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  "id": "nexus-sen-1-0004-1342641",
  "citation": "Res. 01412-2025 Sala Primera de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Rechazo de casación por falta de claridad en alegatos",
  "title_en": "Cassation appeal rejected for lack of clarity in arguments",
  "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce de un recurso de casación interpuesto por la parte demandada en un proceso ordinario civil sobre arrendamiento, en el que también se discutían cuestiones ambientales relacionadas con daño a un área protegida y acumulación de escombros. El recurrente alegó errores en la valoración probatoria, incorrecta calificación jurídica del contrato y falta de fundamentación en la condena por daño ambiental, entre otros. La Sala rechaza de plano el recurso, al considerar que carece de la claridad, orden y precisión exigidos por el Código Procesal Civil, y que no identifica las causales de casación ni las normas infringidas. Una magistrada emite un voto salvado en el que critica el formalismo excesivo y aboga por un examen de fondo. Se condena en costas al recurrente.",
  "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice reviews a cassation appeal filed by the defendant in an ordinary civil proceeding concerning a lease, which also involved environmental issues related to damage to a protected area and debris accumulation. The appellant alleged errors in the evaluation of evidence, incorrect legal characterization of the contract, and lack of support for the environmental damage award, among others. The Chamber dismisses the appeal outright, finding that it lacks the clarity, order, and precision required by the Civil Procedure Code, and fails to identify the grounds for cassation or the norms violated. One Justice dissents, criticizing excessive formalism and advocating for a review on the merits. Costs are imposed on the appellant.",
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  "excerpt_es": "III.- En este caso el recurso de casación se rechazará de plano por su falta de orden, claridad y precisión al expresar los motivos de la casación, así como por la falta de explicación de las razones claras y precisas que ameritan la modificación o nulidad de lo resuelto. Quien recurre, en primer lugar, utiliza una técnica recursiva imprecisa, pues omite señalar las razones en que se fundamenta (procesales y de fondo). En el mismo sentido, de los argumentos expresados en el escrito del recurso, no indica ninguna de las causales de casación. Además, el recurrente omite atacar los fundamentos de la sentencia.",
  "excerpt_en": "III.- In this case, the cassation appeal will be dismissed outright due to its lack of order, clarity, and precision in expressing the grounds for cassation, as well as the failure to explain the clear and precise reasons that warrant the modification or nullity of the decision. The appellant, first, uses an imprecise appellate technique, as they omit to state the reasons on which it is based (procedural and substantive). Similarly, from the arguments expressed in the appeal brief, they do not indicate any of the grounds for cassation. Furthermore, the appellant fails to challenge the foundations of the judgment.",
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    "summary_es": "La Sala Primera rechaza de plano el recurso de casación por falta de claridad, orden y precisión en los motivos, y condena en costas al recurrente."
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      "quote_es": "La motivación del recurso se yergue como un requisito material necesario no solo para la admisibilidad del recurso de casación; sino también, para su valoración por el fondo."
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      "quote_es": "Para que un recurso pase el control de admisión, se precisa, además de la suficiente exposición de motivos, la correspondiente mención y vinculación con la sentencia cuestionada de las normas aplicables que se estimen infringidas."
