{ "id": "nexus-sen-1-0004-768087", "citation": "Res. 00825-2013 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Ejecución de amparo ambiental por siembra de piña en Pococí", "title_en": "Enforcement of environmental amparo for pineapple planting in Pococí", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia resuelve dos recursos de casación interpuestos contra una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en un proceso de ejecución de una sentencia constitucional de amparo. El amparo original, acogido por la Sala Constitucional, condenó al Banco Crédito Agrícola de Cartago al pago de costas, daños y perjuicios por afectaciones ambientales derivadas de la siembra de piña en una finca aledaña al acueducto rural de Santa Rosa de la Rita, Pococí. En la ejecución, el Juzgado rechazó las excepciones del banco y acogió parcialmente la liquidación presentada por los ejecutantes, concediendo únicamente las costas personales del amparo y rechazando los millonarios reclamos por daño material, ambiental y moral por falta de prueba. La Sala Primera desestima ambos recursos de casación. Por un lado, rechaza los agravios procesales de los ejecutantes (falta de traslado de excepciones, prueba para mejor resolver, peritaje y valoración probatoria) por infundados e informales. Por otro, desestima el recurso del banco sobre la legitimación de los ejecutantes (firmas) y la condena en costas, confirmando que la condena al vencido es imperativa. Se consolida así un criterio que privilegia la protección ambiental al reconocer legitimación a un grupo de vecinos afectados por un proyecto agrícola, aunque limitando la cuantía indemnizatoria a lo estrictamente probado.", "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court rules on two cassation appeals against a judgment of the Administrative and Civil Treasury Court in a proceeding to enforce a constitutional amparo ruling. The original amparo, granted by the Constitutional Chamber, ordered Banco Crédito Agrícola de Cartago to pay costs and damages for environmental harm caused by pineapple planting on a property adjacent to the rural aqueduct of Santa Rosa de la Rita, Pococí. In the enforcement proceeding, the lower court rejected the bank's defenses and partially granted the requested liquidation, awarding only the personal costs of the amparo and denying the multi-million claims for material, environmental, and moral damages due to lack of evidence. The First Chamber dismisses both appeals. It rejects the applicants' procedural complaints (lack of notice of defenses, evidence for better decision, expert evidence, and evidentiary valuation) as unfounded and formally defective. It also dismisses the bank's arguments concerning the applicants' standing (signatures) and the award of costs, confirming that imposing costs on the losing party is mandatory. The ruling reinforces environmental protection by recognizing the standing of a group of neighbors affected by an agricultural project, while limiting indemnification to what was strictly proven.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "04/07/2013", "year": "2013", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "amparo ambiental", "ejecución de sentencia", "legitimación activa", "daño ambiental", "prueba para mejor resolver", "condena en costas", "litis consorcio pasivo necesario", "autenticación de firmas" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 38", "law": "Ley de la Jurisdicción Constitucional" }, { "article": "Art. 193", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 94", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 137", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" }, { "article": "Art. 70", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" } ], "keywords_es": [ "ejecución de sentencia", "amparo ambiental", "siembra de piña", "daño ambiental", "legitimación activa", "costas procesales", "prueba para mejor proveer", "recurso de casación" ], "keywords_en": [ "enforcement of judgment", "environmental amparo", "pineapple cultivation", "environmental damage", "standing", "court costs", "evidence for better decision", "cassation appeal" ], "excerpt_es": "VI.- Respecto al primer reproche del recurso, se debe indicar que el quinto hecho probado de la sentencia impugnada, responde y coincide plenamente con el fallo constitucional no. 018035-2007. En ese documento se infiere que el recurso de amparo fue interpuesto por varios vecinos de Pococí, al sentirse afectados en sus derechos constitucionales y ambientales, debido las actividades de siembra de piña que inició la entidad estatal. Fue demostrado en la ejecución, que el recurso de amparo lo presentaron no solo los aquí ejecutantes, sino por un número mayor de personas, según se desprende de las copias certificadas de aquel recurso aportadas por el propio Banco (folios 9 al 16). Ello es suficiente para demostrar, en primer término, que el escrito inicial del recurso constitucional, fue interpuesto por varios habitantes de la localidad y su abogado. Ahora bien, lleva razón la juzgadora cuando establece que las firmas de los recurrentes no se encontraban autenticadas, puesto que el numeral 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no exige mayores formalidades con la interposición del recurso de amparo, entre ellas, el de autenticación. Por lo cual bastaba con la simple mención y firma de los solicitantes. Distinto sucede con el caso de la ejecución, en donde las rúbricas si debían ser autenticadas. En el caso concreto, en el escrito de ejecución se desprende que las firmas de los ejecutantes sí fueron autenticadas, por lo que no había razón para dudar de su veracidad, máxime cuando no existe prueba de que no correspondían a las de los promoventes del recurso. En esta línea, quien tenía el deber de acreditar lo contrario era el recurrente. Estos aspectos fueron debidamente observados por la juzgadora según se desprende del fallo. De esta forma, visto el escrito del recurso de amparo y el memorial inicial de ejecución, se comprueba que cada uno de los ejecutantes fue promovente del amparo, por lo que se puede concluir que existe identidad de sujetos entre uno y otro proceso.\n\nVII.- Sobre el tema de la condena en costas, merece indicarse, que en reiteradas ocasiones la mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que, la condena al vencido del pago de las costas, tiene su origen en una norma imperativa. Según el ordinal 193 citado, en “las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio” (el subrayado no es del original). Continúa el canon, “No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar” (el subrayado es suplido). De esta forma, la condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho de serlo, en tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador. En ese sentido, solo cuando hace uso de esta facultad, podría darse una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea interpretación o falta de actuación del precepto. Distinto ocurre cuando el juez las impone al perdidoso por el hecho de serlo, pues se limita a emplear la regla o mandato general contemplado en cardinal 193. De esta manera, no puede infringirse la norma si no se aplica la excepción a la regla, es decir, no puede violentarse si no ejerce la facultad de exonerar las costas. Por este motivo, por mayoría se estima que el reproche resulta inatendible y deberá desestimarse.", "excerpt_en": "VI.- Regarding the first complaint in the appeal, it must be noted that the fifth proven fact of the challenged judgment fully matches constitutional ruling no. 018035-2007. That document infers that the amparo was filed by several neighbors of Pococí, who felt their constitutional and environmental rights were affected due to the pineapple planting activities initiated by the state entity. It was demonstrated in the enforcement proceeding that the amparo was filed not only by the enforcement claimants here, but by a larger number of people, as evidenced by the certified copies of that appeal provided by the Bank itself (folios 9 to 16). This is sufficient to demonstrate, first, that the initial writ of the constitutional appeal was filed by several local residents and their attorney. Now, the judge is correct in stating that the signatures of the applicants were not authenticated, since Article 38 of the Constitutional Jurisdiction Law does not require many formalities for filing an amparo, including authentication. Therefore, the mere mention and signature of the applicants sufficed. The situation is different in the enforcement proceeding, where signatures did need to be authenticated. In this specific case, it is clear from the enforcement writ that the signatures of the enforcement claimants were authenticated, so there was no reason to doubt their authenticity, especially when there is no evidence that they did not correspond to those of the original amparo promoters. Accordingly, the burden of proving the contrary was on the appellant. These aspects were duly observed by the judge as set forth in the ruling. Thus, comparing the amparo writ and the initial enforcement brief, it is confirmed that each enforcement claimant was a promoter of the amparo, leading to the conclusion that there is identity of parties between the two proceedings.\n\nVII.- On the issue of costs, it must be noted that the majority of this Chamber has repeatedly stated that the imposition of costs on the losing party originates from a mandatory rule. According to the cited Article 193, \"in judgments and orders having the nature of a judgment, the losing party shall be ordered to pay personal and procedural costs, a pronouncement that shall be made ex officio\" (emphasis not in original). The article continues: \"Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from paying costs when: / a) The judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party could not verisimilarly have known and, because of that, the party's opposition was adjusted. / b) By the nature of the debated issues, the Court deems there was sufficient reason to litigate\" (emphasis supplied). Thus, the imposition of costs on the losing party proceeds by the mere fact of being the loser, while exoneration is a power of the judge. In that sense, only when that power is exercised could there be a substantive violation due to improper application, erroneous interpretation, or failure to apply the provision. The situation is different when the judge imposes costs on the losing party simply because it lost, as the judge merely applies the general rule or mandate set forth in Article 193. In this way, the rule cannot be violated if the exception to the rule is not applied, i.e., it cannot be violated if the power to exonerate costs is not exercised. For this reason, by majority vote, the complaint is deemed unfounded and must be dismissed.", "outcome": { "label_en": "Both appeals denied", "label_es": "Sin lugar ambos recursos", "summary_en": "The First Chamber dismisses the cassation appeals filed by both parties, upholding the judgment that ordered the Bank to pay only the personal costs of the amparo and denied the remaining claims for damages due to lack of evidence.", "summary_es": "La Sala Primera declara sin lugar los recursos de casación interpuestos por ambas partes, confirmando la sentencia que condenó al Banco únicamente al pago de las costas personales del amparo y rechazó los demás extremos indemnizatorios por falta de prueba." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII", "quote_en": "the imposition of costs on the losing party proceeds by the mere fact of being the loser, while exoneration is a power of the judge.", "quote_es": "la condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho de serlo, en tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "the rule cannot be violated if the exception to the rule is not applied, i.e., it cannot be violated if the power to exonerate costs is not exercised.", "quote_es": "no puede infringirse la norma si no se aplica la excepción a la regla, es decir, no puede violentarse si no ejerce la facultad de exonerar las costas." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "evidence for better decision is characterized as belonging to the judge, not the parties, as it is a power granted to clarify any factual issue deemed relevant and pertinent that cannot be deduced from the evidentiary record offered.", "quote_es": "la prueba para mejor resolver, se caracteriza por ser del juzgador, no de las partes, al tratarse de una facultad que se le otorga con la finalidad de aclarar alguna cuestión fáctica que considere relevante, pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "nexus-sen-1-0004-916252", "kind": "related_voto", "label": "" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-768087", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0004-916252" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 00825 - 2013\n\nFecha de la Resolución: 04 de Julio del 2013 a las 09:35\n\nExpediente: 09-001045-1028-CA\n\nRedactado por: Román Solís Zelaya\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Prueba para mejor proveer\n\nSubtemas:\n\nFacultad del juzgador.\n\nAnálisis sobre la prueba para mejor resolver. Resulta improcedente el ofrecimiento de un recibo o comprobante de pago que se dice omitieron involuntariamente aportar. Más que un vicio, resulta un error de la representación de la ejecutante que no puede ser remediado mediante las causales del recurso extraordinario del canon 137 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por ende, no se concibe la indefensión alegada. Ellos pretendían incorporarla como prueba para mejor resolver, pero fue a efectos de suplir la omisión de su deber probatorio, lo cual fue correctamente explicado y rechazado en el fallo impugnado, por tratarse de un documento de fecha anterior a la presentación de la ejecución. Era su deber aportarlo oportunamente o al menos realizar mención expresa sobre su existencia en el proceso, al no ser así, el elemento de convicción mencionado resulta inadmisible.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Prueba\n\nSubtemas:\n\nPeritaje.\n\nCuando una parte ofrece prueba pericial, debe saber que en cualquier momento se le requerirá, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el depósito del monto de los honorarios, los cuales serán estimados prudencialmente por la jueza o el Tribunal, so pena de prescindirse de aquella probanza en caso de incumplimiento (cardinales 94 y 143 Código Procesal Contencioso Administrativo y 42.2 de su Reglamento). Se trata de un plazo procesal perentorio. En este asunto, la juzgadora realizó la prevención dentro del plazo legal. Si la parte no cumplió, ese no es un motivo por el cual la sentencia deba ser anulada, ya que la responsabilidad del incumplimiento recae directamente sobre el o los proponentes de la pericia. En este tanto, lo correcto era rechazar la probanza, como así fue dispuesto.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nFundamentación.\n\nEl cargo sobre la indebida valoración de la prueba testimonial ha de rechazarse por informal, toda vez que no indica los preceptos de fondo quebrantados; no identifica las normas sustantivas conculcadas, la forma en que han sido vulneradas, ni el modo cómo se produce su quebranto (fundamentación jurídica requerida).\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Prueba\n\nSubtemas:\n\nRecurso de apelación.\n\nEl rechazo de una prueba no tiene recurso de apelación en el marco procesal del Código Procesal Contencioso Administrativo.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nLegitimación para recurrir.\n\nEn la especie, el fallo impugnado tanto en su parte considerativa como dispositiva, rechaza contundentemente cada una de las defensas opuestas por el Banco demandado, por lo que no es cierto que la sentencia no realizó pronunciamiento al respecto. Al rechazarse, no existe el perjuicio y sin este, no hay legitimación para recurrir.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nCostas.\n\nPor mayoría de esta Sala, la condena al vencido del pago de las costas tiene su origen en una norma imperativa (canon 193 Código Procesal Contencioso Administrativo), por lo que se condena sólo por el hecho de serlo. Cuando el juzgador hace uso de la facultad de exoneración, podría darse una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea interpretación o falta de actuación del precepto. De esta manera, no puede infringirse la norma si no se aplica la excepción a la regla. Por este motivo, el reproche resulta inatendible y deberá desestimarse.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nDebido proceso.\n\nEl casacionista reprocha que la sentencia es ayuna de fundamentación y quebranta el debido proceso, porque el Juzgado no dio traslado de las excepciones y en el fallo no existe pronunciamiento en torno a ellas. Esta Sala rechaza el cargo, toda vez que el fallo impugnado se pronunció al respecto, en su parte considerativa y dispositiva, al rechazar cada una de las defensas opuestas, por lo que no hay perjuicio ni legitimación para recurrir. Por ende, no existe la indefensión alegada. Por otro lado, el reproche lo fundamentan en el cardinal 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo, norma que no se aplica para ejecuciones de sentencia de los procesos constitucionales de amparo, sino solo para procesos ordinarios o de conocimiento. La ejecutante, además, manifiesta tener conocimiento de esas defensas, por lo que excluye la indefensión alegada. Tampoco los ejecutantes, durante la audiencia convocada en el proceso, se opusieron al vicio analizado (cardinal 137.2 ibídem), ni en la etapa de conclusiones.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Contencioso Administrativo\n\nTema: Ejecución de sentencia\n\nSubtemas:\n\nAutenticación.\n\nEl numeral 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no exige mayores formalidades con la interposición del recurso de amparo, entre ellas, el de autenticación de firmas. Por lo cual bastaba con la simple mención y firma de los solicitantes. En el caso de la ejecución, las rúbricas si deben ser autenticadas. En el caso concreto, en el escrito de ejecución se desprende que las firmas de los ejecutantes sí fueron autenticadas, por lo que no había razón para dudar de su veracidad, máxime cuando no existe prueba de que no correspondían a las de los promoventes del recurso. En esta línea, quien tenía el deber de acreditar lo contrario era el recurrente. Visto el escrito del recurso de amparo y el memorial inicial de ejecución, se comprueba que cada uno de los ejecutantes fue promovente del amparo, por lo que existe identidad de sujetos entre uno y otro proceso.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n \n\n*090010451028CA*\n\nEXP: 09-001045-1028-CA\n\nRES: 000825-F-S1-2013\n\n          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil trece.\n\nEjecución de Sentencia establecida en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José por RICARDO, soltero, LUIS, soltero Y MILAGRO, todos de apellidos CAMPOS MORA, CARLOS SANDÍ BERMUDEZ,  JOSÉ RAFAEL MORA SÁNCHEZ, RICARDO CAMPOS ACUÑA, JULIO VALVERDE QUIRÓS, MARVIN MORALES ROJAS, SHIRLEY DURÁN VEGA, soltera, en unión libre, FERNANDO RAMÍREZ ALFARO, MIREYA JIMÉNEZ SERRANO, soltera, en unión libre, BERNAL, soltero, en unión libre Y HEIDI, divorciada, ambos de apellidos RAMÍREZ SERRANO; contra el BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO, representado por su subgerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Gregorio Segura Coto, economista agrícola, vecino de Cartago. Figuran además, como apoderados especiales judiciales de las partes, respectivamente, los licenciados José Ramón Chaves Castillo y Federico Mata Herrera, soltero, ambos abogados. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, agricultores y vecinos de Pococí de Limón.\n\nRESULTANDO\n\n         1. Con base en el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no. 2007-018035 de las 9 horas 32 minutos del 14 de diciembre de 2007, los ejecutantes presentan la respectiva liquidación para que se aprueben los siguientes montos ¢225.000.000,00 por concepto de daño material y patrimonial, ¢500.000.000,00 por daño ambiental, ¢350.000.000,00 por daño moral y ¢1.000.000,00 por concepto de costas personales del recurso de amparo.         \n\n         2. El representante del Banco contestó oponiendo las excepciones de falta de legitimación tanto activa como pasiva, falta de derecho y prescripción. Además de la defensa de litis consorcio pasivo necesario que se resolvió interlocutoriamente.