{ "id": "nexus-ext-1-0034-291663", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Pago de compensación por prohibición en cargos no taxativos de la Junta de Protección Social", "title_en": "Prohibition compensation payment for non-listed positions at the Social Protection Board", "summary_es": "La sentencia resuelve una acción de lesividad presentada por la Junta de Protección Social (JPS) contra una resolución de su Departamento de Desarrollo del Talento Humano que reconoció el pago de compensación económica por el régimen de prohibición para ejercer profesiones liberales a cuatro puestos. El Tribunal Contencioso Administrativo declara la nulidad absoluta parcial del acto, acogiendo la lesividad respecto de los cargos de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento Contable Presupuestario, por no estar incluidos en la lista taxativa de los artículos 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422) y 27 de su reglamento. Rechaza la pretensión en cuanto al Gerente Administrativo Financiero, pues este sí depende orgánicamente de la Gerencia General y encaja en la norma reglamentaria. La sentencia carece de efectos retroactivos por haberse declarado la lesividad más de un año después del acto, por lo que la nulidad solo opera hacia futuro y no se ordena la devolución de sumas ya percibidas.", "summary_en": "The ruling addresses a lesividad action filed by the Social Protection Board (JPS) against a resolution of its Human Talent Development Department that granted economic compensation under the prohibition regime for practicing liberal professions to four positions. The Administrative Contentious Court partially upholds the action, declaring the absolute nullity of the recognition for the positions of Head of the Treasury Department and Head of the Budgetary Accounting Department, as they are not included in the exhaustive list of Article 14 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service (Law 8422) and Article 27 of its regulations. The claim is rejected regarding the Financial Administrative Manager, since this position depends organically on the General Management and fits within the regulatory provision. The ruling has no retroactive effects because the lesividad was declared more than one year after the act, so the nullity only operates prospectively and the repayment of amounts already received is not ordered.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "lesividad", "régimen de prohibición", "nulidad absoluta", "efectos ex nunc", "principio de legalidad", "cargos taxativos", "Ley 8422", "proveeduría" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 14", "law": "Ley 8422" }, { "article": "Art. 27", "law": "Reglamento a la Ley 8422" }, { "article": "Arts. 131, 132, 133, 158 y 166", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 34 inciso 1", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Arts. 105 y 106", "law": "Ley de Contratación Administrativa" } ], "keywords_es": [ "lesividad", "régimen de prohibición", "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito", "compensación económica", "Junta de Protección Social", "nulidad absoluta", "efectos retroactivos", "cargos taxativos", "Artículo 14", "Artículo 27" ], "keywords_en": [ "lesividad", "prohibition regime", "Law against Corruption and Illicit Enrichment", "economic compensation", "Social Protection Board", "absolute nullity", "retroactive effects", "exhaustive positions", "Article 14", "Article 27" ], "excerpt_es": "Más allá de esos cargos anteriormente enumerados en las normas transcritas, resulta improcedente el reconocimiento del pago del rubro de compensación por el régimen de prohibición. En lo que respecta al presente caso, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, que fueron ajustadas en audiencia preliminar, se solicita que se declare la nulidad absoluta de la resolución DTH-0016-2014 de las 13:00 horas del 10 de enero de 2014, emitida por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social, por medio de la cual se reconoció el pago del rubro de prohibición a los puestos de: i) Jefe del Departamento de Tesorería; ii) Jefe del Departamento Contable Presupuestario; iii) Jefe del Departamento de Recursos Materiales; y iv) Gerente Administrativo Financiero. Como fue debidamente aclarado en la Audiencia Preliminar, esta acción de lesividad no comprende a lo declarado en relación con el puesto de Jefe del Departamento de Recursos Materiales, por lo que ese cargo se encuentra excluido de la revisión de legalidad que se hace en este fallo. Pues bien, en lo relativo a los puestos de Jefe del Departamento de Tesorería y Jefe del Departamento de Contable Presupuestario, queda claro para esta Cámara que tales cargos efectivamente no se encuentran previstos en la lista taxativa contenida en los artículos 14 de la LCEIFP y 27 de su reglamento. Véase que el numeral 14 de la Ley 8422 (LCEIFP) no prevé dentro de los cargos afectos al régimen de prohibición, a las jefaturas de áreas, unidades o dependencias administrativas, y si bien el ordinal 27 del Reglamento sí hace referencia a los cargos de «jefes» o «encargados», el texto es absolutamente expreso en que deben ser jefaturas de las unidades o dependencias de «proveeduría» del sector público, es decir, no se trata de cualquier jefatura dentro de un órgano o ente de la Administración Pública, sino sólo de aquellas Jefaturas o Encargados que tienen bajo su responsabilidad a los órganos internos denominados como Proveedurías, que como bien se sabe, son las dependencias encargadas de administrar los procedimientos de contratación administrativa en cada órgano o ente público, por así disponerlo los artículos 105 y 106 de la Ley de Contratación Administración Administrativa. Cabe aquí indicar que no es de recibo el argumento de la representación de los accionados, en cuanto a que las Jefaturas del Departamento de Tesorería y del Departamento Contable Presupuestario tienen por función sustantiva la gestión financiera de la Junta de Protección Social, pues no sólo es una afirmación propia que no tiene ningún sustento probatorio, sino además porque, aún sí ello fuera así, en nada cambia el resultado de lo que aquí se declara, dado que esos cargos no se encuentran expresamente previstos en la lista taxativa de los artículos 14 de la LCEIFP y 27 de su reglamento, como ya se señaló y no es posible forzar su inclusión por vía de interpretación, ya que tal proceder supondría una violación al principio de legalidad y sus derivaciones, como la derogación singular de la norma. En ese tanto, resulta inoponible el Dictamen de la Procuraduría General de la República N°C-067-2013 que la representación de los demandados invoca en su defensa, no sólo por no ser vinculante para este Tribunal, sino además porque ese documento incurre en la misma práctica irregular de realizar interpretaciones extensivas más allá de lo que indica el texto expreso de la Ley y su reglamento, generando con ello confusión e inseguridad jurídica.", "excerpt_en": "Beyond those positions previously listed in the transcribed norms, the recognition of the compensation payment under the prohibition regime is improper. Regarding the present case, according to the claims of the lawsuit, which were adjusted in the preliminary hearing, it is requested that the absolute nullity be declared of resolution DTH-0016-2014 at 1:00 p.m. on January 10, 2014, issued by the Human Talent Development Department of the Social Protection Board, through which the payment of the prohibition item was recognized for the following positions: i) Head of the Treasury Department; ii) Head of the Budgetary Accounting Department; iii) Head of the Material Resources Department; and iv) Financial Administrative Manager. As was duly clarified in the Preliminary Hearing, this lesividad action does not cover what was declared in relation to the position of Head of the Material Resources Department, so that position is excluded from the legality review conducted in this ruling. Now then, regarding the positions of Head of the Treasury Department and Head of the Budgetary Accounting Department, it is clear for this Chamber that such positions are indeed not provided for in the exhaustive list contained in Articles 14 of the LCEIFP and 27 of its regulations. Note that Article 14 of Law 8422 (LCEIFP) does not provide, among the positions subject to the prohibition regime, the heads of areas, units or administrative departments, and although Article 27 of the Regulation does refer to the positions of 'heads' or 'persons in charge,' the text is absolutely explicit that they must be heads of the units or departments of 'procurement' of the public sector, that is, it is not any head position within a body or entity of the Public Administration, but only those Heads or Persons in Charge who have under their responsibility the internal bodies called Procurement Departments, which, as is well known, are the departments in charge of administering the administrative contracting procedures in each public body or entity, as provided for in Articles 105 and 106 of the Administrative Contracting Law. It should be noted here that the argument of the defendants' representation, that the Heads of the Treasury Department and the Budgetary Accounting Department have as their substantive function the financial management of the Social Protection Board, is not acceptable, since not only is it an assertion that has no evidentiary support, but also because, even if that were the case, it does not change the result of what is declared here, given that those positions are not expressly provided for in the exhaustive list of Articles 14 of the LCEIFP and 27 of its regulations, as already indicated, and it is not possible to force their inclusion by way of interpretation, since such a proceeding would imply a violation of the principle of legality and its derivatives, such as the singular derogation of the norm. In that regard, Opinion C-067-2013 of the Attorney General’s Office, which the defendants’ representation invokes in their defense, is unenforceable, not only because it is not binding on this Court, but also because that document incurs in the same irregular practice of making extensive interpretations beyond what the express text of the Law and its regulations indicate, thereby generating confusion and legal uncertainty.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The absolute nullity of the act is declared regarding the recognition of the prohibition compensation for the positions of Head of Treasury and Head of Budgetary Accounting, but the claim is rejected regarding the Financial Administrative Manager; without retroactive effects.", "summary_es": "Se declara la nulidad absoluta del acto en cuanto reconoce la compensación por prohibición a los puestos de Jefe de Tesorería y Jefe Contable Presupuestario, pero se rechaza respecto del Gerente Administrativo Financiero; sin efectos retroactivos." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI", "quote_en": "the prohibition regime and its consequent economic compensation, established by Law No. 8422, Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, is exhaustive in nature and cannot include or cover other positions different from those expressly provided for in Articles 14 of said Law and 27 of its regulations", "quote_es": "el régimen de prohibición y su consecuente compensación económica, establecidos por la Ley N°8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, es de carácter taxativo y no puede incluir o abarcar a otros puestos distintos a los expresamente previstos en los artículos 14 de la referida Ley y 27 de su reglamento" }, { "context": "Considerando VI", "quote_en": "it is not possible to force their inclusion by way of interpretation, since such a proceeding would imply a violation of the principle of legality and its derivatives, such as the singular derogation of the norm", "quote_es": "no es posible forzar su inclusión por vía de interpretación, ya que tal proceder supondría una violación al principio de legalidad y sus derivaciones, como la derogación singular de la norma" }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "this ruling shall have no retroactive effects, the nullity of the challenged act being declared solely for purposes of its annulment and future inapplicability", "quote_es": "la presente sentencia carecerá de efectos retroactivos, declarándose la nulidad del acto impugnado únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-53738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 8422 Art. 14" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-24284", "norm_num": "7494", "norm_name": "Ley de Contratación Administrativa", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/05/1995" }, { "doc_id": "norm-53738", "norm_num": "8422", "norm_name": "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "06/10/2004" }, { "doc_id": "norm-54710", "norm_num": "32333", "norm_name": "Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", "tipo_norma": "Decreto Ejecutivo", "norm_fecha": "12/04/2005" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "\"VI.- SOBRE EL FONDO. PROCEDENCIA PARCIAL DE LA DEMANDA DE LESIVIDAD. PAGO DE COMPENSACIÓN POR\nRÉGIMEN DE PROHIBICIÓN DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN\nPÚBLICA SOLAMENTE CORRESPONDE A LOS CARGOS EXPRESAMENTE PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 14 DE DICHA LEY Y\n27 DE SU REGLAMENTO.- Por las razones que se explican de seguido, la demanda de lesividad planteada\npor la Junta de Protección Social debe ser acogida parcialmente. La reiterada jurisprudencia de la\nSala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sido absolutamente clara en cuanto a que el régimen\nde prohibición y su consecuente compensación económica, establecidos por la Ley N°8422, Ley contra\nla Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, es de carácter taxativo y no puede\nincluir o abarcar a otros puestos distintos a los expresamente previstos en los artículos 14 de la\nreferida Ley y 27 de su reglamento (al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias\nN°2018-2022 de las 11:05 horas del 21 de diciembre de 2018, N°2019-992 de las 9:50 horas del 5 de\njunio de 2019 y N°2020-296 de las 9:35 horas del 21 de febrero de 2020). El numeral 14 de la Ley\n8422 dispone así: \"Artículo 14.-Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer\nprofesiones liberales, el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder\nJudicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor\ngenerales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador\ngeneral y el procurador general adjunto de la República, el regulador general de la República, el\nfiscal general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes\nejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades descentralizadas,\ninstituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades\nfinancieras, de valores y de pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes\nmunicipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los contralores y los\nsubcontralores internos, los auditores y los subauditores internos de la Administración Pública, así\ncomo los directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del Sector\nPúblico. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario\nposea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público. De la prohibición\nanterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la jornada ordinaria y\nla atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o\ncompañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.\nEn tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá\nproducirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado en que se\nlabora\". Por su parte, el numeral 27 del Reglamento señala: \"Artículo 27.-Prohibición para ejercer\nprofesiones liberales. No podrán ejercer profesiones liberales, el Presidente de la República, los\nvicepresidentes, los magistrados propietarios tanto del Poder Judicial como del Tribunal Supremo de\nElecciones (incluidos en este último caso los que asuman tal condición con arreglo a lo que\nestablece el artículo 100 de la Constitución Política), los ministros y viceministros de gobierno,\nel Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el Defensor y el Defensor adjunto de los\nHabitantes, el Procurador general y el Procurador General adjunto de la República, el Regulador\nGeneral de la República, el Fiscal General de la República, los oficiales mayores, los presidentes\nejecutivos, los gerentes generales y los gerentes y subgerentes que orgánicamente dependan de éstos,\nasí como los directores y subdirectores generales de los órganos desconcentrados, y también los\ndirectores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o dependencias -según la\nnomenclatura interna que corresponda- administrativas de la Administración Pública, los\nsuperintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones y sus respectivos intendentes,\nlos alcaldes municipales, los auditores y los subauditores internos -sin importar la nomenclatura\nque éstos reciban siempre que realicen funciones y tareas como tales- de la Administración Pública.\nTambién quedarán cubiertos por esta prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o\ndependencias de proveeduría del sector público. Para tal efecto, la mención que el artículo 14 de la\nLey, hace en cuanto a los directores y subdirectores de departamento, debe entenderse referida\nexclusivamente a la persona o personas que ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías del\nsector público. Dentro del presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el\nfuncionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público\". (El\nresaltado es suplido). Más allá de esos cargos anteriormente enumerados en las normas transcritas,\nresulta improcedente el reconocimiento del pago del rubro de compensación por el régimen de\nprohibición. En lo que respecta al presente caso, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, que\nfueron ajustadas en audiencia preliminar, se solicita que se declare la nulidad absoluta de la\nresolución DTH-0016-2014 de las 13:00 horas del 10 de enero de 2014, emitida por el Departamento de\nDesarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social, por medio de la cual se reconoció el\npago del rubro de prohibición a los puestos de: i) Jefe del Departamento de Tesorería; ii) Jefe del\nDepartamento Contable Presupuestario; iii) Jefe del Departamento de Recursos Materiales; y iv)\nGerente Administrativo Financiero. Como fue debidamente aclarado en la Audiencia Preliminar, esta\nacción de lesividad no comprende a lo declarado en relación con el puesto de Jefe del Departamento\nde Recursos Materiales, por lo que ese cargo se encuentra excluido de la revisión de legalidad que\nse hace en este fallo. Pues bien, en lo relativo a los puestos de Jefe del Departamento de Tesorería\ny Jefe del Departamento de Contable Presupuestario, queda claro para esta Cámara que tales cargos\nefectivamente no se encuentran previstos en la lista taxativa contenida en los artículos 14 de la\nLCEIFP y 27 de su reglamento. Véase que el numeral 14 de la Ley 8422 (LCEIFP) no prevé dentro de los\ncargos afectos al régimen de prohibición, a las jefaturas de áreas, unidades o dependencias\nadministrativas, y si bien el ordinal 27 del Reglamento sí hace referencia a los cargos de \"jefes\" o\n\"encargados\", el texto es absolutamente expreso en que deben ser jefaturas de las unidades o\ndependencias de \"proveeduría\" del sector público, es decir, no se trata de cualquier jefatura dentro\nde un órgano o ente de la Administración Pública, sino sólo de aquellas Jefaturas o Encargados que\ntienen bajo su responsabilidad a los órganos internos denominados como Proveedurías, que como bien\nse sabe, son las dependencias encargadas de administrar los procedimientos de contratación\nadministrativa en cada órgano o ente público, por así disponerlo los artículos 105 y 106 de la Ley\nde Contratación Administración Administrativa. Cabe aquí indicar que no es de recibo el argumento de\nla representación de los accionados, en cuanto a que las Jefaturas del Departamento de Tesorería y\ndel Departamento Contable Presupuestario tienen por función sustantiva la gestión financiera de la\nJunta de Protección Social, pues no sólo es una afirmación propia que no tiene ningún sustento\nprobatorio, sino además porque, aún sí ello fuera así, en nada cambia el resultado de lo que aquí se\ndeclara, dado que esos cargos no se encuentran expresamente previstos en la lista taxativa de los\nartículos 14 de la LCEIFP y 27 de su reglamento, como ya se señaló y no es posible forzar su\ninclusión por vía de interpretación, ya que tal proceder supondría una violación al principio de\nlegalidad y sus derivaciones, como la derogación singular de la norma. En ese tanto, resulta\ninoponible el Dictamen de la Procuraduría General de la República N°C-067-2013 que la representación\nde los demandados invoca en su defensa, no sólo por no ser vinculante para este Tribunal, sino\nademás porque ese documento incurre en la misma práctica irregular de realizar interpretaciones\nextensivas más allá de lo que indica el texto expreso de la Ley y su reglamento, generando con ello\nconfusión e inseguridad jurídica. En suma, bajo el criterio aquí establecido, era manifiestamente\nimprocedente que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, con la venia de la Gerencia\nGeneral de la Junta de Protección Social, le reconociera el pago de la compensación económica por\nprohibición a los cargos de Jefe de Departamento de Tesorería y Jefe de Departamento Contable\nPresupuestario, pues claramente no encajan en la reserva legal dispuesta por la Ley N°8422 (LCEIFP)\ny su reglamento, para efectos de recibir ese componente patrimonial como parte de sus\nremuneraciones, lesionando de esa forma a la Hacienda Pública, por haberse erogado un extremo\neconómico que no tiene respaldo en el bloque de legalidad. Según se observa en autos, ese rubro le\nfue pagado al codemandado Nombre81734 en su condición de Jefe del Departamento de Tesorería, desde\nel mes de abril del año 2014 y hasta la fecha, y a los codemandados Jackeline Rojas Chacón, mientras\nocupó el cargo de Jefe del Departamento de Contable Presupuestario, desde el mes de julio del año\n2015 y hasta el mes de abril de 2016, y Nombre46791 , cuando volvió al puesto de Jefe del\nDepartamento Contable Presupuestario, desde el mes de marzo del año 2014 y hasta la fecha. Esta\nsituación implica que el acto administrativo que confirió el derecho de devengar una compensación\neconómica por concepto de prohibición en los puestos de Jefe de Departamento de Tesorería y Jefe de\nDepartamento Contable Presupuestario, y que en la materialidad fueron percibidos por los\ncodemandados Nombre81734 , Jackeline Rojas Chacón y Nombre46791 , a la luz de la teoría del acto\nadministrativo, carece del elemento motivo en su dimensión fáctica, debido a que la condición\nexigida por el ordenamiento para obtener esa compensación económica no se configura en los términos\ndispuestos por la norma vinculante, por lo que el motivo no era legítimo ni existía al momento de\nser tomado en cuenta para dictar el acto, afectando a su vez, su contenido y su fin, y produciendo\ncomo consecuencia su nulidad absoluta, de conformidad con los artículos 131, 132, 133, 158 y 166 de\nla Ley General de la Administración Pública. Por tanto, la resolución N°DTH-0016-2014, de las 13:00\nhoras del 10 de enero de 2014, emitida por el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, deviene\nen absolutamente nula, por conceder un derecho de pago de un rubro económico a los aquí codemandados\nsin contar con los requisitos legales y reglamentarios exigidos para tal efecto. Consecuentemente,\npor las razones expuestas, procede acoger parcialmente la acción de lesividad formulada por la Junta\nde Protección Social, con las limitaciones que se indican de seguido, y dejando a salvo el cargo de\nGerente Administrativo Financiero, que como se dirá más adelante, sí encuentra sustento en la LCEIFP\ny su reglamento.\n\n \n\n VII.- Como se puede observar de la contestación de la demanda, la representación de los demandados\nno planteó la discusión sobre si el acto impugnado es de efectos continuados o de efecto\ninstantáneo, y solamente invocó el artículo 34.1 el Código Procesal Contencioso Administrativo con\nel fin de que no se ordene la devolución de las sumas ya canceladas por haber transcurrido más de un\naño desde que se emitió el acto cuestionado y hasta que fue declarado lesivo en vía administrativa,\npor lo que entiende este Tribunal que la representación de los accionados tácitamente aceptó que el\nacto que se pide anular es de efectos continuados. Siendo así, al no existir controversia sobre tal\naspecto, esta Cámara determina que, efectivamente, la declaratoria de lesividad en vía\nadministrativa (acuerdo JD-354 de la sesión 16-2018 del 19 de marzo de 2018) se hizo más de un año\ndespués de la fecha de haberse dictado el acto impugnado (DTH-0016-2014 del 10 de enero de 2014) y,\npor tanto, de conformidad con el artículo 34 inciso 1 del Código Procesal Contencioso\nAdministrativo, la presente sentencia carecerá de efectos retroactivos, declarándose la nulidad del\nacto impugnado únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.-\n\n \n\n VIII.- Ahora bien, la demanda resulta improcedente en cuanto a la pretensión de declarar la nulidad\nabsoluta del acto impugnado, en lo atinente al reconocimiento del rubro económico por concepto de\nprohibición en el puesto de Gerente Administrativo Financiero. Lo anterior, debido a que el artículo\n27 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,\nclaramente incluye dentro de los puestos que tienen prohibición para ejercer profesiones liberales a\n\"los gerentes generales y los gerentes y subgerentes que orgánicamente dependan de éstos\". En su\ncontestación a la demanda, la representación de los codemandados acreditó, con el organigrama de la\nJunta de Protección Social, que la Gerencia Administrativa Financiera sí depende orgánicamente de la\nGerencia General, por consiguiente, el reconocimiento de la compensación económica por el régimen de\nprohibición sí posee fundamento jurídico en el caso del cargo de Gerente Administrativo Financiero.\nEn ese tanto, no procede declarar la nulidad absoluta de la resolución DTH-0016-2014, del\nDepartamento de Desarrollo del Talento Humano en cuanto al reconocimiento del rubro por concepto de\nprohibición en el puesto ya referido, amén de que, si se observa bien, el acto que acordó la\nlesividad en vía administrativa no declaró expresamente como lesivo el reconocimiento de la\ncompensación de prohibición para el puesto de Gerente Administrativo Financiero, sino más bien, el\npago que fue recibido por Nombre46791 mientras ocupó ese cargo interinamente, pues dicho servidor es\ntitular del puesto de Jefe del Departamento Contable Presupuestario. En este sentido, y bajo esa\nlínea de pensamiento, tampoco resultaría procedente la acción de lesividad en lo referente al pago\nque percibió don Nombre46791 estando en ese cargo de Gerente Administrativo Financiero, no sólo por\nla razón lógica de que la compensación operaba con ocasión del puesto, y por tanto, fue bien\npercibida por su persona, sino además porque esta sentencia, como ya se indicó, no tiene efectos\nretroactivos, sino solo efectos prospectivos, por aplicación del artículo 34.1 del Código Procesal\nContencioso Administrativo, y en ese contexto, el señor Nombre46791 actualmente no se encuentra\nocupando dicho cargo, pues estuvo en él hasta el mes de abril del año 2016, de manera que, con\nindependencia del fondo de la cuestión, lo percibido por su persona durante ese tiempo queda fuera\nde los efectos \"ex nunc\" del presente fallo\".", "body_en_text": "VI.- ON THE MERITS. PARTIAL ADMISSIBILITY OF THE UNLAWFULNESS CLAIM. PAYMENT OF COMPENSATION FOR THE PROHIBITION REGIME OF THE LAW AGAINST CORRUPTION AND ILLICIT ENRICHMENT IN PUBLIC OFFICE CORRESPONDS ONLY TO THE POSITIONS EXPRESSLY PROVIDED FOR IN ARTICLE 14 OF SAID LAW AND 27 OF ITS REGULATIONS.- For the reasons explained below, the claim of unlawfulness (lesividad) filed by the Social Protection Board (Junta de Protección Social) must be partially granted. The reiterated jurisprudence of the Second Chamber (Sala Segunda) of the Supreme Court of Justice has been absolutely clear that the prohibition regime and its consequent financial compensation, established by Law No. 8422, Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office, is exhaustive in nature and cannot include or encompass positions other than those expressly provided for in Article 14 of the aforementioned Law and Article 27 of its Regulations (in this regard, see, among others, judgments No. 2018-2022 of 11:05 a.m. on December 21, 2018, No. 2019-992 of 9:50 a.m. on June 5, 2019, and No. 2020-296 of 9:35 a.m. on February 21, 2020). Article 14 of Law 8422 provides as follows: \"Article 14.-Prohibition to practice liberal professions. The President of the Republic, the Vice Presidents, the Magistrates of the Judicial Branch (Poder Judicial) and of the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the Ministers, the Comptroller General and the Deputy Comptroller General of the Republic, the Ombudsman (Defensor) and the Deputy Ombudsman (Defensor adjunto) of the Inhabitants, the Attorney General (Procurador general) and the Deputy Attorney General (Procurador general adjunto) of the Republic, the General Regulator of the Republic, the Attorney General (Fiscal general) of the Republic, the Vice Ministers, the Senior Administrative Officers (oficiales mayores), the Executive Presidents, the Managers and Administrative Directors of decentralized entities, autonomous and semi-autonomous institutions, and public enterprises, the Superintendents of financial, securities, and pension entities, their respective Intendents, as well as the Municipal Mayors and the Deputy Managers and Deputy Administrative Directors, the Internal Comptrollers and Deputy Internal Comptrollers, the Internal Auditors and Deputy Internal Auditors of the Public Administration, as well as the Department Directors and Deputy Directors and the Heads of Procurement (proveeduría) of the Public Sector, shall not be permitted to practice liberal professions. The other professions that the official possesses are included within this Article, even if they do not constitute a requirement to hold the respective public office. Excepted from the foregoing prohibition are teaching in higher education centers outside the regular workday and attending to matters in which the affected official, their spouse, partner, or any of their relatives by consanguinity or affinity up to the third degree inclusive, is a party. In such cases, the normal and impartial performance of the position must not be affected; nor shall they arise in matters attended to in the same public entity or Branch of State in which the official works.\" For its part, Article 27 of the Regulations states: \"Article 27.-Prohibition to practice liberal professions. The President of the Republic, the Vice Presidents, the proprietary Magistrates of both the Judicial Branch and the Supreme Electoral Tribunal (included in this last case those who assume such condition in accordance with the provisions of Article 100 of the Political Constitution), the Government Ministers and Vice Ministers, the Comptroller General and the Deputy Comptroller General of the Republic, the Ombudsman and the Deputy Ombudsman of the Inhabitants, the Attorney General and the Deputy Attorney General of the Republic, the General Regulator of the Republic, the Attorney General of the Republic, the Senior Administrative Officers, the Executive Presidents, the General Managers and the Managers and Deputy Managers that organically depend on them, as well as the General Directors and Deputy Directors of deconcentrated bodies, and also the Directors and Deputy Directors of the administrative areas, units, departments or dependencies -according to the corresponding internal nomenclature- of the Public Administration, the Superintendents of financial, securities, and pension entities and their respective Intendents, the Municipal Mayors, the Internal Auditors and Deputy Internal Auditors -regardless of the nomenclature they receive provided they perform functions and tasks as such- of the Public Administration, shall not be permitted to practice liberal professions. Also covered by this prohibition are the Heads or persons in charge of the procurement areas, units or dependencies of the public sector. For this purpose, the mention that Article 14 of the Law makes regarding Department Directors and Deputy Directors must be understood as referring exclusively to the person or persons occupying a head position in the procurement offices of the public sector. The other professions that the official possesses are included within this article, even if they do not constitute a requirement to hold the respective public office.