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      "quote_es": "No comparte la suscrita el rechazo del recurso con base en formalismos excesivos, los cuales al tenor del numeral 3.3 del Código Procesal Civil, en concordancia con los principios de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia..."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 01412 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 30 de Setiembre del 2025 a las 15:08\n\nExpediente: 22-000045-1633-CI\n\nRedactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nClase de asunto: ORDINARIO\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp. 22-000045-1633-CI\n\n \n\nRes: 001412-A-S1-2025\n\n \n\n SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas ocho minutos del treinta de setiembre de dos mil veinticinco.  \n\nEn proceso ordinario presentado por TREVOR WAYNE ALDERSON contra CÉSAR ELIZONDO ROSALES, la parte demandada interpone recurso de casación en contra de la sentencia no. 2024000027 de las 10 horas 50 minutos del 07 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Puntarenas, integrado por las personas juzgadoras Carlos Arce Matarrita, María José Araya García y Xinia González Grajales. Intervienen, como apoderada especial judicial de la parte actora la licenciada Andrea María Rojas Martínez, como apoderado especial judicial del demandado, el licenciado Ronald Rafael Rodríguez Sancho. \n\nCONSIDERANDO\n\nI.- Por cómo se resolverá el recurso interpuesto, se realiza la siguiente síntesis. El recurrente alega que el Tribunal incurre en errónea valoración probatoria, al tener por demostrado como hecho cierto que el contrato de arrendamiento fue suscrito exclusivamente para limpieza, basura y mantenimiento, cuando del contenido del contrato se desprende que dichas actividades fueron parte de las obligaciones del arrendatario, pero no su objeto exclusivo, razón por la cual resulta ilógico que se pactara un canon de arrendamiento únicamente para realizar esas tareas sin contraprestación alguna. Indica, el Tribunal incurre en una incorrecta calificación jurídica al desconocer la existencia del contrato de arrendamiento suscrito desde el año 2013, el cual fue omitido o ignorado por el actor al tramitar inicialmente un proceso de desalojo administrativo por mera tolerancia, declarado sin lugar y luego iniciar acciones judiciales también infructuosas. Apunta, que el último proceso de desalojo consta en autos y que su representado ha seguido consignando los pagos correspondientes. Asimismo, arguye que no es cierto que la notificación del 26 de abril del 2022 respecto a la no renovación del contrato cumpla con los requisitos del artículo 101 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Señala que dicha notificación fue realizada cuando ya se había interpuesto el presente proceso, lo cual invalida su eficacia y genera un vicio procesal, dado que además no se indica a partir de qué fecha corría el plazo de los treinta días para desalojar. Aduce, el Tribunal da por probado un subarriendo sin sustento probatorio suficiente, al basarse únicamente en declaraciones de testigos a quienes califica como complacientes, que no acreditan pagos efectivos conforme al artículo 61 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, cuyas versiones sobre fechas y montos difieren. Señala, tampoco se demostró que el ingreso de terceras personas al inmueble implique un subarriendo, ni que se haya producido ventaja económica alguna para su representado. Indica, que el Tribunal valora en forma errónea los testimonios, omitiendo pruebas en contrario y realizando una aplicación indebida del artículo 41.5 del Código Procesal Civil. Arguye, el Tribunal da por acreditado un daño ambiental sin que existan pruebas técnicas o periciales que así lo respalden, toda vez que el reconocimiento judicial no incluyó la inspección del área protegida denunciada por el actor y que al momento de la inspección, el inmueble ya tenía aproximadamente un año de haber sido tomado en posesión en forma arbitraria por el actor, sin resolución judicial que lo autorizara. Expone, que incluso en sede penal se dictó sobreseimiento definitivo por falta de pruebas, lo cual el Tribunal erróneamente estima irrelevante para efectos de este proceso. Indica que las condiciones del inmueble al momento de la inspección judicial desvirtúan el dicho del testigo Víctor Guerrero, respecto al ingreso reiterado de vagonetas con escombros, ya que no hay evidencia física que lo respalde. Apunta, se da por demostrado un incumplimiento contractual sin sustento fáctico, ya que el supuesto daño al área protegida y la acumulación de escombros se basa en valoraciones subjetivas y no en prueba legalmente admisible. Señala que la cuantificación de daños y perjuicios ordenada por el Tribunal carece de fundamento técnico y que no se probó la existencia del daño, por lo que dicha condena resulta improcedente y vulnera el principio de congruencia procesal. Considera, tampoco se acreditó legalmente el subarriendo ni el pago de supuestos alquileres por terceros, ya que los testigos no ofrecieron comprobantes válidos ni precisaron fechas, lo que impide su aceptación como prueba válida. Arguye que el Tribunal otorga valor probatorio absoluto a los testigos del actor, mientras desestima las manifestaciones de su representado sin justificación. En cuanto a la reconvención, aduce que la sentencia recurrida la rechaza sin fundamentación, lo cual constituye otro motivo de nulidad. Señala finalmente que la vía utilizada es incorrecta, ya que debió tramitarse como sumario conforme a los artículos 103, 103.1 inciso 2 y 104 del Código Procesal Civil, lo que configura una violación al derecho al debido proceso. Apunta que el actor ha promovido diversos procesos anteriores, tanto en vía administrativa como judicial, con el fin de obtener el desalojo, y que en esta causa toma posesión del inmueble en forma unilateral y sin resolución judicial. Indica que dicha posesión arbitraria está acreditada con el acta policial aportada a los autos. Aduce que el Tribunal valora de forma subjetiva e infundada las pruebas, ignora hechos relevantes, desatiende principios legales de valoración y genera una sentencia carente de motivación suficiente. Por todo lo anterior, solicita la anulación total de la sentencia recurrida.\n\nII.- De previo al análisis de admisibilidad del recurso, conviene precisar, el precepto 65.5 del CPC dispone: “Motivación de la impugnación. La impugnación deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, las razones claras y precisas que ameritan la modificación o nulidad de lo resuelto y el ofrecimiento de las pruebas. Se expresarán primero los motivos de orden procesal y posteriormente los de fondo.” En esta misma línea de pensamiento, el ordinal 69.4.2 íbid preceptúa que, en el recurso de casación, deben indicarse las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas. El precepto 69.4.3 ibídem dispone que el recurso deberá señalar la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera ordenada, clara y concisa. Acorde al canon 69.5.4 ibídem se rechazará de plano el recurso de casación cuando no se expresen con claridad y precisión las infracciones acusadas y al 69.5.5 íbid, será rechazado de plano, cuando se omita fundamentarlo jurídicamente. Al amparo de dichas normas, se determina que la motivación del recurso se yergue como un requisito material necesario no solo para la admisibilidad del recurso de casación; sino también, para su valoración por el fondo. Ha de ser ordenada, clara, precisa, concisa y contener la fundamentación jurídica. Esta Cámara ha definido la fundamentación jurídica como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de normas de derecho (procesales, de valor y fondo) entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la sentencia atacada. “En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica.” Al respecto, consúltese, mutatis mutandis, entre muchas otras, la resolución no. 927-A-S1-2018 de las 11 horas 25 minutos del 25 de octubre de 2018. Deben explicarse las razones en las cuales se sustenta la gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento. La fundamentación jurídica es, ha señalado, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos. A la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. Por ello, si el recurso omite esa relación técnico-normativa, o la efectuada resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, carece de fundamentación jurídica. Por tanto, incumple el requisito previsto en la legislación procesal, imponiéndose su rechazo de plano –ordinal 69.5 íbid-. Para que un recurso pase el control de admisión, se precisa, además de la suficiente exposición de motivos, la correspondiente mención y vinculación con la sentencia cuestionada de las normas aplicables que se estimen infringidas, procesales, de valor y fondo (cánones 69.2 párrafo quinto inciso a) y 69.4.2 ibídem). Al respecto, pueden consultarse, mutatis mutandis, entre muchas otras, además de la indicada resolución, las nos. 2268-S1-2019 de las 14 horas 9 minutos del 3 de setiembre de 2019, 1087-A-S1-2020 de las 9 horas 6 minutos del 31 de marzo de 2020, 1158-A-S1-2022 de las 12 horas 19 minutos del 12 de mayo de 2022, 422-A-2023 de las 10 horas 10 minutos del 16 de marzo y 1206-A-S1-2023 de las 13 horas 51 minutos del 20 de julio, ambas del año 2023.\n\nIII.- En este caso el recurso de casación se rechazará de plano por su falta de orden, claridad y precisión al expresar los motivos de la casación, así como por la falta de explicación de las razones claras y precisas que ameritan la modificación o nulidad de lo resuelto. Quien recurre, en primer lugar, utiliza una técnica recursiva imprecisa, pues omite señalar las razones en que se fundamenta (procesales y de fondo). En el mismo sentido, de los argumentos expresados en el escrito del recurso, no indica ninguna de las causales de casación. Además, el recurrente omite atacar los fundamentos de la sentencia. La parte denota no estar de acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal, pero, no logra mostrarle a esta Sala cuáles son las infracciones contenidas en el fallo. Ahora bien, es necesario tomar en consideración que, de conformidad con el principio dispositivo (artículo 2.4 del Código Procesal Civil), así como lo dispuesto en el artículo 65.6 del mismo cuerpo normativo, esta Sala de Casación tiene limitada su competencia funcional al conocimiento de las disconformidades de las partes, indicadas expresamente en el recurso. Eso quiere decir que, cuando un recurso se torna desordenado, impreciso y carente de claridad, obligando a esta cámara a realizar interpretaciones de los alegatos dados, es imposible entrar a su conocimiento, por cuanto se excede en su competencia. Así las cosas, la Sala no podría rebuscar en el pronunciamiento errores de criterio no alegados expresamente y de manera clara, todo en resguardo de los límites de su competencia funcional, el principio dispositivo y de la igualdad procesal (numerales 2.1, 2.4, 7.4 y 65.6 ibidem). Por ende, el recurso deberá rechazarse de plano, de conformidad con los artículos 2.4, 65.5, 65.6, 69.4.3 y 69.5.4 del Código Procesal Civil.\n\nIV.- Voto salvado de la magistrada Rojas Morales. Se respeta pero no se comparte el criterio de mayoría por los siguientes motivos: no comparte la suscrita el rechazo del recurso con base en formalismos excesivos, los cuales al tenor del numeral 3.3 del Código Procesal Civil, en concordancia con los principios de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, visto este de manera integral, a todas las partes intervinientes, con igualdad de armas en pro de ejercer el derecho a la doble instancia, en concordancia con lo que establece el artículo 24.1 del Código Procesal Civil, cuando cita: \"24.1 Informalidad. Los actos procesales no estarán sujetos a formas determinadas, sino cuando la ley expresamente lo exija.\". Debe considerar esta Cámara el poder analizar con mayor detenimiento la disconformidad de quien impugna en resolución de fondo. No estoy de acuerdo con la perspectiva científico-procesal de la que se parte.  Del elenco argumentativo puede determinarse la causal infringida, mismo que es un requisito para la admisión del recurso de casación, así como la legitimación que la parte tiene para presentar la disconformidad, con lo que se daría la posibilidad para el análisis posterior, aún cuando la recurrente no haga alegación sobre el derecho aplicable (iura novit curia).  En general, las modernas reformas procesales impulsadas por el Poder Judicial en los últimos años, incluyendo la procesal civil, tienen como objetivo modernizar el derecho procesal y con ello, la concepción original de la casación surgida luego de la Revolución Francesa, máxime si solo hay una instancia, como ya lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el subjúdice, la Sala ha detectado una evidente falta de motivación en relación con la causal de infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba, por lo que estimo que este órgano colegiado debió ingresar en su análisis y disponer lo correspondiente en derecho, sin que por ello se entienda desbordada su competencia funcional. En cuanto al fondo el juez conoce el derecho y del recurso se desprende la inconformidad del gestionante. Como este es un criterio de minoría, estimo inútil hacer mayores precisiones sobre lo que debió disponer el presente recurso de casación.\n\nV.- Sobre las costas. Las costas corresponden a la repercusión económica que implica para las partes su participación en el proceso. Según lo establecido en el artículo 73.1 del CPC, su pronunciamiento debe realizarse de oficio en toda resolución que ponga fin a la controversia, debiendo imponerse cargo de la parte vencida, salvo aquellos casos en los que concurra uno o más de los supuestos de exención previstos en la ley (numeral 73.2). Por ende, su resolución requiere de un criterio valorativo por parte de la autoridad jurisdiccional. El recurso de casación, es una de esas resoluciones, ya que con esta se decide definitivamente el contradictorio y responde a un juicio de utilidad y necesidad. Además, su sola presentación implica un emplazamiento a la contraparte, lo que impedirá la firmeza de la sentencia recurrida, le sujetará a continuar la discusión del asunto ante una instancia superior, mantendrá abierta la discusión de los puntos en controversia, y de igual forma, le implicará incurrir en gastos adicionales por tener que apersonarse y gestionar ante dicha autoridad. En la especie, se constata que la parte actora se apersonó ante esta Sala, según se desprende del escrito asociado al escritorio virtual en fecha 19/03/2024, donde se refiere sobre la impugnación. De este modo, es que resulta procedente su pronunciamiento y en ese tanto, por no superar la fase de admisibilidad, no se observa motivo alguno que justifique la interposición del recurso, por lo que se condena a la parte casacionista al pago de las costas generadas en esta fase. El monto a cancelar deberá ser liquidado por la parte beneficiada en la etapa procesal correspondiente.\n\nPOR TANTO\n\n Por mayoría, se rechaza de plano el recurso interpuesto. La magistrada Rojas Morales salva el voto para admitirlo. Son las costas a cargo del recurrente. LGARCIAQ\n\n \n\n\t\n\n\n\nOHMT76LUDRG61\nLUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nLZKCRAPCVBC61\nLINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nWD47N7433SMM861\nIRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A\n\n\n\n\n\n\nZPU30Q5PYMO61\nCARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nBAVQOKBB2O061\nDAMARIS MARIA VARGAS VASQUEZ - MAGISTRADO/A\n\n \n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:36:11.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Sala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 01412 - 2025\n\nDate of Resolution: September 30, 2025 at 3:08 PM\n\nExpediente: 22-000045-1633-CI\n\nDrafted by: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nType of Matter: ORDINARY\n\nAnalyzed by: SALA PRIMERA\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- Due to how the filed appeal will be resolved, the following summary is provided. The appellant alleges that the Tribunal erred in its evidentiary assessment by holding it as a proven fact that the lease contract was signed exclusively for cleaning, trash, and maintenance, when from the content of the contract it is evident that these activities were part of the lessee's obligations, but not its exclusive purpose, for which reason it is illogical that a rental payment was agreed upon solely to perform these tasks without any consideration. He indicates that the Tribunal incurred in an incorrect legal classification by disregarding the existence of the lease contract signed in 2013, which was omitted or ignored by the plaintiff when initially processing an administrative eviction proceeding (proceso de desalojo administrativo) for mere tolerance (mera tolerancia), which was declared without merit, and then initiating judicial actions that were also unsuccessful. He notes that the latest eviction proceeding is in the case file and that his represented party has continued depositing the corresponding payments. Likewise, he argues that it is not true that the notification of April 26, 2022, regarding the non-renewal of the contract, meets the requirements of article 101 of the Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. He points out that said notification was made when the present proceeding had already been filed, which invalidates its effectiveness and generates a procedural defect, given that it also does not indicate from which date the thirty-day period to vacate began. He alleges that the Tribunal accepts a sublease (subarriendo) as proven without sufficient evidentiary support, basing itself solely on statements from witnesses whom he qualifies as complacent, which do not prove effective payments pursuant to article 61 of the Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, and whose versions regarding dates and amounts differ. He points out that it was also not demonstrated that third parties entering the property implies a sublease, nor that any economic advantage was produced for his represented party. He indicates that the Tribunal erroneously evaluates the testimonies, omitting evidence to the contrary and making an improper application of article 41.5 of the Código Procesal Civil. He argues that the Tribunal accepts an environmental harm (daño ambiental) as proven without technical or expert evidence to support it, given that the judicial inspection (reconocimiento judicial) did not include an inspection of the protected area reported by the plaintiff and that, at the time of the inspection, the property had already been arbitrarily taken into possession by the plaintiff for approximately one year, without a judicial resolution authorizing it. He states that even in criminal court a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) was ordered for lack of evidence, which the Tribunal erroneously considers irrelevant for the purposes of this proceeding. He indicates that the conditions of the property at the time of the judicial inspection refute the statement of witness Víctor Guerrero regarding the repeated entry of trucks with debris, as there is no physical evidence to support it. He notes that a contractual breach is accepted as proven without a factual basis, since the alleged harm to the protected area and the accumulation of debris is based on subjective assessments and not on legally admissible evidence. He points out that the quantification of damages (daños y perjuicios) ordered by the Tribunal lacks technical foundation and that the existence of harm was not proven, therefore said judgment is improper and violates the principle of procedural consistency (principio de congruencia procesal). He considers that neither the sublease nor the payment of alleged rents by third parties was legally accredited, since the witnesses did not offer valid receipts nor specify dates, which prevents their acceptance as valid evidence. He argues that the Tribunal grants absolute evidentiary value to the plaintiff's witnesses, while dismissing his represented party's statements without justification. Regarding the counterclaim (reconvención), he alleges that the appealed judgment rejects it without reasoning, which constitutes another ground for nullity. He finally points out that the procedural avenue used is incorrect, as it should have been processed as a summary proceeding (sumario) pursuant to articles 103, 103.1 subsection 2, and 104 of the Código Procesal Civil, which constitutes a violation of the right to due process. He notes that the plaintiff has filed various prior proceedings, both in administrative and judicial venues, with the aim of obtaining the eviction, and that in this case he takes possession of the property unilaterally and without a judicial resolution. He indicates that this arbitrary possession is accredited by the police report provided in the case file. He alleges that the Tribunal evaluates the evidence in a subjective and unfounded manner, ignores relevant facts, disregards legal principles of assessment, and generates a judgment lacking sufficient reasoning. For all of the foregoing, he requests the total annulment of the appealed judgment.\n\nII.- Prior to analyzing the admissibility of the appeal, it is pertinent to specify that precept 65.5 of the CPC provides: “Grounds for the challenge. The challenge must contain, under penalty of inadmissibility, the clear and precise reasons that warrant the modification or nullity of the resolution and the offering of evidence. Procedural grounds shall be expressed first, followed by those on the merits.” In this same line of thought, section 69.4.2 of the same code provides that, in the cassation appeal (recurso de casación), the rules of law infringed or erroneously applied must be indicated. Precept 69.4.3 of the same code provides that the appeal must indicate the expression of the specific grounds constituting the basis of the cassation appeal, set forth in an orderly, clear, and concise manner. According to canon 69.5.4 of the same code, the cassation appeal shall be rejected outright when the alleged infractions are not expressed with clarity and precision, and according to 69.5.5 of the same code, it shall be rejected outright when it omits legal reasoning. Under these norms, it is determined that the grounds for the appeal stand as a necessary material requirement not only for the admissibility of the cassation appeal, but also for its evaluation on the merits. It must be orderly, clear, precise, concise, and contain legal reasoning. This Chamber has defined legal reasoning as that technical-legal argumentation in which a series of legal rules (procedural, evidentiary, and substantive) are mentioned, interwoven or concatenated with each other and reasonably linked from a dual perspective: with the arguments of the appeal and with the judgment under attack. “To the extent that a set of legal rules (or, if applicable, a single one) is cited, pertinent and clearly linked to the contested judgment (whether in its factual or legal support) and to the arguments of the appeal, there is legal reasoning.” In this regard, see, mutatis mutandis, among many others, resolution no. 927-A-S1-2018 of 11:25 a.m. on October 25, 2018. The reasons on which the filing is based must be explained, combating the legal arguments of the appealed judgment and setting forth at least some normative reference that supports it. Legal reasoning is, it has been noted, foreign to the confused deployment of rules and allegations; to the mixture of unintelligible arguments or the simple exposition of opinions on the appropriateness or justice of the case; or to the recounting of the perceived failures committed in the appealed judgment, without support in legal rules or criteria. Therefore, if the appeal omits this technical-normative relationship, or the one provided is manifestly and evidently impertinent or disconnected from the case, it lacks legal reasoning. Consequently, it fails to meet the requirement provided for in procedural legislation, making its outright rejection necessary – section 69.5 of the same code. For an appeal to pass the admissibility review, in addition to a sufficient exposition of grounds, the corresponding mention of and connection to the contested judgment of the applicable rules considered infringed—procedural, evidentiary, and substantive—is required (canons 69.2, fifth paragraph, subsection a) and 69.4.2 of the same code). In this regard, see, mutatis mutandis, among many others, besides the indicated resolution, nos. 2268-S1-2019 of 2:09 p.m. on September 3, 2019, 1087-A-S1-2020 of 9:06 a.m. on March 31, 2020, 1158-A-S1-2022 of 12:19 p.m. on May 12, 2022, 422-A-2023 of 10:10 a.m. on March 16, and 1206-A-S1-2023 of 1:51 p.m. on July 20, both from the year 2023.\n\nIII.- In this case, the cassation appeal shall be rejected outright for its lack of order, clarity, and precision in expressing the grounds for the cassation appeal, as well as for the failure to explain the clear and precise reasons that warrant the modification or nullity of the resolution. The appellant, firstly, uses an imprecise appellate technique, as he omits to point out the reasons on which it is based (procedural and on the merits). In the same vein, from the arguments expressed in the appeal brief, he does not indicate any of the grounds for cassation. Furthermore, the appellant omits to attack the grounds of the judgment. The party shows disagreement with the decision made by the Tribunal, but fails to show this Chamber what the infractions contained in the ruling are. Now, it is necessary to take into consideration that, in accordance with the party presentation principle (principio dispositivo) (article 2.4 of the Código Procesal Civil), as well as the provisions of article 65.6 of the same normative body, this Cassation Chamber has its functional competence limited to hearing the disagreements of the parties, expressly indicated in the appeal. This means that when an appeal becomes disorderly, imprecise, and lacking in clarity, forcing this chamber to interpret the allegations given, it is impossible to hear it, as it would exceed its competence. Thus, this Chamber could not search in the ruling for errors of judgment not expressly and clearly alleged, all in protection of the limits of its functional competence, the party presentation principle, and procedural equality (sections 2.1, 2.4, 7.4, and 65.6 ibidem). Therefore, the appeal must be rejected outright, in accordance with articles 2.4, 65.5, 65.6, 69.4.3, and 69.5.4 of the Código Procesal Civil.\n\nIV.- Dissenting vote (Voto salvado) of Magistrate Rojas Morales. The majority criterion is respected but not shared for the following reasons: the undersigned does not share the rejection of the appeal based on excessive formalisms, which, according to the tenor of section 3.3 of the Código Procesal Civil, in accordance with the principles of effective judicial protection and access to justice—viewed integrally for all intervening parties, with equality of arms in favor of exercising the right to a second instance—in accordance with what article 24.1 of the Código Procesal Civil establishes, when it cites: \"24.1 Informality. Procedural acts shall not be subject to specific forms, except when the law expressly requires it.\" This Chamber must consider the power to analyze more thoroughly the disagreement of the person challenging in a decision on the merits. I do not agree with the scientific-procedural perspective from which the majority departs. From the array of arguments, the infringed ground can be determined, which is a requirement for the admission of the cassation appeal, as well as the party's standing to present the disagreement, thereby providing the possibility for subsequent analysis, even if the appellant does not make an allegation regarding the applicable law (iura novit curia). In general, the modern procedural reforms promoted by the Poder Judicial in recent years, including civil procedure, aim to modernize procedural law and, with it, the original conception of cassation arising after the French Revolution, especially if there is only one instance, as the Inter-American Court of Human Rights has already raised. In the subjúdice, the Chamber has detected an evident lack of reasoning in relation to the ground of infringement of legal rules on the assessment of evidence, for which reason I consider that this collegiate body should have proceeded to its analysis and ordered what corresponds in law, without this implying that its functional competence has been overstepped. Regarding the merits, the court knows the law, and the appellant's disagreement is evident from the appeal. As this is a minority criterion, I consider it useless to make further specifications about what should have been ordered for the present cassation appeal.\n\nV.- Regarding costs (costas). Costs correspond to the economic repercussion that participation in the proceeding implies for the parties. According to the provisions of article 73.1 of the CPC, their ruling must be made ex officio in every resolution that ends the dispute, and they must be imposed on the losing party, except in those cases where one or more of the statutorily provided exemption cases are present (section 73.2). Therefore, their resolution requires a value judgment by the jurisdictional authority. The cassation appeal is one of those resolutions, since with it the contradictory proceeding is definitively decided and it responds to a judgment of utility and necessity. Furthermore, its mere filing implies a summons to the counterparty, which will prevent the finality of the appealed judgment, will subject the counterparty to continuing the discussion of the matter before a higher instance, will keep the discussion of the points in dispute open, and likewise, will imply incurring additional expenses for having to appear and process before said authority. In the specific case, it is verified that the plaintiff appeared before this Chamber, as evident from the brief associated with the virtual desktop on 03/19/2024, where the challenge is addressed. In this way, its ruling is appropriate and, to that extent, since the admissibility phase was not passed, no reason justifying the filing of the appeal is observed, therefore the cassation appellant is ordered to pay the costs generated in this phase. The amount to be paid must be liquidated by the benefited party in the corresponding procedural stage.\n\nPOR TANTO\n\nBy majority, the filed appeal is rejected outright. Magistrate Rojas Morales dissents (salva el voto) to admit it. Costs are charged to the appellant. LGARCIAQ"
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