{ "id": "nexus-sen-1-0004-769380", "citation": "Res. 00105-2015 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Posesión forestal como ejercicio de actividad agraria y ambiental", "title_en": "Forestry Possession as Exercise of Agrarian and Environmental Activity", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en proceso agrario acumulado, confirmó la sentencia que declaró parcialmente con lugar la demanda de Félix Quirós Díaz y sin lugar la demanda de Miguel Masís Ugalde y Gregoria Moreno Gámez. El tribunal determinó que Quirós Díaz acreditó la posesión del inmueble, adquirida de su padre mediante escritura pública, y que los codemandados ocupan una porción que traslapa con el terreno descrito en el plano catastrado. La sentencia destaca que la posesión agraria no se limita a la actividad agrícola, sino que incluye la conservación forestal y ambiental, especialmente en zonas de protección. Se valoraron prueba documental, testimonial y pericial, y se concluyó que los recurrentes no desvirtuaron la legitimación activa ni la identidad del bien. La Sala rechazó los reproches procesales y de fondo, confirmando la condenatoria en costas al vencido.", "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice, in an accumulated agrarian proceeding, upheld the judgment that partially granted Félix Quirós Díaz's claim and dismissed the claim of Miguel Masís Ugalde and Gregoria Moreno Gámez. The court found that Quirós Díaz proved possession of the property, acquired from his father by public deed, and that the co-defendants occupy a portion that overlaps with the land described in the cadastral plan. The ruling emphasizes that agrarian possession is not limited to agricultural activity but includes forestry and environmental conservation, especially in protected areas. Documentary, testimonial, and expert evidence was assessed, and it was concluded that the appellants did not rebut the active standing or the identity of the property. The Chamber rejected the procedural and substantive challenges, upholding the award of costs against the losing party.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "29/01/2015", "year": "2015", "topic_ids": [ "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "posesión forestal", "actividad agraria", "zona de protección", "recurso de casación", "legitimación activa", "identidad del bien", "Ley de la Jurisdicción Agraria" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 54", "law": "Ley de la Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 55", "law": "Ley de la Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 61", "law": "Ley de la Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Art. 594", "law": "Código Procesal Civil" }, { "article": "Art. 559", "law": "Código de Trabajo" } ], "keywords_es": [ "posesión forestal", "actividad agraria", "conservación ambiental", "zona de protección", "legitimación activa", "identidad del bien", "posesión agraria", "recurso de casación" ], "keywords_en": [ "forest possession", "agrarian activity", "environmental conservation", "protection zone", "active standing", "property identity", "agrarian possession", "cassation appeal" ], "excerpt_es": "Distinto a lo que estiman los casacionistas, del análisis de las probanzas se tuvo por acreditada la posesión forestal. Ha de recordarse, en la actualidad no se hace referencia únicamente a la actividad agraria sino también forestal y ambiental como conformantes de la función económica, social y ambiental de la propiedad o posesión agraria. En consecuencia, el hecho de que el actor destinara el terreno objeto del litigio a la conservación forestal, lejos de demeritar la posesión, la refuerza. Máxime si como ha sido demostrado, el predio está ubicado en la zona de protección de la quebrada Santa Rita.", "excerpt_en": "Contrary to what the appellants believe, forest possession was proven from the analysis of the evidence. It must be remembered that today reference is made not only to agricultural activity but also to forestry and environmental activity as components of the economic, social, and environmental function of agrarian property or possession. Consequently, the fact that the plaintiff allocated the land in dispute to forest conservation, far from diminishing possession, reinforces it. Especially since, as it has been demonstrated, the property is located in the protection zone of the Santa Rita creek.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The First Chamber rejected the cassation appeal and upheld the appealed judgment, maintaining the partial granting of Quirós Díaz's claim and the dismissal of the appellants' claim, including the award of costs.", "summary_es": "La Sala Primera rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia recurrida, manteniendo la declaratoria parcial con lugar de la demanda de Quirós Díaz y sin lugar la de los recurrentes, incluyendo la condenatoria en costas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IX", "quote_en": "today reference is made not only to agricultural activity but also to forestry and environmental activity as components of the economic, social, and environmental function of agrarian property or possession", "quote_es": "en la actualidad no se hace referencia únicamente a la actividad agraria sino también forestal y ambiental como conformantes de la función económica, social y ambiental de la propiedad o posesión agraria" }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "the fact that the plaintiff allocated the land in dispute to forest conservation, far from diminishing possession, reinforces it", "quote_es": "el hecho de que el actor destinara el terreno objeto del litigio a la conservación forestal, lejos de demeritar la posesión, la refuerza" }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "the proven facts, rather than being constructed from the factual situations developed in the complaint, are based on the evidence in the file", "quote_es": "los hechos probados, más que construirse con las situaciones fácticas desarrolladas en la demanda, se fundamentan en los elementos de convicción constantes en el expediente" }, { "context": "Considerando IX", "quote_en": "in this matter there is no weighted evidence, therefore, the primary thing is that it be assessed together, in accordance with the principles of logic and experience", "quote_es": "en esta materia no existe prueba tasada, por ende, lo primordial es, se valore de manera conjunta, con apego a los principios de la lógica y la experiencia" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-769380", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 00105 - 2015\n\nFecha de la Resolución: 29 de Enero del 2015 a las 08:45\n\nExpediente: 11-000048-0298-AG\n\nRedactado por: Luis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\nSentencia con nota separada\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nCostas.\n\nEn los procesos civiles y agrarios, la condenatoria en costas se impone al vencido por el solo hecho de serlo, sin que implique una calificación de temeridad o mala fe (numerales 221 Código Procesal Civil y 55 Ley de la Jurisdicción Agraria). No se produce quebranto de esos artículos si se condena al vencido. Contrariamente, cuando se exonera de ese pago (facultad discrecional), los juzgadores deben justificar su proceder, por ser la excepción a la regla; pronunciamiento que es pasible del recurso de casación, ante la presencia de eventuales errores derivados de una mala aplicación de los casos de exención y un uso indebido de la facultad de exonerar. En el asunto de examen, el Tribunal confirmó la sentencia del Juzgado donde se impuso el pago de las costas del proceso a los codemandados perdidosos. Consecuentemente, el Ad quem no incurrió en la vulneración acusada al imponerle las costas.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nCasación por razones procesales.\n\nPosibilidad de que en el recurso de casación en materia agraria se acusen motivos procesales por vicios producidos en la sentencia como acto procesal, sea por incongruencia, conculcación al principio de no reforma en perjuicio y cuando se omitan plazos para la expresión de agrarios; no así los que se refieran al procedimiento. Por ende, las cuestiones originadas durante el desarrollo del proceso, como lo recriminado sobre la denegación de realizar una audiencia ante el Tribunal, sin dar razones para ello, o la aplicación indebida del plazo de 24 horas para pedir adición y aclaración, no resultan de recibo ante esta instancia casacional por imperativo legal (preceptos 559 Código de Trabajo y 61 Ley de la Jurisdicción Agraria).\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Recurso de casación\n\nSubtemas:\n\nFormalidades del recurso.\n\nEn la casación agraria no se exigen formalidades especiales. El recurrente debe explicar necesariamente las razones claras y precisas sobre las cuales sustenta su gestión. Debe combatir en forma sistemática todos y cada uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida sobre los cuales se plantea la oposición. En el cargo bajo estudio, no se expresa los motivos que fundamentan su posición. Así, no es suficiente que se limiten a argumentar su descontento con lo resuelto por el Ad quem, siendo necesario explicar de una forma clara y precisa cómo se produce el yerro y su incidencia en lo fallado. En otro motivo, refieren a lo dicho por el Juzgado, pese a que el fallo que deben combatir es el del Tribunal. Finalmente, acusa que el Tribunal omitió referirse a unos testimonios. Sin embargo, se limita a citar a los testigos sin aludir de manera precisa a lo manifestado por cada uno de ellos, ni apuntar el modo cómo contribuirían a fallar el asunto en forma distinta como se hizo.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Incongruencia\n\nSubtemas:\n\nConcepto y alcance.\n\nLa congruencia de la sentencia consiste en la necesaria relación entre lo dispuesto en la parte dispositiva del fallo y los límites fijados por las pretensiones materiales de las partes y lo debatido (mandato 54 Ley de la Jurisdicción Agraria). Así, el juez no puede omitir pronunciamiento sobre algún punto de la contienda (mínima petita), otorgar más de lo pedido (ultra petita), agregar extremos no contemplados por los litigantes (extra petita) o cuando existan pronunciamientos contradictorios en la sentencia. Los recurrente arguyen no se resolvió sobre su reconvención. Estima la Sala, no se está ante el yerro de incongruencia, ya que el Ad quem falló al respecto, pues rechazó la contrademanda, al confirmar lo resuelto por el Juzgado en cuanto declaró sin lugar la demanda.\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Posesión\n\nSubtemas:\n\nConcepto y alcance.\n\nEn la actualidad, no se hace referencia únicamente a la actividad agraria, sino también forestal y ambiental como conformantes de la función económica, social y ambiental de la propiedad o posesión agraria. En consecuencia, el hecho de que el actor destinara el terreno objeto del litigio a la conservación forestal, lejos de demeritar la posesión, la refuerza. Máxime, como quedó demostrado, que el predio está ubicado en una zona de protección y que levantó cercas y realizó actividades de mantenimiento en el inmueble (chapeas y rondas).\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Sana crítica racional\n\nSubtemas:\n\nValoración probatoria.\n\nAnálisis histórico sobre la valoración probatoria en materia agraria. En la especie, el Tribunal tuvo por demostrado que el actor adquirió de su padre, la posesión forestal de un inmueble, además de realizar su mantenimiento y cuido de árboles (legitimación activa). Para ello, hizo un estudio integral de los elementos de convicción (documental, testimonial y pericial), sin que los inconformes la atacaran con específicas razones fácticas y jurídicas. Nótese, en esta materia no existe prueba tasada, por lo que lo primordial es que se valore de manera conjunta, con apego a los principios de la lógica y la experiencia (artículos 54, párrafo segundo, Ley de la Jurisdicción Agraria y 330 Código Procesal Civil).\n\n... Ver más\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Agrario\n\nTema: Prueba\n\nSubtemas:\n\nConcepto y alcance.\n\nLos hechos probados, más que construirse con las situaciones fácticas desarrolladas en la demanda, se fundamentan en los elementos de convicción constantes en el expediente.\n\n... Ver más\nTexto de la resolución\n\n*110000480298AG*\n\nExp: 11-000048-0298-AG\n\nRes: 000105-F-S1-2015\n\n          SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- San José, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil quince.\n\n            Procesos ordinarios acumulados establecidos en el Juzgado Agrario Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, bajo los siguientes números de expedientes: el primero 09-000028-0298-AG interpuesto por FÉLIX QUIRÓS DÍAZ; contra MIGUEL MASÍS UGALDE, y GREGORIA MORENO GÁMEZ, soltera, de oficios de hogar y el segundo 11-000048-0298-AG establecido por MIGUEL MASÍS UGALDE y GREGORIA MORENO GÁMEZ soltera, de oficios de hogar, contra FÉLIX QUIRÓS DÍAZ. Figura como apoderado especial judicial del señor Quirós Díaz, el licenciado Hubert Rojas Araya, abogado. Las personas físicas son mayores de edad y con la salvedad hecha, casados, agricultores y vecinos de San Carlos.\n\nRESULTANDO\n\n          1.- Con base en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citaron, quienes figuran como actores establecieron demandas ordinarias acumuladas, cuyas cuantías se estimaron: en el expediente no. 09-000028-0298-AG la suma de un millón quinientos mil colones; en el expediente no. 11-000048-0298-AG el monto de dos millones quinientos mil colones; a fin de que en sentencia se declare: 1) Expediente no. 09-000028-0298-AG: “Pretensión Principal 1) Se ordena a los codemandados Masís Ugalde y Moreno Gámez y toda persona que estuviere en el lote en discusión, a desalojar el mismo y restituir la propiedad. 2) Se ordene el derribo de toda construcción que hayan edificado los codemandados. 3) Se ordene la puesta en posesión de la propiedad en discusión y se ponga en posesión al actor. 4) Se ordene a los codemandados y a cualquier otra persona que estuviere en la propiedad, que deberán de abstenerse de perturbar, despojar o en cualquier forma alterar la posesión y propiedad que ha venido teniendo el actor, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad. 5) Se condena a los codemandados al pago de los daños y perjuicios, los que consisten: El daño en la corta de quince postes de cerca, en quitar la cerca existente frente a calle pública y en hacer una cerca en los rumbos norte y este; como otro daño material pretende el pago por la corta de cinco matas de plátano cosechadas. Estimando este daño en la suma cien mil colones. El perjuicio reclamado consiste en el impedimento de uso y disfrute de la   propiedad. Estimando el perjuicio en la suma de doscientos mil colones. 6) Se condene a los codemandados al pago de las costas procesales y personales de la acción\". 2) Expediente no. 11-000048-0298-AG: 1) Se acoja la demanda, declarando probados los hechos en que se sustenta. 2) Que la escritura pública número 161-19, otorgada ante el notario público Manuel Chacón Arrieta, corresponde a un negocio de compraventa de un fundo distinto al fundo poseído por los actores, la cual contiene defectos formales lo que la hacer ser una prueba no idónea para demostrar en contra de la posesión de los accionantes. 3) Que el plano catastrado número A-310230-1996, corresponde a la descripción de un fundo distinto al fundo poseído por los actores. 4) Que el fundo referido en el plano de agrimensura número A-310230-1996, no corresponde según su descripción al mismo fundo descrito en el escritura número 161-19, otorgada ante el Notario Público Manuel Chacón Arrieta. 5) Que el fundo que poseen los actores es un terreno distinto en cuanto a naturaleza, situación, medida, linderos, referenciación geográfica y topográfica, tanto con respecto al fundo que pretende el demandado, según la descripción hecha en la escritura número 161-19, otorgada ante el Notario Manuel Chacón Arrieta, o bien según la descripción del fundo hecha en el plano catastrado número A-310230-1996. 6) Que los actores son los legítimos poseedores del fundo en litis, así como de los actos posesorios, con exclusión del demandado. 7) Se declare la falta de derecho y legitimación de parte del demandado, sobre el fundo en litis, al no contar con un título válido ni posesión ejercida sobre la heredad. 8) Se ordene al demandado, bajo pena de desobediencia a la autoridad, a no perturbar la posesión que ejercen los actores sobe el fundo en litis. 9) Se ordene al demandado que cese en sus amenazas y acciones de hecho y derecho en contra de los accionantes. 10) Se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios. Daños que consisten en gastos de honorarios de abogado, estimados en la suma de quinientos cincuenta mil colones; costas personales, estimadas en la suma de ciento cincuenta mil colones; daño moral, estimado en la suma de un millón de colones y perjuicios, a causa del desmejoramiento de la salud física y sicológica, estimada en la suma de setecientos cincuenta mil colones. 11) Se condene al demandado al pago de las costas personales y procesales de la acción.”\n\n            2.- En los expedientes números 09-000028-0298-AG y 11-000048-0298-AG contestaron negativamente; en el primero los señores Masís Ugale y Moreno Gámez contestaron de forma extemporánea y en el segundo el señor Quirós Díaz no opuso excepciones.\n\n          3.- El Juez Federico Villalobos Chacón, en sentencia no. 208-2012 de las 9 horas  del 14 de noviembre de 2012, resolvió: “De conformidad con la doctrina expuesta, los principios del derecho agrario y la normativa citada, se declara parcialmente con lugar en los extremos que se expresa y en los que no se tendrá por rechazada, en relación al proceso ordinario agrario tramitado bajo el expediente judicial número 09-000028-0298-AG, en el que figura como parte actora el señor Félix Quirós Díaz y como demandados los señores Miguel Masís Ugalde y Gregoria Moreno Gámez, lo siguiente: a) Se ordena a los demandados restituir al actor el bien que poseen, el que forma parte del terreno descrito en el plano de agrimensura número A-310230-1996. De no restituirlo en forma voluntaria y en plazo improrrogable  de   cinco  días  a   partir  de  la   firmeza  de  esta   resolución, se ordenará el lanzamiento de los demandados y la puesta en posesión del actor, lo que se hará por medio de la Fuerza Pública. b) Se les apercibe a los demandados que a futuro se abstengan de perturbar y despojar el derecho de posesión y propiedad que tiene el actor y de no hacerlo podrán ser procesados por el delito de desobediencia a la autoridad. c) Se ordena a los demandados a retirar o destruir a su costa las edificaciones construidas y las plantaciones de musáceas y árboles frutales que introdujeron en el fundo, lo cual deberán hacerlo en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la firmeza de esta resolución y de no hacerlo queda el actor autorizado a retirarlo o destruirlo a costa de los demandados. d) Se rechaza la pretensión de pago de daño material y se condena a los demandados, en forma solidaria, al pago del perjuicio ocasionado al actor, el cual debe ser liquidado por éste en la etapa de ejecución de sentencia. e)  Se condena a los demandados al pago de las costas procesales y personales de la acción. En relación al proceso tramitado bajo el expediente número 11-1000048-298-AG, en el que figura el señor Miguel Masís Ugalde y Gregoria Moreno Gámez como actores y como demandado el señor Félix Quirós Díaz y se declara: a) Se declara sin lugar, en todos los extremos, la demanda ordinaria agraria incoada por los señores Miguel Masís Ugalde y Gregoria Moreno Gámez contra el señor Félix Quirós Díaz. c) Se condena a los actores al pago de las costas procesales y personales de la acción. Esta resolución tiene recurso de apelación, y si alguna de las partes la impugna deberá aportar no solo el escrito de apelación en forma escrita, sino también el recurso en formato electrónico; así como, si es de interés del recurrente  que el Tribunal de alzada le de una audiencia oral en la sede de éste o bien en el fundo en litis, deberá manifestarlo expresamente en el recurso respectivo.\"\n\n          4.- Los señores Masís Ugalde y Moreno Gámez apelaron y Tribunal Agrario, integrado por las Juezas Heilin Mayela Rojas Madrigal, Alexandra Alvarado Paniagua y el Juez Enrique Ulate Chacón, en sentencia no. 178-F-13 de las 10 horas 28 minutos del 26 de febrero de 2013, dispuso: “Se rechaza la nulidad alegada. Se confirma la resolución recurrida en lo que ha sido objeto de apelación.”\n\n            5.- El señor Miguel Másis Ugalde y la señora Gregoria Moreno Gámez, en sus expresados carácteres, formulan recurso de casación, indicando las razones en las que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal de instancia.\n\n            6.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.\n\nRedacta el magistrado Rivas Loáiciga\n\nCONSIDERANDO\n\n          I.- El 30 de enero de 2009, el señor Felix Quirós Díaz interpuso demanda contra Miguel Masís Ugalde y Gregoria Moreno Gamez. En dicho libelo señaló, es propietario del inmueble sin inscribir, que es hoy terreno de agricultura, situado en Santa Clara de Florencia de San Carlos, provincia de Alajuela, linda al norte: Felix y Alberto Quirós Díaz, al sur: Cristiam Jesús Masís Salas, al este: río Santa Clara y al oeste: calle pública, con una superficie de 3.311,75 metros cuadrados, según plano catastrado no. A-310230-96 del 7 de marzo de 1996. Refiere, dicho terreno perteneció a su padre por más de 30 años hasta que le traspasó los derechos posesorios, mediante escritura pública otorgada el 18 de enero de 1996, ante el notario público Manuel Chacón Arrieta. Manifiesta, es él quien lo ha cultivado y brindado el mantenimiento correspondiente. Expresa, en mayo de 2008 estuvo muy enfermo, momento cuando aprovecharon los codemandados para invadir parte de su inmueble, el costado norte, donde construyeron un rancho y cercas. Indica, actuaron de mala fe, ya que saben el lote le pertenece, pues, vivían a escasos 400 metros del lugar. En lo medular, pide, se le ordene a los codemandados y cualquier otra persona quien se encuentre en el predio: a desalojarlo y restituirlo a su persona; a derribar toda construcción que hubieren edificado; ponerlo en posesión del inmueble en disputa; abstenerse de perturbar, despojar o en cualquier forma alterar la posesión y propiedad que ha mantenido, con el apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad; al pago de los daños y perjuicios causados, que enumeró de la siguiente forma: ¢100.000,00 por el derribo de 15 postes de cerca; quitar la existente frente a calle pública, levantar otra en los rumbos norte y este, así como por la corta de cinco plantas de plátano cosecheras; ¢200.000,00 atinentes a los perjuicios debido a la imposibilidad de usar y disfrutar el inmueble; así como al pago de ambas costas. Los coaccionados contestaron la demanda extemporáneamente. Además, interpusieron proceso contra el señor Felix Quirós Díaz donde alegan, desde mayo de 2008, son poseedores de un terreno sin inscribir, ubicado en Alajuela, Florencia de San Carlos, 650 metros sur del puente sobre el río Santa Clara, camino a Santa Rita, con una medida aproximada de 1.300,00 metros cuadrados. Linda al norte: Cristhian Masís Salas; sur: Gilberto Chaves Zúñiga, este: río Santa Clara y al oeste: calle pública con un frente de 42 metros, y no cuenta con plano catastrado. Exponen, dicho predio es una orilla del río Santa Clara que se encontraba “encharralado”, con cercas únicamente en el lindero sur. Asimismo, que parte del fundo fue poseído por el señor Jaime Portugués, de quien adquirieron, junto con las mejoras que consistían en un rancho situado en el costado sur. Agregan, en dicho sitio construyeron dos ranchos más, han vivido ahí permanentemente, cultivado plátano, tiquizque, chile dulce, yuca, camote, caña de azúcar y árboles de aguacate. Relatan, pese a que el demandado reclama el terreno como suyo y les solicitó que lo desocuparan, no accedieron a su pedido, dado que tienen más de 12 años de vivir en la zona y tal predio siempre estuvo desocupado hasta que lo empezó a poseer el señor Jaime Portugués. Por otro lado, explican, aunque el accionante reclama el fundo con base en una escritura donde supuestamente lo adquirió; no obstante, apuntan, corresponde a un inmueble con otra ubicación, y que la cédula del enajenante corresponde a otra persona. Además, arguyen de otra serie de inconsistencias, como la medida y su naturaleza. En lo medular pretenden, se declare que la escritura pública no. 161-19, mediante la cual el demandado aparentemente compró la propiedad corresponde a un terreno distinto al que poseen. Acotan, el plano catastrado no. A-310230-96 no incluye el predio en disputa, si no que se trata de otro distinto, y que tampoco atañe al descrito en el citado instrumento público. La finca sobre la que han ejercido posesión es diferente en cuanto a naturaleza, situación, medida, linderos y referencia geográfica y topográfica, respecto a la descrita en la escritura no. 161-19 y en el plano no. A-310230-96. Son los únicos y legítimos poseedores del inmueble. Se ordene al accionado so pena de desobediencia a la autoridad, no perturbarlos, y que cese sus amenazas y acciones de hecho y derecho en su contra, en virtud de la posesión ejercida. Se le condene al pago de los daños y perjuicios provocados, que desglosan de la forma que sigue, por daños materiales: ¢550.000,00 de gastos de honorarios de abogado, ¢150.000,00 atinentes a viáticos y otros para atender gestiones judiciales; ¢1.000.000,00 relativos a daño moral y ¢750.000,00 por perjuicios en razón del deterioro de su salud física y psicológica, así como las costas del proceso. Don Felix Quirós Díaz contestó negativamente sin oponer excepciones. El A quo declaró parcialmente con lugar la demanda incoada por éste último, de forma que ordenó a los codemandados restituir el bien al actor, de no hacerlo de manera voluntaria en el plazo de cinco días a partir de la firmeza del fallo, se ordenará el lanzamiento por medio de la fuerza pública. Les apercibió para que a futuro se abstengan de perturbar y despojar el derecho de posesión y propiedad del accionante y de no hacerlo se les procesará por el delito de desobediencia a la autoridad. Asimismo, que debían retirar o destruir a su costo las edificaciones construidas, las plantaciones de musáceas y árboles frutales introducidos en el fundo, en el lapso de cinco días, de no hacerlo el demandante quedaba autorizado a realizarlo a costa de los co-accionados. Cancelar al actor los perjuicios irrogados, a liquidar en la vía de ejecución de sentencia. Rechazó el pago del daño material y los condenó a cancelar ambas costas del proceso. En cuanto a la demanda de don Miguel Masís Ugalde y doña Gregoria Moreno Gámez contra el señor Felix Quirós Díaz la declaró sin lugar en todos sus extremos y los condenó a pagar las costas. Además, agregó el juzgador que tal fallo contaba con el recurso de apelación y que de impugnarse, debía presentarse el escrito de interposición tanto en forma escrita como en formato electrónico, y que si era de interés que el Tribunal le concediera audiencia oral, debía manifestarlo expresamente en el recurso correspondiente. El Ad quem rechazó la nulidad alegada y confirmó lo resuelto. Inconformes los perdidosos interponen recurso de casación donde desarrollan agravios procesales y de fondo. De ahí, se expondrán y resolverán en primer lugar los motivos adjetivos.\n\nRecurso de casación por razones procesales\n\n          II.- Primero: apuntan, el Tribunal no se pronunció sobre su demanda, no estudió la totalidad del expediente, si no que se limitó a examinar aspectos macros y testimoniales. Exponen, según su “…criterio el mayor yerro que reprochamos en el dictado de la sentencia de segunda instancia es que no haya tomado en cuenta que… el A-quo debió impartir en el mismo fallo también sentencia del expediente promovidos (sic) por los suscritos, el cual merecía el mismo valor y consideración que el promovido por el señor QUIRÓS DÍAZ… y en el caso de la demanda de los suscritos le da un tratamiento subsidiario o de menor importancia, cosa que resulta errónea en razón de que ambos proceso (sic) tienen la misma jerarquía ante la ley y la jurisdicción, y lo anterior se denota no solo en el eje narrativo, sino en el orden en que aborda el análisis, cosa que resulta más que evidente en el hecho de que se tomó 21 páginas de un total de 29… para resolver sobre la demanda interpuesta por el señor QUIRÓS DÍAZ y… únicamente s toma 7 páginas para pronunciarse sobre la demanda incoada por los suscritos…”.  Insisten, el Tribunal no examinó su demanda, lo que en su criterio, vulnera lo estipulado en el cardinal 54 de la LJA. Arguyen, se extrajeron porciones fuera de contexto de la demanda, como por ejemplo que alegaron su titularidad al amparo de una compraventa, cuando lo depuesto se refería a las mejoras adquiridas de don Jaime Portugués. De ahí, aducen, no es posible estimar que no tienen legitimación por carecer de título traslativo de la posesión. Segundo: aseveran, de consuno con lo dispuesto por el Juzgado, solicitaron la realización de audiencia oral con el objeto de defender el recurso formulado. Reprochan, de forma inexplicable el Tribunal les negó tal derecho, sin exponer las razones para ello. Así, señalan, se les infringieron sus derechos procesales. En su opinión, su realización no resulta discrecional, como quiso hacerlo patente el Ad quem, con lo que se vulnera el debido proceso. Tercero: acusan, no comparten el cómputo que realizaron los jueces de segunda instancia del plazo para solicitar adición y aclaración de su sentencia. Explican, la notificación se recibió mediante fax, a las 20 horas 30 minutos del 26 de febrero de 2013, de cuyo conocimiento tuvo su abogada hasta el día siguiente. Dicha comunicación, argumentan debió tenerse por realizada el día inmediato siguiente y el plazo empezar a correr hasta el 28 de febrero de 2013. Adicionan, aún en el caso de que se interprete el día de la notificación y el plazo, que para el Ad quem es de 24 horas, se contraría hasta el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas 30 minutos. Apuntan, es obvio que dicha hora es inhábil, por lo que en su criterio, el pedido presentado el primero de marzo de aquel año, fue realizado en tiempo. Por otra parte, aseveran, el plazo estipulado en el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción Agraria (LJA) es para interponer el recuso de revocatoria y aquí se trató de la solicitud de adición y aclaración. Dicen, se trata de un mero trámite para rectificar los fallos. En lo tocante al otro fundamento del Tribunal para fijar el plazo de 24 horas de conformidad con lo establecido en el precepto 498 del Código de Trabajo, expresan, atiende a las resoluciones de primera instancia. Continúan, la LJA no contiene un plazo para el pedido de la adición y aclaración, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el cardinal 6 de esa norma, el lapso que se debe aplicar es el de tres días consagrado en el canon 158 del Código Procesal Civil.\n\n          III.- De previo al análisis de las inconformidades es menester referir lo dispuesto por esta Cámara en cuanto a esta categoría de yerros: “III.- …Sobre el punto, el recurso ante esta Sala, propio de asuntos agrarios, no se rige en un todo por las disposiciones de la casación del Código Procesal Civil (CPC), pues la Ley de la Jurisdicción Agraria remite a la impugnación contemplada a partir del canon 556 del Código de Trabajo. Con todo, esta Cámara ha analizado las situaciones que darían cabida para el análisis de cargos como el acusado. Así, por ejemplo, en la sentencia 583 de las 11 horas 35 minutos del 14 de julio de 2004 estimó: “V.-   Reiteradamente ha señalado esta Sala […] que una de las características del recurso de casación en esta materia, es su limitación a conocer, exclusivamente, aspectos de fondo.  Ello al socaire del artículo 559 del Código de Trabajo, aplicable a este tipo de procesos, por expresa remisión del canon 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria.  Empero, ahora, con su nueva integración, este Tribunal se replantea dicha posición, de conformidad con los siguientes argumentos.  El referido numeral del código laboral dispone: “RECURSO DE CASACIÓN. RECHAZO DE PLANO.  Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y 557.  Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.”(Lo subrayado no es del original).   Para el sub-júdice, interesa la segunda parte del artículo en comentario.  La doctrina procesalista ha indicado que los motivos de casación por razones de índole procesal, dispuestos en el artículo 594 del Código Procesal Civil, pueden darse en las tres fases del proceso: 1)  En la constitución misma de la relación jurídico procesal, verbigracia, lo regulado por el  inciso primero, relativo a la falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste.  2)  Los referidos al anormal desenvolvimiento de esa relación.  Tal es el caso del inciso segundo, sobre la denegación de pruebas admisibles o la falta de citación para alguna diligencia probatoria durante la tramitación.  Y, 3)   Los producidos al momento de la decisión del litigio, es decir, al dictarse la sentencia correspondiente, el ejemplo típico es la incongruencia, dispuesta en el inciso tercero.  La expresión “reposición o práctica de trámites procesales” según lo dispuesto por la normativa laboral, no abarca la totalidad de los supuestos en que pueden presentarse los vicios de forma o “in procedendo”.  La jurisprudencia de este Tribunal, hasta el momento, ha equiparado los conceptos de “vicios de forma” con los de “trámite procesal”, a pesar de ser diferentes.  Se está, puede afirmarse, ante una relación de género a especie, en donde los segundos configuran una especie de los primeros.  Los yerros por trámites procesales se refieren a incumplimientos originados, de manera exclusiva, durante el íter procesal, pudiendo enmarcarse en los puntos 1 y 2 antes señalados.  Por ello, la limitación para interponer el recurso de casación por razones procesales, contenida en el artículo de comentario, no es aplicable a todos los supuestos en que proceda.  No está contemplada para las faltas referidas a la constitución de los actos procesales que sean pasibles de ese recurso, a tenor de lo dispuesto por el indicado artículo 594 del Código de rito civil.  De tal manera, dentro de este nuevo enfoque, sí resulta revisable en esta vía el fallo dictado en la jurisdicción agraria, cuando lo alegado es el vicio de incongruencia...”. (En esta misma línea, consúltense los fallos 608 de las 9 horas 10 minutos del 23 de julio de 2004 y 133 de las 10 horas del 10 de marzo de 2005)”. No. 175 de las 9 horas 20 minutos del 14 de febrero de 2013. En consonancia con lo expuesto, se ha dado apertura en lo tocante a la posibilidad de conocer el recurso por motivos adjetivos en los casos donde los vicios se produzcan en la sentencia como acto procesal, no en los relativos al procedimiento que por mandato legal se excluyen del control que ejerce este Órgano decisor. Así, se han admitido las causales estipuladas en el cardinal 594 del Código Procesal Civil, en cuanto el fallo como acto, a saber, incongruencia, conculcación al principio de no reforma en perjuicio y cuando se omitan plazos para la expresión de agravios.\n\nIV.- En el primero de los reproches se acusa incongruencia, sobre esta infracción esta Sala ha resuelto: ”…la congruencia de la sentencia, consagrada en el artículo 155, párrafo inicial, del Código Procesal Civil, y en el caso de la jurisdicción agraria, derivada del numeral 54 de la Ley de esa materia, consiste en la necesaria relación y armonía que debe evidenciarse entre lo dispuesto en la parte dispositiva del fallo y los límites fijados por las pretensiones materiales de las partes y lo debatido. Así, el juez no puede omitir pronunciamiento sobre algún punto de contienda (mínima petita), otorgar más de lo pedido, sea superar lo pretendido (ultra petita), o bien, agregar extremos no contemplados por los litigantes (extra petita). También se daría cuando existan pronunciamientos contradictorios en la sentencia. Dicho en otros términos, no hay incongruencia entre las consideraciones de la sentencia y lo resuelto en la parte dispositiva. No. 728 de las 10 horas 5 minutos del 4 de octubre de 2007”. No. 749 de las 9 horas del 17 de junio de 2010”. Sentencia no. 176 de las 9 horas 25 minutos del 14 de febrero de 2013. Los recurrentes arguyen, el error se produce dado que no se resolvió sobre su reconvención. Es claro, no se está ante el yerro de incongruencia, ya que el Ad quem no omitió en el dispositivo de la sentencia fallar al respecto, si no que lo hizo rechazando la contrademanda, al confirmar lo resuelto por el Juzgado en cuanto la declaró sin lugar. El Tribunal en lo de interés, en sus consideraciones, expresó: “…se desprende que el a quo efectivamente emitió pronunciamiento sobre las dos demandas presentadas, tramitadas bajo los expedientes 09-000028-298-AG y 11-000048-298-298-AG… El juzgador de instancia hizo una clara diferencia al momento de resolver las demandas, tanto en la parte considerativa como en la dispositiva, haciendo referencia concreta a los hechos expuestos por cada una de las partes, las pruebas y pretensiones planteadas en la demanda presentada por los señores Miguel Masís y Gregoria Moreno, se hizo referencia a cada una de ellas acompañadas de la debida fundamentación del por qué se rechazaban las mismas”. Por consiguiente, no se produce el yerro acusado, porque se falló sobre lo demanda formulada por los impugnantes, solo que se hizo denegándola.\n\n V.- En otro orden de ideas, en cuanto aluden a que del libelo de demanda se extrajeron porciones fuera de contexto, por lo que no es posible concluir que carecen de legitimación al no contar con título traslativo de dominio. Dicha vulneración, de presentarse, configuraría un vicio por motivos de fondo, más no el recriminado por los recurrentes, de incongruencia.  En esta materia, aunque el recurso se rige  por el principio antiformalista, al no estar sujeto a formalidades técnicas especiales, ello no es óbice  para que se requieran las razones, claras y precisas, que ameritan la procedencia del recurso. De ahí, que este Órgano decisor ha dispuesto: “…en la especificidad de este tipo de recurso presenta algunas particularidades que convienen ser precisadas. Así, en un primer plano, debe indicarse que en la casación agraria no se exigen formalidades especiales, aspecto que no conlleva a la informalidad, en tanto el recurso debe estar ordenado de forma técnica enumerando y estructurando los reproches a la sentencia para demostrar su falta de juricidad (artículo 557 Código de Trabajo). Desde este plano el recurrente debe explicar necesariamente las razones claras y precisas sobre las cuales sustenta su gestión. Se deben combatir en forma sistemática todos y cada uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida sobre los cuales se plantea la oposición. En esta inteligencia, la dispensa mencionada se refiere únicamente a la consignación de las normas del Ordenamiento Jurídico violadas, o el tipo de infracción cometida”. Sentencia no. 952 de las 16 horas 20 minutos del 7 de diciembre de 2005. En el subexamine, es evidente, en cuanto al yerro que aducen, no expresan los motivos que fundamentan su posición; únicamente manifiestan, no es factible estimar que carecen de legitimación al no tener título traslativo de dominio. Así, no es suficiente que se limiten a argumentar su descontento con lo resuelto por el Ad quem si no que les era necesario explicar de una forma clara y precisa cómo se produce el yerro y su incidencia en lo fallado, por lo que ante tales carencias lo procedente es su rechazo.