\" (Emphasis added). Beyond those positions previously listed in the transcribed norms, the recognition of the payment of the compensation item for the prohibition regime is improper. With respect to the present case, according to the claims of the lawsuit, which were adjusted in the preliminary hearing, it is requested that the absolute nullity of resolution DTH-0016-2014 of 1:00 p.m. on January 10, 2014, issued by the Human Talent Development Department (Departamento de Desarrollo del Talento Humano) of the Social Protection Board, be declared, through which the payment of the prohibition item was recognized for the positions of: i) Head of the Treasury Department (Jefe del Departamento de Tesorería); ii) Head of the Budgetary Accounting Department (Jefe del Departamento Contable Presupuestario); iii) Head of the Material Resources Department (Jefe del Departamento de Recursos Materiales); and iv) Financial Administrative Manager (Gerente Administrativo Financiero). As was duly clarified in the Preliminary Hearing, this action of unlawfulness does not include what was declared in relation to the position of Head of the Material Resources Department, so that position is excluded from the legality review conducted in this ruling. Well then, regarding the positions of Head of the Treasury Department and Head of the Budgetary Accounting Department, it is clear to this Chamber (Cámara) that such positions are indeed not provided for in the exhaustive list contained in Article 14 of the LCEIFP and Article 27 of its Regulations. Note that Article 14 of Law 8422 (LCEIFP) does not include, within the positions subject to the prohibition regime, the heads of administrative areas, units, or dependencies, and although Article 27 of the Regulations does refer to the positions of \"heads\" or \"persons in charge,\" the text is absolutely explicit that they must be heads of \"procurement\" units or dependencies of the public sector; that is, it does not refer to any head position within an organ or entity of the Public Administration, but only to those Heads or Persons in Charge who have under their responsibility the internal organs called Procurement Offices (Proveedurías), which, as is well known, are the dependencies responsible for administering the administrative contracting procedures in each public organ or entity, as so provided by Articles 105 and 106 of the Law on Administrative Contracting (Ley de Contratación Administrativa). It is pertinent to indicate here that the argument of the representation of the defendants is not acceptable, that the Heads of the Treasury Department and the Budgetary Accounting Department have as their substantive function the financial management of the Social Protection Board, since not only is it their own assertion that has no probative support, but also because, even if that were the case, it in no way changes the outcome of what is declared here, given that those positions are not expressly provided for in the exhaustive list of Article 14 of the LCEIFP and Article 27 of its Regulations, as already indicated, and it is not possible to force their inclusion by way of interpretation, since such a proceeding would imply a violation of the principle of legality and its derivations, such as the singular derogation of the norm. To that extent, the Opinion of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) No. C-067-2013, which the defendants' representation invokes in their defense, is unenforceable, not only because it is not binding on this Court, but also because that document incurs the same irregular practice of making extensive interpretations beyond what the express text of the Law and its Regulations indicate, thereby generating confusion and legal uncertainty. In sum, under the criterion established here, it was manifestly improper for the Human Talent Development Department, with the consent of the General Management (Gerencia General) of the Social Protection Board, to recognize the payment of financial compensation for prohibition to the positions of Head of the Treasury Department and Head of the Budgetary Accounting Department, since they clearly do not fit within the legal reservation established by Law No. 8422 (LCEIFP) and its Regulations, for the purposes of receiving that economic component as part of their remuneration, thus damaging the Public Treasury (Hacienda Pública), by having disbursed an economic amount that has no support in the block of legality. As observed in the case file, this item was paid to the co-defendant Nombre81734 in his condition as Head of the Treasury Department, from the month of April 2014 to date, and to the co-defendants Jackeline Rojas Chacón, while she held the position of Head of the Budgetary Accounting Department, from the month of July 2015 until the month of April 2016, and Nombre46791, when he returned to the position of Head of the Budgetary Accounting Department, from the month of March 2014 to date. This situation implies that the administrative act which conferred the right to earn financial compensation for the concept of prohibition in the positions of Head of the Treasury Department and Head of the Budgetary Accounting Department, and which were materially received by the co-defendants Nombre81734, Jackeline Rojas Chacón, and Nombre46791, lacks, in light of the theory of administrative act, the element of cause (motivo) in its factual dimension, because the condition required by the legal system to obtain that financial compensation is not configured in the terms provided by the binding norm. Therefore, the cause was neither legitimate nor did it exist at the time it was taken into account to issue the act, affecting, in turn, its content and its purpose, and producing as a consequence its absolute nullity, in accordance with Articles 131, 132, 133, 158, and 166 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). Therefore, Resolution No. DTH-0016-2014, of 1:00 p.m. on January 10, 2014, issued by the Human Talent Development Department, becomes absolutely null, for granting a right to payment of an economic item to the co-defendants herein without meeting the legal and regulatory requirements demanded for such effect. Consequently, for the reasons stated, it is appropriate to partially grant the action of unlawfulness filed by the Social Protection Board, with the limitations indicated below, and safeguarding the position of Financial Administrative Manager, which, as will be discussed later, does find support in the LCEIFP and its Regulations.\n\nVII.- As can be observed from the response to the lawsuit, the representation of the defendants did not raise the discussion regarding whether the challenged act has continued effects or an instantaneous effect, and only invoked Article 34.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) so that the repayment of sums already paid is not ordered because more than one year had elapsed from when the questioned act was issued until it was declared unlawful in the administrative channel. Therefore, this Court understands that the representation of the defendants tacitly accepted that the act sought to be annulled has continued effects. That being so, as there is no controversy on that aspect, this Chamber determines that, effectively, the declaration of unlawfulness (lesividad) in the administrative channel (agreement JD-354 of session 16-2018 of March 19, 2018) was made more than one year after the date the challenged act was issued (DTH-0016-2014 of January 10, 2014). Consequently, in accordance with Article 34, subsection 1 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the present judgment shall lack retroactive effects, the nullity of the challenged act being declared solely for the purposes of its annulment and future inapplicability.\n\nVIII.- Now then, the claim is improper regarding the claim to declare the absolute nullity of the challenged act, as it pertains to the recognition of the economic item for the concept of prohibition in the position of Financial Administrative Manager. The foregoing is due to the fact that Article 27 of the Regulations to the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office clearly includes, within the positions that have a prohibition to practice liberal professions, \"the General Managers and the Managers and Deputy Managers that organically depend on them.\" In their response to the lawsuit, the representation of the co-defendants accredited, with the organizational chart of the Social Protection Board, that the Financial Administrative Management (Gerencia Administrativa Financiera) does organically depend on the General Management. Consequently, the recognition of the financial compensation for the prohibition regime does have legal basis in the case of the Financial Administrative Manager position. To that extent, it is not appropriate to declare the absolute nullity of Resolution DTH-0016-2014, from the Human Talent Development Department, regarding the recognition of the item for the concept of prohibition in the already-referenced position. Furthermore, if properly observed, the act that agreed to the unlawfulness in the administrative channel did not expressly declare the recognition of the prohibition compensation for the Financial Administrative Manager position as unlawful, but rather the payment received by Nombre46791 while he occupied that position on an interim basis, since said employee is the titular holder of the position of Head of the Budgetary Accounting Department. In this sense, and under that line of thought, the action of unlawfulness would also not be admissible regarding the payment received by Mr. Nombre46791 while in that Financial Administrative Manager position, not only for the logical reason that the compensation operated on the occasion of the position, and therefore, was properly received by his person, but also because this judgment, as already indicated, does not have retroactive effects, but only prospective effects, by application of Article 34.1 of the Contentious-Administrative Procedural Code. In that context, Mr. Nombre46791 is not currently occupying said position, as he was in it until the month of April 2016, so that, regardless of the merits of the question, what was received by his person during that time remains outside the \"ex nunc\" effects of this ruling." }