{ "id": "nexus-ext-1-0034-165451", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia de integrar al Estado en proceso indemnizatorio del INDER y CONAI bajo Ley Indígena", "title_en": "State not required as party in INDER and CONAI indemnification proceedings under Indigenous Law", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la defensa previa de indebida integración de la litis interpuesta por el INDER. El demandado alegaba que el Estado debía ser parte en el proceso de indemnización por expropiación de tierras en reservas indígenas, argumentando que el artículo 5 de la Ley Indígena asigna al Estado la financiación de las indemnizaciones. El tribunal analiza la naturaleza del litisconsorcio pasivo necesario y concluye que la relación jurídico-material subyacente —la obligación indemnizatoria— recae exclusivamente en la CONAI y el INDER, no en el Estado. Señala que el párrafo tercero del artículo 5 establece un mecanismo de financiamiento inicial ya ejecutado, y que la participación del Ministerio de Hacienda en avalúos es contingente. Se apoya en jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal de Apelaciones que confirma que el Estado no es sujeto pasivo de dicha obligación.", "summary_en": "The Administrative Court rejects the preliminary defense of improper joinder raised by INDER, which argued that the State must be a party in indemnification proceedings under Indigenous Law No. 6172. The court holds that the material legal relationship underlying the claim for compensation involves only CONAI and INDER as obligors. It finds that Article 5 of the Indigenous Law does not make the State a passive subject of the indemnification duty; the third paragraph merely established an initial funding mechanism. Citing Supreme Court and Court of Appeals precedents, the court concludes that joinder of the State is not required, as the claims are directed solely against INDER and CONAI.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172", "property-and-titling", "_off-topic" ], "primary_topic_id": "indigenous-law-6172", "es_concept_hints": [ "litis consorcio pasivo necesario", "Ley Indígena No. 6172", "expropiación", "personas no indígenas", "reservas indígenas", "CONAI", "INDER" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 5", "law": "Ley 6172" }, { "article": null, "law": "Ley 7495" }, { "article": "Art. 66 inciso f", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 71 inciso 1", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 106", "law": "Código Procesal Civil" }, { "article": "Art. 315", "law": "Código Procesal Civil" }, { "article": "Art. 39", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "Ley Indígena 6172", "litis consorcio pasivo necesario", "expropiación", "indemnización", "INDER", "CONAI", "Estado", "reservas indígenas", "personas no indígenas", "debido proceso", "Sala Primera", "Tribunal Contencioso Administrativo" ], "keywords_en": [ "Indigenous Law 6172", "necessary passive joinder", "expropriation", "indemnification", "INDER", "CONAI", "State", "indigenous reserves", "non-indigenous persons", "due process", "Supreme Court First Chamber", "Administrative Court" ], "excerpt_es": "En el contexto de la obligación indemnizatoria que se origina de lo dispuesto en el numeral 5, párrafo segundo, de la Ley Indígena, la posición de 'deudor' (sujeto pasivo), por imperio de la norma jurídica es ostentada por la CONAI, mientras que la posición sujeto 'acreedor' (sujeto activo) dentro de ese mismo vínculo obligacional se le otorga a las 'personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas'. (...) No se percibe de la literalidad de la norma invocada que el Estado, por medio de alguna de las dependencias del Poder Ejecutivo, se constituya en responsable (obligado) de cancelar las indemnizaciones previstas en el numeral 5 de la Ley Indígena, su deber de conformidad con el párrafo final de esa disposición era dotar de una determinada cantidad de recursos a la CONAI, con los cuales se constituiría un fondo que presumiblemente permitía, en ese momento, pagar las indemnizaciones.", "excerpt_en": "In the context of the indemnification obligation arising from the second paragraph of Article 5 of the Indigenous Law, CONAI holds the position of 'debtor' (passive subject) by mandate of the legal norm, while the position of 'creditor' (active subject) in that same obligatory bond is granted to 'non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within indigenous reserves.' (...) It is not apparent from the literal wording of the invoked norm that the State, through any branch of the Executive, becomes responsible (obligor) for paying the indemnifications provided in Article 5 of the Indigenous Law; its duty under the final paragraph of that provision was to provide a certain amount of resources to CONAI, with which a fund would be constituted that presumably allowed, at that time, the payment of indemnifications.", "outcome": { "label_en": "Defense rejected", "label_es": "Defensa rechazada", "summary_en": "The Court rejects INDER's preliminary defense and rules that the State does not need to be joined as a defendant in the indemnification proceeding.", "summary_es": "El Tribunal rechaza la defensa previa del INDER y declara que el Estado no debe ser integrado como parte demandada en el proceso indemnizatorio." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "It is not apparent from the literal wording of the invoked norm that the State, through any branch of the Executive, becomes responsible (obligor) for paying the indemnifications provided in Article 5 of the Indigenous Law.", "quote_es": "No se percibe de la literalidad de la norma invocada que el Estado, por medio de alguna de las dependencias del Poder Ejecutivo, se constituya en responsable (obligado) de cancelar las indemnizaciones previstas en el numeral 5 de la Ley Indígena." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "The norm does not establish that the State is the passive subject of the indemnification obligation set forth in the second paragraph of the provision, which, as indicated, falls on CONAI, an entity with full legal personality.", "quote_es": "No se establece en la norma que el Estado sea el sujeto pasivo de la obligación indemnizatoria que se establece en el párrafo segundo de la disposición, que como se indicó le corresponde a la CONAI, entidad dotada de personalidad jurídica plena." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "In the context of the indemnification obligation arising from the second paragraph of Article 5 of the Indigenous Law, CONAI holds the position of 'debtor' (passive subject) by mandate of the legal norm, while the position of 'creditor' (active subject) is granted to 'non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith'.", "quote_es": "En el contexto de la obligación indemnizatoria que se origina de lo dispuesto en el numeral 5, párrafo segundo, de la Ley Indígena, la posición de 'deudor' (sujeto pasivo), por imperio de la norma jurídica es ostentada por la CONAI, mientras que la posición sujeto 'acreedor' (sujeto activo) se le otorga a las 'personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe'." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38110", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6172 Art. 5" }, { "target_id": "norm-24321", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7495" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-33056", "norm_num": "6735", "norm_name": "Ley del Instituto de Desarrollo Agrario", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "29/03/1982" }, { "doc_id": "norm-38110", "norm_num": "6172", "norm_name": "Ley Indígena", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "29/11/1977" }, { "doc_id": "norm-72582", "norm_num": "9036", "norm_name": "Ley de Transformación del IDA en INDER y Creación de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "11/05/2012" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "“I. ARGUMENTOS DE LAS PARTES.- El INDER alega la indebida integración de la litis, sostiene que el\nEstado debe ser parte en el proceso porque considera que el artículo 5 de la Ley Indígena (No. 6172)\nes claro al establecer en su párrafo tercero que las expropiaciones e indemnizaciones serán\nfinanciadas por el Estado, por lo que el pago que eventualmente se imponga en sentencia deberá\nrealizarlo el Estado. Expone que \"De una lectura integral de la norma se desprende que si bien le\ncorresponde al INDER expropiar e indemnizar, tales indemnizaciones deben ser financiadas con cargo\nal Presupuesto de la República, es decir el Estado debe pagar con sus recursos dichas\nindemnizaciones, lo que hace necesaria la presencia del Estado en el presente proceso ya que de no\nhacerlo se estarían afectando los intereses del Estado en caso de una eventual condenatoria\". Se\ncita en apoyo de la tesis esgrimida el criterio establecido en resolución dictada oralmente por la\nSección V de este Despacho, No. 89-2014 de las 9 horas 33 minutos del 19 de noviembre de 2014 (no se\nindica el expediente), la voluntad del legislador y el \"documento base\" de la actual Ley Indígena\n(no citado ni aportado), así como una resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso\nAdministrativo y Civil de Hacienda, no se indica la Sección ni el número de expediente, No. 76-2015\nde las 15 horas 31 minutos del 19 de enero de 2015, en la cual según se expone, se consideró -en lo\nmedular- que el Estado debía ser incorporado al proceso en virtud de que se solicitaba que el\nMinisterio de Hacienda realizara los avalúos que permitiesen determinar una indemnización a favor de\nla parte actora, y también porque en criterio de esa Cámara el Estado debe intervenir en el\nprocedimiento de indemnización que establece el numeral 5 de la Ley Indígena, al igual que la\nContraloría General de la República, el INDER y la CONAI. Por su parte, la representación de la\nparte actora se opone al pedimento analizado, para lo cual esgrime tres argumentos: (i) Que la Sala\nPrimera de la Corte Suprema de Justicia ya ha resuelto claramente el tema de la participación del\nEstado en los procesos indemnizatorios de tierras dentro de reservas indígenas y cita el voto No.\n001604-F-S1-2012 de las 9 horas del 6 de diciembre de 2012, en lo concerniente a su Considerando VI;\n(ii) Que para determinar la pluralidad de personas dentro de un proceso se debe recurrir\nsupletoriamente al artículo 106 del Código Procesal Civil, el cual contiene dos criterios,\ndisposición legal o la naturaleza de la relación jurídica material, y concluye que el numeral 5 de\nla Ley Indígena crea una relación jurídico administrativa que únicamente involucra a las entidades\ndemandadas; y (iii) Que en las pretensiones que se esgrimen en este proceso de conocimiento ninguna\nva dirigida contra el Estado y en ninguna se solicita su intervención o la realización de alguna\nconducta, por cuanto en criterio de la entidad accionante, son el INDER y la CONAI las que mantienen\nuna conducta omisiva continua desde el año 1977, no así el Estado.-\n\nII. EL LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO.- Dentro de los elementos sustanciales de un proceso\njurisdiccional, está el relativo a la determinación de los sujetos que deben intervenir, lo que se\ndetermina teniendo como basamento la relación jurídica-administrativa subyacente en la litis\nplanteada, a fin de que el Órgano Jurisdiccional pueda hacer un pronunciamiento de fondo que surta\nsus efectos entre los sujetos que corresponde, en tanto no es posible verter sentencia de fondo\nfraccionando las relaciones jurídicas materiales o calificándolas sólo en relación con algunos de\nsus sujetos, pues la decisión debe englobar y obligar a todos los sujetos que son parte de aquella\nrelación. Es en este sentido que en lo que refiere al litis consorcio pasivo necesaria, se ha\nestablecido que este instituto procura garantizar la correcta formación del contradictorio procesal,\nya que al ser indivisible la relación sustancial, es indispensable en lo que atañe a la parte\ndemandada, que al proceso concurran todos los sujetos a quienes corresponda contradecir la\npretensión deducida. De ello deriva la importancia de que el litis consorcio se integre debidamente,\ntoda vez que, de lo contrario, no podrá conocerse el fondo del asunto y la sentencia no podrá\npronunciarse respecto de la situación jurídica sustancial debatida en el proceso, pues no puede\nafectar o perjudicar a quien no ha sido parte con el necesario cumplimiento del debido proceso. [En\nigual sentido, entre otras, se pueden consultar las sentencias número 29-F-TC-2008 , de las catorce\nhoras quince minutos del ocho de mayo; número 30-F-TC-2008, de las catorce horas veinte minutos del\nocho de mayo; 63-A-TC-2008, de las nueve y cuarenta y cinco minutos del once de junio y número\n156-F-TC-2008, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre, todas dictadas por\nla Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el año dos mil ocho]. Así, en los casos en que un\nproceso no se presente respecto de todos los sujetos de la relación jurídica, ello obliga a enmendar\nla situación, para hacer un pronunciamiento justo. Y es que, aún cuando en principio es un\npresupuesto de fondo, este aspecto debe ser analizado desde el momento de su interposición, para así\ndeterminar si la litis debe ser ampliada con respecto a uno o varios demandados, y así, desde ese\nmomento traer a todas aquellas partes respecto de las que tenga incidencia directa lo discutido en\nel proceso, de manera que en la sentencia se pueda hacer pronunciamiento en lo que corresponde a\ncada una de ellas. En ese tendido ha manifestado la jurisprudencia contenciosa:\n\n\"En el litis consorcio está implícito un problema de legitimatio ad causam, que sin duda alguna,\nconstituye una condición para el dictado de la sentencia. En este caso, no es posible pronunciarse\nsobre el fondo del asunto al no haberse emplazado a todas las personas físicas o jurídicas cuya\npresencia era necesaria, ya que si no se integra la litis como es debido, la sentencia no podría\ndisponer respecto de la existencia o pérdida de los derechos de las personas traídas a juicio.