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  "id": "nexus-sen-1-0004-1386342",
  "citation": "Res. 00509-2026 Sala Primera de la Corte",
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  "title_es": "Competencia para derribo de árbol en zona de protección de quebrada",
  "title_en": "Jurisdiction over tree removal in stream protection zone",
  "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia sobre un proceso sumario de derribo de árbol. El Juzgado Agrario se había declarado incompetente porque el árbol se encontraba cerca de una quebrada, lo que, a su juicio, lo ubicaba en un área de protección y, por tanto, en dominio público, correspondiendo el conocimiento a la jurisdicción contenciosa administrativa conforme al artículo 108 de la Ley de Biodiversidad. La parte actora apeló argumentando que se trataba de una controversia entre particulares sin acto administrativo de por medio, y que las zonas de protección no son dominio público. Por mayoría, la Sala confirmó que el asunto compete a la jurisdicción contenciosa administrativa, al considerar que el área de protección forma parte del dominio público estatal según los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. La magistrada Vargas Vásquez salvó el voto, sosteniendo que las zonas de protección siguen siendo propiedad privada y que la competencia debía recaer en la jurisdicción agraria, en especial a la luz de la ampliación de competencias ambientales del nuevo Código Procesal Agrario.",
  "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court resolved a conflict of jurisdiction over a summary tree removal proceeding. The Agrarian Court had declared its lack of material jurisdiction because the tree was located near a stream, thus within a protection area and consequently public domain, assigning competence to the contentious-administrative jurisdiction under Article 108 of the Biodiversity Law. The plaintiff appealed, arguing it was a dispute between private parties with no administrative act involved and that protection zones are not public domain. By majority, the Chamber confirmed that the matter falls under the contentious-administrative jurisdiction, reasoning that the protection area is part of state public domain under Articles 33 and 34 of the Forestry Law. Judge Vargas Vásquez issued a dissenting vote, maintaining that protection zones remain private property and that jurisdiction should lie with the agrarian courts, especially given the expanded environmental competence in the new Agrarian Procedural Code.",
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  "excerpt_es": "III.- En el presente asunto se discute a cuál jurisdicción le corresponde conocer este proceso sumario de derribo de árbol a la agraria o a la contenciosa administrativa. [...] Dicho árbol se encuentra muy cerca de una quebrada que pasa por la finca. En ese sentido, y por estar el árbol que se desea derribar junto a una quebrada, según la Ley Forestal, artículos 33 y 34 señala artículo 33: las franjas de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado, son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público, sobre el cual ejerce tutela el Estado. Al considerarse que el área donde se encuentra el árbol que se solicita derribar eventualmente forma parte de la franja considerara como área de protección, resulta competente para conocer de este asunto, la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ser un proceso sumario de derribo según la Ley Orgánica del Poder Judicial el proceso le corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.",
  "excerpt_en": "III.- This matter discusses which jurisdiction—agrarian or contentious-administrative—should hear this summary tree removal proceeding. [...] The tree is located very close to a stream that runs through the property. Since the tree to be removed is beside a stream, according to Articles 33 and 34 of the Forestry Law, Article 33 states: strips of 15 meters in rural areas and 10 meters in urban areas, measured horizontally on both sides, along the banks of rivers, streams or creeks, if the land is flat, and 50 meters horizontally, if the land is uneven, are protection areas and consequently form part of the public domain, over which the State exercises guardianship. Given that the area where the tree to be removed is located is potentially part of the strip considered a protection area, the Contentious-Administrative Jurisdiction is competent to hear this matter. As this is a summary removal proceeding, under the Organic Law of the Judiciary, the matter corresponds to the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court.",
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    "summary_es": "La Sala Primera, por mayoría, determinó que el proceso sumario de derribo de árbol en zona de protección de quebrada es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa."
