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  "title_es": "Rechazo de extradición por principio de non refoulement",
  "title_en": "Extradition denied under the principle of non-refoulement",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José conoce de un recurso de apelación contra la resolución que concedía la extradición de un ciudadano nicaragüense solicitada por Nicaragua. La persona solicitada se encuentra en condición de refugiada en Costa Rica. El tribunal revoca la concesión de extradición y rechaza la solicitud. Determina que el Estado requirente descartó erróneamente la condición de perseguido político del solicitado, omitiendo el análisis del principio de non refoulement (no devolución), consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe entregar a una persona a un país donde corra riesgo de persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas. El tribunal subraya que, en procesos de extradición, el órgano judicial no se limita a verificar requisitos formales, sino que actúa como garante de los derechos de la persona requerida, examinando el sistema político-jurídico del Estado solicitante y el riesgo que enfrenta la persona. Se ordena el cese de la detención provisional por esta solicitud de extradición, pero no la libertad inmediata: se remite al Ministerio Público para que, si corresponde, inicie persecución penal bajo jurisdicción nacional, utilizando los mecanismos de asistencia legal mutua para incorporar las pruebas del Estado requirente.",
  "summary_en": "The Court of Appeal for Criminal Judgments, Second Circuit of San José, hears an appeal against the ruling granting the extradition of a Nicaraguan national requested by Nicaragua. The sought person holds refugee status in Costa Rica. The court revokes the extradition grant and denies the request. It finds that the requesting State erroneously dismissed the individual's status as a politically persecuted person, failing to analyze the principle of non-refoulement, enshrined in Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, which prohibits returning a person to a country where they would face persecution based on race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. The court emphasizes that in extradition proceedings, the judicial body does not merely verify formal requirements but acts as a guarantor of the requested person's rights, scrutinizing the political-legal system of the requesting State and the risk faced by the individual. It orders the cessation of provisional detention for this extradition request but does not grant immediate release: the case is referred to the Public Prosecutor's Office to initiate, if warranted, criminal prosecution under national jurisdiction, using mutual legal assistance mechanisms to incorporate the requesting State's evidence.",
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  "excerpt_es": "III.- [...] Se deben acoger los reclamos. Por la conexidad de las quejas planteadas, estas se analizarán en forma conjunta, no sin antes indicar que una primera observación de la que necesariamente debe partirse es que el rol de los órganos jurisdiccionales de revisión (a quo y ad quem) es diferente en un proceso de extradición que en un proceso penal doméstico pues no solo no se desciende al análisis probatorio de los sucesos, sino que se actúa en representación del Estado requerido como órgano de protección de la persona solicitada, a fin de evitar la conculcación de sus derechos en el eventual juzgamiento o cumplimiento de la sanción en el Estado solicitante. De ahí que no pueda recibirse el argumento de la fiscalía y la representación del Estado en cuanto que se trata aquí de una simple verificación de requisitos formales, pues ello haría insulsa la intervención del aparato judicial en este tipo de asuntos, habida cuenta de que, si así fuese, el legislador pudo haberlo encomendado a cualquier otro órgano estatal.\n\n[...] En virtud de lo expuesto, este colegio jurisdiccional considera imprescindible hacer un recuento de los diversos requisitos que, necesariamente, debieron abordarse en el supuesto bajo estudio para conceder la extradición. Lo anterior, como método de análisis empleado por este mismo tribunal de forma reciente y en pluralidad de ocasiones en estos asuntos, haciendo la salvedad que dicho examen se limitará a aquellos estrictamente relevantes para la solución del caso concreto y no constituye una exposición completa de la totalidad de principios doctrinales que rodean el instituto de la extradición.\n\n[...] El segundo de los principios generales que conviene analizar de cara a lo alegado es el de non refoulement o no devolución. Este principio prohíbe al Estado que recibe refugiados, devolverlos a un país en el que correrían el riesgo de ser perseguidos por «raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o de sus opiniones políticas.» Se encuentra estipulado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 [...].",
