación; valor de las mercancías  reflejado en la DUA. Ello por cuanto, de los  artículos 86, 88, 103, 104, 106 y 107 de la Ley General de Aduanas (Ley 7557),  y de la resolución DGA-203-2005 dictada por la  Dirección General de Aduanas a las 09:00 horas del 22 de junio del 2005  denominada Manual de Procedimientos en el Marco TICA (Contiene Ingreso y salida  de Mercancías, Vehículo y Unidades de Transporte, Procedimientos de Tránsito  Aduanero, Procedimientos de Depósito y Procedimiento de Importación Definitiva  y Temporal) (imágenes 1 a 396 del CD de prueba  admitido en la audiencia preliminar), se  desprende no sólo que esos datos deben constar en la Declaración Única Aduanera  (DUA) registrada en el sistema informático del  Sistema Nacional de Aduanas (TICA) u otro sistema autorizado; sino que además,  esos datos deben ser proporcionados por las autoridades aduaneras, a otras  dependencias oficiales, en los términos del numeral 107 de la Ley General de  Aduanas (Ley 7557). En este punto cabe indicar, que el hecho de que el registro  de la DUA en el sistema informático del Servicio Nacional  de Aduanas, no conlleve avalar el contenido de esa declaración, ni limite las  facultades de comprobación de la autoridad aduanera (artículo 88 de la Ley 7557), al punto de que la declaración aduanera auto determinada  será sometida a un proceso selectivo y aleatorio, para determinar si  corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado (artículo 93 de la Ley 7557); no implica que la información contenida en el  sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas, no sea veraz, dado  que conforme lo establecen los artículos 89 a 92, 98, de ese mismo cuerpo normativo,  cuando exista rechazo de una declaración aduanera, los errores podrán  corregirse en el plazo de tres días; asimismo, el declarante podrá en cualquier  momento solicitar la corrección de la DUA, o desistir  de la declaración a un régimen antes del levante de las mercancías, o bien,  hacer las correcciones o ajustes, cuando en el proceso de verificación se  determinen diferencias con la DUA. Por último,  tampoco se motiva en la resolución número DGT-25-2014  que existan razones que justifiquen solicitar al contribuyente o declarante  incluir información emitida o que conste en los archivos de la Administración  Tributaria o Aduanera (considerando  II aparte d de esta sentencia), tal y  como lo establece el inciso 8   in fine del artículo 171 del CNPT,  sin perjuicio de que se utiliza una fuente normativa de menor jerarquía, a la  que establece el artículo 8 párrafo 2º de la Ley 6826 para determinar la forma  y condiciones en que deberá llevarse el registro contable de ventas y compras. En  consecuencia y por todo lo expuesto, este Tribunal declara que los incisos  xxii y xxiii del artículo  4, y los incisos xx a xxvii  del artículo 5 de la resolución DGT-25-2014 dictada por la Dirección General de Tributación a las  08:40 horas del 11 de junio del 2014, adolecen de un vicio de nulidad absoluta,  pues resultan contrarios a los principios de razonabilidad  y proporcionalidad, y al derecho contenido en los numerales 171 inciso 8) del CNPT y 2 párrafo 1º in fine de la Ley 8220. La declaratoria de nulidad absoluta de dichas normas  tiene efectos erga omnes, salvo derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. A  partir de que esta sentencia adquiera firmeza, deberá ser publicada  íntegramente en el diario oficial La Gaceta, con cargo al Estado, pues fue  la Dirección General de Tributación la que emitió la resolución número DGT-25-2014 dictada a las 08:40 horas del 11 de junio del  2014 […].",
  "excerpt_en": "VI.  REGARDING THE VIOLATION OF THE PRINCIPLES OF HIERARCHY OF SOURCES, REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY, OF SUBSECTIONS XXII AND XXIII OF ARTICLE 4, AND SUBSECTIONS XX TO XXVII OF ARTICLE 5 OF RESOLUTION DGT-25-2014 […]  First, it should be noted that contrary to what the State's representative claims, Law 8220 applies not only when the individual addresses a public entity or body exercising their rights of petition, prompt response, information and/or access to administrative justice (paragraph 2 of article 1 of that Law); but also, as derived from paragraph 1 of article 1 of that same statute, it applies as a correlative duty of the Public Administration for the effective exercise of that right, regarding the limits and scope that public law entities and bodies must observe when establishing, publicizing and executing the procedures and/or requirements the individual must fulfill – see article 4 et seq. of Law 8220 -, in this case, the form and conditions under which VAT taxpayers and filers must keep sales and purchases accounting records. Therefore, the application in this case of article 2, final paragraph 2 of Law 8220 – which states: \"... Likewise, no entity, body or public official may request from the individual, information that one or more of its own offices issue or possess ...\" – is appropriate; which in any case, has in subsection 8) of article 171 of the Tax Code, a similar rule for tax matters, namely: \"... Right not to provide documents already submitted and received, which should be in the possession of the acting administration except for justified reasons ...\".  Based on the above, this Court considers it unreasonable and disproportionate that subsections xxii and xxiii of article 4, and subsections xx to xxvii of article 5, both of resolution DGT-25-2014, request information that was issued and/or is recorded in the records of the Tax and/or Customs Administration, such as those relating to the authorization or exemption number for sale without VAT, selective consumption tax or any other tax and its effective date, since even in the same subsection xxii of article 4 of resolution DGT-25-2014, it is indicated that such authorization notes are issued by the Directorate General of Taxation or the Directorate General of the Treasury (folios 89 to 95 of the administrative file; 4 to 15, 117 to 128 of the judicial file).  Similarly, regarding the requirements related to the single customs declaration (DUA) number; date of the import DUA; tariff heading; detail of the tariff heading; name of the customs office, name of the customs agency or customs agent that carried out the import procedure; identification number of the customs agent or customs agency carrying out the export procedure; value of the goods reflected in the DUA. This is because, from articles 86, 88, 103, 104, 106 and 107 of the General Customs Law (Law 7557), and from resolution DGA-203-2005 issued by the Directorate General of Customs at 9:00 a.m. on June 22, 2005 called Manual of Procedures within the TICA Framework (Contains Entry and Exit of Goods, Vehicles and Transport Units, Customs Transit Procedures, Warehousing Procedures and Definitive and Temporary Import Procedures) (images 1 to 396 of the CD of evidence admitted at the preliminary hearing), it follows not only that such data must be recorded in the Single Customs Declaration (DUA) registered in the computer system of the National Customs System (TICA) or another authorized system; but also, that such data must be provided by the customs authorities to other official agencies, under the terms of article 107 of the General Customs Law (Law 7557). At this point, it should be noted that the fact that the registration of the DUA in the computer system of the National Customs Service does not entail endorsing the content of that declaration, nor limits the verification powers of the customs authority (article 88 of Law 7557), to the point that the self-assessed customs declaration will be subjected to a selective and random process to determine whether immediate verification of the declaration is appropriate (article 93 of Law 7557); does not imply that the information contained in the computer system of the National Customs Service is not truthful, given that as established in articles 89 to 92 and 98 of that same statute, when a customs declaration is rejected, errors may be corrected within three days; likewise, the declarant may at any time request the correction of the DUA, or withdraw the declaration to a regime before the release of the goods, or else make corrections or adjustments, when in the verification process differences with the DUA are determined. Finally, resolution DGT-25-2014 also does not state any reasons justifying requesting the taxpayer or declarant to include information issued or recorded in the files of the Tax or Customs Administration (whereas clause II subsection d of this judgment), as established in subsection 8 in fine of article 171 of the Tax Code, without prejudice to using a lower-ranking regulatory source than that established in article 8, paragraph 2 of Law 6826 to determine the form and conditions under which sales and purchases accounting records must be kept. Consequently, and for all the foregoing, this Court declares that subsections xxii and xxiii of article 4, and subsections xx to xxvii of article 5 of resolution DGT-25-2014 issued by the Directorate General of Taxation at 8:40 a.m. on June 11, 2014, suffer from an absolute nullity defect, as they are contrary to the principles of reasonableness and proportionality, and to the right contained in article 171 subsection 8) of the Tax Code and article 2, final paragraph 1 of Law 8220. The declaration of absolute nullity of these rules has erga omnes effects, except for rights acquired in good faith and consolidated legal situations. Once this judgment becomes final, it must be published in full in the official gazette La Gaceta, at the State's expense, since it was the Directorate General of Taxation that issued resolution DGT-25-2014 at 8:40 a.m. on June 11, 2014 […].",
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    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The court declared the absolute nullity of clauses xxii and xxiii of article 4, and xx to xxvii of article 5 of resolution DGT-25-2014, with erga omnes effect, for violating the principles of reasonableness and proportionality and the right not to provide information already held by the Administration.",
    "summary_es": "Se declara la nulidad absoluta de los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y xx a xxvii del artículo 5 de la resolución DGT-25-2014, con efectos erga omnes, por violar los principios de razonabilidad y proporcionalidad y el derecho del administrado a no aportar información ya en poder de la Administración."
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  "body_es_text": "“VI.  RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE JERARQUÍA DE LAS FUENTES, RAZONABILIDAD Y\nPROPORCIONALIDAD, DE LOS INCISOS XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 4, Y  LOS INCISOS XX A XXVII DEL\nARTÍCULO 5 DE LA RESOLUCIÓN DGT-25-2014 […] ii)  Principios de razonabilidad y proporcionalidad, y\nsu  incidencia en el derecho del administrado a que no se solicite información que  emita o posea la\nAdministración Tributaria. Sin perjuicio de lo analizado en el aparte anterior,  estima este órgano\ncolegiado que los incisos xxii y xxiii del artículo 4, y los incisos xx  a xxvii del artículo 5,\nambos de la resolución DGT-25-2014 dictada a las 08:40 horas del 11 de junio del  2014, también\nresultan contrarios a los principios de razonabilidad  y proporcionalidad y al derecho contenido en\nlos numerales 171 inciso 8) del CNPT y 2 párrafo 1º de la Ley 8220 (Ley de Protección al  Ciudadano\ndel Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), por las razones  que de seguido se exponen. 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En  igual sentido, respecto a los requisitos relacionados con el número de declaración\núnica aduanera (DUA); fecha de la DUA de  importación; partida arancelaria; detalle de la partida\narancelaria; nombre de  la aduana, nombre de la agencia aduanal o el agente de aduanas que realizó\nel  trámite de importación; número de identificación del agente de aduanas o la  agencia aduanal que\nrealiza el trámite de exportación; valor de las mercancías  reflejado en la DUA. Ello por cuanto, de\nlos  artículos 86, 88, 103, 104, 106 y 107 de la Ley General de Aduanas (Ley 7557),  y de la\nresolución DGA-203-2005 dictada por la  Dirección General de Aduanas a las 09:00 horas del 22 de\njunio del 2005  denominada Manual de Procedimientos en el Marco TICA (Contiene Ingreso y salida  de\nMercancías, Vehículo y Unidades de Transporte, Procedimientos de Tránsito  Aduanero, Procedimientos\nde Depósito y Procedimiento de Importación Definitiva  y Temporal) (imágenes 1 a 396 del CD de\nprueba  admitido en la audiencia preliminar), se  desprende no sólo que esos datos deben constar en\nla Declaración Única Aduanera  (DUA) registrada en el sistema informático del  Sistema Nacional de\nAduanas (TICA) u otro sistema autorizado; sino que además,  esos datos deben ser proporcionados por\nlas autoridades aduaneras, a otras  dependencias oficiales, en los términos del numeral 107 de la\nLey General de  Aduanas (Ley 7557). 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Por último,  tampoco se motiva en la\nresolución número DGT-25-2014  que existan razones que justifiquen solicitar al contribuyente o\ndeclarante  incluir información emitida o que conste en los archivos de la Administración\nTributaria o Aduanera (considerando  II aparte d de esta sentencia), tal y  como lo establece el\ninciso 8   in fine del artículo 171 del CNPT,  sin perjuicio de que se utiliza una fuente normativa\nde menor jerarquía, a la  que establece el artículo 8 párrafo 2º de la Ley 6826 para determinar la\nforma  y condiciones en que deberá llevarse el registro contable de ventas y compras. En\nconsecuencia y por todo lo expuesto, este Tribunal declara que los incisos  xxii y xxiii del\nartículo  4, y los incisos xx a xxvii  del artículo 5 de la resolución DGT-25-2014 dictada por la\nDirección General de Tributación a las  08:40 horas del 11 de junio del 2014, adolecen de un vicio\nde nulidad absoluta,  pues resultan contrarios a los principios de razonabilidad  y\nproporcionalidad, y al derecho contenido en los numerales 171 inciso 8) del CNPT y 2 párrafo 1º in\nfine de la Ley 8220. La declaratoria de nulidad absoluta de dichas normas  tiene efectos erga omnes,\nsalvo derechos adquiridos de buena fe y situaciones jurídicas consolidadas. A  partir de que esta\nsentencia adquiera firmeza, deberá ser publicada  íntegramente en el diario oficial La Gaceta, con\ncargo al Estado, pues fue  la Dirección General de Tributación la que emitió la resolución número\nDGT-25-2014 dictada a las 08:40 horas del 11 de junio del  2014 […].”",
  "body_en_text": "VI. REGARDING THE VIOLATION OF THE PRINCIPLES OF HIERARCHY OF SOURCES, REASONABLENESS AND PROPORTIONALITY, OF SUBSECTIONS XXII AND XXIII OF ARTICLE 4, AND SUBSECTIONS XX TO XXVII OF ARTICLE 5 OF RESOLUTION DGT-25-2014 […] ii) Principles of reasonableness and proportionality, and their impact on the administered party's right not to be asked for information that the Tax Administration issues or possesses. Without prejudice to the analysis in the previous section, this collegiate body finds that subsections xxii and xxiii of article 4, and subsections xx to xxvii of article 5, both of resolution DGT-25-2014 issued at 08:40 hours on June 11, 2014, are also contrary to the principles of reasonableness and proportionality and to the right contained in numerals 171 subsection 8) of the CNPT and 2 paragraph 1 of Law 8220 (Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures), for the reasons set forth below. In the first instance, it should be noted that contrary to what the State's representative asserts, Law 8220 applies not only in those cases where the administered party addresses a public entity or body in exercise of their rights of petition and prompt response, information and/or access to justice through administrative channels (paragraph 2 of article 1 of that Law); but also, as is evident from paragraph 1 of numeral 1 of that same regulatory body, it applies as a correlative duty of the Public Administration for the effective exercise of that right, regarding the limits and scope that public law entities and bodies must observe when establishing, publicizing, and executing the procedures and/or requirements that the administered party must fulfill –see article 4 and following of Law 8220–, in this case, the form and conditions under which VAT taxpayers and declarants must keep the accounting records of sales and purchases. Therefore, the application in this specific case of article 2 paragraph 2 in fine of Law 8220 is appropriate –which establishes: “…Likewise, no public entity, body, or official may request from the administered party information that one or more of its own offices issue or possess…”–; which, in any case, has in subsection 8) of numeral 171 of the CNPT, a similar rule for tax matters, namely: “…Right not to provide documents already submitted and received, which should be in the possession of the acting administration except for justified reasons…”. Based on the foregoing, this Court considers it unreasonable and disproportionate that subsections xxii and xxiii of article 4, and subsections xx to xxvii of article 5, both of resolution DGT-25-2014, request information that was issued and/or is recorded in the Tax and/or Customs Administration's records, as occurs with those relating to the authorization or exemption number for sales without VAT, ISC or some other tax and its effective date, since the same subsection xxii of article 4 of resolution DGT-25-2014 indicates that said authorization notes are issued by the Dirección General de Tributación or the Dirección General de Hacienda (folios 89 to 95 of the administrative record; 4 to 15, 117 to 128 of the judicial record). Likewise, regarding the requirements related to the single customs declaration (DUA) number; date of the import DUA; tariff heading; tariff heading detail; name of the customs office, name of the customs agency or customs agent who processed the import; identification number of the customs agent or customs agency processing the export; value of the goods reflected in the DUA. This is because, from articles 86, 88, 103, 104, 106 and 107 of the Ley General de Aduanas (Law 7557), and from resolution DGA-203-2005 issued by the Dirección General de Aduanas at 09:00 hours on June 22, 2005, called Manual de Procedimientos en el Marco TICA (Contains Entry and Exit of Goods, Vehicles and Transport Units, Customs Transit Procedures, Deposit Procedures and Definitive and Temporary Import Procedure) (images 1 to 396 of the evidentiary CD admitted at the preliminary hearing), it is evident not only that said data must be recorded in the Single Customs Declaration (DUA) registered in the computer system of the Sistema Nacional de Aduanas (TICA) or another authorized system; but also, that said data must be provided by the customs authorities to other official units, under the terms of numeral 107 of the Ley General de Aduanas (Law 7557). At this point, it should be noted that the fact that the registration of the DUA in the computer system of the Servicio Nacional de Aduanas does not entail endorsing the content of that declaration, nor limit the verification powers of the customs authority (article 88 of Law 7557), to the point that the self-determined customs declaration will be subjected to a selective and random process to determine whether immediate verification of what was declared is appropriate (article 93 of Law 7557); does not imply that the information contained in the computer system of the Servicio Nacional de Aduanas is not truthful, given that as established by articles 89 to 92, 98, of that same regulatory body, when a customs declaration is rejected, the errors may be corrected within a period of three days; likewise, the declarant may at any time request the correction of the DUA, or withdraw the declaration to a regime prior to the release of the goods, or, make the corrections or adjustments, when differences with the DUA are determined during the verification process. Finally, resolution number DGT-25-2014 also fails to provide reasons that justify requesting the taxpayer or declarant to include information issued by or recorded in the files of the Tax or Customs Administration (considerando II part d of this judgment), as established by subsection 8 in fine of article 171 of the CNPT, without prejudice to the use of a lower-hierarchy regulatory source than that established by article 8 paragraph 2 of Law 6826 to determine the form and conditions under which the accounting record of sales and purchases must be kept. Consequently and for all the foregoing, this Court declares that subsections xxii and xxiii of article 4, and subsections xx to xxvii of article 5 of resolution DGT-25-2014 issued by the Dirección General de Tributación at 08:40 hours on June 11, 2014, suffer from a defect of absolute nullity, as they are contrary to the principles of reasonableness and proportionality, and to the right contained in numerals 171 subsection 8) of the CNPT and 2 paragraph 1 in fine of Law 8220. The declaration of absolute nullity of said rules has erga omnes effects, except for rights acquired in good faith and consolidated legal situations. Once this judgment becomes final, it must be published in its entirety in the official gazette La Gaceta, at the expense of the State, since it was the Dirección General de Tributación that issued resolution number DGT-25-2014 issued at 08:40 hours on June 11, 2014 […]"
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