\"\n[Sala Primera de la Corte, número 343-F-2004 de las 8 horas 30 minutos del 20 de mayo de 2004].\n\nY a tal efecto, no se constituye en una simple defensa previa, oponible únicamente por la parte\ndemandada -en los términos en que lo faculta el artículo 66 inciso f) del Código Procesal\nContencioso Administrativo-, en tanto puede ser declarada inclusive de oficio por el juez, como lo\nfaculta el artículo 71 inciso 1) del mismo código de rito, al señalar que \" 1) El litis consorcio\nnecesario se integrará de oficio o a gestión de parte \" [el resaltado no es del original] y en igual\nsentido, y de aplicación supletoria -y además concordante con las disposiciones ya citadas- conforme\na la previsión de los numerales 106 Código Procesal Civil, en lo que dispone en su literalidad:\n\n\"Litis consorcio pasivo necesario. Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la\nrelación jurídica material, la decisión deba hacerse en relación varias personas, éstas deberán ser\ndemandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si la demanda o la contrademanda no comprende a todos\ntodos los litisconsortes, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días, amplíe su\ndemanda o contrademanda, en cuanto a los que faltan, bajo el apercibimiento de dar por terminado el\nproceso, en el primer supuesto, y de declarar inadmisible la contrademanda en el segundo\";\n\ndisposición que a su vez es complementada con el numeral 315 del articulado que se cita:\n\n\"Medidas de saneamiento. Desde la admisión de la demanda y en las oportunidades en que corresponda,\nel juez, deberá decretar las medidas necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones,\nintegrar el litis consorcio necesario, y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal.\"\n\nConsecuentemente, en lo que refiere a la potestad de saneamiento del proceso para integrar\ndebidamente la litis, ello es posible a cargo del Juzgador de turno, desde la admisión de la demanda\no en las oportunidades que corresponda, inclusive hasta en casación [En igual sentido, puede\nconsultarse la sentencia número 872-2004, de las quince horas treinta y cinco minutos del seis de\noctubre del dos mil cuatro, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia]. No debe olvidarse\nque uno de los fundamentos de la litis consorcio, es la protección del derecho fundamental del\ndebido proceso, y corolario de éste, el derecho efectivo a la defensa, que deriva del numeral 39\nconstitucional, de donde nadie puede ser privado o afectado en sus derechos sin ser oído en el\nproceso; ya que la presencia de todos los sujetos es indispensable para que pueda dictarse sentencia\nde fondo sobre la relación esgrimida en el proceso. Así, la presencia de todos esos sujetos es\nindispensable para que la relación procesal se complete y sea posible decidir en sentencia sobre el\nfondo de la misma [En igual sentido, se pueden consultas las resoluciones número números 824-2000,\nde las dieciséis horas cinco minutos del del primero de noviembre del dos mil; número 482-2005, de\nlas diez horas treinta minutos del siete de julio del dos mil cinco y número 156-F-TC-2008, de las\nocho horas cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre del dos mil ocho, todas de la Sala\nPrimera de la Corte Suprema de Justicia].\n\nIII. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- De conformidad con lo antes expuesto, resulta fundamental para\ndeterminar si procede o no la integración de la litis solicitada, verificar si la relación que se\ntrae al proceso es de naturaleza tal que no permita su división para resolver el conflicto de fondo.\nEn el caso subjúdice, es el criterio del suscrito Juzgador, que la defensa previa que objeto de\npronunciamiento debe ser rechazada. Para concluir lo indicado, es necesario señalar que el texto\nvigente del numeral 5 de la Ley Indígena, No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, dispone: \"Artículo\n5º.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de\nlas reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen;\nsi no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e\nindemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado\npor el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995.. / Los estudios y trámites de\nexpropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si\nposteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las\nautoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las\nexpropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en\nefectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada\nuna, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos\ngenerales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la\nCONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República\" . La disposición transcrita es\nel eje de la argumentación que sostiene la representación del INDER, no obstante, se debe resaltar\nque la norma no establece una obligación sustancial del Estado, que lo obligue en la relación\njurídica material que subyace en las alegaciones de la parte demandada, en tanto pretende que con\nbase en la citada disposición se le cancele el valor del inmueble al cual aluden las pretensiones\nesgrimidas en el escrito de demanda, fundamentalmente en el punto 2 de la transcripción contenida en\nel Resultando I de este pronunciamiento. En el contexto de la obligación indemnizatoria que se\norigina de lo dispuesto en el numeral 5, párrafo segundo, de la Ley Indígena, la posición de de\n\"deudor\" ( sujeto pasivo), por imperio de la norma jurídica es ostentada por la CONAI, mientras que\nla posición sujeto \" acreedor\" (sujeto activo ) dentro de ese mismo vínculo obligacional se le\notorga a las \"personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las\nreservas indígenas\". La parte que interpone la defensa que se analiza argumenta que de conformidad\ncon el párrafo final de la disposición legal que se analiza, el Estado es el sujeto jurídico\nobligado a la cancelación establecida en el artículo 5 de la Ley Indígena, reclamada en este asunto\npor la sociedad accionante. Se disiente de lo expuesto, por cuanto en el párrafo al cual se ha hecho\nreferencia se estableció, cuando fue aprobada la legislación mencionada (años 1977), que el Estado\naportaría cien millones de colones para pagar las indemnizaciones establecidas en esa norma,\nmediante cuatro tractos iguales que se incluirían en el Presupuesto de la República para los años\n1979, 1980, 1981 y 1982, con lo cual se creería un fondo en la CONAI, sometido a la \"supervisión\" de\nla Contraloría General de la República. No se establece en la norma que el Estado sea el sujeto\npasivo de la obligación indemnizatoria que se establece en el párrafo segundo de la disposición, que\ncomo se indicó le corresponde a la CONAI, entidad dotada de personalidad jurídica plena, y por ende,\ntitular de derechos y obligaciones propias, y de un patrimonio separado e independiente de los\nrecursos del Estado-persona. Se considera que posiblemente con una mala técnica legislativa se\nincorporó en el párrafo tercero del numeral 5 de la Ley Indígena una regulación que en su mayor\nparte debió formar parte de un artículo transitorio, por cuanto su vigencia normativa se encontraba,\na diferencia de la integralidad de la ley a la cual pertenece, referida tan solo a un lapso de\ncuatro ejercicios presupuestarios. No se requiere para efectos de resolver la defensa bajo examen si\nel Poder Legislativo en el ejercicio de su función de aprobación de los presupuestos de la República\nincorporó o no los fondos mencionados hasta completar la suma total de cien millones de colones, por\ncuanto el objeto de este proceso no versa sobre ese punto, tampoco sobre si el fondo fue constituido\ny subsiste a la fecha, lo fundamental es que no se percibe de la literalidad de la norma invocada\nque el Estado, por medio de alguna de las dependencias del Poder Ejecutivo, se constituya en\nresponsable (obligado) de cancelar las indemnizaciones previstas en el numeral 5 de la Ley Indígena,\nsu deber de conformidad con el párrafo final de esa disposición era dotar de una determinada\ncantidad de recursos a la CONAI, con los cuales se constituiría un fondo que presumiblemente\npermitía, en ese momento, pagar las indemnizaciones a los propietarios o poseedores no indígenas de\nterrenos ubicados en zonas denominadas como \"reservas indígenas\". En consecuencia, al no\nconsiderarse que el Estado sea parte de la relación sustancial que subyace a las pretensiones\nesgrimidas el criterio es que la defensa previa planteada por el INDER necesariamente debe ser\ndesestimada, lo cual se fundamenta además en lo establecido en numeral 12 del CPCA, así como en la\ninterpretación a contrario sensu del numeral 71 de ese mismo articulado y del artículo 106 del\nCódigo Procesal Civil, ninguno de los cuales respalda la incorporación del Estado a la litis, por no\nfigurar como parte en la relación jurídico material subyacente que se invoca como fundamento de las\npretensiones planteadas y por no ser, tampoco, destinatario de ninguna de ellas. Sobre lo último\ndebe acotarse que la solicitud que realiza la parte actora para que el Ministerio de Hacienda\nparticipe en la elaboración de los avalúos que según ella permitirían determinar la indemnización\nque afirma le corresponde al amparo del numeral 5 de la Ley Indígena (ver la pretensión identificada\ncomo número 1 que se transcribe en el Resultando I de este pronunciamiento) no es motivo suficiente\npara incorporar al Estado a este proceso, por cuanto en definitiva la participación de esa\ndependencia del Poder Ejecutivo se aprobaría únicamente si con base en el ordenamiento resultare\nposible recurrir a ese mecanismo de determinación, lo que por ende devendría de una norma jurídica\nautorizante, no de lo que sea declarado en este proceso, por lo cual que no se integre al Estado\ncomo parte en este proceso no le irrogaría ningún perjuicio. Por el contrario, considera este\nTribunal que la intervención del Ministerio de Hacienda en la determinación del monto de una\neventual indemnización a favor de la sociedad actora es totalmente contingente, y lo procedente se\npodría establecer por otros medios de cuantificación, por ejemplo, la designación de peritos en la\nfase de ejecución de un eventual pronunciamiento estimatorio de las tesis de la parte accionante.\nResta por analizar lo referente a los precedentes judiciales atinentes al caso, ambas partes citan\npronunciamientos en sentido diverso. El INDER, que promueve el acogimiento de la defensa que se\nanaliza, alude a la resolución dictada oralmente por la Sección V de este Despacho, No. 89-2014 de\nlas 9 horas 33 minutos del 19 de noviembre de 2014 (no se indica el expediente), así como una\nresolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, no se\nindica la Sección ni el número de expediente, No. 76-2015 de las 15 horas 31 minutos del 19 de enero\nde 2015, en la cual según se expone, se consideró -en lo medular- que el Estado debía ser\nincorporado al proceso en virtud de que se solicitaba que el Ministerio de Hacienda realizara los\navalúos que permitiesen determinar una indemnización a favor de la parte actora, y también porque en\ncriterio de esa Cámara el Estado debe intervenir en el procedimiento de indemnización que establece\nel numeral 5 de la Ley Indígena, al igual que la Contraloría General de la República, el INDER y la\nCONAI. En las líneas precedentes se ha fundamentado porque no se considera que el artículo 5 de la\nLey Indígena fundamente la incorporación del Estado como parte demandada en este asunto, y que\ntampoco se encuentra asidero para lo anterior en el hecho de que el Ministerio de Hacienda debiese\nelaborar un avalúo que permitiese calcular la indemnización que le correspondería, eventualmente, a\nla parte actora. Por su parte, la parte actora en su oposición a la defensa adujo que la Sala\nPrimera de la Corte Suprema de Justicia ya ha resuelto claramente el tema de la participación del\nEstado en los procesos indemnizatorios de tierras dentro de reservas indígenas y citó el voto No.\n001604-F-S1-2012 de las 9 horas del 6 de diciembre de 2012, en lo concerniente a su Considerando VI.\nEs pertinente citar, en lo conducente, el pronunciamiento antes indicado de la Sala especializada en\nmateria contencioso administrativo: \"VI. Ahora bien, en torno al litisconsorcio del Estado, alegato\nque formuló en la etapa de juicio, el Tribunal le señaló, con base en el artículo 5 de la Ley\nIndígena, que el IDA, en coordinación con el CONAI, debían reubicar a las personas no indígenas\npropietarias o poseedoras de buena fe dentro del territorio de las reservas indígenas, y de no ser\nposible, o no aceptarlo, expropiarlas e indemnizarlas. Luego añadió: “En este sentido, la\nrepresentación del IDA en el juicio oral manifestó que la responsabilidad es del Estado a partir del\nDecreto Ejecutivo que amplió la reserva indígena, no obstante, el mandato legislativo orienta la\nresponsabilidad hacia ellos, por lo que el alegato no tiene abrigo.”. El argumento, aunque ayuno de\nuna serie de razones adicionales indispensables para su adecuada comprensión, es acertado por las\nrazones que de seguido se expondrán –omitidas por el Tribunal-. La Ley no. 2825 del 8 de diciembre\nde 1962 creó el Instituto de Tierras y Colonización. Mediante la Ley no.6735 del 29 de marzo de\n1982, ese Instituto se transformó en el Instituto de Desarrollo Agrario, que en su artículo 1 se\ndefinió como una “institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio\npropio e independencia administrativa.” . Esta última, a su vez, sufrió una reciente reforma, pues\nla Ley no. 9036 del 29 de mayo de 2012, transformó el IDA en el Instituto de Desarrollo Rural\n(INDER), pero su artículo 14, mantuvo literalmente la norma transcrita anteriormente, esto es,\nconstituye una institución autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio\npropio e independencia administrativa. Como institución autónoma que es, dado que conforme al\nartículo 5 supra citado, le corresponde la expropiación de los terrenos ubicados en reservas\nindígenas, bajo la posesión o propiedad de personas no indígenas, es claro que no existe necesidad\nde involucrar en el litigio al Estado, pues el ejercicio de la competencia cuya omisión reclamó el\nactor (que no ha sido expropiado), corresponde al INDER en coordinación con el CONAI, no así al\nEstado. El que la incorporación de los territorios a la reserva fuera dispuesto por vía decreto, no\nmerma lo dicho hasta acá, pues corresponde al INDER, en coordinación con el CONAI, asumir las\ncompetencias dotadas por ley para la tutela de tales terrenos orientados a la protección de la\npoblación indígena. Así las cosas, no se constata el defecto en la integración de la litis que\nrefiere respecto del Estado. Por otra parte, la referencia que incluye en torno al pronunciamiento\nemitido en otro proceso, del que, en apariencia, pretende derivar la incorrección del fallo\nexaminado en esta oportunidad, es desafortunada, pues no se trata de procesos similares, de modo que\nla comparación es improcedente. Ese expediente obra en este mismo asiento jurisdiccional, y si bien\nse tuvo ad effectum videndi, el trámite obligado de dar audiencia a la contraparte se torna\ninnecesario por lo que de seguido se dirá. Revisados esos autos, se constata que ese proceso se\nventila entre la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bri Bri de Keköldi contra\nel Estado, el IDA y el CONAI. En tal litigio, la parte actora pretende, en lo medular, el resguardo\ndel territorio de esa reserva, requiriendo la expropiación y el desalojo, según corresponde, de los\npropietarios u ocupantes no indígenas. Esto evidencia, entonces, que no versa respecto de una\nsolicitud de un particular de ser expropiado, por un terreno ubicado en la reserva Guaymí de Coto\nBrus, que es lo que se debate aquí, de modo que no resulta de utilidad establecer ningún parangón\nentre aquél proceso y éste. Luego, por las razones señaladas, el litisconsorcio alegado no se\nconstata y tampoco era necesario dar audiencia a la contraparte para que se refiriese al punto\n(...)\". La transcripción, si bien se puede considerar extensa, resulta necesaria como fundamentación\nadicional de lo resuelto, debiéndose señalar para concluir, que no se procede únicamente por\ntratarse de un criterio y precedente originado la instancia jurisdiccional de mayor jerarquía en el\námbito contencioso administrativo, sino porque también se trata de un criterio utilizado y reiterado\nen pronunciamientos más recientes que los citados por la parte que interpone la defensa previa, e\ninclusive por las dos secciones del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil\nde Hacienda, en tal sentido se remite al contenido del Voto No. 230-2015-I, de la Sección Primera\ndel Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, dictada a las 10\nhoras 21 minutos del 19 de mayo de 2015, así como lo establecido en el Voto No. 121-2017-II, de la\nSección II de ese mismo Despacho, dictado a las 16 horas del 23 de marzo de 2017, en ambos\npronunciamientos se rechazó la integración del Estado en una litis fundamentalmente idéntica a la\nque es objeto de este expediente, ambas resoluciones fueron dictados en relación con el proceso\ntramitado en expediente 13-001442-1027-CA, establecido contra las dos entidades que figuran como\ndemandadas en el presente asunto. Debe resaltarse que en el pronunciamiento de la Sección Segunda se\ncitan también sendos precedentes en los cuales se rechaza la incorporación del Estado en procesos\nsimilares al que origina este pronunciamiento, a saber los Votos de esa Sección números 140-2016-II\ny 221-2016-II. Así las cosas, con base en el análisis anterior y las disposiciones y precedentes\ncitados, ha de rechazarse la integración del litis consorcio pasivo necesario, específicamente la\nincorporación en este proceso del Estado como parte demandada, que solicita el codemandado INDER,\ncomo en efecto se hace en esta resolución.-”", "body_en_text": "I. ARGUMENTS OF THE PARTIES.— INDER alleges improper joinder of the litis, maintains that the State must be a party to the proceeding because it considers that Article 5 of the Ley Indígena (No. 6172) is clear in establishing in its third paragraph that the expropriations and indemnifications shall be financed by the State, and therefore any payment that may eventually be imposed in the judgment must be made by the State. It submits that “From a comprehensive reading of the provision, it follows that although INDER is responsible for expropriating and indemnifying, such indemnifications must be financed from the Budget of the Republic (Presupuesto de la República), meaning the State must pay those indemnifications with its own resources, which makes the State’s presence in this proceeding necessary, as failing to do so would affect the State’s interests in the event of an eventual adverse judgment.” Cited in support of the thesis advanced are the criterion set forth in a decision issued orally by Section V of this Office, No. 89-2014 of 9:33 a.m. on November 19, 2014 (the case file is not indicated), the will of the legislator, and the “base document” (documento base) of the current Ley Indígena (neither cited nor provided), as well as a decision of the Administrative and Civil Hacienda Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), without indication of the Section or case file number, No. 76-2015 of 3:31 p.m. on January 19, 2015, in which, according to the submission, it was held—at its core—that the State was required to be joined in the proceeding because the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) was requested to conduct the appraisals that would allow for determination of an indemnity in favor of the plaintiff, and also because, in that Chamber’s view, the State must participate in the indemnification proceeding established in Section 5 of the Ley Indígena, along with the General Comptroller’s Office of the Republic (Contraloría General de la República), INDER, and CONAI. For its part, the plaintiff’s legal representative opposes the request under analysis, putting forward three arguments: (i) that the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has already clearly resolved the issue of the State’s participation in land indemnification proceedings within indigenous reserves, citing vote No. 001604-F-S1-2012 of 9:00 a.m. on December 6, 2012, in connection with its Considerando VI; (ii) that to determine the multiplicity of persons within a proceeding, one must resort, on a supplementary basis, to Article 106 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), which contains two criteria—a statutory provision or the nature of the material legal relationship—and concludes that Section 5 of the Ley Indígena creates an administrative legal relationship that solely involves the defendant entities; and (iii) that none of the claims asserted in this ordinary proceeding are directed against the State, and none request its intervention or the performance of any conduct, because, in the view of the plaintiff entity, it is INDER and CONAI that have maintained a continuous state of omission since 1977, not the State.—\n\nII. THE NECESSARY PASSIVE LITIS CONSORTIUM.— Among the substantial elements of a judicial proceeding is that relating to determining the subjects who must participate, which is determined taking as its basis the underlying administrative-legal relationship in the litis raised, so that the Judicial Body may issue a ruling on the merits that takes effect among the proper subjects, since it is not possible to render a judgment on the merits by fragmenting the material legal relationships or characterizing them only in relation to some of their subjects, because the decision must encompass and bind all of the subjects who are part of that relationship. In this sense, regarding the necessary passive litis consortium (litis consorcio pasivo necesario), it has been established that this institution seeks to guarantee the correct formation of the procedural contradictorio, because, since the substantial relationship is indivisible, it is essential with respect to the defendant party that all subjects whose responsibility it is to oppose the claim asserted appear in the proceeding. From this derives the importance of properly constituting the litis consortium, given that, otherwise, the merits of the matter cannot be examined, and the judgment cannot rule on the substantial legal situation debated in the proceeding, because it cannot affect or prejudice one who has not been a party with the necessary compliance with due process. [To the same effect, among others, see judgments No. 29-F-TC-2008, of 2:15 p.m. on May 8; No. 30-F-TC-2008, of 2:20 p.m. on May 8; 63-A-TC-2008, of 9:45 a.m. on June 11; and No. 156-F-TC-2008, of 8:45 a.m. on November 7, all handed down by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in 2008]. Thus, in cases where a proceeding is not brought against all subjects of the legal relationship, it requires the situation to be remedied in order to issue a fair ruling. And indeed, even though it is, in principle, a matter pertaining to the merits, this aspect must be analyzed from the moment of filing, so as to determine if the litis must be broadened with respect to one or more defendants and, thus, from that point on, to bring in all those parties upon whom what is being discussed in the proceeding has a direct impact, so that the judgment can rule on what corresponds to each of them. In that vein, the contentious-administrative case law has stated:\n\n“Implicit in the litis consortium is a problem of legitimatio ad causam, which undoubtedly constitutes a prerequisite for the delivery of judgment. In this case, it is not possible to rule on the merits because not all natural or legal persons whose presence was necessary were served with process, since if the litis is not properly constituted, the judgment could not dispose as to the existence or loss of the rights of the persons brought into the dispute.” [First Chamber of the Court, No. 343-F-2004 of 8:30 a.m. on May 20, 2004].\n\nAnd to that end, it does not constitute a mere preliminary defense, opposable only by the defendant party—in the terms authorized by Article 66(f) of the Administrative Contentious Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo)—insofar as it may even be declared sua sponte by the judge, as authorized by Article 71(1) of the same procedural code, when it provides that “1) The necessary litis consortium shall be constituted sua sponte or at a party’s request” [emphasis not in the original] and to the same effect, and as supplementary application—and furthermore in accordance with the provisions already cited—pursuant to the provision of Article 106 of the Civil Procedure Code, in its literal text, which provides:\n\n“Necessary passive litis consortium. When, by statutory provision or by the nature of the material legal relationship, the decision must be rendered with respect to multiple persons, they must be plaintiffs or defendants in the same proceeding. If the complaint or counterclaim does not encompass all of the litisconsortes, the judge shall order that party, within a period of eight days, to amend its complaint or counterclaim to include those who are missing, under penalty of terminating the proceeding in the first instance, and of declaring the counterclaim inadmissible in the second”;\n\na provision that is in turn complemented by Section 315 of the cited article:\n\n“Remedial measures. From the admission of the complaint and at the appropriate procedural opportunities, the judge must decree the measures necessary to reinstate procedural steps and correct actions, constitute the necessary litis consortium, and prevent any attempted procedural fraud.”\n\nConsequently, regarding the power to remedy the proceeding in order to properly constitute the litis, this may be done by the Judge of the case, from the admission of the complaint or at the appropriate opportunities, even at the cassation stage [To the same effect, see judgment No. 872-2004, of 3:35 p.m. on October 6, 2004, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice]. It must not be forgotten that one of the foundations of the litis consortium is the protection of the fundamental right to due process, and a corollary thereof, the effective right to a defense, which derives from Article 39 of the Constitution, whereby no one may be deprived of or affected in his or her rights without being heard in the proceeding; as the presence of all subjects is indispensable for a judgment on the merits to be rendered on the relationship asserted in the proceeding. Thus, the presence of all those subjects is indispensable for the procedural relationship to be completed and for it to be possible to decide, in the judgment, on its merits. [To the same effect, see resolutions No. 824-2000, of 4:05 p.m. on November 1, 2000; No. 482-2005, of 10:30 a.m. on July 7, 2005; and No. 156-F-TC-2008, of 8:45 a.m. on November 7, 2008, all of the First Chamber of the Supreme Court of Justice].\n\nIII. ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE.— In accordance with the foregoing, it is essential—in order to determine whether the requested joinder of the litis is proper—to verify whether the relationship brought into the proceeding is of such a nature that it does not permit its division in order to resolve the underlying conflict. In the case sub judice, it is the view of the undersigned Judge that the preliminary defense that is the subject of this ruling must be rejected. To reach this conclusion, it is necessary to note that the current text of Section 5 of the Ley Indígena, No. 6172 of November 29, 1977, provides: “Article 5.— In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate and indemnify them according to the procedures established in the Expropriation Law (Ley de Expropiaciones). (As amended by Article 65(c) of Law No. 7495 of May 3, 1995.) / The studies and procedures of expropriation and indemnification shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. If there is a subsequent invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed to their eviction, without payment of any indemnity whatsoever. / The expropriations and indemnifications shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, to be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, the first beginning in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic (presupuestos generales de la República) for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the General Comptroller’s Office of the Republic.” The transcribed provision is the axis of the argument maintained by INDER’s representative; nonetheless, it must be highlighted that the provision does not establish a substantive obligation on the part of the State that binds it within the material legal relationship underlying the defendant party’s allegations, insofar as it seeks, based on that cited provision, to have the value of the real property to which the claims asserted in the complaint refer—fundamentally in point 2 of the transcription contained in Resultando I of this ruling—be paid to it. In the context of the indemnification obligation originating from the provisions of Section 5, second paragraph, of the Ley Indígena, the position of “debtor” (passive subject), by force of the legal provision, is held by CONAI, while the position of “creditor” subject (active subject) within that same obligatory relationship is granted to “non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves.” The party raising the defense under analysis argues that, in accordance with the final paragraph of the legal provision under analysis, the State is the legal subject obligated to make the payment established in Article 5 of the Ley Indígena, which is sought in this matter by the plaintiff company. This is not shared, because the paragraph to which reference has been made established, when the aforementioned legislation was enacted (1977), that the State would contribute one hundred million colones to pay the indemnifications established in that provision, through four equal installments to be included in the Budget of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982, thereby creating a fund within CONAI, subject to the “supervision” of the General Comptroller’s Office of the Republic. The provision does not establish that the State is the passive subject of the indemnification obligation set forth in the second paragraph of the provision—which, as indicated, falls to CONAI, an entity endowed with full legal personality, and therefore, the holder of its own rights and obligations, and of a separate and independent patrimonio from the resources of the State as a legal person. It is considered that, possibly through poor legislative drafting, the third paragraph of Section 5 of the Ley Indígena incorporated a regulation that, for the most part, should have formed part of a transitory article, because its normative validity was limited—unlike the entirety of the law to which it belongs—only to a period of four budgetary exercises. It is not required, for purposes of resolving the defense under examination, to determine whether the Legislative Branch, in the exercise of its function of approving the budgets of the Republic, incorporated or not the mentioned funds until completing the total sum of one hundred million colones, because the subject matter of this proceeding does not concern that point, nor does it concern whether the fund was constituted and subsists to date; what is fundamental is that it is not perceived from the literal text of the invoked provision that the State, through any of the dependencies of the Executive Branch, constitutes itself as the party responsible (obligated) for paying the indemnifications provided for in Section 5 of the Ley Indígena; its duty, in accordance with the final paragraph of that provision, was to provide a specific amount of resources to CONAI, with which a fund would be constituted that presumably permitted, at that time, the payment of indemnifications to non-indigenous owners or possessors of lands located in areas designated as “indigenous reserves.” Consequently, as the State is not considered to be a part of the substantial relationship underlying the claims asserted, the view is that the preliminary defense raised by INDER must necessarily be dismissed, which is furthermore based on the provisions of Article 12 of the CPCA (Administrative Contentious Procedure Code), as well as on the a contrario sensu interpretation of Article 71 of that same code and Article 106 of the Civil Procedure Code, none of which support the joinder of the State in the litis, because it does not appear as a party in the underlying material legal relationship invoked as the basis for the claims raised, nor is it the addressee of any of them. As to the latter, it must be noted that the request made by the plaintiff for the Ministry of Finance to participate in the preparation of the appraisals that, according to it, would make it possible to determine the indemnity it asserts corresponds to it under Section 5 of the Ley Indígena (see the claim identified as number 1, as transcribed in Resultando I of this ruling) is not a sufficient reason to join the State in this proceeding, because, ultimately, the participation of that dependency of the Executive Branch would be approved only if, based on the legal system, it were possible to resort to that valuation mechanism, which would therefore derive from an authorizing legal provision, not from what may be declared in this proceeding; therefore, not joining the State as a party in this proceeding would not cause it any prejudice. On the contrary, this Court considers that the intervention of the Ministry of Finance in determining the amount of a possible indemnity in favor of the plaintiff company is entirely contingent, and the appropriate course could be established through other means of quantification, for example, the appointment of expert witnesses in the enforcement phase of a potential ruling upholding the thesis of the plaintiff. It remains to analyze the judicial precedents relevant to the case; both parties cite decisions going in opposite directions. INDER, which seeks the acceptance of the defense under analysis, refers to a decision issued orally by Section V of this Office, No. 89-2014 of 9:33 a.m. on November 19, 2014 (the case file is not indicated), as well as a decision of the Administrative and Civil Hacienda Court of Appeals, without indication of the Section or case file number, No. 76-2015 of 3:31 p.m. on January 19, 2015, in which, according to its submission, it was held—at its core—that the State was required to be joined in the proceeding because the Ministry of Finance was requested to conduct the appraisals that would allow for determination of an indemnity in favor of the plaintiff, and also because, in that Chamber’s view, the State must participate in the indemnification proceeding established in Section 5 of the Ley Indígena, along with the General Comptroller’s Office of the Republic, INDER, and CONAI. In the preceding paragraphs, it has been substantiated why Article 5 of the Ley Indígena is not considered to provide a basis for joining the State as a defendant in this matter, and that no support for the foregoing is found in the fact that the Ministry of Finance would have to prepare an appraisal allowing calculation of the indemnity that would eventually correspond to the plaintiff. For its part, the plaintiff, in its opposition to the defense, argued that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has already clearly resolved the issue of the State’s participation in land indemnification proceedings within indigenous reserves, and cited vote No. 001604-F-S1-2012 of 9:00 a.m. on December 6, 2012, in connection with its Considerando VI. It is pertinent to quote, as relevant, the aforementioned ruling of the Chamber specialized in contentious-administrative matters: “VI. Now then, regarding the litis consortium of the State, an argument it raised at the trial stage, the Court pointed out to it, based on Article 5 of the Ley Indígena, that the IDA, in coordination with CONAI, were required to relocate non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the territory of the indigenous reserves, and if that was not possible, or if they did not accept it, to expropriate and indemnify them. It then added: ‘In this regard, the representative of the IDA stated at the oral hearing that the responsibility belongs to the State as a result of the Executive Decree (Decreto Ejecutivo) that expanded the indigenous reserve; however, the legislative mandate directs the responsibility toward them, and therefore the argument has no support.’ The argument, though lacking a series of additional reasons essential for its proper understanding, is correct for the reasons that will be set out below—omitted by the Court. Law No. 2825 of December 8, 1962, created the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización). Through Law No. 6735 of March 29, 1982, that Institute was transformed into the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), which in its Article 1 defined itself as an ‘autonomous institution under public law, with legal personality, its own patrimonio, and administrative independence.’ The latter, in turn, underwent a recent reform, as Law No. 9036 of May 29, 2012, transformed the IDA into the Institute of Rural Development (INDER), but its Article 14 literally maintained the rule transcribed above, i.e., it constitutes an autonomous institution under public law, with legal personality, its own patrimonio, and administrative independence. As an autonomous institution that it is, given that, pursuant to Article 5 cited above, it is responsible for the expropriation of lands located in indigenous reserves, under the possession or ownership of non-indigenous persons, it is clear that there is no need to involve the State in the litigation, because the exercise of the competence whose omission the plaintiff alleged (that he has not been expropriated) falls to INDER in coordination with CONAI, and not to the State. That the incorporation of the territories into the reserve was ordered by decree in no way diminishes what has been stated here, because it falls to INDER, in coordination with CONAI, to assume the competences provided by law for the protection of such lands aimed at protecting the indigenous population. Thus, the defect in the constitution of the litis to which the State refers with respect to itself is not observed. Furthermore, the reference it includes to the ruling issued in another proceeding, from which it apparently seeks to derive the incorrectness of the judgment under review in this instance, is unfortunate, because they are not similar proceedings, so that the comparison is improper. That case file is in this same jurisdictional court, and although it was taken ad effectum videndi, the required procedure of granting a hearing to the opposing party is unnecessary for the reasons that will be stated below. Upon reviewing that file, it is confirmed that that proceeding is being conducted between the Integrated Development Association of the Bri Bri Indigenous Reserve of Keköldi (Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bri Bri de Keköldi) against the State, the IDA, and CONAI. In that litigation, the plaintiff seeks, at its core, the safeguarding of the territory of that reserve, requesting expropriation and eviction, as appropriate, of non-indigenous owners or occupants. This demonstrates, then, that it does not concern a request by a private individual to be expropriated for a piece of land located in the Guaymí de Coto Brus Reserve, which is what is being debated here, such that it is not useful to draw any parallel between that proceeding and this one. Therefore, for the reasons stated, the alleged litis consortium is not observed, nor was it necessary to grant a hearing to the opposing party for it to address the point (…).” The transcription, while it may be considered lengthy, is necessary as additional reasoning for what is resolved, and it must be noted in conclusion that this is the case not only because it is a criterion and precedent originating from the highest-ranking jurisdictional instance in the contentious-administrative sphere, but also because it is a criterion used and reiterated in pronouncements more recent than those cited by the party raising the preliminary defense, even by both sections of the Administrative and Civil Hacienda Court of Appeals. In that sense, reference is made to the content of Vote No. 230-2015-I, of Section I of the Administrative and Civil Hacienda Court of Appeals, issued at 10:21 a.m. on May 19, 2015, as well as what was established in Vote No. 121-2017-II, of Section II of that same Office, issued at 4:00 p.m. on March 23, 2017; in both rulings, the joinder of the State in a litis fundamentally identical to the one that is the subject of this case file was rejected; both resolutions were issued in relation to the proceeding conducted in case file 13-001442-1027-CA, filed against the two entities that appear as defendants in the present matter. It must be emphasized that the ruling of Section Two also cites several precedents in which the joinder of the State is rejected in proceedings similar to the one giving rise to this ruling, namely, Votes of that Section numbers 140-2016-II and 221-2016-II. Thus, based on the foregoing analysis and the cited provisions and precedents, the integration of the necessary passive litis consortium must be, and is hereby, rejected, specifically the joinder in this proceeding of the State as a defendant party, as requested by the co-defendant INDER.—" }