  "excerpt_en": "III.- [...] The claims must be accepted. Given the connection between the complaints raised, they will be analyzed together, but first it must be noted that the role of the reviewing courts (a quo and ad quem) differs in an extradition proceeding from that in a domestic criminal proceeding, since not only do they not delve into the evidentiary analysis of the facts, but they act on behalf of the requested State as a protective body for the sought person, in order to prevent the violation of their rights in the potential trial or enforcement of the sentence in the requesting State. Hence, the argument of the prosecution and the State's counsel that this is merely a verification of formal requirements cannot be accepted, as it would render the judicial intervention in this type of matter meaningless, given that, if that were the case, the legislator could have entrusted it to any other state body.\n\n[...] In light of the foregoing, this court considers it essential to recount the various requirements that necessarily had to be addressed in the case under study in order to grant extradition. This serves as an analytical method recently and repeatedly used by this same court in these matters, with the caveat that such examination will be limited to those strictly relevant to the resolution of the specific case and does not constitute a complete exposition of all the doctrinal principles surrounding the institute of extradition.\n\n[...] The second general principle that is appropriate to analyze in light of the allegations is that of non-refoulement or non-return. This principle prohibits the State receiving refugees from returning them to a country where they would be at risk of being persecuted for \"race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.\" It is stipulated in Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees [...].",
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    "label_es": "Revoca",
    "summary_en": "The court revokes the grant of extradition and denies the request due to failure to analyze the principle of non-refoulement, ordering the cessation of provisional detention and referring to the Public Prosecutor's Office for national prosecution.",
    "summary_es": "El tribunal revoca la concesión de extradición y rechaza la solicitud por omisión del análisis del principio de non refoulement, ordenando el cese de la detención provisional y remitiendo al Ministerio Público para persecución nacional."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "they do not delve into the evidentiary analysis of the facts, but act on behalf of the requested State as a protective body for the sought person, in order to prevent the violation of their rights in the potential trial or enforcement of the sentence in the requesting State.",
      "quote_es": "no se desciende al análisis probatorio de los sucesos, sino que se actúa en representación del Estado requerido como órgano de protección de la persona solicitada, a fin de evitar la conculcación de sus derechos en el eventual juzgamiento o cumplimiento de la sanción en el Estado solicitante."
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    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "This principle prohibits the State receiving refugees from returning them to a country where they would be at risk of being persecuted for 'race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.'",
      "quote_es": "Este principio prohíbe al Estado que recibe refugiados, devolverlos a un país en el que correrían el riesgo de ser perseguidos por «raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o de sus opiniones políticas.»"
    },
    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "the cessation of the provisional detention against [Name 001] is hereby ordered for the current extradition request that is now denied. However, the immediate release of the accused is not ordered, but rather [...] this ruling shall be communicated to the lower court so that it places the accused at the disposal of the Public Prosecutor's Office, which must arrange what is necessary regarding the prosecution of the accused and his possible compulsory joinder to the case that must be opened against him under national jurisdiction.",
      "quote_es": "se ordena el cese en este acto la detención provisional contra [Nombre 001] por la actual solicitud de extradición que ahora se rechaza. Sin embargo, no se dispone la inmediata libertad del justiciable, sino que [...] comuníquese esta resolución al tribunal de instancia a fin de que ponga al encartado a la orden del Ministerio Público, quien deberá disponer lo necesario en torno a la persecución del justiciable y su eventual vinculación forzosa a la causa que deberá abrirse en su contra bajo la jurisdicción nacional."
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  "body_es_text": "\"III.- [...] Se deben acoger los reclamos. Por la conexidad de las quejas planteadas, estas se analizarán en forma conjunta, no sin antes indicar que una primera observación de la que necesariamente debe partirse es que el rol de los órganos jurisdiccionales de revisión (a quo y ad quem) es diferente en un proceso de extradición que en un proceso penal doméstico pues no solo no se desciende al análisis probatorio de los sucesos, sino que se actúa en representación del Estado requerido como órgano de protección de la persona solicitada, a fin de evitar la conculcación de sus derechos en el eventual juzgamiento o cumplimiento de la sanción en el Estado solicitante. De ahí que no pueda recibirse el argumento de la fiscalía y la representación del Estado en cuanto que se trata aquí de una simple verificación de requisitos formales, pues ello haría insulsa la intervención del aparato judicial en este tipo de asuntos, habida cuenta de que, si así fuese, el legislador pudo haberlo encomendado a cualquier otro órgano estatal.\n\n[...] En virtud de lo expuesto, este colegio jurisdiccional considera imprescindible hacer un recuento de los diversos requisitos que, necesariamente, debieron abordarse en el supuesto bajo estudio para conceder la extradición. Lo anterior, como método de análisis empleado por este mismo tribunal de forma reciente y en pluralidad de ocasiones en estos asuntos, haciendo la salvedad que dicho examen se limitará a aquellos estrictamente relevantes para la solución del caso concreto y no constituye una exposición completa de la totalidad de principios doctrinales que rodean el instituto de la extradición. También, se aludirá acá a los requerimientos que, una vez concedida la extradición, obligaron a supeditarla a ciertas promesas, y todo ello se hará a fin de determinar si eventuales omisiones detectadas en la sentencia de instancia podrían ser suplidas con la inclusión hipotética (para no generar nulidades por sí mismas) o si, tratándose de temas discutibles frente a los cuales las partes pueden generar líneas argumentativas no examinadas con capacidad de variar lo resuelto, no serían enmendables desde esta sede. A ello se dedicarán los siguientes apartados:\n\nEn primer lugar y como generalidades del proceso de extradición, debe reiterarse que este, a diferencia del resto de procesos penales, no aborda el tema de fondo (que deberá discutirse ante las autoridades requirentes), sino solo las garantías que rodean su juzgamiento para verificar si la cooperación internacional que tiende a la entrega de una persona buscada por otro país —ya sea para juzgarse o para ejecutar una sanción impuesta— es procedente o no. Sin embargo, eso no obsta a que no deba analizarse, con más o menor profundidad según el país de que se trate, su sistema político-jurídico y el riesgo que pueda correr la persona derivado de aquel, así como la solidez teórica del sistema de enjuiciamiento de que se trate. En otras palabras, se busca examinar si, con la entrega de la persona al Estado requirente, este está en capacidad de satisfacer, o no, las garantías mínimas para el juzgamiento del extraditado y, en caso de ser sentenciado en la ejecución de la pena pueden respetarse sus derechos básicos.\n\n[...] El segundo de los principios generales que conviene analizar de cara a lo alegado es el de non refoulement o no devolución. Este principio prohíbe al Estado que recibe refugiados, devolverlos a un país en el que correrían el riesgo de ser perseguidos por «raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o de sus opiniones políticas.» Se encuentra estipulado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, convocada en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a la que se adhirieron Costa Rica el 28 de marzo de 1978 y Nicaragua el 28 de marzo de 1980, ampliada luego por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 [a la que también se adhirieron Costa Rica y Nicaragua en esas mismas fechas. Sobre el particular existen pluralidad de pronunciamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por el Pacto de San José, que fue ratificado por Costa Rica y Nicaragua (https://cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Anexo.htm?utm_source) bajo cuya jurisdicción continúa la segunda a pesar de haber renunciado a la Organización de Estados Americanos, según informa la prueba recibida en esta sede, en la medida en que constituye un instrumento autónomo que no ha sido denunciado. Desde esa perspectiva, se trata de pronunciamientos de obligatorio acatamiento, tal y como lo ha entendido reiteradamente la Sala Constitucional.\n\n[...] En consecuencia, por efecto del artículo 10 de la Ley de Extradición, se ordena el cese en este acto la detención provisional contra [Nombre 001] por la actual solicitud de extradición que ahora se rechaza. Sin embargo, no se dispone la inmediata libertad del justiciable, sino que, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política, comuníquese esta resolución al tribunal de instancia a fin de que ponga al encartado a la orden del Ministerio Público, quien deberá disponer lo necesario en torno a la persecución del justiciable y su eventual vinculación forzosa a la causa que deberá abrirse en su contra bajo la jurisdicción nacional. Conviene mencionar que, con el objetivo de hacer llegar las pruebas de cargo recolectadas por el Estado requirente, deberá echarse mano al Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, suscrito en 1993, ley número 7696. Para esos efectos, comuníquese esta resolución a la Fiscalía General de la República.\"",
  "body_en_text": "**III.- [...] The claims must be upheld.** Due to the interconnectedness of the complaints raised, they will be analyzed jointly, not without first indicating that an initial observation from which we must necessarily depart is that the role of the reviewing jurisdictional bodies (*a quo* and *ad quem*) is different in an extradition proceeding than in a domestic criminal proceeding, since not only does one not descend into an evidentiary analysis of the events, but one acts in representation of the requested State as a protective body for the person sought, in order to avoid the violation of their rights in the eventual trial or fulfillment of the sanction in the requesting State. Hence, the argument of the prosecution and the State's representation that this is merely a simple verification of formal requirements cannot be accepted, as this would render the intervention of the judicial apparatus in this type of matter pointless, given that, if that were the case, the legislator could have entrusted it to any other state body.\n\n[...] By virtue of the foregoing, this jurisdictional panel considers it essential to recount the various requirements that necessarily had to be addressed in the case under study in order to grant extradition. The foregoing, as a method of analysis used by this same court recently and on multiple occasions in these matters, with the caveat that this examination will be limited to those strictly relevant to the solution of the specific case and does not constitute a complete exposition of the totality of doctrinal principles surrounding the institution of extradition. Also, reference will be made here to the requirements that, once extradition was granted, obligated its conditioning upon certain promises, and all of this will be done in order to determine if eventual omissions detected in the lower court's decision could be supplied by hypothetical inclusion (so as not to generate nullities in themselves) or if, dealing with debatable issues on which the parties can generate unexamined lines of argument capable of varying the outcome, they would not be correctable from this venue. The following sections will be devoted to this:\n\nFirstly, and as generalities of the extradition process, it must be reiterated that this process, unlike other criminal proceedings, does not address the merits of the case (which must be discussed before the requesting authorities), but only the guarantees surrounding the trial to verify whether the international cooperation aimed at the surrender of a person sought by another country—whether for trial or to execute an imposed sanction—is appropriate or not. However, this does not prevent an analysis, with more or less depth depending on the country in question, of its political-legal system and the risk that the person may run derived from it, as well as the theoretical soundness of the prosecution system in question. In other words, it seeks to examine whether, with the person's surrender to the requesting State, the latter is in a position to satisfy, or not, the minimum guarantees for the trial of the extradited person and, in the event of a conviction, whether their basic rights can be respected during the execution of the sentence.\n\n[...] The second of the general principles that should be analyzed in light of what has been alleged is that of non-refoulement (non refoulement) or non-return. This principle prohibits the State receiving refugees from returning them to a country in which they would run the risk of being persecuted for \"reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.\" It is stipulated in Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados), convened within the context of the General Assembly of the United Nations Organization, to which Costa Rica acceded on March 28, 1978, and Nicaragua on March 28, 1980, later expanded by the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados), to which Costa Rica and Nicaragua also acceded on those same dates. On this matter, there are a plurality of pronouncements issued by the Inter-American Court of Human Rights, created by the Pact of San José, which was ratified by Costa Rica and Nicaragua (https://cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Anexo.htm?utm_source), under whose jurisdiction the latter continues despite having renounced the Organization of American States, according to the evidence received in this venue, insofar as it constitutes an autonomous instrument that has not been denounced. From that perspective, these are pronouncements of mandatory compliance, as the Constitutional Chamber has repeatedly understood.\n\n[...] Consequently, by effect of Article 10 of the Ley de Extradición, the provisional detention against [Name 001] is ordered ceased at this act for the current extradition request that is now rejected. However, the immediate release of the accused is not ordered; rather, in accordance with Article 37 of the Political Constitution, let this decision be communicated to the lower court so that it may place the defendant at the order of the Public Prosecutor's Office, who must make the necessary arrangements regarding the prosecution of the accused and their eventual compulsory linkage to the case that must be opened against them under national jurisdiction. It is worth mentioning that, with the aim of transferring the incriminating evidence collected by the requesting State, recourse must be had to the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty between Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Panama, signed in 1993, law number 7696. 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jointly, not without first noting that an initial observation from which one must necessarily start is that the role of the reviewing jurisdictional bodies (<span style=\\\"font-style: italic;\\\" data-mce-style=\\\"font-style: italic;\\\">a quo</span> and <span style=\\\"font-style: italic;\\\" data-mce-style=\\\"font-style: italic;\\\">ad quem</span>) is different in an extradition process than in a domestic criminal process, since not only does it not delve into the evidentiary analysis of the events, but it acts on behalf of the requested State as a protective body for the requested person, in order to prevent the violation of their rights in the eventual trial or serving of the sentence in the requesting State. Hence, the argument of the prosecution and the representation of the State that this is a simple verification of formal requirements cannot be accepted, as this would render the intervention of the judicial apparatus in this type of matter pointless, given that, if that were the case, the legislator could have entrusted it to any other state body.</span></p><p><span idextracto=\\\"382216\\\" class=\\\"example1 382216\\\" data-mce-style=\\\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.15pt; text-indent: 36pt;\\\">[...]</span><span data-mce-style=\\\"-aw-import: spaces;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">&nbsp;</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">By virtue of the foregoing, this jurisdictional panel considers it essential to recount the various requirements that, necessarily, should have been addressed in the case under study to grant extradition. The foregoing, as a method of analysis employed by this same court recently and on multiple occasions in these matters,</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">&nbsp;</span><span data-mce-style=\\\"text-decoration: underline;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt; text-decoration-line: underline;\\\">with the caveat that said examination shall be limited</span><span data-mce-style=\\\"text-decoration: underline;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt; text-decoration-line: underline;\\\">&nbsp;to</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">&nbsp;</span><span data-mce-style=\\\"text-decoration: underline;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt; text-decoration-line: underline;\\\">those strictly relevant to the solution</span><span data-mce-style=\\\"text-decoration: underline;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt; text-decoration-line: underline;\\\">&nbsp;of the specific case and does not constitute</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">&nbsp;</span><span data-mce-style=\\\"text-decoration: underline;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt; text-decoration-line: underline;\\\">a complete exposition of all the doctrinal principles surrounding the institution</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">&nbsp;</span><span data-mce-style=\\\"text-decoration: underline;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt; text-decoration-line: underline;\\\">of extradition.</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">&nbsp;</span><span style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; text-indent: 36pt;\\\">Also, mention will be made here of the requirements that, once extradition was granted, mandated that it be conditional upon certain promises, and all of this will be done in order to determine if eventual omissions detected in the lower court judgment could be supplied with hypothetical inclusion (so as not to generate nullities per se) or if, in the case of debatable issues regarding which the parties can generate unexamined lines of argument capable of varying the decision, they would not be amendable from this venue. The following sections will be dedicated to this:</span></p><p data-mce-style=\\\"margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.15pt; text-indent: 36pt;\\\" style=\\\"color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0.15pt; text-indent: 36pt;\\\">Firstly, and as generalities of the extradition process, it must be reiterated that this, unlike other criminal processes, does not address the substantive issue (which must be discussed before the requesting authorities), but only the guarantees surrounding its trial to verify whether the international cooperation aimed at the surrender of a person sought by another country —whether for trial or to execute an imposed sentence— is appropriate or not.</span></p>\n\nHowever, this does not preclude that, with greater or lesser depth depending on the country in question, its political-legal system and the risk the person may face deriving from it, as well as the theoretical soundness of the prosecution system involved, must be analyzed. In other words, the aim is to examine whether, by surrendering the person to the requesting State, the latter is in a position to satisfy, or not, the minimum guarantees for the trial of the extradited person and, if sentenced, whether their basic rights can be respected during the execution of the penalty.\n\n[...] The second of the general principles that should be analyzed in light of what has been alleged is that of non-refoulement (non refoulement) or non-return (no devolución). This principle prohibits the State receiving refugees from returning them to a country where they would risk being persecuted for “reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinions.” It is stipulated in Article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, convened in the context of the General Assembly of the United Nations, to which Costa Rica acceded on March 28, 1978, and Nicaragua on March 28, 1980, later expanded by the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (to which Costa Rica and Nicaragua also acceded on those same dates). On this matter, there are multiple pronouncements issued by the Inter-American Court of Human Rights, created by the Pact of San José, which was ratified by Costa Rica and Nicaragua (https://cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Anexo.htm?utm_source) under whose jurisdiction the latter continues despite having denounced the Organization of American States, according to the evidence received in this venue, insofar as it constitutes an autonomous instrument that has not been denounced. From that perspective, these are pronouncements of mandatory compliance, as the Sala Constitucional has repeatedly understood.\n\n[...] Consequently, by effect of Article 10 of the Law of Extradition, the cessation of the provisional detention against [Name 001] for the current request for extradition that is now denied is ordered at this act. However, the immediate release of the defendant is not ordered; rather, in accordance with Article 37 of the Political Constitution, this resolution is to be communicated to the trial court so that it may place the accused at the order of the Public Prosecutor's Office, who must make the necessary arrangements regarding the prosecution of the defendant and their eventual compulsory joinder to the case that must be opened against them under national jurisdiction. It is worth mentioning that, in order to convey the incriminating evidence gathered by the requesting State, recourse must be had to the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama, signed in 1993, Law Number 7696. For these purposes, this resolution is to be communicated to the Office of the Attorney General of the Republic.\""
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