{
  "id": "nexus-sen-1-0004-1266681",
  "citation": "Res. 01732-2024 Sala Primera de la Corte",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedencia de venta forzosa de inmueble copropiedad sin demostrar indivisibilidad material",
  "title_en": "Forced Sale of Co-owned Property Denied for Failure to Prove Material Indivisibility",
  "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce el recurso de casación interpuesto por los actores contra la sentencia que declaró sin lugar la demanda de venta forzosa de un inmueble en copropiedad. La sentencia impugnada consideró que los demandantes no lograron acreditar la indivisibilidad material del bien, requisito esencial conforme a los artículos 272 y 273 del Código Civil, ya que la prueba pericial ofrecida no fue evacuada por falta de diligencia de los proponentes. En casación, los recurrentes alegaron que el plan regulador cantonal impedía el fraccionamiento y que sí existió ofrecimiento de compra, pero la Sala rechaza los argumentos. Sobre el plan regulador, señala que la cita genérica en la demanda no especificaba la norma concreta, y el desarrollo detallado en casación constituye un argumento nuevo inadmisible. Además, aún analizando el artículo 16 del Plan Regulador de Goicoechea, la parte no demostró que el inmueble se ubicara efectivamente en la zona regulada con área de lote mínimo de 300 m². En cuanto a la pericia, la Sala confirma que era carga de la parte interesada contactar al perito, y su incumplimiento justificó declarar la prueba inevacuable. Finalmente, aunque se discrepa del tribunal en cuanto a exigir prueba de acercamiento previo, esa divergencia no altera el resultado, pues subsiste la falta de prueba de la indivisibilidad. Se declara sin lugar el recurso de casación con costas a cargo de la parte actora.",
  "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice reviews the cassation appeal filed by plaintiffs against the lower court ruling that dismissed their claim for forced sale of a co-owned property. The appealed judgment found that plaintiffs failed to prove the material indivisibility of the property, a prerequisite under Articles 272 and 273 of the Civil Code, because the offered expert evidence was not produced due to the proponents' lack of diligence. On cassation, appellants argued that the local zoning plan prohibited subdivision and that a purchase offer had been made, but the Chamber rejects these arguments. Regarding the zoning plan, the generic reference in the complaint did not specify the exact rule, and the detailed argument on cassation is a new, inadmissible claim. Furthermore, even analyzing Article 16 of the Goicoechea Zoning Plan, plaintiffs did not demonstrate that the property was actually located within the regulated zone with a minimum lot size of 300 m². As for the expert evidence, the Chamber confirms that it was the interested party's burden to contact the expert; their failure justified declaring the evidence unproduced. Finally, although the Chamber disagrees with the lower court's requirement to prove prior negotiation, this difference of opinion does not change the outcome, as the lack of proof of indivisibility remains. The cassation appeal is dismissed, with costs imposed on the appellant.",
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  "date": "05/12/2024",
  "year": "2024",
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    "subdivision-fraccionamiento"
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    "venta forzosa de bien común",
    "indivisibilidad material",
    "plan regulador",
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    "recurso de casación",
    "Art. 272 y 273 Código Civil"
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  "keywords_es": [
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  "keywords_en": [
    "co-ownership",
    "forced sale",
    "material indivisibility",
    "zoning plan",
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    "Goicoechea"
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  "excerpt_es": "V.- Para la resolución del reproche, es preciso hacer las siguientes acotaciones. [...] Ahora bien, aún y si se obviara que se trata de un argumento nuevo, a mayor abundamiento, observa esta Sala, es cierto que el artículo 16 del Plan Regulador fija como requisitos que el área del lote sea de 300 m², con un frente mínimo de 12 m y otras especificaciones. Asimismo, que dicha norma refiere a la zona residencial Mata de Plátano. No obstante, ello es insuficiente para concluir que la finca objeto de este proceso se halla inserta dentro de esa zona y, por ende, que le aplican esas especificaciones. Nótese, la única información acerca de la ubicación del inmueble, se encuentra dada por su certificación literal, en la cual dice que se localiza en el distrito de Mata de Plátano, del cantón de Goicoechea, de la provincia de San José. Ahora, aunque el distrito es Mata de Plátano y el canon 16 del Plan Regulador versa sobre la zona residencial de Mata de Plátano, es vital tomar en consideración que, en el capítulo III del mismo Plan Regulador, que atañe a las regulaciones por zonas, se incluyen nueve sectores [...] y luego se inserta la siguiente acotación: “Los sectores no corresponden exactamente a los distritos”. Además, en el canon 16, referido a la “Zona Residencial Mata de Plátano (ZRMP)”, se indica expresamente que esa zona se ubica “al oeste de Vistas del Valle entre los cajones del río Purral, del río Torres, hasta la confluencia de ambos ríos”. Con la información que consta en el expediente, no es posible afirmar que el inmueble en disputa se ubica dentro de esos límites geográficos. Se insiste, el solo hecho de que la finca pertenezca al distrito de Mata de Plátano no basta para concluir con la certeza debida que esta se ubica justamente dentro del sector señalado. En ese sentido, el argumento debe ser rechazado.\n\nVI.- Por otra parte, el casacionista se muestra disconforme con la posición que adoptó el Tribunal con respecto a declarar inevacuable la prueba pericial. De la revisión del expediente, se observa, mediante resolución de las 10 horas del 25 de octubre de 2022, se tuvo por aceptado el cargo de perito. Luego, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2022, el perito indicó que ninguna de las partes se había comunicado con él a su teléfono de oficina, su celular, ni correo electrónico. Por lo anterior, mediante el auto de las 14 horas 31 minutos del 27 de octubre de 2022, el Tribunal previno a la parte interesada comunicarse con el perito dentro del plazo de quince días, so pena de declarar inevacuable la prueba. [...] Así las cosas, del estudio del recuento de actuaciones descrito, esta Cámara no observa ningún vicio en lo resuelto. Era carga de la parte proponente de la pericia procurar su realización, lo cual implicaba contactar al perito a efectos de facilitarle la información y todo lo necesario para que el profesional efectuare su labor. Máxime cuando así le fue prevenido de forma expresa. Sin embargo, ni con la resolución de las 14 horas 31 minutos del 27 de octubre de 2022, ni con la de las 14 horas 48 minutos del 15 de diciembre de 2022, la parte actora reaccionó a efectos de contactar al perito y procurar la obtención de la prueba que ella misma había solicitado.",
  "excerpt_en": "V.- To resolve the complaint, the following remarks are necessary. [...] Now, even if we overlook that this is a new argument, for the sake of completeness, this Chamber observes that it is true that Article 16 of the Zoning Plan sets requirements such as a minimum lot size of 300 m², a minimum frontage of 12 m, and other specifications. Likewise, that this rule refers to the Mata de Plátano residential zone. However, this is insufficient to conclude that the property at issue in this case is located within that zone and, therefore, that those specifications apply. Note that the only information regarding the location of the property comes from its literal certificate, which states that it is located in the Mata de Plátano district, Goicoechea canton, San José province. Now, although the district is Mata de Plátano and Article 16 of the Zoning Plan concerns the Mata de Plátano residential zone, it is crucial to consider that Chapter III of the same Zoning Plan, which deals with zone regulations, includes nine sectors [...] and then inserts the following note: “The sectors do not correspond exactly to the districts.” Furthermore, in Article 16, regarding the “Mata de Plátano Residential Zone (ZRMP),” it is expressly stated that this zone is located “west of Vistas del Valle between the banks of the Purral River and the Torres River, up to the confluence of both rivers.” With the information in the record, it cannot be affirmed that the disputed property is located within those geographical boundaries. It bears repeating that the mere fact that the property belongs to the Mata de Plátano district is not enough to conclude with the required certainty that it is precisely within the indicated sector. In that regard, the argument must be dismissed.\n\nVI.- On the other hand, the appellant disagrees with the Tribunal's decision to declare the expert evidence unproduced. From the review of the record, it is observed that by a resolution at 10:00 a.m. on October 25, 2022, the expert appointment was accepted. Then, in a brief dated October 25, 2022, the expert indicated that none of the parties had contacted him at his office phone, cell phone, or email. Therefore, by a ruling at 2:31 p.m. on October 27, 2022, the Tribunal warned the interested party to contact the expert within fifteen days, under penalty of declaring the evidence unproduced. [...] Thus, from the study of the described procedural history, this Chamber finds no defect in what was decided. It was the burden of the party proposing the expert evidence to ensure its production, which involved contacting the expert in order to provide the information and everything necessary for the professional to perform his task, especially when expressly warned to do so. However, neither with the resolution of 2:31 p.m. on October 27, 2022, nor with that of 2:48 p.m. on December 15, 2022, did the plaintiff react to contact the expert and seek to obtain the evidence that it itself had requested.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The cassation appeal is dismissed, upholding the lower court ruling that denied the forced sale of the co-owned property, with costs imposed on the appellant.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación, confirmando la sentencia que rechazó la venta forzosa del inmueble copropiedad, con costas a cargo de la parte actora."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "it was the burden of the party proposing the expert evidence to ensure its production, which involved contacting the expert in order to provide the information and everything necessary for the professional to perform his task.",
      "quote_es": "era carga de la parte proponente de la pericia procurar su realización, lo cual implicaba contactar al perito a efectos de facilitarle la información y todo lo necesario para que el profesional efectuare su labor."
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    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "the mere fact that the property belongs to the Mata de Plátano district is not enough to conclude with the required certainty that it is precisely within the indicated sector.",
      "quote_es": "el solo hecho de que la finca pertenezca al distrito de Mata de Plátano no basta para concluir con la certeza debida que esta se ubica justamente dentro del sector señalado."
    },
    {
      "context": "Considerando VII",
      "quote_en": "requiring proof of that fact is irrelevant, since by filing the lawsuit, it is clear that no agreement exists among the co-owners.",
      "quote_es": "exigir la demostración de ese hecho resulta irrelevante, pues con la interposición de la demanda, es claro que no existe un acuerdo entre los copropietarios."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 01732 - 2024\n\nFecha de la Resolución: 05 de Diciembre del 2024 a las 10:12\n\nExpediente: 20-000559-0182-CI\n\nRedactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos\n\nClase de asunto: ORDINARIO\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp. 20-000559-0182-CI\n\nRes. 001732-F-S1-2024\n\n SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas doce minutos del cinco de diciembre de dos mil veinticuatro .\n\nEn el proceso ordinario interpuesto por los señores JOSÉ WILSER SOLANO MONTERO y MARCO TULIO SOLANO MONTERO, representados por su apoderado especial judicial, José Luis Estrada Sánchez, contra la señora KARINA MARÍA VILLACHICA SOLANO, representada por su apoderado especial judicial, Juan Carlos Fonseca Montagnini; la parte actora formula recurso de casación contra la sentencia No. 2024000249 de las 11 horas del 29 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, integrada por las personas juzgadoras Marvin Ovares Leandro, Santiago Ugalde Castillo y Maribel Seing Murillo.\n\nRedacta el magistrado Zamora Campos\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- De acuerdo con el elenco fáctico tenido por demostrado en la instancia precedente, los señores Marco Tulio Solano Montero, José Wilser Solano Montero y Karina María Villachica Solano, son dueños, cada uno, de un tercio en la nuda propiedad del inmueble del partido de San José, matrícula 173573, cuyos derechos se identifican registralmente con las sub-matrículas 001, 002 y 003, respectivamente. La señora Flor Montero Alvarado figura en el Registro Nacional como dueña del usufructo sobre el mismo fundo, cuyo derecho se identifica con la sub-matrícula 004.\n\nII.- Los señores Solano Montero interpusieron el presente proceso de conocimiento contra la señora Villachica Solano, en cuyo elenco petitorio plantearon lo siguiente: “Basado en el artículo 272.2 y 273 del Código Civil, al ser un bien que por su naturaleza es absolutamente indivisible, y al no existir convenio para que alguno de los co-dueños se adjudique el bien, se solicita la venta del bien y se reparta el precio de la venta a prorrata. / Se solicita al JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSÉ proceda a emitir un mandamiento a la Municipalidad de Goicoechea donde esta aporte el plan regulador, donde se evidencia que el bien inmueble cumple los requisitos descritos en los numerales 272.2 y 273 del Código Civil”. Mediante resolución de las 14 horas 30 minutos del 21 de abril de 2022, se declaró extemporánea la contestación presentada por la demandada. Mediante sentencia No. 2024000249 de las 11 horas del 29 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, integrada por las personas juzgadoras Marvin Ovares Leandro, Santiago Ugalde Castillo y Maribel Seing Murillo, se declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y se impusieron ambas costas a cargo de los actores. Inconformes estos últimos con lo resuelto, incoaron recurso de casación ante esta Sala, el cual fue admitido mediante el auto de las 8 horas 34 minutos del 12 de agosto de 2024.\n\nMotivos de casación\n\nIII.- En vista de que todos los reproches formulados gravitan sobre un mismo eje, se conocerán de manera conjunta como un único cargo. En primer término, el recurrente arguye la ausencia o contradicción grave en la fundamentación. Indica, la demanda tuvo como fundamento el cardinal 272 del Código Civil, el cual establece dos hipótesis o circunstancias que delimitan el presente proceso. El primero referido a la indivisibilidad de la cosa o el derecho que se reclama. El segundo, cuando el fraccionamiento contraviene las normas de urbanismo. Ambos, acota, son excluyentes entre sí y, para los efectos de la pretensión de fondo, son perfectamente “concatenables”. Advierte, como un hecho no probado, el Tribunal tuvo el siguiente: “1.- No se acreditó por medio legal alguno que la finca del partido de San José 173573 sea o no divisible”. Sostiene, la indivisibilidad del inmueble de marras es evidente y encuentra su fundamento en el Plan Regulador vigente en el cantón de Goicoechea, concretamente, en su numeral 16 que establece: “Artículo 16.-Zona Residencial Mata de Plátano (ZRMP). Se ubica al oeste de Vistas del Valle entre los cajones del río Purral, del río Torres, hasta la confluencia de ambos ríos. / 1- Propósitos: El propósito de esta zona es permitir una vida urbana de barrio residencial poco denso, de acuerdo a los objetivos (Art. 2°, incisos 4, 5, y 9 de este Reglamento) y a las políticas de desarrollo, de densidades y de uso de la tierra, indicadas en la Memoria Explicativa del Plan Regulador en sus capítulos 6, 7, y 8. / En particular se destaca la intención de: /  a) Mantener la percolación en los terrenos y la proporción de áreas de espacios abiertos. / b) Evitar el aumento de las escorrentías. / c) Mitigar el incremento del tránsito automotor en la carretera principal entre el cruce a Moravia y El Alto. / d) Impedir el aumento de población densa propia de las urbanizaciones de interés social (lotes de 120 m2.), que se contrapone a todo lo anterior. / e) Mantener el carácter social y ambiental actual, que es concordante con el patrón de densidades decrecientes conforme se acerca al anillo de contención del GAM. / 2- Usos permitidos: / -Residencial Unifamiliar / -Servicios conexos a la vivienda / 3- Usos condicionales: / -Residencial multifamiliar / -Comercio menor / -Industria inocua / -Usos público institucionales / -Áreas verdes / -Videojuegos / -Hospedajes tipo alojamiento y desayuno (\"bed and breakfast\") / -Centro de acopio de desechos reciclables /-Parqueos / 4- Requisitos: / -Área de lote 300 m2 / -Frente mínimo de lote 12m / -Retiro frontal 3m / -Retiro lateral a un solo lado 3 m por 9 m de profundidad desde la línea de propiedad deben respetar el retiro frontal; pueden ocupar el retiro lateral. / -Retiro posterior 3m o equivalente. / -Cobertura máxima 60% / -Área de drenaje del tanque séptico 50 m2 o según pruebas de infiltración / -Cocheras dos veces la cobertura / -Área máxima de piso / -Verjas tipos 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8 / -Tapias convencionales en las colindancias, deben respetar el retiro frontal. / 5- Usos prohibidos: / -Industrias / -Botaderos de basura a cielo abierto Curtiembres / -Chancheras / -Granjas”. De lo anterior, señala, se desprende que el terreno en disputa cumple con el requisito mínimo de cabida lo que impide su fraccionamiento. En apoyo a su postura, transcribe un extracto del voto No. 84-1995, autoría de esta Sala. Anota, en este caso, la indivisibilidad del inmueble no es una apreciación subjetiva de los actores, sino es una realidad indiscutible que justifica la interposición de esta litis. Dice, en concordancia con el fallo citado líneas atrás, se logra acreditar el presupuesto objetivo previsto en el artículo 273, inciso 3), sea que el inmueble en cuestión, aun siendo indivisible, su fraccionamiento contraviene las normas de urbanismo. Resalta, el Plan Regulador del cantón de Goicoechea establece un área mínima de 300 m² en la zona de Mata de Plátano y, el terreno de marras tiene una cabida de 359,23 m², lo que hace imposible su división. Por lo expuesto, apunta, no hubo una adecuada fundamentación por parte del A quo. Acusa la infracción de los numerales 272 y 273 del Código Civil. Insiste, el inmueble en sí mismo es indivisible. Enfatiza, el lote en disputa mide 359 m², de modo que, a cada parte le correspondería 119,74 m², lo que reafirma su indivisibilidad. Por otra parte, menciona, el Tribunal afirma que los accionantes no acreditaron que hubiere existido algún acercamiento entre las partes, a fin de determinar la posibilidad de adquisición por parte de un solo copropietario del bien en controversia; sin embargo, ello es debatible a luz de lo expuesto en la contestación de demanda. Pide tomar en cuenta que, en esta se expuso: “[…] me ha ofrecido dinero para comprarme mi parte correspondiente […]” y remite a que se revise el proceso de violencia doméstica. En ese sentido, destaca, existe evidencia de que ha habido ofrecimiento de una de las partes (José Wilser Solano Montero) de conformidad con el canon 273 del Código Civil para adjudicarse el inmueble de cita. Pese a lo anterior, reclama, el Tribunal pasó por alto ese hecho, aún y cuando “desmenuzó” la contestación de demanda extemporánea para rechazar la pretensión de la parte actora. Por último, anota, a pesar de la insistencia de la parte actora, el Tribunal denegó la posibilidad de llevar a cabo el avalúo del inmueble ofrecido, amparado en que no hubo comunicación con el perito nombrado. Arguye, los juzgadores centraron su rechazo en lo dicho por el profesional, quien adujo no haber sido contactado por ninguna de las partes proponentes. Sin embargo, alega, echaron de menos las gestiones realizadas por el perito para efectuar la pericia asignada. Afirma, después de que el perito aceptó el cargo y juró su cumplimiento, y habiendo en el expediente los datos necesarios para realizar la labor encomendada, el profesional no puede simplemente alegar que no fue contactado por los proponentes y con ello no efectuar el trabajo requerido.\n\nIV.- En la sentencia objetada, el Tribunal valoró que la pretensión de los actores es la venta forzosa del inmueble, matrícula 173573, del cual son copropietarios en conjunto con la demandada. Al respecto, los juzgadores explicaron que, como requisito previo a la venta de un bien común, conforme los cánones 272 y 273 del Código Civil, es necesario que se acredite que este es absolutamente indivisible. En este caso, consideraron, dicha circunstancia no logró probarse. Aclararon, aunque la parte actora solicitó el nombramiento de un perito, precisamente para que determinase la divisibilidad o indivisibilidad del fundo, y hasta pagó sus emolumentos; lo cierto es que omitió contactar al profesional para que este pudiera realizar la labor encomendada, lo que generó que, mediante la resolución de las 14 horas 31 minutos del 27 de octubre de 2022 se hiciera la siguiente prevención: “[…] dentro del plazo de QUINCE DÍAS la parte interesada deberá ponerse en contacto con el perito para la realización del informe, en caso de omisión se declarará inevacuable la prueba”. Pese a lo anterior, el día 21 de diciembre de 2022, el perito indicó que las partes seguían sin comunicarse con él, lo que motivó al Tribunal a declarar inevacuable la prueba, según auto de las 9 horas 6 minutos del 9 de enero de 2023. Ante ese escenario, el A quo consideró que no se había logrado demostrar que el inmueble de cita fuese indivisible, pues no basta el dicho de la parte sobre el particular, en tanto es necesario que ese hecho o circunstancia quede demostrada con prueba técnica. Agregó: “[…] a pesar de que las partes cuentan con la legitimación activa y pasiva, así como el interés actual para plantear esta demanda, ya que por un lado son las copropietarias del inmueble objeto de este proceso y además existe un interés manifiesto de los accionantes en cuanto a deshacer o extinguir el régimen de copropiedad, no le asiste el derecho a la parte actora para solicitar la venta del inmueble sin antes haber agotado la posibilidad de un convenio entre las partes (ya que no consta prueba de que haya existido contacto alguno entre ellas para la adjudicación del bien en cabeza de alguno de los copropietarios), o bien la determinación de que la cosa común es indivisible, aspectos medulares que debieron ser agotados antes de poder acceder a ordenar la venta forzosa del bien […] tal como se ha dicho, para que proceda su venta es necesario que no se haya logrado, después de intentado, un acuerdo para que la propiedad única se consolide en uno de los copropietarios reintegrando a los otros el valor de su participación en la comunidad y que el bien sea indivisible materialmente. Debe observarse que la ley hace prevaler el acuerdo de los copropietarios en el sentido apuntado (claro está siempre y cuando se trate de acuerdo unánime) sobre la posible venta pero como se ha dicho, debe además quedar demostrado que el bien es indivisible para poder proceder a la venta del mismo. […] Entonces debía probar dos aspectos básicos, primeramente que el bien objeto del proceso es materialmente indivisible y en segundo lugar que no fue posible llegar a un convenio entre los copropietarios del bien para la venta de sus derechos entre ellos. Todo ello se encuentra ayuno de pruebas. La prueba idónea para efectos de determinar la indivisibilidad del bien era la pericial, misma que no fue evacuada. […] Por lo expuesto, no queda duda entonces que a la parte actora no le asiste el derecho de pedir la venta del inmueble, ante la ausencia de prueba fundamental, no quedando más remedio que declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria”.\n\nV.- Para la resolución del reproche, es preciso hacer las siguientes acotaciones. En la demanda, concretamente, en el cuadro inserto en el aparte identificado como “FUNDAMENTACIÓN”, la parte actora indicó: “De conformidad con el artículo mencionado, en el caso en particular, tenemos que el bien inmueble que se mantiene en co-propiedad se encuentra inscrito en el Registro Nacional bajo número de folio real 173573, sub matrícula 001, 002, 003, el cual, según consta en la certificación del Registro Público que se adjunta como prueba, tiene una cabida de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CON VEINTIRES DECIMETROS CUADRADOS, lo cual, de acuerdo a las normas urbanísticas de la Municipalidad del cantón de Goicoechea (Plan Regulador) no permite su fraccionamiento en tres fincas independientes”. Asimismo, hizo la siguiente petición: “Se solicita al JUZGADO TERCERO CIVIL DE SAN JOSÉ proceda a emitir un mandamiento a la Municipalidad de Goicoechea donde esta aporte el plan regulador descrito en este hecho”. En relación con el tema del plan regulador no se hizo mención alguna en la sentencia recurrida, pues si se observa, la enunciación hecha en la demanda fue absolutamente genérica. El accionante advierte que, según las normas urbanísticas del cantón de Goicoechea no se permite el fraccionamiento del inmueble en disputa en tres fincas independientes; sin embargo, no especifica ni explica por qué concretamente esas normas lo prohíben. Es decir, no expone qué exactamente dispone el Plan Regulador que, en su criterio, torna imposible la división material del bien. Ahora, en casación, el impugnante sí hace un desarrollo más amplio y concreto de dicho impedimento, al referir al artículo 16 del Plan Regulador, específicamente, donde se hace referencia a una medida mínima de los lotes de 300 m² en la zona residencial Mata de Plátano. Pues bien, el canon 68.7 del Código Procesal Civil (CPC), dispone que el recurso de casación será rechazado de plano cuando se refiera a cuestiones no alegadas oportunamente, ni debatidas en el proceso. En este caso, como se adelantó, ciertamente en la demanda se hizo referencia a que el Plan Regulador del cantón de Goicoechea impedía el fraccionamiento de la finca de marras, pero no con el detalle y concreción aquí expuestos. De ese modo, el alegato aquí planteado, en la forma hecha, resulta novedoso, lo que genera su rechazo de conformidad con la norma recién citada. Ahora bien, aún y si se obviara que se trata de un argumento nuevo, a mayor abundamiento, observa esta Sala, es cierto que el artículo 16 del Plan Regulador fija como requisitos que el área del lote sea de 300 m², con un frente mínimo de 12 m y otras especificaciones. Asimismo, que dicha norma refiere a la zona residencial Mata de Plátano. No obstante, ello es insuficiente para concluir que la finca objeto de este proceso se halla inserta dentro de esa zona y, por ende, que le aplican esas especificaciones. Nótese, la única información acerca de la ubicación del inmueble, se encuentra dada por su certificación literal, en la cual dice que se localiza en el distrito de Mata de Plátano, del cantón de Goicoechea, de la provincia de San José. Ahora, aunque el distrito es Mata de Plátano y el canon 16 del Plan Regulador versa sobre la zona residencial de Mata de Plátano, es vital tomar en consideración que, en el capítulo III del mismo Plan Regulador, que atañe a las regulaciones por zonas, se incluyen nueve sectores (San Francisco, Calle Blancos, Sector Central de Guadalupe, El Alto, Ipis, Purral, Mata de Plátano, Sector Estefanía-Vistas de Valle y Sector del Este (Rancho Redondo), y luego se inserta la siguiente acotación: “Los sectores no corresponden exactamente a los distritos”. Además, en el canon 16, referido a la “Zona Residencial Mata de Plátano (ZRMP)”, se indica expresamente que esa zona se ubica “al oeste de Vistas del Valle entre los cajones del río Purral, del río Torres, hasta la confluencia de ambos ríos”. Con la información que consta en el expediente, no es posible afirmar que el inmueble en disputa se ubica dentro de esos límites geográficos. Se insiste, el solo hecho de que la finca pertenezca al distrito de Mata de Plátano no basta para concluir con la certeza debida que esta se ubica justamente dentro del sector señalado. En ese sentido, el argumento debe ser rechazado.\n\nVI.- Por otra parte, el casacionista se muestra disconforme con la posición que adoptó el Tribunal con respecto a declarar inevacuable la prueba pericial. De la revisión del expediente, se observa, mediante resolución de las 10 horas del 25 de octubre de 2022, se tuvo por aceptado el cargo de perito. Luego, mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2022, el perito indicó que ninguna de las partes se había comunicado con él a su teléfono de oficina, su celular, ni correo electrónico. Por lo anterior, mediante el auto de las 14 horas 31 minutos del 27 de octubre de 2022, el Tribunal previno a la parte interesada comunicarse con el perito dentro del plazo de quince días, so pena de declarar inevacuable la prueba. Después, por resolución de las 14 horas 48 minutos del 15 de diciembre de 2022, el Tribunal previno al perito presentar su informe en el plazo de tres días, o que indicase si las partes se habían comunicado con él. Mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2022, el perito informó que nadie se había comunicado con él, pese a la cantidad de medios disponibles para hacerlo. Por resolución de las 9 horas 6 minutos del 9 de enero de 2023, se declaró inevacuable la prueba pericial por incumplimiento de la prevención señalada líneas atrás. Contra este último auto, la parte actora planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que la prueba pericial resultaba fundamental en este caso, por lo que solicitaba ordenar al perito proceder con el informe requerido. Mediante resolución de las 14 horas 50 minutos del 13 de enero de 2023, se rechazó la revocatoria planteada, bajo el argumento de que la parte interesada no había cumplido con la prevención realizada, lo cual incluso no fue objetado. Además, se denegó la apelación por carecer lo resuelto de ese remedio procesal. Así las cosas, del estudio del recuento de actuaciones descrito, esta Cámara no observa ningún vicio en lo resuelto. Era carga de la parte proponente de la pericia procurar su realización, lo cual implicaba contactar al perito a efectos de facilitarle la información y todo lo necesario para que el profesional efectuare su labor. Máxime cuando así le fue prevenido de forma expresa. Sin embargo, ni con la resolución de las 14 horas 31 minutos del 27 de octubre de 2022, ni con la de las 14 horas 48 minutos del 15 de diciembre de 2022, la parte actora reaccionó a efectos de contactar al perito y procurar la obtención de la prueba que ella misma había solicitado. Fue hasta que se declaró inevacuable cuando se percató y alertó sobre su importancia. Sin embargo, tampoco demostró haber hecho siquiera algún intento por contactar al profesional. Al no hacerlo, ahora debe asumir las consecuencias de su desidia. Desde ese plano, al no observarse yerro alguno, procederá el rechazo del alegato.\n\nVII.- Por último, el recurrente reclama que el Tribunal no tomó en cuenta que la parte accionada, en su contestación de demanda, reconoció que hubo un ofrecimiento de parte del actor para comprar su parte de la finca. En relación con este tema, nota esta Sala que, en efecto, la demandada hizo una declaración espontánea sobre el ofrecimiento económico que le había hecho el actor Wilser Solano por la parte de su terreno. Además, para este Órgano decisor es claro que, si de los tres copropietarios del inmueble, dos de ellos demandan al restante solicitando la venta de la cosa, es porque evidentemente no quieren o no han logrado un acuerdo para que uno de ellos se deje la totalidad de la finca pagando a los otros el valor de su derecho, como lo prevé el canon 273 del Código Civil. De ese modo, exigir la demostración de ese hecho resulta irrelevante, pues con la interposición de la demanda, es claro que no existe un acuerdo entre los copropietarios. En tal sentido, esta Sala no comparte la postura del Tribunal en cuanto señaló: “[…] no le asiste el derecho a la parte actora para solicitar la venta del inmueble sin antes haber agotado la posibilidad de un convenio entre las partes (ya que no consta prueba de que haya existido contacto alguno entre ellas para la adjudicación del bien en cabeza de alguno de los copropietarios) […]”. Ahora bien, aun y cuando esta Cámara no comparte esa aseveración, esa dicotomía de criterio no es suficiente para arribar a una solución distinta a la fallada, pues subsiste toda la otra argumentación que no ha podido ser rebatida en esta instancia. En ese escenario, por inútil, se rechazará el alegato.\n\nVIII.- Corolario de lo expuesto, se declarará sin lugar el recurso de casación promovido por la parte actora, debiéndose imponer a su cargo las costas causadas con su ejercicio.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación formulado por la parte actora, quien debe sufragar las costas generadas con su ejercicio. ERAMIREZCA\n\n \n\n \n\n\t\n\nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\n\t\n\n \n\n\n\n\nDamaris Vargas Vásquez\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nJorge Leiva Poveda\n\n\n\n\nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nIgnacio Jose Monge Dobles\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 26UYALFL2ZO61\n\n1\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 13:43:33.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten hours twelve minutes on the fifth of December of two thousand twenty-four.\n\nIn the ordinary proceeding filed by Messrs. JOSÉ WILSER SOLANO MONTERO and MARCO TULIO SOLANO MONTERO, represented by their special judicial attorney-in-fact, José Luis Estrada Sánchez, against Mrs. KARINA MARÍA VILLACHICA SOLANO, represented by her special judicial attorney-in-fact, Juan Carlos Fonseca Montagnini; the plaintiff files a cassation appeal against judgment No. 2024000249 of 11 hours on May 29, 2024, issued by the Second Collegiate Trial Court of First Instance Civil Matters of the First Judicial Circuit of San José, Second Section, composed of the judges Marvin Ovares Leandro, Santiago Ugalde Castillo and Maribel Seing Murillo.\n\nJudge Zamora Campos writes\n\n**CONSIDERANDO**\n\nI.- According to the factual scenario held as proven in the preceding instance, Messrs. Marco Tulio Solano Montero, José Wilser Solano Montero and Mrs. Karina María Villachica Solano are owners, each, of one third of the bare ownership (nuda propiedad) of the property in the San José district, registration number 173573, whose rights are identified registrally with sub-registrations 001, 002 and 003, respectively. Mrs. Flor Montero Alvarado appears in the National Registry as the owner of the usufruct over the same estate, whose right is identified with sub-registration 004.\n\nII.- Messrs. Solano Montero filed this declaratory proceeding against Mrs. Villachica Solano, in whose petitionary list they raised the following: “Based on article 272.2 and 273 of the Civil Code, since it is an asset that by its nature is absolutely indivisible, and in the absence of an agreement for any of the co-owners to be awarded the asset, the sale of the asset is requested and the sale price be distributed on a pro rata basis. / The THIRD CIVIL COURT OF SAN JOSÉ is requested to issue an order to the Municipality of Goicoechea so that it provides the regulatory plan, demonstrating that the real estate meets the requirements described in numerals 272.2 and 273 of the Civil Code”. By resolution at 14 hours 30 minutes on April 21, 2022, the answer filed by the defendant was declared extemporaneous. By judgment No. 2024000249 of 11 hours on May 29, 2024, issued by the Second Collegiate Trial Court of First Instance Civil Matters of the First Judicial Circuit of San José, Second Section, composed of the judges Marvin Ovares Leandro, Santiago Ugalde Castillo and Maribel Seing Murillo, the lawsuit was declared without merit in all its extremes and both costs were imposed on the plaintiffs. Disagreeing with the decision, the latter filed a cassation appeal before this Chamber, which was admitted by the order of 8 hours 34 minutes on August 12, 2024.\n\n**Grounds for cassation**\n\nIII.- Given that all the reproaches formulated revolve around the same axis, they will be heard jointly as a single charge. In the first place, the appellant argues the absence of or a serious contradiction in the reasoning. He indicates that the lawsuit was based on article 272 of the Civil Code, which establishes two hypotheses or circumstances that delimit this proceeding. The first refers to the indivisibility of the thing or the right claimed. The second, when subdivision (fraccionamiento) contravenes urban planning regulations. Both, he notes, are mutually exclusive and, for the purposes of the substantive claim, are perfectly “concatenable”. He warns that the Court considered the following as a fact not proven: “1.- It was not accredited by any legal means whether or not the estate of the San José district 173573 is divisible”. He maintains that the indivisibility of the real estate in question is evident and finds its basis in the Regulatory Plan in force in the canton of Goicoechea, specifically, in its article 16 which establishes: “Article 16.- Mata de Plátano Residential Zone (ZRMP). It is located west of Vistas del Valle between the channels of the Purral River, the Torres River, up to the confluence of both rivers. / 1- Purposes: The purpose of this zone is to allow a low-density residential neighborhood urban life, in accordance with the objectives (Art. 2, subsections 4, 5, and 9 of this Regulation) and the development, density, and land use policies indicated in the Explanatory Memorandum of the Regulatory Plan in its chapters 6, 7, and 8. / In particular, the intention to: / a) Maintain percolation on the land and the proportion of open space areas is highlighted. / b) Prevent an increase in runoff. / c) Mitigate the increase in motor vehicle traffic on the main road between the Moravia junction and El Alto. / d) Prevent the increase in dense population typical of social interest developments (120 m2 lots), which contradicts all of the above. / e) Maintain the current social and environmental character, which is consistent with the pattern of decreasing densities as one approaches the GAM containment ring. / 2- Permitted uses: / - Single-Family Residential / - Services connected to the dwelling / 3- Conditional uses: / - Multi-family Residential / - Minor Commerce / - Non-hazardous Industry / - Public Institutional uses / - Green Areas / - Video games / - Bed and breakfast type lodging / - Recyclable waste collection center / - Parking lots / 4- Requirements: / - Lot area 300 m2 / - Minimum lot frontage 12m / - Front setback 3m / - Side setback on one side only 3 m by 9 m deep from the property line must respect the front setback; they may occupy the side setback. / - Rear setback 3m or equivalent. / - Maximum land coverage (cobertura) 60% / - Septic tank drainage area 50 m2 or according to infiltration tests / - Garages twice the coverage / - Maximum floor area / - Fence types 0, 1, 2, 4, 5, 6 and 8 / - Conventional boundary walls on adjoining borders must respect the front setback. / 5- Prohibited uses: / - Industries / - Open-air garbage dumps, Tanneries / - Pigsties / - Farms”. From the foregoing, he points out, it is clear that the land in dispute meets the minimum area requirement, which prevents its subdivision (fraccionamiento). In support of his position, he transcribes an excerpt from Vote No. 84-1995, authored by this Chamber. He notes that, in this case, the indivisibility of the real estate is not a subjective appreciation of the plaintiffs, but rather an indisputable reality that justifies the filing of this litigation. He says, in accordance with the ruling cited above, it is possible to prove the objective condition provided for in article 273, subsection 3), that is, that the real estate in question, even being indivisible, its subdivision (fraccionamiento) contravenes urban planning regulations. He highlights that the Regulatory Plan for the canton of Goicoechea establishes a minimum area of 300 m² in the Mata de Plátano zone and the land in question has an area of 359.23 m², which makes its division impossible. For the foregoing, he points out, there was no adequate reasoning by the A quo. He accuses the violation of articles 272 and 273 of the Civil Code. He insists that the real estate in itself is indivisible. He emphasizes that the lot in dispute measures 359 m², so that each party would be entitled to 119.74 m², which reaffirms its indivisibility. On the other hand, he mentions, the Court asserts that the plaintiffs did not prove that there had been any approach between the parties in order to determine the possibility of acquisition by a single co-owner of the asset in controversy; however, this is debatable in light of what was stated in the answer to the lawsuit. He asks to take into account that, in this answer, it was stated: “[…] he has offered me money to buy my corresponding share […]” and refers to the domestic violence proceeding being reviewed. In that sense, he emphasizes, there is evidence that an offer has been made by one of the parties (José Wilser Solano Montero) in accordance with article 273 of the Civil Code to be awarded the cited real estate. Despite the foregoing, he claims, the Court overlooked that fact, even though it “dissected” the extemporaneous answer to the lawsuit to reject the plaintiff's claim. Finally, he notes, despite the plaintiff's insistence, the Court denied the possibility of carrying out the appraisal of the real estate offered, based on the fact that there was no communication with the appointed expert. He argues that the judges centered their rejection on what was said by the professional, who claimed not to have been contacted by any of the proposing parties. However, he alleges, they disregarded the efforts made by the expert to perform the assigned expertise. He affirms that, after the expert accepted the position and swore to its fulfillment, and having the necessary data in the case file to perform the entrusted work, the professional cannot simply claim that he was not contacted by the proponents and thereby not perform the required work.\n\nIV.- In the judgment under objection, the Court assessed that the plaintiffs' claim is the forced sale of the real estate, registration number 173573, of which they are co-owners jointly with the defendant. In this regard, the judges explained that, as a prerequisite for the sale of a common asset, in accordance with sections 272 and 273 of the Civil Code, it is necessary to prove that it is absolutely indivisible. In this case, they considered, that circumstance could not be proven. They clarified, although the plaintiff requested the appointment of an expert, precisely to determine the divisibility or indivisibility of the estate, and even paid his fees; the truth is that he omitted to contact the professional so that he could perform the entrusted work, which led to the following warning being made by resolution at 14 hours 31 minutes on October 27, 2022: “[…] within a period of FIFTEEN DAYS the interested party must contact the expert to carry out the report, in case of omission the evidence will be declared unevacuable”. Despite the foregoing, on December 21, 2022, the expert indicated that the parties still had not contacted him, which prompted the Court to declare the evidence unevacuable, according to the order of 9 hours 6 minutes on January 9, 2023. Faced with this scenario, the A quo considered that it had not been possible to demonstrate that the cited real estate was indivisible, since the party's statement on the matter is not enough, as it is necessary for this fact or circumstance to be proven with technical evidence. It added: “[…] despite the fact that the parties have active and passive standing, as well as the current interest to file this lawsuit, since on one hand they are the co-owners of the real estate object of this process and also there is a manifest interest of the plaintiffs to undo or extinguish the co-ownership regime, the plaintiff is not entitled to request the sale of the real estate without first having exhausted the possibility of an agreement between the parties (as there is no record proving that there has been any contact between them for the award of the asset to one of the co-owners), or the determination that the common thing is indivisible, core aspects that should have been exhausted before being able to order the forced sale of the asset […] as has been said, for its sale to proceed, it is necessary that no agreement has been reached, after attempts were made, for sole ownership to be consolidated in one of the co-owners, reimbursing the others the value of their share in the community, and that the asset be materially indivisible. It must be observed that the law makes the agreement of the co-owners prevail in the sense indicated (of course, provided it is a unanimous agreement) over the possible sale, but as has been said, it must also be proven that the asset is indivisible in order to proceed with its sale. […] Therefore, two basic aspects had to be proven, firstly that the asset object of the process is materially indivisible and secondly that it was not possible to reach an agreement among the co-owners of the asset for the sale of their rights among themselves. All of this is devoid of evidence. The ideal evidence for determining the indivisibility of the asset was the expert evidence, which was not evacuated. […] For the foregoing, there is no doubt then that the plaintiff is not entitled to request the sale of the real estate, given the absence of fundamental evidence, leaving no other remedy but to declare without merit in all its extremes the present ordinary lawsuit”.\n\nV.- For the resolution of the reproach, the following remarks must be made. In the lawsuit, specifically, in the table inserted in the section identified as “FUNDAMENTACIÓN”, the plaintiff indicated: “In accordance with the mentioned article, in this particular case, we have that the real estate maintained in co-ownership is registered in the National Registry under real folio number 173573, sub-registration 001, 002, 003, which, as stated in the certification from the Public Registry attached as evidence, has an area of THREE HUNDRED FIFTY-NINE METERS WITH TWENTY-THREE SQUARE DECIMETERS, which, according to the urbanistic regulations of the Municipality of the canton of Goicoechea (Regulatory Plan), does not allow its subdivision (fraccionamiento) into three independent estates”. Likewise, it made the following request: “The THIRD CIVIL COURT OF SAN JOSÉ is requested to issue an order to the Municipality of Goicoechea so that it provides the regulatory plan described in this fact”. Regarding the topic of the regulatory plan, no mention was made in the appealed judgment, since if observed, the statement made in the lawsuit was absolutely generic. The plaintiff warns that, according to the urbanistic regulations of the canton of Goicoechea, the subdivision (fraccionamiento) of the real estate in dispute into three independent estates is not permitted; however, it does not specify or explain why those regulations specifically prohibit it. That is, it does not state exactly what the Regulatory Plan provides that, in its view, makes the material division of the asset impossible. Now, in cassation, the appellant does make a broader and more concrete development of this impediment, referring to article 16 of the Regulatory Plan, specifically, where reference is made to a minimum lot size of 300 m² in the Mata de Plátano residential zone. Well, article 68.7 of the Civil Procedure Code (CPC) provides that the cassation appeal will be rejected outright when it refers to issues not timely raised or debated in the process. In this case, as previously noted, the lawsuit did indeed refer to the fact that the Regulatory Plan of the canton of Goicoechea prevented the subdivision (fraccionamiento) of the estate in question, but not with the detail and concreteness presented here. Thus, the argument raised here, in the form presented, is novel, which leads to its rejection in accordance with the rule just cited. Now, even if the fact that this is a new argument were to be overlooked, further to this, this Chamber observes that it is true that article 16 of the Regulatory Plan establishes as requirements that the lot area be 300 m², with a minimum frontage of 12 m and other specifications. Likewise, that this regulation refers to the Mata de Plátano residential zone. However, this is insufficient to conclude that the estate subject to this proceeding is located within that zone and, therefore, that those specifications apply to it. Note that the only information about the location of the real estate is found in its literal certification, which states that it is located in the Mata de Plátano district, of the canton of Goicoechea, of the province of San José. Now, although the district is Mata de Plátano and article 16 of the Regulatory Plan deals with the Mata de Plátano residential zone, it is vital to take into consideration that, in chapter III of the same Regulatory Plan, which concerns regulations by zones, nine sectors are included (San Francisco, Calle Blancos, Central Sector of Guadalupe, El Alto, Ipis, Purral, Mata de Plátano, Estefanía-Vistas de Valle Sector, and Sector del Este (Rancho Redondo)), and then the following observation is inserted: “The sectors do not correspond exactly to the districts”. Furthermore, in article 16, referring to the “Mata de Plátano Residential Zone (ZRMP)”, it is expressly indicated that this zone is located “west of Vistas del Valle between the channels of the Purral River, the Torres River, up to the confluence of both rivers”. With the information contained in the case file, it is not possible to affirm that the real estate in dispute is located within those geographical limits. It is reiterated that the mere fact that the estate belongs to the Mata de Plátano district is not sufficient to conclude with the due certainty that it is located exactly within the indicated sector. In this sense, the argument must be rejected.\n\nVI.- On the other hand, the cassation appellant disagrees with the position adopted by the Court regarding declaring the expert evidence unevacuable. From the review of the case file, it is observed that by resolution at 10 hours on October 25, 2022, the expert's appointment was accepted. Then, by a filing dated October 25, 2022, the expert indicated that none of the parties had contacted him at his office phone, cell phone, or email. Due to the foregoing, by the order of 14 hours 31 minutes on October 27, 2022, the Court warned the interested party to contact the expert within a fifteen-day period, under penalty of declaring the evidence unevacuable. Later, by resolution at 14 hours 48 minutes on December 15, 2022, the Court warned the expert to present his report within a three-day period, or to indicate if the parties had contacted him. By a filing dated December 21, 2022, the expert reported that no one had contacted him, despite the number of available means to do so. By resolution at 9 hours 6 minutes on January 9, 2023, the expert evidence was declared unevacuable for non-compliance with the warning noted above. Against this last order, the plaintiff filed a motion for revocation with a subsidiary appeal, alleging that the expert evidence was fundamental in this case, and therefore requesting that the expert be ordered to proceed with the required report. By resolution at 14 hours 50 minutes on January 13, 2023, the revocation was rejected, on the grounds that the interested party had not complied with the warning given, which was not even objected to. Furthermore, the appeal was denied because the decision lacked this procedural remedy. That being the case, from the study of the recounted proceedings described, this Chamber does not observe any flaw in what was decided. It was the burden of the party proposing the expertise to ensure its execution, which implied contacting the expert in order to provide the information and everything necessary for the professional to perform his work. Especially when it was expressly warned to do so. However, neither with the resolution at 14 hours 31 minutes on October 27, 2022, nor with that at 14 hours 48 minutes on December 15, 2022, did the plaintiff react to contact the expert and procure the obtaining of the evidence that it had itself requested. It was not until it was declared unevacuable that it realized and alerted about its importance. However, it also did not prove having made even any attempt to contact the professional. By not doing so, it must now assume the consequences of its negligence. From this standpoint, as no error is observed, the rejection of the argument will proceed.\n\nVII.- Finally, the appellant complains that the Court did not take into account that the defendant, in her answer to the lawsuit, acknowledged that there was an offer from the plaintiff to buy her share of the estate. In relation to this issue, this Chamber notes that, indeed, the defendant made a spontaneous statement about the financial offer that the plaintiff Wilser Solano had made to her for her share of the land. Furthermore, for this Decisional Body it is clear that, if out of the three co-owners of the real estate, two of them sue the remaining one requesting the sale of the thing, it is because evidently they do not want or have not achieved an agreement for one of them to keep the entirety of the estate, paying the others the value of their right, as provided for in article 273 of the Civil Code. In this way, requiring proof of this fact is irrelevant, since with the filing of the lawsuit, it is clear that there is no agreement among the co-owners. In this sense, this Chamber does not share the position of the Court in that it stated: “[…] the plaintiff is not entitled to request the sale of the real estate without first having exhausted the possibility of an agreement between the parties (as there is no record proving that there has been any contact between them for the award of the asset to one of the co-owners) […]”. Now, even though this Chamber does not share that assertion, this dichotomy of criteria is not sufficient to reach a different solution to the one decided, because all the other argumentation that could not be rebutted in this instance persists. In this scenario, as it is useless, the argument will be rejected.\n\nVIII.- As a corollary to the foregoing, the cassation appeal filed by the plaintiff will be declared without merit, and the costs caused by its exercise must be imposed on it.\n\n**POR TANTO**\n\nThe cassation appeal filed by the plaintiff is declared without merit, who must bear the costs generated by its exercise. ERAMIREZCA"
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