\n\n          3. La Jueza Ericka Sanabria Salazar, en sentencia no. 166-2012 de las 14 horas del 24 de febrero de 2012, resolvió: “De conformidad con los hechos que informan el proceso, citas legales y jurisprudenciales mencionadas, se resuelve: Se rechazan las excepciones de prescripción o caducidad, falta de legitimación activa y pasiva y la de falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la presente ejecución, entendiéndose por rechazada en lo no expresamente concedido. Se condena al demandado Banco Crédito Agrícola de Cartago, a pagarle a los actores, la suma de setenta y cinco mil colones por concepto de costas personales del recurso de amparo cuya sentencia se ejecuta, así como los intereses legales que se generen sobre dicho monto a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta el efectivo pago del referido monto. Son las costas de este proceso a cargo del ejecutado.”\n\n          4. Ambas partes formulan recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal de instancia.\n\n5. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.\n\nRedacta el magistrado Solís Zelaya\n\nCONSIDERANDO\n\n          I.-  Ricardo Campos Mora, Luis Campos Mora, Ricardo Campos Acuña, Carlos Sandí Bermúdez, José Rafael Mora Sánchez, Julio Valverde Quirós, Milagro Campos Mora, Marvin Morales Rojas, Heidi Ramírez Serrano, Shirley Durán Vega, Fernando Ramírez Alfaro, Mireya Jiménez Serrano y Bernal Ramírez Serrano, formularon proceso de ejecución de sentencia de amparo, contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago, en el cual, figuraron como coadyuvantes las sociedades Caribbean Organic Pineapple GAC y Piñas Tropicales GAC. Expresaron, son parte de un grupo de usuarios del acueducto rural de Santa Rosa de la Rita de Pococí, Limón. Adujeron, el terreno donde se ubica el acueducto, colinda con la finca de la provincia de Limón no. 112413-000 propiedad del ejecutado en calidad de fiduciario, en la cual, durante el mes de febrero de 2007, se iniciaron labores de siembra de piña con todos los trabajos accesorios que ellas implican, como movimientos de tierras y construcción de canales de drenaje que afectaban el área de recarga del acuífero que abastece a la población. Por esta razón, expresaron, acudieron ante el órgano constitucional en amparo de sus derechos constitucionales y del medio ambiente. Mediante sentencia no. 2007-18035 de las 9 horas 32 minutos del 14 de diciembre de 2007, señalaron, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto y condenó al Banco, al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados. En virtud de lo anterior, en esta ejecución solicitaron los siguientes extremos: ¢225.000.000,00 por concepto de daño material y patrimonial, ¢500.000.000,00 por daño ambiental, ¢350.000.000,00 por daño moral y ¢1.000.000,00 por concepto de costas personales del recurso de amparo. El ejecutado se opuso e invocó la falta de legitimación activa y pasiva, prescripción y falta de derecho. El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al resolver el fondo de la controversia, denegó las defensas invocadas, acogió parcialmente la ejecución, condenó al ejecutado al pago de ¢75.000,00 por concepto de las costas personales del recurso de amparo, junto con sus intereses y añadió que debía entenderse rechazado en lo no expresamente concedido. Ambos litigantes, disconformes con lo decidido, acudieron a la Sala.\n\nRECURSO DE LOS EJECUTANTES\n\n               II.- En su único alegato de índole procesal, reprochan, la sentencia es ayuna de fundamentación fáctica y jurídica y quebranta el debido proceso por cuatro razones. 1. Refieren que el Juzgado “nunca”  les dio traslado sobre las excepciones de falta de: legitimación activa, pasiva, derecho y prescripción, alegadas por su contraparte. En el fallo no existe pronunciamiento en torno a ellas, señalan, por lo que debe anularse todo lo actuado. 2. Arguyen, se pagó ¢1.000.000,00 por concepto de costas personales del amparo, cuyo comprobante, por omisión involuntaria no se aportó a los autos, por lo que en su juicio, la juzgadora de instancia debía prevenirles que lo presentaran dentro del plazo de ley. Empero, critican, se fijó una suma inferior pese a existir un recibo por un monto mayor, el cual fue preterido. 3. En el escrito inicial de la ejecución, alegan, se solicitó un peritaje como prueba para mejor resolver, y se pidió el plazo de un mes para realizar el depósito, considerando los escasos recursos económicos de los solicitantes. La juzgadora no resolvió ese pedimento, explican, y luego manifestó que se había revisado la cuenta bancaria sin observarse el depósito, lo que resultaba materialmente imposible si nunca se pronunció sobre la solicitud de ampliación de plazo. Afirman haber planteado revocatoria y apelación, no obstante esta última nunca fue tramitada, privándoles de la posibilidad de conocer el criterio de segunda instancia, dejándoles en indefensión. 4. Finalmente objetan que los coadyuvantes hayan aportado dos testimonios de personas quienes son empleados suyos, por lo que tienen un interés directo y personal en la resolución del asunto. Citan como fundamento de sus reclamos los numerales 50 inciso 1) acápite b), 64 inciso 2), 70, 137, 138, 139 del CPCA y 39 y 41 de la “Ley Fundamental”.\n\n          III.- Sobre el traslado que indican, el Juzgado debió realizar de las excepciones, debe recordarse brevemente las actuaciones que se dieron después de interpuesta la demanda de ejecución de sentencia constitucional. Luego del escrito inicial, el auto inmediato siguiente emitido por la Juzgadora, requirió a los ejecutantes concretar los daños y perjuicios reclamados por cada uno de los promoventes (folio 25). Así procedió la parte interesada. Ante esto, en el auto del 28 de octubre de 2009 (folio 29), se tuvo por establecida la ejecución y se dio el respectivo traslado. El ejecutado contestó conforme a su escrito que rola a folio 38, donde además de referirse a los hechos, opuso las defensas de falta de: derecho, legitimación activa, pasiva, prescripción y litis consorcio pasivo necesario. El Juzgado, en el próximo pronunciamiento emitido el 21 de enero de 2010 (folio 135), dio audiencia a los ejecutantes de esa última excepción. En auto no. 1161-2010 de las 9 horas del 9 de abril de 2010, tal defensa fue denegada. Luego se realizó la audiencia para recibir la prueba testimonial el 17 de enero de 2012, donde cada una de las excepciones invocadas fueron ratificadas tanto por el Banco como por los coadyuvantes. Conociendo el fondo del asunto, el Juzgado rechazó cada una de las defensas. Ahora bien, en criterio de esta Sala, existen varias razones para rechazar el agravio de los recurrentes. En primer término, el fallo impugnado tanto en su parte considerativa como dispositiva, rechaza contundentemente cada una de las defensas opuestas por el Banco, por lo que no es cierto que la sentencia no realizó pronunciamiento al respecto. Al rechazarse, no existe el perjuicio y sin este, no hay legitimación para recurrir. Ello dice que por este motivo no podría existir la indefensión alegada. En segundo lugar, el reproche lo fundamentan en el cardinal 70 del CPCA, pero debe advertirse que esta norma no aplica para ejecuciones de sentencia de los procesos constitucionales de amparo, solo para procesos ordinarios o de conocimiento. En tercer lugar, hay que resaltar que en todo momento la parte ejecutante tuvo conocimiento de la interposición de las defensas por parte de la entidad estatal. Prueba de ello, es que en su escrito de fecha 3 de febrero de 2010, expresamente estableció que “(…) En otro orden de ideas no omito manifestar que en los próximos días nos referiremos y refutaremos una a una las demás excepciones opuestas por la accionada (…)” (lo resaltado no consta en el original, folio 137). Esta simple manifestación excluye a primera vista, cualquier indefensión alegada, ya que no es cierto que la ejecutante no conocía sobre las defensas alegadas por la ejecutada. Antes de la audiencia de juicio se enteró sobre su interposición y por ende no se les dejó en estado de indefensión. Durante el debate el 17 de enero de 2012, bien pudo solicitar la palabra para referirse a ellas o ya sea contestarlas de forma escrita en cualquier momento antes de la sentencia. En la cuarta razón, relacionada con el punto anterior, es importante indicar que tampoco los ejecutantes, durante la audiencia convocada en el proceso, se opusieron al vicio analizado, de conformidad con lo exigido en el cardinal 137 inciso 2) del CPCA, lo cual constituye motivo suficiente para rechazar el agravio. Esto es, ni después de ratificadas las defensas por el representante del Banco (minutos 41 y 58 de la audiencia), ni en la etapa de conclusiones (al transcurrir 1 hora 37 minutos de la audiencia). Los otros motivos procesales del recurso también deben ser rechazados, ya que en torno al recibo que dicen, omitieron aportar, más que un vicio, resulta un error de la representación de la ejecutante que no puede ser remediado mediante las causales del recurso extraordinario, consagradas en el canon 137 del CPCA. Nótese que expresamente, la casacionista admite en su recurso que “(...) por una omisión involuntaria el comprobante de pago no se aporto (sic) a los autos (…)” (folio 244). En el caso concreto, durante la audiencia oral, los ejecutantes pretendían la incorporación como prueba para mejor resolver, de un recibo por dinero de fecha 10 de abril de 2008. Pero en criterio de esta Cámara, esto fue a efectos de suplir la omisión de su deber probatorio, lo cual fue correctamente explicado en la sentencia impugnada, cuando la jueza estableció lo siguiente: “(…) Dicha prueba debe ser rechazada en razón de que no puede de forma alguna, suplir la  omisión o deficiencia probatoria de la parte que no la presentó en el momento procesal oportuno para hacerlo. Admitir el material aportado como prueba, colocaría en un desequilibrio a la contraparte, si consideramos que se trata de un documento de fecha anterior a la presentación de esta ejecución, de tal manera que bien pudo aportarse con la demanda (…)” (folio 221). Este documento efectivamente, se encontraba en poder de los ejecutantes desde antes de interponer este proceso, era su deber aportarlo oportunamente o al menos realizar mención expresa sobre su existencia en el proceso, al no ser así, el elemento de convicción mencionado era inadmisible. En todo caso, como ha indicado reiteradamente esta Sala, la prueba para mejor resolver, se caracteriza por ser del juzgador, no de las partes, al tratarse de una facultad que se le otorga con la finalidad de aclarar alguna cuestión fáctica que considere relevante, pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido. Al respecto se ha indicado, que con esta “no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Así, por el contrario, debe ser introducida con el único objeto de esclarecer puntos de incertidumbre o de duda que puedan surgir luego de ponderar los elementos aportados por los litigantes.” (sentencia no. 213-F-S1-2008 de las 8 horas 20 minutos del 25 de marzo de 2008). En virtud de lo anterior, el ofrecimiento que realizaron los ejecutantes resultaba improcedente, por lo que, no se concibe la indefensión alegada. En torno al alegato de la prueba pericial que aducen, les fue rechazada, es necesario establecer varios aspectos. Cuando una parte ofrece prueba pericial, debe saber que en cualquier momento se le requerirá, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el depósito del monto de los honorarios, los cuales serán estimados prudencialmente por la jueza o el Tribunal, so pena de prescindirse de aquella probanza en caso de incumplimiento (cardinal 94 del CPCA y 42 inciso 2) del Reglamento Autónomo y de Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). El mandato es claro al respecto, se trata de un plazo procesal perentorio. Por tal motivo, en este asunto, la juzgadora realizó la prevención comentada el 9 de marzo de 2011, dentro del plazo legal previsto para ello. Si la parte no cumplió, ese no es un motivo por el cual la sentencia deba ser anulada, ya que la responsabilidad del incumplimiento recae directamente sobre el o los proponentes de la pericia. En este tanto, lo correcto era rechazar la probanza según la normativa citada, ya que se trataba de un plazo establecido por el propio CPCA el cual es improrrogable, según lo establecido en el numeral 143 del CPC, aplicable a este proceso, por remisión expresa del cardinal 220 del CPCA. Asimismo, relacionado con este extremo, el recurso de apelación alegado por los ejecutantes contra aquella determinación, no se elevó al Tribunal de Apelaciones, porque en efecto, el de revocatoria había sido admitido por la jueza porque no se había resuelto la solicitud de prórroga solicitada, lo que hacía innecesario su conocimiento en alzada. En todo caso, esto tampoco hubiese causado perjuicio, ya que el resultado de su admisibilidad hubiese sido el rechazo de plano, porque el rechazo de una prueba no tiene recurso de apelación en el marco procesal del CPCA. Por estas razones el agravio debe ser desestimado.\n\nIV.- Por último, al final del agravio, los recurrentes alegan “brevemente”, indebida valoración de prueba, ya que los dos testigos propuestos por la ejecutada son trabajadores de sus coadyuvantes y tienen un interés directo y personal en la solución del proceso. Sin perjuicio de lo dispuesto en el auto de admisibilidad del recurso, debe indicarse que el cargo ha de rechazase en este momento por informal, pues analizados los anteriores planteamientos, se observa que los casacionistas no respetan, al menos en cuanto a esta censura, las reglas que es menester acatar a la hora de interponer un recurso extraordinario de casación. No basta en esta etapa procesal, expresar una serie de yerros, también es necesario indicar, la forma cómo aquellos afectan la decisión a la cual ha llegado el Tribunal. El recurrente alega indebida valoración de prueba, sin embargo, no establece cómo afecta o lesiona el fallo impugnado. Se limita a señalar de forma somera las razones por las cuales la sentencia yerra. Pero omite relacionar los agravios con la norma o normas sustantivas lesionadas. En otros términos, no indica los preceptos de fondo quebrantados; no identifica las normas sustantivas conculcadas, la forma en que han sido vulneradas, ni el modo cómo se produce su quebranto. Considera esta Sala, no se sigue una correcta praxis casacional, pues la parte recurrente olvida que esta instancia procesal, no corresponde a un recurso ordinario (como es el de apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas,  en tanto es menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana claridad que el reproche, tiene aspectos relacionados con la valoración del acervo probatorio, sin embargo, omite la fundamentación jurídica requerida para su conocimiento, la cual debe estar estrechamente relacionada con el reparo y no simplemente citada de forma general. No se menciona, el irrespeto de ninguna norma de fondo, requisito insoslayable cuando se acusa este tipo de infracción. Desarrolla simples discrepancias de criterio que no muestran ninguna base jurídica que le de soporte, a efecto de poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. Asimismo, ni siquiera fue planteado como alegato de fondo, sino procesal, sin explicar adecuadamente en qué consiste la indefensión. En consecuencia, el reclamo en cuanto a esta censura resulta informal, por lo que deberá rechazarse de plano.\n\nRECURSO DEL EJECUTADO\n\nV.- Formula dos motivos de disconformidad por violación directa de normas. Primero. Acusa indebida valoración de la prueba, pues en el quinto hecho probado, dice, se llega a una conclusión errónea, ya que no es cierto que los ejecutantes formularon recurso de amparo. Este último, indica, fue presentado por el abogado José Luis Rodríguez Jiménez y un grupo de vecinos de Santa Rosa de La Rita de Pococí, “que se dice firman en una lista adjunta, firmas que no están autenticadas (…)”. Si se cotejan las rúbricas autenticadas en el escrito inicial de esta ejecución, explica, con las contenidas en el listado visible “a los folios 9 a 17 de la Sala Constitucional”, se aprecia que no hay coincidencia de las firmas entre los actores de la ejecución de sentencia y los signatarios de la lista presentada en la Sala Constitucional. Luego transcribe un extracto de su contestación de la demanda, respecto del cual señala que no fue considerado ni rebatido por la instancia precedente. Añade, “va más allá de lo razonable aceptar que cualquier particular elabore un listado con nombres y este listado luego se acepte como firmas legítimas para efectos de declarar derechos patrimoniales.”. Las rúbricas, asegura, no son coincidentes, sino abiertamente distintas, por lo que se le causa indefensión, ya que si una persona elabora un listado para interponer un recurso, y este se acoge, se habilita que esos sujetos, quienes no intervinieron en sede constitucional puedan obtener provecho en una ejecución, abusando del derecho y quebrantando el artículo 138 incisos a) y b) del CPCA. Segundo. Estima conculcado el precepto 193 del CPCA por imponerle las costas de la ejecución de sentencia, a pesar de que resultó vencedora “en un 99.993%” de la dimensión económica del proceso, toda vez que a pesar de la exorbitante suma reclamada, sólo se concedió el importe de los honorarios por la interposición del amparo. Los ejecutantes actuaron de manera temeraria al pretender obtener un beneficio económico exorbitante, acusa, por lo que debe imponérsele las costas. La sentencia interpreta de manera errónea que el Banco es el vencido, asevera, a pesar de que sólo resultó condenado a pagar las costas del amparo, suma que desde la contestación de la demanda aceptó pagar. Por ello, concluye, se debe condenar en costas a la parte actora quien litigó de forma temeraria y en claro abuso del derecho.\n\nVI.- Respecto al primer reproche del recurso, se debe indicar que el quinto hecho probado de la sentencia impugnada, responde y coincide plenamente con el fallo constitucional no. 018035-2007. En ese documento se infiere que el recurso de amparo fue interpuesto por varios vecinos de Pococí, al sentirse afectados en sus derechos constitucionales y ambientales, debido las actividades de siembra de piña que inició la entidad estatal. Fue demostrado en la ejecución, que el recurso de amparo lo presentaron no solo los aquí ejecutantes, sino por un número mayor de personas, según se desprende de las copias certificadas de aquel recurso aportadas por el propio Banco (folios 9 al 16). Ello es suficiente para demostrar, en primer término, que el escrito inicial del recurso constitucional, fue interpuesto por varios habitantes de la localidad y su abogado. Ahora bien, lleva razón la juzgadora cuando establece que las firmas de los recurrentes no se encontraban autenticadas, puesto que el numeral 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no exige mayores formalidades con la interposición del recurso de amparo, entre ellas, el de autenticación. Por lo cual bastaba con la simple mención y firma de los solicitantes. Distinto sucede con el caso de la ejecución, en donde las rúbricas si debían ser autenticadas. En el caso concreto, en el escrito de ejecución se desprende que las firmas de los ejecutantes sí fueron autenticadas, por lo que no había razón para dudar de su veracidad, máxime cuando no existe prueba de que no correspondían a las de los promoventes del recurso. En esta línea, quien tenía el deber de acreditar lo contrario era el recurrente. Estos aspectos fueron debidamente observados por la juzgadora según se desprende del fallo. De esta forma, visto el escrito del recurso de amparo y el memorial inicial de ejecución, se comprueba que cada uno de los ejecutantes fue promovente del amparo, por lo que se puede concluir que existe identidad de sujetos entre uno y otro proceso. En todo caso, el agravio hasta cierto punto carece de interés, ya que la mayor parte de las partidas reclamadas por los ejecutantes fueron rechazadas por falta de material probatorio y de certeza, sea el daño material, ambiental y moral (sobre este último no había ni siquiera indicios sobre su existencia). Nótese que ni siquiera se les condenó al monto de ¢1.000.000,00 de costas del amparo reclamados, ya que únicamente se les imputó la tarifa mínima establecida en el Arancel de Honorarios de Profesionales en Derecho vigente al momento de interponerse el recurso, así como los intereses que genere desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago, pero sobre este aspecto no reclamó el Banco en el memorial de casación. En virtud de lo expuesto, el primer planteamiento del ente bancario debe ser desestimado.\n\nVII.- Sobre el tema de la condena en costas, merece indicarse, que en reiteradas ocasiones la mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que, la condena al vencido del pago de las costas, tiene su origen en una norma imperativa. Según el ordinal 193 citado, en “las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio” (el subrayado no es del original). Continúa el canon, “No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar” (el subrayado es suplido). De esta forma, la condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho de serlo, en tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador. En ese sentido, solo cuando hace uso de esta facultad, podría darse una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea interpretación o falta de actuación del precepto. Distinto ocurre cuando el juez las impone al perdidoso por el hecho de serlo, pues se limita a emplear la regla o mandato general contemplado en cardinal 193. De esta manera, no puede infringirse la norma si no se aplica la excepción a la regla, es decir, no puede violentarse si no ejerce la facultad de exonerar las costas. Por este motivo, por mayoría se estima que el reproche resulta inatendible y deberá desestimarse.\n\nVIII.- Con base en lo expuesto, procederá declarar sin lugar los recursos. Cada parte deberá sufragar sus propias costas.\n\nPOR TANTO\n\nSe declaran sin lugar los recursos de casación interpuestos. Cada parte deberá sufragar sus propias costas.\n\n \n\nAnabelle León Feoli\n\n\n\n\n \n\n \n\nLuís Guillermo Rivas Loáiciga\n\n\t\n\n \n\n \n\n                             Román Solís Zelaya                                                 \n\n\n\n\n \n\n \n\nÓscar Eduardo González Camacho\n\n\t\n\n \n\n \n\n        Carmenmaría Escoto Fernández\n\nNota de los magistrados González Camacho y Escoto Fernández\n\nI. Los suscritos integrantes no comparten el criterio plasmado por la mayoría de esta Sala en el considerando IX de la resolución anterior, en cuanto deniega el control casacional para aquellos casos en los que sólo se hace uso de la regla general de la condena al vencido en el pago de ambas costas, es decir, cuando no se actúa o aplica ninguna norma atinente a la exoneración de ellas. En efecto, el fundamento jurisprudencial de mayoría, parte de que la exoneración en el pago de las costas es una facultad, en la que no se produce yerro ni infracción normativa cuando no se ejercita o aplica; por ello, se dice, si no hay violación legal, no es posible en casación entrar a valorar o modificar lo resuelto sobre la condena al vencido, pues se repite, para la mayoría de esta Sala, sólo puede haber infracción jurídica cuando se actúa la norma correspondiente a la exoneración (entre muchas pueden consultarse las sentencias de esta Sala no. 1001- F-2002, de las 11 horas 50 minutos del 20 de diciembre de 2002; la 249-F-2003, de las 11 horas 45 minutos del 7 de mayo de 2003 y la 306-F-2006, de las 10 horas 20 minutos del 25 de mayo de 2006). La concatenación parece en principio lógica, pues con esta premisa, si la exoneración constituye una facultad, el juzgador no está obligado a exonerar; y por ende, si no ordena o realiza tal exoneración, no viola las normas que corresponden al tema. De esta forma, si no se da violación de normas, no puede haber revisión casacional (consúltense las resoluciones de esta Sala no.. 765 de las 16 horas del 26 de septiembre de 2001 y 561-F-2003, de las 10 horas 30 minutos del 10 de septiembre de 2003). Esta relación de ideas, les permite concluir, que en ese supuesto específico (la simple condena o la inaplicación de las exoneraciones) “no puede ser objeto de examen en esta sede” (de este mismo órgano decidor, sentencia no. 419-F-03, de las 9 horas 20 minutos del 18 de julio de 2003), pues se trata de una hipótesis “no pasible de casación” (fallo no. 653-F-2003, de las 11 horas 20 minutos del 8 de octubre de 2003). Así, en opinión de los distinguidos compañeros: no tiene cabida el recurso de casación cuando no se hace uso de la facultad exoneratoria (véanse a contrario sensu los considerandos III y VIII, por su orden de las resoluciones 541-F-2003, de las 11 horas 10 minutos del día 3 y de las 10 horas 50 minutos del día 10, ambas de septiembre del 2003). De esta forma se ha estimado por la mayoría que “… la condena en costas al vencido, como aquí sucedió no es revisable en esta Sede, habida cuenta de que el Tribunal se limitó a actuar la norma en los términos por ella dispuestos” (el destacado no es del original, obsérvese el considerando X del voto no. 68-F-2005, de las 14 horas 30 minutos del 15 de diciembre de 2005). Y en materia notarial, con mayor contundencia, se ha señalado que: “…el Tribunal le impuso el pago de las costas de la pretensión resarcitoria a la denunciante, pronunciamiento que, se repite, no tiene casación”. (Considerando X de la sentencia no. 968-F-2006, de las 9 horas 15 minutos del 24 de noviembre de 2006). Sin embargo, en parecer de los suscritos, la indebida inaplicación de los preceptos que permiten la exoneración de costas, infringe, sin duda, el Ordenamiento Jurídico y, en concreto, las normas que la autorizan, ya sea por error o inadecuada apreciación de los jueces en el conflicto específico. En ese tanto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de arbitrariedad, en tal caso, cometida por el propio Juzgador. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia. En consecuencia, en este particular aspecto, estimamos que con la sola aplicación de la regla general del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues al contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas (canon 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo). No obstante lo anterior, en el caso concreto de examen, estos integrantes comparten lo dispuesto en el fondo por el Tribunal, en cuanto se impuso al Banco el pago de ellas, ya que en efecto fue condenado a pagar las costas del recurso de amparo junto con los intereses que generara, circunstancia que nos lleva a rechazar el agravio, y con él, el recurso que en este sentido se formula.\n\n \n\n \n\nÓscar Eduardo González Camacho                     Carmenmaría Escoto Fernández\n\n \n\n \n\n \n\nJROSALES\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nClasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 07:59:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Sala Primera de la Corte\n\nResolution No. 00825 - 2013\n\nDate of Resolution: July 4, 2013 at 09:35\n\nCase File: 09-001045-1028-CA\n\nDrafted by: Román Solís Zelaya\n\nAnalyzed by: SALA PRIMERA\n\n\n\nJudgment with separate note\n\nRelated Judgments\n\n\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Evidence for better provision\n\nSubtopics:\n\nPower of the judge.\n\nAnalysis of evidence for better resolution. The offering of a receipt or payment voucher that is claimed to have been involuntarily omitted from submission is inadmissible. It is not so much a defect as it is an error by the executing party's representation that cannot be remedied through the grounds for the extraordinary appeal under canon 137 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Therefore, the alleged defenselessness (indefensión) is inconceivable. They sought to incorporate it as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), but it was to remedy the omission of their evidentiary duty, which was correctly explained and rejected in the challenged ruling, as it involved a document dated prior to the filing of the execution. It was their duty to submit it timely or at least make express mention of its existence in the process; since they did not, the mentioned element of conviction is inadmissible.\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Evidence\n\nSubtopics:\n\nExpert evidence.\n\nWhen a party offers expert evidence (prueba pericial), it must know that at any time it will be required, within a maximum period of five business days, to deposit the amount of the fees, which will be prudently estimated by the judge or the Court, under penalty of dispensing with said evidence in case of non-compliance (cardinals 94 and 143 of the Contentious-Administrative Procedural Code and 42.2 of its Regulations). This is a peremptory procedural deadline. In this matter, the judge issued the warning within the legal deadline. If the party did not comply, that is not a reason for the judgment to be annulled, since the responsibility for non-compliance falls directly on the proponent(s) of the expert evidence. In this respect, the correct course was to reject the evidence, as was so ordered.\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nGrounds.\n\nThe charge regarding the improper assessment of testimonial evidence must be rejected as informal (informal), since it does not indicate the substantive provisions breached; it does not identify the substantive rules violated, the manner in which they have been violated, nor the way in which their breach occurs (required legal grounds).\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Evidence\n\nSubtopics:\n\nAppeal.\n\nThe rejection of evidence is not subject to appeal within the procedural framework of the Contentious-Administrative Procedural Code.\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nStanding to appeal.\n\nIn this case, the challenged ruling, in both its considering and operative parts, categorically rejects each of the defenses raised by the defendant Bank, so it is not true that the judgment did not issue a ruling on this matter. By being rejected, there is no harm, and without it, there is no standing to appeal.\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nCosts.\n\nBy majority of this Chamber, the order against the losing party to pay costs originates from a mandatory rule (canon 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code), so the order is made simply by virtue of being the losing party. When the judge uses the power of exoneration, a substantive infringement could occur due to improper application, erroneous interpretation, or failure to apply the provision. Thus, the rule cannot be infringed if the exception to the rule is not applied. For this reason, the objection is unaddressable and must be dismissed.\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Cassation appeal\n\nSubtopics:\n\nDue process.\n\nThe cassation appellant objects that the judgment lacks grounds and violates due process, because the Court did not provide a hearing regarding the exceptions, and the ruling contains no pronouncement on them. This Chamber rejects the charge, since the challenged ruling did address them, in its considering and operative parts, by rejecting each of the defenses raised, so there is no harm nor standing to appeal. Therefore, the alleged defenselessness (indefensión) does not exist. Furthermore, they base the objection on cardinal 70 of the Contentious-Administrative Procedural Code, a rule that does not apply to sentence executions for constitutional amparo proceedings, but only to ordinary or plenary proceedings. The executing party, moreover, states having knowledge of those defenses, thereby excluding the alleged defenselessness. Nor did the executing parties, during the hearing convened in the process, oppose the defect analyzed (cardinal 137.2 ibidem), nor at the conclusions stage.\n\n... See more\nContent of Interest:\n\nType of content: Majority vote\n\nBranch of Law: Contentious-Administrative\n\nTopic: Execution of judgment\n\nSubtopics:\n\nAuthentication.\n\nNumeral 38 of the Constitutional Jurisdiction Law does not require further formalities for filing an amparo appeal, among them, authentication of signatures. Therefore, the simple mention and signature of the applicants sufficed. In the case of the execution, the signatures did need to be authenticated. In the specific case, it is evident from the execution brief that the signatures of the executing parties were indeed authenticated, so there was no reason to doubt their veracity, especially when there is no proof that they did not correspond to those of the promoters of the appeal. Following this line, the duty to prove otherwise belonged to the appellant. Having reviewed the amparo appeal brief and the initial execution memorial, it is verified that each of the executing parties was a promoter of the amparo, so it can be concluded that there is an identity of subjects between one proceeding and the other.\n\n... See more\nText of the resolution\n\n*090010451028CA*\nEXP: 09-001045-1028-CA\nRES: 000825-F-S1-2013\n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty-five hours on the ninth of July, two thousand thirteen.\n\nExecution of Judgment established in the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda of the Second Judicial Circuit of San José by RICARDO, single, LUIS, single, AND MILAGRO, all with the surnames CAMPOS MORA, CARLOS SANDÍ BERMUDEZ, JOSÉ RAFAEL MORA SÁNCHEZ, RICARDO CAMPOS ACUÑA, JULIO VALVERDE QUIRÓS, MARVIN MORALES ROJAS, SHIRLEY DURÁN VEGA, single, in common-law union, FERNANDO RAMÍREZ ALFARO, MIREYA JIMÉNEZ SERRANO, single, in common-law union, BERNAL, single, in common-law union, AND HEIDI, divorced, both with the surnames RAMÍREZ SERRANO; against BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO, represented by its sub-general manager with powers of unlimited general agent, Gregorio Segura Coto, agricultural economist, resident of Cartago. Additionally appearing as special judicial attorneys for the parties, respectively, are Licentiates José Ramón Chaves Castillo and Federico Mata Herrera, single, both attorneys. The natural persons are of legal age and, with the exceptions noted, married, farmers, and residents of Pococí, Limón.\n\nRESULTANDO\n\n1. Based on the ruling of the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia, no. 2007-018035 of 9 hours 32 minutes on December 14, 2007, the executing parties submitted the respective liquidation for approval of the following amounts: ₡225,000,000.00 for material and patrimonial damages, ₡500,000,000.00 for environmental damages, ₡350,000,000.00 for moral damages, and ₡1,000,000.00 for the personal costs of the amparo appeal.\n\n2. The Bank's representative answered, raising the exceptions of lack of standing, both active and passive, lack of right, and prescription. Also the defense of necessary passive litis consortium, which was resolved interlocutorily.\n\n3. Judge Ericka Sanabria Salazar, in judgment no. 166-2012 of 14 hours on February 24, 2012, resolved: \"In accordance with the facts informing the process, the legal citations and jurisprudential citations mentioned, it is resolved: The exceptions of prescription or expiry, lack of active and passive standing, and lack of right are rejected. The present execution is partially granted, it being understood as rejected in what is not expressly granted. The defendant Banco Crédito Agrícola de Cartago is ordered to pay to the plaintiffs the sum of seventy-five thousand colones for the personal costs of the amparo appeal whose judgment is being executed, as well as the legal interest generated on said amount from the finality of this judgment until the effective payment of said amount. The costs of this proceeding are to be borne by the executed party.\"\n\n4. Both parties filed a cassation appeal, expressly indicating the reasons on which they rely to refute the thesis of the Trial Court.\n\n5. In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Magistrate Solís Zelaya\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- Ricardo Campos Mora, Luis Campos Mora, Ricardo Campos Acuña, Carlos Sandí Bermúdez, José Rafael Mora Sánchez, Julio Valverde Quirós, Milagro Campos Mora, Marvin Morales Rojas, Heidi Ramírez Serrano, Shirley Durán Vega, Fernando Ramírez Alfaro, Mireya Jiménez Serrano, and Bernal Ramírez Serrano, filed an amparo judgment execution proceeding against Banco Crédito Agrícola de Cartago, in which the companies Caribbean Organic Pineapple GAC and Piñas Tropicales GAC appeared as coadjuvants. They stated they are part of a group of users of the rural aqueduct of Santa Rosa de la Rita, Pococí, Limón. They argued that the land where the aqueduct is located borders farm no. 112413-000 of the province of Limón, owned by the executed party in its capacity as trustee, on which, during February 2007, pineapple planting activities began, along with all the accessory work they entail, such as earthworks (movimientos de tierras) and construction of drainage channels that affected the recharge area of the aquifer supplying the population. For this reason, they stated, they appeared before the constitutional body in amparo of their constitutional rights and the environment. By judgment no. 2007-18035 of 9 hours 32 minutes on December 14, 2007, they indicated, the Sala Constitucional granted the amparo appeal filed and ordered the Bank to pay the costs and the damages caused. By virtue of the foregoing, in this execution they requested the following items: ₡225,000,000.00 for material and patrimonial damages, ₡500,000,000.00 for environmental damages, ₡350,000,000.00 for moral damages, and ₡1,000,000.00 for the personal costs of the amparo appeal. The executed party opposed and invoked lack of active and passive standing, prescription, and lack of right. The Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, when resolving the merits of the controversy, denied the defenses invoked, partially granted the execution, ordered the executed party to pay ₡75,000.00 for the personal costs of the amparo appeal, along with interest, and added that it must be understood as rejected in what was not expressly granted. Both litigants, dissatisfied with the decision, came before this Chamber.\n\nEXECUTING PARTIES' APPEAL\n\nII.- In their sole procedural argument, they object that the judgment lacks factual and legal grounds and violates due process for four reasons. 1. They state that the Court \"never\" provided them a hearing regarding the exceptions of lack of: active standing, passive standing, right, and prescription, raised by their counterpart. The ruling contains no pronouncement on them, they indicate, so everything acted upon must be annulled. 2. They argue that ₡1,000,000.00 was paid for the personal costs of the amparo, whose receipt, by involuntary omission, was not submitted to the case file, so in their view, the trial judge should have warned them to present it within the legal deadline. However, they criticize, a lower sum was fixed despite the existence of a receipt for a larger amount, which was disregarded. 3. In the initial execution brief, they allege, an expert evaluation was requested as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), and a one-month period was requested to make the deposit, considering the scant economic resources of the applicants. The judge did not resolve this request, they explain, and later stated that the bank account had been reviewed without observing the deposit, which was materially impossible if a ruling on the request for an extension of time was never issued. They claim to have filed a motion for revocation and an appeal; however, the latter was never processed, depriving them of the possibility of knowing the criterion of a second instance, leaving them in defenselessness (indefensión). 4. Finally, they object that the coadjuvants submitted two testimonies from people who are their employees, thus having a direct and personal interest in the resolution of the matter. They cite as grounds for their claims numerals 50 subsection 1) paragraph b), 64 subsection 2), 70, 137, 138, 139 of the CPCA and 39 and 41 of the \"Fundamental Law.\"\n\nIII.- Regarding the hearing they indicate the Court should have held on the exceptions, the actions taken after the constitutional judgment execution claim was filed must be briefly recalled. After the initial brief, the next immediate order issued by the Judge required the executing parties to specify the damages claimed by each of the promoters (folio 25). The interested party proceeded accordingly. Considering this, in the order of October 28, 2009 (folio 29), the execution was deemed established and the respective hearing was granted. The executed party answered according to its brief on folio 38, where, in addition to referring to the facts, it raised the defenses of lack of: right, active standing, passive standing, prescription, and necessary passive litis consortium. The Court, in the next ruling issued on January 21, 2010 (folio 135), granted the executing parties a hearing on that last exception. In order no. 1161-2010 of 9 hours on April 9, 2010, said defense was denied. Then, the hearing to receive testimonial evidence was held on January 17, 2012, where each of the invoked exceptions were ratified by both the Bank and the coadjuvants. Knowing the merits of the matter, the Court rejected each of the defenses. Now, in the opinion of this Chamber, there are several reasons to reject the appellants' grievance. First, the challenged ruling, in both its considering and operative parts, categorically rejects each of the defenses raised by the Bank, so it is not true that the judgment did not issue a ruling on this matter. By being rejected, there is no harm, and without it, there is no standing to appeal. This means that for this reason, the alleged defenselessness could not exist. Secondly, they base the objection on cardinal 70 of the CPCA, but it must be noted that this rule does not apply to executions of judgments from constitutional amparo proceedings, only to ordinary or plenary proceedings. Thirdly, it must be highlighted that at all times the executing party was aware of the filing of the defenses by the state entity. Proof of this is that in its brief dated February 3, 2010, it expressly stated: \"(...) In another vein, I must state that in the coming days we will refer to and refute one by one the other exceptions raised by the defendant (...)\" (the emphasis is not in the original, folio 137). This simple statement excludes at first sight any alleged defenselessness, since it is not true that the executing party was unaware of the defenses alleged by the executed party. Before the trial hearing, it learned of their filing and therefore was not left in a state of defenselessness. During the debate on January 17, 2012, it could well have asked for the floor to refer to them or else answer them in writing at any time before the judgment. Regarding the fourth reason, related to the previous point, it is important to indicate that the executing parties also did not oppose the defect analyzed during the hearing convened in the process, in accordance with what is required in cardinal 137 subsection 2) of the CPCA, which constitutes sufficient grounds to reject the grievance. That is, neither after the defenses were ratified by the Bank's representative (minutes 41 and 58 of the hearing), nor at the conclusions stage (1 hour 37 minutes into the hearing). The other procedural grounds of the appeal must also be rejected, since regarding the receipt they claim to have omitted submitting, it is not so much a defect as it is an error by the executing party's representation that cannot be remedied through the grounds for the extraordinary appeal enshrined in canon 137 of the CPCA. Note that the cassation appellant expressly admits in her appeal that \"(...) due to an involuntary omission, the payment receipt was not submitted to the case file (...)\" (folio 244). In the specific case, during the oral hearing, the executing parties sought the incorporation, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), of a receipt for money dated April 10, 2008. But in the opinion of this Court, this was to remedy the omission of their evidentiary duty, which was correctly explained in the challenged judgment, when the judge established the following: \"(...) Said evidence must be rejected because it cannot in any way remedy the evidentiary omission or deficiency of the party that did not present it at the proper procedural moment. Admitting the material provided as evidence would place the counterparty in an imbalance, if we consider that it is a document dated prior to the filing of this execution, such that it could well have been submitted with the claim (...)\" (folio 221). This document was indeed in the possession of the executing parties since before filing this proceeding; it was their duty to submit it timely or at least make express mention of its existence in the process. Since they did not, the mentioned element of conviction was inadmissible. In any case, as this Chamber has repeatedly indicated, evidence for better resolution is characterized as being for the judge, not the parties, as it is a power granted for the purpose of clarifying any factual question deemed relevant, pertinent, and which cannot be inferred from the evidentiary body offered. In this regard, it has been indicated that this \"is not intended to correct the omissions, negligence, or carelessness of the parties regarding the burden of proof incumbent upon them, or to remedy deficiencies in defense techniques, since in this hypothesis the equality between litigants would be seriously harmed and the impartiality of the judge would be compromised. Hence, when ordering it, the guarantee of defense in trial of each of those involved in the litigation must be respected. Thus, on the contrary, it must be introduced with the sole purpose of clarifying points of uncertainty or doubt that may arise after weighing the elements provided by the litigants.\" (judgment no. 213-F-S1-2008 of 8 hours 20 minutes on March 25, 2008). By virtue of the foregoing, the offering made by the executing parties was inadmissible, therefore, the alleged defenselessness is inconceivable. Regarding the argument of the expert evidence they claim was rejected, several aspects must be established. When a party offers expert evidence (prueba pericial), it must know that at any time it will be required, within a maximum period of five business days, to deposit the amount of the fees, which will be prudently estimated by the judge or the Court, under penalty of dispensing with said evidence in case of non-compliance (cardinal 94 of the CPCA and 42 subsection 2) of the Reglamento Autónomo y de Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). The mandate is clear in this regard; it is a peremptory procedural deadline. For this reason, in this matter, the judge issued the commented warning on March 9, 2011, within the legal deadline provided for it. If the party did not comply, that is not a reason for the judgment to be annulled, since the responsibility for non-compliance falls directly on the proponent(s) of the expert evidence. In this respect, the correct course was to reject the evidence according to the cited regulations, as it was a deadline established by the CPCA itself, which is non-extendable, as established in numeral 143 of the CPC, applicable to this process by express remission of cardinal 220 of the CPCA. Likewise, related to this point, the appeal alleged by the executing parties against that determination was not sent to the Court of Appeals, because in effect, the motion for revocation had been admitted by the judge because the requested extension had not yet been resolved, making its knowledge on appeal unnecessary. In any case, this would also not have caused harm, since the result of its admissibility would have been flat rejection, because the rejection of evidence is not subject to appeal within the procedural framework of the CPCA. For these reasons, the grievance must be dismissed.\n\nIV.- Finally, at the end of the grievance, the appellants \"briefly\" allege improper assessment of evidence, as the two witnesses proposed by the executed party are workers for their coadjuvants and have a direct and personal interest in the outcome of the proceeding. Without prejudice to what was ordered in the admissibility order for the appeal, it must be indicated that the charge must be rejected at this time as informal (informal), because after analyzing the previous arguments, it is observed that the cassation appellants do not respect, at least regarding this objection, the rules that must be followed when filing an extraordinary cassation appeal. At this procedural stage, it is not enough to express a series of errors; it is also necessary to indicate the manner in which those affect the decision reached by the Court. The appellant alleges improper assessment of evidence, however, they do not establish how it affects or harms the challenged ruling. They limit themselves to briefly indicating the reasons why the judgment errs. But they omit to relate the grievances to the substantive rule or rules harmed. In other words, they do not indicate the substantive provisions breached; they do not identify the substantive rules violated, the manner in which they have been violated, nor the way in which their breach occurs. This Chamber considers that a correct cassation practice is not followed, as the appealing party forgets that this procedural instance is not an ordinary appeal (such as the appeal), nor is it sufficient to express a series of general and merely argumentative disagreements, as it is necessary, as has been said, to contrast the decision with the general infringement that, in their opinion, took place. It can be seen with crystal clarity that the objection has aspects related to the assessment of the evidentiary body; however, it omits the legal grounds required for its examination, which must be closely related to the objection and not simply cited in a general manner. No disrespect for any substantive rule is mentioned, an unavoidable requirement when accusing this type of infringement. They develop simple discrepancies of opinion that show no legal basis for support, in order to be able to enter the requested extraordinary study. Likewise, it was not even raised as a substantive argument, but rather a procedural one, without adequately explaining what the defenselessness consists of. Consequently, the claim regarding this objection is informal, and therefore must be flatly rejected.\n\nEXECUTED PARTY'S APPEAL\n\nV.- It raises two grounds of disagreement due to direct violation of rules. First, it accuses improper assessment of the evidence, since in the fifth proven fact, it says, an erroneous conclusion is reached, as it is not true that the executing parties filed the amparo appeal. The latter, it indicates, was presented by attorney José Luis Rodríguez Jiménez and a group of residents of Santa Rosa de La Rita, Pococí, \"who are said to have signed a list attached, signatures that are not authenticated (...).\" If the authenticated signatures in the initial brief of this execution are compared, it explains, with those contained in the list visible \"on folios 9 to 17 of the Sala Constitucional\", it is seen that there is no coincidence of signatures between the plaintiffs in the execution of judgment and the signatories of the list presented before the Sala Constitucional. It then transcribes an excerpt from its answer to the claim, regarding which it indicates was neither considered nor rebutted by the lower instance. It adds, \"it goes beyond the reasonable to accept that any individual could draw up a list with names and this list is then accepted as legitimate signatures for the purpose of declaring patrimonial rights.\" The signatures, it asserts, are not coincident, but are openly different, causing it defenselessness (indefensión), because if a person draws up a list to file an appeal, and this is granted, it enables those subjects, who did not participate in the constitutional venue, to obtain benefit in an execution, abusing the right and violating article 138 subsections a) and b) of the CPCA. Second, it considers precept 193 of the CPCA violated by imposing on it the costs of the execution of judgment, despite having been the prevailing party \"by 99.993%\" of the economic dimension of the proceeding, since despite the exorbitant sum claimed, only the amount of the fees for filing the amparo was granted. The executing parties acted recklessly by seeking to obtain an exorbitant economic benefit, it accuses, so the costs should be imposed on them. The judgment erroneously interprets that the Bank is the losing party, it asserts, despite the fact that it was only ordered to pay the costs of the amparo, an amount it accepted to pay since the answer to the claim. Therefore, it concludes, the plaintiffs, who litigated recklessly and in clear abuse of right, should be ordered to pay costs.\n\nVI.- Regarding the first objection of the appeal, it must be indicated that the fifth proven fact of the challenged judgment responds to and fully coincides with constitutional ruling no. 018035-2007. From that document, it is inferred that the amparo appeal was filed by several residents of Pococí, feeling affected in their constitutional and environmental rights due to the pineapple planting activities initiated by the state entity. It was demonstrated in the execution that the amparo appeal was presented not only by the executing parties herein, but by a larger number of people, as is evident from the certified copies of that appeal provided by the Bank itself (folios 9 to 16). This is sufficient to demonstrate, in the first place, that the initial brief of the constitutional appeal was filed by several inhabitants of the locality and their attorney. Now, the judge is correct in establishing that the signatures of the appellants were not authenticated, since numeral 38 of the Constitutional Jurisdiction Law does not require further formalities for filing an amparo appeal, among them, authentication. Therefore, the simple mention and signature of the applicants sufficed. The case of the execution is different, where the signatures did need to be authenticated. In the specific case, it is evident from the execution brief that the signatures of the executing parties were indeed authenticated, so there was no reason to doubt their veracity, especially when there is no proof that they did not correspond to those of the promoters of the appeal. Following this line, the duty to prove otherwise belonged to the appellant. These aspects were duly observed by the judge, as is evident from the ruling. In this way, having reviewed the amparo appeal brief and the initial execution memorial, it is verified that each of the executing parties was a promoter of the amparo, so it can be concluded that there is an identity of subjects between one proceeding and the other. In any case, the grievance is somewhat moot, since most of the items claimed by the executing parties were rejected for lack of evidentiary material and certainty, whether the material, environmental, and moral damages (regarding the latter, there was not even any indication of its existence).\n\nNote that they were not even ordered to pay the ¢1,000,000.00 in costs of the amparo that were claimed, since only the minimum fee established in the Attorneys' Fees Schedule (Arancel de Honorarios de Profesionales en Derecho) in force at the time the appeal was filed was charged to them, as well as the interest accruing from the finality of the judgment until its effective payment, but the Bank did not claim on this aspect in the cassation brief. By virtue of the foregoing, the banking entity's first argument must be dismissed.\n\nVII.- On the issue of the order to pay costs, it is worth noting that, on repeated occasions, the majority of the members of this Chamber have indicated that the order for the losing party to pay costs originates from a mandatory rule. According to the cited Article 193, in \"the judgments and orders having the character of a judgment, the losing party shall be ordered to pay the personal and procedural costs, a pronouncement that must be made ex officio\" (underlining not in original). The canon continues, \"Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exonerated from the payment of costs, when: / a) The judgment is handed down by virtue of evidence whose existence the opposing party plausibly could not have known and, for this reason, that party's opposition was justified. / b) Due to the nature of the issues debated, there existed, in the Court's opinion, sufficient grounds to litigate\" (underlining supplied). Thus, the order for the losing party to pay costs is appropriate by the mere fact of being so, while exoneration is a faculty of the judge. In this sense, only when this faculty is exercised could a substantive violation occur due to improper application, erroneous interpretation, or lack of application of the precept. It is different when the judge imposes costs on the losing party for the mere fact of being so, since the judge is simply limited to applying the general rule or mandate contained in Article 193. Thus, the rule cannot be infringed if the exception to the rule is not applied, that is, it cannot be violated if the faculty to exonerate from costs is not exercised. For this reason, the majority considers that the reproach is unaddressable and must be dismissed.\n\nVIII.- Based on the foregoing, it will be appropriate to declare the appeals without merit. Each party shall bear its own costs.\n\nTHEREFORE\n\nThe cassation appeals filed are declared without merit. Each party shall bear its own costs.\n\nAnabelle León Feoli\n\nLuís Guillermo Rivas Loáiciga\n\nRomán Solís Zelaya\n\nÓscar Eduardo González Camacho\n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\nNote by Judges González Camacho and Escoto Fernández\n\nI. The undersigned members do not share the criterion set forth by the majority of this Chamber in Considerando IX of the preceding ruling, insofar as it denies cassation review for those cases in which only the general rule of ordering the losing party to pay both sets of costs is applied, that is, when no rule concerning exoneration from costs is applied or acted upon. Indeed, the majority's jurisprudential foundation starts from the premise that exoneration from the payment of costs is a faculty, in which no error or regulatory violation occurs when it is not exercised or applied; therefore, it is said, if there is no legal violation, it is not possible in cassation to assess or modify what was decided regarding the order against the losing party, since, it is repeated, for the majority of this Chamber, a legal violation can only occur when the rule corresponding to exoneration is applied (among many, see Judgments of this Chamber No. 1001-F-2002, of 11 hours 50 minutes of December 20, 2002; No. 249-F-2003, of 11 hours 45 minutes of May 7, 2003; and No. 306-F-2006, of 10 hours 20 minutes of May 25, 2006). The concatenation seems logical in principle, since with this premise, if exoneration constitutes a faculty, the judge is not obligated to exonerate; and therefore, if such exoneration is not ordered or carried out, the rules corresponding to the matter are not violated. Thus, if no violation of rules occurs, there can be no cassation review (see Rulings of this Chamber No. 765 of 16 hours of September 26, 2001, and No. 561-F-2003, of 10 hours 30 minutes of September 10, 2003). This chain of ideas allows them to conclude that in that specific scenario (the simple order to pay costs or the non-application of exonerations) \"it cannot be the object of examination in this venue\" (from this same deciding body, Judgment No. 419-F-03, of 9 hours 20 minutes of July 18, 2003), since it is a hypothesis \"not susceptible to cassation\" (Ruling No. 653-F-2003, of 11 hours 20 minutes of October 8, 2003). Thus, in the opinion of the distinguished colleagues: the cassation appeal has no place when the faculty of exoneration is not exercised (see, a contrario sensu, Considerandos III and VIII, in order of Rulings 541-F-2003, of 11 hours 10 minutes of the 3rd and of 10 hours 50 minutes of the 10th, both of September 2003). In this way, the majority has considered that \"... the order for the losing party to pay costs, as happened here, is not reviewable in this Venue, given that the Court merely applied the rule in the terms provided by it\" (highlighting not in original, see Considerando X of Vote No. 68-F-2005, of 14 hours 30 minutes of December 15, 2005). And in notarial matters, it has been stated with greater force that: \"... the Court imposed the payment of the costs of the compensatory claim on the complainant, a pronouncement which, it is repeated, has no cassation.\" (Considerando X of Judgment No. 968-F-2006, of 9 hours 15 minutes of November 24, 2006). However, in the opinion of the undersigned, the improper non-application of the precepts that permit exoneration from costs undoubtedly infringes the Legal System and, specifically, the rules that authorize it, whether due to error or inadequate appreciation by the judges in the specific conflict. In this regard, even though it is a faculty, the truth is that it is not immune to cassation review, since in both its exercise and its non-application, a violation of the law can operate, and to that extent, the improper omission is not, nor should it be, synonymous with arbitrariness, in such a case, committed by the Judge himself. This is especially so if it involves empowerment granted to the judge with specific scenarios that limit his discretionary power in this matter. Consequently, on this particular aspect, we consider that the mere application of the general rule of Article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) (order for the losing party to pay both sets of costs) does not close the doors to the cassation appeal; on the contrary, the matter is admissible for its substantive examination (provided the legal requirements are met) in the face of a potential omissive defect in the application of the legal provisions that authorize the exoneration of said costs (canon 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code). Notwithstanding the foregoing, in the specific case under examination, these members share what was decided on the merits by the Court, insofar as the Bank was ordered to pay them, since it was indeed ordered to pay the costs of the amparo appeal along with the interest it generates, a circumstance that leads us to reject the grievance, and with it, the appeal formulated in this regard.\n\nÓscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández\n\nJROSALES\n\nTelephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nClassification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIs a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 07:59:43.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }