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  "id": "nexus-sen-1-0004-888318",
  "citation": "Res. 01196-2013 Sala Primera de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Improcedencia de reivindicación por usucapión especial agraria",
  "title_en": "Reivindication Denied Due to Special Agrarian Usucapion",
  "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conoce recurso de casación contra sentencia del Tribunal Agrario que, en procesos acumulados, rechazó la demanda de reivindicación de Sotavento Platanal S.A. y acogió la contrademanda de usucapión especial agraria de Bolívar Sánchez Arguedas sobre una finca de 23 hectáreas en Punta Banco, Golfito. La Sala confirma el fallo recurrido, tras desestimar todos los agravios del casacionista por deficiencias técnicas: falta de precisión, argumentaciones generales no vinculadas a los fundamentos del Tribunal, y planteamientos novedosos no alegados en instancias previas. En el fondo, se valida que concurrieron los requisitos de la usucapión especial agraria del artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización: posesión por necesidad por más de diez años, pública, pacífica e ininterrumpida, sin exigencia de buena fe ni título traslativo de dominio. Se determina que el demandado inició su posesión a título de dueño en 1979, transformando su condición inicial de peón una vez extinguido el vínculo laboral, y que al momento de la notificación del traslado de la demanda (1999) ya había transcurrido el plazo decenal. Asimismo, se rechazan los argumentos sobre incompetencia de la jurisdicción agraria y litis consorcio pasivo necesario con el IDA, y se confirma que la zona marítimo terrestre no fue objeto de pronunciamiento en el fallo.",
  "summary_en": "The First Chamber of the Supreme Court of Justice hears a cassation appeal against a judgment by the Agrarian Tribunal that, in consolidated proceedings, denied the reivindication claim filed by Sotavento Platanal S.A. and granted the counterclaim of special agrarian usucapion filed by Bolívar Sánchez Arguedas over a 23-hectare farm in Punta Banco, Golfito. The Chamber upholds the challenged ruling, dismissing all the appellant's grievances on technical grounds: lack of precision, general arguments unrelated to the Tribunal's reasoning, and novel arguments not raised in prior instances. On the merits, it confirms that the requirements of special agrarian usucapion under Article 92 of the Land and Colonization Law were met: possession out of necessity for more than ten years, public, peaceful, and uninterrupted, with no requirement of good faith or derivative title. It finds that the defendant began possessing as owner in 1979, transforming his original status as a laborer after the employment relationship ended, and that by the time service of process occurred (1999), the ten-year period had already elapsed. The Chamber also rejects claims of agrarian court incompetence and necessary joinder of the IDA, and notes that the maritime-terrestrial zone was not adjudicated in the ruling.",
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  "date": "18/09/2013",
  "year": "2013",
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    "posesión en precario",
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    "litis consorcio pasivo necesario",
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    "casación agraria"
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    "usucapión especial agraria",
    "reivindicación",
    "prescripción positiva",
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    "Ley de Tierras y Colonización",
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    "Bolívar Sánchez Arguedas",
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    "actos posesorios"
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    "special agrarian usucapion",
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    "Land and Colonization Law",
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    "possessory acts"
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  "excerpt_es": "La usucapión especial agraria está prevista en la Ley de Tierras y Colonización, cuyo fundamento se encuentra en la posesión precaria, por la necesidad de explotación del fundo agrario, como medio de subsistencia propia o del núcleo familiar. Así, el numeral 92 de ese cuerpo legal establece: \"Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria...\". Por su parte el numeral 101 del mismo cuerpo normativo señala: \"... para los efectos de la prescripción positiva de que este artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil\".\n\nEstima este Tribunal, que con respecto al conocimiento de que el terreno tenía como propietario un tercero, al haber sido aceptado por el mismo demandado en su reconvención y en el líbelo de la demanda acumulada, según ya fue mencionado, es un hecho no controvertido. [...] La prueba testimonial coincide con lo manifestado por el demandado reconventor indicado en la contrademanda y demanda del proceso acumulado, en que para el año 1979 ya Bolívar y su familia habitaban la finca inscrita ejerciendo actos posesorios en su nombre y para satisfacer las necesidades de su núcleo familiar, y que antes de ello fue trabajador de Amado Rodríguez, quien fue dueño del inmueble. Dicho terreno fue vendido e inició la posesión en condición de dueño de forma ininterrumpida desde 1979. Al estarse ante el caso de usucapión especial agraria, el requisito de la buena fe no debe acreditarse, sino que su posesión se ejercía por la necesidad de dar sustento a su núcleo familiar.\n\nComo se tuvo por acreditado en autos, la solicitud de declaratoria de conflicto de posesión en precario realizada por Bolívar Sánchez fue interpuesta el 31 de mayo de 1989 (solicitud de folio 201), de tal forma que para dicho momento según las deposiciones mencionadas, al haber iniciado la posesión en calidad de dueño en 1979, ya había operado el plazo decenal. Con respecto a lo indicado en el informe del Instituto de Desarrollo Agrario y en la resolución administrativa, que en la sentencia fue el motivo para no dar credibilidad a los testimonios, se discrepa de lo resuelto.",
  "excerpt_en": "Special agrarian usucapion is provided for in the Land and Colonization Law, based on precarious possession arising from the necessity of exploiting an agricultural estate as a means of subsistence for oneself or one's family. Thus, Article 92 of that statute provides: \"For the purposes of this law, a precarious possessor is understood as anyone who, out of necessity, performs stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it into production for their own subsistence or that of their family, on land duly registered in the name of another in the Public Registry. Precarious possessors with ten-year possession under the conditions set forth in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through possessory information proceedings...\" In turn, Article 101 of the same statute states: \"... for the purposes of the adverse possession addressed in this article, the derivative title required by the Civil Code shall not be necessary.\"\n\nThis Tribunal considers that the fact that the defendant knew the land had a third-party owner, as accepted by the defendant himself in his counterclaim and in the pleadings of the consolidated case, is an uncontested fact. [...] The witness testimony coincides with the statements of the defendant-counterclaimant in his counterclaim and in the complaint of the consolidated case, that by 1979 Bolívar and his family were already dwelling on the registered farm, performing possessory acts on their own behalf to satisfy their family's needs, and that before that he was a worker for Amado Rodríguez, the former owner. The land was sold and possession as owner began uninterrupted in 1979. In a case of special agrarian usucapion, good faith need not be proven; rather, his possession was exercised out of necessity to support his family.\n\nThe record shows that Bolívar Sánchez's application for a declaration of conflict of precarious possession was filed on May 31, 1989, so that by that date, according to the testimony mentioned, possession as owner having begun in 1979, the ten-year period had already elapsed. This Tribunal disagrees with the lower court’s reliance on the IDA report and administrative resolution to discredit the witnesses.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The challenged judgment is upheld, denying reivindication and declaring special agrarian usucapion in favor of the possessor.",
    "summary_es": "Se confirma la sentencia impugnada que rechazó la reivindicación y declaró la usucapión especial agraria a favor del poseedor."
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      "context": "Considerando XII",
      "quote_en": "Special agrarian usucapion is provided for in the Land and Colonization Law, based on precarious possession arising from the necessity of exploiting an agricultural estate as a means of subsistence for oneself or one's family.",
      "quote_es": "La usucapión especial agraria está prevista en la Ley de Tierras y Colonización, cuyo fundamento se encuentra en la posesión precaria, por la necesidad de explotación del fundo agrario, como medio de subsistencia propia o del núcleo familiar."
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      "context": "Considerando XII",
      "quote_en": "In a case of special agrarian usucapion, the requirement of good faith need not be proven; rather, his possession was exercised out of necessity to support his family.",
      "quote_es": "Al estarse ante el caso de usucapión especial agraria, el requisito de la buena fe no debe acreditárse, sino que su posesión se ejercía por la necesidad de dar sustento a su núcleo familiar."
    },
    {
      "context": "Considerando XIV",
      "quote_en": "When the administrative proceeding was filed in 1989, the prescriptive period in his favor had already elapsed. In any event, this proceeding did not interrupt the term for usucapion to occur; it only suspended it, for the time provided in the Land and Colonization Law.",
      "quote_es": "Cuando se interpuso el proceso administrativo en el año 1989, el plazo prescriptivo a su favor ya había transcurrido. En todo caso, ese proceso no interrumpía el plazo para que operara la usucapión, solo lo suspendía, pero por el tiempo dispuesto en la Ley de Tierras y Colonización."
    },
    {
      "context": "Considerando XII",
      "quote_en": "The most important effect of precarious possession is the acquisition of agrarian ownership through ten-year possession, that is, agrarian usucapion.",
      "quote_es": "El efecto más importante de la posesión precaria es la adquisición de la propiedad agraria por la posesión decenal, es decir, la usucapión agraria."
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Expediente no. 99-000137-419-AG, por SOTAVENTO PLATANAL SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por apoderado generalísimo sin límite de suma Pedro Muñoz Fonseca, vecino de San José; contra BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS, agricultor, vecino de Punta Banco de Pavones de Golfito; y, el expediente no. 96-000232-419-AG, establecido por BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS contra SOTAVENTO PLATANAL SOCIEDAD ANONIMA. Interviene como tercero interesado la Procuraduría General de la República, representada por su procurador adjunto, Mauricio Castro Lizano, vecino de Heredia. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, de Sotavento Plantanal S.A., los licenciados Roy de Jesús Herrera Muñoz, vecino de Heredia, José Francisco Vega Quesada, soltero, vecino de Heredia y la licenciada Melissa Ramírez Zamora, soltera, vecina de Heredia; y, por el demandado, el licenciado Yeudi Aguirre Aguirre, casado, abogado, de domicilio no indicado. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.\n\nRESULTANDO\n\n          1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales, la parte actora en el expediente n.° 99-000137-419-AG estableció demanda ordinaria, a fin de que en sentencia se declare: \" 1/. Que Sotavento Platanal S.A. es propietaria del lote que ocupa el señor Bolívar Sánchez Arguedas, que es parte de la finca inscrita en la sección de folio real del Registro Público, Partido de Puntarenas, matrícula número cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero. 2/. Que Sotavento Platanal S.A. tiene derecho al libre goce de todos y cada uno de los derechos que comprende el derecho de propiedad sobre el lote que ocupa el señor Bolivar Sánchez Arguedas, que es parte de la finca inscrita en la sección de Folio Real del Registro Público, partido de Puntarenas, matrícula número cuarenta y dos mil seiscientos cinco secuencia cero cero cero. 3/. Que Sotavento Platanal tiene el derecho a reivindicar el lote que ocupa el señor Bolivar Sánchez Arguedas, que es parte de la finca inscrita en la sección de Folio Real del Registro Público, Partido de Puntarenas, matrícula número cuarenta y dos mil seiscientos cinco secuencia cero cero cero y por ende el señor Bolivar Sánchez Arguedas esta obligado a entregar la plena posesión de ese lote a Sotavento Platanal S.A. 4/. Que Sotavento Platanal S.A. tiene derecho a hacer suya, mediante el pago de los materiales y de la mano de obra correspondiente, la casa de habitación que el señor Bolívar Sánchez Arguedas construyó en la finca inscrita en la sección de folio Real del Registro Público, Partido de Puntarenas, matrícula número cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero, o el exigir que se quite o destruya a costa del señor Sánchez Arguedas. 5/. Que se condene al señor Bolívar Sánchez Arguedas al pago de los daños y perjuicios ocasionados,  a devolver los frutos que hubiere percibido, y a responder de los deterioros que sufra la cosa, después de la notificación de la  presente demanda.  6/. Que en el caso de que el señor Sánchez Arguedas se oponga a la presente demanda, se le condene al pago de las costas procesales y personales que resulten de este juicio.\"\n\n          2. Dentro de este proceso se tramita el expediente 99-000137-419-AG el demandado Sánchez Arguedas contestó la demanda oponiendo las excepciones de falta de derecho, litis pendencia, prescripción positiva. Asimismo interpuso contrademanda solicitando que en sentencia se declare: \" 1/. Con lugar la demanda. 2/. Que adquirí por prescripción positiva la finca del partido de Puntarenas, folio real matrícula número cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero, situada en el distrito primero, hoy cuarto del cantón sétimo de la provincia de Puntarenas, con una medida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros con seis decímetros cuadrados. 3/. Que adquirí dicha finca a razón de haberla poseído por espacio de veinte años en forma pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe, y a título de dueño, habiendo ejercido durante todo ese plazo todos los actos posesorios inherentes al dominio absoluto, sobre la totalidad del inmueble. 4/. Como consecuencia de lo anterior ese ordenará al Registro Público inscribir dicha finca a nombre del suscrito, mediante ejecutoria que se expedirá una vez firme la sentencia. 5/. Que la adquisición de la finca es a título de propietario legítimo del inmueble, en razón de la posesión agraria que he venido ejerciendo durante estos últimos veinte años, de tal suerte que la inscripción registral que se ordenará indicará que soy el propietario de dicho inmueble. 6/.  Se declara que el suscrito tiene, también, MEJOR DERECHO DE POSESIÓN que el dueño registral, la compañía SOTAVENTO PLATANAL S.A., a los efectos de que yo continúe con la explotación agraria que he venido llevando a cabo en la indicada finca. 7/. Que en caso de la oposición de la contra demanda a la presente acción, se le condenará al pago de ambas costas de este juicio.\"\n\n          3. La actora reconvenida Sotavento Platanal S.A. contestó en los términos que corren a folios 65 a 70, oponiendo las excepciones de litis consorcio pasivo necesario, falta de agotamiento de la vía administrativa, y falta de derecho.\n\n          4. La jueza Marisel Zamora Arias, en resolución de las 15 horas del 28 de agosto de 2001 rechazó la defensa previa de litispendiencia interpuesta por el señor Sánchez Arguedas; así como las de litis consorcio pasivo necesario y falta de agotamiento de la vía administrativa, opuestas por la actora reconvenida.\n\n          5. Por su  el actor en el expediente n.° 96-000232-419-AG estableció proceso ordinario en contra de Sotavento Platanal S.A., para que en  sentencia se declare: \"1/ Que soy el legítimo propietario de la finca del partido de Puntarenas, folio real matrícula cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero, situada en el distrito primero, cantón sétimo de la provincia de Puntarenas con una medida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros cuadrados con seis decímetros y con los linderos que indica el Registro.  2/. Que la relacionada finca la adquirí por prescripción positiva, o lo que es lo mismo por usucapión, en virtud de haberla poseído por espacio de más de  diecisiete años en forma pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe y a título de dueño, habiendo ejercido durante ese período todos los actos posesorios inherentes al dominio agrario. 3/. Como consecuencia de lo anterior se ordenará al Registro Público inscribir dicha finca a nombre del suscrito, mediante ejecutoria que se expedirá al efecto una vez firme la sentencia. 4/. Igualmente se declarará en sentencia que el suscrito tiene mejor derecho de posesión que el dueño registral Sotavento Platanal S.A. a los efectos de que continúe con la explotación agraria que ha ejercido en la indicada finca.  6/. sic) Que en caso de oposición de la demandada a la presente acción deducida, se le condenará al pago de ambas costas de este juicio.\"\n\n          6. La demandada Sotavento Platanal contestó negativamente e interpuso las excepciones de litis consorcio pasivo necesario, falta de agotamiento de la vía administrativa y falta de derecho; así como la expresión genérica de “sine actione agit.”\n\n          7. El juez Edwin Rojas Rodríguez, mediante resoluciones de las 13 horas 5 minutos del 1° de abril de 1997 y 16 horas del 18 de mayo de 1998, rechazó la defensa previa de litis consorcio pasivo necesario y agotamiento de la vía administrativa, respectivamente.\n\n          8. La jueza Marisel Zamora Arias, en sentencia n.° 74-2010 de las 15 horas del 24 de junio de 2010, resolvió: \"De conformidad con lo expuesto, en cuanto al proceso tramitado bajo el número 99 000137419 ( 184 2 99) que es proceso ordinario agrario interpuesto  por Sotavento Platanal S.A en contra del señor Bolívar Sánchez Arguedas, se rechazan las defensas de falta de derecho y prescripción interpuestas por la parte demandada, en consecuencia se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de la siguiente forma: 1) Se declara que Sotavento Platanal es propietaria del lote que ocupa el señor Bolívar Sánchez Arguedas, que es parte de la finca inscrita en la sección de folio real del Registro Público, Partido de Puntarenas matrícula número cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero. 2) Como dueña, la actora tiene derecho al libre goce de todos y cada uno de los derechos que comprende el derecho de propiedad. 3) En consecuencia se ordena al demandado Bolívar Sánchez Arguedas restituir la posesión del citado lote a la actora Sotavento Platanal S.A 4) Se concede al señor Bolívar Sánchez Arguedas el derecho a el pago de las mejoras necesarias y útiles que demuestre, en etapa de ejecución de sentencia haber introducido en el inmueble..5)se condena al señor Bolivar Sanchez Arguedas al pago de los daños y perjuicios causados a la actora Sotavento Platanal S.A, los cuales se liquidarán en etapa de ejecución de sentencia. Con respecto a la CONTRADEMANDA interpuesta por el señor Bolívar Sánchez Arguedas en contra de Sotavento Platanal S.A, se acoge la defensa de falta de derecho en su modalidad de usucapión no cumplida,  SE DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la contrademanda de usucapion agraria en todos sus extremos. Se condena al señor Sánchez Arguedas al pago de las costas de esta acción. Sobre el expediente tramitado bajo el número  96 000232 419 Ag ( 232-1-96), se acoge la defensa la defensa de falta de derecho en su modalidad de usucapión no cumplida y se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, comprendidas dentro de la sine actione agit en consecuencia se DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la demanda de prescripción positiva planteada por el señor Bolivar Sánchez Arguedas en contra de Sotavento Platanal S.A. Se condena al actor al pago de ambas costas de esta acción.”\n\n          9. El demandado reconventor apeló y, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por las juezas María Rosa Castro García, Damaris Vargas Vásquez y Alexandra Alvarado Paniagua, en sentencia n.° 1465-F-11, dispuso: “Se rechaza la prueba para mejor resolver. Se deniega la nulidad invocada. En lo apelado, se revoca parcialmente la sentencia  de las 15:00 horas del 24 de junio del dos mil diez. En su lugar, se declara: 1) en relación con la demanda de reivindicación tramitada bajo el expediente 99-000137-419-AG, se acoge la excepción de falta de derecho y prescripción positiva y se deniega en todos sus extremos la demanda de reivindicación, daños y perjuicios de Sotavento Platanal S.A.  