{ "id": "nexus-ext-1-0034-99829", "citation": "Res. 00122-2006 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Inaplicabilidad del silencio positivo a permisos precarios de uso de vía pública para ventas ambulantes", "title_en": "Non-applicability of positive silence to precarious public road use permits for street vending", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo Sección II resuelve que la figura del silencio administrativo positivo no opera para permisos de venta ambulante en bienes de dominio público. El caso se origina en la solicitud de una licencia para venta ambulante ante la Municipalidad de Alajuela; ante la falta de respuesta en el plazo legal, el administrado pretendió que operara el silencio positivo. El Tribunal distingue entre licencias regladas (que reconocen derechos subjetivos) y permisos precarios de uso de bienes dominicales (actos discrecionales que no generan derechos subjetivos). Con base en jurisprudencia consolidada de la Sala Primera, reitera que las vías públicas son inalienables, imprescriptibles e inembargables; los permisos que se otorgan sobre ellas son siempre a título precario y revocables unilateralmente por la Administración. Por tanto, no son susceptibles de actos presuntos de autorización al no tratarse de derechos adquiridos sino de meras tolerancias administrativas. Se confirma la resolución recurrida que denegó la aplicación del silencio positivo, y se da por agotada la vía administrativa.", "summary_en": "The Administrative Appeals Tribunal (Section II) holds that the legal figure of positive administrative silence does not apply to street-vending permits on public domain assets. The case arose when an individual applied for a street-vending license from the Municipality of Alajuela; receiving no timely response, the applicant claimed approval by positive silence. The Tribunal distinguishes between regulated licenses—which recognize pre-existing rights—and precarious use permits over public domain lands, which are discretionary acts that grant no subjective right. Citing well-established case law from the Supreme Court's First Division, it reaffirms that public roads are inalienable, imprescriptible, and unattachable; any permit issued over them is inherently precarious and revocable unilaterally by the Administration. Therefore, such permits cannot give rise to presumed authorization acts, as they involve mere administrative tolerance rather than acquired rights. The appealed decision denying positive silence is confirmed, and the administrative path is deemed exhausted.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección II", "date": "2006", "year": "2006", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "silencio positivo", "bienes dominicales", "permiso precario", "acto reglado", "acto discrecional", "ventas ambulantes", "Código Municipal" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 330", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 331.1", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 331.2", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 18", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 15", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 80", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Art. 7", "law": "Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 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a 17 ibídem), por lo que no cabe la aplicación del silencio positivo.", "excerpt_en": "Pursuant to the cited case law doctrine, it must be concluded that the claim under discussion is not about granting a 'license' or 'permit' in the general sense—through which a subjective right is recognized by a regulated act (Article 18 of the General Public Administration Act)—but rather about granting a right to use public domain or a precarious right through a discretionary act, where the content of the decision may be determined by principles of logic, technique, justice, and opportunity (Articles 15 to 17 ibid.), so positive silence is not applicable.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Tribunal upholds the denial of positive silence because it concerned a precarious use permit over public domain assets, which cannot give rise to a presumed authorization act.", "summary_es": "El Tribunal confirma la denegatoria del silencio positivo por tratarse de 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\r\nrequisitos de ley (artículo 331.1 ibídem).\r\nPor su parte, el Código Municipal al regular lo concerniente al\r\nejercicio de actividades lucrativas, establece en su numeral 80 que “La\r\nmunicipalidad deberá resolver las solicitudes de licencia en un plazo máximo\r\nde treinta días naturales, contados a partir de su presentación. Vencido el término\r\ny cumplidos los requisitos sin respuesta alguna de la municipalidad, el\r\nsolicitante podrá establecer su actividad”.\r\nEl artículo 7 de la “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de\r\nRequisitos y Trámites Administrativos” ( No. 8220 del 4 de marzo del 2002),\r\ndisponen un procedimiento que debe seguir el administrado, para aplicar el\r\nsilencio positivo; se expresa: “Artículo\r\n7.- Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o\r\nautorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico\r\na la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por\r\naprobadas. Producida esta situación el interesado podrá: a.-\r\nPresentar una nota a la Administración donde conste que la solicitud fue\r\npresentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo. \r\nLa Administración deberá emitir, el día hábil siguiente, una nota que\r\ndeclare que, efectivamente, el plazo transcurrió, y la solicitud no fue\r\naprobada, por lo que aplicó el silencio positivo o bien b.-\r\nAcudir ante un notario público para que certifique, mediante acta notarial, que\r\nla solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración no la\r\nresolvió en tiempo.” Cabe\r\nindicar, que el momento en que se configura el acto administrativo por falta de\r\nactividad, es precisamente aquél en que se consuma el incumplimiento de la\r\nobligación de resolver por parte de la Administración,\r\nquedando ésta vinculada a los términos del silencio, lo que es de suma\r\nimportancia, por cuanto el numeral 331.2 de la Ley General citada, expresa que\r\nacaecido el silencio positivo no se podrá dictar un acto denegatorio de la\r\ninstancia, ni extinguir el acto sino en aquellos casos y en la forma prevista\r\npor la ley. Lo anterior, es\r\nnecesario concordarlo con el artículo 63.2 de la Ley General de la Administración\r\nPública, en cuanto establece que no se extinguirán las competencias por el\r\ntranscurso del plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en contrario, lo que\r\nsignifica que en estos casos, producido el silencio positivo, cualquier resolución\r\nexpresa que se dicte posteriormente debe coincidir en su contenido con el acto\r\npresunto. Finalmente, debe señalarse que\r\nel mecanismo de acreditación que contempla el artículo 7 de la Ley 8220, no es\r\nun requisito constitutivo, sino que su función es única y exclusivamente, dar\r\nconstancia del acto presunto, para efectos de terceros y de otras entidades públicas,\r\n-pero no frente a la Administración incumplidora-, precisamente porque es una\r\nficción legal.\r\nV.-\r\nDe acuerdo con lo anterior, en términos generales, si un administrado\r\nsolicita una licencia para el ejercicio de una actividad lucrativa, si la\r\nMunicipalidad de que se trate no responde dentro del plazo que marca la ley,\r\ndebe tenerse ésta por otorgada. Sin\r\nembargo, en tratándose de ventas ambulantes, la situación cambia radicalmente,\r\nporque en realidad, aunque el “Reglamento General de Patentes de la\r\nMunicipalidad de Alajuela”, publicado en La Gaceta No. 226 del 24 de noviembre\r\ndel 2003 artículos 38 y siguientes habla\r\nde “licencia” en realidad se trata de un permiso precario de uso de vía pública,\r\nque forma parte de los bienes dominicales, y donde no pueden configurarse actos\r\npresuntos de autorización, y del que el particular no genera derecho subjetivo\r\nalguno. Ya la Sección Primera de este\r\nTribunal, en Voto No. 552-2005 de\r\nlas 14 horas del 16 de diciembre del 2005, en un caso similar al presente expresó:\r\n“…el recurrente señala que según\r\nel Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela, se trata de\r\nuna \"licencia\" para venta ambulante; de manera que procede aplicar la\r\nnorma invocada. No obstante lo anterior, se considera que el presente no es un\r\ncaso que quepa dentro de la esa disposición, pues la gestión del actor no se\r\nrefiere a una situación en la que se accesa a un derecho subjetivo protegido\r\npor el ordenamiento sujeto a una simple condición de control de la administración.\r\nLas licencias se refieren a actividades que en general pueden desempeñar los\r\nciudadanos, como la comercial en general, en que el gobierno controla el\r\ncumplimiento de normas de sanidad, orden público y tributario, para lo cual\r\nrequiere la solicitud de una patente o licencia que le permita ejercer ese\r\ncontrol y libere el obstáculo procesal para que el interesado adquiera el\r\nderecho propio a ejercer aquel negocio, lo que se tramita mediante un acto\r\nreglado; sin embargo en este caso se trata de llevar a cabo una actividad en la\r\nvía pública, haciendo uso de un espacio de dominio estatal destinado al\r\ndisfrute común en el que no se pueden hacer actividades de carácter privado\r\nsin el permiso correspondiente, según una prohibición general que se refiere\r\nen el artículo 39 del Reglamento invocado. En este sentido la abundante\r\njurisprudencia ha dicho: \"Los permisos de uso a que aluden la Ley 6587-81*\r\ny el reglamento antes referido, autorizan a ocupar las vías públicas, que son\r\nterrenos de dominio público, por definirlo así expresamente, la Ley de\r\nConstrucciones en sus artículos 4, 5 y 6; el artículo 28 de la Ley General de\r\nCaminos Públicos, artículos 44 y siguientes de la Ley de Planificación\r\nUrbana, en relación con los artículos 261 y 262 del Código Civil y el inciso\r\n14 del artículo 121 y 174 de la Constitución Política.- El dominio público\r\nse encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del\r\nlegislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.-\r\nSon los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas\r\no bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que\r\nestán destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera\r\ndel comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y\r\nvocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más\r\namplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que\r\ninvariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características\r\nde estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no\r\npueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho\r\nCivil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el\r\ndominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de\r\nposesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un\r\nderecho a la propiedad.