{ "id": "nexus-sen-1-0004-1423207", "citation": "Res. 01337-2026 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Rechazo de casación sobre cierre sanitario", "title_en": "Cassation Rejected on Sanitary Landfill Closure", "summary_es": "La Sala Primera rechazó el recurso de casación de WPP Continental contra la sentencia que desestimó su demanda de nulidad e indemnización relacionada con la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019 y la resolución que la confirmó. La orden exigía continuar las obras de cierre técnico en el sector municipal del relleno sanitario Los Pinos y prevenir contaminación, después de que informes del Ministerio de Salud señalaran lixiviados estancados, residuos expuestos y riesgos para la salud pública. La Sala concluyó que el primer agravio no citó las normas sustantivas supuestamente vulneradas y que la satisfacción extraprocesal alegada no fue planteada ni discutida durante el proceso. También determinó que los demás agravios no combatieron adecuadamente los fundamentos del Tribunal sobre la motivación, competencia y finalidad sanitaria de la orden, ni demostraron que se hubiera vulnerado la normativa sobre discrecionalidad y rellenos sanitarios. Las costas del recurso quedaron a cargo de WPP.", "summary_en": "The First Chamber rejected WPP Continental’s cassation appeal against the judgment dismissing its claim to annul and obtain compensation over health order CE-ARSC-OS-0138-2019 and the resolution that upheld it. The order required completion of technical closure works in the municipal section of Los Pinos landfill and measures to prevent contamination, after Ministry of Health reports described pooled leachate, exposed waste, and risks to public health. The Chamber held that the first ground failed to identify the substantive rules allegedly infringed, and that the asserted extraprocedural satisfaction had not been raised or debated during the proceedings. It also found that the remaining grounds did not adequately challenge the lower court’s reasoning on the order’s grounds, the health director’s authority, and its public-health purpose, or show a breach of the rules on administrative discretion and sanitary landfills. WPP was ordered to bear the costs of the appeal.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "03/09/2026", "year": "2026", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "orden sanitaria", "cierre técnico", "relleno sanitario", "recurso de casación", "técnica casacional", "discrecionalidad administrativa", "lixiviados", "falta de derecho" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "relleno sanitario Los Pinos", "orden sanitaria", "cierre técnico", "lixiviados", "residuos sólidos", "salud pública", "protección ambiental", "recurso de casación", "técnica casacional", "discrecionalidad administrativa" ], "keywords_en": [ "Los Pinos sanitary landfill", "health order", "technical closure", "leachate", "solid waste", "public health", "environmental protection", "cassation appeal", "cassation requirements", "administrative discretion" ], "excerpt_es": "En consecuencia, el recurso debe bastarse así mismo. Esto conlleva que el objetante deba puntualizar y precisar en qué consiste su reclamo; pues no le corresponde a este órgano colegiado llevar a cabo una labor interpretativa a fin de desentrañar el reparo y establecer que fue lo que quiso decir el inconforme.\n\nPor las razones señaladas, el recurso deberá rechazarse. En aplicación del inciso 3) del precepto 150 del CPCA, las costas del recurso corren por cuenta de su promovente.", "excerpt_en": "Accordingly, the appeal must be self-sufficient. This means that the appellant must specify and clarify the nature of the complaint; it is not for this collegiate body to interpret the challenge in order to uncover its meaning and determine what the dissatisfied party intended to say.\n\nFor the reasons stated, the appeal must be rejected. 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San José, a las nueve horas cinco minutos del tres de setiembre de dos mil veintiseis . \n\nProceso de conocimiento, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número 3-101-155289, representada por Ileana María González Paniagua, portadora de la cédula 1-0490-0011, con el patrocinio letrado del licenciado Julio Fonseca Pion, carné de colegiado número 13814; contra el ESTADO representado por la procuradora María del Rosario León Yannarella, cédula de identidad número 1-0851-0444; y ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER, cédula de identidad número 1-0986-0993, con el patrocinio letrado de la licenciada Andrea Blanco Alfaro, carné profesional número 22410.\n\nRedacta el magistrado Rivas Loáiciga\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- El Tribunal integrado por las personas juzgadoras: Francisco Chaves Torres, Alinne Solano Ramírez y Evelyn Solano Ulloa tuvieron por probados los hechos que se detallan a continuación. El 23 de enero de 2002, la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP Continental de Costa Rica Sociedad Anónima (en lo sucesivo WPP) suscribieron el contrato denominado “Disposición y Tratamiento Final de Los Desechos Solidos del Cantón Central de Cartago”, producto de la licitación por registro no. 001-2001. En dicho convenio se dispuso lo siguiente: “...A) Vertedero de Navarro del Socorro: Es el vertedero de basura propiedad de la Municipalidad del Cantón Central de Cartago, localizado en Navarro del Socorro y el cual, al momento de la firma del presente contrato, se encuentra en pleno funcionamiento, brindando el servicio de disposición y tratamiento final de los desechos sólidos ordinarios de ese cantón, mediante el proceso técnico denominado “OPERACIÓN MEJORADA”, la cual la empresa adjudicataria deberá continuar en forma transitoria hasta que entre en funcionamiento el relleno sanitario propiedad de esa última de conformidad con lo que se estipulará en la cláusula tercera de este contrato. B) Relleno Sanitario Mecanizado Regional los Pinos: Es el relleno sanitario propiedad de la empresa adjudicataria, que esta última construirá para desarrollar la actividad a la que se refiere el objeto del presente contrato, sobre un terreno que posee contiguo al Vertedero de Navarro del Socorro y cuyo inicio se estipulará en la cláusula cuarta. C) Cierre Técnico: Es el cierre técnico del vertedero de Navarro del Socorro, el cual se verificará de conformidad con lo que estipula en la cláusula tercera del presente contrato (...) TERCERO: ETAPAS: El presente contrato se verificará en 3 etapas distintas: a) Una etapa inicial de operación mejorada la cual se desarrolla en el actual vertedero mejorado conocido como Relleno de Navarro del Socorro; b) Cierre Técnico del Vertedero de Navarro del Socorro; c) Relleno Sanitario Mecanizado Regional de los Pinos. (...) CUARTO: INICIO DE LAS ETAPAS: El inicio para la prestación de los servicios contratados en este instrumento será: DE INMEDIATO. El inicio de la primera etapa será dentro de los primeros tres días hábiles siguientes a la fecha en que este documento sea refrendado por la Contraloría General de la República. La segunda etapa se llevará a cabo en operaciones programadas en forma paralela a la operación diaria del Relleno Sanitario Mecanizado Regional los Pinos. La tercera etapa de inicio al día natural siguiente en que WPP obtenga el permiso de funcionamiento y operación del relleno sanitario, siempre y cuando, dicho permiso se verifique dentro de un año, contado a partir de la firma de este contrato. en caso de que la empresa por causas justificadas, no haya obtenido dentro de ese último plazo, el permiso correspondiente para el Relleno Sanitario y Mecanizado Regional los Pinos, la Municipalidad podrá prorrogarlo por única vez por un período máximo de tres meses...”. El 12 de junio de 2013, la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP, firmaron el contrato adicional no. 000031, en el cual se indica: “...PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a prestar los servicios para el Tratamiento de disposición final de los desechos sólidos del Cantón Central de Cartago y su respectivo cierre técnico del área impactada, según lo contemplado en la cláusula tercera inciso B) del contrato original. Todo de conformidad con los términos del cartel, de las características y especificaciones técnicas descritas en el Pliego de Condiciones de la Licitación por Registro N°01-2001 y el contrato original precedente (...) SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato adicional es de hasta por (5) cinco años, a partir de la fecha de adjudicación de la presente contratación, por parte del Concejo Municipal y fecha de inicio de la misma (...) CUARTA: PRECIO: Se acuerda establecer el precio del servicio de disposición y tratamiento final de los desechos sólidos ordinarios que la Municipalidad pagará a la Empresa en 8.348,00 (ocho mil trescientos cuarenta y ocho colones exactos, por tonelada métrica tratada. según los reajustes de precios aprobados a la fecha de suscripción del presente contrato adicional (...) OCTAVA: PLANOS Y DISEÑOS: Forma parte integral del presente contrato adicional el diseño, planos y demás detalles técnicos que WPP se obligó a efectuar mediante la respectiva oferta y sus anexos. En el caso de que WPP solicité cambios en el diseño técnico y en los planos constructivos por motivos técnicos justificados, estos podrán producirse por autorización expresa del Ente Competente, la cual se tramitará mediante un addendum al presente contrato. Lo anterior de conformidad con lo contemplado en la cláusula novena del contrato original (...) NOVENA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: (...) c) En caso de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor, WPP dispondrá como alternativa inmediata y de carácter estrictamente temporal otros rellenos operados por la empresa y que le permita enfrentar a la municipalidad la contingencia de un cierre temporal del lugar destinado para la recepción y tratamiento de los desechos sólidos, sea por aspectos relacionados con catástrofes naturales, mejoramiento, cierre temporal o cualquier otra eventualidad que se pueda presentar que inhabilite el sitio ofrecido. Ante tal eventualidad, WPP cumplirá con la autorización del Ministerio de Salud para el funcionamiento de los sitios indicados, así como también lo estipulado en la Legislación Nacional (...) e) WPP se compromete a respetar la normativa legal ambiental y que los rellenos sanitarios cuenten con todos los permisos autorizados por el Ministerio de Salud y los requisitos señalados por el reglamento sobre rellenos sanitarios, publicado en la Gaceta número 206 del viernes 23 de octubre de 1998 y\n\ndemás leyes conexas (...) h) WPP, se compromete a respetar el reglamento sobre vertido y reuso de aguas residuales de acuerdo con la normativa vigente. (...) l) WPP será la responsable ante el Ministerio de Salud y demás entes nacionales, durante el periodo que dure la operación del sitio y de las obras que se realicen dentro de los límites de su explotación...”. El 29 de enero de 2019, mediante oficio no. CE-ARS-R-0096-2019, el Proceso de Regulación de la Salud rindió un informe detallado a la directora del Área Rectora de Cartago, Dra. Andrea Morales Fiesler, con las siguientes conclusiones y recomendaciones: “...CONCLUSIONES: Se cumplió con las órdenes Sanitarias N°CE-ARSC-OS-0160-2018 y N°CE-ARSC-OS-0235-2018 al presentar los planes de mejora por el Ministerio de Salud. Se constató que se realizaron las mejoras indicadas en los planes remediales y se corrigieron las no conformidades descritas en los informes N°CE-URS-0430-2018 y N°CE-ARSC-R-0629-2018, cumpliendo con lo solicitado por el Ministerio de Salud. La problemática contractual y de índole legal que existe entre la empresa WPP y la Municipalidad de Cartago, ha ocasionado que en sectores del relleno sanitario no se esté brindando mantenimiento ni se estén realizando obras de cierre técnico, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno y exposición de residuos, lo cual representa un riesgo para la salud pública. RECOMENDACIONES. La empresa WPP debe continuar con las obras faltantes de cierre técnico y conformación de taludes en todo el proyecto de relleno sanitario, ajustándose a lo establecido en los últimos planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Elevar el caso al Nivel Regional para solicitar asesoría legal y técnica sobre el proceder de esta Área Rectora de Salud, en relación con la problemática sanitaria generada por falta de mantenimiento y obras de cierre en el terreno municipal que forma parte del relleno sanitario Los Pinos. Solicitar a la empresa WPP una actualización de la vida útil del Relleno Sanitario Los Pinos, en la que se señale si existen cambios en espacio volumétrico y su justificación. Notificar Orden Sanitaria a la empresa WPP en la que solicite: Presentar el plan de control de calidad del agua potable en el que se amplíe la información aportada en el reporte de laboratorio e indicar claramente el sitio de captación del agua, el ente operador, la frecuencia de muestreo, puntos de muestreo, acciones de desinfección y un croquis del sistema que abastece el relleno. Dar mantenimiento al cárcamo donde se observó humedad\n\nen la visita de inspección...”