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      "quote_es": "las franjas de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado, son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público, sobre el cual ejerce tutela el Estado."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nExp: 25-000136-0298-AG \n\n \n\nRes. 000509-C-S1-2026\n\n \n\n SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas diez minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiséis.-\n\nEn proceso sumario de derribo de árbol establecido por el señor ELOY PORRAS MIRANDA, representado por el licenciado Juan Pablo Carranza Marín, defensor público agrario contra IGNORADO, el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela de oficio, declaró su incompetencia en razón de la materia para conocer de este asunto por considerarlo perteneciente a la jurisdicción contenciosa administrativa. La parte actora en desacuerdo presentó recurso de apelación contra lo resuelto por lo que se remitió el asunto en consulta ante esta Sala. \n\nCONSIDERANDO\n\n \n\n I.- La parte actora es vecino Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, San Rafael, de la entrada de Termales del Bosque sobre carretera principal, 300 metros Sur y 60 metros al Norte. Según se indica en escrito de demanda inicial, en su propiedad se ubica un árbol de Cebo de gran altura que se encuentran en mal estado. Considera que el árbol representa un peligro inminente ya que, en razón de su altura y su mal estado podría caer a la casa del vecino o sobre las personas que transitan cerca de él. Según indica los funcionarios del SINAC llegaron a ver el árbol pero por encontrarse en una zona de protección por estar junto a una quebrada que pasa por el terreno, no le otorgaron el permiso de derribo y le indicaron que tenía que realizar este proceso, razón por la que interpuso proceso sumario de derribo de árbol ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela para que en sentencia se declare: “PRETENSIÓN PRINCIPAL. Con base en los hechos expuestos y las citas de ley invocadas, solicito que en sentencia se declare: 1. Que se declare con lugar el presente proceso. 2. Que se ordene el derribo de un árbol, el cual entiendo es de la especie cebo y que se ubica cerca de los derroteros 20 y 21 del plano A-1779983-2014, el cual describe mi propiedad. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: 1. Solicito se permita podar el árbol a una altura que garantice que los mismos no representen un riesgo para las personas que se ubiquen cerca o bien para cualquier otro bien material que se pueda ver afectado por los mismos, lo anterior de conformidad con las indicaciones que eventualmente se rindan en el informe del MINAE.”. (Según escrito de demanda inicial visible en el expediente digital 06/06/2025). \n\nII.- El Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, mediante resolución número 2025000242 de las diez horas con diecinueve minutos del once de junio del año dos mil veinticinco, declaró de oficio su incompetencia en razón de la materia para conocer de este asunto por considerarlo perteneciente a la jurisdicción contenciosa administrativa, en lo conducente indicó: “Revisado el presente asunto,se aprecia que en el hecho tercero de la demanda se indica que el árbol de especie cebo cuyo derribo se pretende parece que se encuentra dentro de un área de protección de una quebrada o yurro sin nombre. Asimismo, se indica que ya las personas del SINAC hicieron una inspección del árbol y le indicaron al actor que para poder a cortarlo debía interponer este proceso. En ese sentido, es importante hacer ver que cuando el SINAC no otorga el permiso de corta de un árbol en terreno propio, es porque se encuentra dentro de un área de protección, razón por la cual se les remite a la vía judicial. En razón de ello, se infiere que el conocimiento de este asunto debe ser regulado por el derecho contencioso administrativo y civil de hacienda, a tenor de los artículos 11 inciso 3) y 108 de la Ley de Biodiversidad, siendo que este último establece: \"Competencia jurisdiccional. En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria\". Como se aprecia, cuando la controversia en materia de biodiversidad esté relacionada con un bien del dominio público, debe ser conocida por la jurisdicción contencioso-administrativa. En ese sentido, la jurisprudencia emanada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que las áreas de protección de los ríos, quebradas, arroyos o cualquier otra fuente de agua forman parte del dominio público… Por su parte, el artículo 25 del Código Procesal Agrario dispone que podrá declararse la incompetencia por razón de la materia, de oficio, antes de convocarse a la audiencia de prueba. En consecuencia, este Tribunal de Justicia se declara incompetente para conocer el asunto y ordena su envío al JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, para que continúe con su conocimiento y trámite hasta su terminación.”. La parte actora en desacuerdo con la resolución anterior presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en el que en lo conducente alegó: “Quién suscribe, Lic. Juan Pablo Carranza Marín, Defensor Público Agrario nombrado en sustitución temporal de la Licda. Kembly Mora Salas, y en representación de la parte actora de este proceso, me apersono ante esta autoridad a interponer formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio, lo anterior en contra de la resolución número 2025000242 de las diez horas con diecinueve minutos del once de junio del año dos mil veinticinco, y que declara la incompetencia de este juzgado para conocer de este proceso sumario de derribo, lo anterior de conformidad con los siguientes motivos: • En la resolución recurrida se determina que el juzgado de instancia no es competente para conocer del derribo planteado en la presente demanda, lo anterior es fundamentado en el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, el cual expresamente indica: “Competencia jurisdiccional: En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria.” (lo resaltado no forma parte del texto original) En adición al artículo citado, la resolución recurrida indica: “...cuando la controversia en materia de biodiversidad esté relacionada con un bien del dominio público, debe ser conocida por la jurisdicción contenciosa administrativa.” • Los argumentos expuestos, así como la cita normativa que se realiza y resalta en el punto anterior, permiten determinar que la resolución recurrida es contraria a derecho. Para empezar, el propio artículo 108 que cita el juzgador establece como una de las excepciones “las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público…” Casos en los cuales, según el mismo artículo, la jurisdicción competente será la agraria. El caso que nos ocupa se enmarca dentro de ese supuesto, ya que el sumario de derribo planteado es a todas luces una controversia entre particulares donde no media o se discute de manera alguna lo relativo a algún acto administrativo, con la excepción de que para el caso que nos ocupa el derribo se interpone contra ignorado, por estar el árbol en el terreno del propio actor. • También se genera un error al valorar que la zona de protección de las quebradas es un terreno de dominio público. Dichas áreas de terreno son propiedad privada y son terrenos sobre los cuales existe una limitación al ejercicio del derecho de propiedad que se deriva del artículo 34 de la Ley Forestal, sin embargo, nada de esto implica que estos sean terrenos de dominio público, por lo cual existe un claro error de valoración sobre ese extremo. Lo anterior no se ve subsanado por la cita que se realiza del voto de la Sala Primera, esto porque dichas resoluciones no son vinculantes y dado que tampoco se expone un criterio jurisprudencial consistente, si no que únicamente se hace referencia a un voto de la Sala Primera, lo cual no demuestra que ese sea un criterio sostenido por ese órgano de casación. • La decisión tomada genera un riesgo inminente para la parte actora de este proceso, la cual esta representada por esta unidad de la Defensa Pública, lo anterior en virtud de que las peticiones de derribo son procesos que se deben tramitar con prioridad, ya que de no hacerlo se ponen en riesgo bienes materiales e incluso la vida e integridad física de las partes del proceso. Por lo cual se solicita a este despacho valorar dicha situación previo a emitir pronunciamiento sobre este recurso, dado que no hacerlo este proceso incurriría en un atraso que sería achacable a la administración de justicia y que se deriva de una resolución que carece de sustento técnico jurídico. PETITORIA. •De conformidad con los motivos expuestos, solicito a este despacho que se revoque la resolución número 2025000242 de las diez horas con diecinueve minutos del once de junio del año dos mil veinticinco, y que en su lugar se continúe con el trámite de este proceso en este despacho, por lo cual solicite que se le de curso al proceso y se señale para la respectiva audiencia de reconocimiento judicial. •De rechazarse la revocatoria planteada, solicito a este despacho que se admita el recurso de apelación por los mismos motivos que ya fueron expuestos, para lo cual solicito que de forma inmediata y sin mayor dilación se remita este expediente al Tribunal Agrario a efecto de que resuelva el recurso, lo anterior en virtud de que el asunto de marras corresponde a un sumario de derribo, donde existe un riesgo inminente de que la parte actora sufra un menoscabo en su patrimonio o bien en su integridad física, por lo cual debe procurarse la disminución del riesgo.”. Mediante resolución de las quince horas con veintidós minutos del veinticinco de junio del año dos mil veinticinco el mismo Juzgado Agrario rechazó el recurso de revocatoria planteado y formuló conflicto de competencia en el que señaló: “(…) SE RESUELVE: El recurrente presenta conjuntamente Recurso de Revocatoria y Apelación contra la resolución de las 10:19 horas del 11 de junio de 2025 (Incompetencia 2025000242) y habiéndose justificado la presentación de los recursos antes mencionados, se tienen presentados en tiempo. Expuesto lo anterior, se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por encontrarse la resolución recurrida ajustada a derecho y al mérito de los autos. En cuanto al Recurso de Apelación interpuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.1 y 26 del Código Procesal Agrario y artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que opera es un conflicto de competencia al ser entre órganos de distintas materias, en consecuencia; se admite este recurso como una inconformidad y se remite a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para su debida resolución.”. Por lo anterior, el quince de julio de dos mil veinticinco, ingresó el asunto en consulta ante esta Sala. \n\nIII.- En el presente asunto se discute a cuál jurisdicción le corresponde conocer este proceso sumario de derribo de árbol a la agraria o a la contenciosa administrativa. Para definir la competencia material de este proceso debe aplicarse lo dispuesto por el Código Procesal Agrario en sus artículos 1 y 2 que aplica a los procesos iniciados a partir de su entrada en vigor (28/02/2025), conforme lo señalan los transitorios de este último, situación que si se da en este caso que inicio el quince de julio de dos mil veinticinco. Al respecto el ordinal 1 del Código Procesal Agrario señala: “ARTÍCULO 1- Jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria tiene por objeto tutelar las situaciones y las relaciones jurídicas que se susciten con respecto al desarrollo de las actividades de producción agraria de animales, vegetales u otros organismos. Además, de las actividades de transformación, industrialización, valorización y comercialización de productos agrarios, su trazabilidad, así como las auxiliares a estas, referidas a actos y contratos propios del ejercicio de la actividad agraria y el desarrollo rural.”. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el ordinal 2 del mismo Código, corresponde a los tribunales agrarios conocer: \"1) Derechos reales y personales sobre bienes agrarios, destinados o aptos para el desarrollo de actividades y servicios agrarios, así como los vinculados a su tutela y aprovechamiento...\". En este caso la parte actora pretende que se le otorgue el permiso requerido para cortar un árbol de gran tamaño que hay dentro de su propiedad el cual considera peligroso por estar en mal estado. Dicho árbol se encuentra muy cerca de una quebrada que pasa por la finca. En ese sentido, y por estar el árbol que se desea derribar junto a una quebrada, según la Ley Forestal, artículos 33 y 34 señala artículo 33: las franjas de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado, son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público, sobre el cual ejerce tutela el Estado. Al considerarse que el área donde se encuentra el árbol que se solicita derribar eventualmente forma parte de la franja considerara como área de protección, resulta competente para conocer de este asunto, la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ser un proceso sumario de derribo según la Ley Orgánica del Poder Judicial el proceso le corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.\n\nIV. Voto salvado de la magistrada Vargas Vásquez: Respeto, pero no comparto el voto de mayoría al estimar que este proceso es competencia de la Jurisdicción Agraria. Lo anterior porque las zonas de protección de los ríos tienen un régimen legal diferente, según se desprende del artículo 33 de la Ley Forestal, el cual declara como tales: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal, b) una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado, c) una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados, y, d) las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. Son áreas que deben respetarse por parte de los particulares cuando estén dentro de sus fincas, manteniéndose siempre en propiedad privada, o sean colindantes con éstas. Reitero, no debe asimilarse el régimen de bienes de dominio público y las áreas protegidas (artículos 13 y 14 de la Ley Forestal) con las zonas de protección de los ríos. Conforme al criterio de mayoría, todos los procesos judiciales en los que estén involucradas ficas propiedad privada atravesadas por ríos o colindantes con éstos, serían competencia de la jurisdicción contenciosa, lo cual no es posible, pues contraría la normativa indicada. Es importante considerar que el Código Procesal Agrario amplía considerablemente la competencia ambiental, más allá del propio artículo 108, a tal punto que inclusive, se reguló, por primera vez en este país, una normativa procesal ambiental concentrada en el proceso ambiental preferente. Por ende, de conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política, 108 de la Ley de Biodiversidad, 1 y 2 incisos 2, 4 y 5 del Código Procesal Agrario, 13, 14 y 33 de la Ley Forestal, este proceso es competencia de la jurisdicción agraria. \n\nPOR TANTO\n\nPor mayoría, se declara que el conocimiento de este asunto corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Salva el voto la magistrada Vargas Vásquez.- jorozcof\n\n \n\n\nXK0W3WCZJEE61\nLUIS GUILLERMO RIVAS LOÁICIGA - MAGISTRADO/A\n\n \n\n\n61HIPGFYRNI61\nLINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO - MAGISTRADO/A\n\n \n\n\nSF6G74VP9NM61\nIRIS ROCÍO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A\n\n\nJSJFL43TVFSA61\nCARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A\n\n \n\n\n9SJS4AOTO9E61\nDAMARIS MARÍA VARGAS VÁSQUEZ - MAGISTRADO/A\n\n \n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr",
  "body_en_text": "Review of the Document\n\nExp: 25-000136-0298-AG\n\nRes. 000509-C-S1-2026\n\nFIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours ten minutes on the sixteenth of April of two thousand twenty-six.-\n\nIn summary proceedings for tree felling established by Mr. ELOY PORRAS MIRANDA, represented by attorney Juan Pablo Carranza Marín, public agrarian defender against UNKNOWN, the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, on its own motion, declared its lack of subject-matter jurisdiction to hear this matter, considering it to belong to the administrative litigation jurisdiction. The plaintiff, in disagreement, filed an appeal against the decision, and therefore the matter was referred in consultation to this Chamber.\n\nCONSIDERING\n\nI.- The plaintiff is a resident of Alajuela, San Carlos, Ciudad Quesada, San Rafael, from the entrance of Termales del Bosque on the main road, 300 meters South and 60 meters North. As indicated in the initial complaint, on his property there is a very tall Cebo tree in poor condition. He considers that the tree represents an imminent danger since, due to its height and poor condition, it could fall onto the neighbor's house or onto people transiting near it. He indicates that SINAC officials came to see the tree, but because it is located in a protection zone (zona de protección) due to being next to a creek (quebrada) that runs through the land, they did not grant him the felling permit and told him he had to carry out this process, which is why he filed summary proceedings for tree felling before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela so that the judgment declares: “MAIN CLAIM. Based on the facts set forth and the legal citations invoked, I request that the judgment declare: 1. That this process be granted. 2. That the felling of a tree be ordered, which I understand is of the cebo species and is located near bearings 20 and 21 of map A-1779983-2014, which describes my property. SUBSIDIARY CLAIM: 1. I request that the tree be allowed to be pruned to a height that guarantees that it does not represent a risk to persons who may be nearby or to any other material property that could be affected by it, in accordance with the indications that may eventually be provided in the report by MINAE.” (According to the initial complaint visible in digital case file 06/06/2025).\n\nII.- The Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, through resolution number 2025000242 of ten hours nineteen minutes on the eleventh of June of two thousand twenty-five, declared on its own motion its lack of subject-matter jurisdiction to hear this matter, considering it to belong to the administrative litigation jurisdiction, stating as relevant: “Having reviewed this matter, it is observed that in the third fact of the complaint it is indicated that the cebo species tree whose felling is sought appears to be within a protection area (área de protección) of an unnamed creek or stream (yurro). Likewise, it is indicated that SINAC personnel already made an inspection of the tree and told the plaintiff that in order to cut it down, he had to file this process. In this sense, it is important to note that when SINAC does not grant a permit to cut a tree on one's own land, it is because it is located within a protection area (área de protección), which is why they are referred to the judicial route. For this reason, it is inferred that the knowledge of this matter must be regulated by administrative litigation and public treasury law, pursuant to articles 11(3) and 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), with the latter establishing: \"Jurisdictional competence. In matters of biodiversity and as long as there is no environmental jurisdiction, all disputes shall be the exclusive competence of the administrative litigation jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes arising between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.\" As can be seen, when a controversy regarding biodiversity is related to a public domain asset, it must be heard by the administrative litigation jurisdiction. In that sense, the jurisprudence emanating from the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated that the protection areas (áreas de protección) of rivers, creeks (quebradas), streams, or any other water source form part of the public domain... For its part, Article 25 of the Agrarian Procedural Code provides that lack of subject-matter jurisdiction may be declared on its own motion, before the evidentiary hearing is convened. Consequently, this Court of Justice declares itself incompetent to hear the matter and orders its referral to the ADMINISTRATIVE LITIGATION AND PUBLIC TREASURY COURT OF THE II JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, so that it may continue with its knowledge and processing until its conclusion.” The plaintiff, in disagreement with the previous resolution, filed a motion for revocation with subsidiary appeal in which he alleged as relevant: “The undersigned, Lic. Juan Pablo Carranza Marín, Public Agrarian Defender appointed as temporary substitute for Licda. Kembly Mora Salas, and representing the plaintiff in this proceeding, appear before this authority to formally file a motion for revocation with subsidiary appeal, against resolution number 2025000242 of ten hours nineteen minutes on the eleventh of June of two thousand twenty-five, which declares the lack of competence of this court to hear this summary tree-felling process, in accordance with the following grounds: • The appealed resolution determines that the trial court is not competent to hear the felling proposed in this complaint, this is based on Article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which expressly states: “Jurisdictional competence: In matters of biodiversity and as long as there is no environmental jurisdiction, all disputes shall be the exclusive competence of the administrative litigation jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be tried by the criminal jurisdiction; likewise, disputes arising between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction.” (the highlighted text is not part of the original text) In addition to the cited article, the appealed resolution states: “...when the controversy regarding biodiversity is related to a public domain asset, it must be heard by the administrative litigation jurisdiction.” • The arguments set forth, as well as the normative citation made and highlighted in the previous point, allow determining that the appealed resolution is contrary to law. To begin with, Article 108 itself, cited by the judge, establishes as one of the exceptions “disputes arising between private parties, where no administrative act or public domain is involved…” Cases in which, according to the same article, the competent jurisdiction shall be the agrarian one. The case at hand falls within that scenario, since the summary felling proceeding filed is clearly a dispute between private parties where no administrative act is involved or discussed in any way, with the exception that in this case the felling is filed against an unknown party, because the tree is on the plaintiff's own land. • An error is also generated by assessing that the protection zone (zona de protección) of creeks (quebradas) is public domain land. These land areas are private property and are lands on which there is a limitation on the exercise of property rights derived from Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal), however, none of this implies that these are public domain lands, so there is a clear assessment error on that point. The foregoing is not remedied by the citation made from the vote of the First Chamber, because these resolutions are not binding and since a consistent jurisprudential criterion is not set forth either, but rather only a reference is made to a vote of the First Chamber, which does not demonstrate that this is a criterion sustained by that cassation body. • The decision made generates an imminent risk for the plaintiff in this proceeding, who is represented by this Public Defense unit, by virtue of the fact that felling petitions are processes that must be processed with priority, since failure to do so puts material assets and even the life and physical integrity of the parties at risk. Therefore, this office is requested to assess this situation before issuing a ruling on this appeal, since failing to do so would cause a delay in this process attributable to the administration of justice and deriving from a resolution lacking legal technical support. PRAYER FOR RELIEF. •In accordance with the grounds set forth, I request this office to revoke resolution number 2025000242 of ten hours nineteen minutes on the eleventh of June of two thousand twenty-five, and that instead the processing of this process continues in this office, therefore request that the process be given course and scheduled for the respective judicial inspection hearing. •If the motion for revocation is rejected, I request this office to admit the appeal on the same grounds already set forth, for which purpose I request that this case file be immediately and without further delay referred to the Agrarian Tribunal so that it may resolve the appeal, by virtue of the fact that the matter at hand corresponds to a summary felling proceeding, where there is an imminent risk that the plaintiff may suffer damage to his property or his physical integrity, so the reduction of the risk must be sought.” By resolution of fifteen hours twenty-two minutes on the twenty-fifth of June of two thousand twenty-five, the same Agrarian Court rejected the motion for revocation filed and formulated a conflict of competence in which it stated: “(…) IT IS RESOLVED: The appellant jointly files a Motion for Revocation and Appeal against the resolution of 10:19 hours on June 11, 2025 (Lack of Competence 2025000242) and having justified the presentation of the aforementioned appeals, they are considered timely filed. Having stated the above, the motion for revocation filed is rejected because the appealed resolution is found to be in accordance with law and the merits of the case file. Regarding the Appeal filed and in accordance with the provisions of articles 12.1 and 26 of the Agrarian Procedural Code and article 102 of the Organic Law of the Judicial Branch, what applies is a conflict of competence as it is between bodies of different matters, consequently; this appeal is admitted as a disagreement and is referred to the First Chamber of the Supreme Court of Justice for its due resolution.” Therefore, on the fifteenth of July of two thousand twenty-five, the matter entered in consultation before this Chamber.\n\nIII.- In the present matter, it is disputed which jurisdiction, the agrarian or the administrative litigation, is responsible for hearing this summary tree felling process. To define the material competence of this process, the provisions of the Agrarian Procedural Code in its articles 1 and 2 must be applied, which applies to processes initiated as of its entry into force (02/28/2025), as indicated by the transitional provisions of the latter, a situation that does occur in this case which began on the fifteenth of July of two thousand twenty-five. In this regard, section 1 of the Agrarian Procedural Code states: “ARTICLE 1- Agrarian jurisdiction. The agrarian jurisdiction has the purpose of protecting situations and legal relationships that arise regarding the development of agricultural production activities of animals, plants, or other organisms. Also, the activities of transformation, industrialization, valorization, and commercialization of agricultural products, their traceability, as well as auxiliary activities to these, referring to acts and contracts inherent to the exercise of agricultural activity and rural development.” Likewise, in accordance with the provisions of section 2 of the same Code, the agrarian courts are responsible for hearing: \"1) Real and personal rights over agrarian assets, destined or suitable for the development of agricultural activities and services, as well as those linked to their protection and use...\". In this case, the plaintiff seeks to be granted the required permit to cut a very large tree located within his property, which he considers dangerous due to its poor condition. Said tree is very close to a creek (quebrada) that runs through the farm. In that sense, and because the tree desired to be felled is alongside a creek (quebrada), according to the Forestry Law (Ley Forestal), articles 33 and 34, article 33 states: the strips of 15 meters in rural areas and 10 meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, creeks (quebradas), or streams, if the terrain is flat, and of 50 horizontal meters, if the terrain is broken, are protection areas (áreas de protección) and consequently form part of the public domain, over which the State exercises guardianship. Considering that the area where the tree requested for felling is located eventually forms part of the strip considered a protection area (área de protección), the Administrative Litigation Jurisdiction is competent to hear this matter. As it is a summary felling process according to the Organic Law of the Judicial Branch, the process corresponds to the Administrative Litigation and Public Treasury Court.\n\nIV. Dissenting vote of Magistrate Vargas Vásquez: I respect, but do not share the majority vote as I consider that this process is the competence of the Agrarian Jurisdiction. The foregoing because the protection zones (zonas de protección) of rivers have a different legal regime, as follows from Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), which declares as such: a) The areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally, b) a strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, creeks (quebradas), or streams, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters, if the terrain is broken, c) a zone of fifty meters measured horizontally on the banks of lakes and natural reservoirs and on lakes or artificial reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted, and, d) the recharge areas and aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulations of this law. They are areas that must be respected by private parties when within their farms, always remaining private property, or are adjacent to them. I reiterate, the regime of public domain assets and protected areas (articles 13 and 14 of the Forestry Law) should not be assimilated with the protection zones (zonas de protección) of rivers. According to the majority criterion, all judicial processes involving privately owned farms crossed by rivers or adjacent to them would be the competence of the administrative litigation jurisdiction, which is not possible, as it contradicts the indicated regulations. It is important to consider that the Agrarian Procedural Code considerably expands environmental competence, beyond Article 108 itself, to such an extent that, for the first time in this country, concentrated environmental procedural regulations were established in the preferential environmental process. Therefore, in accordance with articles 50 of the Political Constitution, 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), 1 and 2 subsections 2, 4 and 5 of the Agrarian Procedural Code, 13, 14 and 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), this process is the competence of the agrarian jurisdiction.\n\nTHEREFORE\n\nBy majority, it is declared that the knowledge of this matter corresponds to the Administrative Litigation and Public Treasury Court. Magistrate Vargas Vásquez dissents.- jorozcof"
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