{ "id": "nexus-ext-1-0034-165619", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Cobro de tasas municipales por servicios de mantenimiento en el cantón de Osa", "title_en": "Municipal service maintenance fees in Osa canton", "summary_es": "En este proceso contencioso administrativo, la parte recurrente impugnó una resolución de la Municipalidad de Osa que confirmaba el cobro de tasas por servicios de mantenimiento de vías y sitios públicos y de parques y zonas verdes correspondientes al año 2016. La recurrente alegó que la municipalidad no demostró la prestación efectiva de los servicios, que en su localidad no existían parques ni zonas verdes, y cuestionó la fórmula de cobro y la fecha de inicio. El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, aplicó los artículos 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 74 del Código Municipal para establecer que las tasas municipales gravan la prestación efectiva o potencial de un servicio público, y que la obligación de pago recae sobre todos los usuarios del cantón, con independencia de que reciban el servicio de forma individualizada o demuestren interés en él. Acreditada la prestación, al menos potencial, de los servicios en la comunidad, el tribunal rechazó todos los agravios y confirmó el acto impugnado, dando por agotada la vía administrativa.", "summary_en": "In this administrative litigation, the appellant challenged a resolution by the Municipality of Osa that upheld the collection of fees for road and public site maintenance, parks, and green areas for 2016. The appellant argued the municipality failed to prove actual service provision, that no parks or green areas existed in their locality, and questioned the fee formula and start date. The Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, applied Article 4 of the Tax Code and Article 74 of the Municipal Code to hold that municipal fees are charged for the actual or potential provision of a public service, and the payment obligation falls on all canton users regardless of individualized receipt or demonstrated interest. Having established at least potential service provision in the community, the tribunal rejected all grievances and upheld the challenged act, exhausting the administrative route.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "tasa", "hecho generador", "prestación efectiva o potencial", "contribuyente", "obligación ex lege", "Código Municipal", "autotutela reduplicativa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 4", "law": "Código de Normas y Procedimientos Tributarios" }, { "article": "Art. 74", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Art. 75", "law": "Código Municipal" } ], "keywords_es": [ "tasas municipales", "servicios públicos", "mantenimiento de vías", "Código Municipal", "artículo 74", "Código de Normas y Procedimientos Tributarios", "Osa", "obligación tributaria", "prestación efectiva o potencial", "interés general" ], "keywords_en": [ "municipal fees", "public services", "road 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prestación efectiva o potencial del mismo, tal y como así lo ha señalado reiteradamente este Tribunal.\n\nA tenor de lo expuesto, la procedencia del pago del tributo opera aún bajo la hipótesis que al contribuyente no le interese hacer uso de estos, de toda suerte que basta con que éste se preste o se mantenga para que exista obligación de pagarlo.", "excerpt_en": "In light of the foregoing, it is important to emphasize that the payment of fees responds to the existence of state services essential for private and social life and, consequently, they are coercively imposed, so that when the State organizes a service and makes it available to the citizen, the latter, even if they have no interest in it or do not use it, cannot refuse to pay, because the goal upon establishing it is the attention of the general interest.\n\nFrom this statement, two vitally important aspects must be highlighted in this analysis: on one hand, clearly identifying that the taxable event of the fees corresponds 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Sobre este particular, es\nimportante precisar que en el acta de inspección de campo realizada en fecha 27 de octubre de\n2016, se determinó que \"la señora Clayton Hugh Jack es propietario de la finca 113714, la cual se\nubica en el distrito de Cortes\", de allí que no lleva razón la parte recurrente al señalar que las\ninspecciones se realizaron para determinar si se brindaban o no los servicios, sino que, tal y\ncomo lo señala la corporación municipal en el acto impugnado, dicha inspección se realizó para\ndeterminar la ubicación del inmueble; de allí que se rechaza este segundo agravio. Como tercer\nreproche, señala que la Municipalidad de Osa no demostró que sí se prestaran los servicios de\nmantenimiento de vías y sitios públicos y de parques y zonas verdes, reiterando que sobre estos dos\núltimos no es posible su reconocimiento, por cuanto en dicha localidad no existen parques ni zonas\nverdes. En la misma línea, expone que la Alcaldía Municipal omite pronunciamiento sobre su\nargumento de que el cobro procede sobre los servicios que se prestan y no en virtud de servicios\nque no se brindan. A efectos de abordar el tema, este Tribunal en reiteradas ocasiones ha señalado,\nen atención a la prestación de servicios de agua potable, recolección de basura, limpieza de\ncalles y caños, mantenimiento de parques y zonas verdes, que: \"Esta clase de servicios locales se\nregula en dos cuerpos normativos, a saber, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios,\nartículo 4, y el Código Municipal, en el numeral 74. De ambas normas se desprende que dichos\nservicios se cobran mediante tasas, las cuales son tributos cuya finalidad está destinada al\nmantenimiento y continuidad del mismo servicio. Dispone el párrafo tercero del artículo 4 del\nCódigo de Normas y Procedimientos Tributarios lo siguiente: \"Tasa es el tributo cuya obligación\ntiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público\nindividualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que\nconstituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en\npago de servicios no inherentes al Estado.\" Bajo esa misma inteligencia, el Código Municipal\ndispone lo siguiente: “Artículo 74. — Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas\ny precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad\npara desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación\nen La Gaceta. / Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías\npúblicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada\nde los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal\ny cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se\npresten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios. (...) Además, se cobrarán tasas\npor los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. Los\nmontos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la municipalidad\npara mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho monto se incrementará en un diez por ciento\n(10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los\ncontribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La municipalidad calculará cada tasa\nen forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda\nautorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá para\norganizar y cobrar cada tasa.” La lectura integral de los artículos de cita, es relevante, pues de\nella se puede desprender los elementos de relevancia necesarios para resolver esta causa. En primer\nlugar, debe indicarse que todo lo concerniente al cobro y gestión de los servicios locales, se\nencuentra regulado por el ordenamiento tributario, de modo tal que el sujeto pasivo está definido\nen el artículo 74 párrafo segundo del Código Municipal, que dispone que es el \"usuario\" el que\nasume la obligación. El pago de las tasas responde a la existencia de servicios estatales\nimprescindibles para la vida privada y en sociedad, por lo que se constituyen como obligaciones ex\nlege, de Derecho Público, son prestaciones coactivamente impuestas, o sea, no tienen su causa en\nun contrato, por lo que no proviene de la conjunción de la voluntad de las partes, y se estructuran\nlegalmente mediante el cobro de un importe que permite cubrir el costo económico más un porcentaje\npara su desarrollo (artículo 74, párrafo primero del Código Municipal). Su origen proviene de la\nley y, como tal, es una obligación inherente al Estado -en este caso, al gobierno local- y,\ncorrelativamente, del usuario, honrar su obligación con el debido pago. Tanto sujeto activo como\nsujeto pasivo ostentan obligaciones de ley que, por su naturaleza, son irrenunciables, en el tanto\nlos servicios son imprescindibles o indispensables\". (El subrayado no es del original) (Tribunal\nContencioso Administrativo, Sección Tercera, voto 573-2015 de las catorce horas del treinta de\nnoviembre del dos mil quince). En atención a lo expuesto, es importante resaltar que el pago de las\ntasas responde a la existencia de servicios estatales imprescindibles para la vida privada y en\nsociedad y, por consiguiente, son coactivamente impuestas, de modo que cuando el Estado organiza un\nservicio y lo pone a disposición del ciudadano, éste aunque no tenga interés ni haga uso de aquél,\nno puede negarse a pagarlo, debido a que lo que se tiene en mira al establecerse es la atención\ndel interés general. A partir de esta afirmación, se deben resaltar dos aspectos de vital\nimportancia en el presente análisis, por un lado, tener claramente identificado que el hecho\ngenerador de las tasas corresponde a la prestación efectiva o potencial de un servicio público por\nparte de la Municipalidad, y por otro lado, que el sujeto pasivo es el \"usuario\" que recibe la\nprestación efectiva o potencial del mismo, tal y como así lo ha señalado reiteradamente este\nTribunal. Ahora bien, en una aplicación sistemática de los artículos 74 y 75 el Código Municipal,\nLey 7797, en relación con los artículos 64 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y\nSuburbanos, Ley 7527 y 6 de la Ley de Impuesto sobre bienes inmuebles, Ley 7509, se debe precisar\nque la determinación del usuario, para efectos del cobro de dichas tasas, viene dada por la\nposesión del bien inmueble -sobre este aspecto debe tomarse en consideración que el artículo 74\ncitado expresamente dispone que el monto a cobrar por concepto de tasa se encuentra definido en\nvirtud del valor de la propiedad, de allí que se delimite expresamente que dicha acción se ejerce\nsobre este tipo de bienes-. Así las cosas, el usuario de los servicios públicos, es la persona que\nejerce el derecho de posesión de un determinado bien inmueble -en el tanto estaría recibiendo en\nforma directa, efectiva o potencialmente, el servicio- y, únicamente a modo de excepción, cuando no\nsea posible identificarla, el cobro de la tasa recaería sobre el el titular del derecho de la nuda\npropiedad del bien inmueble, por cuanto, el servicio deberá entenderse suministrado a este, siempre\nrecordando que el artículo 74 de repetida cita dispone que lo regulado es la disponibilidad de la\nprestación del servicio mas no el interés o uso que el usuario decida realizar del mismo. A partir\nde lo anterior, se puede afirmar que el establecimiento de las tasas responde a un principio de\nsolidaridad cantonal de las cargas públicas, en donde existe la obligación de todos los usuarios\nde contribuir económicamente a su financiamiento, de conformidad con las disposiciones legales y\nreglamentarias pertinentes. Lo anterior, implica que el servicio debe ser brindado para atender las\nnecesidades del cantón, por consiguiente, su determinación y cobro recae sobre toda la colectividad\ny, aunque el mismo pueda individualizarse para efectos de prestación y cobro, no puede obviarse\nque responde a un servicio de interés público local inherente a las corporaciones municipales,\nsobre el cual, existe el deber de contribuir aunque no se demuestre interés en los mismos. En este\nsentido, lo indispensable, es que el mismo se brinde en la comunidad, al menos en los sectores en\ndonde se deba o pueda, de forma que se requiere del aporte de todos los munícipes para cubrir el\ncosto efectivo de lo invertido por la municipalidad en su prestación, y que deberá ser distribuido\nentre los usuario del respectivo cantón, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final del\nartículo 74 del Código Municipal, respecto a que la determinación de los montos por concepto de\ntasas por los servicios y el mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios,\ndebe obtenerse proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la\npropiedad. Debe tenerse presente que el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos\nTributarios reconoce que la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la\nprestación efectiva o potencial de un servicio público, lo que demuestra que la exigencia recae\nsobre la prestación del servicio a la comunidad como tal, y no a casos o sujetos particulares. A\ntenor de lo expuesto, la procedencia del pago del tributo opera aún bajo la hipótesis que al\ncontribuyente no le interese hacer uso de estos , de toda suerte que basta con que éste se preste o\nse mantenga para que exista obligación de pagarlo. En este sentido, véase que el costo efectivo de\nlo invertido por la municipalidad en dicha prestación debe ser distribuido entre los usuarios del\nrespectivo cantón, y por consiguiente, el monto de la recaudación de las tasas es proporcional al\nservicio brindado -en su generalidad y no individualidad-, de allí que si, las corporaciones\nmunicipales extienden la prestación de los servicios a una mayor capacidad de lo posible en sus\nrecursos, la variación de los costos influirá directamente en la determinación del monto de la tasa\na cobrar a cada usuario. En el presente asunto, la parte recurrente ha manifestado que los mismos\nsi son brindados por la Municipalidad, al punto de afirmar que originalmente se prestaba únicamente\nen la calle principal de Ojochal, pero que en el mes de mayo de 2017 se empezó a brindar en las\nrestantes calles de la localidad. En el mismo sentido, la corporación local, al conocer de las\nimpugnaciones en la fase recursiva intern a de ésta (doctrinalmente denominada “Autotutela\nReduplicativa ” o “Autotutela a la segunda potencia”), expresamente señala que dicho servicio si\nse brinda a la comunidad. Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, se logra acreditar que sí\nexistía una prestación efectiva en algunos sectores de la comunidad y una prestación potencial, que\nse consumó en el mes de mayo de 2017, haciendo extensiva a más localidades la prestación del\nservicio, lo que implica que, aún en el primer escenario, ya existía el deber de los usuarios de\ncancelar trimestralmente el monto correspondiente a la tasa por concepto de servicios de\nmantenimiento de vías y sitios públicos y de parques y zonas verdes, por cuanto, se reitera, dichos\ntributos deben ser cancelados en el tanto responden a intereses públicos generales que recaen sobre\ntodo el cantón y no sobre la individualización de los usuarios que lo reciben. Por ende, los\nagravios expuestos en cuanto a la falta de prestación de los servicios deben ser rechazados. En\ncuanto a la afirmación de que la Municipalidad de Osa no brinda los servicios de parques y zonas\nverdes porque los mismos no existen en la localidad de la parte recurrente, debe rechazarse dicho\nagravio, por cuanto, si bien es cierto el mismo puede no existir en dicha ubicación, lo requerido\nes la prestación del servicio en las localidades que si cuenten con estos, y siendo que la\ncorporación municipal afirma que el mismo si se brinda no queda más remedio que rechazar este\nextremo. Como cuarto argumento, la parte recurrente hace referencia a algunas imprecisiones sobre\nla fecha de publicación del reglamento y afirma que la fórmula para definir la tarifa de dichos\nservicios es incomprensible para los administrados, lo que constituye un vicio de nulidad respecto\nde la cobranza de los mismos. En torno a la fecha de publicación del reglamento, nótese que el\nmismo no tiene repercusión alguna en lo que respecta al cobro de las tasas, por cuanto, el mismo se\nconstituye en virtud de una obligación legal comprendida expresamente en el artículo 74 del Código\nMunicipal, el cual, además, dispone que la corporación municipal quedaba autorizada para establecer\nel reglamento correspondiente. Ahora bien, en cuanto a la afirmación de que la fórmula es\nincomprensible, no señala la parte recurrente en que consiste dicha incomprensión, ni cuales son\nlos factores o elementos que le otorgan dicho calificativo, máxime que el artículo 7 del\nReglamento para el Cobro de la Tasa por Concepto de Limpieza de Vías, Parques, Zonas Verdes y\nPlayas de la ZMT del Cantón de Osa, establece el mecanismo y los valores a tomar en consideración\npara establecer el monto de la tasa, señalando expresamente en que consiste cada uno de los\nelementos que la componen, por lo cual, este argumento debe ser rechazado. En esta misma línea debe\ntomarse en consideración que el agravio relativo a que la Alcaldía Municipal inicia el cobro en una\nfecha incorrecta, por cuanto se afirma que el cobro inició en abril y que debió ser en mayo de\n2017, fecha en la cual entró en vigencia el citado reglamento, este Tribunal considera que el\nmismo debe ser rechazado dado que, tal y como se afirmó líneas atrás, la fijación del monto\ncorrespondiente a las tasas se constituye en virtud de una obligación legal establecida\nexpresamente en el artículo 74 del Código Municipal, y por consiguiente, la corporación se\nencontraba habilitada para establecer los mismos sin necesidad de la emisión del reglamento, el\ncual, viene a precisar lo dispuesto en el artículo 74 citado, pero que, de ninguna manera viene a\nrestringir o limitar lo allí establecido. En un quinto agravio, la parte recurrente señala que al\nafirmarse que si se brindan los servicios, dicha manifestación constituye una falsedad ideológica y\nuso de documento falso, por cuanto, el servicio solo se brindaba en la calle principal y que en\nlas restantes calles de Ojochal solo se brinda en forma superficial y con baja calidad del\nservicio. Este agravio debe rechazarse por dos puntos en concreto, por un lado, tal y como se\ndispuso anteriormente, la obligación de pago de las tasas correspondientes a los servicios de\nmantenimiento de vías y sitios públicos y de parques y zonas verdes corresponden a la totalidad de\nlos usuarios del cantón, indistintamente de la recepción individualizada del servicio brindado, y\npor otro lado, las manifestaciones argüidas en cuanto a la calidad del servicio corresponden a\nsituaciones acontecidas en el año 2017 y el acto impugnado es relativo al cobro realizado desde el\nsegundo al cuarto período del año 2016, siendo irrelevante la discusión al respecto. En virtud de\nlo anterior , los agravios expuestos deben ser rechazados, siendo lo correcto confirmar la\nresolución impugnada y, al carecer de ulterior recurso, deberá darse por agotada la vía\nadministrativa.”", "body_en_text": "**II.— On the specific case:** [...] In a second grievance, the appellant indicates that the Municipal Mayor's Office did not clarify everything regarding the alleged inspections carried out to certify that the municipal services were indeed being provided by the Municipality. On this particular point, it is important to specify that in the field inspection record dated October 27, 2016, it was determined that \"Mrs. Clayton Hugh Jack is the owner of property 113714, which is located in the district of Cortes\"; therefore, the appellant is incorrect in stating that the inspections were carried out to determine whether or not the services were provided, but rather that, as indicated by the municipal corporation in the contested act, said inspection was carried out to determine the location of the property; therefore, this second grievance is rejected. As a third complaint, it indicates that the Municipality of Osa did not demonstrate that road and public site maintenance services and park and green zone maintenance services were indeed provided, reiterating that regarding these last two, their recognition is not possible, because in said locality there are no parks or green zones. Along the same lines, it states that the Municipal Mayor's Office omits a ruling on its argument that the charge applies to services that are provided and not by virtue of services that are not provided. For the purpose of addressing the issue, this Court has repeatedly indicated, in light of the provision of potable water, garbage collection, street and ditch cleaning, and maintenance of parks and green zones services, that: \"This class of local services is regulated in two normative bodies, namely, the Code of Tax Rules and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios), Article 4, and the Municipal Code (Código Municipal), in section 74. From both rules it is clear that said services are charged through rates (tasas), which are taxes whose purpose is intended for the maintenance and continuity of the service itself. The third paragraph of Article 4 of the Code of Tax Rules and Procedures provides the following: 'A rate (tasa) is the tax whose obligation has as its generating event the effective or potential provision of a public service individualized to the taxpayer; and whose proceeds must not have a destination unrelated to the service that constitutes the reason for being of the obligation. The consideration received from the user in payment for services not inherent to the State is not a rate (tasa).' Under that same understanding, the Municipal Code provides the following: 'Article 74.— For the services it provides, the municipality shall charge rates (tasas) and prices that shall be set taking into consideration their cost plus a ten percent (10%) utility for their development. Once set, they shall enter into force thirty days after their publication in La Gaceta. / Users must pay for public lighting services, cleaning of public roads, separate collection, transport, valorization, treatment, and appropriate final disposal of ordinary waste, maintenance of parks and green zones, municipal police service, and any other urban or non-urban municipal service established by law, insofar as they are provided, even if they do not show interest in such services. (...) Furthermore, rates (tasas) shall be charged for the services and the maintenance of parks, green zones, and their respective services. The amounts shall be set taking into consideration the effective cost of what the municipality has invested to maintain each of the urban services. Said amount shall be increased by a ten percent (10%) utility for its development; such sum shall be charged proportionally among the taxpayers of the district, according to the property value. The municipality shall calculate each rate (tasa) annually and shall charge it in quarterly installments on the outstanding balance. The municipality is authorized to issue the corresponding regulation, which shall regulate how each rate (tasa) will be organized and charged.' The comprehensive reading of the cited articles is relevant, since from it the necessary relevant elements to resolve this case can be inferred. In the first place, it must be indicated that everything concerning the charging and management of local services is regulated by the tax system, such that the passive subject is defined in Article 74, second paragraph of the Municipal Code, which provides that it is the 'user' who assumes the obligation. The payment of rates (tasas) responds to the existence of state services essential for private and social life, for which they are constituted as ex lege obligations, of Public Law, they are coercively imposed levies, that is, they do not have their cause in a contract, so they do not originate from the conjunction of the will of the parties, and are legally structured through the charging of an amount that allows covering the economic cost plus a percentage for its development (Article 74, first paragraph of the Municipal Code). Its origin comes from the law and, as such, it is an obligation inherent to the State—in this case, to local government—and, correspondingly, for the user, to honor their obligation with due payment. Both active subject and passive subject hold legal obligations that, by their nature, are inalienable, insofar as the services are essential or indispensable.\" (The underlining is not from the original) (Contentious-Administrative Tribunal, Third Section, opinion 573-2015 of fourteen hours on November thirtieth, two thousand fifteen). In light of the foregoing, it is important to highlight that the payment of rates (tasas) responds to the existence of state services essential for private and social life and, consequently, are coercively imposed, so that when the State organizes a service and makes it available to the citizen, the latter, even if they have no interest in it nor make use of it, cannot refuse to pay it, because what is aimed for when establishing it is the attention of the general interest. Based on this affirmation, two aspects of vital importance must be highlighted in the present analysis: on one hand, having clearly identified that the generating event of the rates (tasas) corresponds to the effective or potential provision of a public service by the Municipality, and on the other hand, that the passive subject is the 'user' who receives the effective or potential provision thereof, as this Court has repeatedly indicated. Now then, in a systematic application of Articles 74 and 75 of the Municipal Code, Law 7797, in relation to Articles 64 of the General Law on Urban and Suburban Leases, Law 7527, and 6 of the Property Tax Law, Law 7509, it must be specified that the determination of the user, for the purpose of charging said rates (tasas), is given by the possession of the real property—regarding this aspect, it must be taken into consideration that the cited Article 74 expressly provides that the amount to be charged as a rate (tasa) is defined by virtue of the property value, hence it is expressly delimited that said action is exercised on this type of property—. This being the case, the user of the public services is the person who exercises the right of possession over a specific real property—insofar as they would be directly, effectively or potentially receiving the service—and, only by way of exception, when it is not possible to identify them, the charging of the rate (tasa) would fall upon the holder of the bare ownership right of the real property, because the service must be understood as supplied to this person, always recalling that Article 74, repeatedly cited, provides that what is regulated is the availability of the service provision but not the interest or use that the user decides to make of it. Based on the foregoing, it can be affirmed that the establishment of rates (tasas) responds to a principle of cantonal solidarity of public burdens, where there is an obligation on all users to contribute economically to its financing, in accordance with the pertinent legal and regulatory provisions. The foregoing implies that the service must be provided to meet the needs of the canton, consequently, its determination and charging falls upon the entire community, and, although the same can be individualized for the purposes of provision and charging, it cannot be ignored that it responds to a local public interest service inherent to municipal corporations, upon which there is a duty to contribute even if no interest in them is demonstrated. In this sense, what is indispensable is that it be provided in the community, at least in the sectors where it must or can be, such that the contribution of all the municipal residents is required to cover the effective cost of what the municipality has invested in its provision, and which must be distributed among the users of the respective canton, in compliance with the provisions of the final paragraph of Article 74 of the Municipal Code, regarding the fact that the determination of the amounts for rates (tasas) for the services and the maintenance of parks, green zones, and their respective services must be obtained proportionally among the taxpayers of the district, according to the property value. It must be kept in mind that Article 4 of the Code of Tax Rules and Procedures recognizes that the rate (tasa) is the tax whose obligation has as its generating event the effective or potential provision of a public service, which demonstrates that the requirement falls upon the provision of the service to the community as such, and not on particular cases or subjects. By virtue of the foregoing, the appropriateness of the payment of the tax operates even under the hypothesis that the taxpayer is not interested in making use of these, such that it is sufficient that it be provided or maintained for the obligation to pay it to exist. In this sense, it can be seen that the effective cost of what the municipality has invested in said provision must be distributed among the users of the respective canton, and consequently, the amount of the collection of the rates (tasas) is proportional to the service provided—in its generality and not individuality—, hence, if the municipal corporations extend the provision of services to a greater capacity than possible within their resources, the variation in costs will directly influence the determination of the rate (tasa) amount to be charged to each user. In the present matter, the appellant has stated that these are indeed provided by the Municipality, to the point of affirming that originally it was only provided on the main street of Ojochal, but that in the month of May 2017 it began to be provided on the remaining streets of the locality. In the same sense, the local corporation, upon hearing the challenges in the internal appeal phase of this (doctrinally called \"Reduplicative Self-Tutelage\" or \"Self-Tutelage to the second power\") expressly indicates that said service is indeed provided to the community. This being the case, in accordance with the foregoing, it is possible to certify that an effective provision did exist in some sectors of the community and a potential provision, which was consummated in the month of May 2017, making the provision of the service extensive to more localities, which implies that, even in the first scenario, there already existed a duty for users to pay quarterly the amount corresponding to the rate (tasa) for road and public site maintenance services and for park and green zone maintenance services, because, it is reiterated, said taxes must be paid insofar as they respond to general public interests that fall upon the entire canton and not upon the individualization of the users who receive it. Therefore, the grievances raised regarding the lack of provision of services must be rejected. Regarding the affirmation that the Municipality of Osa does not provide the park and green zone services because they do not exist in the locality of the appellant, said grievance must be rejected, because, although it is true that the same may not exist in said location, what is required is the provision of the service in the localities that do have these, and since the municipal corporation affirms that it is indeed provided, there is no remedy but to reject this point. As a fourth argument, the appellant makes reference to some inaccuracies regarding the publication date of the regulation and affirms that the formula to define the tariff for said services is incomprehensible to the administered parties, which constitutes a defect of nullity regarding the collection of the same. Regarding the publication date of the regulation, it should be noted that it has no impact whatsoever with respect to the charging of the rates (tasas), because it is constituted by virtue of a legal obligation expressly included in Article 74 of the Municipal Code, which, additionally, provides that the municipal corporation was authorized to establish the corresponding regulation. Now then, regarding the affirmation that the formula is incomprehensible, the appellant does not indicate what said lack of comprehension consists of, nor what the factors or elements that grant it such qualification are, especially since Article 7 of the Regulation for the Collection of the Rate for Road, Park, Green Zone, and ZMT Beach Cleaning Services of the Canton of Osa, establishes the mechanism and the values to be taken into consideration to establish the rate (tasa) amount, expressly indicating what each of the elements that compose it consists of; therefore, this argument must be rejected. Along these same lines, it must be taken into consideration that the grievance concerning the fact that the Municipal Mayor's Office begins the charge on an incorrect date, because it is affirmed that the charge began in April and that it should have been in May 2017, the date on which the cited regulation entered into force, this Tribunal considers that it must be rejected given that, as was affirmed earlier, the setting of the amount corresponding to the rates (tasas) is constituted by virtue of a legal obligation expressly established in Article 74 of the Municipal Code, and consequently, the corporation was enabled to establish the same without the need for the issuance of the regulation, which, comes to specify what is provided in cited Article 74, but which, in no way comes to restrict or limit what is established therein. In a fifth grievance, the appellant indicates that by affirming that the services are indeed provided, said statement constitutes an ideological falsehood and use of a false document, because the service was only provided on the main street and that on the remaining streets of Ojochal it is only provided superficially and with low service quality. This grievance must be rejected on two specific points: on one hand, as previously provided, the obligation to pay the rates (tasas) corresponding to road and public site maintenance services and park and green zone maintenance services correspond to all users of the canton, regardless of the individualized receipt of the service provided, and on the other hand, the arguments alleged regarding the quality of the service correspond to situations that occurred in the year 2017 and the contested act relates to the charge made from the second to the fourth period of the year 2016, making the discussion in this regard irrelevant. By virtue of the foregoing, the grievances raised must be rejected, it being correct to confirm the contested resolution and, since there is no further recourse, the administrative remedy must be deemed exhausted." }