. El 3 de mayo de 2019, se notificó a WPP la orden sanitaria N°CE-ARSC-OS-0138-2019, donde se le explicó, que: “...Con base en el informe N°CE-ARSC-R-00096-2019 (se adjunta copia), en el cual se indica que en visita de inspección realizada el Relleno Sanitario los Pinos, se comprobó que en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago en la cual ya no se realiza la disposición sanitaria de residuos sólidos y que ha degenerado en una situación inadecuada y peligrosa disposición de desechos ordinarios y tóxicos, esto por cuanto no se está brindando mantenimiento, ni se están realizando las obras de cierre técnico correspondientes, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno, exposición de residuos y condiciones sanitarias inadecuadas, lo cual representa un riesgo para la salud pública y debe ser corregido; en el plazo arriba indicado, por lo que se deberá proceder a: 1. Continuar con los procedimientos faltantes de las obras para cierre técnico del relleno sanitario, en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago en el que se encuentra el Relleno Sanitario los Pinos, ajustándose en todo a lo establecido en la normativa vigente del Reglamento sobre el Relleno Sanitarios y Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos, toda vez que la ley establece que los residuos se deben disponer de manera sanitaria y actualmente no se encuentran dispuestos de dicha manera. Se aclara que deberá realizar las obras de cierre técnico sin ingresar más residuos, dicha operación y cierre técnico, que deberá realizarse de forma tal que se prevenga la contaminación de los suelos, los subsuelos, el agua, el aire y los ecosistemas. 2. Presentar ante el Área Rectora de Salud Cartago Del Ministerio de Salud el plan que corresponda con el manual de mantenimiento posterior al cierre técnico con su respectivo cronograma de ejecución que incluye a fechas y plazos de cumplimiento, también debe incluir responsables de cada actividad. El cronograma será realizado por el Ministerio de salud y en caso de aprobación será de acatamiento obligatorio. Lo anterior con fundamento en artículo 21-50 s.c de la Constitución Política, artículos 1-2-3-4-7-262-263-293-337-338-340-349-355-356 y 363 s.c de la Ley General de Salud...”. El 14 de mayo de 2019, en resolución no. MSR-DR-CE-0453-2019 la Dra. Andrea Morales Fiesler, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Cartago, decidió rechazar el recurso horizontal de revocatoria presentado por la representante de la empresa WPP contra la orden sanitaria no. CEARSC-OS-0138-2019, y elevó para ante el Ministro de Salud el recurso de apelación. El 6 de setiembre de 2019, mediante acto no. DM-RC-1069-2019 el Ministro de Salud, declaró sin lugar el recurso de apelación, ya que consideró: “...11.-Que en respuesta a lo solicitado por el Lic. Alejandro Acevedo Meneses y por el MLA. Ronald Chinchilla González, jefe de la Unidad de Gestión Jurídica, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Institución, al Dr. Oscar Bermúdez García, director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este y al Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, éstos informan lo siguiente: Mediante oficio MS-DRRSCE-0795-2019, informa el Dr. Oscar Bermúdez García, en resumen, lo siguiente: “...existe un conflicto interno entre la Municipalidad de Cartago y WPP Continental Costa Rica (WPP) por lo que actualmente se encuentra detenido el depósito de material en la propiedad de la municipalidad, por lo que únicamente se están recibiendo desechos para ser ubicados en la propiedad de la empresa privada. Al presentarse esta situación, la vida útil o duración estimada del servicio del relleno, cumpliendo con la función para el cual ha sido creado, no se puede estimar en función del tiempo,... los datos que a continuación se indican son referidos al informe presentado por WPP al Área Rectora de Salud de Cartago, el pasado 16 de mayo del presente año ... según el informe presentado, para junio 2018 existía un espacio remanente de aproximadamente 730.462.5 Ton. con un promedio de ingreso diario de 400 toneladas por lo que tendría una vida útil de 6,4 años. Sin embargo, durante el año 2019 se tiene un promedio de alrededor de 275.13 Ton diarias ... Según el recalculo efectuado por WPP, por diferencia se podría dilucidar una vida útil de alrededor de 7 años y un mes a esta área... En algunos puntos se puede visualizar posibles desechos del pasado, ya que no se cuenta con las horas necesarias para realizar el cierre técnico requerido... es de suma conveniencia que la empresa WPP atienda la orden sanitaria girada, para evitar cualquier daño ambiental y de riesgo a la salud humana en un futuro próximo...”. Por su parte mediante oficio MS-DPAH-UNSSAH-154- 2019 el Ing. Ricardo Morales Vargas jefe a.i y el Ing. Francisco Amen Funk, funcionarios de la Unidad de Normalización en Servicios de Salud en Ambiente Humano, informan, en resumen, lo siguiente: “... Mediante oficio del 17 de agosto del 2018 la empresa administradora del relleno sanitario los pinos WPP Continental... señala una vida útil de 6.4 años para un ingreso promedio diario de 400 t diarias. 2) Vida útil del relleno sanitario propiedad de la Municipalidad de Cartago: no tenemos datos sobre esa estimación. 3) Vida útil del relleno sanitario en propiedad de la empresa WPP Continental: no tenemos datos sobre esa estimación. 4) No tenemos conocimiento si el Área Rectora de Cartago haya emitido algún acto administrativo de la Municipalidad de Cartago... Consideramos desde el punto de vista operativo y del cierre técnico de todo el proyecto es conveniente que la Municipalidad de Cartago y la empresa WPP continental lleguen a un arreglo satisfactorio. De no ser así, la separación del proyecto original en dos proyectos independientes representa desde el punto de vista operativo una variación de diseño que representan costos adicionales para ambas dependencias, ya que en algunos casos comparten infraestructura y en otros están ubicados en diferentes propiedades. Asimismo, si deciden seguir disponiendo de residuos en ambas propiedades, también tendrán vidas útiles diferentes. Tanto la Municipalidad de Cartago como la empresa WPP Continental deben de cumplir con lo estipulado en el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios vigente en sus respectivas propiedades...” (...) 13.- Que como prueba para mejor resolver, Mediante oficio N°MS-DRRSCE-0941-2019, del 4 de septiembre del 2019, la Licda. Gaudy Mabel Abarca Gutiérrez, abogada de la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Central Este, remite el Informe Técnico N°MS-DRRSCE-URS-IT-0434-2019, suscrito por los Ingenieros Jesús Zamora Hidalgo y Nelson Artavia Vega, funcionarios del Proceso de Regulación de la Unidad de Rectoría de la Salud Central Este, dirigido al Dr. Oscar Bermúdez García, Director de la citada Dirección de Rectoría de la Salud, mediante el cual concluyen y recomiendan lo que sigue: “CONCLUSIONES 1. Considerando un ingreso promedio de 275.13 Ton/día, la vida útil del terreno activo por parte de la Empresa WPP estaría finalizando la recepción de material de relleno para finales del mes de enero del año 2020. 2. No existe una orden sanitaria ni oficio que indique a la Municipalidad de Cartago la realización de estudios de suelos en el Relleno Sanitario Los Pinos, ni se pone en entredicho la necesidad de dicho estudio\n\npor su parte. Sin embargo, sí está pendiente la resolución por parte del Nivel Central de este Ministerio para dar respuesta definitoria sobre el responsable del cierre técnico y mantenimiento del proyecto”. La compañía WPP interpuso demanda contra el Estado y Andrea Anelisse Morales Fiesler, donde pidió se declarara que: la orden sanitaria no. CE-ARSC-OS-0138-2019, y la resolución DM-RC-1069-2019 y todo otro acto administrativo conexo, eran absolutamente nulos; el Estado y la codemandada Morales Fiesler, de manera solidaria, debían responder por los daños y perjuicios sufridos, que consisten en los siguientes y que estimó como se indica a continuación: en cuanto al daño material reclamó la utilidad que dejó de percibir por los desechos que no ingresaron al relleno sanitario en los 620.757,99 metros cúbicos de capacidad remanente del proyecto, equivalentes a 620.757,99 toneladas métricas de capacidad de recepción de desechos. Tomó como parámetro un precio promedio de mercado de ¢13.500,00 por cada tonelada métrica, estimó tal extremo en la suma de ¢8.380.232.865,00. Por concepto de daño moral objetivo reclamó la afectación al buen nombre comercial de la empresa, pues el propio Ministerio de Salud se encargó, ilegítimamente, de difundir entre las diversas municipalidades que depositan sus desechos en el relleno sanitario, que el proyecto sería cerrado. Lo cuantificó de modo prudencial en el monto de ¢50.000.000.00. En cuanto a los perjuicios solicitó se les condenara a cancelar intereses legales a cargo calculados de conformidad con la tasa legal, sobre los montos concedidos por los menoscabos material y moral objetivo, desde la firmeza de la resolución que los otorgara y hasta su efectivo pago. La representación del Estado, así como la de la señora Andrea Morales Fiesler, contestaron en forma negativa la demanda e interpusieron la excepción previa de litisconsorcio pasivo necesario, así como la defensa material de falta de derecho. Además, solicitaron que se declarara sin lugar la demanda en todos sus extremos, y se condenara a la parte actora al pago de las costas procesales y sus respectivos intereses hasta su efectivo pago. El Tribunal acogió la excepción de falta de derecho; declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. Condenó a la parte actora vencida al pago de las costas y sus intereses, a favor de los demandados, a determinar y liquidar en fase de ejecución de sentencia, una vez firme este fallo. Inconforme la parte actora interpone recurso de casación donde desarrolla tres agravios de fondo.\n\nII.- Primero: acusa quebranto indirecto del ordenamiento jurídico debido a que se pretirió prueba allegada al proceso. Menciona, se trata en concreto de la actualización del expediente administrativo, que se realizó después de la audiencia preliminar con la orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020. Expone, luego de efectuada la audiencia dispuesta en el artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), ofreció como prueba adicional la orden sanitaria identificada con el número MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, la cual le había sido notificada el 1° de setiembre de 2020. Señala, llegada la etapa respectiva de la audiencia preliminar, visto que el Tribunal ya había ordenado al Estado actualizar el expediente administrativo y que la citada orden sanitaria era parte de esas nuevas piezas que se aportarían; entonces desistió de su ofrecimiento. Expresa, consta en autos que El Estado cumplió con lo que se le ordenó mediante memorial del 30 de setiembre de 2020 y aportó los tomos 16, 17 y 18 del expediente administrativo. Sin embargo, reprocha, no fue considerado al momento de dictarse la sentencia. Así, fue preterida la prueba documental relacionada con la mencionada orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020. Al confrontar dicho acto con la orden sanitaria objeto de este proceso, no. CE-ARSC-OS-0138-2019, y con la resolución que la confirmó y cuya nulidad también se pidió, no. DM-RC-1069-2019; es claro que el mismo Ministerio de Salud permitió la continuidad de su operación. Insiste, el Tribunal no prestó atención a las piezas que el Estado actualizó, en concreto, no se refirió a la orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020. En ella, el Ministerio de Salud permitió su operación, que había sido prohibida por los actos objeto del proceso. Apunta, se le autorizó a recibir desechos, respetando los retiros correspondientes. De ahí, en su opinión se dio una satisfacción extraprocesal de la pretensión primera de la demanda. Manifiesta que al tenerse como hecho probado la emisión de la orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, debió tenerse por satisfecha tal pretensión. Segundo: alega las personas juzgadoras incurrieron en conculcación indirecta normativa, ya que dejaron de lado el acuerdo suyo con la Municipalidad de Cartago (aportado por la codemandada Morales Fiesler). Explica, su teoría de caso, consistió, entre otras cosas, en que dicha co-accionada actuó al menos con culpa grave. Ello, porque, sin ser competente, “decidió” la disputa que existía entre ella y la Municipalidad de Cartago, a favor de esta última. Manifiesta, el desacuerdo en cuanto a si el contrato administrativo había fenecido o no, le impidió seguir recibiendo desechos en la porción del relleno propiedad de tal Ayuntamiento. Afirma, pese a que ningún órgano jurisdiccional dio la razón al Gobierno local de Cartago, la codemandada Morales Fiesler, -cuya investidura es la de un órgano administrativo-, mediante la orden sanitaria objeto de esta litis, “zanjó” el conflicto. Increpa, de acuerdo con la máxima iura novit curia, y asumiendo que fuese “correcto” lo actuado por la señora Morales Fiesler; en todo caso, resultaría de aplicación lo establecido por el artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en tanto aquella disputa con la Municipalidad desapareció desde 2020. Lo expresado, porque ella y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo, cuya existencia fue la propia codemandada Morales Fiesler quien se encargó de hacerla patente. En consecuencia, recrimina, desapareció el supuesto “motivo” de la orden sanitaria objeto de esta litis, con el documento que se aportó a los autos el 23 de setiembre de 2020 (oficio de la Contraloría General de la República, que la propia Municipalidad de Cartago, le informó que había alcanzado una conciliación para que ella volviera a utilizar la finca no. 3-255175). Asevera, tal documento consta en el expediente judicial y es prueba suficiente e idónea para tener por demostrado que operó la nulidad sobrevenida de la orden sanitaria objeto del proceso. Por ende, afirma, si desapareció el conflicto, ya no tenía por qué existir restricción para que se continuara recibiendo desechos sólidos en el terreno municipal. Consecuentemente, en su criterio, existe nulidad sobrevenida de los actos indicados en la pretensión primera de su demanda. Manifiesta, cuando el Ministerio de Salud dictó la orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, permitió que su actividad comercial continuara. Entonces dice, para reparar el vicio de preterición probatoria, al elenco de hechos probados ha de añadirse no solo la existencia de la dicha orden sanitaria; sino, también la del oficio no. DCA-3481 de la CGR, que se admitió en carácter de “prueba nueva” en la audiencia preliminar. Insiste. El Tribunal debió tener por acreditado que, mediante tal acto de la CGR, se informó de la existencia de un acuerdo entre ella y la Municipalidad de Cartago, debido al cual pudo volver a utilizar la finca de Cartago no. 3-255175. También, que, mediante orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020 se le permitió volver a operar con las condiciones detalladas por el Estado. Señala, al añadirse estos dos hechos probados, además de la evidente procedencia de la pretensión primera de la demanda; se deriva igualmente la de los demás extremos petitorios esgrimidos por ella. Expresa, sea por la satisfacción extraprocesal o por la nulidad sobrevenida de los actos indicados en la pretensión primera, entonces surge el deber de indemnizarla y de cargar a los codemandados con las costas del proceso. Tercero: aduce, el Tribunal vulneró los ordinales 16 y 133 de la LGAP, en concordancia con el Reglamento Sobre Rellenos\n\nSanitarios, -Decreto Ejecutivo no. 38928-S- (RSRS). Expone, los actos administrativos incluidos en la pretensión primera, resultan contrarios a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Señala, la codemandada añadió una “aclaración” a la orden sanitaria que emitió; donde indicó que ella debía proceder con el cierre técnico del Relleno Sanitario Los Pinos, pese a que aún le restaba vida útil y existía capacidad remanente en celdas. Expone, según lo dijo, de acuerdo con la propia reglamentación técnica del Ministerio de Salud, la estructura básica de todo relleno sanitario son sus celdas; y éstas, deben completarse. Los diseños civiles, así como memorias de cálculo y demás aspectos técnicos regidos por las reglas del artículo 16 de la LGAP, no están sujetos a criterios de oportunidad o conveniencia. No se trata, como pareció entenderse, -con quebranto por indebida aplicación de normas sustantivas en la sentencia-, que ella entendiera que los diseños originales de un relleno sanitario son “inmutables”. Por supuesto, apunta, no se discute que, bajo criterios -precisamente- técnicos y nuevos cálculos que hayan sido objeto de la revisión respectiva, sea posible modificar un diseño inicial. En este caso, arguye, lo que se reprochó desde un inicio, y en lo que el Tribunal no reparó, es que lo ordenado por la codemandada carecía de criterios técnicos. Esto debido a que de un día para otro, ordenó dejar de recibir desechos por completo, sin cálculos ni ajustes previamente revisados conforme a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Señala, la codemandada carece de formación técnica para tales efectos. En el informe técnico que antecedió la emisión de la orden sanitaria objeto de esta litis, no se incluyó ninguna recomendación en el sentido de la “aclaración” que la señora Morales Fiesler agregó por iniciativa propia; sin que tuviera ningún análisis ni cálculo sobre las consecuencias de proceder con el cierre técnico de un relleno sin completar (total o parcialmente) la capacidad de sus celdas. Acota, en este asunto, no cabía actuación discrecional alguna; como lo entendieron, erróneamente las personas juzgadoras. El artículo 16 de la LGAP dispone un límite a cualquier discrecionalidad en esta materia. Una decisión tan severa como detener -por completo- el ingreso de desechos a un relleno sanitario, no es discrecional. Debe estar fundamentada en criterios técnicos y nunca obedecer a ningún criterio de oportunidad o conveniencia. Lo ocurrido luego, con los hechos que debieron tenerse por probados a la luz de la prueba preterida según se expuso supra, confirma que no había motivación técnica alguna para impedir el ingreso de desechos. Expresa. Lo que existía era un conflicto con la Municipalidad de Cartago, en el que tomó partido la codemandada, conflicto que luego desapareció; y por ello, el Ministerio de Salud le permitió continuar con la operación.\n\n III.- En el primero de los motivos acusa preterida la orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, donde señala, el Ministerio de Salud le permitió continuar con la operación del relleno sanitario. En su criterio, tal circunstancia conllevó una satisfacción extraprocesal en lo referido a la pretensión primera de su demanda. En esencia, arguye, que al valorarse el acto no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, que aduce preterido, debió tenerse como hecho probado la emisión de dicho oficio, y en consecuencia, por satisfecha la citada pretensión. La casacionista en su agravio no mencionada ninguna norma como infringida, pese a que lo argüido es una infracción jurídica indirecta, producto de la preterición probatoria alegada. En lo que concierne al recurso de casación, esta Cámara ha sido enfática en disponer que el impugnante debe cumplir con una debida técnica casacional al momento de exponer sus argumentaciones; ello al amparo de lo que dispone el artículo 139 inciso 3) del CPCA. Quien recurre, debe explicar con claridad y precisión en qué consiste el agravio. En un caso como el de examen, dado que se acusa un vicio indirecto, el casacionista debe citar la norma de fondo que fue quebrantada con la decisión que se impugna, puntualizar cuál fue la incorrección cometida por el Tribunal y la trascendencia de ese yerro en el dispositivo del fallo. A tono con lo dicho, el recurso de casación en general contiene exigencias elementales, sin cuya observancia resulta imposible para esta Cámara ingresar al análisis de los agravios invocados. En consecuencia, el recurso debe bastarse así mismo. Esto conlleva que el objetante deba puntualizar y precisar en qué consiste su reclamo; pues no le corresponde a este órgano colegiado llevar a cabo una labor interpretativa a fin de desentrañar el reparo y establecer que fue lo que quiso decir el inconforme. Así, para que la impugnación sea objeto de análisis, requiere de una explicación puntual de los motivos del recurso acompañada de los correspondientes combates a la sustanciación que contenga la resolución que se impugne; sin ello, resultaría imposible para esta Sala determinar un yerro si no se evidencia con base en la técnica comentada. Por otro lado, según lo ha expresado esta Cámara al interpretar el artículo 139 ibid, es menester que el recurso contenga una fundamentación jurídica mínima. Así, se han de explicar las razones en las que basa su reproche, mediante el ataque de los argumentos de derecho del fallo impugnado y mencionando las normas en las cuales se sustenta. Por ende, la fundamentación resulta ajena a la cita confusa de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos imprecisos, al escueto desarrollo de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, a la enumeración de los desaciertos considerados en la resolución atacada, sin el debido respaldo en normas o criterios jurídicos. Aquí, en el reproche de análisis, es claro, se obvia por completo dicha relación técnico-normativa, lo cual evidencia la falta de fundamentación jurídica, y consecuentemente el incumplimiento del requisito regulado en el cardinal 139.3 con su consecuente rechazo de plano, de conformidad a lo preceptuado en el canon 140 inciso c), ambos del CPCA. En todo caso, además de la deficiencia técnica del reparo se colige que el pronunciamiento que extraña en cuanto a la satisfacción extraprocesal, no fue un aspecto propuesto ni discutido en el proceso, razón por la cual el Tribunal se encontraba impedido de resolver sobre dicho particular. Por consiguiente, lo que procede es rechazar el agravio.\n\n IV.- En el segundo reproche expresa que el Tribunal incurrió en un quebranto jurídico indirecto, pues no valoró el acuerdo conciliatorio entre ella y el Ayuntamiento de Cartago. Sobre esto como se expondrá más adelante, se resolvió que la relación contractual de WPP con la Municipalidad de Cartago, al igual que toda controversia o acuerdo surgido a raíz de esta no incide ni afecta la validez y finalidad de la orden sanitaria objeto del proceso. Lo anterior, sin que la actora logre revertirlo. Agrega, resulta aplicable lo regulado en el artículo 159 de la LGAP, si concretar ni indicar cómo fue vulnerado por las personas juzgadoras, ni por qué ni cómo habría de aplicarse. Tampoco revela cómo la normativa aplicada lo fue indebidamente. También acusa la preterición del acto de la CGR no. DCA-3841, donde se dio cuenta del citado pacto, lo que le permitió volver a usar la finca de Cartago no. 255175 para depositar los desechos. De igual forma que en la orden sanitaria no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020 se le autorizó volver a operar el relleno sanitario. En esencia, argumenta, que ya sea por satisfacción extraprocesal o debido a la nulidad sobrevenida de los actos señalados en la petitoria primera, se le debió indemnizar e imponer las costas del proceso a los codemandados. Esto último, lo arguye hasta en esta etapa procesal, sea, no fue propuesto ni debatido durante el proceso por lo cual no puede ser conocido, pues, conllevaría la conculcación del debido proceso y derecho de defensa de la parte demandada. En este punto se hace necesario tener claro lo solicitado en la pretensión 1 en cuanto a que se declarara: “Que la orden sanitaria CE-ARSC-OS-0138-2019, la resolución DM-RC-1069-2019 y todo otro acto administrativo conexo, son absolutamente nulos”. La demandante adujo varios motivos por los cuales estimaba que dicho acto resultaba absolutamente nulo. Por su lado, las personas juzgadoras, conocieron cada uno de estos y proporcionaron las razones por las cuales no cabía la nulidad. Primero, se refirieron a los hechos que dieron origen a la controversia, señalaron la Municipalidad de Cartago y la empresa actora en enero de 2002, suscribieron el contrato de “Disposición y Tratamiento Final de los Desechos Sólidos del Cantón de Cartago”. Dicho acuerdo sufrió adendas atinentes a la recolección y tratamiento de los residuos sólidos, y la operación del relleno sanitario Los Pinos, -formado por varias fincas, una de las cuales era propiedad del Ayuntamiento de Cartago-. En 2018, el citado convenio llegó a su término, por lo que la Municipalidad tomó posesión de su inmueble e instó a WPP para que efectuara las obras correspondientes al cierre, según lo pactado. A partir de ese momento surgieron ciertas discrepancias que incidieron en la disposición y tratamiento de desechos sólidos en el relleno sanitario de cita, provocando contaminación ambiental, lo que puso en peligro la salud pública. Ello, motivo que el Ministerio de Salud tuviera que tomar las decisiones administrativas objeto del presente proceso, entre estas la orden sanitaria aquí discutida no. CE-ARSC-OS-0138-2019. Entre los vicios acusados por la demandante están la motivación, el contenido y la competencia. Con fundamento en lo regulado en el precepto 136 de la LGAP, así como en jurisprudencia constitucional dispuso que: “En la especie, indubitablemente la orden sanitaria cuestionada, cuenta con la motivación requerida por el “ordenamiento” jurídico en el tanto, pone en conocimiento de sus destinatarios el cuadro fáctico y las razones jurídicas por las cuales se adopta la decisión administrativa, inclusive señala que se basa en el informe N°CEARSC-R-00096-2019, del cual adjunta una copia y que literalmente dice: “...La problemática contractual y de índole legal que existe entre la empresa WPP y la Municipalidad de Cartago, ha ocasionado que en sectores del relleno sanitario no se esté brindando mantenimiento no se están realizando obras de cierre técnico, teniendo como resultado el empozamiento de lixiviados en el terreno y exposición de residuos, lo cual representa un riesgo para la salud pública...”. Por ello la recomendación a la que alude la parte actora, y que consta en dicho informe, para que se eleve el caso al Nivel Regional y solicitar asesoría legal y técnica sobre el proceder, no es una recomendación exclusivamente de carácter técnico sino de oportunidad y conveniencia, y por ende es una decisión que debe tomar el detentador del poder público en ese momento, máxime que el bien jurídico por proteger era la salud pública, todo bajo los parámetros de la discrecionalidad administrativa. Véase que, en este caso, no se ha cuestionado los límites a la discrecionalidad, no obstante, encuentra este Tribunal que la decisión tomada por la Directora del Área de Salud, cuenta con un clara y evidente justificación, dadas las precarias condiciones de la sección clausurada del relleno sanitario, que son acreditadas de manera objetiva por la parte técnica del Ministerio. En este punto cabe resaltar, que el cierre técnico de la sección del relleno sanitario, ya había sido pactada por la Municipalidad y la empresa actora, no obstante, la Directora del Área Rectora al valorar lo expuesto en los informes técnico decidió que era contrario a la salud pública permitir que se continuara vertiendo más desechos. También se debe recordar que el actuar administrativo y el derecho que le regula es la primera ratio, es decir, ante la problemática social o ambiental como es el caso que nos ocupa, las potestades de la Administración deben salir a la “primera línea” para atender de inmediato la situación que aqueja al interés de la colectividad... le correspondía a la empresa actora como destinatario de los efectos del acto administrativo, exponer con precisión sus argumentos para contradecir el cuadro factico que fundamentó la adopción de la medida, contenida en la orden sanitaria. Bajo el principio de que quien alega debe también acreditar su dicho, y así poder destruir la presunción de legalidad del acto administrativo, tan necesaria para la eficiencia y eficacia administrativa, no obstante, la accionante omite cumplir con dicha carga procesal, porque tanto argumentativamente como en el ámbito de las pruebas, no hay un elemento que pueda ser objeto de análisis por este Tribunal, para arribar la consecuencia de nulidad pretendida”. Por otro lado, en lo tocante a la competencia de la Directora del Área Rectora de Cartago (aquí codemandada) para emitir la orden sanitaria cuestionaba, la sustentó en los cardinales 50 de la Constitución Política; 4, 37, 39, 262, 263, 282, 293, 294, 378 de la Ley General de Salud no. 5395; 53, 54, 60 y 62 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos no. 8839; y 66 de la LGAP, y resolvió: “…en el caso concreto tiene por consecuencia que la Directora del Área Rectora de Salud, estaba vinculada por ese poder-deber de decidir sobre la situación jurídica que técnicamente venía afectando el interés colectivo, en el ámbito de la salud”. En lo que concierne a la supuesta ilicitud e imposible cumplimiento de la orden sanitaria de marras, decidió: “…de la parte considerativa de la orden sanitaria emitida bajo el número CE-ARSC-OS-0138-2019, se desprende con claridad que esta acción se fundamenta en el informe técnico CE-ARS-R-0096-2019 elaborado por el Proceso de Regulación de la Salud. Este informe técnico evidencia de manera concluyente el riesgo inminente y grave para la salud pública derivado de un manejo inadecuado del relleno sanitario en cuestión. En particular, el documento advierte que en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago, donde ya no se realiza una disposición sanitaria adecuada de residuos sólidos, se ha generado una situación de deterioro y peligrosidad en la gestión de los desechos. Específicamente, se señala que no se están realizando labores de mantenimiento ni obras de cierre técnico, lo cual ha llevado al empozamiento de lixiviados, la exposición de residuos y la condición sanitaria sumamente deteriorada del sitio. Estas condiciones constituyen un riesgo directo para la salud de la población y, por tanto, justifican en sí mismas la adopción de medidas correctivas inmediatas, en línea con los principios de protección de la salud pública y la normativa ambiental vigente... En cuanto a la argumentación de la parte actora, se aprecia una inconsistencia fundamental en sus conclusiones, dado que parte de una premisa errónea: sostiene que las cláusulas del contrato o las condiciones del proyecto, en virtud de las cuales se ha aprobado la gestión, podrían vincular de alguna manera al Ministerio de Salud, en particular a la Directora del Área Rectora de Salud, limitando sus competencias legales. Esta interpretación carece de fundamento en el ordenamiento jurídico, puesto que la normativa sanitaria y ambiental establece claramente las competencias y responsabilidades de dichas entidades, sin que exista una subordinación o imposición que limite su actuación para salvaguardar la salud pública. Por tanto, la modificación del proyecto, aún cuando hubiese sido aprobada previamente, no constituye un impedimento para que la autoridad competente cumpla con las órdenes emanadas en resguardo de la salud pública… La imposibilidad técnica o administrativa en un determinado momento no exime la obligación de actuar en protección de la salud, siempre y cuando exista un riesgo demostrable y real, como el que se ha detectado en este caso. En conclusión, la orden sanitaria y las acciones dirigidas a corregir la situación pueden que obliguen a modificar las disposiciones contractuales o administrativas previas, pero de igual manera son obligatorias en virtud del deber legal y constitucional de proteger la salud y el ambiente, y no hay evidencia que técnicamente sea de imposible cumplimiento, ni que la finalidad de la orden sanitaria fuese la solución hetero compositiva del conflicto entre el Ayuntamiento de Cartago y la empresa actora. La evidencia presentada y las consideraciones jurídicas aplicables dejan en claro que la autoridad sanitaria actuó en el ejercicio de sus competencias, con pleno respeto del marco normativo, y en respuesta a una situación de grave riesgo para la comunidad”. Lo reprochado en lo atinente a que la orden sanitaria irrespetó el Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios no. 38928-S, al ordenarse el cierre técnico del relleno sin que estuvieran completas todas sus celdas, de igual modo fue desestimado por las personas juzgadoras, puesto que: “La interpretación que intenta la parte actora, en el sentido de que estas definiciones y requisitos limitan o condicionan la facultad de la autoridad sanitaria para ordenar el cierre del relleno antes de agotar su capacidad, carece de respaldo en el texto normativo, puesto que las definiciones no contienen mandato imperativo que impida actuar en situaciones de riesgo inminente para la salud pública. En definitiva, las normas citadas no establecen un mandato expreso que impida la adopción de medidas sanitarias en respuesta a emergencias o riesgos inminentes, como la orden sanitaria cuestionada, la cual está fundamentada en la protección de la salud pública ante la existencia de peligros incontrolados. Por ello, la interpretación adecuada de dichas disposiciones no puede contradecir la autoridad y la necesidad de adoptar medidas sanitarias que precautelen el bienestar de la población, en consonancia con el ordenamiento jurídico y la normativa vigente”. En lo que se refiere al elemento contenido, decidieron: “…resulta pertinente señalar que la parte demandante incurre en un error en la correcta identificación del motivo del acto administrativo cuestionado. La orden sanitaria dictada por la Directora del Área de Salud tiene por finalidad primordial prevenir una afectación a la salud pública derivada del manejo inadecuado del relleno sanitario, en virtud de que la Unidad Técnica del Ministerio de Salud ha acreditado, en el contexto del procedimiento administrativo, que se presenta un riesgo sanitario que requiere una intervención inmediata. Es importante destacar que, de acuerdo con el marco normativo aplicable y el texto propio del acto, el fundamento de esta conducta administrativa formal no se circunscribe a la resolución de un conflicto de naturaleza contractual, sino que su motivación principal obedece a la protección del interés público en materia de salud. La finalidad de la orden sanitaria, en ese sentido, trasciende la mera relación jurídica entre la Municipalidad y la empresa actora, puesto que responde a la obligación del Estado de garantizar condiciones sanitarias apropiadas y prevenir riesgos a la población, independientemente de los aspectos litigiosos entre particulares. En este contexto, la existencia de una controversia sobre la relación jurídico-administrativa entre la Municipalidad y la empresa, por sí misma, no afecta la validez ni la finalidad del acto sanitario. La función de esta orden es, en esencia, proteger la salud pública de manera preventiva, congruente con los principios rectores del derecho administrativo sanitario, así como con las obligaciones constitucionales y legales asumidas por las autoridades sanitarias. Por consiguiente, la conclusión de que la controversia particular disuelta o la existencia de un conflicto entre las partes implique la nulidad de la orden sanitaria carece de sustento jurídico. La orden se dictó con una finalidad clara y legítima, que es la protección de los habitantes ante una situación de riesgo sanitario, y no para resolver disputas de carácter civil o contractual”. De lo reproducido, se constata que en el fallo impugnado se proporcionaron los motivos por las cuales la accionante no llevaba razón en sus asertos. De forma clara y precisa se indicó porque los elementos motivación, contenido y competencia de la orden sanitaria no. CE-ARSC-OS0139-2019, se encontraban conforme a Derecho. Asimismo, se expuso porque dicha orden sanitaria no era ilícita ni de imposible cumplimiento, y que tampoco irrespetó el Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios no. 38928-S, al ordenar el cierre técnico del relleno, para lo cual brindó las razones de hecho y de derecho que lo sustentaban. Ahora bien, la casacionista omite atacar los fundamentos precisos, claros y extensos desarrollados por el Tribunal. Del análisis exhaustivo de las razones esgrimidas en el recurso de casación se constata que, en gran medida lo que se hizo fue reiterar las ya vertidas a lo largo del proceso al exponer su teoría del caso. De ahí, resulta indudable que obvió el combate de lo dispuesto por las personas juzgadores con otras cuestiones fácticas y jurídicas. Nótese, no explicó por qué las situaciones de hecho y normativas utilizadas al resolver como lo hicieron no resultan pertinentes. De ahí, que lo alegado por la casacionista impida, en primer lugar, modificar el elenco de hechos tenidos por probados y no probados. Segundo, en cuanto a las supuestas vulneraciones jurídicas, obvió señalar por qué se aplicaron de forma incorrecta, así como cuáles debieron ser actuadas en su lugar. En el reparo segundo menciona una norma (159 de la LGAP) y en el tercero dos (16 y 133 ibid), no obstante, omite exponer de forma diáfana, precisa y concreta cómo las conculcó el Tribunal, sea por indebida o falta de aplicación. Tampoco, indica, de ser el caso, por qué debieron actuarse en el sublite. \n\n V.- En otro orden de ideas, en cuanto a que se pasó por alto lo objetado sobre la carencia de criterios técnicos al dictarse la orden sanitaria no. no. CE-ARSC-OS0139-2019, una vez más no lleva razón la recurrente. Expone en el cargo tercero, que el artículo 16 de la LGAP regula un límite a cualquier discrecionalidad. Reprocha, la orden de impedir el ingreso de desechos a un relleno sanitario no es discrecional, sino que debe estar sustentada en criterios técnicos y nunca obedecer a ningún criterio de oportunidad o conveniencia. De acuerdo con lo transcrito en el considerando precedente, el Tribunal apuntó que había sido fundamentada en el informe no. CEARSC-R-00096-2019, que fue una recomendación de carácter técnico. Igualmente, manifestó que tal decisión no se asentó únicamente en criterios técnicos, sino también de oportunidad y conveniencia que debió tomar en consideración el funcionario que detentaba el poder público (parámetros de la discrecionalidad administrativa) dado que el bien jurídico a salvaguardar era la salud pública. Esto sin que la casacionista lo ataque de manera diáfano y concreta, por lo que no logra revertirlo fáctica ni jurídicamente. En la sentencia impugnada, entre otras cosas, se indicó que los límites de la discrecionalidad no se cuestionaron, pero aun así proporcionó las razones por las cuales la decisión tomada por la codemandada Morales Fiesler, estaba suficientemente justificada. Mencionó, que la sección clausurada del relleno sanitario se encontraba en condiciones precarias, lo cual se demostró por el área técnica del Ministerio de Salud. Asimismo, que provocó una problemática social por la afectación al ambiente y a la salud, por lo que el actuar administrativo fue en interés de la colectividad. Adicionó, que en la especie era la empresa actora como destinataria del cierre, a quien correspondía presentar las pruebas y razonamientos para socavar la presunción de legalidad del acto. No obstante, fue omisa con dicha carga procesal porque tanto argumentativamente como probatoriamente no aporto elementos factibles de análisis por el Tribunal. En consecuencia, se desestima el motivo.\n\n VI.- Por las razones señaladas, el recurso deberá rechazarse. En aplicación del inciso 3) del precepto 150 del CPCA, las costas del recurso corren por cuenta de su promovente.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechaza el recurso de planteado. Son sus costas a cargo de la parte recurrente. HBRENES\n\n \n\n \n\nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\n \n\nRocío Rojas Morales\n\n \n\nJorge Leiva Poveda\n\nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\n \n\nRosa Maria Cortés Morales\n\n \n\n \n\nDocumento Firmado Digitalmente\n\n-- Código verificador --\n\n\n\n 6OEWQPQ9A1861 \n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr", "body_en_text": "EV Generation of Template: D:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\MODELOS\\S1SENT005.dpj\n\n\n\nExp: 19-007507-1027-CA \n\nRes. 001337-F-S1-2026\n\nFIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at 9:05 a.m. on 3 September 2026.\n\nProceedings on the merits, brought before the Administrative Litigation and Civil Affairs Tribunal of the Treasury by WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number 3-101-155289, represented by Ileana María González Paniagua, identity card 1-0490-0011, with legal representation by attorney Julio Fonseca Pion, bar registration number 13814; against the STATE, represented by procuradora María del Rosario León Yannarella, identity card number 1-0851-0444; and ANDREA ANELISSE MORALES FIESLER, identity card number 1-0986-0993, with legal representation by attorney Andrea Blanco Alfaro, professional registration number 22410.\n\nDrafted by Justice Rivas Loáiciga\n\nREASONS\n\nI.- The Tribunal, composed of the judges Francisco Chaves Torres, Alinne Solano Ramírez, and Evelyn Solano Ulloa, found the following facts proven. On 23 January 2002, the Municipality of Cartago and WPP Continental de Costa Rica Sociedad Anónima (hereinafter WPP) entered into the contract entitled “Final Disposal and Treatment of Solid Waste of the Central Canton of Cartago,” following public tender no. 001-2001. The agreement provided as follows: “...A) Navarro del Socorro Dump: The garbage dump owned by the Municipality of the Central Canton of Cartago, located in Navarro del Socorro, which, at the time this contract is signed, is operating at full capacity, providing the service of final disposal and treatment of that canton’s ordinary solid waste through the technical process called ‘IMPROVED OPERATION,’ which the successful bidder must continue on a temporary basis until the sanitary landfill owned by the latter begins operating, in accordance with clause three of this contract. B) Los Pinos Regional Mechanized Sanitary Landfill: The sanitary landfill owned by the successful bidder, which the latter will build to carry out the activity covered by the purpose of this contract, on a parcel it owns adjacent to the Navarro del Socorro Dump, and whose commencement will be set out in clause four. C) Technical Closure: The technical closure of the Navarro del Socorro Dump, which will be carried out in accordance with clause three of this contract (...) THIRD: STAGES: This contract will be carried out in 3 distinct stages: a) An initial improved-operation stage, to be conducted at the existing improved dump known as the Navarro del Socorro Landfill; b) Technical Closure of the Navarro del Socorro Dump; c) Los Pinos Regional Mechanized Sanitary Landfill. (...) FOURTH: COMMENCEMENT OF THE STAGES: The contracted services under this instrument will commence: IMMEDIATELY. The first stage will commence within the first three business days after this document is endorsed by the Office of the Comptroller General of the Republic. The second stage will be carried out through operations scheduled in parallel with the daily operation of the Los Pinos Regional Mechanized Sanitary Landfill. The third stage will commence on the calendar day following the day WPP obtains the operating permit for the sanitary landfill, provided that the permit is obtained within one year from the signing of this contract. If, for justified reasons, the company has not obtained the corresponding permit for the Los Pinos Regional Mechanized Sanitary Landfill within that period, the Municipality may extend it once for a maximum period of three months...”. On 12 June 2013, the Municipality of Cartago and WPP signed additional contract no. 000031, which states: “...FIRST: PURPOSE OF THE CONTRACT: The Contractor undertakes to provide services for the treatment and final disposal of solid waste from the Central Canton of Cartago and the corresponding technical closure of the impacted area, as contemplated in clause three, subsection B), of the original contract. All in accordance with the terms of the tender specifications, and the technical characteristics and specifications described in the Terms and Conditions for Tender by Registration No. 01-2001 and the preceding original contract (...) SECOND: TERM OF THE CONTRACT: The term of this additional contract is up to (5) five years, from the date the Municipal Council awards this procurement and its commencement date (...) FOURTH: PRICE: The agreed price for the service of final disposal and treatment of ordinary solid waste, which the Municipality will pay the Company, is ¢8,348.00 (eight thousand three hundred forty-eight colones exactly) per metric ton treated, according to the price adjustments approved as of the date this additional contract is signed (...) EIGHTH: PLANS AND DESIGNS: The design, plans, and other technical details that WPP undertook to prepare in its offer and appendices form an integral part of this additional contract. If WPP requests changes to the technical design and construction plans for justified technical reasons, those changes may be made with the express authorization of the Competent Entity, to be processed by an addendum to this contract. The foregoing is in accordance with clause nine of the original contract (...) NINTH: COMPANY OBLIGATIONS: (...) c) In the event of an emergency, fortuitous event, or force majeure, WPP shall immediately provide, as a strictly temporary alternative, other landfills operated by the company, enabling it to address a contingency involving the temporary closure of the site designated for receiving and treating solid waste, whether due to natural disasters, improvements, temporary closure, or any other eventuality that may arise and render the offered site unusable. In such an event, WPP shall comply with the Ministry of Health’s authorization for operation of the sites indicated, as well as with the provisions of national legislation (...) e) WPP undertakes to comply with environmental laws and regulations and to ensure that the sanitary landfills have all permits authorized by the Ministry of Health and meet the requirements set out in the regulations on sanitary landfills, published in La Gaceta issue 206 on Friday, 23 October 1998, and other related laws (...) h) WPP undertakes to comply with the regulations on wastewater discharge and reuse in accordance with the regulations in force. (...) l) WPP shall be responsible to the Ministry of Health and other national entities throughout the period of operation of the site and of any works carried out within the boundaries of its operations...”.\n\nOn 29 January 2019, by letter no. CE-ARS-R-0096-2019, the Health Regulation Process submitted a detailed report to the director of the Cartago Health Area, Dr. Andrea Morales Fiesler, with the following conclusions and recommendations: “...CONCLUSIONS: Health Orders No. CE-ARSC-OS-0160-2018 and No. CE-ARSC-OS-0235-2018 were complied with by submitting the improvement plans to the Ministry of Health. It was confirmed that the improvements indicated in the remedial plans were made and the nonconformities described in reports No. CE-URS-0430-2018 and No. CE-ARSC-R-0629-2018 were corrected, meeting the requirements of the Ministry of Health. The contractual and legal problems between WPP and the Municipality of Cartago have resulted in maintenance not being provided and technical-closure works not being carried out in sections of the sanitary landfill. This has led to leachate ponding on the land and exposed waste, posing a risk to public health. RECOMMENDATIONS. WPP must continue the outstanding technical-closure works and slope shaping throughout the sanitary landfill project, in accordance with the latest plans approved by the Federated College of Engineers and Architects (CFIA). Refer the matter to the Regional Level to request legal and technical advice on how this Health Area should proceed in relation to the health problem caused by the lack of maintenance and closure works on the municipal land forming part of the Los Pinos sanitary landfill. Request WPP to update the estimated useful life of the Los Pinos Sanitary Landfill, indicating whether there have been changes in volumetric capacity and explaining them. Notify WPP of a Health Order requiring it to: Submit the potable-water quality-control plan, expanding on the information provided in the laboratory report and clearly indicating the water intake location, operator, sampling frequency, sampling points, disinfection actions, and a diagram of the system supplying the landfill. Maintain the sump where moisture was observed during the inspection visit...”.\n\nOn 3 May 2019, WPP was notified of Health Order No. CE-ARSC-OS-0138-2019, which explained that: “...Based on report No. CE-ARSC-R-00096-2019 (copy attached), which states that during an inspection visit to the Los Pinos Sanitary Landfill, it was confirmed that on the section owned by the Municipality of Cartago, where sanitary disposal of solid waste has ceased, an improper and dangerous situation involving the disposal of ordinary and toxic waste has developed, because no maintenance is being provided and the corresponding technical-closure works are not being carried out. This has resulted in leachate ponding on the land, exposed waste, and inadequate sanitary conditions, posing a risk to public health that must be corrected within the period indicated above. Accordingly, the following must be done: 1. Continue the outstanding technical-closure procedures for the sanitary landfill on the section owned by the Municipality of Cartago where the Los Pinos Sanitary Landfill is located, complying in all respects with the regulations in force under the Regulations on Sanitary Landfills and Law No. 8839 on Integrated Waste Management, since the law requires waste to be disposed of in a sanitary manner and it is currently not being disposed of in that manner. It is clarified that the technical-closure works must be carried out without bringing in any more waste. The operation and technical closure must be carried out so as to prevent contamination of the soil, subsoil, water, air, and ecosystems. 2. Submit to the Cartago Health Area of the Ministry of Health the applicable plan together with the post-closure maintenance manual and its corresponding implementation schedule, including compliance dates and deadlines, as well as those responsible for each activity. The schedule will be prepared by the Ministry of Health and, if approved, will be mandatory. The foregoing is based on Article 21-50 s.c. of the Political Constitution, Articles 1-2-3-4-7-262-263-293-337-338-340-349-355-356 and 363 s.c. of the General Health Law...”.\n\nOn 14 May 2019, by resolution no. MSR-DR-CE-0453-2019, Dr. Andrea Morales Fiesler, in her capacity as director of the Cartago Health Area, decided to dismiss the motion for reconsideration filed by WPP’s representative against Health Order no. CEARSC-OS-0138-2019 and referred the appeal to the Minister of Health. On 6 September 2019, by act no. DM-RC-1069-2019, the Minister of Health dismissed the appeal, having considered: “...11.-That, in response to the request by attorney Alejandro Acevedo Meneses and M.A. Ronald Chinchilla González, head of the Legal Management Unit of this institution’s Directorate of Legal Affairs, Dr. Oscar Bermúdez García, director of the Central East Regional Health Authority Directorate, and Eng. Eugenio Androvetto Villalobos, director of the Directorate for the Protection of the Human Environment, report the following: By letter MS-DRRSCE-0795-2019, Dr. Oscar Bermúdez García reports, in summary, as follows: ‘...There is an internal dispute between the Municipality of Cartago and WPP Continental Costa Rica (WPP), and as a result, disposal of material on the municipality’s property has currently stopped. Waste is being received only for placement on the private company’s property. Given this situation, the landfill’s useful life, or estimated duration of the service it was created to provide, cannot be estimated in terms of time,... the following data refer to the report WPP submitted to the Cartago Health Area on 16 May of this year ... According to the report, as of June 2018 there was approximately 730,462.5 tons of remaining capacity, with an average daily intake of 400 tons, giving it a useful life of 6.4 years. However, in 2019 the average was around 275.13 tons per day ... According to WPP’s recalculation, the difference could indicate a useful life of around 7 years and one month for this area... At some points, possible waste from the past can be seen, since there is not enough time available to carry out the required technical closure... It is highly advisable that WPP comply with the Health Order issued, to prevent any environmental damage or risk to human health in the near future...’. In turn, by letter MS-DPAH-UNSSAH-154- 2019, Eng. Ricardo Morales Vargas, acting head, and Eng. Francisco Amen Funk, officials of the Human Environment Health Services Standards Unit, report, in summary, as follows: ‘... By letter dated 17 August 2018, the company operating the Los Pinos sanitary landfill, WPP Continental... stated a useful life of 6.4 years based on an average intake of 400 tons per day. 2) Useful life of the sanitary landfill on property owned by the Municipality of Cartago: we have no data for that estimate. 3) Useful life of the sanitary landfill on property owned by WPP Continental: we have no data for that estimate. 4) We do not know whether the Cartago Health Area has issued any administrative act concerning the Municipality of Cartago... From the operational perspective and in terms of technical closure of the entire project, we consider it advisable for the Municipality of Cartago and WPP Continental to reach a satisfactory agreement. Otherwise, separating the original project into two independent projects would, from an operational perspective, constitute a design variation entailing additional costs for both entities, since in some cases they share infrastructure and in others they are located on different properties. Likewise, if they decide to continue disposing of waste on both properties, their useful lives will also differ. Both the Municipality of Cartago and WPP Continental must comply with the provisions of the Regulations on Sanitary Landfills in force on their respective properties...’ (...) 13.- That, as evidence for further consideration, by letter No. MS-DRRSCE-0941-2019 dated 4 September 2019, attorney Gaudy Mabel Abarca Gutiérrez of the Central East Regional Health Authority Directorate submits Technical Report No. MS-DRRSCE-URS-IT-0434-2019, signed by Engineers Jesús Zamora Hidalgo and Nelson Artavia Vega, officials of the Central East Health Authority Unit’s Health Regulation Process, and addressed to Dr. Oscar Bermúdez García, Director of that Health Authority Directorate. They conclude and recommend as follows: ‘CONCLUSIONS 1. Based on an average intake of 275.13 tons/day, the active land used by WPP would reach the end of its capacity to receive fill material by the end of January 2020. 2. There is no Health Order or letter requiring the Municipality of Cartago to conduct soil studies at the Los Pinos Sanitary Landfill, nor is the need for such a study on its part called into question. However, a decision by the Ministry’s Central Level is still pending to provide a definitive response as to who is responsible for the technical closure and maintenance of the project.’”\n\nWPP filed a claim against the State and Andrea Anelisse Morales Fiesler, requesting a declaration that Health Order no. CE-ARSC-OS-0138-2019, resolution DM-RC-1069-2019, and all other related administrative acts were absolutely null; and that the State and co-defendant Morales Fiesler be held jointly liable for the damages and losses it had suffered, consisting of the following, estimated as indicated: For material damage, it claimed the profit it failed to earn on waste that did not enter the sanitary landfill, given the project’s remaining capacity of 620,757.99 cubic meters, equivalent to a capacity to receive 620,757.99 metric tons of waste. Using an average market price of ¢13,500.00 per metric ton, it estimated this item at ¢8,380,232,865.00. For non-pecuniary damage to its commercial reputation, it claimed that the Ministry of Health had itself acted illegitimately to spread among the various municipalities that deposited waste at the sanitary landfill that the project would be closed. It prudently assessed this at ¢50,000,000.00. As for consequential losses, it asked that the defendants be ordered to pay legal interest at the statutory rate on the amounts awarded for material damage and non-pecuniary damage to its commercial reputation, from the date the judgment awarding them became final until payment in full. The State’s representation and that of Ms. Andrea Morales Fiesler answered the claim in the negative and raised the preliminary defense of necessary passive joinder, as well as the substantive defense of lack of entitlement. They also requested that the claim be dismissed in all respects and that the claimant be ordered to pay costs and the corresponding interest until payment in full. The Tribunal upheld the defense of lack of entitlement and dismissed the claim in all respects. It ordered the losing claimant to pay costs and interest thereon to the defendants, to be determined and liquidated at the judgment-enforcement stage once this ruling became final. Dissatisfied, the claimant filed an appeal in cassation, setting out three substantive grounds.\n\nII.- First: The claimant alleges an indirect violation of the legal order because evidence submitted in the proceedings was disregarded. It specifies that this concerns the updated administrative file, provided after the preliminary hearing, which included Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020. It explains that, after the hearing under Article 70 of the Code of Administrative Litigation Procedure (CPCA), it offered as additional evidence Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, which had been notified to it on 1 September 2020. It states that, when the relevant stage of the preliminary hearing arrived, it withdrew that offer because the Tribunal had already ordered the State to update the administrative file and the cited Health Order was among the new documents to be submitted. It says the record shows that the State complied with the order by a filing dated 30 September 2020 and submitted volumes 16, 17, and 18 of the administrative file. It complains, however, that this material was not considered when judgment was issued. Thus, documentary evidence relating to Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020 was disregarded. Comparing that act with the Health Order at issue in these proceedings, no. CE-ARSC-OS-0138-2019, and the resolution affirming it, whose nullity was also sought, no. DM-RC-1069-2019, it is clear that the Ministry of Health itself allowed its operations to continue. It insists that the Tribunal paid no attention to the documents the State added to the updated file, specifically failing to address Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020. In that order, the Ministry of Health allowed it to operate, though the acts at issue in the proceedings had prohibited this. It points out that it was authorized to receive waste, subject to the applicable setbacks. In its view, this resulted in the claim’s first request being satisfied outside the proceedings. It submits that, once issuance of Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020 was found as a proven fact, that request should have been deemed satisfied.\n\nSecond: The claimant alleges that the judges indirectly violated the law by disregarding its agreement with the Municipality of Cartago, which co-defendant Morales Fiesler had submitted. It explains that its theory of the case included, among other things, that the co-defendant had acted at least with gross negligence because, without jurisdiction, she “decided” the dispute between it and the Municipality of Cartago in favor of the latter. It states that its disagreement over whether the administrative contract had expired prevented it from continuing to receive waste on the part of the landfill owned by that Municipality. It asserts that, although no court had ruled in favor of the local government of Cartago, co-defendant Morales Fiesler—whose position is that of an administrative body—“settled” the dispute by means of the Health Order at issue here. It argues that, under the maxim iura novit curia, and assuming that Ms. Morales Fiesler’s actions were “correct,” Article 159 of the General Law of Public Administration (LGAP) would in any event apply, since the dispute with the Municipality disappeared as of 2020. This is because it and the Municipality reached an agreement, the existence of which was made known by co-defendant Morales Fiesler herself. Accordingly, it complains, the document filed in the record on 23 September 2020 (a letter from the Office of the Comptroller General of the Republic, in which the Municipality of Cartago itself informed it that a settlement had been reached allowing it to use property no. 3-255175 again) extinguished the purported “reason” for the Health Order at issue. It asserts that this document is in the judicial file and is sufficient and appropriate evidence to establish that the Health Order at issue in the proceedings became null by supervening circumstances. Thus, it argues, once the dispute disappeared, there was no longer any reason to restrict the continued receipt of solid waste on the municipal property. Consequently, it considers the acts identified in the first request of its claim to have become null by supervening circumstances. It states that, when the Ministry of Health issued Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, it allowed its commercial activity to continue. Accordingly, it says that, to remedy the failure to consider evidence, the proven facts should be supplemented to include not only the existence of that Health Order but also letter no. DCA-3481 of the Office of the Comptroller General, admitted as “new evidence” at the preliminary hearing. It insists that the Tribunal should have found it proven that, by that act of the Office of the Comptroller General, it was informed of an agreement between it and the Municipality of Cartago under which it could again use Cartago property no. 3-255175. It should also have found that Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020 allowed it to resume operations subject to the conditions detailed by the State. It states that, upon adding these two proven facts, not only would the first request in the claim clearly be warranted, but so would the other forms of relief it sought. It submits that, whether because of satisfaction outside the proceedings or the supervening nullity of the acts identified in the first request, there is a duty to compensate it and to charge the co-defendants with the costs of the proceedings.\n\nThird: The claimant contends that the Tribunal violated Articles 16 and 133 of the LGAP, in conjunction with the Regulations on Sanitary Landfills, Executive Decree no. 38928-S (RSRS). It states that the administrative acts identified in the first request contravene the unambiguous rules of science and technology. It explains that the co-defendant added a “clarification” to the Health Order she issued, directing it to carry out the technical closure of the Los Pinos Sanitary Landfill even though useful life remained and there was remaining capacity in the cells. It states that, as it had said, under the Ministry of Health’s own technical regulations, the basic structure of every sanitary landfill consists of its cells, which must be completed. Civil designs, as well as calculations and other technical matters governed by the rules in Article 16 of the LGAP, are not subject to considerations of expediency or convenience. The issue, contrary to what seemed to be understood—with the judgment improperly applying substantive rules—is not that it considered the original designs of a sanitary landfill “immutable.” It does not dispute, it points out, that an initial design may be modified on the basis of technical criteria and new calculations that have undergone the relevant review. In this case, it argues, what it complained of from the outset, and what the Tribunal failed to consider, is that the co-defendant’s order lacked technical criteria. This is because, from one day to the next, she ordered waste reception to cease entirely, without calculations or adjustments previously reviewed in accordance with the unambiguous rules of science and technology. It points out that the co-defendant lacks the technical training to do so. The technical report preceding issuance of the Health Order at issue contained no recommendation for the “clarification” that Ms. Morales Fiesler added on her own initiative, without any analysis or calculation of the consequences of proceeding with technical closure of a landfill before completing all or part of the capacity of its cells. It adds that no discretionary action was appropriate in this matter, as the judges erroneously understood. Article 16 of the LGAP places a limit on any discretion in this area. A decision as severe as completely halting the receipt of waste at a sanitary landfill is not discretionary. It must be based on technical criteria and must never be based on considerations of expediency or convenience. What happened afterward, including the facts that should have been found proven in light of the evidence disregarded, as set out above, confirms that there was no technical basis for preventing waste from being received. It states that what existed was a dispute with the Municipality of Cartago in which the co-defendant took sides; that dispute later disappeared, and the Ministry of Health therefore allowed it to continue operating.\n\nIII.- In the first ground, the claimant alleges that Health Order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020, which, it says, allowed the Ministry of Health to let it continue operating the sanitary landfill, was disregarded. In its view, this circumstance resulted in the first request in its claim being satisfied outside the proceedings. In essence, it argues that, had act no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020—which it alleges was disregarded—been assessed, the issuance of that letter should have been found as a proven fact and the cited request consequently deemed satisfied. In its ground, the cassation appellant identifies no rule as having been violated, despite alleging an indirect violation of law resulting from the claimed failure to consider evidence. With respect to appeals in cassation, this Chamber has emphatically held that an appellant must comply with proper cassation technique when presenting arguments, as required by Article 139, paragraph 3), of the CPCA. An appellant must explain clearly and precisely what the grievance consists of. In a case such as this, in which an indirect error is alleged, the cassation appellant must cite the substantive rule violated by the challenged decision, specify the error committed by the Tribunal, and explain the significance of that error for the dispositive part of the judgment. In keeping with the foregoing, appeals in cassation generally carry basic requirements, without which this Chamber cannot examine the grounds asserted. Accordingly, the appeal must be self-sufficient. This requires the objector to identify and specify the basis of the complaint; it is not for this collegial body to interpret the submission to discern the objection and determine what the dissatisfied party intended to say. For a challenge to be examined, it must include a specific explanation of the grounds of appeal, together with the corresponding challenges to the reasoning supporting the challenged decision; without this, it would be impossible for this Chamber to identify an error unless it is demonstrated using the technique described. Moreover, as this Chamber has stated in interpreting Article 139 ibid., the appeal must contain a minimum legal argument. The appellant must explain the reasons supporting the objection by challenging the legal reasoning of the decision under appeal and citing the rules on which the objection is based. Accordingly, adequate legal argument is incompatible with an unclear citation of rules and allegations; a mixture of imprecise arguments; a brief statement of opinions about the merits or fairness of the case; or a list of alleged errors in the challenged decision without proper support in legal rules or principles. Here, it is clear that the objection under review entirely omits that technical and legal connection, demonstrating a lack of legal argument and, consequently, failure to meet the requirement in Article 139.3, with the resulting summary dismissal under Article 140, paragraph c), both of the CPCA. In any event, apart from the technical deficiency in the objection, it is evident that the ruling the appellant claims was omitted as to satisfaction outside the proceedings was not an issue raised or discussed in the proceedings, and the Tribunal was therefore barred from ruling on that point. Accordingly, the ground is dismissed.\n\nIV.— In the second ground of challenge, she argues that the Tribunal committed an indirect error of law because it did not assess the settlement agreement between her and the Cartago Municipal Council. As will be explained below, it was held in this regard that WPP’s contractual relationship with the Municipality of Cartago, as well as any dispute or agreement arising from it, has no bearing on or effect on the validity or purpose of the health order at issue in these proceedings. The claimant has not succeeded in overturning that conclusion. She adds that the provision in Article 159 of the LGAP applies, without specifying or indicating how the judges violated it, or why or how it should apply. Nor does she show how the regulations applied were misapplied. She also alleges that the judges failed to consider act no. DCA-3841 of the CGR, which recorded the aforementioned agreement and allowed her to use Cartago property no. 255175 again to deposit waste. She likewise alleges that health order no. MS-DRRSCE-ARSC-OS-1857-2020 authorized her to resume operation of the sanitary landfill. In essence, she argues that she should have been awarded compensation and the costs of the proceedings imposed on the codefendants, either because the matter was resolved outside the proceedings or because the acts identified in the first claim were subsequently declared void. She raises the latter point only at this procedural stage; it was therefore neither proposed nor debated during the proceedings and cannot be considered, since doing so would violate the defendant’s right to due process and defense. At this point, it is necessary to be clear about the relief sought in claim 1, namely, a declaration that: “Health order CE-ARSC-OS-0138-2019, resolution DM-RC-1069-2019, and every other related administrative act are absolutely void.” The claimant stated several grounds for considering that act absolutely void. The judges, for their part, considered each of them and gave reasons why the act could not be declared void. First, they addressed the facts giving rise to the dispute. They noted that in January 2002, the Municipality of Cartago and the claimant company entered into the contract for the “Final Disposal and Treatment of Solid Waste of the Canton of Cartago.” That agreement was amended with respect to the collection and treatment of solid waste and the operation of the Los Pinos sanitary landfill, which comprised several properties, one of which belonged to the Cartago Municipal Council. In 2018, the cited agreement expired, so the Municipality took possession of its property and asked WPP to carry out the corresponding closure works as agreed. From that point, certain disagreements arose that affected the disposal and treatment of solid waste at the aforementioned sanitary landfill, causing environmental pollution and putting public health at risk. This prompted the Ministerio de Salud to take the administrative decisions at issue in these proceedings, including the contested health order no. CE-ARSC-OS-0138-2019. The grounds alleged by the claimant included defects in the statement of reasons, content, and competence. On the basis of Article 136 of the LGAP and constitutional case law, the judges held:\n\n“In this case, the challenged health order indisputably contains the statement of reasons required by the legal ‘system’, in that it informs its recipients of the factual circumstances and legal reasons for the administrative decision. It also states that it is based on report no. CEARSC-R-00096-2019, a copy of which is attached and which literally states: ‘…The contractual and legal problems between WPP and the Municipality of Cartago have resulted in maintenance not being provided in sections of the sanitary landfill and technical closure works not being carried out, causing leachate to pool on the land and waste to be exposed, which poses a risk to public health…’. The recommendation mentioned by the claimant, which appears in that report, to refer the matter to the Regional Level and request legal and technical advice on how to proceed, is not exclusively a technical recommendation; it also concerns opportunity and convenience. It is therefore a decision for the person exercising public authority at that time, especially since the legal interest to be protected was public health, all within the parameters of administrative discretion. The limits on discretion have not been challenged in this case. Even so, this Tribunal finds that the decision taken by the Director of the Health Area is clearly and evidently justified, given the poor condition of the closed section of the sanitary landfill, as objectively established by the Ministerio’s technical staff. It should be emphasized here that the Municipality and the claimant company had already agreed to the technical closure of that section of the sanitary landfill. Nevertheless, after assessing the technical reports, the Director of the Health Governing Area decided that allowing more waste to be dumped would be contrary to public health. It should also be recalled that administrative action and the law governing it are the first response: when a social or environmental problem arises, as in this case, the Administration’s powers must move to the ‘front line’ to address immediately the situation affecting the collective interest… As the recipient of the effects of the administrative act, the claimant company was responsible for setting out precise arguments to rebut the factual circumstances on which the measure in the health order was based. Under the principle that whoever makes an allegation must also prove it, and thereby overcome the presumption of legality of the administrative act, which is essential to administrative efficiency and effectiveness, the claimant failed to meet that procedural burden. Neither its arguments nor its evidence included any element this Tribunal could analyze to reach the requested conclusion that the act was void.”\n\nRegarding the challenged competence of the Director of the Cartago Health Governing Area, a codefendant, to issue the health order, the Tribunal based its decision on Articles 50 of the Constitution; 4, 37, 39, 262, 263, 282, 293, 294, and 378 of the Ley General de Salud no. 5395; 53, 54, 60, and 62 of the Ley para la Gestión Integral de Residuos no. 8839; and 66 of the LGAP. It held: “…in the specific case, this means that the Director of the Health Governing Area was bound by that power and duty to decide on the legal situation that, according to technical findings, was affecting the collective interest in the area of health.”\n\nAs to the alleged unlawfulness and impossibility of complying with the health order in question, the Tribunal held:\n\n“…It is clear from the reasons section of health order no. CE-ARSC-OS-0138-2019 that the measure is based on technical report CE-ARS-R-0096-2019, prepared by the Health Regulation Process. This technical report conclusively establishes the imminent and serious risk to public health arising from the improper management of the sanitary landfill in question. In particular, the document warns that conditions have deteriorated and become dangerous in the management of waste in the sector owned by the Municipality of Cartago, where solid waste is no longer being disposed of in a sanitary manner. Specifically, it states that maintenance work and technical closure works are not being carried out, leading to leachate pooling, waste exposure, and extremely deteriorated sanitary conditions at the site. These conditions pose a direct risk to public health and therefore, in themselves, justify the adoption of immediate corrective measures, consistent with the principles of public health protection and current environmental regulations… The claimant’s argument contains a fundamental inconsistency in its conclusions because it rests on an erroneous premise: it maintains that the contract clauses or project conditions under which the management was approved could somehow bind the Ministerio de Salud, particularly the Director of the Health Governing Area, by limiting her statutory powers. This interpretation has no basis in the legal system, since health and environmental regulations clearly establish the powers and responsibilities of those entities, without any subordination or requirement limiting their actions to safeguard public health. Accordingly, modification of the project, even if previously approved, does not prevent the competent authority from carrying out the orders issued to protect public health… Technical or administrative impossibility at a given time does not relieve the authority of its obligation to act to protect health, provided that there is a demonstrable and real risk, as was detected in this case. In conclusion, the health order and the actions intended to correct the situation may require prior contractual or administrative provisions to be modified, but they are nonetheless mandatory under the legal and constitutional duty to protect health and the environment. There is no evidence that compliance was technically impossible or that the purpose of the health order was to provide a third-party resolution of the dispute between the Cartago Municipal Council and the claimant company. The evidence presented and the applicable legal considerations make clear that the health authority acted within its powers, in full compliance with the regulatory framework, and in response to a situation posing a serious risk to the community.”\n\nThe judges likewise rejected the claimant’s objection that the health order violated Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios no. 38928-S by ordering the technical closure of the landfill before all of its cells were complete. They held:\n\n“The claimant’s interpretation, that these definitions and requirements limit or condition the health authority’s power to order the landfill’s closure before it reaches capacity, is unsupported by the regulatory text. The definitions contain no mandatory rule preventing action in situations of imminent risk to public health. In short, the cited rules do not expressly prohibit the adoption of health measures in response to emergencies or imminent risks, such as the challenged health order, which is based on protecting public health in the face of uncontrolled dangers. Those provisions therefore cannot properly be interpreted to contradict the authority and need to adopt health measures that safeguard the population’s well-being, in keeping with the legal system and current regulations.”\n\nRegarding the content of the act, the judges held:\n\n“…It is appropriate to point out that the claimant has incorrectly identified the reason for the challenged administrative act. The health order issued by the Director of the Health Area is primarily intended to prevent harm to public health resulting from improper management of the sanitary landfill, since the Ministerio de Salud Technical Unit established in the administrative proceeding that there was a health risk requiring immediate intervention. It is important to note that, under the applicable regulatory framework and the text of the act itself, the basis for this formal administrative action is not limited to resolving a contractual dispute. Its principal reason is the protection of the public interest in health. The purpose of the health order therefore extends beyond the mere legal relationship between the Municipality and the claimant company: it responds to the State’s obligation to ensure appropriate sanitary conditions and prevent risks to the population, regardless of the disputed matters between private parties. In this context, a dispute over the administrative legal relationship between the Municipality and the company does not, by itself, affect the validity or purpose of the health act. The order’s essential function is to protect public health preventively, consistently with the guiding principles of health administrative law and the constitutional and legal duties assumed by the health authorities. Accordingly, the conclusion that the resolution of the private dispute or the existence of a conflict between the parties entails the nullity of the health order has no legal basis. The order was issued for a clear and legitimate purpose: protecting the inhabitants from a health risk, not resolving civil or contractual disputes.”\n\nThe passages reproduced above show that the challenged judgment gave reasons why the claimant’s assertions were unfounded. It clearly and precisely explained why the statement of reasons, content, and competence elements of health order no. CE-ARSC-OS0139-2019 complied with the law. It also explained why the health order was neither unlawful nor impossible to comply with, and why it did not violate Reglamento Sobre Rellenos Sanitarios no. 38928-S by ordering the technical closure of the landfill, setting out the factual and legal grounds for that conclusion. The appellant in cassation, however, fails to challenge the Tribunal’s precise, clear, and extensive grounds. An exhaustive analysis of the arguments in the cassation appeal shows that, to a great extent, she merely repeated arguments already made during the proceedings when presenting her case theory. It is therefore clear that she failed to rebut the judges’ conclusions with other factual and legal arguments. In particular, she did not explain why the factual circumstances and legal rules on which those conclusions rested were irrelevant. Consequently, the appellant’s arguments first prevent any alteration to the findings of fact deemed proven and not proven. Second, as to the alleged legal violations, she failed to explain why the law was incorrectly applied or what provisions should have been applied instead. In her second objection she cites one provision (Article 159 of the LGAP), and in her third she cites two (Articles 16 and 133 thereof), but she fails to explain clearly, precisely, and specifically how the Tribunal violated them, whether by misapplication or nonapplication. Nor does she indicate, if applicable, why they should have been applied in this case.\n\nV.— As a separate matter, the appellant is again mistaken in arguing that the objection concerning the lack of technical criteria when health order no. no. CE-ARSC-OS0139-2019 was issued was overlooked. In the third ground, she states that Article 16 of the LGAP sets a limit on any discretion. She objects that the order barring waste from entering a sanitary landfill is not discretionary and must be supported by technical criteria, never by considerations of opportunity or convenience. As reflected in the passage quoted in the preceding section, the Tribunal stated that the order was based on report no. CEARSC-R-00096-2019, which contained a technical recommendation. It also stated that the decision rested not only on technical criteria but also on considerations of opportunity and convenience that the public official exercising authority had to take into account (the parameters of administrative discretion), since the legal interest to be protected was public health. The appellant does not challenge this clearly and specifically and has therefore failed to overturn it, either factually or legally. The challenged judgment stated, among other things, that the limits on discretion had not been challenged, but nevertheless gave reasons why the decision taken by the codefendant Morales Fiesler was sufficiently justified. It noted that the closed section of the sanitary landfill was in poor condition, as shown by the technical staff of the Ministerio de Salud. It also noted that this created a social problem by affecting the environment and health, and that the administrative action was therefore in the collective interest. The Tribunal added that in this case it was the claimant company, as the recipient of the closure order, that had to present evidence and arguments to undermine the presumption of legality of the act. However, she failed to meet that procedural burden because she presented no arguments or evidence that the Tribunal could analyze. Accordingly, this ground is dismissed.\n\nVI.— For the reasons stated, the appeal must be rejected. Pursuant to subsection 3) of Article 150 of the CPCA, the costs of the appeal shall be borne by the person who brought it.\n\nTHEREFORE\n\nThe appeal filed is rejected. Its costs shall be borne by the appellant. HBRENES\n\nLuis Guillermo Rivas Loaiciga\n\nRocío Rojas Morales\n\nJorge Leiva Poveda\n\nCarlos Guillermo Zamora Campos\n\nRosa Maria Cortés Morales\n\nDigitally Signed Document\n\n-- Verification code --\n\n\n\n6OEWQPQ9A1861\n\nTelephone: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email: sala_primera@poder-judicial.go.cr" }