- El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que\r\nlo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en\r\nmanos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el\r\nEstado, el dominio directo sobre la cosa.- La precariedad de todo derecho o\r\npermiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la\r\nadministración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del\r\nEstado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al\r\nigual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida\r\nque si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y\r\nel permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.- En\r\nconsecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías\r\nde la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y\r\ndemás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello\r\nlos permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por\r\nla Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés\r\ngeneral así lo señalen.\"- [* Ley 6587 de 30 de julio de 1981 de Patentes\r\npara Ventas Ambulantes y Estacionarias] (Voto de Sala Primera de la Corte\r\nSuprema de Justicia número 2306-91 de 6 de noviembre de 1991, la negrilla no\r\nes del original, ver también el No. 2704-91 de 20 de diciembre de 1991, ibídem)\r\nEn otro caso se dijo: \"Esta Sala ha dicho en reiteradas ocasiones que de\r\nconformidad con la Ley de Vendedores Ambulantes y Estacionarios, No. 6587 del 30\r\nde julio de 1981 y su Reglamento, las municipalidades tienen la potestad de\r\notorgar permisos y licencias precisamente a este tipo de vendedores para que\r\nejerzan su actividad en forma legal. Sin embargo, los lugares donde se realizan\r\nlas ventas son bienes de dominio público, son por lo tanto inalienables,\r\nimprescriptibles e inembargables, lo que implica que los vendedores que ostenten\r\npermisos municipales tienen un permiso de uso, entendido éste como \"un\r\nacto jurídico unilateral que lo dicta la administración en el uso de sus\r\nfunciones, y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del\r\nbien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa.\"\r\n(Voto No. 2306-91). De ahí que esta Sala ha considerado que dichos permisos lo\r\nson a título precario, por lo que la administración tiene la posibilidad de\r\nrevocarlos en cualquier momento por la necesidad del Estado de ocupar el bien,\r\npor razones de construcción de obras, de seguridad, de higiene, de estética,\r\netc., siempre y cuando se actúe de conformidad con el fin propio del bien y con\r\nlos principios generales del debido proceso.\" (Voto 4199-93 de 27 de agosto\r\nde 1993, ibídem, también el 219-94 de 12 de enero de 1994, el Voto 2306-91 de\r\n6 de noviembre de 1991, el Nº 2306 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de\r\n1991 y el 1055-92 de 22 de abril de 1992) En el mismo sentido cabe citar:\r\n\"IIo.- Es a las Municipalidades, entre otros entes, a las que les\r\ncorresponde dar permisos de uso a las personas que tengan el deseo de dedicarse\r\nal comercio mediante ventas ambulantes o estacionarias en aceras públicas,\r\nparques y otros, para ejercerlo, previo permiso de la autoridad respectiva y\r\ndesde luego, con arreglo a las disposiciones que regulan la actividad comercial\r\nque se pretenda desarrollar, sin que las actuaciones de la Administración\r\ntendentes a poner a derecho cualquier irregularidad que se dé en el ejercicio\r\nde aquellas, coarte el derecho del libre ejercicio del comercio, derecho que, en\r\ntodo caso, no es absoluto y que puede ser objeto de reglamentación y aún de\r\nrestricciones cuando se encuentran de por medio intereses superiores, como lo\r\nson, el problema del tránsito de vehículos y de peatones, la seguridad\r\nciudadana, la excesiva aglomeración de público en los parques y las vías,\r\nentre otros.“ (Voto 7049-94 de 2 de diciembre de 1994 y también el No.\r\n2306-91 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991). V.-\r\nEn virtud de la doctrina jurisprudencial citada, se debe concluir que la gestión\r\nque se discute no se trata de otorgar una \"licencia\" o\r\n\"patente\" en sentido general, de que se reconozca un derecho subjetivo\r\nmediante un acto reglado (artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública),\r\nsino de conceder un derecho de uso de dominio público o derecho en precario a\r\ntravés de un acto discrecional, donde el contenido de la resolución puede ser\r\ndeterminado mediante los principios de la lógica, la técnica, la justicia y la\r\noportunidad (artículos 15 a 17 ibídem), por lo que no cabe la aplicación del\r\nsilencio positivo”.VI.-\r\nTodo lo anterior, lleva a confirmar lo recurrido. En razón de no existir\r\nulterior recurso (artículo 6 de la Ley N°7274 de 10 de diciembre de 1991),\r\ndebe darse por agotada la vía administrativa.\"", "body_en_text": "IV.-\nThe configuration of the Administration's inertia as tacit approval (silencio positivo), and consequently, the creation of an administrative act, is a legal fiction set forth in Article 330 of the Ley General de la Administración Pública, under three hypotheses: a) when expressly established by law; b) in the case of authorizations or approvals that must be granted in the exercise of oversight or tutelage functions; and c) in cases of requests for permits, licenses, and authorizations. Because the figure constitutes an act of authorization or permit, the individual must have fulfilled all legal requirements (Article 331.1 ibidem). For its part, the Código Municipal, in regulating matters concerning the exercise of lucrative activities, establishes in its section 80: “The municipality must resolve license applications within a maximum period of thirty calendar days, counted from their submission. Once the term has expired and the requirements have been met without any response from the municipality, the applicant may establish their activity.” Article 7 of the “Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos” (No. 8220 of March 4, 2002), provides a procedure that the individual must follow to apply tacit approval (silencio positivo); it states: “Article 7.- When dealing with requests for the granting of permits, licenses, or authorizations, once the resolution period granted to the Administration by the legal system has expired without it having pronounced itself, they shall be deemed approved. Once this situation occurs, the interested party may: a.- Submit a note to the Administration stating that the application was submitted in a complete form and that the Administration did not resolve it in time. The Administration must issue, on the following business day, a note declaring that, effectively, the period elapsed, and the application was not approved, therefore tacit approval (silencio positivo) applied, or else b.- Appear before a notary public to certify, by means of a notarial record, that the application was submitted in a complete form and that the Administration did not resolve it in time.” It should be noted that the moment the administrative act is configured due to lack of activity is precisely that in which the breach of the obligation to resolve by the Administration is consummated, the latter being bound by the terms of the silence, which is of utmost importance, since section 331.2 of the cited Ley General states that once tacit approval (silencio positivo) has occurred, a denial of the petition cannot be issued, nor can the act be extinguished except in those cases and in the manner provided by law. The foregoing must be reconciled with Article 63.2 of the Ley General de la Administración Pública, which establishes that powers shall not be extinguished by the lapse of the period indicated for exercising them, unless there is a rule to the contrary, which means that in these cases, once tacit approval (silencio positivo) has occurred, any express resolution issued subsequently must coincide in content with the implied act. Finally, it must be noted that the accreditation mechanism set forth in Article 7 of Ley 8220 is not a constitutive requirement, but rather its function is solely and exclusively to provide proof of the implied act, for the purposes of third parties and other public entities—but not vis-à-vis the non-compliant Administration—precisely because it is a legal fiction.\n\nV.-\nIn accordance with the foregoing, in general terms, if an individual requests a license for the exercise of a lucrative activity, and the Municipality in question does not respond within the deadline set by law, it must be considered granted. However, in the case of street vending (ventas ambulantes), the situation changes radically, because in reality, although the “Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela”, published in La Gaceta No. 226 of November 24, 2003, Articles 38 et seq., speaks of a “license” (licencia), it is actually a precarious permit (permiso precario) for the use of public roads, which forms part of the public domain assets (bienes dominicales), where implied acts of authorization cannot be configured, and from which the individual generates no subjective right whatsoever. The Sección Primera of this Tribunal, in Voto No. 552-2005 at 2:00 p.m. on December 16, 2005, in a case similar to the present one, stated: “…the appellant points out that according to the Reglamento General de Patentes de la Municipalidad de Alajuela, it is a 'license' (licencia) for street vending; therefore, the invoked rule is applicable. Notwithstanding the foregoing, it is considered that this is not a case that falls within that provision, since the petitioner's action does not refer to a situation in which a subjective right protected by the legal system subject to a simple condition of administrative control is accessed. Licenses refer to activities that citizens can generally carry out, such as general commerce, in which the government controls compliance with health, public order, and tax regulations, for which it requires the application for a patent (patente) or license (licencia) that allows it to exercise that control and clears the procedural obstacle so that the interested party acquires the right to exercise that business, which is processed through a regulated act (acto reglado); however, in this case, it involves carrying out an activity on public roads, making use of a space under State domain intended for common enjoyment in which private activities cannot be carried out without the corresponding permit, according to a general prohibition referred to in Article 39 of the invoked Regulation. In this sense, the abundant case law has stated: 'The use permits referred to in Ley 6587-81* and the aforementioned regulation authorize the occupation of public roads, which are public domain lands, as expressly defined by the Ley de Construcciones in its Articles 4, 5, and 6; Article 28 of the Ley General de Caminos Públicos, Articles 44 et seq. of the Ley de Planificación Urbana, in relation to Articles 261 and 262 of the Código Civil and subsection 14 of Article 121 and Article 174 of the Constitución Política.- The public domain is composed of assets that manifest, by express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest.- They are the so-called dominical assets (bienes dominicales), demanial assets, public assets or things, or public property, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside the commerce of men.- That is, they are affected by their own nature and vocation.- Consequently, these assets belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected by the service they provide and which is invariably essential by virtue of an express rule.- The characteristic notes of these assets are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be subject to encumbrance under the terms of Civil Law, and administrative action replaces interdicts to recover domain.- Since they are outside commerce, these assets cannot be the object of possession, although a right of use can be acquired, although not a right of ownership.- The use permit (permiso de uso) is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the individual is the beneficial domain (dominio útil) of the asset, with the State always reserving the direct domain (dominio directo) over the thing.- The precariousness of any right or use permit (permiso de uso) is consubstantial to the figure and alludes to the possibility that the administration may revoke it at any time, whether due to the State's need to fully occupy the asset, for the construction of a public work, as well as for reasons of safety, hygiene, or aesthetics, all to the extent that if a conflict of interests should arise between the purpose of the asset and the granted permit, the natural use of the public thing must prevail.- Consequently, the national regime of public domain assets, such as the roads of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public places, places them outside the commerce of men, and therefore the permits granted shall always be precarious in nature (a título precario) and revocable by the Administration, unilaterally, when reasons of necessity or general interest so indicate.'- [* Ley 6587 of July 30, 1981, of Patentes para Ventas Ambulantes y Estacionarias] (Voto of Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia number 2306-91 of November 6, 1991, the bold is not in the original, see also No. 2704-91 of December 20, 1991, ibidem) In another case it was stated: 'This Chamber has repeatedly stated that in accordance with the Ley de Vendedores Ambulantes y Estacionarios, No. 6587 of July 30, 1981, and its Regulation, municipalities have the power to grant permits and licenses precisely to this type of vendors so that they can exercise their activity legally. However, the places where sales are carried out are public domain assets, and are therefore inalienable, imprescriptible, and unseizable, which implies that vendors holding municipal permits have a use permit (permiso de uso), understood as \"a unilateral legal act issued by the administration in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the individual is the beneficial domain (dominio útil) of the asset, with the State always reserving the direct domain (dominio directo) over the thing.\" (Voto No. 2306-91). Hence, this Chamber has considered that such permits are precarious in nature (a título precario), meaning the administration has the possibility of revoking them at any time due to the State's need to occupy the asset, for reasons of construction works, safety, hygiene, aesthetics, etc., provided it acts in accordance with the proper purpose of the asset and the general principles of due process.' (Voto 4199-93 of August 27, 1993, ibidem, also 219-94 of January 12, 1994, Voto 2306-91 of November 6, 1991, No. 2306 at 2:45 p.m. on November 6, 1991, and 1055-92 of April 22, 1992) In the same vein, it is worth citing: 'II.- It is up to the Municipalities, among other entities, to grant use permits to persons who wish to engage in commerce through street vending (ventas ambulantes) or stationary vending (ventas estacionarias) on public sidewalks, parks, and others, to exercise it, upon prior permission from the respective authority and, of course, in accordance with the provisions governing the commercial activity intended to be developed, without the Administration's actions aimed at redressing any irregularity occurring in the exercise thereof curtailing the right to free exercise of commerce, a right which, in any case, is not absolute and can be subject to regulation and even restrictions when superior interests are at stake, such as the problem of vehicular and pedestrian traffic, citizen safety, excessive crowding of the public in parks and roadways, among others.” (Voto 7049-94 of December 2, 1994, and also No. 2306-91 at 2:45 p.m. on November 6, 1991). V.- By virtue of the cited jurisprudential doctrine, it must be concluded that the action under discussion does not involve granting a \"license\" (licencia) or \"patent\" (patente) in a general sense, involving the recognition of a subjective right through a regulated act (acto reglado) (Article 18 of the Ley General de la Administración Pública), but rather granting a right of use of the public domain or a precarious right (derecho en precario) through a discretionary act, where the content of the resolution can be determined through the principles of logic, technique, justice, and opportunity (Articles 15 to 17 ibidem), therefore the application of tacit approval (silencio positivo) is not appropriate.\"\n\nVI.-\nAll of the foregoing leads to confirming the appealed decision. As there is no further appeal (Article 6 of Ley N°7274 of December 10, 1991), the administrative channel must be deemed exhausted.\n\nGiven that no further appeal exists (Article 6 of Law N°7274 of December 10, 1991), the administrative channel must be deemed exhausted." }