\n\nVI.- En el segundo y tercer agravios los impugnantes alegan, se les denegó la realización de la audiencia ante el Tribunal sin que se brindaran las razones para ello, así como que, los jueces de segunda instancia aplicaron indebidamente el plazo de 24 horas para pedir adición y aclaración. Según se expuso en el considerando III, el recurso ante casación por motivos procesales en materia agraria solo se admite por conculcaciones propias de la sentencia recurrida, no por cuestiones originadas durante el desarrollo del proceso, que por imperativo legal (cardinales 559 del CT y 61 de la LJA) se encuentran excluidas de su conocimiento. Consecuentemente, tales inconformidades no resultan de recibo ante esta instancia.\n\nRecurso de casación por razones de fondo\n\n          VII.- Primero: recriminan, se hizo una indebida apreciación probatoria. Exponen, el Ad quem incurrió en igual yerro que el Juzgado, ya que acogió la pretensión del señor Quirós Díaz y estimó que cumplía con la identidad del bien, legitimación activa y pasiva. Ello, apuntan, no tiene fundamento, es incongruente, injusto e imparcial, dado que resulta ajeno a la materialidad del expediente. Arguyen, la prueba no fue valorada en conjunto, si no que se hizo parcialmente y fuera de contexto. Manifiestan, tanto en primera como en segunda instancia los juzgadores iniciaron exponiendo que los elementos de convicción se apreciarían sin sujeción a las normas del derecho común (artículo 54 de la LJA), con lo que solo tratan de eludir su responsabilidad. Increpan, el Ad quem omite referirse a los testimonios de Gilberto Chaves Zúñiga, Florencio Moreno, Rafael Angel Murillo Araya, Jhonatan Elias Vargas Chinchilla y Edin Gerardo Zúñiga Moreira, quienes, señalan, dan una versión distinta de los hechos respecto a las deposiciones de Melvín Méndez Blanco y Eladio Méndez Camacho. Objetan lo resuelto en el considerando V, sobre la existencia de nulidad alguna y se pregunta: dónde está el análisis de los cinco testigos y de la documental que ofrecieron? Refutan lo dispuesto en el considerando VI en cuanto a la correcta valoración probatoria del Juzgado y cuestionan: cuáles probanzas? Recalcan, el fallo en su materialidad dice lo opuesto a lo que pretende hacer creer. En lo atinente a la legitimación activa, reprochan, se hizo una construcción de hechos, que ni el propio actor realizó en el libelo de demanda, con lo que dice, resulta un pronunciamiento con “ultra petita”, sin realizar ningún examen jurídico. Argumentan, en la demanda no se brindó una cronología de la manera cómo adquirió el señor Quirós Díaz la finca, si no que se limitó a indicar que es dueño de dicho terreno sin inscribir, a describirla y proporcionar su número de plano catastrado. También que, su padre se la vendió mediante escritura pública del 18 de enero de 1996, pero, recriminan, solo eso. Por consiguiente, acusan, no existe fundamento para la historia que acepta el Tribunal. Tales documentos, estiman, no demuestran de forma indubitable la legitimación del accionante, porque en su opinión, el plano catastrado y la escritura describen dos fundos distintos. En cuanto a la compraventa, manifiestan, el enajenante no es el padre de don Felix Quirós Díaz, y por ende, no se puede justificar aduciendo para ello, que se trató de un error como lo dispuso el Juzgado y avaló el Ad quem. Por otra parte, expresan, en la escritura de traspaso se describe un bien distinto al del plano catastrado el cual, además no se relaciona con el inmueble que poseen. Es tal dicen, que el croquis levantado por el perito en sus conclusiones señala, el terreno que poseen únicamente se traslapa un 43% en el que se describe en el plano no. A-310230-1996. Insisten, el inmueble descrito en la escritura pública no. 161-19 no coincide con el catastrado en el plano de referencia. Por ende, recalcan, no son concluyentes e irrefutables. Igualmente, reprochan, no se acreditó de modo alguno que el señor Quirós Díaz hubiera ejercido de forma efectiva y real la posesión sobre la finca en litigio, por lo que no es posible sostener que desarrolló una actividad o empresa agraria productiva. Afirman, en su confesional admitió que mantuvo la propiedad y los árboles para que no fueran destruidos. Igualmente que no realizó ninguna actividad agraria y tampoco edificó obra alguna. También refieren, que cuando se le preguntó sobre la propiedad ubicada en el lindero sur, manifestó que fue de su padre, quien se la vendió a don Gilbert Chaves. Asimismo, al contestar la pregunta 10, indicó: “Si, si está dentro de la propiedad que reclamo, y dentro de la propiedad que se describe en el plano catastrado que está a folio 2 del expediente”. Por consiguiente, expresan, se extrae que a lo sumo cuenta con la escritura de compraventa, pero nunca ejerció acto posesorio, memos uno agrario, dado que no desplegó ninguna actividad agraria y no reconoce como suyo el resto de terreno que está al norte del fundo en disputa, pues, manifestó, le pertenecía al señor Gilbert Chaves. Además, que reconoce se trata de un área de protección del río. En lo relativo a los testigos de la contraria, afirman son amigos del actor, porque de niños se bañaban en el río y fueron compañeros de trabajo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede Santa Clara, pero aún así, aducen, fueron contestes en apuntar no realizó actividad agraria alguna, puesto que coinciden era un charral o bosque, se mantuvo así hasta que ellos ingresaron al terreno y los acusan de cortar árboles. Exponen, el señor Rafael Ángel Murillo Araya, testificó el predio es una zona de protección del río; había un interés comunal de mantenerlo limpio, para evitar se utilizara para el consumo de drogas y nunca se cultivó nada. Agregan, aunque todos coinciden, era propiedad del señor Quirós Díaz porque tiene una escritura de respaldo, también expresan no lo disfrutó, lo cual en su opinión, significa no lo poseyó. No obstante, objetan, el Tribunal omitió dichas deposiciones y prohijó lo resuelto por el Juzgado, sin explicar  por qué tales testimonios no le merecían credibilidad, limitándose, arguye, a citar los que sirvieron de fundamento al fallo de primera instancia. Dejando, expresan, de lado los restantes testigos. Así, recriminan lo dispuesto no encuentra fundamento “en el sentido natural de la prueba traída al expediente y… es producto de una lectura imparcial de la misma, y evidencia una manifiesta ausencia de estudio y análisis del  recurso elevado ante su instancia”. Argumentan, de lo expuesto se evidencia, el Ad quem en su afán de colaborar con el accionante torció de manera grosera la línea argumentativa y justifica la carencia de ejercicio real y efectivo, aduciendo que el actor empleó el lote como reserva forestal. Transcriben los hechos primero y tercero de la demanda, lo que resulta contradictorio con lo expresado por el señor Quirós Díaz en su confesional ya que con anterioridad no había manifestado que destinara la finca a bosque. Segundo: en lo tocante a la identidad del bien, recriminan, el Tribunal avaló lo dispuesto por el A quo, y agregó elementos que ni siquiera fueron discutidos en el proceso ni objeto de pretensión.  Arguyen, la escrituta no. 161-19 otorgada ante el fedatario público Manuel Chacón Arrieta no costituye plena prueba, dado que tiene defectos, en razón de las contradicciones subjetivas y objetivas. Insisten, como vendedor compareció el señor Heriberto Quirós Rodríguez cédula de identidad no. 2-785-985, pero quien aparece inscrita con ese documento de identidad es una señorita de nombre Damaris Quirós Barboza de escasos 15 años y quien no había nacido al suscribirse el documento de compraventa. Sobre lo otro, afirman, el terreno descrito no coincide en cuanto a linderos, medida, naturaleza, situación y referencias topográficas y geográficas respecto al inmueble detallado en el plano catastrado no. A-310230-1996. El predio reclamado tiene por naturaleza terreno para construir y se ubica entre la calle pública de la vía que conduce a Santa Rita de Florencia y la quebrada Santa Rita, con una medida de 3.311,75 metros cuadrados, y del punto de amarre, cuya referencia es el puente sobre dicha quebrada, se ubica a 517.05, y linda al norte y sur: Heriberto Quirós Rodríguez, este: quebrada Santa Rita y oeste: calle pública con un frente de 106,29 metros. Por su parte, en la escritura no. 161-19 de cita se dice que el terreno es de agricultura, situado entre la calle pública que se dirige a Santa Rita de Florencia y el río Santa Clara, su cabida es de un solar (equivalente a un cuarto de manzana), sea unos 1.747,24 metros cuadrados. Además, aclaran, tomándose en relación con el extremo de partida se encuentra a 300 metros lineales del puente sobre la quebrada Santa Rita, como linderos tiene al norte y sur: resto reservado, este: río Santa Clara y oeste: calle pública. Por consiguiente, apuntan, no tienen ninguna similitud, si no que sus incongruencias son evidentes e insalvables; menos aún, argumentan si se compara con el inmueble descrito en el hecho primero de la demanda interpuesta por ellos. Acotan, el bien que poseen según el levantamiento topográfico efectuado por el perito se encuentra a 576,47 metros del bastión del puente sobre la quebrada Santa Rita, mide tan solo 1.457,28 metros cuadrados, frente a la vía a Santa Rita, colinda al norte: Gilbert Chaves Zúñiga, Sur: Eusebio Gerardo Salas Mora, este: quebrada Santa Rita y oeste: calle pública con un frente de 59,42 metros. De ahí, refutan la identidad del bien declarada en sentencia. Aseveran, su principal línea argumentativa ha sido que el terreno que poseen es completamente distinto al del accionante; y reprochan, los juzgadores no lo consideraron ni valoraron, si no que se dedicaron a examinar aspectos intrascendentes e incluso inventados por el Tribunal. Por ende, objetan lo expuesto en el considerando VI, en el sentido de que: “si el actor nunca obtuvo ninguna utilidad del inmueble, ello se debió a que la misma naturaleza del terreno contenía una prohibición expresa en el cambio de uso de suelo, lo cual, obedece a un interés superior de brindar la debida protección a las áreas de protección de las quebradas, conforme a las regulaciones de la Ley Forestal”. De lo anterior, en su opinión, no se resolvió el punto sometido a discusión. Tercero: en lo atinente a la legitimación pasiva, manifiestan, aplicando la metodología del Ad quem, “contrario sensu” , si el señor Quirós Díaz no tiene legitimación activa, según se probó, entonces no existe identidad del bien y consecuentemente tampoco cuentan con legitimación pasiva, dado que el inmueble que poseen es distinto al del accionante. Cuarto: manifiestan, se oponen a la condenatoria en costas, pues, debieron apersonarse al proceso al ser demandados y tuvieron que interponer su demanda, dado que el Juzgado con un evidente tecnicismo declaró extemporánea su contestación. Afirman, no puede obviarse, está en juego su casa de habitación razón por la cual debían defenderlo sin escatimar ningún esfuerzo. Adicionan, es una simple orilla de río y ahora es el lugar donde viven con tranquilidad y sin perturbar derechos de nadie.\n\n          VIII.- En los primeros dos agravios los casacionistas acusan errores indirectos de ley en razón de yerros en la apreciación de la prueba. En cuanto a la valoración probatoria en materia agraria, esta Cámara en el fallo no. “712-F de las 15 horas 15 minutos del 26 de setiembre del 2005, dispuso:  IV. En el sub júdice la discusión gira en torno a un punto concreto: la apreciación del material probatorio, en cuanto a cuál de las partes incumplió el contrato. La forma cómo deben los jueces apreciar la prueba, ha variado a lo largo de la historia del Derecho Procesal. En una primera etapa, anterior a las codificaciones decimonónicas, se partía de un sistema tasado para discernir sobre la fuerza demostrativa de cada elemento. Así, la ley de antemano imponía valor a cada probanza, sin que el juzgador estuviera en la posibilidad de decidir, por sí mismo, cuáles elementos informaban mejor su convicción para resolver el caso concreto. De esa manera, se requerían medios específicos para demostrar cada derecho, variando su cantidad en torno a cada uno, así como estableciendo, a priori, discriminaciones sobre los declarantes en razón de su género, edad, oficio o clase social. Ese sistema fue superado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 1855, que sirvió de base a los códigos procesales de América Latina, incluyendo a Costa Rica. En dicha legislación hispana se acogió el modelo de apreciar el material demostrativo a la luz de las reglas de la sana crítica. Se trata de la figura intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Con fundamento en la sana crítica, el juez puede llegar a un convencimiento por sí mismo sobre la certeza de los hechos sobre los cuales basa su decisión, a través de su propia valoración, pero, esta no es del todo libre, sino que está sujeta a las normas del pensamiento lógico formal y, de manera simultánea, a la experiencia humana. Sobre el punto ha expresado la doctrina, en especial, Couture, que el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente, un ser humano que toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. La sana crítica es, además de lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que toda persona se sirve en la vida. Por lo tanto, la autoridad judicial estará encargada de apreciar las probanzas con una debida concatenación lógica y, además, bajo las circunstancias de su entorno, observadas mediante la experiencia. La finalidad de lo anterior es que el juzgador no podrá acogerse tan solo a su discrecionalidad, sino que deberá fundamentar, con base en la lógica y la experiencia, los motivos de su convicción. Esto, además, permitirá al superior, si se impugna el fallo, revisar si los criterios del a quo, se sujetaron a tales reglas del correcto entendimiento humano. Un tercer sistema es el denominado como de libre convicción. En este, lo que decida el juzgador no deberá estar sujeto, necesariamente, a la prueba aportada por las partes al proceso. Incluso, podría resolverse contra los hechos probados y tener asidero tan solo en el saber privado del juez. Bastará con que este afirme tener la certidumbre moral de que los hechos sucedieron de tal manera, sin que se le pueda exigir el desarrollo lógico de su razonamiento. El Código Procesal Civil costarricense se enmarca en un híbrido entre las reglas de la sana crítica y la prueba tasada. Tal conclusión se extrae del precepto 330, así como de diversas regulaciones, resabios del sistema anterior, en torno al valor de los medios demostrativos como la confesión, los instrumentos públicos, los documentos que prevalecen sobre las declaraciones testimoniales y la imposibilidad de probar algunos hechos tan sólo con estas últimas. Por otra parte, la Ley de la Jurisdicción Agraria, en su artículo 54, párrafo segundo, dispone lo siguiente: “Al resolver sobre el fondo del negocio, el juez apreciará la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio.”. Aunque, por similitud de terminología, en principio, podría interpretarse que se ajusta al sistema de libre convicción, en realidad no es así, pues la propia norma ordena al juzgador dar argumentos de derecho o de equidad para justificar su apreciación. Asimismo, hubo pronunciamiento sobre el tema, cuando la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 11932 de las 15 horas 37 minutos del 21 de noviembre del 2001, explicó que la prueba no puede valorarse al mero arbitrio de la autoridad judicial. Más bien, dicho numeral 54 la obliga a que “...analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio; respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa.” Dicha Sala, en el voto de cita, refiere a su sentencia n.º 4448 de las 9 horas del 30 de agosto de 1996, donde expresó: “De esta manera, la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez –como funcionario que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derecho constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política”   Entonces, debe concluirse, en realidad, el ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria no permite al juzgador acogerse a un sistema de libre convicción. Aún más, a partir de los deberes de fundamentar que se imponen y, a la luz de lo interpretado en la jurisprudencia constitucional, lo está sujetando a las reglas de la sana crítica, en el tanto, debe procurar un razonamiento lógico y acorde a la experiencia humana intersubjetiva para justificar lo que dispone. Por falta de sujeción al derecho común, según regula el propio precepto, habrá de entenderse que, a diferencia de los procesos civiles, no habrá prueba tasada alguna. En ese tanto, cuando se acuse una indebida valoración probatoria, por parte de los jueces agrarios, en realidad se estará acusando la inobservancia a las reglas de la lógica y de la experiencia, que informan el correcto entendimiento humano, al momento de fundamentar su convicción.”  En igual sentido, puede consultarse, entre otros, el fallo no. 173 de las 10 horas del 4 de marzo de 2008”. Fallo no. 1513 de las 9 horas 25 minutos del 15 de noviembre de 2012. En consecuencia, al entrar al análisis de dichos cargos lo primordial será determinar si los juzgadores al apreciar los elementos de convicción constantes en autos, lo hicieron con apego a las reglas de la lógica y de la experiencia. Además, habrá de partirse del hecho de que en esta materia no existe prueba tasada.\n\n          IX.- Sobre lo recriminado por los impugnantes en el cargo de examen, en cuanto a que el Tribunal omitió referirse a los testimonios de los señores Gilberto Chaves Zúñiga, Florencio Moreno, Rafael Ángel Murillo Araya, Jhonatan Elias Vargas Chinchilla y Edin Gerardo Zúñiga Moreira, quienes dicen, proporcionan una versión distinta de los hechos a la referida por los deponentes Melvín Méndez Blanco y Eladio Méndez Camacho. Es evidente, se limitan a citar a los testigos sin precisar a cuáles aspectos concretos se refieren, sin aludir de manera precisa a lo manifestado por cada uno de ellos, ni apuntar el modo cómo contribuirían a fallar el asunto de forma distinta como se hizo. En lo atinente a que el fallo hizo una construcción artificiosa de los hechos, y que por ello no se acreditó la legitimación activa del accionante, ha de reproducirse en lo que interesa lo dispuesto en el considerando VI de dicha sentencia: “La construcción del cuadro fáctico realizado por el a quo, tanto en los hechos probados y no probados como en la parte considerativa de la resolución recurrida, es necesaria a efectos de resolver el fondo del asunto, además de que el recuento histórico no corresponde a una historia sin sustento alguno como lo alegan los recurrentes, sino que obedece precisamente a los hechos que se acreditaron en la sentencia conforme a la valoración integral de la prueba que fue aportada a los autos por ambas partes, así como a los hechos que no se lograron acreditar en el desarrollo del proceso y que se encuentran ayunos de prueba. Tampoco es de recibo el argumento de que el testimonio de escritura pública y plano catastrado aportados a los autos por el actor Félix Quirós no demuestran la legitimación activa, debido a defectos e inconsistencias detectadas en los documentos. Como bien lo señalan los recurrentes, en este caso, existe informe pericial en el que se indicó claramente que el área poseída por Miguel Masís y Gregoria Moreno corresponde a un porcentaje de 43.99% del área descrita en el plano catastrado A-310230-1996 aportado por el actor Félix Quirós, la cual se refleja en un área de 1458.28 metros cuadrados, constatándose con ello, el traslape del área reclamada con la poseída por los recurrentes. Es importante resaltar que la referencia a los porcentajes realizados en el informe pericial, no se debe a una falta de constatación a nivel material del terreno en conflicto, sino a que el inmueble descrito en el plano catastrado A-310230-1996, materialmente se encuentra dividido en dos porciones, uno descrito como lote 1 y el otro lote 2, siendo el lote descrito como número 2, el que ocupan los recurrentes y sobre el cual versa el presente proceso, al ser reclamado por el actor Félix Quirós sólo una parte de su terreno, como bien se desprende de los hechos y de la petitoria de la demanda. Tampoco es procedente el argumento de que el actor Félix Quirós no ejercía actos de posesión del inmueble en litis, debido a que, como bien lo señalan los recurrentes él admitió que mantenía la propiedad y los árboles para que no fueran reforestados. Lo anterior, es coincidente con lo manifestado por los testigos, al afirmar que antes de que ingresaran los demandados en el inmueble, el que le daba mantenimiento y lo veían trabajando era el actor”. De seguido, los juzgadores reprodujeron en lo de interés lo expresado por los testigos Melvin Méndez Blanco, Rafael Ángel Murillo Araya y Eladio Méndez Camacho, concluyendo: “…se desprende que en este caso, contrario a lo alegado por los recurrentes, el actor Félix Quirós demostró la adquisición del inmueble en litis… de su padre, el señor Heriberto Quirós Rodríguez y que previo al ingreso de Miguel Masís y Gregoria Moreno, el actor realizaba el mantenimiento y lo cuidaba de que no cortaran árboles. Si bien en este caso, el señor Félix Quirós admitió no haber edificado ni desarrollado  actividad agraria alguna, ello obedeció a que dicha área es colindante con la quebrada Santa Rita, en la cual, se debe respetar el margen del área de protección, de conformidad con la legislación actual”. En primer lugar debe señalarse, contrario a lo que parecen entender los recurrentes, los hechos probados, más que construirse con las situaciones fácticas desarrolladas en la demanda, se fundamentan en los elementos de convicción constantes en el expediente. Por otra parte, resulta evidente, los impugnantes no atacaron debidamente las razones esgrimidas por el Tribunal al analizar las probanzas testimoniales, si no que se limitaron a indicar, los restantes deponentes externaron lo contrario; pero sin apuntar de forma concreta qué testificaron y el modo cómo llevarían a resolver de forma distinta a como se hizo. Además, el Ad quem no se basó solamente en dichas probanzas, ni en la escritura de compraventa del 18 de enero de 1996 y el plano catastrado no. A-310230-1996, si no que también lo hizo tomando en cuenta lo consignado en el informe pericial, sin que los impugnantes lo combatieren de modo alguno. Nótese, en esta materia no existe prueba tasada, por ende, lo primordial es, se valore de manera conjunta, con apego a los principios de la lógica y la experiencia; lo cual en criterio de esta Cámara fue así, sin que los recurrentes logren desmeritarla por medio de sus objeciones. El Tribunal sobre el particular, señaló: “…mediante la prueba testimonial se constató la posesión que ostentó el señor Heriberto Quirós en el inmueble en conflicto y que éste lo traspasó al actor Félix Quirós en el año 1996. Al respecto, los testigos Melvin Méndez Blanco, conocido como Marvin, Rafael Ángel Murillo Araya y Eladio Méndez Camacho fueron contestes en afirmar que la propiedad era parte de una finca del señor Heriberto Quirós que se conocía como “Beto”, el cual era el papá de Felix Quirós y que dicha propiedad fue traspasada a éste último (ver testimonios a folios 239 al 242, 576 vuelto al 577 vuelto y 580); por lo que el aspecto subjetivo que dó totalmente acreditado no solo con la prueba documental, sino también con la testimonial que consta en autos. En cuanto al elemento objetivo, se tiene que al realizar una comparación entre la información consignada en el plano catastrado y en el testimonio de  escritura no se desprenden tales inconsistencias, debido a que existe coincidencia en la ubicación del inmueble y en la descripción de las colindancias. En el plano catastrado se indica que corresponde a un terreno ubicado en Santa Clara y quien tiene como lindero norte y sur al señor Heriberto Quirós Rodríguez, al este con quebrada Santa Rita y al oeste con calle pública. Por su parte, la escritura pública describe un inmueble en Santa Clara, que linda al norte y sur con resto reservado, que corresponde a resto de la finca del señor Heriberto Quirós Rodríguez, al este con río Santa Clara y oeste con calle pública. De las colindancias descritas, se desprende que en el único sector que no existe coincidencia es al este al consignar el nombre de río o quebrada con la que colinda, sin embargo, independientemente del nombre consignado, si cuenta con un límite natural que es una quebrada”. Además, como apoyo utilizó el informe del experto, peritaje sobre el cual se ahondará al examinar lo pertinente a la identidad del bien. De lo anterior, es claro, el Ad quem realizó un estudio integral de los elementos de convicción sin que los inconformes lo combatan de manera clara y concreta, si no que repiten las  argumentaciones externadas en su recurso de apelación del fallo del Juzgado, sin atacar la resolución de segunda instancia con especificas razones fácticas y jurídicas. Por otro lado, relativo a que no se acreditó de ninguna manera la posesión del señor Quirós Díaz sobre el terreno en disputa, han de hacerse las siguientes consideraciones. Distinto a lo que estiman los casacionistas, del análisis de las probanzas se tuvo por acreditada la posesión forestal. Ha de recordarse,  en la actualidad no se hace referencia únicamente a la actividad agraria sino también forestal y ambiental como conformantes de la función económica, social y ambiental de la propiedad o posesión agraria. En consecuencia, el hecho de que el actor destinara el terreno objeto del litigio a la conservación forestal, lejos de demeritar la posesión, la refuerza. Máxime si como ha sido demostrado, el predio está ubicado en la zona de protección de la quebrada Santa Rita. A lo expuesto, ha de agregarse, en el subexamine se comprobó, el señor Félix Quirós Díaz levantó cercas y realizó actividades de mantenimiento en el inmueble (chapeas y rondas), así, contrario a lo externado por los recurrentes, es indudable la posesión ejercida por el accionante.\n\n           X.- En el segundo reproche, objetan lo dispuesto en cuanto a la identidad del bien. Al respecto ha de señalarse, contrario a lo argumentado por los recurrentes en lo relativo a los defectos subjetivos y objetivos que demeritan la escritura pública no. 161-19, según lo resolvió el Tribunal esto no es así. En cuanto a lo primero, es claro se trató de un error al momento de consignar la cédula de identidad del señor Heriberto Quirós Rodríguez, pues, como consta en la impresión de la consulta realizada en el Tribunal Supremo de Elecciones (folio 530) su número de cédula es el 200785985, pero se consignó como 207850985. Aunado a lo anterior, existe prueba testimonial que permite constatar, don Heriberto Quirós era el poseedor del terreno que se describe en dicho documento público y lo vendió en 1996 a su hijo Félix Quirós Díaz. Además, que el predio ocupado por los codemandados es parte del traspasado en aquella oportunidad al actor. De ahí, las acusadas inconsistencias en lo tocante a linderos, medida, naturaleza, situación y referencias topográficas, no son del grado que conlleven a establecer se trata de un fundo distinto al que se pretende reivindicar. Recuérdese, los juzgadores al fallar valoraron en conjunto la totalidad de la prueba, a saber, documental, testimonial y pericial y de modo alguno, determinó que la escritura de cita constituía plena prueba, si no como se expresó, fue lo opuesto dado que valoraron todos los elementos de convicción con atención a las reglas de la lógica y experiencia humana. En este sentido, el dictamen del perito fue contundente al apuntar, el lote ocupado por los co-accionados, traslapa con el del actor en un 43.99% de su área total. Igualmente, explicó las razones por las que las discrepancias eran ínfimas, si se tomaba como punto de referencia el bastión del puente ubicado en la intersección de la quebrada Grande y la quebrada Santa Rita. Expuso, una diferencia de 4.18 cuando el punto de partida se encuentra a más de 500 metros, resulta insignificante. Tales aspectos no los atacan los casacionistas en su recurso. Por otro lado, en lo concerniente a la medida, la discrepancia es con la escritura pública de compraventa, momento para el cual el terreno no había sido medido para efectos catastrales, pero si se compara con la del plano catastrado la diferencia es mínima, y como lo apuntó el perito puede deberse al ensanchamiento de la quebrada, que es uno de los linderos del inmueble, así como por la construcción de la carretera que conduce a Santa Rita. Los linderos es lógico que cambien con los años, la naturaleza por lo general se consigna sea por indicación de los poseedores o del propio profesional, aunque lo primordial es la que se compruebe con fundamento en datos ciertos y reales. En todo caso, también puede cambiar con el transcurso del tiempo. En lo relativo a la distancia donde se encuentra el lote objeto de litigio con respecto al bastión del puente y la medida de 1.457,28 metros cuadrados, se explica, según lo analiza el perito, ese predio corresponde tan solo al 43.99% del inmueble del demandante que se describe en el plano no. A-310230-1996. De ahí, también se aclara lo concerniente a la disconformidad en la distancia respecto al punto de referencia, ya que el área ocupada por los codemandados se encuentra más al sur. De lo expuesto, es indudable no llevan razón los impugnantes puesto que no es cierto, el bien en disputa no corresponde a una porción del que posee el actor desde hace más de 15 años y destinándolo principalmente a la conservación forestal y ambiental.\n\n          XI.- En el tercer reparo, atacan la legitimación pasiva, sin brindar mayores detalles, ya que aducen sigue la metodología empleada por el Juzgado, pese a que el fallo que deben combatir es el del Tribunal. No obstante, ha de indicarse, una vez más no llevan razón en sus asertos, dado que se acreditó se encuentran ocupando una porción del inmueble que ha venido poseyendo el actor. Por ende, se demostró la legitimación pasiva. Sobre el particular, el Ad quem dispuso: “Contrario a lo expuesto por los recurrentes, en este caso, si se logró acreditar la legitimación pasiva, no sólo al haberse admitido en forma expresa que ingresaron al inmueble sin contar con ningún permiso y con pleno conocimiento que el inmueble tenía dueño, lo cual, se demuestra con las diversas acciones realizadas por el actor Félix Quirós para recuperar su terreno con la interposición de los procesos interdictales tramitados bajo los expedientes números 08-000089-298-AG y 08-000163-298-AG, el primero… contra Jaime Giovanni portugués en fecha 21 de mayo del 2008 y el segundo… contra Miguel Masís Ugalde en fecha 08 de setiembre del 2008… Obsérvese… reclama el mismo inmueble objeto del presente proceso y fue a partir del mes de mayo de 2008 que comenzaron los problemas de invasión dentro del terreno, siendo aproximadamente un mes después que los demandados Miguel Masís y Gregoria Moreno ingresaron en el inmueble teniendo pleno conocimiento del reclamo del señor Félix Quirós, lo anterior se evidencia con la contestación que realizó el demandado Miguel Masís en el proceso interdictal 08-000163-298-AG al manifestar lo siguiente: “…Es precisamente este hecho el que evidencia sin ninguna duda la mala fe del actor, toda vez que el establece como punto de partida la fecha de inicio de mi posesión para el día 15 de julio del 2008, cosa que resulta absolutamente falso, pues para el día 12 de junio del 2008 el mismo actor me ubica ya en la propiedad y ello basta ver los folios 12 a 14 frente y vuelto donde se asentó el Acta de Inspección realizada por el señor Juez Agrario, Lic. Ignacio Rodríguez Sancho, con la misma fecha dentro del proceso de igual naturaleza que se seguía en contra del señor Jaime Giovanni Portugués Chacón, bajo el expediente número 08-000089-298-AG, de este Juzgado, donde el mismo actor le indica al Juez que el suscrito había ingresado unos días después del demandado en esa litis, quien dicho sea de paso ingresó en los primeros días del mes de mayo del 2008, según lo reconoció en la contestación del citado proceso…”. Con lo expuesto, no solo se evidencia que se tenía pleno conocimiento de que el inmueble le pertenecía al señor Félix Quirós y de los reclamos realizados por éste mediante el proceso interdictal…”.\n\nAspectos, que no atacan los impugnantes de modo alguno, lo cual torna improcedente su reparo.\n\nXII.- En lo que a las costas se refiere, es menester manifestar que hay normativa agraria que las regula de manera expresa. La mayoría de esta Sala en lo que a este tema concierne, reiteradamente ha señalado que: “…en los procesos civiles, como en los agrarios, la condenatoria en costas se impone al vencido por el solo hecho de serlo.  Lo anterior, sin que dicha condenatoria implique una calificación de temeridad o mala fe  (numerales 221 del Código Procesal Civil y 55 de la Ley de la Jurisdicción Agraria [LJA]).  Por ello, no se produce quebranto de esos artículos si se condena al vencido.  Contrariamente, cuando se exonera de ese pago, los juzgadores deben justificar su proceder, por ser la excepción a la regla.  En este supuesto, el pronunciamiento respectivo es pasible del recurso de casación, ante la presencia de eventuales errores derivados de una mala aplicación de los casos de exención y un uso indebido de la facultad de exonerar”. No. 504 de las 8 horas 40 minutos del 14 de abril de 2011. El precepto 55 de la LJA, estipula: “Las sentencias, así como las resoluciones que pongan fin al proceso, contendrán pronunciamiento sobre costas. La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas personales, y aun de las procesales, cuando sea evidente que ha litigado de buena fe, por existir, a juicio del tribunal, motivo suficiente para litigar, o porque las pretensiones de la parte vencedora, en definitiva, resultaron desproporcionadas”. (La  negrita es suplida). En el asunto de examen, según se expuso en el considerando I de esta Sentencia, el Tribunal confirmó la sentencia del Juzgado donde se impuso el pago de las costas del proceso a los codemandados perdidosos al estimar no contestaron en tiempo la demanda y no se encontraban en ninguno de los supuestos de excepción. Ha de manifestarse, la exoneración, aún en la hipótesis regulada por el canon, no es imperativa sino discrecional. En esta circunstancia, si el juzgador no está obligado a exonerar, no incurre en infracción de la referida disposición legal, si no exime. No hay quebranto normativo cuando las costas se imponen al vencido, porque el juez se limita a aplicarla en los términos por ella dispuestos. Así, es indudable, que su imposición no significa que se tenga al perdidoso como litigante temerario o de mala fe. Por otra parte, aunque el canon 55 de la LJA reproducido, no señale de modo expreso que las costas se imponen al vencido, lo cierto, es que ello se deduce con claridad de su lectura integral, al establecer en su segunda parte que, a juicio de los juzgadores la parte perdidosa puede ser exonerada de cancelar las costas, en los supuestos que la norma dispone. Es indudable se está frente un extremo en el cual los jueces gozan de discrecionalidad, si estiman que quien perdió el proceso puede ser eximido de cancelarlas, caso contrario, lo conducente es condenarlo a su pago. Consecuentemente, el Ad quem no incurrió en la vulneración acusada al imponerle a los recurrentes el pago de costas, por lo que debe rechazarse el reproche. En consecuencia, lo pertinente es el rechazo de las inconformidades.\n\nXIII.-  De conformidad con lo expresado deberá rechazarse el recurso y  confirmarse la sentencia impugnada.\n\nPOR TANTO\n\n          Se rechaza el recurso y confirma la sentencia recurrida. La magistrada  Escoto suscribe nota sobre costas.\n\n \n\n \n\nLuis Guillermo Rivas Loáiciga\n\n \n\n \n\n \n\nRomán Solís Zelaya                                            Carmenmaría Escoto Fernández\n\n \n\n \n\n \n\nRocío Rojas Morales                                              Jorge Alberto López González\n\n \n\nNota de la magistrada Escoto Fernández\n\nI.- La suscrita integrante no comparte el criterio plasmado por la mayoría de esta Sala en el considerando VI del fallo anterior, en cuanto deniega el control casacional para aquellos casos en los que tan sólo se hace uso de la regla general de la condena al vencido en el pago de ambas costas, es decir, cuando no se actúa o aplica ninguna norma atinente a la exoneración de ellas. En efecto, el fundamento jurisprudencial de mayoría, parte de que la exoneración en el pago de las costas es una facultad, en la que no se produce yerro ni infracción normativa cuando no se ejercita o aplica; por ello, se dice, si no hay violación legal, no es posible en casación entrar a valorar o modificar lo resuelto sobre la condena al vencido, pues se repite, para la mayoría de esta Sala, sólo puede haber infracción jurídica cuando se actúa la norma correspondiente a la exoneración (entre muchas pueden verse las sentencias de esta Sala no.  1001- F-2002, de las 11 horas 50 minutos del 20 de diciembre de 2002; la 249-F-2003, de las 11 horas 45 minutos del 7 de mayo de 2003 y la 306-F-2006, de las 10 horas 20 minutos del 25 de mayo de 2006). La concatenación parece en principio lógica, pues con esta premisa, si la exoneración constituye una facultad, el juzgador no está obligado a exonerar; y por ende, si no ordena o realiza tal exoneración, no viola las normas que corresponden al tema. Ergo, si no se da  violación de normas, no puede haber revisión casacional (consúltense los votos de esta Sala no. 765 de las 16 horas del 26 de septiembre de 2001 y 561-F-2003, de las 10 horas 30 minutos del 10 de septiembre de 2003). Esta relación de ideas, les permite concluir, que en ese supuesto específico (la simple condena o la inaplicación de las exoneraciones) “no puede ser objeto de examen en esta sede” (de este mismo órgano decidor, sentencia no. 419-F-03, de las 9 horas 20 minutos del 18 de julio de 2003), pues se trata de una hipótesis “no pasible de casación”  (fallo no. 653-F-2003, de las 11 horas 20 minutos del 8 de octubre de 2003). Así, en opinión de los distinguidos compañeros: no tiene cabida el recurso de casación cuando no se hace uso de la facultad exoneratoria (véanse a contrario sensu los considerandos III y VIII, por su orden de las resoluciones  541-F-2003, de las 11 horas 10 minutos del día 3  y de las 10 horas 50 minutos del  día 10, ambas de septiembre de 2003). De esta forma se ha estimado por la mayoría que “… la condena en costas al vencido, como aquí sucedió no es revisable en esta Sede, habida cuenta de que el Tribunal se limitó a actuar la norma en los términos por ella dispuestos” (el destacado no es del original, véase el considerando X del voto no. 68-F-2005, de las 14 horas 30 minutos del 15 de diciembre de 2005). Y en materia notarial, con mayor contundencia, se ha señalado que: “…el Tribunal le impuso el pago de las costas de la pretensión resarcitoria a la denunciante, pronunciamiento que, se repite, no tiene casación”. (considerando X de la sentencia no. 928-F-2006, de las 9 horas 15 minutos del 24 de noviembre de 2006).\n\nII.- Sin embargo, en parecer de la suscrita, la indebida inaplicación de los preceptos que permiten la exoneración de costas, infringe, sin duda, el Ordenamiento Jurídico y, en concreto,  las normas que la autorizan, ya sea por error o inadecuada apreciación de los jueces en el conflicto específico. En ese tanto, aunque se trate de una facultad, es lo cierto que no se encuentra inmune al control casacional, pues tanto en su ejercicio como en su inaplicación, puede operar una violación de ley, y en esa medida, la indebida omisión no es ni debe ser, sinónimo de  arbitrariedad, en tal caso, cometida  por el propio Juzgador. Máxime si se trata de un apoderamiento al juez otorgado con supuestos específicos que limitan su poder discrecional en esta materia.  En consecuencia, en este particular aspecto, estimo que con la sola aplicación de la regla general de los artículos 54, 55 y 61 de la Ley de la Jurisdicción Agraria (condenatoria al vencido al pago de ambas costas), no se cierran las puertas al recurso de casación, pues al contrario, el asunto es admisible para su examen de fondo (siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley) ante un eventual vicio omisivo en la aplicación de las disposiciones legales que autorizan la exoneración de dichas costas (canon 55 íbid).  No obstante lo anterior, en el caso concreto de examen, esta integrante comparte lo dispuesto en el fondo por el Tribunal, en cuanto se impuso a los vencidos el pago de ellas, ya que acogieron la demanda en su contra y sin lugar la incoada por ellos.\n\n \n      Carmenmaría Escoto Fernández\n\n \n\n \n\n \n\nHBrenes/larce\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por SALA PRIMERAdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:01:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**SENTENCE WITH SEPARATE NOTE**\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Cassation appeal\n\n**Subtopics:**\n\nCosts.\n\nIn civil and agrarian proceedings, the award of costs is imposed on the losing party by the mere fact of being so, without implying a finding of recklessness or bad faith (numerals 221 of the Civil Procedure Code and 55 of the Agrarian Jurisdiction Law). No violation of those articles occurs if the losing party is ordered to pay costs. Conversely, when exoneration from such payment is granted (a discretionary power), the judges must justify their decision, as it constitutes an exception to the rule; a ruling that is subject to cassation appeal, given the potential for errors arising from an incorrect application of the grounds for exemption and improper use of the power to exonerate. In the case under review, the Court confirmed the lower court's judgment, which had imposed the payment of the proceeding's costs on the losing co-defendants. Consequently, the Ad quem did not commit the alleged violation by imposing the costs on them.\n\n[... See more]\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Cassation appeal\n\n**Subtopics:**\n\nCassation on procedural grounds.\n\nPossibility that, in an agrarian cassation appeal, procedural grounds may be alleged for defects arising in the judgment as a procedural act, specifically for incongruence, violation of the principle prohibiting reformatio in peius, and when deadlines for the expression of agrarian matters are omitted; but not those referring to the procedure itself. Therefore, issues arising during the proceedings, such as the complaint regarding the denial of a hearing before the Court without providing reasons, or the improper application of the 24-hour deadline to request addition and clarification, are not admissible before this cassation instance by legal mandate (precepts 559 of the Labor Code and 61 of the Agrarian Jurisdiction Law).\n\n[... See more]\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Cassation appeal\n\n**Subtopics:**\n\nFormalities of the appeal.\n\nIn agrarian cassation, no special formalities are required. The appellant must necessarily explain the clear and precise reasons on which their petition is based. They must systematically challenge each and every one of the legal grounds in the appealed judgment on which the opposition is based. In the charge under review, the reasons supporting their position are not expressed. Thus, it is insufficient to merely argue dissatisfaction with what was decided by the Ad quem; it is necessary to explain clearly and precisely how the error occurred and its impact on the ruling. In another ground, they refer to what was stated by the lower court, despite the fact that the judgment they must challenge is that of the Court. Finally, they accuse the Court of failing to refer to certain testimonies. However, they merely cite the witnesses without precisely alluding to what each one stated, nor pointing out how they would contribute to deciding the matter differently than was done.\n\n[... See more]\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Incongruence\n\n**Subtopics:**\n\nConcept and scope.\n\nThe congruence of a judgment consists of the necessary relationship between what is ordered in the operative part of the ruling and the limits set by the material claims of the parties and the matters debated (mandate 54 of the Agrarian Jurisdiction Law). Thus, the judge may not omit a ruling on any point of the dispute (minimum petita), grant more than requested (ultra petita), add matters not contemplated by the litigants (extra petita), or issue contradictory rulings within the judgment. The appellants argue that their counterclaim was not resolved. The Chamber considers that the error of incongruence is not present, as the Ad quem did rule on the matter, having rejected the counterclaim by confirming the lower court's decision declaring the claim without merit.\n\n[... See more]\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Possession\n\n**Subtopics:**\n\nConcept and scope.\n\nAt present, reference is not made solely to agrarian activity, but also to forestry and environmental activities as components of the economic, social, and environmental function of agrarian property or possession. Consequently, the fact that the plaintiff used the land subject to litigation for forest conservation (conservación forestal), far from diminishing the possession, reinforces it. Especially, as was demonstrated, because the property is located in a protection zone and he erected fences and carried out maintenance activities on the property (chapeas and firebreaks/rondas).\n\n[... See more]\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Sound rational critique\n\n**Subtopics:**\n\nEvidentiary assessment.\n\nHistorical analysis of evidentiary assessment in agrarian matters. In this case, the Court considered it proven that the plaintiff acquired, from his father, the forest possession (posesión forestal) of a property, in addition to carrying out its maintenance and care of trees (active legal standing). To do so, it conducted a comprehensive study of the evidentiary elements (documentary, testimonial, and expert), without the dissatisfied parties attacking it with specific factual and legal reasons. It should be noted that in this area there is no fixed-value evidence, so what is paramount is that evidence is assessed jointly, in adherence to the principles of logic and experience (articles 54, second paragraph, of the Agrarian Jurisdiction Law and 330 of the Civil Procedure Code).\n\n[... See more]\n\n**Type of content:** Majority vote\n\n**Branch of Law:** Agrarian\n\n**Topic:** Evidence\n\n**Subtopics:**\n\nConcept and scope.\n\nProven facts, rather than being constructed solely from the factual situations presented in the claim, are based on the evidentiary elements contained in the case file.\n\n[... See more]\n\n**Text of the resolution**\n\n*110000480298AG*\n\nExp: 11-000048-0298-AG\nRes: 000105-F-S1-2015\n\nFIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.- San José, at eight hours forty-five minutes on the twenty-ninth of January of two thousand fifteen.\n\nAccumulated ordinary proceedings filed in the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, under the following case file numbers: the first, 09-000028-0298-AG, filed by FÉLIX QUIRÓS DÍAZ; against MIGUEL MASÍS UGALDE, and GREGORIA MORENO GÁMEZ, single, dedicated to household duties; and the second, 11-000048-0298-AG, filed by MIGUEL MASÍS UGALDE and GREGORIA MORENO GÁMEZ, single, dedicated to household duties, against FÉLIX QUIRÓS DÍAZ. Appearing as special judicial representative of Mr. Quirós Díaz is Mr. Hubert Rojas Araya, attorney at law. The natural persons are of legal age and, with the stated exception, married, farmers, and residents of San Carlos.\n\n**WHEREAS**\n\n1.- Based on the facts they set forth and the legal provisions they cited, the parties appearing as plaintiffs filed accumulated ordinary claims, the amounts of which were estimated: in case file no. 09-000028-0298-AG at the sum of one million five hundred thousand colones; in case file no. 11-000048-0298-AG at the amount of two million five hundred thousand colones; so that the judgment declares: 1) Case file no. 09-000028-0298-AG: “Main Claim 1) The co-defendants Masís Ugalde and Moreno Gámez, and any person who may be on the lot in dispute, are ordered to vacate it and restore the property. 2) The demolition of any construction the co-defendants may have built is ordered. 3) Restoration of possession of the property in dispute is ordered, and the plaintiff is to be placed in possession. 4) The co-defendants and any other person who may be on the property are ordered to refrain from disturbing, dispossessing, or in any way altering the possession and property that the plaintiff has maintained, under warning of incurring the crime of disobedience to authority. 5) The co-defendants are ordered to pay the damages and losses, which consist of: The damage from cutting fifteen fence posts, removing the existing fence facing the public road, and building a fence on the north and east boundaries; as another material damage, payment is claimed for the cutting of five harvested banana plants. This damage is estimated at the sum of one hundred thousand colones. The loss claimed consists of the inability to use and enjoy the property. The loss is estimated at the sum of two hundred thousand colones. 6) The co-defendants are ordered to pay the procedural and personal costs of the action.” 2) Case file no. 11-000048-0298-AG: 1) The claim is admitted, declaring the facts on which it is based as proven. 2) That public deed number 161-19, executed before notary public Manuel Chacón Arrieta, corresponds to a sale-and-purchase transaction for a property different from the property possessed by the plaintiffs, and which contains formal defects, making it unsuitable evidence to demonstrate against the plaintiffs' possession. 3) That cadastral survey plan number A-310230-1996 corresponds to the description of a property different from the property possessed by the plaintiffs. 4) That the property referenced in survey plan number A-310230-1996 does not correspond, according to its description, to the same property described in deed number 161-19, executed before Notary Public Manuel Chacón Arrieta. 5) That the property the plaintiffs possess is a different piece of land in terms of nature, location, area, boundaries, geographic and topographic reference, both with respect to the property claimed by the defendant, as described in deed number 161-19, executed before Notary Manuel Chacón Arrieta, or as per the description of the property made in cadastral plan number A-310230-1996. 6) That the plaintiffs are the legitimate possessors of the property in litigation, as well as of the possessory acts, to the exclusion of the defendant. 7) A declaration is made of the defendant's lack of right and legal standing over the property in litigation, lacking a valid title or exercised possession over the estate. 8) The defendant is ordered, under penalty of disobedience to authority, not to disturb the possession exercised by the plaintiffs over the property in litigation. 9) The defendant is ordered to cease his threats and actions of fact and law against the plaintiffs. 10) The defendant is ordered to pay the damages and losses. Damages consist of attorney's fees, estimated at five hundred fifty thousand colones; personal costs, estimated at one hundred fifty thousand colones; moral damage, estimated at one million colones; and losses, due to the deterioration of physical and psychological health, estimated at seven hundred fifty thousand colones. 11) The defendant is ordered to pay the personal and procedural costs of the action.”\n\n2.- In case files numbers 09-000028-0298-AG and 11-000048-0298-AG, the defendants answered negatively; in the first, Mr. Masís Ugalde and Ms. Moreno Gámez answered untimely, and in the second, Mr. Quirós Díaz did not raise any defenses.\n\n3.- Judge Federico Villalobos Chacón, in judgment no. 208-2012 of 9:00 a.m. on November 14, 2012, ruled: “In accordance with the doctrine set forth, the principles of agrarian law and the cited regulations, the ordinary agrarian proceeding processed under judicial file number 09-000028-0298-AG, in which Mr. Félix Quirós Díaz appears as plaintiff and Mr. Miguel Masís Ugalde and Ms. Gregoria Moreno Gámez as defendants, is partially granted in the terms expressed below, and otherwise deemed rejected, as follows: a) The defendants are ordered to restore to the plaintiff the property they possess, which forms part of the land described in survey plan number A-310230-1996. If they do not restore it voluntarily within a non-extendable period of five days from the finality of this ruling, the eviction (lanzamiento) of the defendants and the restoration of possession of the plaintiff shall be ordered, to be carried out by means of the Public Force. b) The defendants are warned that in the future they must refrain from disturbing and dispossessing the plaintiff's right of possession and property, and if they fail to do so, they may be prosecuted for the crime of disobedience to authority. c) The defendants are ordered to remove or destroy at their own cost the constructions built and the musaceae plantations and fruit trees they introduced on the property, which they must do within the non-extendable period of five days from the finality of this ruling, and if they fail to do so, the plaintiff is authorized to remove or destroy them at the defendants' cost. d) The claim for payment of material damage is rejected, and the defendants are ordered, jointly and severally, to pay the loss caused to the plaintiff, which must be liquidated by the latter during the judgment execution stage. e) The defendants are ordered to pay the procedural and personal costs of the action. Regarding the proceeding processed under file number 11-1000048-298-AG, in which Mr. Miguel Masís Ugalde and Ms. Gregoria Moreno Gámez appear as plaintiffs and Mr. Félix Quirós Díaz as defendant, it is declared: a) The ordinary agrarian claim filed by Mr. Miguel Masís Ugalde and Ms. Gregoria Moreno Gámez against Mr. Félix Quirós Díaz is dismissed in all its terms. b) The plaintiffs are ordered to pay the procedural and personal costs of the action. This ruling is subject to appeal, and if any party challenges it, they must submit not only the written appeal but also the appeal in electronic format; likewise, if it is of interest to the appellant that the appellate Court grant them an oral hearing at its seat or on the property in litigation, they must expressly state this in the respective appeal.”\n\n4.- Mr. Masís Ugalde and Ms. Moreno Gámez appealed, and the Agrarian Court, composed of Judges Heilin Mayela Rojas Madrigal, Alexandra Alvarado Paniagua, and Judge Enrique Ulate Chacón, in judgment no. 178-F-13 of 10 hours 28 minutes on February 26, 2013, ordered: “The alleged nullity is rejected. The appealed ruling is confirmed with respect to what was subject to appeal.”\n\n5.- Mr. Miguel Másis Ugalde and Ms. Gregoria Moreno Gámez, in their stated capacities, file a cassation appeal, indicating the reasons on which they rely to refute the thesis of the lower Court.\n\n6.- In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.\n\nDrafted by Judge Rivas Loáiciga\n\n**CONSIDERING**\n\nI.- On January 30, 2009, Mr. Felix Quirós Díaz filed a claim against Miguel Masís Ugalde and Gregoria Moreno Gamez. In said pleading, he stated that he is the owner of an unregistered property, which is currently agricultural land, located in Santa Clara de Florencia de San Carlos, province of Alajuela, bordering on the north: Felix and Alberto Quirós Díaz, on the south: Cristiam Jesús Masís Salas, on the east: Santa Clara River, and on the west: public road, with an area of 3,311.75 square meters, according to cadastral plan no. A-310230-96 of March 7, 1996. He recounts that said land belonged to his father for more than 30 years until he transferred the possessory rights to him, by public deed executed on January 18, 1996, before notary public Manuel Chacón Arrieta. He states that he is the one who has cultivated and provided the corresponding maintenance for it. He notes that in May 2008 he was very ill, a time when the co-defendants took advantage to invade part of his property, the northern side, where they built a rustic shelter (rancho) and fences. He indicates they acted in bad faith, as they know the lot belongs to him, since they lived barely 400 meters from the place. In essence, he requests that the co-defendants and any other person who is on the property be ordered to: vacate it and restore it to him; demolish any construction they may have built; restore him to possession of the property in dispute; refrain from disturbing, dispossessing, or in any way altering the possession and property he has maintained, with the warning of incurring the crime of disobedience to authority; pay the damages and losses caused, which he listed as follows: ¢100,000.00 for the demolition of 15 fence posts; removing the existing fence facing the public road, building another on the north and east boundaries, as well as for the cutting of five producing banana plants; ¢200,000.00 pertaining to losses due to the impossibility of using and enjoying the property; as well as payment of both costs. The co-defendants answered the claim untimely. In addition, they filed a proceeding against Mr. Felix Quirós Díaz where they allege that, since May 2008, they are possessors of an unregistered piece of land located in Alajuela, Florencia de San Carlos, 650 meters south of the bridge over the Santa Clara River, on the road to Santa Rita, with an approximate area of 1,300.00 square meters. It borders to the north: Cristhian Masís Salas; south: Gilberto Chaves Zúñiga, east: Santa Clara River, and west: public road with a frontage of 42 meters, and it does not have a cadastral plan. They explain that said property is a bank of the Santa Clara River that was \"overgrown with weeds (encharralado)\", with fences only on the southern boundary. Likewise, that part of the property was previously possessed by Mr. Jaime Portugués, from whom they acquired it, along with the improvements consisting of a rustic shelter located on the south side. They add that on said site they built two more rustic shelters, have lived there permanently, and cultivated banana, taro (tiquizque), sweet pepper (chile dulce), cassava (yuca), sweet potato (camote), sugar cane, and avocado trees. They relate that, despite the defendant claiming the land as his own and requesting that they vacate it, they did not accede to his request, given that they have lived in the area for more than 12 years and that said property was always unoccupied until Mr. Jaime Portugués began to possess it. On the other hand, they explain, although the plaintiff claims the property based on a deed where he supposedly acquired it, they point out that it corresponds to a property with a different location, and that the transferor's identification number corresponds to another person. Furthermore, they argue a series of other inconsistencies, such as its area and nature. In essence, they seek that it be declared that public deed no. 161-19, through which the defendant apparently bought the property, corresponds to a piece of land different from the one they possess. They note that cadastral plan no. A-310230-96 does not include the property in dispute, but rather refers to a different one, and that it also does not pertain to the one described in the cited public instrument. The farm over which they have exercised possession is different in terms of nature, location, area, boundaries, and geographic and topographic reference, compared to the one described in deed no. 161-19 and in plan no. A-310230-96. They are the sole and legitimate possessors of the property. The defendant is ordered, under penalty of disobedience to authority, not to disturb them, and to cease his threats and actions of fact and law against them, by virtue of the exercised possession. He is ordered to pay the damages and losses caused, which they break down as follows, for material damages: ¢550,000.00 for attorney's fees, ¢150,000.00 pertaining to per diem and other expenses to attend to judicial proceedings; ¢1,000,000.00 relating to moral damage, and ¢750,000.00 for losses due to the deterioration of their physical and psychological health, as well as the costs of the proceeding. Mr. Felix Quirós Díaz answered negatively without raising defenses. The A quo partially granted the claim filed by the latter, so it ordered the co-defendants to restore the property to the plaintiff, and if they did not do so voluntarily within five days from the finality of the judgment, the eviction by means of the public force would be ordered. It warned them that in the future they must refrain from disturbing and dispossessing the plaintiff's right of possession and property, and if they failed to do so, they would be prosecuted for the crime of disobedience to authority. Likewise, that they had to remove or destroy at their own cost the constructions built, the musaceae plantations and fruit trees introduced on the property, within five days; if they did not, the plaintiff was authorized to do so at the co-defendants' cost. Pay the plaintiff the losses incurred, to be liquidated in the judgment execution stage. It rejected the payment of material damage and ordered them to pay both costs of the proceeding. Regarding the claim by Mr. Miguel Masís Ugalde and Ms. Gregoria Moreno Gámez against Mr. Felix Quirós Díaz, it dismissed it in all its terms and ordered them to pay the costs. Furthermore, the judge added that such judgment was subject to appeal and that if challenged, the notice of appeal had to be submitted both in written form and in electronic format, and if they were interested in the Court granting an oral hearing, it had to be expressly stated in the corresponding appeal. The Ad quem rejected the alleged nullity and confirmed the ruling. Dissatisfied, the losing parties file a cassation appeal where they develop procedural and substantive grievances. Hence, the procedural grounds will be set out and resolved first.\n\n**Cassation appeal on procedural grounds**\n\nII.- First: they point out that the Court did not rule on their claim, did not study the entire case file, but rather limited itself to examining broad aspects and testimonial evidence. They state, according to their \"...criteria, the greatest error we reproach in the issuance of the second-instance judgment is that it did not take into account that... the A-quo should have also issued a judgment in the same ruling for the case file initiated by the undersigned, which deserved the same value and consideration as the one initiated by Mr. QUIRÓS DÍAZ... and in the case of the undersigned's claim, it treats it subsidiarily or as less important, which is erroneous because both proceedings have the same hierarchy before the law and the jurisdiction, and the foregoing is evident not only in the narrative thread but also in the order in which it approaches the analysis, which is more than evident in the fact that it took 21 pages out of a total of 29... to resolve the claim filed by Mr. QUIRÓS DÍAZ and... only takes 7 pages to rule on the claim filed by the undersigned...\". They insist that the Court did not examine their claim, which, in their view, violates the provisions of numeral 54 of the LJA. They argue that portions were taken out of context from the claim, such as that they alleged their ownership under a sale-and-purchase agreement, when what was stated referred to the improvements acquired from Mr. Jaime Portugués. Hence, they contend, it is not possible to find that they lack legal standing for lacking a title transferring possession. Second: they assert that, in accordance with what was ordered by the lower court, they requested that an oral hearing be held in order to defend the filed appeal. They reproach that, inexplicably, the Court denied them this right without stating the reasons for doing so. Thus, they state their procedural rights were violated. In their opinion, holding such a hearing is not discretionary, as the Ad quem sought to make it appear, thereby violating due process. Third: they accuse that they do not share the calculation made by the second-instance judges of the deadline to request addition and clarification of their judgment. They explain that notification was received by fax at 20:30 on February 26, 2013, which their lawyer did not become aware of until the following day. They argue that said communication should have been deemed made on the next business day and the deadline should have started to run on February 28, 2013. They add that even if the day of notification and the deadline, which for the Ad quem is 24 hours, are interpreted as they were, it would expire until February 28, 2013, at 20:30. They point out that it is obvious that such time is non-business hours, so in their view, the request filed on March 1 of that year was made on time. On the other hand, they assert that the deadline stipulated in article 58 of the Agrarian Jurisdiction Law (LJA) is for filing an appeal for reconsideration (revocatoria) and that this involved a request for addition and clarification. They say it is a mere procedure to rectify the rulings. Regarding the Court's other basis for setting the 24-hour deadline in accordance with the provisions of precept 498 of the Labor Code, they state that it applies to first-instance rulings. They continue that the LJA does not contain a deadline for requesting addition and clarification, so according to the provisions of numeral 6 of that law, the applicable period is the three-day period established in canon 158 of the Civil Procedure Code.\n\nIII.- Before analyzing the objections, it is necessary to refer to what this Chamber has stated regarding this category of errors: \"III.- ...On this point, the appeal before this Chamber, specific to agrarian matters, is not governed entirely by the provisions of cassation in the Civil Procedure Code (CPC), as the Agrarian Jurisdiction Law refers to the challenge mechanism contemplated from canon 556 of the Labor Code. Nevertheless, this Chamber has analyzed the situations that would allow for the analysis of charges such as the one alleged. Thus, for example, in judgment 583 of 11:35 a.m. on July 14, 2004, it held: 'V.- This Chamber has repeatedly stated [...] that one of the characteristics of the cassation appeal in this area is its limitation to hear, exclusively, substantive aspects. This is under the shelter of article 559 of the Labor Code, applicable to this type of proceeding, by express referral from canon 61 of the Agrarian Jurisdiction Law. However, now, with its new composition, this Court reconsiders said position, in accordance with the following arguments. The referred numeral of the labor code states: \"CASSATION APPEAL. OUTRIGHT REJECTION. Once the case file is received, the Chamber shall outright reject the appeal if it has been filed against the provisions of articles 556 and 557. It shall do the same when the appeal only requests the correction, reversal, or performance of procedural steps.\" (The underlining is not from the original). For the instant case, the second part of the article under comment is relevant. Procedural doctrine has indicated that the grounds for cassation on procedural grounds, set forth in article 594 of the Civil Procedure Code, can occur in the three phases of the proceeding: 1) In the very constitution of the procedural legal relationship, for example, what is regulated by the first subsection, relating to lack of service of process or defective notification thereof. 2) Those referring to the abnormal development of that relationship. Such is the case of the second subsection, regarding the denial of admissible evidence or lack of citation for some evidentiary proceeding during the proceeding’s course. And, 3) Those produced at the time of deciding the litigation, that is, when issuing the corresponding judgment; the typical example is incongruence, set forth in the third subsection. The expression \"reversal or performance of procedural steps\" according to the provisions of labor regulations, does not cover all the cases in which defects of form or \"in procedendo\" may arise. The jurisprudence of this Court, until now, has equated the concepts of \"defects of form\" with those of \"procedural step\", despite being different. It can be said that it involves a genus-to-species relationship, where the latter constitute a species of the former. Errors regarding procedural steps refer to non-compliance originating exclusively during the procedural iter, potentially falling under points 1 and 2 mentioned above. For this reason, the limitation on filing a cassation appeal on procedural grounds, contained in the article under comment, is not applicable to all cases where it would proceed. It is not contemplated for faults referring to the constitution of procedural acts that are amenable to such appeal, according to the provisions of the indicated article 594 of the Code of Civil Procedure. Thus, under this new approach, the ruling issued in the agrarian jurisdiction is reviewable through this avenue when what is alleged is the defect of incongruence...\". (Along the same lines, see rulings 608 of 9:10 a.m. on July 23, 2004, and 133 of 10:00 a.m. on March 10, 2005).” No. 175 of 9:20 a.m. on February 14, 2013. In line with the foregoing, an opening has been made regarding the possibility of hearing the appeal on procedural grounds in cases where the defects occur in the judgment as a procedural act, but not in those relating to the procedure itself, which by legal mandate are excluded from the review exercised by this Deciding Body.\n\nThus, the grounds stipulated in cardinal 594 of the Civil Procedure Code have been admitted, insofar as the judgment as an act, namely, incongruence, violation of the principle of no reform to the detriment, and when deadlines for the expression of grievances are omitted.\n\nIV.- In the first of the reproaches, incongruence is alleged; regarding this infraction, this Chamber has resolved: ”…the congruence of the judgment, enshrined in Article 155, initial paragraph, of the Civil Procedure Code, and in the case of agrarian jurisdiction, derived from numeral 54 of the Law on that matter, consists of the necessary relationship and harmony that must be evident between what is ordered in the operative part of the judgment and the limits set by the material claims of the parties and what was debated. Thus, the judge cannot omit a ruling on any point of contention (mínima petita), grant more than what was requested, that is, exceed what was claimed (ultra petita), or else, add extremes not contemplated by the litigants (extra petita). It would also occur when there are contradictory pronouncements in the judgment. Stated in other terms, there is no incongruence between the considerations of the judgment and what was resolved in the operative part. No. 728 of 10 hours 5 minutes of October 4, 2007”. No. 749 of 9 hours of June 17, 2010”. Judgment no. 176 of 9 hours 25 minutes of February 14, 2013. The appellants argue that the error occurs because their counterclaim was not resolved. It is clear that this is not a case of the error of incongruence, since the Ad quem did not omit to rule on this matter in the operative part of the judgment, but rather did so by rejecting the counterclaim, confirming what was resolved by the Court in declaring it without merit. The Tribunal, in what is relevant, expressed in its considerations: “…it is evident that the a quo effectively issued a ruling on the two claims filed, processed under case files 09-000028-298-AG and 11-000048-298-298-AG… The trial judge made a clear distinction when resolving the claims, both in the reasoning part and in the operative part, making specific reference to the facts set forth by each of the parties, the evidence and claims raised in the claim filed by Messrs. Miguel Masís and Gregoria Moreno; reference was made to each one of them accompanied by the due reasoning of why they were rejected”. Consequently, the alleged error does not occur, because a ruling was made on the claim filed by the challengers, only that it was done by denying it.\n\nV.- In another order of ideas, regarding their allusion that portions were taken out of context from the statement of claim, making it impossible to conclude that they lack standing as they do not have a deed of transfer of ownership. Such a violation, if it occurred, would constitute a defect on substantive grounds, not the one reproached by the appellants, of incongruence. In this matter, although the appeal is governed by the anti-formalist principle, not being subject to special technical formalities, this is not an obstacle to requiring the clear and precise reasons that warrant the admissibility of the appeal. Hence, this Deciding Body has provided: “…in the specificity of this type of appeal, it presents some particularities that should be specified. Thus, on a first level, it must be noted that in agrarian cassation no special formalities are required, an aspect that does not entail informality, as the appeal must be technically ordered, enumerating and structuring the reproaches to the judgment to demonstrate its lack of legality (Article 557 Labor Code). From this level, the appellant must necessarily explain the clear and precise reasons upon which his petition is based. All and each one of the legal foundations of the appealed judgment on which the opposition is based must be combated in a systematic manner. In this sense, the dispensation mentioned refers only to the consignment of the violated norms of the Legal System, or the type of infraction committed”. Judgment no. 952 of 16 hours 20 minutes of December 7, 2005. In the subexamine, it is evident that, regarding the error they allege, they do not express the grounds that support their position; they merely state that it is not feasible to consider that they lack standing because they do not have a deed of transfer of ownership. Thus, it is not enough for them to limit themselves to arguing their discontent with what was resolved by the Ad quem, but rather it was necessary for them to explain in a clear and precise manner how the error occurs and its impact on the ruling; therefore, given such deficiencies, the appropriate course is its rejection.\n\nVI.- In the second and third grievances, the challengers allege that the holding of the hearing before the Tribunal was denied them without providing the reasons for it, and also that the second instance judges improperly applied the 24-hour period to request an addition and clarification. As stated in considerando III, the appeal for cassation on procedural grounds in agrarian matters is only admitted for violations inherent to the appealed judgment, not for issues originating during the course of the proceeding, which, by legal imperative (cardinals 559 of the CT and 61 of the LJA), are excluded from its cognizance. Consequently, such disagreements are not receivable before this instance.\n\nAppeal for cassation on substantive grounds\n\nVII.- First: they reproach that an improper evidentiary appreciation was made. They state that the Ad quem incurred the same error as the Court, since it upheld the claim of Mr. Quirós Díaz and considered that he complied with the identity of the property, active and passive standing. This, they point out, has no basis, is incongruent, unjust, and impartial, since it is alien to the materiality of the case file. They argue that the evidence was not assessed as a whole, but rather was done partially and out of context. They state that, in both the first and second instance, the judges began by stating that the elements of conviction would be appreciated without subjection to the rules of common law (Article 54 of the LJA), with which they only try to evade their responsibility. They decry that the Ad quem omits to refer to the testimonies of Gilberto Chaves Zúñiga, Florencio Moreno, Rafael Angel Murillo Araya, Jhonatan Elias Vargas Chinchilla, and Edin Gerardo Zúñiga Moreira, who, they indicate, give a different version of the facts compared to the depositions of Melvín Méndez Blanco and Eladio Méndez Camacho. They object to what was resolved in considerando V, regarding the existence of any nullity, and ask: where is the analysis of the five witnesses and the documentary evidence they offered? They refute what was ordered in considerando VI regarding the correct evidentiary assessment by the Court and question: which pieces of evidence? They emphasize that the judgment, in its materiality, says the opposite of what it intends to make believe. Regarding active standing, they reproach that a construction of facts was made that not even the plaintiff himself set forth in the statement of claim, resulting in a ruling \"ultra petita,\" without any legal examination. They argue that the claim did not provide a chronology of how Mr. Quirós Díaz acquired the farm, but rather limited itself to indicating that he is the owner of said unregistered land, describing it and providing its cadastral map number. Also that his father sold it to him through a public deed of January 18, 1996, but, they reproach, only that. Consequently, they accuse that there is no basis for the history accepted by the Tribunal. Such documents, they consider, do not indisputably prove the plaintiff's standing, because in their opinion, the cadastral map and the deed describe two different properties. Regarding the purchase-sale, they state that the transferor is not the father of Mr. Felix Quirós Díaz, and therefore, it cannot be justified by arguing that it was an error, as ordered by the Court and endorsed by the Ad quem. On the other hand, they state that the transfer deed describes a property different from the one in the cadastral map, which, furthermore, is not related to the property they possess. It is such, they say, that the sketch made by the expert in his conclusions indicates that the property they possess only overlaps 43% with the one described in cadastral map no. A-310230-1996. They insist that the property described in public deed no. 161-19 does not coincide with the one cadastrated in the reference map. Therefore, they emphasize, they are not conclusive and irrefutable. Likewise, they reproach that it was not proven in any way that Mr. Quirós Díaz had exercised effective and actual possession over the farm in dispute, so it is not possible to maintain that he developed a productive agricultural activity or enterprise. They affirm that in his interrogatory he admitted that he maintained the property and the trees so that they would not be destroyed. Likewise, that he did not carry out any agricultural activity nor did he build any structure. They also refer that when he was asked about the property located on the southern boundary, he stated that it was his father's, who sold it to Mr. Gilbert Chaves. Also, when answering question 10, he indicated: \"Yes, it is within the property I claim, and within the property described in the cadastral map that is on folio 2 of the case file\". Consequently, they state, it is inferred that at most he has the purchase-sale deed, but he never exercised an act of possession, much less an agrarian one, since he did not deploy any agricultural activity and does not recognize as his own the rest of the land that is to the north of the property in dispute, given that he stated it belonged to Mr. Gilbert Chaves. Furthermore, that he recognizes it is a river protection area. Regarding the opposing party's witnesses, they affirm they are friends of the plaintiff, because as children they bathed in the river and were coworkers at the Costa Rica Institute of Technology, Santa Clara branch, but even so, they argue they were in agreement in pointing out he did not carry out any agricultural activity, since they coincide it was a charral or forest, it remained so until they entered the land, and they accuse them of cutting trees. They state that Mr. Rafael Ángel Murillo Araya testified the property is a river protection zone; there was a communal interest to keep it clean, to prevent it from being used for drug consumption, and nothing was ever cultivated. They add that although everyone agrees it was Mr. Quirós Díaz's property because he has a backing deed, they also state he did not enjoy it, which in their opinion, means he did not possess it. However, they object that the Tribunal omitted said depositions and endorsed what was resolved by the Court, without explaining why such testimonies did not deserve credibility, limiting itself, they argue, to citing those that served as a basis for the first instance judgment. Leaving, they state, the remaining witnesses aside. Thus, they reproach that what was ordered finds no basis \"in the natural sense of the evidence brought to the case file and... is the product of an impartial reading of it, and demonstrates a manifest lack of study and analysis of the appeal brought before its instance\". They argue that from what has been stated, it is evident that the Ad quem, in its eagerness to collaborate with the plaintiff, grossly twisted the argumentative line and justifies the lack of effective and actual exercise, by arguing that the plaintiff used the lot as a forest reserve. They transcribe the first and third facts of the claim, which are contradictory to what was stated by Mr. Quirós Díaz in his interrogatory, since he had not previously stated that he destined the farm to forest. Second: regarding the identity of the property, they reproach that the Tribunal endorsed what was provided by the A quo, and added elements that were not even discussed in the proceeding nor subject to the claim. They argue that deed no. 161-19 granted before the public notary Manuel Chacón Arrieta does not constitute full proof, given that it has defects, due to subjective and objective contradictions. They insist that Mr. Heriberto Quirós Rodríguez, identity card no. 2-785-985, appeared as the seller, but who appears registered with that identity document is a young lady named Damaris Quirós Barboza, barely 15 years old, and who had not been born when the purchase-sale document was signed. Regarding the other point, they affirm that the described land does not coincide in terms of boundaries, measurement, nature, situation, and topographical and geographical references with respect to the property detailed in cadastral map no. A-310230-1996. The claimed property has the nature of land for construction and is located between the public road on the way leading to Santa Rita de Florencia and the Santa Rita creek, with a measurement of 3,311.75 square meters, and from the tie point, whose reference is the bridge over said creek, it is located at 517.05, and borders to the north and south: Heriberto Quirós Rodríguez, east: Santa Rita creek, and west: public road with a frontage of 106.29 meters. For its part, in deed no. 161-19 cited, it is stated that the land is for agriculture, situated between the public road heading to Santa Rita de Florencia and the Santa Clara river, its area is one solar (equivalent to a quarter of a manzana), that is, some 1,747.24 square meters. Furthermore, they clarify, taking in relation to the starting point, it is located 300 linear meters from the bridge over the Santa Rita creek, its boundaries are north and south: remaining reserved area, east: Santa Clara river, and west: public road. Consequently, they point out, they have no similarity, but rather their inconsistencies are evident and unbridgeable; much less, they argue, if compared with the property described in the first fact of the claim filed by them. They note that the property they possess according to the topographical survey carried out by the expert is located 576.47 meters from the bastion of the bridge over the Santa Rita creek, measures only 1,457.28 square meters, facing the road to Santa Rita, borders to the north: Gilbert Chaves Zúñiga, South: Eusebio Gerardo Salas Mora, east: Santa Rita creek, and west: public road with a frontage of 59.42 meters. Hence, they refute the identity of the property declared in the judgment. They assert that their main line of argument has been that the land they possess is completely different from the plaintiff's; and they reproach that the judges did not consider or assess it, but rather dedicated themselves to examining inconsequential and even invented aspects by the Tribunal. Therefore, they object to what was set forth in considerando VI, to the effect that: \"if the plaintiff never obtained any utility from the property, this was due to the fact that the very nature of the land contained an express prohibition on the land-use change (cambio de uso del suelo), which obeys a superior interest to provide due protection to the protection areas of the creeks, in accordance with the regulations of the Ley Forestal\". From the above, in their opinion, the point submitted for discussion was not resolved. Third: regarding passive standing, they state that applying the Ad quem's methodology, \"contrario sensu\", if Mr. Quirós Díaz lacks active standing, as was proven, then there is no identity of the property, and consequently, they also lack passive standing, given that the property they possess is different from the plaintiff's. Fourth: they state that they oppose the order to pay costs, since they had to appear in the proceeding as defendants and had to file their claim, given that the Court, with evident technicality, declared their response untimely. They affirm that it cannot be overlooked that their family home is at stake, which is why they had to defend it sparing no effort. They add that it is a simple riverbank and is now the place where they live peacefully and without disturbing anyone's rights.\n\nVIII.- In the first two grievances, the cassationists accuse indirect errors of law by reason of errors in the appreciation of the evidence. Regarding evidentiary assessment in agrarian cases, this Chamber, in ruling no. \"712-F of 15 hours 15 minutes of September 26, 2005, provided: IV. In the sub júdice, the discussion revolves around a specific point: the appreciation of the evidentiary material, as to which of the parties breached the contract. The manner in which judges must appreciate evidence has varied throughout the history of Procedural Law. In a first stage, prior to the nineteenth-century codifications, a tariffed system was used to discern the probative force of each element. Thus, the law imposed value on each piece of evidence beforehand, without the judge having the possibility to decide, on his own, which elements better informed his conviction to resolve the specific case. In that way, specific means were required to prove each right, the number varying for each, as well as establishing, a priori, discriminations regarding declarants by reason of their gender, age, profession, or social class. This system was superseded by the Spanish Civil Procedure Law of 1855, which served as the basis for the procedural codes of Latin America, including Costa Rica. In said Hispanic legislation, the model of appreciating the evidence in light of the rules of sound judgment (sana crítica) was adopted. It is an intermediate figure between legal proof and free conviction. Based on sound judgment, the judge can reach his own conviction on the certainty of the facts on which he bases his decision, through his own assessment, but this is not entirely free; rather, it is subject to the norms of formal logical thinking and, simultaneously, to human experience. On this point, doctrine, particularly Couture, has stated that the judge is not a reasoning machine, but rather, essentially, a human being who takes cognizance of the world around him and knows it through his sensitive and intellectual processes. Sound judgment is, in addition to logic, the correct appreciation of certain propositions of experience that every person uses in life. Therefore, the judicial authority will be tasked with appreciating the evidence with a proper logical concatenation and, moreover, under the circumstances of its environment, observed through experience. The purpose of this is that the judge may not merely resort to his discretion, but must substantiate, based on logic and experience, the reasons for his conviction. This will also allow the superior, if the judgment is challenged, to review whether the a quo's criteria were subject to such rules of correct human understanding. A third system is called free conviction. In this, what the judge decides need not necessarily be subject to the evidence contributed by the parties to the proceeding. He could even resolve against the proven facts and have support solely in the private knowledge of the judge. It will suffice for him to affirm having the moral certainty that the facts happened in such a way, without being required to develop the logic of his reasoning. The Costa Rican Civil Procedure Code falls within a hybrid between the rules of sound judgment and tariffed proof. Such a conclusion is drawn from precept 330, as well as from various regulations, remnants of the prior system, regarding the value of probative means such as confession, public instruments, documents that prevail over testimonial statements, and the impossibility of proving some facts solely with the latter. On the other hand, the Ley de la Jurisdicción Agraria, in its Article 54, second paragraph, orders the following: “When resolving on the merits of the matter, the judge shall appreciate the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law, but, in all cases, when analyzing the result of the evidence gathered in the proceeding, he must express the principles of equity or law on which he bases his criterion.”. Although, due to similarity in terminology, it could initially be interpreted as conforming to the system of free conviction, in reality it is not so, as the rule itself orders the judge to provide arguments of law or equity to justify his appreciation. Likewise, there was a ruling on the subject when the Constitutional Chamber, in its judgment no. 11932 of 15 hours 37 minutes of November 21, 2001, explained that evidence cannot be assessed at the mere discretion of the judicial authority. Rather, said numeral 54 compels it to “...analyze the result of the evidence gathered in the proceeding and express the principles of equity or law on which it bases its criterion; thus respecting the minimum contents of the right of defense.” Said Chamber, in the cited vote, refers to its judgment no. 4448 of 9 hours of August 30, 1996, where it stated: “In this way, the conscientious appreciation of evidence does not imply resolving arbitrarily, since every judge -as a public official- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adaptation of public action, not only to the specific norms on a given object, but to the entire block of legality; therefore, he cannot rule in contempt of constitutional principles and rights, as he is limited by the rules of sound judgment and principles of reasonableness, which, duly applied, lead to the harmony of the jurisdictional appreciation with the Political Constitution” Then, it must be concluded that, in reality, ordinal 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria does not allow the judge to avail himself of a system of free conviction. Even more, based on the duties to provide reasons that are imposed and, in light of what has been interpreted in constitutional jurisprudence, it subjects him to the rules of sound judgment, insofar as he must procure logical reasoning in accordance with intersubjective human experience to justify what he orders. For lack of subjection to common law, as the precept itself regulates, it must be understood that, unlike civil proceedings, there will be no tariffed proof whatsoever. To that extent, when an improper evidentiary assessment by agrarian judges is accused, what is actually being accused is the failure to observe the rules of logic and experience that inform correct human understanding, at the moment of substantiating their conviction.” In the same sense, among others, ruling no. 173 of 10 hours of March 4, 2008” can be consulted. Ruling no. 1513 of 9 hours 25 minutes of November 15, 2012. Consequently, when entering into the analysis of said charges, the primary objective will be to determine whether the judges, in appreciating the elements of conviction contained in the case file, did so in accordance with the rules of logic and experience. Furthermore, one must start from the fact that in this matter there is no tariffed proof.\n\nIX.- Regarding what is reproached by the challengers in the charge under examination, to the effect that the Tribunal omitted to refer to the testimonies of Messrs. Gilberto Chaves Zúñiga, Florencio Moreno, Rafael Ángel Murillo Araya, Jhonatan Elias Vargas Chinchilla, and Edin Gerardo Zúñiga Moreira, who they say provide a different version of the facts than that referred by the deponents Melvín Méndez Blanco and Eladio Méndez Camacho. It is evident that they limit themselves to citing the witnesses without specifying which specific aspects they refer to, without alluding precisely to what was stated by each one of them, nor pointing out the way in which they would contribute to deciding the matter differently than was done. As for the fact that the judgment made an artificial construction of the facts, and that therefore the plaintiff's active standing was not proven, what was ordered in considerando VI of said judgment must be reproduced in what is relevant: “The construction of the factual framework carried out by the a quo, both in the proven and unproven facts and in the reasoning part of the appealed resolution, is necessary for the purpose of resolving the merits of the matter, besides the fact that the historical account does not correspond to a story without any support, as the appellants claim, but rather obeys precisely the facts that were proven in the judgment in accordance with the comprehensive assessment of the evidence that was contributed to the case file by both parties, as well as the facts that could not be proven during the course of the proceeding and which are devoid of proof. Nor is the argument receivable that the testimony of the public deed and cadastral map contributed to the case file by the plaintiff Félix Quirós do not prove his active standing, due to defects and inconsistencies detected in the documents. As the appellants rightly point out, in this case, there is an expert report in which it was clearly indicated that the area possessed by Miguel Masís and Gregoria Moreno corresponds to a percentage of 43.99% of the area described in cadastral map A-310230-1996 contributed by the plaintiff Félix Quirós, which is reflected in an area of 1458.28 square meters, thereby confirming the overlap of the claimed area with that possessed by the appellants. It is important to highlight that the reference to the percentages made in the expert report is not due to a lack of verification at the material level of the land in conflict, but rather to the fact that the property described in cadastral map A-310230-1996, materially, is divided into two portions, one described as lot 1 and the other lot 2, with the lot described as number 2 being the one occupied by the appellants and on which this proceeding focuses, as the plaintiff Félix Quirós claimed only a part of his land, as is clearly evident from the facts and the petition of the claim. Nor is the argument admissible that the plaintiff Félix Quirós did not exercise acts of possession over the property in litis, because, as the appellants rightly point out, he admitted that he maintained the property and the trees so that they would not be reforested. The above is consistent with what was stated by the witnesses, in affirming that before the defendants entered the property, the one who maintained it and whom they saw working was the plaintiff”. Next, the judges reproduced in what is relevant what was stated by the witnesses Melvin Méndez Blanco, Rafael Ángel Murillo Araya, and Eladio Méndez Camacho, concluding: “…it is evident that in this case, contrary to what was alleged by the appellants, the plaintiff Félix Quirós proved the acquisition of the property in litis… from his father, Mr. Heriberto Quirós Rodríguez, and that prior to the entry of Miguel Masís and Gregoria Moreno, the plaintiff performed maintenance and took care that trees were not cut down. Although in this case, Mr. Félix Quirós admitted not having built any structures or developed any agricultural activity, this was because said area adjoins the Santa Rita creek, in which the margin of the protection area must be respected, in accordance with current legislation”. In the first place, it should be noted, contrary to what the appellants seem to understand, the proven facts, rather than being constructed from the factual situations developed in the claim, are based on the elements of conviction contained in the case file. Moreover, it is evident that the challengers did not duly attack the reasons put forth by the Tribunal when analyzing the testimonial evidence, but rather limited themselves to indicating that the remaining deponents stated the opposite; but without pointing out concretely what they testified and the way in which it would lead to resolving differently than was done. Furthermore, the Ad quem based its decision not only on said evidence, nor on the purchase-sale deed of January 18, 1996, and cadastral map no. A-310230-1996, but also did so taking into account what was recorded in the expert report, without the challengers combating it in any way. Note that in this matter there is no tariffed proof; therefore, what is fundamental is that it be assessed jointly, adhering to the principles of logic and experience; which in the opinion of this Chamber was the case, without the appellants managing to discredit it through their objections. The Tribunal on this matter stated: “…through testimonial evidence, the possession that Mr. Heriberto Quirós held over the property in conflict and that he transferred it to the plaintiff Félix Quirós in 1996 was verified. In this regard, the witnesses Melvin Méndez Blanco, known as Marvin, Rafael Ángel Murillo Araya, and Eladio Méndez Camacho were in agreement in affirming that the property was part of a farm of Mr. Heriberto Quirós, who was known as “Beto”, who was the father of Felix Quirós, and that said property was transferred to the latter (see testimonies on folios 239 to 242, 576 back to 577 back, and 580); thus, the subjective aspect was fully proven not only with the documentary evidence, but also with the testimonial evidence in the case file. As for the objective element, it is found that upon making a comparison between the information recorded in the cadastral map and in the deed testimony, such inconsistencies are not evident, because there is a coincidence in the location of the property and in the description of the boundaries. The cadastral map indicates that it corresponds to a piece of land located in Santa Clara, which has as its north and south boundary Mr. Heriberto Quirós Rodríguez, to the east with the Santa Rita creek, and to the west with the public road. For its part, the public deed describes a property in Santa Clara, which borders to the north and south with the remaining reserved area, which corresponds to the remainder of the farm of Mr. Heriberto Quirós Rodríguez, to the east with the Santa Clara river, and to the west with the public road.\n\nFrom the boundaries described, it is evident that the only sector in which there is no coincidence is to the east, when recording the name of the river or stream with which it shares a boundary; however, regardless of the name recorded, it does have a natural boundary that is a stream (quebrada). In addition, as support it used the expert's report, a expert opinion that will be explored further when examining matters pertaining to the identity of the property. From the above, it is clear that the Ad quem conducted a comprehensive study of the elements of conviction without the dissenting parties contesting it in a clear and concrete manner, instead repeating the arguments set forth in their appeal of the Trial Court's ruling, without attacking the second-instance decision with specific factual and legal reasons. On the other hand, regarding the fact that Mr. Quirós Díaz's possession of the disputed land was not proven in any way, the following considerations must be made. Contrary to what the cassation appellants believe, from the analysis of the evidence, forest possession was considered proven. It must be remembered that currently, reference is made not only to agricultural activity but also to forest and environmental activity as components of the economic, social, and environmental function of agricultural property or possession. Consequently, the fact that the plaintiff destined the land subject to litigation for forest conservation, far from detracting from the possession, reinforces it. Especially if, as has been demonstrated, the property is located in the protection zone of the Santa Rita stream (quebrada). To the foregoing, it must be added that, in the sub-examine, it was proven that Mr. Félix Quirós Díaz erected fences and carried out maintenance activities on the property (chapeas and rondas); thus, contrary to what was expressed by the appellants, the possession exercised by the plaintiff is undeniable.\n\nX.- In the second objection, they challenge what was ordered regarding the identity of the property. In this regard, it must be pointed out, contrary to what was argued by the appellants concerning the subjective and objective defects that detract from public deed no. 161-19, as resolved by the Tribunal, this is not the case. Regarding the first point, it is clear it was an error when recording the identity card number of Mr. Heriberto Quirós Rodríguez, since, as stated in the printout of the consultation made to the Tribunal Supremo de Elecciones (folio 530), his ID number is 200785985, but it was recorded as 207850985. In addition to the above, there is testimonial evidence that allows confirmation that Mr. Heriberto Quirós was the possessor of the land described in said public document and sold it in 1996 to his son Félix Quirós Díaz. Furthermore, that the property occupied by the co-defendants is part of what was transferred on that occasion to the plaintiff. Hence, the accused inconsistencies regarding boundaries, measurement, nature, situation, and topographic references are not of a degree that leads to establishing that it is a different property from the one sought to be reclaimed. It must be remembered that the judges, when ruling, assessed the totality of the evidence as a whole, namely, documentary, testimonial, and expert evidence, and in no way determined that the cited deed constituted full proof, but rather, as was stated, it was the opposite, given that they assessed all the elements of conviction paying attention to the rules of logic and human experience. In this sense, the expert's report was forceful in pointing out that the lot occupied by the co-defendants overlaps with that of the plaintiff in 43.99% of its total area. Likewise, it explained the reasons why the discrepancies were minimal, if the bastion of the bridge located at the intersection of the Grande stream (quebrada Grande) and the Santa Rita stream (quebrada Santa Rita) was taken as a reference point. It stated that a difference of 4.18 when the starting point is more than 500 meters away is insignificant. The cassation appellants do not attack such aspects in their appeal. On the other hand, concerning the measurement, the discrepancy is with the public deed of purchase and sale, at which time the land had not been measured for cadastral purposes, but if it is compared with the cadastral plan, the difference is minimal, and as the expert pointed out, it may be due to the widening of the stream (quebrada), which is one of the boundaries of the property, as well as the construction of the highway that leads to Santa Rita. It is logical that boundaries change over the years; nature is generally recorded whether by indication of the possessors or by the professional themselves, although what is fundamental is what is verified based on certain and real data. In any case, it can also change over time. Regarding the distance where the lot subject to litigation is located in relation to the bastion of the bridge and the measurement of 1,457.28 square meters, it is explained, as the expert analyzes, that said property corresponds to only 43.99% of the plaintiff's property that is described in plan no. A-310230-1996. Hence, the matter concerning the disagreement in the distance with respect to the reference point is also clarified, since the area occupied by the co-defendants is located further south. From the foregoing, it is undeniable that the challengers are not correct, since it is not true that the property in dispute does not correspond to a portion of what the plaintiff has possessed for more than 15 years and destined mainly for forest and environmental conservation.\n\nXI.- In the third objection, they attack the passive legal standing (legitimación pasiva), without providing further details, since they claim it follows the methodology used by the Trial Court, despite the fact that the ruling they must combat is that of the Tribunal. However, it must be indicated, once again, that they are not correct in their assertions, given that it was proven that they are occupying a portion of the property that the plaintiff has been possessing. Therefore, passive legal standing was demonstrated. On this matter, the Ad quem ordered: “Contrary to what was stated by the appellants, in this case, passive legal standing was indeed proven, not only because it was expressly admitted that they entered the property without any permit and with full knowledge that the property had an owner, which is demonstrated by the various actions taken by the plaintiff Félix Quirós to recover his land with the filing of the possessory processes (procesos interdictales) handled under case file numbers 08-000089-298-AG and 08-000163-298-AG, the first… against Jaime Giovanni Portugués on May 21, 2008, and the second… against Miguel Masís Ugalde on September 8, 2008… Note… he claims the same property subject of the present process and it was from the month of May 2008 that the invasion problems within the land began, with the defendants Miguel Masís and Gregoria Moreno entering the property approximately one month later with full knowledge of Mr. Félix Quirós's claim. The foregoing is evidenced by the response made by the defendant Miguel Masís in the possessory process 08-000163-298-AG when stating the following: ‘…It is precisely this fact that clearly shows the plaintiff's bad faith, since he establishes as the starting point the date of commencement of my possession as July 15, 2008, which is absolutely false, because on June 12, 2008, the same plaintiff already places me on the property and to see this it suffices to look at folios 12 to 14 front and back where the Inspection Record was recorded, carried out by the Agrarian Judge, Mr. Ignacio Rodríguez Sancho, on the same date within the process of the same nature that was being followed against Mr. Jaime Giovanni Portugués Chacón, under case file number 08-000089-298-AG, of this Court, where the same plaintiff indicates to the Judge that the undersigned had entered a few days after the defendant in that litis, who, by the way, entered in the first days of May 2008, as he acknowledged in the response of the cited process…’. With what has been stated, it is not only evident that there was full knowledge that the property belonged to Mr. Félix Quirós and of the claims made by him through the possessory process…”.\n\nAspects that the challengers do not attack in any way, which renders their objection inadmissible.\n\nXII.- As far as costs (costas) are concerned, it is necessary to state that there is agrarian legislation that expressly regulates them. The majority of this Chamber, in what concerns this matter, has repeatedly indicated that: “…in civil processes, as in agrarian ones, the award of costs is imposed on the losing party for the sole fact of being so. The foregoing, without said award implying a qualification of recklessness or bad faith (articles 221 of the Civil Procedure Code and 55 of the Ley de la Jurisdicción Agraria [LJA]). Therefore, no violation of those articles occurs if the losing party is ordered to pay costs. Conversely, when that payment is waived, the judges must justify their action, as it is the exception to the rule. In this scenario, the respective pronouncement is subject to appeal in cassation, in the presence of potential errors derived from a poor application of the cases of exemption and an improper use of the power to waive.” No. 504 of 8:40 a.m. on April 14, 2011. Precept 55 of the LJA stipulates: “Judgments, as well as resolutions that put an end to the process, shall contain a pronouncement on costs. The losing party may be exempted from the payment of personal costs, and even procedural costs, when it is evident that it has litigated in good faith, because there exists, in the court's judgment, sufficient reason to litigate, or because the claims of the winning party ultimately proved disproportionate.” (The bold is supplied). In the matter under examination, as stated in the first recital (considerando I) of this Judgment, the Tribunal confirmed the Trial Court's judgment where the payment of the process costs was imposed on the losing co-defendants, as it was considered that they did not answer the lawsuit on time and were not in any of the exception scenarios. It must be stated that the exemption, even in the hypothesis regulated by the canon, is not imperative but discretionary. In this circumstance, if the judge is not obligated to waive costs, they do not incur an infringement of the referred legal provision if they do not exempt. There is no normative violation when costs are imposed on the losing party, because the judge merely applies the rule in the terms established by it. Thus, it is indisputable that its imposition does not mean that the losing party is considered a reckless or bad-faith litigant. On the other hand, although canon 55 of the LJA cited does not expressly state that costs are imposed on the losing party, the truth is that this is clearly deduced from its integral reading, when it establishes in its second part that, in the judgment of the judges, the losing party may be exempted from paying costs, in the scenarios that the rule provides. It is indisputable that this is an extreme in which judges have discretion; if they consider that the party who lost the process can be exempted from paying them, otherwise, what is appropriate is to order them to pay. Consequently, the Ad quem did not incur the violation alleged when imposing the payment of costs on the appellants; therefore, the objection must be rejected. Consequently, what is pertinent is the rejection of the objections.\n\nXIII.- In accordance with what has been stated, the appeal must be rejected and the challenged judgment confirmed.\n\nPOR TANTO\n\nThe appeal is rejected and the appealed judgment is confirmed. Magistrate Escoto signs a note on costs.\n\nLuis Guillermo Rivas Loáiciga\n\nRomán Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández\n\nRocío Rojas Morales Jorge Alberto López González\n\nNote by magistrate Escoto Fernández\n\nI.- The undersigned member does not share the criterion expressed by the majority of this Chamber in recital VI of the previous ruling, in that it denies cassation review for those cases in which only the general rule of awarding costs to the losing party for both types of costs is used, that is, when no rule concerning their exemption is applied or utilized. Indeed, the majority's jurisprudential basis starts from the premise that the exemption from the payment of costs is a power, in which no error or normative infringement occurs when it is not exercised or applied; therefore, it is said, if there is no legal violation, it is not possible in cassation to assess or modify what was resolved regarding the award against the losing party, since, it is repeated, for the majority of this Chamber, there can only be a legal infringement when the rule corresponding to the exemption is applied (among many, see the decisions of this Chamber no. 1001-F-2002, of 11:50 a.m. on December 20, 2002; 249-F-2003, of 11:45 a.m. on May 7, 2003; and 306-F-2006, of 10:20 a.m. on May 25, 2006). The concatenation seems logical in principle, because with this premise, if the exemption constitutes a power, the judge is not obligated to exempt; and therefore, if they do not order or carry out such exemption, they do not violate the rules corresponding to the matter. Ergo, if no violation of rules occurs, there can be no cassation review (consult decisions of this Chamber no. 765 of 4:00 p.m. on September 26, 2001, and 561-F-2003 of 10:30 a.m. on September 10, 2003). This chain of ideas allows them to conclude that in that specific scenario (the simple award or the non-application of the exemptions), it “cannot be subject to examination in this venue” (from this same deciding body, judgment no. 419-F-03, of 9:20 a.m. on July 18, 2003), as it is a hypothesis “not subject to cassation” (ruling no. 653-F-2003, of 11:20 a.m. on October 8, 2003). Thus, in the opinion of the distinguished colleagues: there is no room for the appeal in cassation when the exempting power is not used (see a contrario sensu recitals III and VIII, in that order, of resolutions 541-F-2003 of 11:10 a.m. on the 3rd, and of 10:50 a.m. on the 10th, both of September 2003). In this way, the majority has considered that “… the award of costs to the losing party, as happened here, is not reviewable in this Venue, given that the Tribunal merely applied the rule in the terms established by it” (the highlighting is not from the original, see recital X of decision no. 68-F-2005, of 2:30 p.m. on December 15, 2005). And in notarial matters, with greater forcefulness, it has been indicated that: “…the Tribunal imposed the payment of the costs of the compensatory claim on the complainant, a pronouncement which, it is repeated, is not subject to cassation.” (recital X of judgment no. 928-F-2006, of 9:15 a.m. on November 24, 2006).\n\nII.- However, in the opinion of the undersigned, the improper non-application of the precepts that allow the exemption of costs undeniably infringes the Legal System and, specifically, the rules that authorize it, whether due to error or inadequate assessment by the judges in the specific conflict. To that extent, even though it is a power, the truth is that it is not immune to cassation review, because both in its exercise and in its non-application, a violation of law may operate, and in that measure, the improper omission is not, nor should it be, synonymous with arbitrariness, in such a case, committed by the Judge themselves. Especially if it concerns an empowerment granted to the judge with specific scenarios that limit their discretionary power in this matter. Consequently, in this particular aspect, I believe that with the mere application of the general rule of articles 54, 55, and 61 of the Ley de la Jurisdicción Agraria (award against the losing party for the payment of both types of costs), the doors are not closed to the cassation appeal, because on the contrary, the matter is admissible for its examination on the merits (provided the legal requirements are met) in the face of a potential omission defect in the application of the legal provisions that authorize the exemption of said costs (canon 55 ibid). Notwithstanding the foregoing, in the specific case under examination, this member shares what was ordered on the merits by the Tribunal, in that the payment of costs was imposed on the losing parties, since the claim against them was granted and the one filed by them was dismissed.\n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\nHBrenes/larce\n\nClassification prepared by SALA PRIMERA of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:01:51.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }