{ "id": "nexus-sen-1-0004-887495", "citation": "Res. 01438-2011 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Rechazo de ampliaciones de casación en caso Crucitas", "title_en": "Denial of cassation amplifications in Crucitas case", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia rechaza las ampliaciones de los recursos de casación presentadas por Industrias Infinito S.A. y su asociación solidarista (ASOCRUCITAS) contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló la concesión minera de Crucitas. La Sala considera que la ampliación de ASOCRUCITAS carece de fundamentación jurídica clara y precisa: no explica cómo las normas sustantivas citadas fueron violadas por el tribunal de instancia al exigir un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, y sus alegatos sobre seguridad jurídica resultan subjetivos. Respecto a Industrias Infinito S.A., la Sala determina que su escrito reitera un agravio ya rechazado de plano, subsanando sus defectos originales, lo cual es improcedente en ampliación; y que los “nuevos fundamentos” sobre cosa juzgada son meras especificaciones de lo ya expuesto, sin argumentos novedosos. En consecuencia, ambas ampliaciones son rechazadas por incumplir los requisitos procesales del artículo 143 del Código Procesal Contencioso Administrativo.", "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice denies the amplifications of cassation appeals filed by Industrias Infinito S.A. and its employees' solidarity association (ASOCRUCITAS) against the lower court ruling that annulled the Crucitas mining concession. The Chamber finds that ASOCRUCITAS's amplifications lack clear and precise legal foundation: it does not explain how the substantive norms were violated by the trial court in requiring a new Environmental Impact Assessment, and its claims on legal certainty are subjective. As for Industrias Infinito S.A., the Chamber determines that its brief reiterates a ground already rejected outright, merely correcting its original defects, which is not permitted in an amplification; and that its “new grounds” on res judicata are merely specifications of previously stated arguments, without novel reasoning. Consequently, both amplifications are denied for failing to meet the procedural requirements of article 143 of the Contentious Administrative Procedure Code.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "21/11/2011", "year": "2011", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "recurso de casación", "ampliación de recurso", "rechazo de plano", "cosa juzgada", "sana crítica", "prueba testimonial" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 143", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" } ], "keywords_es": [ "ampliación de recurso de casación", "rechazo de plano", "fundamentación jurídica", "cosa juzgada", "sana crítica", "prueba testimonial", "minería Crucitas", "Sala Primera" ], "keywords_en": [ "cassation amplification", "outright rejection", "legal grounds", "res judicata", "sound criticism", "testimonial evidence", "Crucitas mining", "First Chamber" ], "excerpt_es": "En mérito de las razones expuestas, débense rechazar las ampliaciones a los recursos de casación, formuladas por los apoderados especiales judiciales de ASOCRUCITAS e IISA.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechazan las ampliaciones de los recursos de casación presentadas por la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. y de Industrias Infinito Sociedad Anónima. Tome nota el apoderado especial judicial de Asocrucitas de lo señalado en el considerando IV de esta resolución.", "excerpt_en": "In merit of the reasons set forth, the amplifications of the cassation appeals filed by the special judicial representatives of ASOCRUCITAS and IISA must be denied.\n\nTHEREFORE\n\nThe amplifications of the cassation appeals submitted by the Employees' Solidarity Association of Industrias Infinito S.A. and Industrias Infinito Sociedad Anónima are denied. The special judicial representative of Asocrucitas shall take note of what is indicated in point IV of this ruling.", "outcome": { "label_en": "Amplifications denied", "label_es": "Ampliaciones rechazadas", "summary_en": "The Chamber denies both amplifications for failing to meet procedural requirements in providing precise legal grounds and for reiterating previously rejected grounds.", "summary_es": "La Sala rechaza ambas ampliaciones por incumplir los requisitos procesales de fundamentación jurídica precisa y por reiterar agravios ya rechazados." }, "pull_quotes": [ { "context": "POR TANTO", "quote_en": "In merit of the reasons set forth, the amplifications of the cassation appeals filed by the special judicial representatives of ASOCRUCITAS and IISA must be denied.", "quote_es": "En mérito de las razones expuestas, débense rechazar las ampliaciones a los recursos de casación, formuladas por los apoderados especiales judiciales de ASOCRUCITAS e IISA." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "From its analysis, it is clear that it is not indicated, with the required clarity and precision, how the trial court's decision violated the norms claimed; except for article 82 of the CPCA...", "quote_es": "De su análisis, queda claro que no se indica, con la claridad y precisión requeridas, cómo lo resuelto por los juzgadores conculcó las normas que se alegan violadas; excepto con el artículo 82 del CPCA..." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "Such pleading does not constitute a new ground; no novel legal reasons are provided for why the admitted grievance should succeed; on the contrary, it is a specification of what has already been stated.", "quote_es": "Tal alegato no configura una fundamentación nueva, no se brindan razones jurídicas novedosas, por las cuales el agravio admitido deba prosperar; por el contrario, se trata de una especificación de lo ya expuesto." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-887495", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 01438 - 2011\n\nFecha de la Resolución: 21 de Noviembre del 2011 a las 10:30\n\nExpediente: 08-001282-1027-CA\n\nRedactado por: Carmenmaría Escoto Fernández\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n*080012821027CA*\n\nExp. 08-001282-1027-CA\n\nRes: 0001438-A-SI-2011\n\nSALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.\n\n         Vistas las solicitudes de ampliación de los recursos de casación presentadas por los apoderados especiales judiciales de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS INFINITO S.A. y de INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA;\n\nRedacta la magistrada Escoto Fernández\n\nCONSIDERANDO\n\nAMPLIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS INFINITO S.A. (ASOCRUCITAS)\n\n          I.  El apoderado de ASOCRUCITAS alega, como primera causa de ampliación, indebida valoración de los elementos de prueba.  Manifiesta que la testimonial, en el modo de testigo-perito, fue el elemento de convicción “estrella” en este proceso, pues se convirtió en el único medio de verificación de varios hechos probados en la sentencia impugnada.  Define lo que entiende por esa figura.  Señala que el Tribunal conculcó los artículos 82 inciso 4 y 83 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), ya que no podía, con base en la declaración de dos testigos de la parte actora, ambos de apellido Astorga, señalar que se requería un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).  Lo anterior, afirma, porque:  1) no son peritos; 2) no es un tema fáctico o probatorio determinar si se requería un nuevo estudio. Por ello, arguye, los juzgadores no debieron delegar ni basarse en lo afirmado por ellos; 3) hay ausencia del análisis normativo con el que se basó el Tribunal para afirmar la necesidad de un nuevo EsIA; 4) en su momento, tanto los otros testigos, como las autoridades y las disposiciones vigentes (numerales 17, 18, 19, 20 de la Ley Orgánica del Ambiente –LOA-; 3.6, 27 y 46 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), comprueban que no era necesario un nuevo EsIA; y 5) por la irresponsabilidad profesional de un testigo, el Tribunal, infundadamente, concluye que era necesario el EsIA.  La apreciación y valoración abusiva o desproporcionada de la prueba testimonial, en la modalidad del testigo-perito, agrega, se refleja en uno de los puntos centrales de controversia en el sub júdice:  la modificación del Proyecto Minero Crucitas (proyecto), presentada por la empresa Industrias Infinito S.A. (IISA) el 6 de diciembre de 2007 ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  Transcribe el hecho probado número 23 de la sentencia combatida. También alude a lo expuesto en el considerando XII de ese fallo, en cuanto a la necesidad de aportarse un nuevo EsIA.  Se arribó a esa conclusión, manifiesta, con base en las declaraciones de los testigos Allan Astorga y Yamileth Astorga.  Esto, acota, no solo refleja una apreciación abusiva y desproporcionada de lo afirmado por ellos; sino que, además, representa una interpretación jurídica que el Tribunal hace descansar en la opinión de testigos.  La decisión de si la modificación del plan requería un nuevo EsIA, afirma, no era una cuestión fáctica, sino jurídica.  Los juzgadores no podían afirmar si se requería un nuevo plan porque el testigo lo dijo, máxime que otros deponentes, que conocieron a fondo el plan y la modificación, aseveraron lo contrario.  El Tribunal ordenó anular la concesión de explotación minera, estima, por la opinión de dos testigos, no por consideraciones jurídicas. Esto, agrega, refleja la ausencia absoluta de valoración global de la prueba. La modificación al proyecto, señala, incluyó diversos estudios realizados por profesionales en áreas tales como:  Ingeniería Forestal, Biología, Geología, Hidrología, Sociología y Geografía. También contó con especialistas en aspectos concretos como:  ecosistemas terrestres, recuperación de hábitats acuáticos, herpetología, entomología y botánica. En este sentido, indica, en el expediente de evaluación de los cambios propuestos al proyecto constan una serie de estudios, los cuales enuncia.  Transcribe, en lo de su interés, lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto n.° 6922-2010; de igual manera, lo manifestado por la testigo Sonia Espinoza Valverde.  Para las modificaciones del proyecto, asevera, no era necesario un nuevo EsIA, ya que no se cambió la actividad, ni existió ampliación del área.  Empero, relata, IISA presentó informes técnicos que detallaban los cambios e impactos de carácter ambiental y social que se presentarían, así como una lista detallada de las medidas de mitigación.  No obstante, afirma, el Tribunal no lo valoró.  El fallo cuestionado, acota, quebrantó el precepto 82 inciso 5) del CPCA.  No se tomó en consideración, manifiesta, el expediente administrativo; y, por ende, los informes técnicos ahí contenidos.  Se le dio credibilidad solo a testigos-peritos que no tenían conocimiento de los hechos.  Se faltó al deber de asignarle el valor que la ley le otorga a la prueba; así como el de valorar en conjunto los elementos probatorios aportados al proceso.  Y, lo más grave, comenta, omitió el Tribunal su rol de valorar prueba, motivar y fundamentar su decisión.  Dentro de lo que denomina “[…] algunos temas en que la apreciación de la prueba bajo las reglas de la sana crítica no se realizó, así como tampoco un estudio comparativo y a conciencia de toda la prueba que consta en el expediente […]”, alude a lo resuelto en torno a: 1) la tala rasa de árboles en los terrenos de IISA (hecho probado 57 de la sentencia recurrida).  Indica que no es cierto que la geóloga Sandra Arredondo Li afirmara lo que tiene por probado el Tribunal.  Su declaración, apunta, es completamente opuesta a lo manifestado por el Tribunal; la cual, agrega, junto con los informes de las autoridades competentes que constan en autos, así como la declaración de otros testigos funcionarios de la SETENA, confirma que la tala rasa en los terrenos de IISA no pudo causar daño ambiental y que esa actividad se realizó bajo estrictos procedimientos y supervisión de biólogos que tenían la tarea de evitar cualquier daño a la flora y fauna del sitio.  Transcribe, en lo de su interés, lo manifestado por la señora Arredondo Li.  En consecuencia, afirma, el permiso otorgado en la resolución n.° 244-1008-SCH respetó las reglas de la ciencia y la experiencia.  Reproduce, en lo conducente, lo afirmado por el testigo Eduardo Murillo Marchena.  Presenta una tabla en donde describe la prueba documental, a su juicio preterida por el Tribunal, con la que, indica, se demuestra que con las actividades desarrolladas no se produjo daño ambiental.  2) Camino público, este tema, apunta, se introdujo como hecho nuevo por la coadyuvante activa, al afirmar que no se siguieron los trámites correspondientes para su eliminación a efectos de ubicar ahí la laguna de relaves del proyecto.  El Tribunal, arguye, tuvo por probado ese hecho apoyado en la declaración de la geóloga Arredondo Li.  Copia parcialmente lo señalado por los juzgadores.  Adicionalmente, comenta, en los hechos probados del fallo impugnado números 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, se tuvo como cierto la existencia del camino, infiriendo el incumplimiento de IISA. Reproduce lo señalado por el Tribunal en el considerando XVIII.  De la declaración de la indicada testigo, relata, no se extraen las conclusiones señaladas por los juzgadores, todo lo contrario.  Ello, comenta, permite afirmar que solo se tomó en consideración partes sesgadas de declaraciones, dejando de lado prueba documental, así como los testimonios de otros expertos.  Transcribe lo señalado por la señora Arredondo Li.  Del expediente administrativo de la SETENA, alega, se confirman las afirmaciones de esa testigo:  a) se inició el trámite correspondiente para la ocupación del terreno de la municipalidad; b) para poder ocuparlo se utilizaron los medios jurídicos legítimos, previstos en el ordenamiento jurídico vigente a esa fecha; c) la situación del camino público era conocida por las entidades administrativas, siendo un aspecto valorado dentro de los impactos del proyecto minero, ofreciéndose medidas compensatorias: habilitar otra ruta, con la que se realineó el camino, no desapareciendo.  Incorpora una tabla en la cual hace alusión a las referencias en torno al tema del camino público, contenidas en el EsIA y el Estudio de Factibilidad Técnica y Económico presentadas, respectivamente, a la SETENA y la Dirección de Geología y Minas (DGM).  El Tribunal, señala, no consideró, ni hizo mención al hecho que IISA señaló que existían otras opciones viables, protegiendo el ambiente y respetando los trámites legales, para construir la laguna de relaves.  Por el contrario, agrega, debido a una falta de valoración global de la prueba, arribó a conclusiones falsas.  3) Programa de minado.  De la misma manera, indica, llegó a conclusiones erróneas, que no reflejan la realidad de los hechos, ni de la prueba evacuada en el proceso.  Este tema, arguye, fue afrontado desde dos aspectos:  1) el acuífero inferior y 2) la profundidad de los tajos.  Señala, se conculcaron los artículos 50 de la Constitución Política; 18, 19, 84 de la LOA; 1, 3, 11 del Decreto Ejecutivo n.° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (referido al objetivo y alcance del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental); 1, 4, 6, 12, 19, 26, 28, 89 y 91 del Código de Minería.  Tocante al acuífero inferior, relata, no existe ningún hecho controvertido, si situación fáctica alegada por los actores; por ello, indica, no era un tema controversial en esta lite.  No obstante, el Tribunal lo incluyó en el elenco de hechos probados; transcribe los números 33, 34 y 35.  Asimismo, indica que los juzgadores, en los considerandos XII, XIV y XIX, hicieron referencia a diversas premisas, mediante las cuales sustentaron la nulidad de la viabilidad ambiental.  Sin embargo, comenta, resultan erróneas y producto de una apreciación y valoración indebida y sesgada de la prueba.  IISA, arguye, ofreció al testigo-perito, especialista en hidrología, Hugo Rodríguez Estrada, debido a que participó en los estudios que dicha empresa realizó en torno a las condiciones hidrológicas de la zona del proyecto.  En sus informes, señala el casacionista, concluyó que los acuíferos solo sufrirían una afectación en la eventual área de excavación de los tajos; además, en relación con la calidad del agua, no se preveía ningún efecto nocivo. Indicó que la calidad del agua del acuífero inferior no era apta para consumo humano. Esos estudios, afirma, se efectuaron respetando la metodología de la SETENA. Transcribe lo señalado por dicho testigo.  La deposición, asevera, fue clara:  la evaluación de los efectos se realizó mediante un sistema que tiene la SETENA, dando como resultado un impacto moderadamente negativo.  Reproduce el hecho probado 37 de la sentencia cuestionada, relacionado con el acuífero inferior y a la profundidad de la excavación en los tajos Botija y Fortuna.  En el considerando XIX de la sentencia impugnada, relata, el Tribunal concluyó que existió intención de IISA de inducir a error a la Administración, debido a que la intercepción del acuífero inferior resultaba algo esencial para el desarrollo del proyecto al contarse con el agua derivada de esa intercepción, la cual sería bombeada a la laguna de relaves.  Los juzgadores, afirma, señalan que IISA no se ajustó a la condición técnica contenida en el oficio DGM-DC2085-2001, por lo que existe un supuesto fraude de ley, al intentarse presentar ante la SETENA, en el año 2007, como cambios al proyecto, lo que en realidad estaba contemplado en el plano original desde el año 2000 ante la DGM.  Transcribe lo señalado por el Tribunal.  Lo anterior demuestra, señala, que no se realizó el deslinde necesario entre los efectos de la viabilidad ambiental, las condiciones de la concesión minera y las consecuencias de su incumplimiento; lo cual, arguye, provocó errores graves en las conclusiones a las que se llegó.  Agrega una tabla en la cual describe la prueba documental aportada en relación con el tema de aguas subterráneas.  La apreciación del Tribunal, contenida en los hechos probados números 37, 43, 44 y 45, afirma, parte de una premisa falsa.  No se tomó en cuenta la totalidad de la prueba; tampoco, agrega, se siguió la debida concatenación lógica de los eventos, ni se respetaron las particularidades propias de las conductas revisadas y la legislación aplicable.  Aduce conculcados las disposiciones 50 de la Constitución Política; 2, 17, 18, 19, 20, 59, 84, 98, 101 de la LOA; 4 de la Ley de Construcciones; 1, 2, 3, 4, 8 de la Ley General de Caminos; 1, 2, 6, 8, 12, 19, 26, 28, 51, 89, 91 del Código de Minería; 25 del Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal (Decreto Ejecutivo n.° 34624-MOPT del 27 de marzo de 2008); 3 incisos 6, 27, 43, 46, 98 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo n.° 31.849); 1, 3 y 11 del Decreto Ejecutivo sobre el objetivo y alcance del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental –EIA- (n.° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC); 82 inciso 4, 83, 220 del CPCA; 318, 330, 351, 352, 354, 358, 401, 404, 407 del Código Procesal Civil.\n\nII.  En torno a lo señalado en el considerando anterior, es menester apuntar lo siguiente.  La redacción del presente agravio padece de imprecisión, lo cual hace que se torne confuso.  Entremezcla una serie de aspectos disímiles.  Debido a esa situación, esta Sala interpreta que el casacionista alega, como aspecto medular, la indebida valoración de los testimonios de los señores Allan y Yamileth, ambos de apellido Astorga; así como la preterición de los elementos de convicción que indica, al establecer el Tribunal el deber que tenía IISA de aportar un segundo EsIA, debido a las modificaciones o cambios al proyecto minero que le propuso a la SETENA el 6 de diciembre de 2007.  Además, y como argumentos a título de mayor abundamiento, alega una serie de temas, no exhaustivos, en los cuales, a su entender, los juzgadores apreciaron erróneamente la prueba.  Dentro de esta línea de pensamiento, el precepto 143 del CPCA señala:  “1) Las causas y los fundamentos del recurso podrán ampliarse en forma escrita, por una única vez, hasta cinco días hábiles después de ser notificadas todas las partes del auto de admisión. / 2) Si cumple los requisitos previstos en el presente Código, inmediatamente se pondrá en conocimiento de las partes. / 3) La ampliación de las causas deberá cumplir los requisitos previstos en el presente capítulo para el recurso inicial. Los señalados en el párrafo segundo del artículo 139 podrán ser subsanados de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 141 de este mismo cuerpo normativo. En igual forma le serán aplicables las reglas referentes al rechazo de plano, contempladas en el artículo 140 de este mismo Código. / 4) Cuando se haya señalado la celebración de una audiencia oral, la resolución que ponga en conocimiento la ampliación del recurso deberá ser notificada a la parte contraria, al menos con dos días hábiles de antelación.” (Lo subrayado no es del original).  Asimismo, debe recordarse, conforme se indicó en el auto de admisión, n.° 1355-A-S1-2011 de las 12 horas 20 minutos del 25 de octubre de 2011, el deber imprescindible para el recurrente de señalar, en forma clara y precisa, la fundamentación jurídica, como requerimiento material necesario tanto para la admisión de los reparos, como para su posterior análisis.  El casacionista, dentro del punto cuarto del agravio, denominado “NORMAS SUSTANTIVA [sic] QUEBRANTADA [sic]:  Forma y Modo en que fueron vulneradas”, señala cuáles son los preceptos a su juicio vulnerados por la sentencia combatida. Debido a la trascendencia que reviste para la resolución de este motivo de disconformidad, se transcribe lo expuesto en dicho acápite:  “En primer lugar acusamos como infringido el articulo 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto establece en su inciso 4), que las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica. Y el articulo 83 ibídem en cuanto señala que la declaración de los testigos-peritos se regirá por las reglas de la prueba testimonial. En concordancia con los anteriores artículos, acusamos como violentados los numerales 318, 330, 351, 352, 354, 358, 401, 404 y 407 del Código Procesal Civil y el numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo que permite para lo no previsto expresamente en este Código, aplicar los principios del Derecho público y procesal, en general. / En cuanto a las normas sustantivas infringidas: / a. En relación con el daño ambiental producido por las labores de aprovechamiento forestal Las [sic] normas sustantivas transgredidas con la falta de valoración de los medios probatorios son el artículo 50 de la Constitución Política, el artículo [sic] 2, 59, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y en los incisos 26 y 43 del artículo 3 y en el [sic] 98 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo número 31849. / No se tiene acreditado en la prueba documental ni testimonial la existencia de un daño no contemplado en el EsIA y su Anexo así como en su Modificación. Las actividades de corta se realizaron tomando en consideración las medidas contempladas en cada uno de dichos instrumentos, y los informes de las instituciones competentes lo hacen constar. / b. Como explicamos al inicio, el origen del vicio que aquí se indilga [sic] a la sentencia, proviene de un tema probatorio y evidente incumplimiento de la potestad jurisdiccional, que explico. El tribunal no podía, con base en dos testigos, decir si era o no necesario una nuevo EsIA. / Las normas sustantivas trasgredidas con dicha indebida apreciación son los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Ambiente, y los artículos 3.6, 27 y 46 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). / Con base en estas disposiciones se desprende que por las características de las modificaciones realizadas al proyecto no era necesario proceder a la presentación de un EsIA, sino que con el proceso efectuado de modificaciones se cumplía con el trámite requerido por ley. / El tema no era una tema probatorio o factico [sic], menos de testigos determinar si era o no necesario un nuevo EsIA, al hacerlo así el juez no solo violentó esa norma, que no establece tal requisito, para los casos de modificación del proyecto, sino que además “abandonó” y delegó en la declaración de un testigo lo que era su deber constitucional. El Tribunal de manera ligera e ilegal consideró que si era necesario tal EsIA. / c. En relación con el camino público las normas transgredidas con el juicio arbitrario de la prueba son las normas sustantivas que regulan la materia de caminos públicos, del interés público de la actividad minera y del derecho del concesionario de obtener la constitución de una servidumbre minera. Específicamente, el articulo 4 de la Ley de Construcciones, los artículos 1, 2, 3, 4 y 8 de la Ley General de Caminos Públicos, el artículo 25 del Decreto Ejecutivo número 34624-MOPT, del 27 de marzo del 2008, Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal, y en especial los artículos 8 y 51 del Código de Minería. / El Código de Minería contempla con base en la declaratoria de interés público de la actividad minera que los titulares de concesiones de explotación puedan solicitar la constitución de una servidumbre minera sobre terrenos públicos para la construcción de una laguna de relaves. Que esta gestión se realiza con posterioridad a la obtención de la viabilidad ambiental, por cuanto, implica la obtención de un permiso, el cual sino [sic] se obtiene, conlleva que la obra no puede desarrollarse, debiendo el desarrollador proceder a efectuar una modificación técnica del proyecto, la cual debe ser valorada nuevamente por los árganos técnicos competentes. / d. En relación con el programa de minado las normas sustantiva [sic] transgredidas con el juicio arbitrario de la prueba son el artículo 50 de la Constitución Política, los artículos 18, 19 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, los artículos 1, 3 y 11 del Decreto Ejecutivo número 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, sobre el objetivo y alcance del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los artículos 1,4, 6, 12, 19, 26, 28, 89 y 91 del Código de Minería. / El hecho de que la empresa haya valorado el impacto ambiental que pudiera significar en las aguas subterráneas la extracción de mineral más allá de la cota de 75 msnm, no implica que haya tenido la intención de incumplir con la condición impuesta por el Poder Ejecutivo en la resolución que le otorgó la concesión. / Contrario a lo que manifiesta el Tribunal, en aplicación de Principio Precautorio era una obligación para la empresa proceder de dicha forma, ya que si no se hubiera hecho no existiría un riesgo no evaluado. / Con base en la restricción impuesta por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Minería, y al haber aceptado IISA dicha obligación al solicitar la inscripción de la resolución que otorgó la concesión ante el Registro Nacional Minero al tenor de lo dispuesto por el artículo 91 del Código de Minería, dicha restricción es obligatoria. El incumplimiento de esta obligación por parte de IISA conileva la cancelación de la concesión.”  De lo anterior queda claro que el casacionista, en torno al quid del agravio: el error del Tribunal de exigir un segundo EsIA, no cumple con el deber de exponer la argumentación técnico-jurídica, careciendo, por consiguiente, de fundamentación jurídica.  Al respecto, además de citar una serie de normas de la LOA y del denominado Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se limita a señalar que de esas disposiciones se desprende, por las características de las modificaciones efectuadas al proyecto, que no era necesario proceder a la presentación de un EsIA; y que con el proceso efectuado de modificaciones, se cumplía con el trámite requerido por ley. Tal argumentación, dadas las exigencias de la casación, resulta escueta, parca, insuficiente.  No se indica o explica qué disponen las normas que cita; tampoco cómo fueron quebrantadas en la sentencia cuestionada.  Es decir, no se analizan esas disposiciones contraponiéndolas con la resolución del Tribunal, para determinar su violación.  No se establece el ligamen o vínculo necesario entre lo preceptuado por esas normas y lo resuelto por los juzgadores, para sostener que fueron conculcadas.   Se limita a efectuar una afirmación sin ningún respaldo, por lo que no pasa de ser una mera apreciación subjetiva.  No aclara el por qué, a la luz de lo señalado por esos preceptos, no resultaba necesario un nuevo EsIA, dada las características de las modificaciones propuestas.  Luego, el casacionista, en el punto cinco del agravio, enuncia que se referirá a la forma cómo fueron transgredidas las disposiciones que señaló.  Por la importancia que reviste para la solución de la presente disconformidad, se transcribe lo expuesto en dicho punto:  “La forma en que fueron transgredidas las normas anteriormente señaladas se presentó por medio de: / a. Error de derecho en la atribución de pleno valor a las declaraciones de los testigos-peritos, y en general una apreciación arbitraria de la prueba testimonial; / b. Ausencia de una valoración procesal, individualizada y en conjunto de los elementos probatorios que formaron parte del proceso y error de derecho ante la negación del valor que la ley otorga a la prueba documental, / c. No valoración de la prueba de acuerdo a los criterios de la ponderación racional, lógica y fundada en la experiencia, que rodean las reglas de la sana critica; / d. Delegar una fundamentación jurídica en una cuestión fáctica o probatoria, con el agravante que lo hizo con base en la declaración de un testigo. / e. Afirmaciones de orden técnico, alejadas de las prácticas de pericias oficiales. / f. Omitir cualquier análisis de motivación o fundamentación jurídica, con base en normas, en este punto, pues estas funciones las delegó indebidamente, en la opinión de dos testigos, como si fiera función de testigos, decir de requisitos legales o reglamentarios, para tal o cual trámite. / g. Porque omite cualquier consideración de la prueba documental -reseñada-, informes técnicos -reseñados- y prueba testimonial de los órganos involucrados y jefaturas de entidades fiscalizadoras, que decían lo contrario. / h. En este proceso la prueba documental fue abundante y va desde el expediente administrativo que contaba con todos los informes y estudios técnicos que sustentaban la vialidad ambiental dada a la empresa IISA, así como informes diversos presentados por IISA que demostraban la validez del acto administrativo. / i. Todos estos se encuentran ligados no solo al rol de cada elemento en el proceso, sino a la función de cada sujeto en el proceso. Ni el juez puede declarar como testigo ni el testigo sustituye al juez en su función de valoración, fundamentación, argumentación y motivación. Ello también se encuentra ligado con el sistema de la sana crítica, pues en el ejercicio axiológico de atribuir la consecuencia jurídica a un punto fáctico y valorar la prueba de forma asilada e individualizada provoca que el juez pueda incurrir en errores, que como en el caso en concreto, producen una sentencia contraria a los hechos, a la prueba y parcializada en contra de IISA y del Proyecto Minero Crucitas, por renunciar el juez al deber de fundamentar, delegándolo ilegalmente en una opinión sesgada de dos testigos. La valoración de la prueba, las consecuencias jurídicas que un hecho atribuye al ordenamiento, la fundamentación o la subsunción de un hecho a una consecuencia jurídica es resorte exclusivo del juzgador. / j. El artículo 82 ha sido quebranto [sic] debido a que la prueba en este proceso no ha sido valorada conforme a la sana crítica, no existe un equilibrio entre todos los elementos que integran la prueba dentro del proceso, el Tribunal Contencioso no analizó los elementos de juicio que aportaron las partes al proceso en su conjunto, lo que impidió, de acuerdo a la sana crítica, se le asignara el valor que les corresponde. En el proceso de valoración realizado por los juzgadores no se examinaron todas las diversas pruebas con las que pretendía demostrar la falsedad de los hechos alegados en las demandas, lo que implicó que posteriormente no se realizará una evaluación global de todos, no se realizó un estudio comparativo de la prueba, de forma tal, que las conclusiones que adoptaron en la sentencia no constituyen una verdadera síntesis de la totalidad de los medios probatorios y de los hechos que en ellos se contienen, lo que dio como resultado que no se aplicara al caso en concreto la normativa de fondo.” (Lo subrayado es del original).  De su análisis, queda claro que no se indica, con la claridad y precisión requeridas, cómo lo resuelto por los juzgadores conculcó las normas que se alegan violadas; excepto con el artículo 82 del CPCA, con el cual sí efectúa una pormenorizada explicación del por qué resultó conculcado.  No obstante, esa disposición es de carácter procesal, no de fondo; además, señala los aspectos genéricos respecto a las pruebas en el proceso contencioso administrativo, entre ellos, que deberán ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que no resulta necesaria su invocación.  Lo alegado por el casacionista, configura, más bien, una nueva argumentación en torno a lo expuesto en el reparo, mas no explica de qué manera lo resuelto por el Tribunal, tocante a la necesidad de requerirse un segundo EsIA, transgrede lo dispuesto por las normas que citó.  En resumen, no existe conexión entre lo afirmado y la necesidad de explicar en forma clara y precisa cómo la sentencia impugnada quebrantó las normas invocadas como transgredidas.  En consecuencia, al carecer el reparo de mérito de total fundamentación jurídica, se impone su rechazo.\n\nIII.  En el segundo agravio, reclama, en primer lugar, que la sentencia combatida quebrantó el principio constitucional de seguridad jurídica.  Al respecto, alega conculcadas los artículos 50 de la Constitución Política, 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 8 inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Transcribe, en lo de su interés, lo dispuesto por la Sala Constitucional en torno a ese postulado en la sentencia n.° 878-2000.  El proyecto, señala, cuenta con todos los permisos necesarios para optar por la concesión de explotación minera, los cuales detalla.  IISA, argumenta, respetó la normativa legal y reglamentaria para obtener el permiso de exploración y, posteriormente la explotación minera. Los requisitos que el ordenamiento jurídico costarricense establece para la explotación de la actividad minera, afirma, fueron cumplidos por dicha compañía.  A pesar de ello, señala, se vio obligada a defender su derecho.  La Sala Constitucional, anota, rechazó los recursos de amparo presentados en contra de la concesión y de diversas autoridades públicas, con lo cual validó y dio seguridad jurídica a la concesión otorgada.  Empero, la misma situación fue replanteada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, decidiendo despojar de la concesión a IISA, basándose, ya no en el ordenamiento jurídico, sino en arbitrariedades, en la opinión de “todólogos”, prueba impertinente, no idónea, sin un análisis normativo, sino delegando su deber en la opinión de testigos.  Los supuestos vicios en que fundamenta su decisión el Tribunal, apunta, no son calificados como tales por el ordenamiento jurídico costarricense, lo cual conculca, además del aludido principio, los de proporcionalidad y razonabilidad. Transcribe el hecho probado de la sentencia impugnada número 23, el cual se refiere a la omisión de requerirse un nuevo EsIA, ni ningún otro instrumento de evaluación ambiental; a la realización de una nueva audiencia pública para analizar los impactos que podrían generarse por los cambios introducidos por IISA al proyecto. Los juzgadores, agrega, no tuvieron en cuenta que, de acuerdo con la normativa costarricense, en el caso de la modificación al proyecto, no era necesario presentar un nuevo EsIA, razón por la que, estima, la decisión de la SETENA de no solicitarlo no era un tema de carácter interpretativo o discrecional, sino en apego a la normativa.  Además, añade, el Tribunal no valoró, ni consideró los estudios aportados junto con la propuesta al proyecto que constan en el expediente de “Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto Minero”, los cuales detalla, pero no analiza.  El quebranto al referido principio, indica, se produce porque el Estado costarricense otorgó una concesión, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios.  Además, se efectuaron estudios científicos y técnicos para obtenerse. Por ello, se cuestiona cómo puede un tribunal de derecho –no técnico- sin prueba pericial o científica objetiva, tan solo con el dicho de dos testigos traerse abajo la concesión sin ningún fundamento, y sin decir, normativamente, por qué se incumple tal o cual requisito.  Además, señala, como manifestación de este principio, se irrespetó la garantía de aplicación objetiva del derecho.  Los argumentos sobre los cuales el Tribunal  fundamentó su decisión, no son interpretaciones de la ley; sino, afirma, requisitos de validez “legislados” o inventados por los juzgadores.  Transcribe, en forma parcial, lo dicho por la Sala Constitucional respecto al principio de racionalidad, sin indicar a cuál voto corresponde.  Respecto a los postulados de razonabilidad y proporcionalidad, asevera, revisten la condición de necesarios.  Esto, apunta, hace referencia a que si la medida-acción no es realizada, importantes intereses públicos serían lesionados.  En el sub júdice, comenta, podría pensarse que se protege un bien de interés público –ambiente, el recurso hídrico- pero lo cierto es que nunca se probaron los supuestos daños. Todo, afirma, son especulaciones, juicios de valor sobre lo que podría pasar, efectuados por deponentes que no tienen un conocimiento directo de los hechos, en contraposición de testigos y estudios técnicos los cuales demostraban que, de ocurrir efectos negativos, existían medidas de mitigación suficientes para contrarrestarlos.  El Tribunal, comenta, para anular la concesión, se fundamentó en la declaración de testigos de la parte actora.  Tal decisión, acota, no es racional ni proporcional. Se cuestiona ¿cómo puede un simple testigo que no tiene que dar razón de su dicho, que no realizó estudios directos del proyecto, contrariar todos los estudios técnicos, documentos públicos, análisis de instituciones públicas y las declaraciones de los diversos profesionales en cada área especializada?  La sentencia combatida, arguye, resulta inidónea porque, de un estudio del expediente administrativo, declaraciones de testigos-peritos (Sonia Espinoza y Sandra Arredondo Li) y los estudios técnicos que constan en el expediente, se evidencia que existen otros mecanismos que, de mejor manera, solucionan la aparente necesidad existente (protección al ambiente, recurso hídrico), que cumplen con esa finalidad de protección.  En torno al postulado de proporcionalidad, indica, de una comparación entre la finalidad perseguida por la resolución impugnada (protección al ambiente, al recurso hídrico) y los alcances de ese fallo en cuanto a los daños y perjuicios para el país,  para IISA y las comunidades beneficiadas con el proyecto, se denota que el perjuicio es mayor al supuesto beneficio obtenido con la sentencia.  Por otro lado, agrega, el postulado de razonabilidad es un parámetro para juzgar, representa un límite del ejercicio de la discrecionalidad de la Administración Pública.  Sin embargo, en esta lite, comenta, ese postulado que, en apariencia aplicó el Tribunal, no lo facultaba para colegislar o coadministrar.\n\nIV.  En el presente motivo de disconformidad, el casacionista efectúa una serie de afirmaciones no en contra de la sentencia propiamente, sino de la honorabilidad de los juzgadores.  A guisa de ejemplo indica: “[…] A lo largo del proceso estos principios constitucionales fueron sustituidos por la imparcialidad [sic] y la arbitrariedad; situación que se refleja en la sentencia … Los argumentos sobre los cuales el tribunal contencioso fundamenta su decisión, no son interpretables [sic] de la ley, son requisitos de validez “legislados” o inventados por el órgano jurisdiccional . […]” Tales manifestaciones las efectúa sin el respectivo respaldo factico. No puntualiza las partes de la sentencia donde se pueda colegir lo afirmado.  En consecuencia, revisten el carácter de meras apreciaciones subjetivas, lo cual resulta inaceptable, por lo que se le debe llamar la atención al casacionista.  En otro orden de ideas, el recurrente alega quebranto de los principios constitucionales de seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad; así como de los artículos 50 de la Constitución Política; 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 8.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Su trasgresión, según indica, se produjo porque, a pesar de que IISA cuenta con todos los permisos para optar por la concesión de explotación minera, se vio obligada a defenderse ante la Sala Constitucional, en virtud de los recursos de amparo interpuestos en contra del proyecto. A pesar de que ese órgano jurisdiccional, manifiesta, los rechazó, la misma situación se replanteó ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, en donde se decidió anular la concesión “[…] basándose ya no en el ordenamiento jurídico, sino en arbitrariedades, en la opinión de “todólogos”, prueba impertinente e inidónea, sin una [sic] análisis normativo, sino delegando su deber en la opinión de testigos.”  Transcribe el hecho probado 23 de la sentencia impugnada, referido a la necesidad de requerirse un segundo EsIA; también reproduce lo considerado por los juzgadores en torno a ese tema.  Afirma que, de acuerdo con la normativa costarricense, ese requerimiento no era necesario.  Asimismo, señala que el Tribunal no valoró ni consideró los estudios aportados junto con la propuesta de modificación del proyecto.  Al respecto, debe indicarse que, una vez más, el casacionista incumple con su deber de expresar, con claridad y precisión, la fundamentación jurídica que respalda su objeción.  En su relato, no engarza, en debida forma, lo resuelto por el Tribunal con el quebranto a los principios aludidos.  Lo alegado no pasa de ser una suposición, una simple apreciación subjetiva, pues no contrasta (detalladamente) la prueba que alude como preterida y las normas señaladas como infringidas, con la sentencia impugnada, relacionándolo con los referidos postulados, para arribar a la conclusión de que no resultaba necesario requerir un segundo EsIA.  Es decir, no establece el necesario vínculo entre lo que se argumenta, el fallo cuestionado y los principios constitucionales.  En consecuencia, se impone el rechazo del presente motivo de disconformidad. \n\nAMPLIACIÓN DE INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA\n\nV. En el apartado primero del escrito de ampliación, los apoderados especiales judiciales de IISA aducen, como “nuevos motivos de casación”, tanto “preterición de prueba” (punto 1.1) como “indebida valoración de la prueba” (punto 1.2).  No obstante, de su análisis se determina que guardan estrecha relación, por lo que serán analizados conjuntamente de la siguiente manera.  Manifiestan los casacionistas, en primer término, que se incurrió en esos vicios respecto a la modificación del proyecto, presentada por su poderdante el 6 de diciembre de 2007 ante la SETENA; lo cual, indican, se reseña en el hecho probado 23 de la sentencia cuestionada, al exigirse un nuevo EsIA.  Transcriben, en lo de su interés, lo considerado por el Tribunal en torno a ese punto.  Para arribar a esa conclusión, estiman, los juzgadores se basaron en las declaraciones de los testigos-peritos Allan y Yamileth, ambos de apellido Astorga. Esto, comentan, refleja no solo una apreciación abusiva y desproporcionada de lo afirmado por ellos; sino también la ausencia absoluta de la valoración global de la prueba documental.  Las modificaciones al proyecto, afirman, incluyó diversos estudios, efectuados por profesionales en áreas como:  Ingeniería Forestal,  Biología, Geología, Hidrología, Sociología y Geografía. También contó con especialistas en aspectos concretos como:  ecosistemas terrestres, recuperación de hábitats acuáticos, herpetología, entomología y botánica.  En este sentido, indican, en el expediente de evaluación de los cambios propuestos al proyecto (aportado como prueba), constan una serie de estudios, los cuales enuncia.  Esa probanza se opone, arguyen, a lo afirmado por los testigos de la parte actora.  También, agregan, se contradice con lo manifestado por los testigos Sonia Espinoza Valverde, Sandra Arredondo Li y Eduardo Murillo Marchena.  Transcriben, en lo conducente, lo declarado por la primera.  El Tribunal, estiman, le atribuyó a esos testigos manifestaciones que no emitieron.  Nunca establecieron la necesidad de presentar un nuevo EsIA, ni evaluar nuevos impactos ambientales.  Por el contrario, quedó claro que no era necesario realizar uno nuevo.  En una depurada técnica de formulación de hechos y de la correcta apreciación y valoración de la prueba testimonial, afirman, debió enunciarse el hecho en el sentido de que la SETENA determinó que, por tratarse de un mismo proyecto, la evaluación de las modificaciones no requería un nuevo EsIA.   Alegan transgredidos los artículos 17, 18, 19, 20, 24 de la LOA; 3 (incisos 6, 34, 37 y 63), 9, 10, 19, 27, 31, 36, 46 del Decreto Ejecutivo n.° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004, denominado “Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”; 1, 2, 3, 4, anexos 1, 2 y 3 del Decreto Ejecutivo n.° 32966-MINAE del 20 de febrero de 2006: “Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental” (Manual EIA, parte IV); 16, 297, 298 y 302 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). El quebranto de esas normas –que le imponen al desarrollador de un proyecto, calificado de alta significancia de impacto ambiental, afirman, el deber de preparar un EsIA- se produce, alegan, porque la evaluación de impacto ambiental se sustenta en estudios técnicos e investigaciones científicas que permiten identificar los impactos ambientales.  Asimismo, se violentaron dichas normas porque de ellas se concluye que, siendo la modificación del proyecto un cambio que generaba resultados positivos y nuevas medias de prevención, no era necesario un nuevo EsIA.  Transcribe, en lo de su interés, lo manifestado por la Sala Constitucional en el voto n.° 15315-2008 de las 14 horas 59 minutos del 10 de octubre de 2008, tocante al sentido e importancia del EsIA.  Asimismo, anotan, las normas sustantivas regulan el EsIA como un instrumento de protección.  De igual manera, indican, la LOA preceptúa que se trata de un instrumento técnico de evaluación de los impactos y del tratamiento científico, lo que supone el uso de datos ciertos y de la aplicación de una metodología aprobada.  Es por ello, comentan, que en el Manual de EIA se incluyen, como anexos, la guía general para la elaboración de instrumentos de evaluación de impacto ambiental y el instructivo para la valoración de impactos ambientales.  De las normas infringidas, comentan, se determina que la evaluación ambiental es un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá una actividad sobre el ambiente, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.  Es así como, arguyen, tanto el EsIA como las modificaciones al proyecto descansan en bases técnicas:  estudios científicos elaborados por profesionales responsables.  Esos análisis, afirman, no fueron tomados en cuenta, a pesar de ser prueba documental admitida para la etapa de juicio.  En este quebranto, manifiestan, es necesario rescatar la presunción de legitimidad de las decisiones administrativas, tutelada en los preceptos 128, 130, 146, 148, 168 y 176 de la LGAP. No obstante, señalan, en el sub júdice, el Tribunal no solo desconoció la prueba documental técnica, sino que tuvo por comprobada la nulidad en aspectos técnicos, a pesar de la inexistencia de prueba equivalente que desvirtuara, fehacientemente, los criterios vertidos por profesionales responsables e idóneos, conculcándose las reglas de la sana crítica.  También, agregan, existe prueba testimonial que analiza el tema de las modificaciones al proyecto.  En este sentido, anotan, la testigo Sonia Espinoza narró el porqué, fáctica y técnicamente, era innecesario un nuevo estudio de impacto ambiental, con lo que contradice las afirmaciones de los dos testigos que afirman lo contrario.  De no haber ignorado el Tribunal prueba fundamental –testimonial y documental- la conclusión, en cuanto al hecho probado de la sentencia cuestionada número 23, hubiese sido otra:  que no era necesario, para aprobar la modificación del proyecto, la elaboración de un nuevo EsIA.  En segundo lugar señalan, se configuran los yerros apuntados, por lo resuelto en torno a la tala rasa de árboles en terrenos de su representada y lo indicado en el hecho demostrado 57 de la sentencia combatida, en el sentido de que tal circunstancia provocó un daño ambiental;  pues se sustenta no solo erróneamente, sino con preterición de otra prueba testimonial y documental, en lo manifestado por la testigo Sandra Arredondo Li.  A pesar de ser falso que ella afirmara lo que tuvieron por probado los juzgadores, sostienen, su declaración tergiversada no demuestra lo concluido por ellos.  Se contradice con lo señalado en la prueba documental: informes de las autoridades competentes y de regencia (los que ella, en su calidad de Regente Ambiental presentó a la SETENA, dentro de los cuales se encuentra el elaborado para el período en el cual se efectuaron las labores de aprovechamiento forestal).  Invocan otros documentos preteridos.  También se contrapone con las declaraciones de los testigos Eduardo Murillo y Sonia Espinoza.  Por el contrario, indican, lo dicho por la señora Arredondo Li  confirma que la tala rasa no causó daño ambiental y que esa actividad se efectuó bajo estrictos procedimientos y la supervisión de biólogos, quienes tenían la tarea de evitar cualquier afectación a la flora y fauna del sitio.  Incluyen una tabla en la cual, según indican, enlistan los documentos preteridos por el Tribunal en cuanto a este tema.  En igual sentido, comentan, se omitió la declaración del testigo Eduardo Murillo Marchena, quien afirmó que con la tala rasa no se produjo daño ambiental.  Los yerros apuntados, aseveran, conlleva el quebranto de los artículos 50 de la Constitución Política; 2, 59, 98, 101 de la LOA; 3 (incisos 26, 43 y 83), 98 del Decreto Ejecutivo n.° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004, denominado “Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”; 190, 191 y 196 de la LGAP.  Para que surja responsabilidad, señalan, debe verificarse la existencia de un daño.  En el caso de los daños ambientales, agregan, su concepto, por remisión legal, está contenido en las normas reglamentarias indicadas.  Reproduce, en lo de su interés, lo dispuesto por esta Sala en la sentencia n.° 675-F-2007 de las 10 horas  del 21 de septiembre de 2007.  La ejecución del permiso de corta, otorgado mediante resolución n.° 244-2008-SCH, argumentan, respetó las reglas de la ciencia y la experiencia, a fin de no provocar ningún daño, entendido este como una pérdida, disminución o menoscabo indemnizable, pues los impactos de esa acción fueron debidamente identificados y cuantificados, adoptándose las medias de control y mitigación pertinentes que fueron ejecutadas en forma eficiente, oportuna y efectiva.  La prueba documental y el resto de la testimonial, acotan, permite llegar a esta conclusión.  Es decir, de esa probanza, contrario a lo afirmado en el hecho 57 de la sentencia combatida, se determina que la tala rasa en terrenos de su poderdante, donde se desarrolla el proyecto, no provocó daño ambiental (no se afectó la flora, fauna, el paisaje, el suelo o el aire).  En consecuencia, apuntan, se violentaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al sustentar ese hecho en una errónea interpretación de lo afirmado por una deponente y no en la totalidad de los testigos que se refirieron al hecho; además, en abierta contradicción de la legislación aplicable a la materia, lo cual también conlleva el quebranto del principio de seguridad jurídica.  Un tercer aspecto, señalan, en donde se pretirió y valoró indebidamente la prueba, es en lo tocante al camino público.  Este tema, comentan, fue introducido como hecho nuevo durante el debate por la coadyuvante activa.  El Tribunal, sostiene, tuvo por probado la eliminación de un camino público para la realización de la laguna de relaves en el proyecto minero. Transcriben lo señalado en el hecho demostrado 54.  De nuevo, apuntan, los jueces sustentan su afirmación en prueba testimonial, en lo manifestado por la geóloga Sandra Arredondo Li, haciendo una apreciación arbitraria de su dicho.  Adicionalmente, comentan, en los hechos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 el Tribunal “descompuso” el indicado hecho nuevo para, en forma tamizada, tener por cierta la existencia del camino público y conjeturar el incumplimiento de su representada de informar respecto de su existencia a las distintas dependencias administrativas; o bien, que las resoluciones anuladas no hacen mención o análisis al respecto.  Los juzgadores, anotan, hicieron una apreciación sesgada de las afirmaciones de la indicada testigo Arredondo Li.  Transcriben, en lo conducente, lo expuesto por el Tribunal en el considerando XVIII de la sentencia impugnada.  Existe prueba documental y testimonial, incluso el mismo dicho de la señora Arredondo Li, aseguran, que contradicen lo señalado por los juzgadores.  La situación del camino, aseveran, era conocida.  Fue valorado adecuadamente su impacto.  Por eso, agregan, como medida compensatoria se habilitó, legalmente, otra ruta, mediante la cual se realineó el camino, no desapareciendo.  Por demás, añaden, para la ocupación del terreno municipal se inició el trámite correspondiente, según consta en el mismo hecho probado 54. Reproducen, en lo de su interés, lo afirmado por doña Sandra.  El Tribunal, agregan, no consideró, ni hizo mención, la prueba documental señalada, ni el hecho de que su representada señaló la existencia de otras opciones viables (protegiendo al ambiente y respetando los trámites legales) para construir la laguna de relaves.  Esto es, el camino no era la única opción, de lo cual el órgano jurisdiccional tuvo conocimiento; empero, al haber preterido la prueba llegó a conclusiones falsas y sesgadas.  Acompaña una tabla en la cual indican, a su entender, la prueba documental preterida en relación con el camino público.  Asimismo, señalan, el expediente administrativo levantado por la SETENA ratifica las afirmaciones de la testigo Arredondo Li.  En este apartado, estiman conculcadas las normas 17, 18, 19, 20, 24 de la LOA; 3 (incisos 34, 37 y 63), 11, 27, 30, 45, 46, 47, 48, 49 del Decreto Ejecutivo n.° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004, denominado “Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”; 4 de la Ley de Construcciones; 1, 2, 3, 4, 8 de la Ley General de Caminos Públicos; 25 del Decreto Ejecutivo n.° 34624-MOPT del 27 de marzo de 2008, denominado “Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal”; 8 y 51 del Código de Minería.  Además, añaden, la sentencia cuestionada conculcó los principios de razonabilidad y proporcionalidad al sustentar el hecho probado 54 y los otros relacionados, en la valoración arbitraria de una testigo que no posee las atribuciones de representación de su poderdante y, además, en abierta contradicción con la legislación aplicable a la materia.  No se efectuó, acotan, una ponderación, confrontación y comparación de todos los elementos probatorios y razonamientos jurídicos.  También, arguyen, se violentó el postulado de seguridad jurídica, al no aplicarse la legislación que regula el derecho de su mandante a obtener la constitución de una servidumbre minera en terrenos propiedad del Estado, con base en la declaratoria de interés público de la actividad, al amparo de una ley vigente.   Como cuarto y último punto donde, a juicio de los recurrentes, fue indebidamente valorada y preterida prueba, se indica el programa de minado.  Este tema, aseveran, es tratado desde dos aristas:  1) el acuífero inferior y 2) la profundidad de los tajos.  Respecto al primero, manifiestan, no existe ningún hecho controvertido ni situación fáctica alegada por la parte actora.  Por ello, estiman, no fue un aspecto en discusión.  Empero, comentan, el Tribunal incluyó los hechos probados 33, 34, 35, 37, 43, 44 y 45; transcriben los tres primeros.  En el considerando XIX del fallo cuestionado, alegan, el Tribunal establece las razones para fundamentar su posición.  Al analizar las razones del Tribunal para anular la viabilidad ambiental del proyecto, comentan, se determina que parten de las siguientes premisas: 1) su propia caracterización del acuífero inferior; 2) el impacto; 3) riesgo de contaminación del recurso hídrico; 4) ausencia de análisis del costo ambiental  por afectar dicho acuífero; 5) incidencia en los pozos de abastecimiento público de la zona; y 6) confusión entre la nociones de profundidad y elevación. Ninguno de esos presupuestos, manifiestan, fue demostrado en el proceso, siendo el resultado de una indebida valoración de la prueba.  En la audiencia del juicio oral, acotan, ofrecieron al testigo-perito Hugo Rodríguez Estrada, especialista en hidrología, quien participó en los estudios sobre las condiciones hidrológicas de la zona del proyecto, razón por la cual tenía conocimiento directo de los temas para los que fue ofrecido.  Don Hugo concluyó, en sus estudios, que los acuíferos sufrirían solo una eventual afectación en la posible área donde se excavarían los tajos.  En concreto, apuntan, respecto a la calidad del agua afirmó que no se preveía ningún efecto nocivo; y que la del acuífero inferior no era apta para consumo humano.  Esos estudios, alegan, los efectuó respetando la metodología de la SETENA.  Transcriben, parcialmente, lo afirmado por dicho testigo tocante a los resultados de esa evaluación.  Fue claro al señalar, comentan, que la evaluación de los efectos se realizó mediante la metodología aprobada por la SETENA y que el resultado de esa evaluación dio como resultado un impacto moderadamente negativo.  Reproducen, en lo de su interés, los interrogatorios efectuados por los jueces González Segura y Fallas Redondo, así como las respuestas de don Hugo.  La aparente duda de esos juzgadores, señalan, fue resuelta desde el  EsIA, siendo tomada en cuenta por la DGM para imponerle a su poderdante una limitación en la profundidad de extracción, con lo cual quedó claro, desde ese entonces, el nivel piezométrico y el del acuífero confinado.  Tocante al tema del acuífero inferior, vinculado a lo que sería la profundidad de la excavación en los tajos Botija y Fortuna, argumentan, el Tribunal tuvo por probada la intención de su poderdante de extender la explotación a niveles más allá que el autorizado por parte del Ministerio del Ambiente y Energía (hecho 37).  En este hecho, señalan, se le atribuyeron a su representada manifestaciones que no formuló, acciones que no ha ejecutado e incumplimientos a condiciones de una actividad que ni siquiera ha iniciado.  No existe evidencia, indican, que permita descifrar una acción a futuro; y los jueces no son adivinos o profetas para sentenciar, a priori, una conducta reprochable.  La apreciación del Tribunal que consta en los hechos probados antes indicados, estiman, parte de una premisa falsa.  Además, comentan, las proposiciones juzgadas no toman en cuenta la totalidad de la prueba, ni siguen la debida concatenación lógica de los eventos y tampoco respetan las particularidades propias de las conductas revisadas. El vicio de preterición de la prueba documental, arguyen, generó un sesgo en la valoración del testimonio del señor Rodríguez Estrada, pues no se dimensionó correctamente el error provocado por la pesquisa del Tribunal y la finalidad de su investigación.  De igual manera, afirman, con la indebida valoración, se concluyó que el hecho de que su mandante haya efectuado una valoración del impacto que puede producir el desarrollo de sus actividades en el acuífero inferior, en aplicación del principio precautorio, no implica que tenga la intención de violentar la condición técnica establecida por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, de no profundizar la extracción más allá de los 75 metros sobre el nivel del mar.  Su propósito, comentan, era evaluar los posibles impactos que pudieran ocurrir y contemplar, de antemano, las medidas de mitigación que deban aplicarse en caso de suceder.  Alegan conculcados los artículos 17, 18, 19, 20, 24, 84 de la LOA; 1, 3 (incisos 34, 37, 63) 11, 27, 30, 45, 46 del  Decreto Ejecutivo n.° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004, denominado “Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”; 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 26, 28, 31, 89 y 91 del Código de Minería.  El límite impuesto a la profundidad de la excavación, agregan, es una condición que debe respetar su patrocinada.  Fue establecida, comentan, en virtud de la evaluación ambiental y los estudios revisados por SETENA, debido a que es una excepción a la regla dispuesta en el precepto 13 del Código de Minería.  Agregan una tabla en la cual, conforme indican, enlistan la prueba sobre el recurso hídrico que consta en el expediente.  La preterición  de esa probanza, argumentan, hizo que el Tribunal sostuviera conclusiones infundadas y considerara acciones futuras falsas; desconociendo las normas señaladas.  Copia, en lo conducente, lo señalado en la sentencia impugnada.\n\nVI.  A la luz de lo preceptuado en el artículo 143 del CPCA, transcrito en el considerando II de esta resolución, se podrán ampliar no solo las causas alegadas originalmente; sino también los fundamentos de los agravios ya admitidos, con otros completamente novedosos.  Es decir, la ampliación del recurso de casación es un instrumento a través del cual las partes pueden alegar, luego de haberse admitido el recurso, no solo causas motivos; sino también argumentos o fundamentos jurídicos no señalados anteriormente en contra de la sentencia impugnada.  Ello quiere decir que resulta improcedente, vía ampliación del recurso, interponer, nuevamente, algún agravio que haya sido rechazado de plano, pero, en esta ocasión, corrigiendo los errores que motivaron su denegación.  Tampoco es de recibo desarrollar o explicar, con mayor detenimiento, las ideas planteadas en el o los agravios admitidos, pues no resultan fundamentos novedosos.  Dentro de esta línea de pensamiento, en el presente agravio, esta Sala, luego de un exhaustivo análisis comparativo entre el agravio rechazado de plano a IISA en el auto de admisión n.° 1355-A-S1-2011, de las 12 horas 20 minutos del 25 de octubre de 2011, considerando VII, y lo ahora expuesto, arriba a la conclusión que lo pretendido por los apoderados especiales judiciales de esa empresa no es otra cosa que reiterarlo, pero subsanando las falencias que esta Cámara indicó en la resolución indicada.  En este sentido, en ese motivo de disconformidad –primer agravio por quebranto de normas sustantivas, en donde reprocharon indebida valoración del acervo probatorio-, los apoderados de IISA habían alegado su disconformidad con lo resuelto en la sentencia combatida en torno a:  1) el tema de las modificaciones al proyecto minero, por exigirse un nuevo EsIA; 2)  a los supuestos daños ambientales producto de la tala rasa de árboles en la propiedad de su poderdante; 3) a la eliminación del camino público para construir, en su lugar, la laguna de relaves; y 4) a la intercepción del acuífero inferior.  Esa objeción, se reitera, fue rechazada de plano, al no contener la debida fundamentación jurídica, al no indicarse las normas sustantivas vulneradas y, por ende, omitirse también la explicación de cómo se produjo ese quebranto.  No obstante ese rechazo de plano, ahora, vía ampliación del recurso, los apoderados de IISA vuelven con los mismos temas indicados pero, ahora sí, identificando los medios de convicción indebidamente valorados o preteridos y señalando las normas de fondo o sustantivas conculcadas e indicando cómo se produjo ese quebranto.  Lo anterior, se reitera, no es procedente.  No se está ante un motivo nuevo, sino ante la reiteración de uno que ya había sido rechazado de plano, pero con la corrección de los errores señalados en el auto respectivo.  En este sentido, puede consultarse, mutatis mutandis, lo señalado por este órgano jurisdiccional en el auto n.° 1487-A-S1-2010 de las 16 horas del 1ero. de diciembre de 2010.  En consecuencia, se impone el rechazo del presente agravio.      \n\nVII. Incorporan una segunda sección que denominan “nuevos fundamentos del recurso” relacionados con el agravio ya admitido de haberse resuelto en contradicción con la cosa juzgada. Explican que esta ha sido una de las defensas fundamentales durante el proceso por estimar que los aspectos revisados en la vía contencioso administrativa ya habían sido analizados y juzgados por la Sala Constitucional. Luego de transcribir parte del recurso formulado originalmente, agregan, se ha sostenido la importancia de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada dentro del Estado de Derecho. Apuntan, a efectos de ampliar los fundamentos del recurso, desean introducir otro enfoque de esta defensa, el cual consiste en puntualizar los asuntos de legalidad analizados por la Sala Constitucional. Destacan la extensión del control constitucional y las vastas posibilidades de revisión de las actuaciones administrativas que tiene la vía de amparo, así como la autocomposición competencial del Tribunal Constitucional. Arguyen, la competencia ejercida por dicho órgano jurisdiccional es sustancial, en tanto valora si la conducta cuestionada produce o no un impacto ambiental; este realizó un examen completo de las conductas administrativas sometidas a su conocimiento por lo que contempló todos los alcances (constitucional, legal y técnico) para lograr una tutela efectiva del derecho constitucional. A partir del numeral 48 constitucional, analizan el objeto de los recursos de amparo, por lo que acotan que la jurisdicción contencioso administrativa tendrá una competencia residual para conocer de aquellos aspectos que el Tribunal Constitucional decida no entrar a conocer. Por ello, señalan, la cosa juzgada debe aplicarse en este contexto y no con el rigor y formalismo propio de la normativa procesal civil. Explican que al conocerse un proceso en sede constitucional sobre un daño al ambiente, deben valorarse, necesariamente, los aspectos técnicos y legales que le dan sustento a la conducta objeto del proceso. Indican, se analiza el marco normativo de la actividad, para lo cual se toma en cuenta que muchas de las actividades con mayor potencial de impacto ambiental lo son en función del uso y disposición de los bienes de dominio público. Por ello, manifiestan, al ser una actividad reglada, la ponderación de sus impactos se facilita por la delimitación de su campo de acción. Además, dicen, la regulación dispone bajo qué condiciones se permite este y los requerimientos necesarios para desarrollar el aprovechamiento, sean de índole legal o técnica. La valoración de los impactos ambientales, plantean, debe fundamentarse en estudios técnicos elaborados por profesionales competentes mediante el uso de una metodología preestablecida, por lo que su convicción y solidez estará determinada por la calidad de quienes participaron, la metodología empleada, los datos y análisis obtenidos así como la posibilidad de verificar y cotejar los resultados. Detallan cuáles fueron los temas y conductas analizadas por la Sala Constitucional en relación con el proyecto, los cuales se enumeran a continuación, manteniendo la separación realizada por los recurrentes de “asuntos de legalidad conocidos y juzgador por parte de la Sala Constitucional “ y “asuntos de legalidad no conocidos por parte de la Sala Constitucional” Dentro de los primeros incluyen: a) Viabilidades ambientales; b) Análisis del Costo Beneficio; c) Decreto de Conveniencia Nacional n.° 34801-MINAET; d) Aplicación del principio precautorio; e) Bosque (aprovechamiento forestal mediante la modalidad de cambio de uso); f) Recurso hídrico; g) Uso del cianuro; h) Sismicidad; i) Drenaje ácido; j) Lagunas de relaves; k) Participación ciudadana; l) Impacto ambiental derivado del uso de explosivos; m) Permiso de aprovechamiento forestal; n) Daño ambiental; o) aplicación de la moratoria minera al Proyecto Crucitas. Dentro de los segundos, detallan: a) Evaluación ambiental de los cambios propuestos al proyecto (contenido de los estudios); b) Uso de explosivos, específicamente, la conformidad o no desde el punto de vista técnico de los permisos o estudios realizados; c) Infraestructura del proyecto minero (aclara que este aspecto no fue objeto de discusión en la etapa de juicio ni fue considerado por el Tribunal en la sentencia); d) Políticas públicas. Respecto de cada uno de estos puntos, realizan transcripciones de votos de la Sala Constitucional.\n\nVIII.  Como se expuso en el considerando VI de esta resolución, la ampliación del recurso de casación es un instrumento procesal a disposición de los recurrentes, por medio del cual solo se podrán alegar motivos o causas, así como fundamentos o razones jurídicas, no expuestos anteriormente.  Vale decir, completamente novedosos. En el aludido auto de admisión de esta Sala, se le admitió a IISA el agravio referente a la supuesta violación a la cosa juzgada.  En esencia, lo alegado por los apoderados de esa compañía radica en que la Sala Constitucional, en los diferentes recursos de amparo interpuestos, se pronunció en torno a todos los aspectos planteados, no solo de constitucionalidad, sino también de legalidad, al amparo de la probanza evacuada en esa sede, los cuales son reiterados ahora ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En consecuencia, indican en ese reparo, los juzgadores contencioso administrativos no debieron conocer este proceso, sino declarar o acoger la excepción de cosa juzgada interpuesta.  Ahora, en la ampliación, los casacionistas reiteran ese argumento, especificando, en forma detallada, cuáles aspectos de legalidad invocados en este proceso, a su juicio, fueron conocidos y resueltos en sede constitucional y cuáles no. Tal alegato no configura una fundamentación nueva, no se brindan razones jurídicas novedosas, por las cuales el agravio admitido deba prosperar; por el contrario, se trata de una especificación de lo ya expuesto.  Es decir, los casacionistas se limitan a detallar cuáles son los temas de legalidad, que en su criterio, fueron resueltos por la Sala Constitucional y cuáles no.  En resumen, lo alegado se enmarca dentro del mismo eje temático de lo expuesto en el agravio admitido; no se introduce ningún argumento jurídico distinto, para tenerse como ampliación de los fundamentos.  Por ende, se impone su rechazo.   \n\nIX.  En mérito de las razones expuestas, débense rechazar las ampliaciones a los recursos de casación, formuladas por los apoderados especiales judiciales de ASOCRUCITAS e IISA.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechazan las ampliaciones de los recursos de casación presentadas por la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. y de Industrias Infinito Sociedad Anónima. Tome nota el apoderado especial judicial de Asocrucitas de lo señalado en el considerando IV de esta resolución.\n\n \n\n  \n\nAnabelle León Feoli\n\n \n\n\n\n\n \n\nLuís Guillermo Rivas Loáiciga\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\nRomán Solís Zelaya\n\n\n\n\nÓscar Eduardo González Cammacho\n\n\t\n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\nMJIMENEZ\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 10:22:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**AMPLIFICATION OF THE ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS INFINITO S.A. (ASOCRUCITAS)**\n\n**I.** The representative of ASOCRUCITAS alleges, as the first ground for amplification, the improper weighing of the evidentiary elements. He states that the testimony, in the mode of expert-witness (*testigo-perito*), was the \"star\" element of conviction in this proceeding, having become the sole means of verifying several proven facts in the challenged judgment. He defines what he understands by this figure. He points out that the lower court violated articles 82 subsection 4 and 83 of the Contentious-Administrative Procedure Code (*Código Procesal Contencioso Administrativo*, CPCA), since it could not, based on the statements of two witnesses for the plaintiff, both surnamed Astorga, indicate that a new Environmental Impact Assessment (*Estudio de Impacto Ambiental*, EsIA) was required. The foregoing, he affirms, because: 1) they are not experts (*peritos*); 2) determining whether a new study was required is not a factual or evidentiary matter. Therefore, he argues, the judges should not have delegated nor relied on what was affirmed by them; 3) there is an absence of the normative analysis on which the lower court based its affirmation of the need for a new EsIA; 4) in their moment, both the other witnesses and the authorities and the provisions in force (numerals 17, 18, 19, 20 of the Organic Environmental Law –*Ley Orgánica del Ambiente*, LOA–; 3.6, 27, and 46 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures –*Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental*), prove that a new EsIA was not necessary; and 5) due to the professional irresponsibility of one witness, the lower court, without basis, concluded that the EsIA was necessary. The abusive or disproportionate appraisal and weighing of the testimonial evidence, in the mode of expert-witness, he adds, is reflected in one of the central points of controversy in the *sub júdice*: the modification of the Crucitas Mining Project (project), presented by the company Industrias Infinito S.A. (IISA) on December 6, 2007, before the National Environmental Technical Secretariat (*Secretaria Técnica Nacional Ambiental*, SETENA). He transcribes proven fact number 23 of the contested judgment. He also alludes to what was set forth in recital XII of that ruling, regarding the need to provide a new EsIA. This conclusion was reached, he states, based on the statements of witnesses Allan Astorga and Yamileth Astorga. This, he notes, not only reflects an abusive and disproportionate appraisal of what they affirmed; but it also represents a legal interpretation that the lower court rests on the opinion of witnesses. The decision of whether the modification of the plan required a new EsIA, he affirms, was not a factual question, but a legal one. The judges could not affirm whether a new plan was required because the witness said so, especially when other deponents, who knew the plan and the modification in depth, asserted the opposite. The lower court ordered the annulment of the mining exploitation concession, he believes, based on the opinion of two witnesses, not on legal considerations. This, he adds, reflects the absolute absence of a global weighing of the evidence. The modification to the project, he points out, included diverse studies carried out by professionals in areas such as: Forest Engineering, Biology, Geology, Hydrology, Sociology, and Geography. It also included specialists in specific aspects such as: terrestrial ecosystems, aquatic habitat recovery, herpetology, entomology, and botany. In this sense, he indicates, the evaluation file for the proposed changes to the project contains a series of studies, which he lists. He transcribes, in what is of interest, the ruling of the Constitutional Chamber in vote no. 6922-2010; likewise, the statements made by witness Sonia Espinoza Valverde. For the modifications to the project, he asserts, a new EsIA was not necessary, since the activity was not changed, nor was there an expansion of the area. However, he relates, IISA presented technical reports detailing the changes and impacts of an environmental and social nature that would arise, as well as a detailed list of mitigation measures. Nevertheless, he affirms, the lower court did not weigh this. The challenged ruling, he notes, breached precept 82 subsection 5) of the CPCA. He states that the administrative file was not taken into consideration; and, therefore, the technical reports contained therein. Credibility was given only to expert-witnesses who had no knowledge of the facts. The duty to assign the value that the law grants to the evidence was breached; as was the duty to weigh jointly the evidentiary elements provided to the proceeding. And, most seriously, he comments, the lower court omitted its role of weighing evidence, motivating, and substantiating its decision. Within what he calls \"[…] some topics in which the appraisal of the evidence under the rules of sound judgment was not carried out, nor a comparative and conscientious study of all the evidence in the record […]\", he alludes to what was resolved regarding: 1) the clear-cutting of trees on IISA's properties (proven fact 57 of the appealed judgment). He indicates that it is not true that geologist Sandra Arredondo Li affirmed what the lower court holds as proven. Her statement, he notes, is completely opposite to what was stated by the lower court; which, he adds, together with the reports from the competent authorities in the record, as well as the statement of other witness officials of SETENA, confirms that the clear-cutting on IISA's properties could not cause environmental damage and that this activity was carried out under strict procedures and supervision of biologists who had the task of avoiding any damage to the flora and fauna of the site. He transcribes, in what is of interest, what was stated by Mrs. Arredondo Li. Consequently, he affirms, the permit granted in resolution no. 244-1008-SCH respected the rules of science and experience. He reproduces, as pertinent, what was affirmed by witness Eduardo Murillo Marchena. He presents a table describing the documentary evidence, in his opinion disregarded by the lower court, through which, he indicates, it is demonstrated that no environmental damage was produced by the activities carried out.\n\n| Evidence Description | |\n| :--- | :--- |\n| **Evidence** | **Description** |\n| SETENA Resolution No. 244-2008-SCH | This document granted the forest harvesting permit and established the conditions under which the activity had to be carried out, among them, the presence of a forestry engineer and a biologist at the harvesting site. |\n| Technical Report of the MINAE Official, Eduardo Murillo Marchena, dated December 2, 2008. | An inspection was carried out one day after the activity concluded, finding no environmental damage, verifying the recovery of useful timber, and the proper application of the prevention and mitigation measures established in the EsIA. |\n| Inspection Report of the Conservation Area Arenal-Tempisque (ACAT) of SINAC, dated November 25, 2008. | It corroborates that the harvesting was carried out properly and that no damage to flora and fauna was observed. It also certifies the total absence of trees of protected species in the clearing polygon. |\n| Document \"Cadastral Map of the Crucitas Mining Project, Delimited Forest Clearing Area, Forest Inventory, and Biological Parameters\" prepared by engineer Adrián Vásquez and biologist Giovanni Artavia. | It shows the precise location of the 30 hectares dedicated to clearing (apron, processing plant, offices, etc.) and the meticulous prior study of each felled tree and the surrounding biodiversity. |\n| Statement of Eduardo Murillo Marchena, MINAE official. | He clarified that the activity was controlled, supervised, and correctly executed. It was not a \"clear-cutting\" in the pejorative sense used in the lawsuit, but a selective utilization of a delimited area, fully contemplated and evaluated in the EsIA and its Annex 1. |\n| Statement of Sandra Arredondo Li. | Detailed the exhaustive technical work and the supervision carried out, and that the only incident (a pool of water from rain) was not an environmental impact but a common operational situation, immediately corrected. |\n| Statement of Giovanni Artavia Vásquez. | Corroborated the rigor of the forest inventory and the non-existence of damage to flora and fauna. |\n\n2) Public road, this topic, he points out, was introduced as a new fact by the active coadjuvant, by affirming that the corresponding procedures were not followed for its elimination for the purpose of locating the project's tailings pond there. The lower court, he argues, held this fact as proven based on the statement of geologist Arredondo Li. He partially copies what was indicated by the judges. Additionally, he comments, in the proven facts of the challenged ruling numbers 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, and 53, the existence of the road was held as true, inferring IISA's non-compliance. He reproduces what the lower court indicated in recital XVIII. From the statement of the indicated witness, he relates, the conclusions indicated by the judges cannot be extracted, quite the opposite. This, he comments, allows affirming that only biased parts of statements were taken into consideration, leaving aside documentary evidence, as well as the testimonies of other experts. He transcribes what was indicated by Mrs. Arredondo Li. From the SETENA administrative file, he alleges, the affirmations of this witness are confirmed: a) the corresponding procedure for the occupation of the municipality's land was initiated; b) to be able to occupy it, legitimate legal means were used, provided for in the legal system in force at that date; c) the situation of the public road was known by the administrative entities, being an aspect assessed within the impacts of the mining project, offering compensatory measures: enabling another route, with which the road was realigned, not disappearing. He incorporates a table in which he alludes to the references regarding the topic of the public road, contained in the EsIA and the Technical and Economic Feasibility Study presented, respectively, to SETENA and the Directorate of Geology and Mines (DGM).\n\n| Document and Section Reference | |\n| :--- | :--- |\n| **Document** | **Reference to the Public Road Topic** |\n| Environmental Impact Study. Section 4.8.5.5. Infrastructure features in the damming area. | \"Inside the property, there is an 836-meter segment of a municipal road that goes from Crucitas to the town of Llano Verde. This road is located inside the Gleba 3 property, parallel to the Fortuna River. ... The lake will be developed on both banks of the road, so its disappearance is proposed and as compensation, the opening of a new section that allows communication between the small communities in the area ...\". (Pages 120-121). |\n| Environmental Impact Study. Section 4.8.5.2.1. Dikes. | \"The main dam No. 1, is located exactly where the municipal road crossing the property currently runs, which must be closed ...\". (Page 93). |\n| Environmental Impact Study. Section 6.2. Actions to be carried out in the project. | \"... It is proposed to relocate the road that connects Crucitas with the community of Llano Verde, in a segment of approximately 836 meters in length that passes through the project's lands, along the bank of the Fortuna River ...\". (Page 163). |\n| Technical and Economic Feasibility Study, presented to the DGM. Section 6.1.1.3. | \"With this modification, the tailings containment dam is located at the same site as was proposed in the original project (the EsIA of 2001) within the mining concession and on the bed of the municipal road that currently communicates Crucitas with Llano Verde. For this purpose, the closure of this road within the property will be managed upon obtaining the respective permits ...\". |\n| Technical and Economic Feasibility Study, presented to the DGM. Section 6.5. Environmental Aspects. | \"Since the project was the subject of an Environmental Impact Study (approved by SETENA resolution No. 3638-2005-SETENA), and the activity to be developed is the same (gold mining), with only some physical modifications to the project ... the environmental impacts generated by this modification are practically the same as those identified in the EsIA ... which will have the same mitigation measures as originally proposed, including the closure of the municipal road ... offering alternative routes ...\". |\n\nThe lower court, he points out, did not consider, nor make mention of the fact that IISA indicated that there were other viable options, protecting the environment and respecting legal procedures, to build the tailings pond. On the contrary, he adds, due to a lack of global weighing of the evidence, it arrived at false conclusions. 3) Mining program. In the same way, he indicates, it reached erroneous conclusions that do not reflect the reality of the facts, nor of the evidence produced in the proceeding. This topic, he argues, was addressed from two aspects: 1) the lower aquifer and 2) the depth of the pits. He points out that articles 50 of the Political Constitution; 18, 19, 84 of the LOA; 1, 3, 11 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (referring to the objective and scope of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures); 1, 4, 6, 12, 19, 26, 28, 89, and 91 of the Mining Code were violated. Regarding the lower aquifer, he relates, there is no disputed fact, if factual situation alleged by the plaintiffs; therefore, he indicates, it was not a controversial topic in this litigation. However, the lower court included it in the list of proven facts; he transcribes numbers 33, 34, and 35. Likewise, he indicates that the judges, in recitals XII, XIV, and XIX, made reference to diverse premises, through which they supported the nullity of the environmental viability. However, he comments, they are erroneous and the product of an improper and biased appraisal and weighing of the evidence. IISA, he argues, offered the expert-witness, hydrology specialist, Hugo Rodríguez Estrada, because he participated in the studies that said company carried out regarding the hydrological conditions of the project area. In his reports, the appellant points out, he concluded that the aquifers would only suffer an impact in the eventual excavation area of the pits; moreover, in relation to water quality, no harmful effect was foreseen. He indicated that the water quality of the lower aquifer was not suitable for human consumption. Those studies, he affirms, were carried out respecting SETENA's methodology. He transcribes what was indicated by said witness. The deposition, he asserts, was clear: the evaluation of the effects was carried out using a system that SETENA has, resulting in a moderately negative impact. He reproduces proven fact 37 of the questioned judgment, related to the lower aquifer and the depth of the excavation in the Botija and Fortuna pits. In recital XIX of the contested judgment, he relates, the lower court concluded that there was intent on the part of IISA to mislead the Administration, because the interception of the lower aquifer was essential for the development of the project by having the water derived from that interception, which would be pumped to the tailings pond. The judges, he affirms, point out that IISA did not adhere to the technical condition contained in official communication DGM-DC2085-2001, so there is a supposed fraud of law, by attempting to present before SETENA, in 2007, as changes to the project, what was actually contemplated in the original plan since 2000 before the DGM. He transcribes what was indicated by the lower court. The foregoing demonstrates, he points out, that the necessary distinction was not made between the effects of the environmental viability, the conditions of the mining concession, and the consequences of its non-compliance; which, he argues, caused serious errors in the conclusions reached. He adds a table in which he describes the documentary evidence provided in relation to the topic of groundwater.\n\n| Evidence Description | |\n| :--- | :--- |\n| **Evidence** | **Description** |\n| \"Hydrogeological Feasibility Study for the Location of a Water Well for Consumption and Industrial Use in the Crucitas Mining Project, San Carlos.\" November 2008. Pedro Calderón H. Consultant Hydrogeologist. | Prepared by an expert in hydrogeology, following the guidelines of the Water Directorate and the MINAE-SENARA regulation for the drilling and operation of water wells, it scientifically demonstrates the hydrogeological feasibility of the water supply wells, confirming the existence of a deep aquifer, which is an extension of the Colón Formation, with excellent hydraulic characteristics and water of optimal physico-chemical quality. |\n| \"Hydrological Baseline. Crucitas Mining Project.\" December 2008. Hugo Rodríguez Estrada. Hydrologist. | Defines the baseline of surface and groundwater bodies, thoroughly analyzing river flows, local climatology, and the characteristics of the existing aquifers. |\n| \"Specialized Analysis. Groundwater Component: Analysis of Potential Effects.\" March 2006. Hugo Rodríguez Estrada. Hydrologist. | Evaluates the effects of mining exploitation on the quality and quantity of groundwater, concluding that the expected effects are moderate and manageable. |\n| \"Specialized Analysis. Surface Water Component: Analysis of Potential Effects.\" March 2006. Hugo Rodríguez Estrada. Hydrologist. | Evaluates the effects on surface waters (Fortuna River and streams), determining that with proper water resource management and the proposed treatment systems, no significant negative impacts are anticipated. |\n| Hydrogeological Report \"Pozo Crucitas 1, Final Report.\" December 2008. Pedro Calderón H. Consultant Hydrogeologist. | Describes the construction, development, and testing of the \"Crucitas 1\" well, carried out under the strictest technical standards, confirming the existence of a multilayer aquifer with a yield much higher than required by the project. |\n| IISA Note (DGM) 106-2009. Results of the pumping test and water quality analyses of the Crucitas 1 well. | Official communication from IISA to the DGM, attaching the results of the 72-hour pumping test and complete physico-chemical and bacteriological analyses, demonstrating the sustainability of the resource. |\n| Statement of Hugo Rodríguez Estrada. | Corroborated that the lower aquifer was studied in detail, that its water is not suitable for human consumption, that the project impacts on it were evaluated following SETENA methodologies, and that these are temporary and reversible. |\n\nThe lower court's appraisal, contained in proven facts numbers 37, 43, 44, and 45, he affirms, starts from a false premise. The totality of the evidence was not taken into account; neither, he adds, was the proper logical concatenation of events followed, nor were the particular characteristics of the reviewed conducts and the applicable legislation respected. He alleges the violation of provisions 50 of the Political Constitution; 2, 17, 18, 19, 20, 59, 84, 98, 101 of the LOA; 4 of the Construction Law; 1, 2, 3, 4, 8 of the General Public Roads Law; 1, 2, 6, 8, 12, 19, 26, 28, 51, 89, 91 of the Mining Code; 25 of the Regulation on the management, standardization, and responsibility for public investment in the cantonal road network (Executive Decree No. 34624-MOPT of March 27, 2008); 3 subsections 6, 27, 43, 46, 98 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Executive Decree No. 31.849); 1, 3, and 11 of the Executive Decree on the objective and scope of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures –EIA– (No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC); 82 subsection 4, 83, 220 of the CPCA; 318, 330, 351, 352, 354, 358, 401, 404, 407 of the Code of Civil Procedure.\n\n**II.** Regarding what is indicated in the previous recital, the following must be noted. The drafting of the present grievance suffers from imprecision, which makes it confusing. It intermingles a series of dissimilar aspects. Due to this situation, this Chamber interprets that the appellant alleges, as a core aspect, the improper weighing of the testimonies of Messrs. Allan and Yamileth, both surnamed Astorga; as well as the disregard of the elements of conviction he indicates, when the lower court established the duty IISA had to provide a second EsIA, due to the modifications or changes to the mining project that it proposed to SETENA on December 6, 2007. Furthermore, and as arguments by way of further elaboration, he alleges a series of topics, not exhaustive, in which, in his understanding, the judges erroneously appraised the evidence. Within this line of thought, precept 143 of the CPCA states: \"1) The grounds and foundations of the appeal may be amplified in writing, on a single occasion, up to five business days after all parties have been notified of the admission order. / 2) If it meets the requirements provided for in this Code, it will immediately be made known to the parties. / 3) The amplification of the grounds must meet the requirements provided for in this chapter for the initial appeal. Those indicated in the second paragraph of article 139 may be corrected in accordance with the rules provided in article 141 of this same regulatory body. In the same way, the rules referring to outright rejection, contemplated in article 140 of this same Code, will be applicable. / 4) When an oral hearing has been scheduled, the resolution making known the amplification of the appeal must be notified to the opposing party, at least two business days in advance.\" (The underlining is not from the original). Likewise, it must be remembered, as indicated in the admission order, No. 1355-A-S1-2011 of 12 hours 20 minutes on October 25, 2011, the indispensable duty for the appellant to indicate, clearly and precisely, the legal foundation, as a material requirement necessary both for the admission of the objections and for their subsequent analysis. The appellant, within the fourth point of the grievance, called \"SUBSTANTIVE [sic] RULE BREACHED [sic]: Form and Manner in which they were violated\", indicates which precepts, in his opinion, were violated by the contested judgment. Due to the importance this holds for the resolution of this ground for disagreement, what was set forth in said section is transcribed: \"First, we accuse article 82 of the Contentious-Administrative Procedure Code as infringed, insofar as it establishes in its subsection 4) that the evidence will be appraised in accordance with the rules of sound judgment. And article 83 ibidem insofar as it indicates that the declaration of expert-witnesses will be governed by the rules of testimonial evidence. In concordance with the previous articles, we accuse the violated numerals 318, 330, 351, 352, 354, 358, 401, 404, and 407 of the Code of Civil Procedure and numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which allows, for matters not expressly provided for in this Code, the application of the principles of Public and procedural law, in general. / Regarding the infringed substantive rules: / a. In relation to the environmental damage produced by the forest harvesting activities [sic] The [sic] substantive rules transgressed with the lack of weighing of the evidentiary means are article 50 of the Political Constitution, article [sic] 2, 59, 98, and 101 of the Organic Environmental Law and in subsections 26 and 43 of article 3 and in [sic] 98 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, Executive Decree number 31849. / The existence of damage not contemplated in the EsIA and its Annex as well as in its Modification is not accredited in the documentary or testimonial evidence. The clearing activities were carried out taking into consideration the measures contemplated in each of said instruments, and the reports of the competent institutions certify this. / b. As we explained at the beginning, the origin of the defect that is here attributed [sic] to the judgment comes from an evidentiary topic and evident non-compliance with the jurisdictional power, which I explain. The court could not, based on two witnesses, say whether or not a new EsIA was necessary. / The substantive rules transgressed with said improper appraisal are articles 17, 18, 19, and 20 of the Organic Environmental Law, and articles 3.6, 27, and 46 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures. / Based on these provisions, it follows that, due to the characteristics of the modifications made to the project, it was not necessary to proceed with the presentation of an EsIA, but rather that the process of modifications carried out complied with the procedure required by law. / The topic was not an evidentiary or factual topic [sic], much less for witnesses to determine whether or not a new EsIA was necessary; by doing so, the judge not only violated that rule, which does not establish such a requirement for cases of project modification, but also \"abandoned\" and delegated to the statement of a witness what was his constitutional duty. The lower court lightly and illegally considered that such an EsIA was necessary. / c. In relation to the public road, the rules transgressed with the arbitrary judgment of the evidence are the substantive rules that regulate the matter of public roads, the public interest of mining activity, and the right of the concessionaire to obtain the constitution of a mining easement (*servidumbre minera*). Specifically, article 4 of the Construction Law, articles 1, 2, 3, 4, and 8 of the General Public Roads Law, article 25 of Executive Decree number 34624-MOPT, of March 27, 2008, Regulation on the management, standardization, and responsibility for public investment in the cantonal road network, and especially articles 8 and 51 of the Mining Code. / The Mining Code contemplates, based on the declaration of public interest of mining activity, that the holders of exploitation concessions may request the constitution of a mining easement on public lands for the construction of a tailings pond. That this procedure is carried out after obtaining the environmental viability, since it implies obtaining a permit, which, if not obtained, entails that the work cannot be developed, and the developer must proceed to make a technical modification of the project, which must be assessed again by the competent technical bodies. / d. In relation to the mining program, the substantive rules [sic] transgressed with the arbitrary judgment of the evidence are article 50 of the Political Constitution, articles 18, 19, and 84 of the Organic Environmental Law, articles 1, 3, and 11 of Executive Decree number 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, on the objective and scope of the General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures and articles 1, 4, 6, 12, 19, 26, 28, 89, and 91 of the Mining Code. / The fact that the company assessed the environmental impact that the extraction of mineral beyond the 75 meters above sea level mark could mean for the groundwater does not imply that it had the intention of failing to comply with the condition imposed by the Executive Power in the resolution granting the concession. / Contrary to what the lower court states, in the application of the Precautionary Principle, it was an obligation for the company to proceed in such a way, since if it had not been done, there would be an unevaluated risk. / Based on the restriction imposed by the Executive Power, in accordance with the provisions of article 89 of the Mining Code, and upon IISA having accepted said obligation when requesting the registration of the resolution granting the concession before the National Mining Registry, in accordance with the provisions of article 91 of the Mining Code, said restriction is mandatory. Non-compliance with this obligation by IISA entails the cancellation of the concession.\" From the foregoing, it is clear that the appellant, concerning the crux of the grievance: the lower court's error in demanding a second EsIA, does not fulfill the duty to set forth the technical-legal argumentation, lacking, consequently, a legal foundation. In this regard, besides citing a series of rules from the LOA and the so-called General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, he merely points out that it follows from those provisions, due to the characteristics of the modifications made to the project, that proceeding with the presentation of an EsIA was not necessary; and that with the process of modifications carried out, the procedure required by law was met. Such argumentation, given the demands of cassation, is succinct, sparse, insufficient. It is not indicated or explained what the rules he cites provide; nor how they were breached in the questioned judgment. That is to say, those provisions are not analyzed by contrasting them with the lower court's resolution to determine their violation. The necessary connection or link between what is prescribed by those rules and what was resolved by the judges is not established, to sustain that they were violated. He merely makes an affirmation without any support, so it does not go beyond being a mere subjective appraisal. He does not clarify why, in light of what is indicated by those precepts, a new EsIA was not necessary, given the characteristics of the proposed modifications. Then, the appellant, in point five of the grievance, states that he will refer to the manner in which the provisions he indicated were transgressed. Due to the importance this holds for the resolution of the present disagreement, what is set forth in said point is transcribed: \"The manner in which the previously indicated rules were transgressed occurred through: / a. Error of law in attributing full value to the statements of the expert-witnesses, and in general an arbitrary appraisal of the testimonial evidence; / b. Absence of a procedural weighing, individualized and jointly, of the evidentiary elements that formed part of the proceeding and error of law given the denial of the value that the law grants to documentary evidence, / c. Failure to weigh the evidence according to the criteria of rational, logical weighting founded on experience, which surround the rules of sound judgment; / d. Delegating a legal foundation onto a factual or evidentiary question, with the aggravating factor that it did so based on the statement of a witness. / e. Affirmations of a technical nature, far removed from the practices of official expert reports. / f. Omitting any analysis of motivation or legal foundation, based on rules, at this point, since these functions were improperly delegated to the opinion of two witnesses, as if it were the function of witnesses to speak of legal or regulatory requirements for this or that procedure. / g. Because it omits any consideration of the documentary evidence -detailed-, technical reports -detailed-, and testimonial evidence of the involved bodies and heads of oversight entities, which said the opposite. / h. In this proceeding, the documentary evidence was abundant and ranges from the administrative file, which contained all the technical reports and studies that supported the environmental viability granted to the company IISA, to various reports presented by IISA that demonstrated the validity of the administrative act. / i. All these are linked not only to the role of each element in the proceeding, but also to the function of each subject in the proceeding. Neither can the judge declare as a witness, nor does the witness substitute the judge in his function of weighing, grounding, arguing, and motivating. This is also linked to the system of sound judgment, since in the axiological exercise of attributing the legal consequence to a factual point and weighing the evidence in an isolated and individualized manner, it causes the judge to be able to incur errors, which, as in the specific case, produce a judgment contrary to the facts, to the evidence, and biased against IISA and the Crucitas Mining Project, because the judge renounced the duty to provide grounds, illegally delegating it to a biased opinion of two witnesses. The weighing of the evidence, the legal consequences that a fact attributes to the legal system, the foundation, or the subsumption of a fact to a legal consequence is the exclusive resort of the judge. / j. Article 82 has been breached [sic] because the evidence in this proceeding has not been weighed in accordance with sound judgment, there is no balance among all the elements that make up the evidence within the proceeding, the Contentious-Administrative Court did not analyze the elements of judgment that the parties contributed to the proceeding as a whole, which prevented, according to sound judgment, the assignment of the corresponding value. In the weighing process carried out by the judges, all the various pieces of evidence with which they sought to demonstrate the falsity of the facts alleged in the complaints were not examined, which meant that a global evaluation of all of them was not subsequently carried out, a comparative study of the evidence was not made, in such a way that the conclusions they adopted in the judgment do not constitute a true synthesis of the totality of the evidentiary means and of the facts contained therein, which resulted in the substantive norms not being applied to the specific case.\" (The underlining is from the original). From its analysis, it is clear that it is not indicated, with the required clarity and precision, how what was resolved by the judges violated the rules that are alleged to have been breached; except with article 82 of the CPCA, with which he does make a detailed explanation of why it was breached. However, that provision is procedural in nature, not substantive; furthermore, it indicates generic aspects regarding the evidence in the contentious-administrative proceeding, among them, that they must be appraised in accordance with the rules of sound judgment, so its invocation is not necessary. What is alleged by the appellant rather constitutes a new argument regarding what was set forth in the objection, but it does not explain how what was resolved by the lower court, regarding the need to require a second EsIA, transgresses the provisions of the rules he cited. In summary, there is no connection between what is affirmed and the necessity to explain clearly and precisely how the contested judgment breached the rules invoked as transgressed. Consequently, since the grievance on the merits lacks total legal foundation, its rejection is imperative.\n\n**III.** In the second grievance, he claims, first, that the contested judgment breached the constitutional principle of legal certainty. In this regard, he alleges the violation of articles 50 of the Political Constitution, 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, and 8 subsection 2 of the Organic Law of the Judicial Branch. He transcribes, in what is of interest, what the Constitutional Chamber provided regarding that postulate in judgment No. 878-2000. The project, he points out, has all the necessary permits to apply for the mining exploitation concession, which he details. IISA, he argues, respected the legal and regulatory norms to obtain the exploration permit and, subsequently, mining exploitation. The requirements that the Costa Rican legal system establishes for the exploitation of mining activity, he affirms, were met by said company. Despite this, he points out, it was forced to defend its right. The Constitutional Chamber, he notes, rejected the amparo appeals filed against the concession and against various public authorities, thereby validating and giving legal certainty to the granted concession.\n\nHowever, the same situation was re-raised before the Contentious Administrative Court, which decided to strip IISA of the concession, based no longer on the legal system, but on arbitrariness, on the opinion of \"know-it-alls (todólogos),\" impertinent, unsuitable evidence, without a normative analysis, but rather delegating its duty to the opinion of witnesses. The alleged defects on which the Court bases its decision, it points out, are not classified as such by the Costa Rican legal system, which violates, in addition to the aforementioned principle, those of proportionality and reasonableness. It transcribes proven fact number 23 of the challenged judgment, which refers to the omission of requiring a new environmental impact assessment (EsIA), or any other environmental assessment instrument; to the holding of a new public hearing to analyze the impacts that could be generated by the changes introduced by IISA to the project. The judges, it adds, did not take into account that, according to Costa Rican regulations, in the case of the modification to the project, it was not necessary to submit a new environmental impact assessment (EsIA), which is why, it considers, SETENA's decision not to request one was not a matter of an interpretive or discretionary nature, but rather in compliance with the regulations. Furthermore, it adds, the Court did not assess or consider the studies provided together with the project proposal that are in the file for \"Evaluation of Proposed Changes to the Mining Project (Evaluación de Cambios Propuestos al Proyecto Minero),\" which it details but does not analyze. The violation of the referenced principle, it states, occurs because the Costa Rican State granted a concession, upon prior fulfillment of all legal and regulatory requirements. Additionally, scientific and technical studies were carried out to obtain it. Therefore, it questions how a court of law—not a technical one—without objective expert or scientific evidence, solely with the testimony of two witnesses, can bring down the concession without any foundation, and without stating, normatively, why one or another requirement is not met. Furthermore, it points out, as a manifestation of this principle, the guarantee of objective application of the law was disrespected. The arguments on which the Court based its decision are not interpretations of the law; but rather, it asserts, validity requirements \"legislated\" or invented by the judges. It partially transcribes what the Constitutional Chamber stated regarding the principle of rationality, without indicating which vote it corresponds to. Regarding the postulates of reasonableness and proportionality, it asserts, they are necessary. This, it points out, refers to the fact that if the measure-action is not carried out, important public interests would be harmed. In the sub judice case, it comments, one might think that a public interest asset is being protected—environment, the water resource (recurso hídrico)—but the truth is that the alleged damages were never proven. Everything, it affirms, is speculation, value judgments about what could happen, made by deponents who do not have direct knowledge of the facts, in contrast to witnesses and technical studies which demonstrated that, if negative effects were to occur, there were sufficient mitigation measures to counteract them. The Court, it comments, to annul the concession, based its decision on the testimony of the plaintiff's witnesses. Such a decision, it notes, is neither rational nor proportional. It is questioned: how can a mere witness who does not have to provide a reason for their statement, who did not conduct direct studies of the project, contradict all the technical studies, public documents, analyses of public institutions, and the testimonies of various professionals in each specialized area? The contested judgment, it argues, is unsuitable because, from a study of the administrative file, testimonies of witness-experts (Sonia Espinoza and Sandra Arredondo Li) and the technical studies that are in the file, it is evident that there are other mechanisms that, in a better way, solve the apparent existing need (protection of the environment, water resource (recurso hídrico)), which fulfill that purpose of protection. Regarding the postulate of proportionality, it states, from a comparison between the purpose pursued by the challenged resolution (protection of the environment, of the water resource (recurso hídrico)) and the scope of that ruling in terms of the damages and losses for the country, for IISA, and for the communities benefited by the project, it is evident that the harm is greater than the supposed benefit obtained with the judgment. On the other hand, it adds, the postulate of reasonableness is a parameter for judging, representing a limit on the exercise of discretion by the Public Administration. However, in this litigation (lite), it comments, this postulate, which the Court apparently applied, did not empower it to co-legislate or co-administer.\n\nIV. In this present ground of disagreement, the appellant makes a series of statements not against the judgment itself, but against the honorability of the judges. By way of example, it states: “[…] Throughout the process, these constitutional principles were replaced by impartiality [sic] and arbitrariness; a situation that is reflected in the judgment … The arguments on which the contentious court bases its decision are not interpretable [sic] from the law, they are validity requirements ‘legislated’ or invented by the jurisdictional body. […]” It makes such statements without the respective factual support. It does not specify the parts of the judgment from which what is stated can be inferred. Consequently, they are merely subjective assessments, which is unacceptable, and therefore the appellant must be called to order. In another vein, the appellant alleges violation of the constitutional principles of legal certainty, reasonableness, and proportionality; as well as Articles 50 of the Political Constitution; 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction and 8.2 of the Organic Law of the Judiciary. Their transgression, according to what it states, occurred because, despite IISA having all the permits to qualify for the mining exploitation concession, it was forced to defend itself before the Constitutional Chamber, by virtue of the amparo appeals filed against the project. Even though that jurisdictional body, it states, rejected them, the same situation was re-raised before the Contentious Administrative jurisdiction, where it was decided to annul the concession “[…] based no longer on the legal system, but on arbitrariness, on the opinion of ‘know-it-alls (todólogos),’ impertinent and unsuitable evidence, without a normative analysis, but rather delegating its duty to the opinion of witnesses.” It transcribes proven fact 23 of the challenged judgment, referring to the need to require a second environmental impact assessment (EsIA); it also reproduces what the judges considered regarding that topic. It affirms that, according to Costa Rican regulations, this requirement was not necessary. Likewise, it points out that the Court did not assess or consider the studies provided together with the project modification proposal. In this regard, it must be stated that, once again, the appellant fails in its duty to express, with clarity and precision, the legal basis that supports its objection. In its account, it does not properly link what was resolved by the Court with the violation of the aforementioned principles. The allegation is nothing more than a supposition, a simple subjective assessment, since it does not contrast (in detail) the evidence it alludes to as overlooked and the norms indicated as infringed, with the challenged judgment, relating it to the referenced postulates, to reach the conclusion that requiring a second environmental impact assessment (EsIA) was not necessary. That is, it does not establish the necessary link between what is argued, the questioned ruling, and the constitutional principles. Consequently, the rejection of this ground of disagreement is imperative.\n\nAMPLIACIÓN DE INDUSTRIAS INFINITO SOCIEDAD ANÓNIMA\n\nV. In the first section of the amplification brief, the special judicial representatives of IISA allege, as \"new grounds for cassation,\" both \"preterition of evidence (preterición de prueba)\" (point 1.1) and \"improper assessment of evidence (indebida valoración de la prueba)\" (point 1.2). However, from their analysis it is determined that they are closely related, and therefore they will be analyzed jointly as follows. The appellants state, first, that these defects were incurred regarding the modification of the project, submitted by their principal on December 6, 2007, to SETENA; which, they indicate, is outlined in proven fact 23 of the questioned judgment, by requiring a new environmental impact assessment (EsIA). They transcribe, to the extent of their interest, what was considered by the Court regarding that point. To reach that conclusion, they consider, the judges relied on the testimonies of the witness-experts Allan and Yamileth, both with the last name Astorga. This, they comment, reflects not only an abusive and disproportionate assessment of what was stated by them; but also the absolute absence of the overall assessment of the documentary evidence. The modifications to the project, they affirm, included various studies, carried out by professionals in areas such as: Forestry Engineering (Ingeniería Forestal), Biology, Geology, Hydrology, Sociology, and Geography. It also had specialists in specific aspects such as: terrestrial ecosystems, aquatic habitat recovery, herpetology, entomology, and botany. In this sense, they indicate, in the evaluation file for the proposed changes to the project (provided as evidence), a series of studies is recorded, which it lists. This evidence opposes, they argue, what was stated by the witnesses for the plaintiff. Also, they add, it contradicts what was stated by witnesses Sonia Espinoza Valverde, Sandra Arredondo Li, and Eduardo Murillo Marchena. They transcribe, as relevant, what was declared by the first. The Court, they consider, attributed to these witnesses statements they did not make. They never established the need to submit a new environmental impact assessment (EsIA), nor to evaluate new environmental impacts. On the contrary, it was clear that it was not necessary to carry out a new one. In a refined technique of formulating facts and of the correct appreciation and assessment of testimonial evidence, they affirm, the fact should have been stated in the sense that SETENA determined that, since it was the same project, the evaluation of the modifications did not require a new environmental impact assessment (EsIA). They allege violation of Articles 17, 18, 19, 20, 24 of the LOA; 3 (subsections 6, 34, 37, and 63), 9, 10, 19, 27, 31, 36, 46 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, called \"General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA))\"; 1, 2, 3, 4, Appendix 1 (Anexo 1), 2 (Anexo 2) and 3 (Anexo 3) of Executive Decree No. 32966-MINAE of February 20, 2006: \"Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental)\" (EIA Manual, Part IV); 16, 297, 298, and 302 of the General Law of Public Administration (LGAP). The violation of these norms—which impose on the developer of a project, classified as having high significance of environmental impact, they affirm, the duty to prepare an environmental impact assessment (EsIA)—occurs, they allege, because the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) is based on technical studies and scientific research that allow for the identification of environmental impacts. Likewise, said norms were violated because from them it is concluded that, since the modification of the project was a change that generated positive results and new prevention measures, a new environmental impact assessment (EsIA) was not necessary. It transcribes, to the extent of its interest, what was stated by the Constitutional Chamber in vote No. 15315-2008 at 14 hours 59 minutes on October 10, 2008, regarding the meaning and importance of the environmental impact assessment (EsIA). Likewise, they note, the substantive norms regulate the environmental impact assessment (EsIA) as a protection instrument. Similarly, they indicate, the LOA prescribes that it is a technical instrument for evaluating impacts and for scientific treatment, which implies the use of certain data and the application of an approved methodology. It is for this reason, they comment, that the EIA Manual includes, as appendices, the general guide for the preparation of environmental impact assessment instruments and the instructions for the valuation of environmental impacts. From the infringed norms, they comment, it is determined that the environmental assessment is a scientific-technical administrative procedure that allows for identifying and predicting what effects an activity will exert on the environment, quantifying and weighting them to lead to decision-making. Thus, they argue, both the environmental impact assessment (EsIA) and the modifications to the project rest on technical bases: scientific studies prepared by responsible professionals. These analyses, they affirm, were not taken into account, despite being documentary evidence admitted for the trial stage. In this violation, they state, it is necessary to highlight the presumption of legitimacy of administrative decisions, protected in precepts 128, 130, 146, 148, 168, and 176 of the LGAP. However, they point out, in the sub judice case, the Court not only ignored the technical documentary evidence but also took the nullity in technical aspects as proven, despite the absence of equivalent evidence that would credibly refute the criteria expressed by responsible and suitable professionals, violating the rules of sound judgment. Also, they add, there is testimonial evidence that analyzes the topic of the modifications to the project. In this sense, they note, witness Sonia Espinoza narrated why, factually and technically, a new environmental impact study was unnecessary, thereby contradicting the statements of the two witnesses who affirm the contrary. Had the Court not ignored fundamental evidence—testimonial and documentary—the conclusion, regarding proven fact number 23 of the questioned judgment, would have been different: that it was not necessary, to approve the project modification, to prepare a new environmental impact assessment (EsIA). Secondly, they point out, the indicated errors are established by what was resolved regarding the clear-cutting (tala rasa) of trees on their representative's lands and what is stated in proven fact 57 of the contested judgment, in the sense that such a circumstance caused environmental damage; because it is based not only erroneously, but with preterition of other testimonial and documentary evidence, on what was stated by witness Sandra Arredondo Li. Despite it being false that she affirmed what the judges took as proven, they maintain, her distorted testimony does not demonstrate what was concluded by them. It contradicts what is indicated in the documentary evidence: reports from the competent authorities and the environmental regent (Regente Ambiental) (which she, in her capacity as Environmental Regent, submitted to SETENA, among which is the one prepared for the period in which the forest harvesting (aprovechamiento forestal) work was carried out). They invoke other overlooked documents. It also contrasts with the testimonies of witnesses Eduardo Murillo and Sonia Espinoza. On the contrary, they indicate, what was said by Mrs. Arredondo Li confirms that the clear-cutting (tala rasa) did not cause environmental damage and that this activity was carried out under strict procedures and the supervision of biologists, who had the task of avoiding any affectation to the flora and fauna of the site. They include a table in which, as they indicate, they list the documents overlooked by the Court regarding this topic.\n\n| --- | --- |\n| In the same vein, they comment, the testimony of witness Eduardo Murillo Marchena was omitted, who affirmed that no environmental damage occurred with the clear-cutting (tala rasa). The noted errors, they assert, entail the violation of Articles 50 of the Political Constitution; 2, 59, 98, 101 of the LOA; 3 (subsections 26, 43, and 83), 98 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, called \"General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA))\"; 190, 191, and 196 of the LGAP. For liability to arise, they point out, the existence of damage must be verified. In the case of environmental damages, they add, its concept, by legal remission, is contained in the indicated regulatory norms. It reproduces, to the extent of its interest, what was ordered by this Chamber in judgment No. 675-F-2007 at 10 hours on September 21, 2007. The execution of the cutting permit, granted by resolution No. 244-2008-SCH, they argue, respected the rules of science and experience, in order not to cause any damage, understood as a compensable loss, diminution, or detriment, since the impacts of that action were duly identified and quantified, adopting the relevant control and mitigation measures that were executed efficiently, timely, and effectively. The documentary evidence and the rest of the testimonial evidence, they note, allow reaching this conclusion. That is, from this evidence, contrary to what is stated in fact 57 of the contested judgment, it is determined that the clear-cutting (tala rasa) on their principal's lands, where the project is developed, did not cause environmental damage (flora, fauna, landscape, soil, or air were not affected). Consequently, they point out, the principles of reasonableness and proportionality were violated, by supporting that fact on an erroneous interpretation of what was stated by one deponent and not on the totality of the witnesses who referred to the fact; furthermore, in open contradiction of the legislation applicable to the matter, which also entails the violation of the principle of legal certainty. A third aspect, they point out, where evidence was overlooked and improperly assessed, is regarding the public road (camino público). This topic, they comment, was introduced as a new fact during the debate by the active joint plaintiff. The Court, they maintain, took as proven the elimination of a public road (camino público) for the construction of the tailings pond in the mining project. They transcribe what is indicated in proven fact 54. Again, they point out, the judges base their assertion on testimonial evidence, on what was stated by geologist Sandra Arredondo Li, making an arbitrary assessment of her statement. Additionally, they comment, in facts 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, and 53, the Court \"decomposed\" the indicated new fact in order to, in a filtered manner, take as true the existence of the public road and to conjecture the non-compliance of their represented party in reporting its existence to the various administrative agencies; or, that the annulled resolutions do not mention or analyze this matter. The judges, they note, made a biased assessment of the statements of the indicated witness Arredondo Li. They transcribe, as relevant, what was set forth by the Court in Considering XVIII of the challenged judgment. There is documentary and testimonial evidence, even the very statement of Mrs. Arredondo Li, they assure, that contradicts what was indicated by the judges. The situation of the road, they assert, was known. Its impact was adequately assessed. Therefore, they add, as a compensatory measure, another route was legally enabled, through which the road was realigned, not disappearing. Furthermore, they add, for the occupation of the municipal land, the corresponding process was initiated, as recorded in proven fact 54 itself. They reproduce, to the extent of their interest, what was stated by Mrs. Sandra. The Court, they add, did not consider, nor mention, the indicated documentary evidence, nor the fact that their represented party pointed out the existence of other viable options (protecting the environment and respecting legal procedures) to build the tailings pond. That is, the road was not the only option, which the jurisdictional body was aware of; however, having overlooked the evidence, it reached false and biased conclusions. They attach a table in which they indicate, in their understanding, the documentary evidence overlooked in relation to the public road (camino público).\n\n| --- | --- |\n| Likewise, they point out, the administrative file created by SETENA ratifies the statements of witness Arredondo Li. In this section, they consider violated norms 17, 18, 19, 20, 24 of the LOA; 3 (subsections 34, 37, and 63), 11, 27, 30, 45, 46, 47, 48, 49 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, called \"General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA))\"; 4 of the Construction Law; 1, 2, 3, 4, 8 of the General Law of Public Roads; 25 of Executive Decree No. 34624-MOPT of March 27, 2008, called \"Regulation on the management, standardization, and responsibility for public investment in the cantonal road network (Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial cantonal)\"; 8 and 51 of the Mining Code. Furthermore, they add, the questioned judgment violated the principles of reasonableness and proportionality by supporting proven fact 54 and the other related facts, on the arbitrary assessment of one witness who does not possess the representation powers of their principal and, moreover, in open contradiction with the legislation applicable to the matter. No weighting, confrontation, and comparison of all the evidentiary elements and legal reasoning were carried out, they note. Also, they argue, the postulate of legal certainty was violated, by not applying the legislation that regulates the right of their principal to obtain the constitution of a mining easement (servidumbre minera) on State-owned lands, based on the declaration of public interest of the activity, under the protection of a current law. As the fourth and last point where, in the opinion of the appellants, evidence was improperly assessed and overlooked, the mining program is indicated. This topic, they assert, is addressed from two angles: 1) the lower aquifer and 2) the depth of the pits. Regarding the first, they state, there is no disputed fact nor factual situation alleged by the plaintiff. Therefore, they consider, it was not an aspect under discussion. However, they comment, the Court included proven facts 33, 34, 35, 37, 43, 44, and 45; they transcribe the first three. In Considering XIX of the questioned ruling, they allege, the Court establishes the reasons to support its position. When analyzing the reasons for the Court to annul the environmental viability of the project, they comment, it is determined that they stem from the following premises: 1) its own characterization of the lower aquifer; 2) the impact; 3) risk of contamination of the water resource (recurso hídrico); 4) absence of analysis of the environmental cost of affecting said aquifer; 5) incidence on the public supply wells in the area; and 6) confusion between the notions of depth and elevation. None of these assumptions, they state, were demonstrated in the process, being the result of an improper assessment of the evidence. In the oral trial hearing, they note, they offered the witness-expert Hugo Rodríguez Estrada, a specialist in hydrology, who participated in the studies on the hydrological conditions of the project area, which is why he had direct knowledge of the topics for which he was offered. Mr. Hugo concluded, in his studies, that the aquifers would only suffer an eventual affectation in the possible area where the pits would be excavated. Specifically, they point out, regarding water quality, he affirmed that no harmful effect was foreseen; and that the water from the lower aquifer was not suitable for human consumption. Those studies, they allege, were carried out respecting the SETENA methodology. They partially transcribe what was stated by said witness regarding the results of that evaluation. He was clear in pointing out, they comment, that the evaluation of the effects was carried out using the methodology approved by SETENA and that the result of that evaluation resulted in a moderately negative impact. They reproduce, to the extent of their interest, the interrogations carried out by judges González Segura and Fallas Redondo, as well as the responses of Mr. Hugo. The apparent doubt of those judges, they point out, was resolved from the environmental impact assessment (EsIA), being taken into account by the DGM to impose a limitation on their principal on the depth of extraction, with which the piezometric level and that of the confined aquifer were clear, from that point onward. Regarding the topic of the lower aquifer, linked to what would be the depth of the excavation in the Botija and Fortuna pits, they argue, the Court took as proven the intention of their principal to extend the exploitation to levels beyond that authorized by the Ministry of Environment and Energy (hecho 37). In this fact, they point out, their represented party was attributed statements it did not make, actions it has not executed, and non-compliance with conditions of an activity it has not even started. There is no evidence, they indicate, that allows deciphering a future action; and judges are not fortune-tellers or prophets to sentence, a priori, a reprehensible conduct. The Court's assessment contained in the proven facts indicated above, they consider, stems from a false premise. Furthermore, they comment, the judged propositions do not take into account the totality of the evidence, nor follow the proper logical concatenation of events, and neither do they respect the particularities inherent to the reviewed conducts. The defect of preterition of documentary evidence, they argue, generated bias in the assessment of the testimony of Mr. Rodríguez Estrada, since the error caused by the Court's investigation and the purpose of its inquiry was not correctly gauged. Similarly, they affirm, with the improper assessment, it was concluded that the fact that their principal had carried out an assessment of the impact that the development of its activities could produce on the lower aquifer, in application of the precautionary principle, does not imply that it intends to violate the technical condition established by the Ministry of Environment and Energy, of not deepening extraction beyond 75 meters above sea level. Its purpose, they comment, was to evaluate the possible impacts that could occur and to contemplate, in advance, the mitigation measures that must be applied if they happen. They allege violation of Articles 17, 18, 19, 20, 24, 84 of the LOA; 1, 3 (subsections 34, 37, 63) 11, 27, 30, 45, 46 of Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of May 24, 2004, called \"General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA))\"; 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 26, 28, 31, 89, and 91 of the Mining Code. The limit imposed on the depth of the excavation, they add, is a condition that their client must respect. It was established, they comment, by virtue of the environmental assessment and the studies reviewed by SETENA, because it is an exception to the rule provided in precept 13 of the Mining Code. They add a table in which, as they indicate, they list the evidence regarding the water resource (recurso hídrico) that is in the file.\n\n| --- | --- |\n| The preterition of that evidence, they argue, caused the Court to hold unfounded conclusions and consider false future actions; ignoring the indicated norms. It copies, as relevant, what is indicated in the challenged judgment.\n\nVI. In light of the provisions of Article 143 of the CPCA, transcribed in Considering II of this resolution, it is possible to amplify not only the causes originally alleged; but also the foundations of the grievances already admitted, with others completely novel. That is, the amplification of the cassation appeal is an instrument through which the parties can allege, after the appeal has been admitted, not only cause reasons; but also legal arguments or foundations not previously indicated against the challenged judgment. This means that it is inadmissible, via amplification of the appeal, to file, again, any grievance that has been summarily rejected, but, on this occasion, correcting the errors that motivated its denial. Nor is it acceptable to develop or explain, in greater detail, the ideas raised in the admitted grievance(s), since they are not novel foundations. Within this line of thought, in the present grievance, this Chamber, after an exhaustive comparative analysis between the grievance summarily rejected for IISA in admission order No. 1355-A-S1-2011, at 12 hours 20 minutes on October 25, 2011, Considering VII, and what is now set forth, reaches the conclusion that what is intended by the special judicial representatives of that company is nothing other than to reiterate it, but correcting the deficiencies that this Chamber indicated in the indicated resolution. In this sense, in that ground of disagreement—first grievance for violation of substantive norms, in which they reproached improper assessment of the body of evidence—the representatives of IISA had alleged their disagreement with what was resolved in the contested judgment regarding: 1) the topic of the modifications to the mining project, for requiring a new environmental impact assessment (EsIA); 2) the alleged environmental damages resulting from the clear-cutting (tala rasa) of trees on their principal's property; 3) the elimination of the public road (camino público) to build, in its place, the tailings pond; and 4) the interception of the lower aquifer. This objection, it is reiterated, was summarily rejected, as it did not contain the proper legal foundation, as the violated substantive norms were not indicated and, therefore, the explanation of how that violation occurred was also omitted. Despite that summary rejection, now, via amplification of the appeal, the representatives of IISA return with the same indicated topics but, now indeed, identifying the evidentiary means improperly assessed or overlooked and pointing out the substantive or material norms violated and indicating how that violation occurred. The foregoing, it is reiterated, is not admissible. We are not faced with a new ground, but with the reiteration of one that had already been summarily rejected, but with the correction of the errors indicated in the respective order.\n\nIn this regard, one may consult, mutatis mutandis, what was indicated by this jurisdictional body in order no. 1487-A-S1-2010 of 4:00 p.m. on December 1, 2010. Consequently, the rejection of this grievance is compelled.\n\nVII. They incorporate a second section which they call “new grounds for the appeal” related to the already admitted grievance of having resolved in contradiction with res judicata (cosa juzgada). They explain that this has been one of the fundamental defenses during the proceeding because they consider that the aspects reviewed in the contentious-administrative channel had already been analyzed and adjudged by the Constitutional Chamber. After transcribing part of the appeal originally filed, they add, the importance of legal certainty and res judicata (cosa juzgada) within the Rule of Law has been upheld. They note, for the purpose of expanding the grounds of the appeal, they wish to introduce another approach to this defense, which consists of specifying the legality issues analyzed by the Constitutional Chamber. They highlight the extension of constitutional review and the vast possibilities for review of administrative actions that the amparo channel provides, as well as the jurisdictional self-definition (autocomposición competencial) of the Constitutional Court. They argue that the jurisdiction exercised by said jurisdictional body is substantial, insofar as it assesses whether the challenged conduct produces or does not produce an environmental impact; it carried out a complete examination of the administrative conducts brought before it, therefore it contemplated all scopes (constitutional, legal and technical) to achieve effective protection of the constitutional right. Based on Article 48 of the Constitution, they analyze the object of amparo appeals, wherefore they note that the contentious-administrative jurisdiction will have residual jurisdiction to hear those aspects that the Constitutional Court decides not to hear. Therefore, they indicate, res judicata (cosa juzgada) must be applied in this context and not with the rigor and formalism typical of civil procedural regulations. They explain that when a proceeding concerning environmental damage is heard in the constitutional venue, the technical and legal aspects that support the conduct subject to the proceeding must necessarily be assessed. They indicate that the normative framework of the activity is analyzed, for which it is taken into account that many of the activities with the greatest potential for environmental impact are so based on the use and disposition of public domain assets. Therefore, they state, as it is a regulated activity, the weighting of its impacts is facilitated by the delimitation of its field of action. Furthermore, they say, the regulation provides under what conditions this is permitted and the necessary requirements to develop the exploitation, be they of a legal or technical nature. The assessment of environmental impacts, they propose, must be based on technical studies prepared by competent professionals using a pre-established methodology, so their conviction and solidity will be determined by the quality of those who participated, the methodology employed, the data and analyses obtained, as well as the possibility of verifying and comparing the results. They detail which were the topics and conducts analyzed by the Constitutional Chamber in relation to the project, which are listed below, maintaining the separation made by the appellants of “legality matters known and adjudged by the Constitutional Chamber” and “legality matters not known by the Constitutional Chamber.” Within the former they include: a) Environmental viabilities (Viabilidades ambientales); b) Cost-Benefit Analysis; c) National Convenience Decree No. 34801-MINAET; d) Application of the precautionary principle; e) Forest (forest exploitation by means of land-use change (cambio de uso)); f) Water resources; g) Use of cyanide; h) Seismicity; i) Acid drainage; j) Tailings ponds; k) Citizen participation; l) Environmental impact derived from the use of explosives; m) Forest exploitation permit (Permiso de aprovechamiento forestal); n) Environmental damage; o) application of the mining moratorium to the Crucitas Project. Within the latter, they detail: a) Environmental evaluation of the changes proposed to the project (content of the studies); b) Use of explosives, specifically, the conformity or not from a technical point of view of the permits or studies carried out; c) Mining project infrastructure (clarifies that this aspect was not subject to discussion in the trial stage nor was it considered by the Court in the judgment); d) Public policies. Regarding each of these points, they make transcriptions of rulings by the Constitutional Chamber.\n\nVIII. As stated in considerando VI of this resolution, the expansion of the cassation appeal is a procedural instrument available to the appellants, by means of which one may only allege motives or causes, as well as grounds or legal reasons, not previously set forth. That is to say, completely novel. In the aforementioned admission order of this Chamber, IISA was admitted the grievance referring to the alleged violation of res judicata (cosa juzgada). In essence, what the legal representatives of that company allege is that the Constitutional Chamber, in the different amparo appeals filed, pronounced on all the aspects raised, not only of constitutionality, but also of legality, under the protection of the evidence adduced in that venue, which are now reiterated before the Contentious-Administrative Court. Consequently, they indicate in that objection, the contentious-administrative judges should not have heard this proceeding, but rather declare or accept the exception of res judicata (cosa juzgada) raised. Now, in the expansion, the cassation appellants reiterate that argument, specifying, in a detailed manner, which legality aspects invoked in this proceeding, in their opinion, were known and resolved in the constitutional venue and which were not. Such allegation does not constitute a new substantiation, no novel legal reasons are provided as to why the admitted grievance should succeed; on the contrary, it is a specification of what was already set forth. That is, the cassation appellants merely detail which are the legality topics that, in their view, were resolved by the Constitutional Chamber and which were not. In summary, what is alleged remains within the same thematic axis of what was set forth in the admitted grievance; no different legal argument is introduced so as to be considered an expansion of the grounds. Therefore, its rejection is compelled.\n\nIX. By virtue of the reasons set forth, the expansions to the cassation appeals filed by the special judicial representatives of ASOCRUCITAS and IISA must be rejected.\n\nPOR TANTO\n\nThe expansions of the cassation appeals presented by Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. and Industrias Infinito Sociedad Anónima are rejected. Let the special judicial representative of Asocrucitas take note of what is indicated in considerando IV of this resolution.\n\n \n\n  \n\nAnabelle León Feoli\n\n \n\n\n\n\n \n\nLuís Guillermo Rivas Loáiciga\n\n \n\n \n\n\t\n\n \n\nRomán Solís Zelaya\n\n\n\nÓscar Eduardo González Cammacho\n\n\t\n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\nMJIMENEZ\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 10:22:06.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }