{ "id": "nexus-ext-1-0034-284122", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Falta de legitimación activa por patente de licores en reserva indígena", "title_en": "Lack of standing due to liquor license void in indigenous reserve", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo declaró inadmisible la demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Buenos Aires. La actora reclamaba el cierre de la cantina \"La Gloria\" en Boruca, territorio indígena, y la cancelación de la patente de licores N° 55. El Tribunal analizó la legitimación activa como presupuesto procesal y concluyó que la actora no demostró ser titular de la patente ni tener un derecho subjetivo o interés legítimo tutelable. Se determinó que la patente nunca estuvo a su nombre, sino de una tercera persona fallecida, y que, conforme a la Ley Indígena N° 6172 y la nueva Ley 9047, la venta de licores en reservas indígenas está prohibida y la licencia dejó de ser un activo patrimonial. La actividad comercial era ilícita desde la promulgación de la Ley Indígena en 1977, por lo que no existe situación jurídica consolidada que ampare la pretensión indemnizatoria.", "summary_en": "The Administrative Court dismissed the lawsuit for damages against the Municipality of Buenos Aires due to lack of standing. The plaintiff sought compensation for the closure of her bar \"La Gloria\" in the Boruca indigenous reserve and the cancellation of liquor license No. 55. The Court analyzed standing as a procedural requirement and found that the plaintiff failed to prove ownership of the license or any subjective right or legitimate interest. The license was never in her name but held by a deceased third party, and under Indigenous Law No. 6172 and the new Law 9047, selling alcohol in indigenous reserves is prohibited and the license is not a property asset. The commercial activity was unlawful since 1977, so no acquired right supports the claim for damages.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "indigenous-law-6172" ], "primary_topic_id": "indigenous-law-6172", "es_concept_hints": [ "legitimación activa", "patente de licores", "reserva indígena", "Ley Indígena 6172", "actividad ilícita", "derecho subjetivo", "interés legítimo", "Boruca" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 6", "law": "Ley 6172" }, { "article": "Art. 3", "law": "Ley 9047" }, { "article": "Art. 6", "law": "Ley 9047" }, { "article": "Art. 45", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 264.5", "law": "Código Civil" } ], "keywords_es": [ "legitimación activa", "patente de licores", "reserva indígena", "Ley Indígena 6172", "derecho subjetivo", "interés legítimo", "actividad ilícita", "lesividad", "Municipalidad de Buenos Aires", "Boruca" ], "keywords_en": [ "standing", "liquor license", "indigenous reserve", "Indigenous Law 6172", "subjective right", "legitimate interest", "unlawful activity", "municipal liability", "Buenos Aires Municipality", "Boruca" ], "excerpt_es": "La legitimatio ad causam alude a la aptitud de un sujeto para ser considerado parte en un proceso concreto. La determinación de ésta idoneidad procesal está íntimamente ligada con la pretensión deducida en la acción, y sólo quien se encuentre en determinada relación con ésta puede ser parte en el respectivo proceso. La legitimación activa, a su vez, se refiere a esa suficiencia procesal del sujeto demandante, la cual representa su capacidad para deducir una pretensión y la titularidad respecto a una relación jurídica o a un interés tutelable por el ordenamiento. (...) Como se aprecia y se extrae de la propia Ley de Licores y de la Ley Indígena a mayor aplicación, es claro entonces que la licencia o patente de licores N° 55, extendida primigéniamente a Nombre84908 , cédula CED60761, para el negocio denominado Cantina la Gloria, en Boruca centro, que dice ostentar la actora para accionar contra la Municipalidad, NO es de su propiedad, NI nunca lo ha sido, no solo por el fallecimiento de Nombre84908 el 31 de diciembre de 1998, sino además por la prohibición expresa de su autorización mediante la Ley Indígena y sus alcances, por lo que no encuentra ni encontraría protección bajo el amparo del artículo 45 constitucional ni del 264.5 del Código Civil, pues la patente consiste en una habilitación legal para el ejercicio de una actividad lucrativa que no existe en la actualidad y está vedada legislativamente para el supuesto de los autos.", "excerpt_en": "Legitimatio ad causam refers to a person's fitness to be considered a party in a specific process. The determination of this procedural suitability is intimately linked with the claim brought in the action, and only someone in a certain relationship with it can be a party in the respective proceeding. Active standing, in turn, refers to that procedural sufficiency of the plaintiff, which represents their capacity to bring a claim and the ownership of a legal relationship or an interest protectable by the legal system. (...) As can be seen and drawn from the Liquor Law and the Indigenous Law to the fullest application, it is clear then that license or liquor patent No. 55, originally issued to Nombre84908, ID CED60761, for the business called Cantina la Gloria, in Boruca center, which the plaintiff claims to hold to sue the Municipality, is NOT her property, NOR has it ever been, not only because of the death of Nombre84908 on December 31, 1998, but also due to the express prohibition of its authorization under the Indigenous Law and its scope, so it does not find nor would find protection under Article 45 of the Constitution or 264.5 of the Civil Code, since the license consists of a legal habilitation for the exercise of a lucrative activity that does not currently exist and is legislatively prohibited for the case at hand.", "outcome": { "label_en": "Inadmissible", "label_es": "Inadmisible", "summary_en": "The action is declared inadmissible for lack of standing since the plaintiff failed to prove ownership of the liquor license or legitimate interest to claim damages.", "summary_es": "Se declara inadmisible la acción por falta de legitimación activa al no demostrar la actora titularidad de la patente de licores ni interés legítimo para reclamar indemnización." }, "pull_quotes": [ { "context": "Ley Indígena N° 6172", "quote_en": "Article 6. No person or institution may establish, in fact or in law, bars or sale of alcoholic beverages within indigenous reserves. This law annuls the current possession and concession of national and foreign liquor licenses within the reserves.", "quote_es": "Artículo 6. Ninguna persona o institución podrá establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la actual posesión y concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas." }, { "context": "Resolución Nº2843-99 Sala Constitucional", "quote_en": "It is not, therefore, a consolidated legal situation that is affected by the provision of Article 6 of the Indigenous Law. The commercial activity carried on by the plaintiff ceased to be lawful by legal provision.", "quote_es": "No es, por lo tanto, una situación jurídica consolidada la que se ve afectada por la disposición del artículo 6 de la Ley Indígena. La actividad comercial que ejercía la accionante dejó de ser lícita por disposición legal." }, { "context": "Sentencia 2013-011499 Sala Constitucional", "quote_en": "Ultimately, a license cannot become an asset in favor of a person, since it consists of an enabling administrative act for the exercise of a regulated activity.", "quote_es": "En definitiva, una licencia no puede convertirse en un activo a favor de una persona, pues consiste en un acto administrativo habilitante para el ejercicio de una actividad reglada." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-38110", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6172 Art. 6" }, { "target_id": "norm-73058", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 9047 Art. 3" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-38110", "norm_num": "6172", "norm_name": "Ley Indígena", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "29/11/1977" }, { "doc_id": "norm-40197", "norm_num": "7794", "norm_name": "Código Municipal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1998" }, { "doc_id": "norm-73058", "norm_num": "9047", "norm_name": "Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "25/06/2012" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "\"VI.- DE LA FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA. INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Estima el Tribunal, que a la\nactora no le concurren los presupuestos procesales suficientes y necesarios para asumir la acción\nplanteada. Carece tanto del derecho subjetivo como del interés subjetivo para titularizar con la\ntutela judicial efectiva el amparo a sus pretensiones de indemnización por daños y perjuicios. La\nlegitimatio ad causam alude a la aptitud de un sujeto para ser considerado parte en un proceso\nconcreto. La determinación de ésta idoneidad procesal está íntimamente ligada con la pretensión\ndeducida en la acción, y sólo quien se encuentre en determinada relación con ésta puede ser parte en\nel respectivo proceso. La legitimación activa, a su vez, se refiere a esa suficiencia procesal del\nsujeto demandante, la cual representa su capacidad para deducir una pretensión y la titularidad\nrespecto a una relación jurídica o a un interés tutelable por el ordenamiento. Por ende, la cuestión\nde la legitimación activa se yergue como una cuestión de índole procesal y no de fondo, aunque a\nveces se deba analizar éste para determinar si el accionante es el llamado a deducir una determinada\npretensión. Por ser uno de los requisitos procesales indispensables para la configuración de la\nlitis, puede además ser examinada de oficio por el Tribunal. Síguese, entonces, que al no demostrar\nla actora ab initio la titularidad de un derecho subjetivo o un interés tutelable por el\nordenamiento jurídico, la carencia de legitimación activa de parte de la actora es manifiesta, razón\npor la cual se declara la inadmisibilidad de la acción. Los hechos que no se lograron acreditar para\ndesvirtuar lo anterior sostienen lo indicado: 1.- Que la actora explotara comercialmente la cantina\nLa Gloria, haciendo uso lícito de patente alguna vigente, de manera individual o conjuntamente con\nNombre84908 . 2.- Que la actora ostentara como titular o bajo otra figura jurídica en fecha alguna y\nen la calidad de autorizada la patente N° 55 de Licores Nacionales a utilizarse en Cantina La\nGloría. 3.- Que la actora haya habilitado a su nombre en momento alguno la patente N° 55, ejerciendo\nlícitamente el comercio de licores nacionales. Veamos entonces la razón: La licencia para el\nexpendio de bebidas alcohólicas, en términos generales, ha dejado de ser un bien intangible que\nforma parte de quien la ostente (Ley N°10 promulgada el 7 de octubre de 1936), para ser en la\nactualidad un permiso concedido discrecionalmente para el ejercicio de una actividad regulada\nmediante normas de orden público, lo que hace comprenderla desde otra óptica a la que se sustenta\npara invocar a su favor, la responsabilidad civil municipal como eje de las repercusiones económicas\n(daños y perjuicios) que ha dicho han lesionado su patrimonio subjetivo, al ser inhabilitada para el\nexpendio y venta de licores en la cantina La Gloria. Con la promulgación de la Ley 9047 el 25 de\njunio de 2012, las patentes de licores que en el pasado integraban parte del patrimonio del\npatentado, han dejado de ser tales, como se puede comprender del histórico normativo respectivo.\nTradicionalmente, Costa Rica reguló esta materia en la Ley sobre Venta de Licores -Ley No. 10 del 7\nde octubre de 1936- y sus reformas. En los artículos 8, 11, 13, 14, 17 y 18 de este cuerpo\nnormativo, el legislador, conforme la estructura estatal existente para aquel momento, dispuso\noriginalmente la potestad de adjudicar patentes de licores en la figura del Gobernador de Provincia,\nquien era el competente, tanto para extender las patentes de licores, como para los demás trámites\nrelacionados con los traspasos y traslados de dichas licencias. Esta potestad del Gobernador de\nProvincia fue luego desarrollada en el Reglamento a la Ley de Licores -Decreto Ejecutivo No. 17757-G\nde 28 de setiembre de 1987, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 193 del 8 de octubre de ese\nmismo año-, según el cual todo lo referente a remates, adjudicaciones, traspasos, traslados y\ncancelaciones de este tipo de licencia, sería de su conocimiento. Estas competencias del gobernador\nde provincia fueron revisadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la\nsentencia 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del 8 de octubre de 1997, en la que se\ndeclaró inconstitucional toda norma en que se confiriera potestades al Gobernador de Provincia para\nconocer todo lo relacionado con la materia municipal y, en específico, respecto del otorgamiento y\ntrámites adicionales de patentes de licores, interpretando que en los textos en que se enunciara a\nese jerarca político-administrativo, se modificaba y sustituía por el concepto de \"gobierno local\" o\nde la \"respectiva Municipalidad\". Ello concordaba con lo dispuesto en el artículo 79 del Código\nMunicipal, disponiéndose que es materia exclusivamente municipal todo lo que se refiere al\notorgamiento de las licencias para la venta de licores. Ahora bien, por la misma naturaleza de este\ntipo de giro comercial, todo lo relacionado con la cantidad de patentes de licores que se expedían\nen cada cantón de la República, respondía -en teoría- a los imperativos de orden social, seguridad,\nbienestar de la colectividad y la moral pública, en donde eran los gobiernos locales los que asumían\nel rol preponderante de controlar y fiscalizar la cantidad de negocios que expendían licor, mediante\nel ejercicio de su poder de policía. Ello es así, pues bien es conocido que el derecho fundamental\nde libertad de comercio -al igual que los demás derechos fundamentales- no es irrestricto, pues\ntiene límites que responden a condicionamientos de interés público que se imponen por encima de los\nintereses particulares (ver al respecto, sentencias de la Sala Constitucional. Nos. 0143-94,\n3054-96, 6066-98, 6565-99, 2003-2864, entre otras). Precisamente, es mediante la hoy derogada Ley de\nLicores de 1936, que el legislador impuso restricciones al ejercicio de esta actividad económica en\nrazón de su naturaleza e impacto social, tomando en cuenta factores como cantidad de\nestablecimientos por cantón, ubicación, densidad poblacional, clientela, uso del local comercial y\norigen de la producción de las bebidas alcohólicas (artículos 3 a 12), disponiendo que las patentes\nde licores se podía adquirir únicamente por la vía del remate. El ordinal 11 de esta misma\nnormativa, expresaba con claridad que \"Queda a juicio de la Municipalidad determinar qué número de\nestablecimientos de licores puede autorizarse...\", en donde se especificaba el máximo de locales\ncomerciales por cantón con este tipo de negocio, según su densidad de población. Asimismo, el\nartículo 12 dispuso lo relativo a la regularidad con la que se podía sacar a remate las licencias,\nestableciéndose que ello sería en diciembre de cada dos años, pudiéndose decretar nuevos remates en\ncaso de crecimiento poblacional, siempre que se respetara el techo legal. Así las cosas, la\nlegislación fue precisa respecto de la imposición de límites máximos de patentes que podía sacar a\nremate cada gobierno local, mas quedaba dentro de su esfera de discrecionalidad, el decidir cuántas\npatentes remataba por debajo de ese techo legal. Este sistema generó, con el paso de los años, que\nel número de patentes existentes por cantón no fuera de la mano con la constante y creciente demanda\nde patentes, conforme a la aparición de nuevos sectores comerciales. Los propietarios de los\nnegocios nacientes, con el afán de poder vender bebidas alcohólicas, se veían en la necesidad de\npagar altas sumas de dinero a aquellos pocos que ostentaban la titularidad de las patentes, mediante\nventa o arrendamiento de estos derechos. Desde este punto de vista, se desnaturalizó en sí misma la\nlicencia comercial para el expendio de esta clase de bebidas, pues en lugar de ser la habilitación a\nuna persona física o jurídica para el ejercicio de una actividad comercial regulada y controlada por\nel Estado, se transformó en un verdadero derecho inmaterial susceptible de cesión y libre\ndisposición. Ello generó un mercado paralelo de patentes de licores, que tenía impactos directos\ntambién en el seno de los gobiernos locales, encargados a fin de cuentas de autorizar los traspasos\ny explotaciones de las patentes. Con la reciente promulgación de la Ley sobre Regulación y\nComercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico -Ley 9047 publicada en el Alcance Digital\nNúmero 109 a la Gaceta No. 152 del 8 de agosto del 2012-, la anterior normativa se derogó y se\nmodificó la esencia de la patente anterior, eliminando este mecanismo de comercialización. El\nartículo 3 es claro al establecer que cada licencia se otorga a una persona física o jurídica para\nutilizarla en el establecimiento en que se pretende explotar, prohibiendo la posibilidad de\nvenderla, canjearla, transferirla, traspasarla o enajenarla de ninguna forma, exigiendo del\notorgamiento de una nueva licencia en caso de cambios de ubicación y de titular. Es clara la norma\nal indicar expresamente que la licencia pierde la condición de \"activo\" con que se venía explotando\nen el pasado, para ser ahora un verdadero derecho de la persona, revocable incluso en caso de\nmuerte, disolución o quiebra de la persona jurídica (artículo 6). En este sentido, la Sala\nConstitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 2013-011499 de las dieciséis\nhoras del 28 de agosto del 2013, revisó la constitucionalidad de la Ley de Comercialización de\nBebidas con Contenido Alcohólico -Ley 9047-, respecto de la cual indicó que: \"VIII.- En definitiva,\nuna licencia no puede convertirse en un activo a favor de una persona, pues consiste en un acto\nadministrativo habilitante para el ejercicio de una actividad reglada. Se refiere a una actividad\nque ineludiblemente se encuentra sujeta a la fiscalización del Estado, por lo que no puede estimarse\nque se trate de un activo patrimonial a favor del particular. Desde el momento en que se está en el\nplano de las autorizaciones, no es posible interpretar que se genere derecho de propiedad alguno\nrespecto de dicho acto administrativo habilitante. Ergo, la acción debe ser desestimada en cuanto a\neste alegato.\" (Ver voto No. 315-2014 de esta Cámara de las 9:00 horas del 17 de julio del 2014).\"\n\nDurante la vigencia histórica de ese panorama (1936 a 2012), transversalmente se impuso una\nrestricción legislativa absoluta con la promulgación de la ley N°6172 el 29 de noviembre de 1977 y\nque empezó a regir desde el 20 de diciembre de ese mismo año. El párrafo primero del artículo 6 de\nla Ley Indígena (N°6172), estableció la prohibición de cantinas y ventas de bebidas alcohólicas\ndentro de las reservas indígenas, al indicar expresamente: \"Artículo 6. Ninguna persona o\ninstitución podrá establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro\nde las reservas indígenas. La presente ley anula la actual posesión y concesión de patentes de\nlicores nacionales y extranjeros dentro de las reservas. Queda prohibido a los municipios el\notorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro de las mismas.\" (resaltado intencional),\nirrumpiendo directamente sobre esa facultad municipal de autorizar patentes de licores, vedándole\nesa posibilidad para el presupuesto anterior. Obsérvese que en dicho artículo se estipula claramente\nque ninguna persona o institución puede establecer tales comercios, por lo que debe entenderse que\nlos indígenas tampoco están autorizados a hacerlo. Además, no sólo se prohíbe el otorgamiento de\nfuturas patentes, sino que también anula las actuales, es decir las existentes al momento de\ndictarse la Ley Indígena. No extraña entonces, que ocurrieran las siguientes situaciones acreditadas\nen autos, solamente en cabeza de quien ostentaba la patente N° 55, que desvirtúan claramente la\nlegitimación activa de la actora: 1.- Que sin precisarse fecha de otorgamiento de patente de\nlicores, la Gobernación de la Provincia de Puntarenas extendió a la señora Nombre84908 , con cédula\nde identidad CED60761, autorización para hacer uso comercial de la patente de licores nacionales N°\n55, a utilizarse en el negocio denominado Cantina La Gloria. (ver expediente administrativo,\nimágenes pdf que rola a 246 del expediente judicial digital y manifestaciones del ente demandado)\n2.- Que mediante resolución firme N° 770-95, de las nueve horas y cincuenta minutos del treinta de\nOctubre de mil novecientos noventa y cinco de la Gobernación de la Provincia de Puntarenas, se\nresolvió petición de Nombre84908 , denegándose el permiso de funcionamiento de la patente de Licores\nNacional N° 55 del distrito Boruca que se explotaba en el negocio comercial BAR LA GLORIA, con base\nen el Artículo 6 de la Ley Indígena. (ver expediente administrativo, imágenes pdf que rolan a 49 a\n54 del expediente judicial digital) 3.- Que la señora Nombre84908 , con ocasión a la venta de licor\ndentro del Negocio denominado Cantina La Gloría, fue impuesta de una sanción de veinte días multa, a\nrazón de trescientos colones el día, por parte de la Alcaldía Mixta de Buenos Aires, Puntarenas,\nresolución judicial de las trece horas del quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete,\ndentro de contravención expediente 415-97, estableciéndose que: \"(...) Así las cosas y\ndeterminándose de la prueba documental aportada a folios 12 y 15, donde se señala expresamente por\nparte del Ministerio de Salud local, la cancelación del Permiso de Funcionamiento de la patente\nNo.55 de Licores Nacionales explotada por Nombre81726 , definitivamente se confirma la falta alegada\na los artículos 556 y 578 de la Ley General de Salud que regulan la vigencia de los permisos de\nfuncionamiento y las penas por el incumplimiento de las ordenanzas administrativas que se den al\nrespecto. Lo anterior por constar en autos que desde el pasado nueve de agosto de mil novecientos\nnoventa y cinco le fue cancelado el Permiso cuestionado a la ahora endilgada, quien ilegalmente\nmantiene su establecimiento abierto haciendo caso omiso de lo resuelto (Ver folio 12 y 150). Así las\ncosas, habiéndose demostrado la falta que diera origen a este proceso, no existiendo prueba de\ndescargo que analizar, resulta procedente el dictado de un fallo condenatorio en contra de la\nacusada, comunicando a las Autoridades respectivas lo fallado para los fines de ley (...)\". (ver\nexpediente administrativo, imágenes pdf que rola a 59 a 60 del expediente judicial digital y\nmanifestaciones del ente demandado).\n\nLa Sala Constitucional, al respecto ha llegado a la consideración de que dicha actividad comercial\nbajo esa restricción se torna ilegal, y que la aplicación retroactiva de esta norma no violenta\nderechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, menos que menos a futuro o posterior a su\nsanción, según se desprende de la Resolución Nº2843-99 de las 15:09 horas del 21 de abril de 1999,\nal indicar en lo conducente: \"No es, por lo tanto, una situación jurídica consolidada la que se ve\nafectada por la disposición del artículo 6 de la Ley Indígena. La actividad comercial que ejercía la\naccionante dejó de ser lícita por disposición legal\".\n\nComo se aprecia y se extrae de la propia Ley de Licores y de la Ley Indígena a mayor aplicación, es\nclaro entonces que la licencia o patente de licores N° 55, extendida primigéniamente a Nombre84908 ,\ncédula CED60761, para el negocio denominado Cantina la Gloria, en Boruca centro, que dice ostentar\nla actora para accionar contra la Municipalidad, NO es de su propiedad, NI nunca lo ha sido, no solo\npor el fallecimiento de Nombre84908 el 31 de diciembre de 1998, sino además por la prohibición\nexpresa de su autorización mediante la Ley Indígena y sus alcances, por lo que no encuentra ni\nencontraría protección bajo el amparo del artículo 45 constitucional ni del 264.5 del Código Civil,\npues la patente consiste en una habilitación legal para el ejercicio de una actividad lucrativa que\nno existe en la actualidad y está vedada legislativamente para el supuesto de los autos, y\ncalificada como actividad ilícita según el parámetro de constitucionalidad dado, debido a la\nubicación del local comercial en que desea explotarla nuevamente según su dicho ante los actos de\ncierre manifestados en las resoluciones municipales: 1) Municipalidad de Buenos Aires de las 15:00\nhoras del 14 de abril de 2014, 2) DPSMBA-34-2014 (resolución del Despacho del Alcalde Municipal de\nla Municipalidad de Buenos Aires de las trece horas del veinticinco de junio del dos mil catorce\nsobre cancelación de patente de licor por venta de ellos en reserva indígena, notificada a la actora\nel 1 de julio de 2014), las actas de cierre y sellado del negocio: DPSMBA-27-2014, DPSMBA-56-2014,\nDPSMBA-30-2015, toda vez, se encuentra legalmente prohibida y ello lleva a que a su acción en la\ndemanda muestre subjetivamente la inexistencia de un derecho subjetivo, o interés legítimo, o\nsituación jurídica adquirida o consolidada a obtener la responsabilidad e indemnización que se\nbusca, ya que no demostró tener la patente a su nombre ni estar habilitada para esa actividad y con\nello alguna titularidad de derecho subjetivo o interés legítimo para entablar la demanda. En\nconsecuencia, no puede pretender la accionante, ante la carencia e inexistencia de ese presupuesto\nprocesal, que la Municipalidad le indemnice daños y perjuicios por haber sido cancelada la venta de\nlicores por una actividad por la cual no tenía autorización para ejercer, al ser una actividad\nilícita dentro de las Reservas Indígenas\".", "body_en_text": "VI. LACK OF ACTIVE LEGITIMATION. INADMISSIBILITY OF THE ACTION. The Court considers that the plaintiff does not meet the sufficient and necessary procedural prerequisites to bring the filed action. She lacks both the subjective right and the subjective interest to claim, with effective judicial protection, the protection of her claims for damages. Legitimatio ad causam refers to a subject's capacity to be considered a party in a specific proceeding. The determination of this procedural suitability is intimately linked to the claim brought in the action, and only those who are in a specific relationship with it may be a party in the respective proceeding. Active legitimation, in turn, refers to that procedural sufficiency of the plaintiff subject, which represents her capacity to bring a claim and the ownership regarding a legal relationship or an interest protectable by the legal system. Therefore, the question of active legitimation stands as a matter of a procedural nature and not of substance, although the latter must sometimes be analyzed to determine whether the plaintiff is the one called to bring a specific claim. As it is one of the indispensable procedural requirements for the configuration of the litis, it may also be examined ex officio by the Court. It follows, then, that since the plaintiff did not demonstrate ab initio the ownership of a subjective right or an interest protectable by the legal system, the lack of active legitimation on the part of the plaintiff is manifest, for which reason the inadmissibility of the action is declared. The facts that could not be proven to refute the foregoing support what is indicated: 1.- That the plaintiff commercially exploited the \"La Gloria\" cantina, making lawful use of any current patent (patente), individually or jointly with Nombre84908. 2.- That the plaintiff held, as owner or under another legal figure, at any date and in the capacity of authorized person, patent (patente) No. 55 for National Liquors to be used at \"La Gloria\" Cantina. 3.- That the plaintiff had enabled patent (patente) No. 55 in her name at any time, lawfully engaging in the trade of national liquors. Let us then see the reason: The license for the sale of alcoholic beverages, in general terms, has ceased to be an intangible asset that forms part of whoever holds it (Law No. 10 enacted on October 7, 1936), to currently be a permit granted discretionally for the exercise of an activity regulated by public order rules, which makes it understood from a different perspective than the one relied upon to invoke, in her favor, municipal civil liability as the axis of the economic repercussions (damages) that she says have harmed her subjective patrimony, by being disabled from the sale of liquors at the \"La Gloria\" cantina. With the enactment of Law 9047 on June 25, 2012, the liquor patents (patentes) that in the past formed part of the patent holder's (patentado) patrimony have ceased to be such, as can be understood from the respective regulatory history.\n\nTraditionally, Costa Rica regulated this matter in the Law on the Sale of Liquors -Law No. 10 of October 7, 1936- and its amendments. In articles 8, 11, 13, 14, 17, and 18 of this normative body, the legislator, in accordance with the state structure existing at that time, originally provided the power to award liquor patents (patentes) in the figure of the Provincial Governor, who was the competent authority, both for issuing liquor patents (patentes), and for other procedures related to the transfers and relocations of said licenses. This power of the Provincial Governor was later developed in the Regulation to the Liquor Law - Decreto Ejecutivo No. 17757-G of September 28, 1987, published in the Diario Oficial La Gaceta No. 193 of October 8 of that same year-, according to which everything related to auctions, awards, transfers, relocations, and cancellations of this type of license would be of his knowledge. These powers of the provincial governor were reviewed by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, in judgment 6469-97, at sixteen hours twenty minutes on October 8, 1997, in which any rule conferring powers upon the Provincial Governor to hear everything related to municipal matters and, specifically, regarding the granting and additional procedures of liquor patents (patentes) was declared unconstitutional, interpreting that in the texts where that political-administrative authority was mentioned, it was modified and replaced by the concept of \"local government\" or the \"respective Municipality\". This was in accordance with the provisions of Article 79 of the Código Municipal, establishing that everything referring to the granting of licenses for the sale of liquors is an exclusively municipal matter. Now, due to the very nature of this type of commercial activity, everything related to the quantity of liquor patents (patentes) that were issued in each canton of the Republic, responded -in theory- to the imperatives of social order, security, collective well-being, and public morality, where it was the local governments that assumed the preponderant role of controlling and supervising the number of businesses that sold liquor, through the exercise of their police power. This is so, as it is well known that the fundamental right of freedom of commerce - like other fundamental rights - is not unrestricted, as it has limits that respond to public interest conditions imposed above private interests (see in this regard, judgments of the Sala Constitucional Nos. 0143-94, 3054-96, 6066-98, 6565-99, 2003-2864, among others). Precisely, it is through the now-repealed 1936 Liquor Law that the legislator imposed restrictions on the exercise of this economic activity due to its nature and social impact, taking into account factors such as the number of establishments per canton, location, population density, clientele, use of the commercial premises, and origin of the production of the alcoholic beverages (articles 3 to 12), providing that liquor patents (patentes) could only be acquired through auction. Section 11 of this same regulation clearly stated that \"It is at the discretion of the Municipality to determine what number of liquor establishments may be authorized...\", specifying the maximum number of commercial premises per canton with this type of business, according to its population density. Likewise, article 12 provided for the regularity with which the licenses could be put up for auction, establishing that this would be in December every two years, with the possibility of decreeing new auctions in case of population growth, provided the legal ceiling was respected. As things stood, the legislation was precise regarding the imposition of maximum limits on patents (patentes) that each local government could put up for auction, but the decision of how many patents (patentes) to auction below that legal ceiling remained within its discretion.\n\nThis system generated, over the years, that the number of existing patents (patentes) per canton did not keep pace with the constant and growing demand for patents (patentes), in line with the emergence of new commercial sectors. The owners of nascent businesses, in their eagerness to sell alcoholic beverages, found it necessary to pay large sums of money to those few who held the ownership of the patents (patentes), through the sale or lease of these rights. From this point of view, the commercial license for the sale of this type of beverage was denatured in itself, as instead of being the authorization to a natural or legal person for the exercise of a commercial activity regulated and controlled by the State, it became a true intangible right (derecho inmaterial) susceptible to assignment and free disposal. This generated a parallel market for liquor patents (patentes), which also had direct impacts within local governments, ultimately responsible for authorizing the transfers and exploitations of the patents (patentes). With the recent enactment of the Law on the Regulation and Commercialization of Beverages with Alcoholic Content -Law 9047 published in Alcance Digital Número 109 to La Gaceta No. 152 of August 8, 2012-, the previous regulation was repealed and the essence of the previous patent (patente) was modified, eliminating this commercialization mechanism. Article 3 is clear in establishing that each license is granted to a natural or legal person to be used in the establishment in which it is intended to be exploited, prohibiting the possibility of selling, exchanging, transferring, conveying, or alienating it in any way, requiring the granting of a new license in case of changes of location and holder. The rule is clear in expressly indicating that the license loses the condition of an \"asset\" with which it had been exploited in the past, to now be a true right of the person, revocable even in case of death, dissolution, or bankruptcy of the legal person (article 6). In this sense, the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, in judgment number 2013-011499 at sixteen hours on August 28, 2013, reviewed the constitutionality of the Law on the Commercialization of Beverages with Alcoholic Content -Law 9047-, regarding which it indicated: \"VIII.- Ultimately, a license cannot become an asset in favor of a person, since it consists of an enabling administrative act for the exercise of a regulated activity. It refers to an activity that inescapably is subject to State supervision, for which reason it cannot be considered to be a patrimonial asset in favor of the individual. From the moment one is in the realm of authorizations, it is not possible to interpret that any property right is generated regarding said enabling administrative act. Ergo, the action must be dismissed regarding this allegation.\" (See judgment No. 315-2014 of this Chamber at 9:00 hours on July 17, 2014).\"\n\nDuring the historical validity of that panorama (1936 to 2012), an absolute legislative restriction was transversally imposed with the enactment of Law No. 6172 on November 29, 1977, which came into effect on December 20 of that same year. The first paragraph of article 6 of the Ley Indígena (No. 6172) established the prohibition of cantinas and sales of alcoholic beverages within the indigenous reserves (reservas indígenas), by expressly indicating: \"Article 6. No person or institution may establish, de facto or de jure, cantinas or the sale of alcoholic beverages within the indigenous reserves (reservas indígenas). This law nullifies the current possession and concession of national and foreign liquor patents (patentes) within the reserves. Municipalities are prohibited from granting and transferring liquor patents (patentes) within them.\" (intentional emphasis), directly disrupting that municipal faculty of authorizing liquor patents (patentes), barring that possibility for the prior budget. It is observed that said article clearly stipulates that no person or institution may establish such businesses, for which it must be understood that indigenous people are also not authorized to do so. Furthermore, not only is the granting of future patents (patentes) prohibited, but it also annuls the current ones, that is, those existing at the time the Ley Indígena was enacted. It is not strange, then, that the following situations proven in the case record occurred, solely concerning the holder of patent (patente) No. 55, which clearly refute the active legitimation of the plaintiff: 1.- That without specifying the date of granting of the liquor patent (patente), the Gobernación of the Province of Puntarenas issued to Mrs. Nombre84908, with identity card CED60761, an authorization for the commercial use of national liquor patent (patente) No. 55, to be used in the business called \"Cantina La Gloria\". (see administrative file, pdf images filed at 246 of the digital judicial file and statements of the defendant entity) 2.- That by final resolution No. 770-95, at nine hours and fifty minutes on October thirty, nineteen ninety-five, of the Gobernación of the Province of Puntarenas, a petition from Nombre84908 was resolved, denying the operating permit for National Liquor patent (patente) No. 55 of the Boruca district that was exploited in the commercial business BAR LA GLORIA, based on Article 6 of the Ley Indígena. (see administrative file, pdf images filed at 49 to 54 of the digital judicial file) 3.- That Mrs. Nombre84908, on the occasion of the sale of liquor within the business called \"Cantina La Gloria\", was imposed a sanction of a twenty-day fine, at a rate of three hundred colones per day, by the Alcaldía Mixta of Buenos Aires, Puntarenas, judicial resolution at thirteen hours on December fifteen, nineteen ninety-seven, within contravention file 415-97, establishing that: \"(...) Thus, things being as they are and being determined from the documentary evidence provided at folios 12 and 15, where the cancellation of the Operating Permit for the patent (patente) No. 55 of National Liquors exploited by Nombre81726 is expressly stated by the local Ministry of Health, the alleged violation of articles 556 and 578 of the Ley General de Salud that regulate the validity of operating permits and the penalties for non-compliance with the administrative ordinances issued in this regard is definitively confirmed. The foregoing because it is recorded in the file that since the past ninth of August, nineteen ninety-five, the questioned Permit was canceled for the now accused, who illegally keeps her establishment open ignoring what was resolved (See folio 12 and 150). Thus, things being as they are, having demonstrated the violation that gave rise to this process, there being no exculpatory evidence to analyze, it is appropriate to issue a conviction ruling against the accused, communicating the decision to the respective Authorities for legal purposes (...)\". (see administrative file, pdf images filed at 59 to 60 of the digital judicial file and statements of the defendant entity).\n\nThe Sala Constitucional, in this regard, has reached the consideration that said commercial activity under that restriction becomes illegal, and that the retroactive application of this norm does not violate acquired rights or consolidated legal situations, much less in the future or after its approval, as can be inferred from Resolution No. 2843-99 at 15:09 hours on April 21, 1999, indicating in what is relevant: \"It is not, therefore, a consolidated legal situation that is affected by the provision of article 6 of the Ley Indígena. The commercial activity that the plaintiff exercised ceased to be lawful by legal provision.\"\n\nAs can be seen and is extracted from the Liquor Law itself and the Ley Indígena for greater application, it is clear then that the license or liquor patent (patente) No. 55, originally issued to Nombre84908, ID card CED60761, for the business called \"Cantina la Gloria\", in Boruca center, which the plaintiff claims to hold to sue the Municipality, is NOT her property, NOR has it ever been, not only due to the death of Nombre84908 on December 31, 1998, but also due to the express prohibition of its authorization through the Ley Indígena and its scopes, for which reason it does not find nor would find protection under the protection of constitutional article 45 nor of 264.5 of the Código Civil, since the patent (patente) consists of a legal authorization for the exercise of a lucrative activity that does not currently exist and is legislatively barred for the case in the file, and classified as an illegal activity according to the given constitutionality parameter, due to the location of the commercial premises in which she wishes to exploit it again according to her statement regarding the closure acts stated in the municipal resolutions: 1) Municipalidad de Buenos Aires at 15:00 hours on April 14, 2014, 2) DPSMBA-34-2014 (resolution of the Office of the Municipal Mayor of the Municipalidad de Buenos Aires at thirteen hours on June twenty-fifth, two thousand fourteen, on the cancellation of a liquor patent (patente) for their sale in an indigenous reserve (reserva indígena), notified to the plaintiff on July 1, 2014), the acts of closure and sealing of the business: DPSMBA-27-2014, DPSMBA-56-2014, DPSMBA-30-2015, since it is legally prohibited and this means that her claim in the lawsuit subjectively shows the non-existence of a subjective right, or legitimate interest, or acquired or consolidated legal situation to obtain the liability and compensation sought, given that she did not prove having the patent (patente) in her name nor being authorized for that activity and with it any ownership of a subjective right or legitimate interest to file the lawsuit. Consequently, the plaintiff cannot claim, given the lack and non-existence of that procedural prerequisite, that the Municipality compensate her for damages for having had the sale of liquors cancelled for an activity for which she had no authorization to engage in, it being an illegal activity within the Indigenous Reserves (Reservas Indígenas)." }