{
  "id": "nexus-ext-1-0034-91306",
  "citation": "",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Inviabilidad de interdictos sobre bienes demaniales y terminación de contrato de arrendamiento en parque público",
  "title_en": "Inapplicability of possessory actions against public domain property and termination of lease contract in public park",
  "summary_es": "El dictamen analiza la situación jurídica de una ocupante del parque Cleto González Víquez, quien tenía un contrato de arrendamiento con la Municipalidad de San José. La Procuraduría General de la República concluye que, al tratarse de un bien de dominio público, no proceden las acciones interdictales para retener la posesión, pues estos bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y cualquier permiso o contrato sobre ellos es esencialmente precario y revocable unilateralmente por la Administración. En este caso concreto, la municipalidad siguió un procedimiento para terminar la relación contractual, notificando a la inquilina y ofreciendo una indemnización, lo que descarta una vía de hecho. La Procuraduría determina que el amparo interpuesto es improcedente, sin perjuicio de otras vías de reclamo para la ocupante.",
  "summary_en": "The opinion analyzes the legal situation of an occupant of Cleto González Víquez Park, who had a lease contract with the Municipality of San José. The Attorney General's Office concludes that, being a public domain asset, possessory actions (interdictos) are not admissible to retain possession, as such assets are inalienable, imprescriptible, unseizable, and any permit or contract over them is inherently precarious and revocable unilaterally by the Administration. In this specific case, the municipality followed a procedure to terminate the contractual relationship, notifying the tenant and offering compensation, which rules out a de facto action. The Attorney General determines that the amparo filed is inadmissible, without prejudice to other avenues of claim for the occupant.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "",
  "year": "",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "bienes demaniales",
    "dominio público",
    "interdicto",
    "precariedad",
    "dominio útil",
    "dominio directo",
    "vía de hecho"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 261",
      "law": "Código Civil"
    },
    {
      "article": "Art. 262",
      "law": "Código Civil"
    },
    {
      "article": "Art. 121 inciso 14",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 174",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": null,
      "law": "Ley 6587"
    },
    {
      "article": "Art. 28",
      "law": "Ley General de Caminos Públicos"
    },
    {
      "article": "Art. 44",
      "law": "Ley de Planificación Urbana"
    },
    {
      "article": "Arts. 4, 5, 6",
      "law": "Ley de Construcciones"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "bienes demaniales",
    "dominio público",
    "arrendamiento parque público",
    "interdictos",
    "precariedad",
    "revocabilidad",
    "dominio útil",
    "dominio directo",
    "Ley 6587",
    "Código Civil",
    "parque Cleto González Víquez",
    "Municipalidad de San José",
    "indemnización",
    "vía de hecho",
    "amparo improcedente"
  ],
  "keywords_en": [
    "public domain assets",
    "public domain",
    "public park lease",
    "possessory actions",
    "precariousness",
    "revocability",
    "useful domain",
    "direct domain",
    "Law 6587",
    "Civil Code",
    "Cleto González Víquez Park",
    "Municipality of San José",
    "compensation",
    "de facto action",
    "inadmissible amparo"
  ],
  "excerpt_es": "III. Cabe indicar que en contra de la detentación de bienes demaniales no cabe la acción interdictal: \"IV).- Los permisos de uso a que aluden la Ley 6587-81 y el reglamento antes referido, autorizan a ocupar las vías públicas, que son terrenos de dominio público... El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa.- La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.- En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen.- \" (Sentencia N° 2306-91 del 6 de noviembre de 1991). IV. En el caso del que se ocupa este procedimiento, existe una variante y es que entre las partes existió un contrato de arrendamiento sobre un bien público como es el parque Cleto González Víquez, lo que obliga a la administración en caso de que necesite las instalaciones otorgadas en virtud de aquél contrato, a seguir un procedimiento para poner fin a la relación contractual. Consta en autos que ello se hizo de ese modo, se notificó a la inquilina de los propósitos de ampliación de aquél inmueble y se le propuso una indemnización para compensarla de sus pérdidas, lo que no fue aceptado por la accionante.",
  "excerpt_en": "III. It should be noted that possessory actions (interdictos) are not admissible against the holding of public domain assets: \"IV).- The use permits referred to in Law 6587-81 and the aforementioned regulation authorize the occupation of public roads, which are public domain lands, as expressly defined by the Construction Law in its articles 4, 5 and 6; article 28 of the General Public Roads Law, articles 44 et seq. of the Urban Planning Law, in relation to articles 261 and 262 of the Civil Code and subparagraph 14 of article 121 and 174 of the Political Constitution.- The public domain consists of assets that manifest, by express legislative will, a special purpose of serving the community, the public interest.- They are called dominical assets, dominial assets, public things or public assets, which do not belong individually to private persons and are intended for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men.- That is, affected by their own nature and vocation.- Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, are dedicated to the service they provide, which is invariably essential by virtue of express norm.- Characteristic features of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged or subject to encumbrances under the terms of Civil Law, and administrative action substitutes possessory actions to recover dominion.- Since they are outside commerce, these assets cannot be subject to possession, although one may acquire a right to use, but not a right to property.- The use permit is a unilateral legal act issued by the Administration in the exercise of its functions, granting the private party the useful domain of the asset, while the State always retains direct dominion over the thing.- The precariousness of any right or use permit is inherent to the figure and refers to the possibility that the administration may revoke it at any time, whether due to the State's need to fully occupy the asset, construction of a public work, or for reasons of safety, hygiene, aesthetics, all to the extent that if there is a conflict of interests between the purpose of the asset and the granted permit, the natural use of the public thing must prevail.- Consequently, the national regime of public domain assets, such as the roads of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks and other public sites, places them outside the commerce of men, and therefore the permits granted shall always be precarious and revocable by the Administration unilaterally when reasons of necessity or general interest so indicate.- \" (Judgment No. 2306-91 of November 6, 1991). IV. In the case before this proceeding, there is a variation in that between the parties there existed a lease contract over a public asset, namely Cleto González Víquez Park, which obliges the administration, should it need the facilities granted under that contract, to follow a procedure to terminate the contractual relationship. The case file shows that this was done in that manner, the tenant was notified of the purposes of expanding that property and was offered compensation to make up for her losses, which was not accepted by the plaintiff.",
  "outcome": {
    "label_en": "Inadmissible amparo",
    "label_es": "Amparo improcedente",
    "summary_en": "The Attorney General's Office determined that the amparo action is inadmissible because the Municipality of San José followed a valid procedure to terminate the lease contract for the public park, ruling out a de facto action, and because possessory actions are not admissible against public domain assets.",
    "summary_es": "La Procuraduría General de la República determinó que la acción de amparo no procede porque la Municipalidad de San José siguió un procedimiento válido para terminar el contrato de arrendamiento del parque público, descartando una vía de hecho, y porque contra los bienes demaniales no son admisibles los interdictos."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "The public domain consists of assets that manifest, by express legislative will, a special purpose of serving the community, the public interest.",
      "quote_es": "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "The precariousness of any right or use permit is inherent to the figure and refers to the possibility that the administration may revoke it at any time.",
      "quote_es": "La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [
    {
      "doc_id": "norm-35669",
      "norm_num": "4240",
      "norm_name": "Ley de Planificación Urbana",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "15/11/1968"
    },
    {
      "doc_id": "norm-36307",
      "norm_num": "833",
      "norm_name": "Ley de Construcciones",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "02/11/1949"
    },
    {
      "doc_id": "norm-38653",
      "norm_num": "5060",
      "norm_name": "Ley General de Caminos Públicos",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "22/08/1972"
    }
  ],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "\"III. Cabe indicar que en contra de la detentación de bienes demaniales no cabe la acción\ninterdictal: \"IV).- Los permisos de uso a que aluden la Ley 6587-81 y el reglamento antes referido,\nautorizan a ocupar las vías públicas, que son terrenos de dominio público, por definirlo así\nexpresamente, la Ley de Construcciones en sus artículos 4, 5 y 6; el artículo 28 de la Ley General\nde Caminos Públicos, artículos 44 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, en relación con\nlos artículos 261 y 262 del Código Civil y el inciso 14 del artículo 121 y 174 de la Constitución\nPolítica.- El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad\nexpresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- Son los\nllamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no\npertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a\nun régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia\nnaturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio\ndel concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de\nnorma expresa.- Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles,\ninembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho\nCivil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como están\nfuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un\nderecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto\njurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en\nmanos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio\ndirecto sobre la cosa.- La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la\nfigura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por\nla necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual\nque por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una\ncontraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso\nnatural de la cosa pública.- En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público,\ncomo las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás\nsitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se\notorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando\nrazones de necesidad o de interés general así lo señalen.- \" (Sentencia N° 2306-91 del 6 de\nnoviembre de 1991). IV. En el caso del que se ocupa este procedimiento, existe una variante y es que\nentre las partes existió un contrato de arrendamiento sobre un bien público como es el parque Cleto\nGonzález Víquez, lo que obliga a la administración en caso de que necesite las instalaciones\notorgadas en virtud de aquél contrato, a seguir un procedimiento para poner fin a la relación\ncontractual. Consta en autos que ello se hizo de ese modo, se notificó a la inquilina de los\npropósitos de ampliación de aquél inmueble y se le propuso una indemnización para compensarla de sus\npérdidas, lo que no fue aceptado por la accionante. Lo que pone en evidencia la inexistencia de una\nactuación de hecho de la Municipalidad de San José, habida cuenta de que se contó con actos\nadministrativos válidos y eficaces, no impugnados, lo que hace improcedente la aplicación del\nnumeral 357 de la Ley General de la Administración Pública. Con lo anterior no se cierran otras vías\npara reclamar, si así lo estima procedente la accionante.\"",
  "body_en_text": "III. It should be noted that against the detention of public domain (bienes demaniales) property, the interdict action is not available: \"IV).- The use permits referred to by Law 6587-81 and the aforementioned regulation authorize the occupation of public roads, which are public domain lands, as expressly defined by the Construction Law in its articles 4, 5, and 6; article 28 of the General Law of Public Roads, articles 44 et seq. of the Urban Planning Law, in relation to articles 261 and 262 of the Civil Code and subsection 14 of article 121 and 174 of the Political Constitution.- The public domain is composed of property that manifests, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest.- They are the so-called demanial property (bienes dominicales), dominial property (bienes dominiales), public property or things (bienes o cosas públicas), or public goods (bienes públicos), which do not belong individually to private parties and which are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men.- That is, affected by their own nature and vocation.- Consequently, these goods belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express norm.- Characteristic notes of these goods are that they are inalienable, imprescriptible, unattachable, cannot be mortgaged nor be susceptible to encumbrance under the terms of Civil Law, and the administrative action substitutes for interdicts to recover the domain.- As they are outside commerce, these goods cannot be the object of possession, although a right to use (aprovechamiento) can be acquired, but not a right to ownership.- The use permit is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private party is the useful domain (dominio útil) of the good, with the State always reserving the direct domain (dominio directo) over the thing.- The precariousness of any right or use permit is inherent to the figure and alludes to the possibility that the administration, at any time, may revoke it, whether due to the State's need to fully occupy the good, for the construction of a public work, as well as for reasons of safety, hygiene, aesthetics, all to the extent that if a conflict of interests arises between the purpose of the good and the granted permit, the natural use of the public thing must prevail.- Consequently, the national regime of public domain goods, such as the roadways of the Capital City, be they municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public sites, places them outside the commerce of men, and therefore the permits granted will always be on a precarious basis and revocable by the Administration, unilaterally, when reasons of necessity or general interest so indicate.- \" (Judgment No. 2306-91 of November 6, 1991). IV. In the case at hand in this proceeding, there is a variation, which is that between the parties there existed a lease agreement over a public good, namely the Cleto González Víquez park, which obliges the administration, should it need the facilities granted by virtue of that contract, to follow a procedure to terminate the contractual relationship. The record shows that this was done in that manner, the tenant was notified of the purposes for expanding that property, and a indemnification was proposed to compensate her for her losses, which was not accepted by the plaintiff. This reveals the nonexistence of a de facto action by the Municipality of San José, given that there were valid and effective administrative acts, not challenged, which makes the application of provision 357 of the General Law of the Public Administration inappropriate. This does not close off other avenues for claiming, if the plaintiff deems it appropriate.\""
}