Con respecto a la contrademanda de usucapión especial agraria de Bolívar Sánchez Arguedas contra Sotavento Platanal S.A. se deniega la excepción de falta de derecho,  se acoge parcialmente la reconvención y se declara: 1) Bolívar Sánchez Arguedas  adquirió mediante la prescripción especial agraria la finca de la provincia de Puntarenas inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A. bajo matrícula cuarenta y dos mil seiscientos cinco- cero cero cero, sito en el distrito cuarto del cantón sétimo de la provincia de Puntarenas, con una cabida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros con seis decímetros cuadrados, con plano catastrado P- cero cuatro tres cero nueve seis cinco-mil novecientos ochenta y uno. Linda al norte y sur en parte quebrada Banco y otro, al este Anel Alfaro Corella y al oeste con zona inalienable de doscientos metros. Se ordena al Registro Público de la Propiedad inscribir a nombre de Bolivar Sánchez Arguedas, cédula cinco-ciento cuarenta-mil ciento cuarenta y siete  la finca de la provincia de Puntarenas inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A. bajo matrícula cuarenta y dos mil seiscientos cinco- cero cero cero. Sobre la demanda acumulada Nº 96-232-419-AG se confirma la sentencia, en el entendido de que lo denegado es la usucapión común agraria. Se resuelve el proceso sin especial condenatoria en costas. En lo demás aspecto de apelación, se confirma la sentencia.”\n\n          10. El representante de Sotavento Plantanal S.A. formula recurso de casación indicando expresamente las razones en las que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.\n\n          11. En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.\n\nRedacta el magistrado Solís Zelaya\n\nCONSIDERANDO\n\nI. De conformidad con los hechos no controvertidos del fallo, el 2 de marzo de 1989, la empresa Sotavento Platanal Sociedad Anónima (en lo sucesivo SOTAVENTO, la compañía, empresa o sociedad), le compró a la compañía Tampantí Sociedad Anónima la finca inscrita en el Registro Público, Sección de la Propiedad Inmueble, partido de Puntarenas, matrícula de folio real no. 42.605-000. De conformidad con la información registral, es terreno de repastos, potrero y montaña; sita en el distrito Primero (hoy Cuarto); del cantón Sétimo; de la provincia de Puntarenas. Concretamente, en Punta Banco, Pavón, Golfito. Tiene un área de 234.383,6 metros cuadrados; es decir, 23,43836 hectáreas. Linda al norte: en parte quebrada, banco y otro; sur: en parte quebrada, banco y otro; este: Anael Alfaro Corella; y oeste: zona inalienable de 200 metros. Está graficada en el plano catastrado no. P-430965-1981. La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), mediante acuerdo tomado en el artículo VI de la sesión no. 88-89, celebrada el 31 de octubre de 1989, declaró la existencia de un conflicto derivado de la posesión precaria de tierras, en un área de cinco hectáreas de la referida heredad; así como sobre cuatro hectáreas de la zona marítimo terrestre. Se tuvo al señor Bolívar Sánchez Arguedas como poseedor en precario; quien, originalmente, ingresó al referido fundo porque fue contratado por el señor Amado Rodríguez, a la sazón su propietario. El Juzgado Agrario de Puntarenas, en resolución de las 16 horas del 13 de marzo de 1990, declaró sin lugar la demanda de desahucio establecida por SOTAVENTO contra don Bolívar. En dicho proceso se acreditó que el señor Sánchez Arguedas entró a la propiedad como cuidador; empero, luego se dedicó a cultivarla. El área donde ha efectuado cultivos diversos, construyó su casa de habitación y ha convivido con su familia, es una sola unidad productiva con el sector de zona marítimo terrestre, con la que colinda. En el diario oficial La Gaceta no. 61 del martes 30 de marzo de 1993, se publicó el Decreto Ejecutivo no. 22033-MAG-MIRENEM del día 2 de mes y año; mediante el cual, entre otras, se expropiaba el indicado fundo propiedad de SOTAVENTO. No obstante, en oficio DAJ-722-97 del 12 de noviembre de 1997, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del IDA, se informó que, para ese momento, no había sido ejecutado; luego, en el DAJ-419-2001 del 14 de mayo de 2001, afirmó que la expropiación nunca se materializó. Fue derogado mediante Decreto Ejecutivo no. 32408-MAG-MINAE, publicado en La Gaceta no. 113 del 13 de junio de 2005.\n\nII.  El 21 de agosto de 1996, el señor Bolívar Sánchez Arguedas interpuso demanda ordinaria en el Juzgado Agrario de Puntarenas en contra de SOTAVENTO. Peticiona se le declare en sentencia legítimo propietario de la finca matrícula de folio real no. 42605-000, con una cabida de 234.383,6 metros cuadrados. Asimismo, que dicha heredad la adquirió por prescripción positiva (usucapión), en virtud de haberla poseído por más de 17 años en forma pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe y a título de dueño; ejerciendo, durante ese período, todos los actos posesorios inherentes al dominio agrario. Como consecuencia de lo anterior, pretende se ordene la inscripción del predio a su nombre. De igual manera, que tiene mejor derecho de posesión que el dueño registral, a efecto de continuar con la explotación agraria que ha ejercido. En caso de oposición, solicita se le impongan a la demandada las costas del proceso. La apoderada especial judicial de la sociedad accionada contesto negativamente los hechos. Opuso la defensa de falta de derecho. Asimismo, alegó la expresión genérica “sine actione agit”. Este proceso se identificó con el número único 96-232-419-AG (a lo interno del Despacho, con el no. 232-1-96). Luego, el 1ero. de octubre de 1999, y ante la misma autoridad judicial, el apoderado generalísimo sin límite de suma de SOTAVENTO, formuló demanda ordinaria en contra de don Bolívar. Pretende se declare en sentencia que su poderdante es la propietaria del lote ocupado por el demandado, el cual es parte de la finca inscrita en el Registro Público, matrícula de folio real 42.605-000. De igual manera, que tiene derecho al libre goce de todos y cada uno de los derechos que comprende el de propiedad; así como a reivindicar esa porción de la finca ocupada por el demando y, por ende, que él está obligado a entregar la plena posesión de ese lote a su mandante. También peticiona se declare la potestad de la empresa de hacer suya, en virtud del pago de los materiales y mano de obra correspondientes, la casa de habitación que don Bolívar construyó en la propiedad; o, por el contrario, a exigir que se quite o destruya a costa suya. Solicita se le condene al pago de los daños y perjuicios infligidos, a devolver los frutos que hubiere percibido y a responder por los deterioros sufridos, después de notificada la demanda. Por último, y en caso de oposición del accionado, pide se le impongan las costas del proceso. Don Bolívar aceptó unos hechos y rechazó otros. Opuso la defensa de falta de derecho. Luego, en escrito presentado el 9 de febrero de 2000, folio 41, adicionó la contestación, en el sentido de interponer la excepción de prescripción positiva. A su vez, contrademandó. Requiere se declare que él adquirió la finca del Partido de Puntarenas, matrícula no. 42.605-000, con una cabida de 234.383,6 metros cuadrados, por la prescripción positiva. Ello, debido a que la poseyó por 20 años en forma pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe y a título de dueño; ejerciendo, durante ese plazo, todos los actos posesorios inherentes al dominio absoluto sobre la totalidad del inmueble. En consecuencia, pide se le ordene al Registro Público inscribirla a su nombre. De igual manera, solicita se disponga que la adquisición de la finca lo es a título de propietario legítimo, debido a la posesión agraria que ha venido ejerciendo durante los últimos 20 años, de tal suerte que la inscripción registral deberá indicar que es el dueño del inmueble. Asimismo, reclama se declare su mejor derecho de posesión que la dueña registral, SOTAVENTO, para continuar con la explotación agraria que ha ejercido sobre el inmueble. Por último, y en caso de oposición, ruega se le imponga a la demandada el pago de las costas del proceso. En el memorial presentado el 9 de febrero de 2000 –folio 41-, amplió su pretensión, para que se declare la nulidad del título de la reivindicante, pues pierde eficacia en contra del suyo, por lo que debe ordenarse su cancelación. Tocante a estas pretensiones, la Jueza Agraria, en resolución de las 9 horas 24 minutos del 21 de abril de 2010 –folio 1016-, le previno al reconventor, debido a que solicitaba, por un lado, que se declarara haber adquirido por prescripción positiva y, por el otro, su mejor derecho de posesión, las cuales resultan excluyentes, a que, dentro del plazo de ocho días, escogiera la de su interés; en su defecto, se ordenaría tramitar la que correspondía, de acuerdo con las circunstancias. En escrito de folio 1022, don Bolívar escogió el requerimiento de haber adquirido el inmueble por prescripción positiva. El apoderado especial judicial de la empresa actora reconvenida, aceptó un hecho y rechazó los demás. Opuso la defensa de falta de derecho. Este proceso se tramita con el número único 99-137-419-AG (singularizado a lo interno del Juzgado como 184-2-99).  En resolución de las 15 horas 5 minutos del 13 de marzo de 2002, folio 154, se ordenó la acumulación del expediente 232-1-96 al 184-2-99. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Agrario mediante voto no. 537 de las 15 horas 35 minutos del 13 de agosto de 2002 –folio 548-. La A quo, en su sentencia, tocante al proceso 99-137-419-AG (184-2-99), rechazó las defensas de prescripción y falta de derecho. Acogió parcialmente la demanda en los siguientes términos: 1) Declaró a la empresa actora reconvenida propietaria del lote que ocupa el demandado reconventor, el cual forma parte de la finca inscrita en el Registro Público, partido de Puntarenas, matrícula no. 42.605-000. 2) Como dueña, tiene derecho al libre goce de todos los atributos del derecho de propiedad. 3) Le ordenó a don Bolívar restituirle la posesión de la heredad. 4) Le reconoció al señor Sánchez Arguedas su derecho al pago de las mejoras necesarias y útiles que demuestre, en etapa de ejecución del fallo, haberle introducido al inmueble propiedad de la empresa actora. Y, 5) Lo condenó al pago de los daños y perjuicios irrogados a SOTAVENTO, lo cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. Respecto a la contrademanda formulada por don Bolívar, acogió la excepción de falta de derecho, en su modalidad de usucapión no cumplida. En consecuencia, la declaró sin lugar en todos sus extremos. Condenó al demandado reconventor al pago de las costas del proceso. En lo que respecta al proceso no. 96-232-419-AG (232-1-96), acogió la defensa de falta de derecho, en su modalidad de usucapión no cumplida. Declaró sin lugar, en todos sus extremos, la demanda de prescripción positiva incoada por don Bolívar. Le impuso el pago de las costas del proceso. El Tribunal rechazó la prueba para mejor resolver propuesta. Denegó la nulidad invocada. Revocó parcialmente lo resuelto. En su lugar, en lo que respecta al proceso 99-137-419-AG; tocante a la demanda reivindicatoria, de daños y perjuicios interpuesta por SOTAVENTO, acogió las excepciones de falta de derecho y prescripción positiva. En consecuencia, la denegó en todos sus extremos. En torno a la contrademanda por usucapión formulada por don Bolívar, denegó la defensa de falta de derecho. La acogió parcialmente en los siguientes términos: 1) El señor Sánchez Arguedas adquirió, mediante prescripción especial agraria, la finca inscrita a nombre de SOTAVENTO, matrícula 42.605-000, sita en el distrito Cuarto, cantón Sétimo de la provincia de Puntarenas, con una cabida de 234.383,6 metros cuadrados; la cual se describe en el levantamiento topográfico no. P-0430965-1981. Linda al norte y sur en parte quebrada, banco y otro; al este Anael Alfaro Corella y, al oeste con zona inalienable de 200 metros. Y, 2) Le ordenó al Registro Público de la Propiedad inscribirla a su nombre. Respecto al proceso no. 96-232-419-AG, confirmó lo resuelto, pero en el entendido de que lo denegado es la usucapión común agraria. Resolvió sin especial condenatoria en costas. En lo demás, confirmó lo resuelto. Inconforme, el representante de SOTAVENTO interpone recurso de casación ante esta Sala.  \n\nIII. En el primer agravio, indica el casacionista que la reivindicación procede siempre que no haya operado la usucapión a favor de un tercero. De igual manera, agrega, la prescripción positiva debe ser declarada al acogerse una pretensión, no una defensa. Señala, la restitución se dirige contra cualquier propietario o poseedor que ostente ilegítimamente el inmueble, o el conjunto de sus bienes. Sus efectos, afirma, son de dos tipos: 1) la restitución y 2) los secundarios, como el pago de los frutos o las mejoras. La reivindicación, apunta, puede oponerse contra todo aquel que tenga la cosa, sin que por tal restitución deba pagarse monto alguno, salvo lo dispuesto en el canon 327 –no especifica de qué cuerpo normativo-. La salvedad a la acción reivindicatoria, arguye, radica en el hecho de que el poseedor hubiere poseído por más de 10 años; es decir, que hubiere usucapido. Cuando un tercero ha adquirido positivamente o usucapido, el reivindicante pierde su derecho, por la extinción de su propiedad. Por el contrario, cuando el usucapiente no ha alcanzado los 10 años de posesión, asevera, debe reclamar el pago de los efectos secundarios (mejoras y frutos). En ambos casos, comenta, se requiere que el demandado contrademande. Reproduce el precepto 320 del Código Civil. Son dos institutos jurídicos autónomos, anota. La reivindicación es un derecho del propietario para recuperar la propiedad de la que fue despojado ilícitamente. Por su parte, la usucapión es una forma original de adquisición del dominio. Hay dos tipos de precedencia de ambos institutos, indica, cuando entran en confluencia. La falta de uso de la heredad, por parte del titular, anota, no significa que el propietario agrario deje de serlo unilateralmente, pues la propiedad no se pierde sola. Se deja de ser propietario agrario, comenta, en la medida en que un tercer usucapiente la adquiera, con una posesión de más de 10 años, en la forma que establece la ley. Solo cuando se encuentran la reivindicación y la usucapión en un mismo proceso, señala, esta última actúa como defensa. Se trata de una excepción o, a veces, afirma, defensa previa de prescripción, usucapión, falta de legitimación activa y pasiva, o falta de derecho. El conflicto más complejo, señala, opera cuando el usucapiente no tiene los 10 años de posesión, caso en el cual prevalece la propiedad sobre la posesión. En el Código Civil, apunta, el derecho de posesión se adquiere y pierde en un año. Por tal, comenta, los interdictos caducaban al año. Años después, indica, se redujo el plazo a seis meses. Cuando se aprobó la Ley de Tierras y Colonización, no. 2825 del 14 de octubre de 1961, relata, se creó una sección denominada “Solución de conflictos entre propietarios y poseedores en precario”; en donde se les dio de nuevo, afirma, el derecho de posesión en un año a los poseedores quienes fueron llamados en precario, para resolver sus problemas con los propietarios. En tal caso, arguye, se le designó posesión especial agraria, cuyo carácter se adquiría en un año; luego de lo cual, dice, el entonces Instituto de Tierras y Colonización –ITCO- ofrecía la opción de adquirir la propiedad mediante un acuerdo entre partes, o recurriendo al instituto de la expropiación. Lo anterior significa, arguye, que en el ordenamiento jurídico costarricense, existe un sistema con un orden de prelación, que desciende desde la propiedad agraria absoluta o libre, hasta la más insignificante. Comienza con la propiedad agraria; más tarde, propiedad agraria con poseedores en precario con menos de un año (ad interdictam); posteriormente, con más de un año (ad usucapionen); luego, con más de un año y menos de 10; con posesión de más de 10 años; y, por último, la pérdida de la posesión por la usucapión (extinción de una y nacimiento de otro derecho real). La usucapión, manifiesta, está regulada en el capítulo del Código Civil denominado “De la Prescripción”, numerales 850 a 883. Se distingue entre la “prescripción positiva” o adquisitiva, también denominada usucapión; y la “prescripción negativa” o extintiva. Con la primera, señala, se adquiere un derecho, ejercido durante un tiempo determinado. Con la segunda, se pierde otro tipo de derecho, por el no uso durante cierto tiempo. La norma clave de la usucapión, asevera, es el artículo 853 del Código Civil, el cual reproduce. El título, manifiesta, quien lo alega, debe probarlo –canon 854-; la buena fe debe permanecer durante todo el tiempo de la posesión -855-; la posesión debe ser en calidad de propietario, continua, pública y pacífica -856-; la prescripción adquirida con violencia cesa desde que termina ese estado -857-; la oculta vale hasta que esté inscrita o no pueda ser conocida por los que tengan la posibilidad de interrumpirla -858-; el poseedor actual puede sumar a la suya la de sus tansmitentes -859-; para adquirir la posesión de inmuebles se requieren 10 años, mientras que, para los muebles, uno -860-. En este asunto, afirma, el Ad quem quebró el principio explicado. De manera errónea acogió una excepción y declaró la existencia de una supuesta usucapión especial agraria, concluye, que no había sido alegada ni incluida por el demandado reconventor en las pretensiones de su contrademanda.          \n\nIV. En atención a la forma como se plantea el motivo de disconformidad en estudio, es menester señalar que esta Sala, en la sentencia no. 505 de las 8 horas 45 minutos del 14 de abril de 2011, citando otros precedentes, señaló: “[…] dentro de las características del recurso de casación en materia agraria está la de que debe ordenarse técnicamente. Se han de enumerar y estructurar los reproches a la sentencia y fundamentar su falta de juridicidad. El recurrente tiene el deber de explicar, de manera clara y precisa, las razones en las cuales sustenta su gestión.  Ha de combatir, de modo sistemático, los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida. Sólo se le exime de señalar, en forma expresa, las normas jurídicas violadas, o el tipo de infracción cometida. En relación, véase, entre muchas otras, la sentencia número 892 de las 9 horas del 25 de noviembre del 2005.”  (Voto 596-f-06 de las 14 horas 55 minutos del 30 de agosto del 2006). Entonces, pese a que el recurso en materia agraria se rige por el Código de Trabajo, y se ha considerado como tercera instancia rogada, ello no exime a la parte recurrente del deber de expresar de manera clara y precisa los aspectos de la sentencia de segunda instancia que combate, explicando en todo caso en qué consisten los yerros alegados”. No. 300 de 10 horas del 25 de abril de 2008.” (Lo subrayado es suplido). En igual sentido, pueden consultarse, entre otros, los fallos de esta Cámara nos. 809 de las 8 horas 40 minutos del 5 de julio y 1513 de las 9 horas 25 minutos del 15 de noviembre, ambas del año 2012. Acorde a lo expuesto, aunque en el recurso de casación agrario no se exigen formalidades especiales, no significa que sea por completo informal, ya que los reparos al fallo deben estructurarse de modo técnico. Así, habrá de exponerse, con claridad y precisión, las objeciones a los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida; lo único de lo que está exento el recurrente es de señalar las disposiciones del ordenamiento jurídico conculcadas o el tipo de infracción cometida. En esta línea de pensamiento, en el agravio de mérito, el casacionista, en primer lugar, efectúa una exposición general y meramente argumentativa, en torno a los institutos de la reivindicación y la prescripción positiva, desligada por completo de la sentencia que cuestiona. No es sino hasta en el último párrafo, en donde indica: “En el presente asunto el ad quem [sic] quiebra el principio explicado y de manera errónea, al acoger una excepción, declara la existencia de una supuesta usucapión especial agraria que no había sido alegada ni había sido incluida por la demandada-reconventora [sic] en las pretensiones de su contrademanda.” Como se observa, lo afirmado no pasa de ser una disconformidad divorciada de la sentencia combatida. El casacionista no alude a los fundamentos del fallo del Ad quem. Al respecto, en el considerando VI, las juzgadoras de instancia  analizaron la naturaleza jurídica de las pretensiones deducidas por el señor Sánchez Arguedas en ambos procesos –en uno, como demandante y, en el otro, como reconventor-. Concluyeron que, en la reconvención, se aducía o reclamaba haberse adquirido la heredad mediante el instituto de la usucapión especial agraria; mientras que, en la demanda, se invocaba la prescripción positiva común agraria. Asimismo, lo cual será objeto de análisis en el considerando siguiente, si bien es cierto, para desestimar la demanda reivindicatoria formulada por SOTAVENTO, acogieron las defensas de falta de derecho y prescripción positiva; también lo es que, distinto a lo señalado por el recurrente, en los considerando VII y XI, analizaron la procedencia de la contra demanda interpuesta por don Bolívar, en donde alegó y peticionó el acogimiento de la usucapión especial agraria. Empero, se insiste, el casacionista omite referirse a lo argumentado por el Ad quem en los apartados referidos. Es decir, efectúa un comentario desligado de la fundamentación jurídico-fáctica contenida en la sentencia que impugna. En consecuencia, al mantenerse incólumes los motivos señalados por el Tribunal para desestimar la demanda y acoger la reconvención, lo argumentado por el recurrente resulta fútil a efecto de quebrar el fallo. Ergo, se impone el rechazo del reparo en estudio.\n\nV. Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, es menester indicar lo siguiente. El aserto del casacionista, en el sentido de que el Ad quem declaró la usucapión especial agraria a favor del demandado reconventor en virtud de haberse acogido la defensa de prescripción positiva interpuesta, sin que se incluyera ese ruego en la contrademanda, causa desconcierto. Ello por cuanto, en primer lugar, el señor Sánchez Arguedas, en el hecho sétimo de su contrademanda, folio 34, afirmó: “Cuando ingresé al inmueble, a principios de 1.979, lo hice por necesidad, pues no tenia donde [sic] vivir yo y mi familia, así como también, no contaba con un medio económico para nuestra subsistencia. La Finca me sirvió para ese fin, pues la misma se encontraba abandonada. Yo la hice productiva, en su totalidad.” (Lo subrayado es del original). Asimismo, y como se apuntó en el considerando II de esta sentencia, en la resolución de las 9 horas 24 minutos del 21 de abril de 2010, folio 1016, el Juzgado, en lo de interés, señaló lo siguiente: “Siendo que el señor Bolívar Sánchez Arguedas contestó la presente demanda a folio 31 y en forma conjunta con esta presentó contrademanda contra la actora, y siendo que dentro de las pretensiones que presenta el demandado reconventor en su contrademanda solicita que se que se [sic] declare: en su punto 2- que adquirió pro [sic] prescripción positiva, y en su punto 6- que el suscrito tiene mejor derecho de posesión; dado lo anterior y siendo excluyentes dichas pretensiones entre sí, de conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Civil, aplicado de forma supletoria a la materia, se le concede el plazo de OCHO DÍAS al demandado reconventor Bolívar Sánchez Arguedas, para que escoja la pretensión que es de su interés; en su defecto, el juez ordenará tramitar la que corresponda de acuerdo con las circunstancias.” (Solo lo subrayado no es del original). El señor Sánchez Arguedas, en escrito de folio 1022, indicó: “En este acto solicito que se tenga y acoja la PRETENCIÓN [sic]: “2- que adquirió por prescripción positiva”, siendo que concurren los elementos para la indicada pretensión.” (Lo subrayado es del original). El Juzgado, en resolución de las 8 horas 52 minutos del 24 de mayo de 2010, folio 1023, le otorgó el plazo de tres días a la empresa actora reconvenida para que manifestara lo que tuviera a bien respecto de la pretensión escogida por el demandado reconventor. Su representante legal, en memorial de folio 1029, en lo conducente, señaló: “En referencia a la pretensión escogida por el demandado (prescripción positiva) tomamos nota, y nos remitimos a los argumentos de hecho y de derecho que hemos expuesto a lo largo de este proceso y que constan en el expediente. / Adicionalmente, aun [sic] conociendo la resolución del Tribunal consideramos que la misma es errónea ya que a estas alturas del proceso no es posible desacumular pretensiones.” (Lo subrayado es suplido). Luego, en escrito de folios 1105 a 1123 efectuó una serie de consideraciones en torno a la decisión de don Bolívar de fijar como su pedimento la prescripción positiva; en donde manifestó las razones que, a su entender, justificaban su rechazo. De acuerdo con lo anterior, y distinto a lo ahora alegado, la sociedad actora reconvenida tenía pleno conocimiento de que, en la contrademanda interpuesta por el señor Sánchez Arguedas, lo peticionado era la declaratoria de la usucapión especial agraria a su favor. Así lo reconoció de manera expresa su representante a folios 995, 998, 999, 1105, 1106, 1107, 1163 y 1164 cuando, en lo de interés, indicó: “[…] me refiero al recurso de apelación con nulidad concomitante interpuesto en contra de la sentencia número 65-2007 de las siete horas cinco minutos del tres de julio de dos mil siete, por el señor Bolívar Sánchez Arguedas, con base en los siguientes argumentos: / I. En relación con el punto primero del recurso de apelación: En relación con el punto primero del recurso de apelación: Alega el recurrente que en la sentencia número 65-2007, no existe pronunciamiento sobre lo pretendido por el señor Bolívar Sánchez Arguedas, es decir, la prescripción positiva. No es cierto. Sobre la pretensión de prescripción positiva, lo único que se tuvo por acreditado fue que el señor Sánchez Arguedas sólo llegó a poseer un pedazo de la finca en litis por un período menor al requerido por la usucapión agraria especial. […] En el presente caso, la señora Juez procedió a valorar la prueba incorporada en el expediente y le dió [sic] prioridad a la prueba consistente en el expediente de [sic] IDA, en el cual se concluyó que el señor Bolívar Sánchez Arguedas llegó a poseer una parte de la finca consistente en cinco hectáreas de la propiedad de Sotavento Platanal, S.A. y cuatro hectáreas de la zona marítima [sic] terrestre, y no la totalidad de veintitrés hectáreas que reclama el señor Sánchez Arguedas, lo que ameritó la declaratoria de un conflicto de posesión precaria de tierras por cuanto no habían transcurrido diez años que dieran mérito a la usucapión. Lo cierto es que el señor Sánchez Arguedas no cumplía con el plazo previsto en la ley para que precediera la usucapión agraria especial. […] 1. Me permito hacer las siguientes consideraciones en relación con la determinación del señor BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS de finar como su pretensión dentro de este proceso ordinario, la PRESCRIPCIÓN POSITIVA AGRARIA. […] Con motivo de la resolución el [sic] Tribunal Agrario del 28 de enero de 2010, precedió Su Autoridad a dar audiencia al señor BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS para que escogiera su pretensión, quien escogió la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, de acuerdo al derecho que alega tener, no obstante ha quedado claro que NO LE ASISTE. Por lo tanto, ha quedado listo para el dictado de la resolución de fondo este [sic] expediente. / En el mismo sentido, como elementos que deben ser reconocidos por el juzgador a la hora de pronunciar la resolución de fondo, se destacan los siguientes: / Al respecto [sic] del instituto de la usucapión especial agraria, nuestra jurisprudencia ha autorizado o adepctado importantes aportes doctrinales como el siguiente: […] QUINTO: El apelante incorrectamente lo denomina: VII. El argumento del recurrente no solo adolece de los mismos defectos indicados en el punto anterior, sino que pretende llevar a error la juzgador afirmando que en la Sentencia se aplicó el instituto de la usucapión civil y no el de la usucapión agraria. El argumento es incorrecto. Nótese que en el Considerando Cuarto se relaciona desde su inicio a la prescripción positiva agraria y nunca a la civil. […]”. (Lo resaltado es del original). Incluso, ahora, en casación, así lo reconoce, pues a folios 1248 y 1257, en lo conducente, afirma: “VIOLACIÓN POR LA SENTENCIA RECURRIDA DE LAS PRUEBAS DE LA USUCAPIÓN AGRARIA EN UNA FINCA DE VEINTITRÉS HECTÁREAS, POR FALTA DE PRUEBA, UBICADA EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DONDE EL TRIBUNAL AGRARIO NO PUEDE DECLARAR UNA USUCAPIÓN. / POR EL CONTRARIO HAY PRUEBA CONFESIONAL, PERICIAL Y DOCUMENTAL SEÑALAN [sic] QUE PROCEDE LA REIVINDICACIÓN (COMO CONTRADICTORIO A LA USUCAPIÓN ESPECIAL AGRARIA) CON ALEGATOS DE SER UN PEÓN DE LA FINCA, ES DECIR SERVIDOR DE LA POSESIÓN, POR LO QUE NUNCA PUDO CAMBIAR EL TÍTULO DE PEÓN A POSEEDOR DE BUENA FE EN LA USUCAPIÓN. […] Para la usucapión las alegaciones y prueba de las partes deben coincidir con el artículo 853 del Código civil [sic], desde luego aceptando las posibles particularidades que una usucapión especial agraria pueda tener.” (Lo resaltado en mayúscula, negrita y subrayado es del original). Es decir, en la reconvención se alegó y existía un ruego específico en ese sentido. En otro orden de ideas, y también, como se reseñó en el apartado II de esta resolución, en virtud de lo alegado y pedido tanto al contestarse la demanda como en la contrademanda, el Tribunal, en el considerando XI de la sentencia impugnada, señaló: “Por los motivos expuestos, se deniega la prueba para mejor resolver, así como la nulidad invocada. Deberá revocarse parcialmente la sentencia 74-2010 de las 15:00 horas del 24 de junio del dos mil diez. En su lugar deberá ser declarado: 1) en relación con la demanda de reivindicación tramitada bajo el expediente 99-000137-419-AG lo siguiente: Se acoge la excepción de falta de derecho y prescripción positiva y se deniega en todos sus extremos la demanda de reivindicación, daños y perjuicios de Sotavento Platanal S.A. Con respecto a la contrademanda de usucapión especial agraria de Bolívar Sánchez Arguedas contra Sotavento Platanal S.A. se deniega la excepción de falta de derecho, se acoge parcialmente y se declara: 1) Bolívar Sánchez Arguedas adquirió mediante la prescripción especial agraria la finca de la provincia de Puntarenas inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A. bajo matrícula cuarenta y dos mil seiscientos cinco- cero cero cero, sito en el distrito cuarto del cantón sétimo de la provincia de Puntarenas, con una cabida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros con seis decímetros cuadrados, con plano catastrado P-cero cuatro tres cero nueve seis cinco-mil novecientos ochenta y uno. Linda al norte en parte quebrada banco y otro, al sur en parte quebrada banco y otro, al este Anel [sic] Alfaro Corella y al oeste con zona inalienable de doscientos metros. 2) Sobre el fundo Bolívar Sánchez Arguedas desplegó actos posesorios agrarios por período [sic] de diez años por motivos de necesidad. 3) Se ordena al Registro Público de la Propiedad inscribir a nombre de Bolívar Sánchez Arguedas, cédula cinco-ciento cuarenta-mil ciento cuarenta y siete la finca de la provincia de Puntarenas inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A. bajo matrícula cuarenta y dos mil seiscientos cinco- cero cero cero, sito en el distrito cuarto del cantón sétimo de la provincia de Puntarenas, con una cabida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros con seis decímetros cuadrados, con plano catastrado P-cero cuatro tres cero nueve seis cinco-mil novecientos ochenta y uno. Linda al norte en parte quebrada banco y otro, al sur en parte quebrada banco y otro, al este Anel [sic] Alfaro Corella y al oeste con zona inalienable de doscientos metros. Estimándose para efectos fiscales en la suma de diez millones de colones. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.” Lo cual así se refleja en la parte dispositiva, según se apuntó en el referido considerando de esta sentencia. Corolario, distinto a lo señalado por el casacionista, el Tribunal decretó la procedencia de la usucapión especial agraria porque declaró con lugar la contrademanda formulada por don Bolívar; no en virtud de haber acogido la defensa que interpuso en contra de la demanda intentada por SOTAVENTO.\n\nVI. En la segunda objeción, alega el casacionista el rompimiento de los principios generales del Derecho Procesal Agrario, por la falta de motivación con quebranto del artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Ello, según explica, al imponer el Tribunal una valoración arbitraria, a efecto de incorporar tres hechos probados nuevos -11, 12 y 13- y eliminar, sin fundamento alguno, los dos hechos improbados de la sentencia de primera instancia, en relación con la demás prueba del proceso, para cambiar, en forma total, el resultado de esta lite. El grave problema de la sentencia cuestionada, agrega, estriba en que se variaron los hechos no probados y sumaron tres como si fueran probados, para modificar el cuadro fáctico, determinar una usucapión a favor del reconventor y, por ende, revocar la sentencia de la A quo. Indica, sin establecer cómo, con sustento en el referido artículo, la sentencia cuestionada incorporó tres hechos nuevos dentro del elenco de acreditados. Al cambiar el Tribunal el cuadro fáctico, sin ninguna posibilidad del justiciable de ofrecer contra prueba, defenderse, o tener el derecho a un contradictorio, afirma, se conculca el derecho de defensa y el del debido proceso. La sentencia de la A quo, comenta, tuvo dos hechos como no probados, los cuales reproduce. Copia el considerando III de la resolución cuestionada, tocante a las razones que esgrimió el Ad quem para desecharlos. Esta forma de tratar la prueba, comenta, eliminando los hechos no probados, sin que en ninguna parte de la sentencia se indique, con claridad y precisión, la contrapueba que hubiere conducido al Tribunal a explicar cuáles elementos de convicción motivaron tal cambio, es una típica actitud del sistema abolicionista, actuando con autoridad y sin equilibrio en relación con la eliminación de los hechos indemostrados. Igual circunstancia se presenta, añade, con los hechos probados incorporados, cuando la lectura de las probanzas faculta llegar a las conclusiones de la A quo, mas no a las del Ad quem. Indica que las características tendenciales del proceso agrario se pueden ubicar, principalmente, en tres direcciones: 1) las relacionadas con la modernidad del proceso, 2) las referidas a los poderes otorgados al Juez y 3) las garantías concedidas a las partes en juicio. En esencia, señala, el proceso agrario se funda en el principio de oralidad. Por su medio, anota, se logra alcanzar una de las mayores metas, como es la de la humanización del proceso. A través de la oralidad, añade, se satisfacen fines humanistas y de evolución procesal, porque entraña una serie de particularidades propias, por las cuales el proceso cobra vida dentro del alma del pueblo, como revelación contra el sistema tradicional. La forma cómo actuó el Tribunal, apunta, fue distinta. Entre papeles, sin contacto con la realidad, se imaginó una situación formal y, con los criterios a la lectura de las pruebas, incorporó unos hechos y desapareció otros, para obtener una sentencia de “lo que pensaron o se imaginaron”, no de lo que los hechos, los valores y, sobre todo, las normas y los principios indican. No obstante la trascendencia de la oralidad, arguye, hoy día se considera más importante el principio correlativo a este, el de la inmediatez. Constituye, alega, el instrumento para humanizar el proceso. No es la forma de expresarse, sino la posibilidad de las partes y jueces de estar en contacto directo, de poder comunicarse en forma amplia y libre, sin la intermediación de abogados ni empleados, seguros de que el mensaje enviado será escuchado, que habrá respuesta inmediata. También, añade, dentro de ese contacto humano entre las partes, el uso del diálogo, la facilidad para acercarse, incluso, comprender las aspiraciones de la contraria y las propias limitaciones, resulta más fácil encontrar vías de comunicación para formular arreglos conciliatorios espontáneos, voluntarios. La conciliación, expone, constituye un extraordinario instrumento para la paz social, porque las soluciones son encontradas entre las partes y no impuestas por el juez. La sentencia, anota, generalmente define un ganador o un perdedor, incluso, hasta dos perdedores; con la conciliación, ambas partes resultan gananciosas. Debido a las particularidades de la oralidad, comenta, existe concentración. Es decir, la posibilidad de resolver el asunto en una o pocas audiencias. El tiempo entre la formulación de la demanda y el dictado de la sentencia se reducen considerablemente. La audiencia oral se convierte en el instrumento idóneo para impulsar el proceso. En los juicios más simples, dice, todo se resolverá en una única audiencia; en los más complejos, por lo general, en dos. En materia procesal, considera, lo moderno de un sistema se determina, fundamentalmente, por el grado alcanzado en las simplificaciones procesales. Esto es, argumenta, según la evolución obtenida en la incidencia del sistema oral. En el proceso agrario, estima, aún en sistemas procesales estrechamente atados a la escritura, se tiene la presencia de elementos orales definidores, en muchas ocasiones, de un sistema propio y diverso, más evolucionado que el civil. Con la oralidad, apunta, resulta imposible eliminar el carácter documental de la etapa preparatoria de la demanda, las pruebas escritas, la sentencia. El sistema procesal agrario, afirma, se ve tentado a incurrir en los amplios poderes del principio inquisitivo, negador de todos los demás. La modernización del proceso agrario, estima, consiste en adoptar el principio de la oralidad para cumplir con un doble orden de fines: a) el impulso del humanismo y b) promover un proceso más democrático, imparcial, desarrollado en una o pocas audiencias. Los poderes del Juez, alega, tienen importancia, sin variar la facultad de las partes de disponer el objeto; sobre todo, de su libertad probatoria, consistente en ofrecer los medios de convicción necesarios para demostrar sus pretensiones. El proceso agrario, dice, debe concebir un juez imparcial, respetuoso de las partes y del problema delante suyo. Más activo, con más poderes de dirección e impulso, dotado de amplias facultades para apreciar las pruebas, con el objeto de dictar un fallo lo más cerca posible a la verdad real, derivada de las probanzas evacuadas. Dentro de los poderes más importantes otorgados a los juzgadores agrarios, menciona, están los de la libre valoración de los medios de prueba; el de la conducción orgánica, respetuosa, equilibrada e imparcial del proceso, así como con los demás abogados. Alega, se han abandonado una serie de criterios, originalmente técnicos o científicos, pero, en el fondo, políticos, cuya utilidad práctica aún defienden muchos; no obstante, anota, su uso podría poner al entero sistema procesal agrario fuera de las corrientes procesales modernas, incluso, perder validez institucional por el riesgo de la inconstitucionalidad. El primer criterio, señala, se orienta a separarse de la prueba confesional. Hoy en día, afirma, es inconcebible obtener pruebas del contrario y no de la realidad donde los hechos pudieron haber ocurrido. El tema, anota, se orienta por el respeto de los derechos fundamentales, porque la confesión es un instituto típico de la época medieval, ya que se obtiene a través de dos mecanismos inaceptables: 1) se pretende alcanzar, de la conciencia del confesante, una prueba bajo el temor de un juramento y 2) se amenaza al deponente con una acusación penal por perjurio, en caso de no decir la verdad de su estado de conciencia. La segunda pauta, indica, es apartarse del principio inquisitivo. Señala, los tribunales agrarios deben alejarse de modos de conducta autoritarios o arbitrarios, aun cuando, en el fondo, pueda existir la justificación de buscar la verdad real. Los sistemas procesales, destaca, se acercan más al viejo aforismo romano del Judez secundum allegata et probata partium decidere debet; además, todas las pruebas deben seguir el debido proceso, permitiendo la contraprueba. Por eso, estima, el proceso agrario debe, necesariamente, abandonar el principio inquisitivo. Dentro de esa filosofía, manifiesta, los amplios poderes otorgados al juez en el proceso, también le permiten asumir cierta función activa, con un carácter social asistencial, porque toma en cuenta las limitaciones económicas, sociales y culturales de los sujetos procesales, frente a la inmediatez por la humanización del proceso. Siendo el Derecho Agrario de tutela, de alto contenido social, diserta, los sujetos, cuando carecen de medios económicos, deben estar garantizados procesalmente para la protección de sus derechos, a través de la gratuidad de la justicia. La humanización del proceso agrario, arguye, se percibe en la apertura de los sistemas de administración de justicia, encargados de conocer de todos los asuntos de la disciplina, con una presencia transparente en la realidad. El secreto fundamental de la modernización de la justicia agraria, asevera, así como de cualquier sistema judicial, se encuentra íntimamente vinculado con el tema de las fuentes y la interpretación del derecho. Constituye, señala, el despertar dinámico, constructivo, de avance, en las disciplinas de cambio constante y vicisitudes novedosas. Si el recurso para ante la Sala de Casación fuera más técnico, argumenta, como el civil o el contencioso administrativo, sería más fácil combatir lo resuelto –a través de la violación indirecta de las normas de fondo-. Es evidente, comenta, cuando no es necesario citar las normas de prueba o de fondo infringidas, sobre todo, en el caso de la violación indirecta de ley, es más fácil. No obstante, siempre las pruebas son contradictorias en su contenido, de donde se ha de recurrir a la sana crítica o libre valoración, sobre todo, el juez encargo de recibir la probanza, porque de su conjunto, a unas le da más crédito que a otras, por la coincidencia entre ellas y por el convencimiento adquirido por la inmediatez. No ocurre lo mismo, agrega, con los jueces de segunda instancia, que sin tener la inmediatez, ni la posibilidad de acercarse más directamente al elemento probatorio, tienen límites para dictar un fallo acercado a la verdad de lo que se discute. Desde este punto de vista, estima, el juez agrario, no los tribunales colegiados, son los más acertados en calificar como probados y como no probados los hechos contradictorios. En línea de principio, indica, esta no es una verdad absoluta; sin embargo, si el juzgador de las pruebas, además, tiene más experiencia que quienes conforman el Ad quem, concluye, es de lógica que en casación también estos criterios deban mediar.\n\nVII. En primer lugar, debe indicarse que lo reseñado en torno a las denominadas por el recurrente “características tendenciales del proceso agrario”, configura un alegato general, meramente argumentativo; además de subjetivo; novedoso (pues no fue expuesto durante la tramitación del proceso); y sin ningún nexo con la fundamentación dada por el Ad quem. Nótese que la única referencia a lo resuelto por las juzgadoras de instancia, es la contenida en el folio 1243, en donde se indica: “Esto quiere decir que la forma como actuó el Tribunal fue totalmente diferente. Entre papeles, sin contacto con la realidad, se imaginó una realidad formal, y con los criterios a la lectura de las pruebas incorporó unos hechos e hizo desaparecer otros para obtener una sentencia de “lo que pensaron o se imaginaron” y no de lo que los hechos, los valores y sobre todo las normas y los principios indican.” Tal aserto resulta, a todas luces, vago e impreciso. No se cuestiona el fundamento fáctico-jurídico señalado en la sentencia para desestimar la demanda y acoger la reconvención. Ergo, además de estar imposibilitada esta Sala para emitir pronunciamiento –doctrina emanada del precepto 608 del Código Procesal Civil, aplicable a este tipo de procesos-; lo indicado por el casacionista resulta inocuo a efecto de quebrar el fallo. En segundo término, a folio 1242 el recurrente dice: “C) Esta forma de tratar la prueba, eliminando los hechos NO probados sin que en ninguna parte de la sentencia se indique, con claridad y precisión, la contraprueba que hubiere conducido al Tribunal a explicar en forma clara cuáles pruebas hicieron tal cambio, es una típica actitud del sistema abolicionista, actuando con autoridad y sin equilibrio en relación con la eliminación de los hechos NO probados. E igual circunstancia se presenta con los hechos PROBADOS incorporados cuando la lectura de las probanzas faculta a llegar a las conclusiones del a quo [sic] y no las del ad queen [sic].” (Lo subrayado es del original). De lo asegurado por el recurrente, queda en evidencia que expone dos hipótesis distintas e indivisibles. Por un lado, señala que en el fallo recurrido no se expone el fundamento o motivo para descartar los hechos no probados que había elencado la juzgadora de primera instancia. Por el otro, afirma que erró el Tribunal al agregar los tres hechos probados, pues luego de valorar las probanzas se arriba a una conclusión distinta; es decir, a la del Juzgado. En el primer caso, se estaría ante un desafuero procesal; en el segundo, de fondo, por quebranto indirecto de ley. Esa ambigüedad riñe con la técnica del recurso en esta materia, según lo expuesto en el considerando IV de esta sentencia. Además, distinto a lo afirmado por el recurrente, en el apartado VI de la sentencia cuestionada, las juzgadoras de instancia brindaron las razones por las cuales estimaron que en la contrademanda interpuesta por don Bolívar se esgrime una usucapión especial agraria; mientras que, en la demanda, una ordinaria agraria. De igual manera, en el considerando VII, de manera exhaustiva, al amparo de los hechos que tuvieron por acreditados, sobre todo, de su sustento fáctico, expusieron los argumentos por los que arribaron a la conclusión de que el señor Sánchez Arguedas reunía los requisitos para que se declarara a su favor la usucapión especial agraria. No obstante, el casacionista no cuestionó esa fundamentación jurídico-fáctica. En consecuencia, en virtud de las razones expuestas, se impone el rechazo de la objeción en análisis.\n\nVIII. Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, debe indicarse, en primer lugar, si se analizara el reparo acorde con lo indicado en el epígrafe: “ROMPIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL AGRARIO POR LA FALTA DE MOTIVACIÓN CON INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE JURISDICCIÓN AGRARIA, AL IMPONER UNA VALORACIÓN ARBITRARIA PARA INCORPORAR TRES HECHOS PROBADOS NUEVOS (11, 12 Y 13) Y ELIMINAR SIN FUNDAMENTO DOS HECHOS IMPROBADOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA, EN RELACIÓN CON LA DEMÁS PRUEBA DEL PROCESO, PARA CAMBIAR EN FORMA TOTAL EL RESULTADO DE LA SENTENCIA.” (La mayúscula y subrayado es del original) y su desarrollo –folios 1241 y 1242-, expuesto en el considerando VI de esta sentencia, el meollo de lo alegado estriba en que, a juicio del casacionista, la sentencia cuestionada padece de falta de motivación. Esto por cuanto, según indica, incorporó tres hechos probados nuevos y eliminó los dos que la A quo había dispuesto como no demostrados, sin justificación alguna. De darse lo recriminado, configuraría un quebranto de orden procesal, esto, aunque se refiera al cuadro fáctico de la sentencia, porque no se recrimina indebida valoración probatoria; nótese, se insiste, lo alegado es que no se fundamentó o motivó la eliminación de los hechos no probados de la sentencia de la A quo, ni la incorporación de los probados. Tampoco se alude a la constitución, existencia o extinción de un derecho; sino que está enfocado a una de las fases del procedimiento: el dictado de la sentencia del Ad quem.  En torno a la procedencia de ese tipo de objeción en materia agraria, este órgano decisor ha indicado “V.- […] En relación, a partir de la sentencia 583 de las 11 horas 35 minutos del 14 de julio del 2004, lo cual es reiterado, entre otras, en las números 608 de las 9 horas 10 minutos del 23 de julio, 1074 de las 11 horas 20 minutos del 16 de diciembre, ambas del 2004 y 892 de las 9 horas del 25 de noviembre del 2005, esta Sala determinó la procedencia, en la materia agraria y en ciertos supuestos, del recurso de casación por ese motivo.  Al respecto, el artículo 559 del Código de Trabajo, aplicable a este tipo de procesos por expresa remisión del canon 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria, dispone: “RECURSO DE CASACIÓN. RECHAZO DE PLANO. Recibidos los autos, la Sala rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y 557. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.” (Lo subrayado no es del original). En relación con este asunto, interesa la segunda parte del numeral en comentario. La doctrina procesalista ha indicado que los motivos de casación dispuestos en el ordinal 594 del Código Procesal Civil, pueden darse en las tres fases del proceso: 1) En la constitución misma de la relación jurídico procesal, verbigracia, lo regulado por el inciso primero, relativo a la falta de emplazamiento o su notificación defectuosa. 2) Los referidos al anormal desenvolvimiento de esa relación. Tal es el caso del inciso segundo, sobre el rechazo de prueba admisible o la falta de citación para alguna diligencia probatoria. Y, 3) Los producidos al momento de decidirse el litigio, es decir, al dictarse la sentencia correspondiente, el ejemplo típico es la incongruencia, dispuesta en el inciso tercero. El indicarse “reposición o práctica de trámites procesales”, según lo dispuesto por la normativa laboral, no abarca la totalidad de los supuestos en que pueden presentarse estos vicios procesales. La jurisprudencia de esta Sala había equiparado los conceptos de “vicios de forma” con los de “trámite procesal”, a pesar de ser diferentes. Se está, puede afirmarse, ante una relación de género a especie, en donde los segundos configuran una especie de los primeros. Los yerros por trámites procesales se refieren a incumplimientos originados, de manera exclusiva, durante el íter procesal, pudiendo enmarcarse en los puntos 1 y 2 antes señalados. […]”. Sentencia número 931 de las 9 horas 30 minutos del 24 de noviembre de 2006. En igual sentido, puede consultarse, entre otras, la no. 1513 de las 9 horas 25 minutos del 15 de noviembre de 2012. Lo alegado por el recurrente, falta de motivación al cambiar el cuadro fáctico de la sentencia del Juzgado, se enmarca dentro del punto tercero antes señalado. Por lo que, el desafuero se produciría al momento de dictarse la resolución del Tribunal; ergo, el agravio es admisible. No obstante, se impone su rechazo, porque, dentro de la lista taxativa del artículo 594 del Código Procesal Civil (aplicable a este tipo de proceso por expresa remisión de numeral 452 del Código de Trabajo), la falta de motivación no figura como causal de casación por motivos procesales.\n\nIX. En segundo término, el artículo 60 de la Ley de Jurisdicción Agraria dispone que “El recurso de apelación, si la ley no indica otra cosa, se concederá en el efecto suspensivo, y su trámite se regirá en lo pertinente por las disposiciones de la Sección IX del Capítulo II, Título VII del Código de Trabajo.” Por su parte, el precepto 502 del Código de Trabajo señala: “Una vez que los autos lleguen en apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo, éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare que se ha omitido alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones que proceda y hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio. En este caso devolverá el expediente al Juez, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y de la corrección disciplinaria que corresponda, si hubiere mérito para imponerla. / En el supuesto contrario dictará su fallo, sin trámite alguno, dentro de los siete días posteriores a aquél en que recibió el expediente, salvo que se ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual se evacuará antes de quince días. Toda sentencia del Tribunal Superior de Trabajo contendrá, en su parte dispositiva, una declaración concreta de que no ha observado defectos de procedimiento en la tramitación del juicio de que se trate. / Dicho Tribunal podrá confirmar, enmendar o revocar, parcial o totalmente, lo resuelto por el Juez, aunque el expediente le hubiere llegado sólo por apelación de alguna de las partes.” (Lo subrayado es suplido). En este caso particular, si el Ad quem concluyó –debido al planteamiento esgrimido por el demandado reconventor en el recurso de apelación- que la demanda no resultaba procedente; debía determinar si la reconvención lo era, tal y como lo realizó. En este sentido, se le confirió competencia material para conocer el fondo del asunto en virtud del recurso vertical interpuesto. Al respecto, puede consultarse, mutatis mutandis, la sentencia de este órgano judicial, número 1513 de las 9 horas 25 minutos del 15 de noviembre de 2012. Además, la parte contraria pudo alegar lo que a bien tuviere en aquella oportunidad, para que se confirmara el fallo apelado, lo que también hizo. Ergo, el Tribunal estaba habilitado para variar tanto los hechos que se tuvieron por probados como los indemostrados, acorde con lo aducido por el apelante, la causa de pedir –hechos de las demandas y reconvención-; y, por supuesto, con la probanza constante en autos. En consecuencia, no colocó en estado de indefensión a la sociedad actora reconvenida al haber incluido tres hechos probados y eliminado los indemostrados; tampoco conculcó el principio del debido proceso.\n\nX. En el tercer motivo de disconformidad, afirma el casacionista que la sentencia recurrida conculca las pruebas de la usucapión agraria en una finca de 23 hectáreas, porque no existen. Además, añade, está ubicada en la zona marítimo terrestre, donde el Tribunal Agrario no puede declarar una prescripción positiva. Por el contrario, señala, existen medios de convicción –confesional, pericial y documental- con los cuales se demuestra que procede la reivindicación. Agrega, se determina que el demandado reconventor era un peón de la finca; es decir, un servidor de la posesión, por lo que nunca pudo cambiar el título de peón a poseedor de buena fe en la usucapión. Transcribe el considerando I de la sentencia del Juzgado, en donde la jueza elencó los 11 hechos demostrados –aunque el décimo se repite en su numeración-. Asimismo, indica, la A quo tuvo como no demostrados dos hechos; pero el Ad quem los eliminó. Entonces, asevera, la negación del no se convierte en un no-no; es decir, tiene un resultado “positivo”, como ocurre en las ciencias exactas y naturales. Eso por cuanto, dice, negar un no es afirmar un sí. En la doctrina de la usucapión, manifiesta, si se niega la negación, que no poseyó desde 1979, significa una afirmación fácil de utilizar en el razonamiento más sencillo, para comprender que se trata de un sí. Ello, anota, deriva de la lógica elemental. En la matemática más básica, arguye, quedan dos premisas ciertas, indiscutibles, sometidas a la prueba de los contrarios: 1) que el demandado, Bolívar Sánchez Arguedas, entrara en posesión de la finca en litis desde el año 1979; 2) que su posesión haya sido ininterrumpida, a título de dueño y de   buena fe, desde esa data. El Ad quem, apunta, sin fundamentarse en otros hechos, ni haber sostenido su criterio en el canon 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, eliminó los hechos indemostrados, indicando: “III. No se avalan los hechos no probados primero y segundo, por constar pruebas que demuestran lo contrario a lo allí consignado.” En la sentencia cuestionada, alega, no existe ningún motivo suficientemente razonado para la eliminación de esos hechos no probados. No se argumenta tal eliminación, ni se indica un mejor criterio de sana crítica o de libre valoración para eliminarlos. El Ad quem actuó, apunta, con base en el principio inquisitivo, para cambiar el cuadro fáctico de la sentencia apelada y, en esa forma, darle al fallo un sentido antojadizo, arbitrario, parcial, con una respuesta judicial anticipada, sin ningún fundamento jurídico. Al desecharlos, prosigue, se inclinó por declarar una usucapión emanada del arbitrio, sin fundamento que se derivara de lo alegado y probado por las partes. Además, agrega, quebrantó el fallo del A quo para acomodarse a los principios de la usucapión. Si el demandado recoventor debía probar la usucapión y no lo hizo, no pueden los tribunales variar la naturaleza jurídica de peón a poseedor; porque, en el primer caso, es un servidor de la posesión, trabajador sometido a la subordinación laboral. Con el razonamiento del Tribunal, comenta, don Bolívar pasó de servidor de la posesión a poseedor, como resulta imposible el paso de arrendatario a propietario. Con este cambio de la naturaleza jurídica, refiere, se viola directa e indirectamente las normas de fondo. En su criterio, los hechos no probados de la sentencia del Juzgado, a los cuales se les negó su carácter negativo para ser positivos, pueden leerse de la siguiente manera: “1. Que el demandado Bolívar Sánchez Arguedas entró en posesión de la finca en litis desde el año 1979. / 2. Que la posesión ejercida por el señor Bolívar Sánchez Arguedas no fue interrumpida, ostentó título de dueño y la posesión ejercida de buena fe arranca desde el año 1979.” Este cambio de los hechos indemostrados por probados, asegura, quiebra el cuadro fáctico, para ubicar el caso en una hipótesis jurídica totalmente distinta: la de la existencia de la usucapión. Más grave aún, enfatiza, los hechos –probados y no probados- introducidos por el Ad quem, se acomodan para sustentar una conclusión que no fue demostrada por el señor Sánchez Arguedas. No aportó al expediente, dice, ningún elemento de convicción que demostrara, con el nivel de certeza necesario, que había ejercido actos de posesión sobre las 23 hectáreas que conforman la totalidad de la finca en litis. Al contrario, razona, en el expediente consta prueba documental –expediente administrativo del IDA- y un reconocimiento judicial que acredita que los actos ejercidos por el actor se limitaron a un máximo de cinco hectáreas; lo cual, añade, es acorde con la tesis de “actos posesorios por necesidad de subsistencia” que peregrinamente sostiene el Ad quem para sustentar la supuesta existencia de una usucapión especial agraria, que tampoco fue alegada por el demandado reconventor en los hechos ni en las pretensiones de la reconvención. Si alguien invade una finca para subsistir, dice, lo hace en la porción de terreno que necesita para tal efecto. No tiene sentido, comenta, alegar una necesidad de subsistencia para invadir una extensión tan grande como cinco hectáreas, mucho menos para 23. Con la alteración de los hechos probados y no probados, asegura, la sentencia cuestionada incurre en contradicción al mantener el hecho probado sétimo, dispuesto en la resolución de primera instancia, el cual transcribe. Este hecho, resalta, se contradice con los agregados por las juzgadoras de instancia; así como con la prueba en general. La usucapión no era posible declararla, reclama, porque don Bolívar no probó la posesión decenal para alcanzar la prescripción positiva. La carga de la prueba, destaca, es responsabilidad exclusiva de la parte que afirma un hecho. No puede ser el Tribunal el encargado de manipular la redacción, de una u otra forma, para asumir la carga que solo corresponde a quien afirma. El señor Sánchez Arguedas, relata, ingresó a la finca propiedad, en ese entonces, del señor Amado Rodríguez, como peón, no como dueño. Por consiguiente, dice, la relación entre el señor Rodríguez y don Bolívar era de subordinación, con los demás elementos de la relación laboral: salario, horario, vacaciones, preaviso, aguinaldo, etc. Entonces, añade, el demandado reconventor no pudo cambiar su título de trabajador dependiente al de poseedor con un año de posesión; más de un año y hasta 10, como poseedor en precario; hasta que sobrepasara los 10 años en los términos establecidos en el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, como poseedor en precario. Las pruebas para denotar la falta de usucapión del señor Sánchez Arguedas, expresa, provienen de una serie de vacíos probatorios. Esto se confirma, sostiene, con la respuesta a la pregunta 12 de la confesión, donde afirmó el motivo de su ingreso como peón en la finca de Amado Rodríguez. Luego, añade, pasó de trabajador a poseedor, quedando en la casa como si fuera dueño, pretendiendo ser propietario. Don Bolívar, insiste, ingresó a la finca en litigio porque llegó a trabajar para don Amado Rodríguez. Al respecto, señala, véase la pregunta número 12 de la prueba confesional de folios 302-304 del tomo I del expediente; testimonial de Marcos Jiménez, folio 299 frente y vuelto; y de Oldemar Baltodano López, folio 298 frente y vuelto. Es por esta razón, continúa, que el referido hecho niega el carácter de usucapiente a don Bolívar. La falta de prescripción positiva, afirma, ocurre a través de un conjunto de pruebas de diferente naturaleza, analizadas en conjunto, a la luz de la reglas de la sana crítica. Se parte de la respuesta a la pregunta número 12 de la prueba confesional, donde el señor Sánchez Arguedas indicó que el motivo de su ingreso en el inmueble fue para laborar como peón agrícola, subordinado de don Amado, y que luego dejo de pagarle. En materia de prescripción adquisitiva y extintiva, indica, se sostiene la máxima de que no se puede alegar un cambio en el título de la posesión. Tal es el caso, agrega, de usufructuario a poseedor; de habituario a arrendatario. Porque la causa del negocio jurídico deriva de un conjunto de voluntades que no pueden modificarse unilateralmente, mucho menos cuando se trata de un derecho conducente a una propiedad agraria libre, como sería el íter  de peón a poseedor como hecho; de poseedor como hecho a poseedor como derecho; y, de esa forma, en una sucesión de cambios para llegar a la propiedad agraria. En definitiva, comenta, en la prueba confesional, don Bolívar fue muy claro al afirmar que su ingreso en la finca de don Amado Rodríguez lo fue, inicialmente, como trabajador, como peón; luego, en vez de recurrir a la jurisdicción laboral, se quedó como poseedor del inmueble, para adquirirlo por la vía de información posesoria. Posteriormente, pasó de trabajador a poseedor, quedando en la casa como si fuera dueño, pasando de peón a poseedor y luego pretendió ser propietario. Es evidente, alega, que este proceso se atrasó porque don Bolívar, teniendo un conflicto de posesión precaria de tierras, donde su culminación era la expropiación, se apresuró y planteó una acción de prescripción positiva. Al efecto, señala, la Secretaría General del IDA comunicó el acuerdo tomado por la Junta Directiva en la sesión 88-89 del 31 de octubre de 1989, artículo VI. Por Decreto Ejecutivo no. 22.033-MAG-MIRENEM, se expropió la finca no. 43.893-000. Por Decreto Ejecutivo no. 32.408-MAG-MINAE, del 1ero. de noviembre de 2004, se derogó el anterior. La Ley de Tierras y Colonización le otorga a dicho instituto un año para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento; caso contrario, el poseedor tiene abierto el agotamiento de la vía administrativa, para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que no hizo. La anotación del Decreto expropiatorio, comenta, a diferencia de cómo razona la sentencia recurrida, no pretende proteger a ambas partes, sino solo al poseedor en precario. Transcribe, en lo de su interés, el numeral 94 de la Ley de Tierras y Colonización. En ninguna parte se indica, arguye, que contra el poseedor, parte de un conflicto de posesión precaria de tierras, se le “interrumpe” la prescripción. La sentencia combatida, invoca, es absolutamente ilegal porque, aun cuando se trata de una propiedad de 23 hectáreas, 19 en posesión de SOTAVENTO y 5 de don Bolívar y un área de zona restringida; el Tribunal no estudió que no podía otorgar la usucapión en cualquier área de la zona marítimo terrestre. La sentencia de primera instancia, dice, verificó un análisis de la prueba bien elaborado, determinando que no era procedente la usucapión agraria, porque al momento de la presentación de la demanda, el demandado reconventor no tenía más de 10 años de posesión, en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción del fundo en litigio. En el sistema costarricense, según indicó, afirma, impera el principio del judez secundum et probata partium decidere debet; es decir, que el juez solo puede resolver un asunto sometido a su conocimiento por las partes, con lo que ellas aleguen y prueben. No basta con que aduzcan un derecho, sino que, también, debe probarse la pretensión. De ahí, señala, deriva el principio de la prueba: todo el que afirma debe probar. Desde luego, anota, lo que las partes aleguen y prueben, está sujeto a la hipótesis jurídica, donde se prevé la existencia del derecho reclamado. Para la usucapión, las alegaciones y pruebas de las partes, concluye, deben coincidir con lo preceptuado por el artículo 853 del Código Civil; desde luego, aceptando las posibles particularidades que una usucapión especial agraria pueda tener.\n\nXI. En el agravio en estudio, el casacionista efectúa una serie de argumentaciones disímiles e inseparables entre sí que lo tornan ambiguo e impreciso. En este sentido, a folios 1248, 1251 y 1252 afirma: “VIOLACIÓN POR LA SENTENCIA RECURRIDA DE LAS PRUEBAS DE LA USUCAPIÓN AGRARIA EN UNA FINCA DE VEINTITRÉS HECTÁREAS, POR FALTA DE PRUEBA, UBICADA EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DONDE EL TRIBUNAL AGRARIO NO PUEDE DECALARAR UNA USUCAPIÓN. / POR EL CONTRARIO HAY PRUEBA CONFESIONAL, PERICIAL Y DOCUMENTAL SEÑALAN [sic] QUE PROCEDE LA REIVINDICACIÓN (COMO CONTADICTORIO A LA USUCAPCIÓN ESPECIAL AGRARIA) CON ALEGATOS DE SER UN PEÓN DE LA FINCA, ES DECIR SERVIDOR DE LA POSESIÓN, POR LO QUE NUNCA PUDO CAMBIAR EL TÍTULO DE PEÓN A POSEEDOR DE BUENA FE EN LA USUCAPIÓN. […] Con el razonamiento de la sentencia del Tribunal el acto [sic] pasó de servidor de la posesión a poseedor (como resulta imposible el paso de arrendatario a poseedor o propietario). Con este cambio de naturaleza jurídica hay una violación indirecta y directa de las normas de fondo dominó [sic] como poseedor al peón o mandadero (características que en nada coinciden con la de poseedor ad usucapionm [sic] […] Con la alteración de los hechos PROBADOS y no PROBADOS el fallo comete un error contradictorio [sic] al dejar como hecho de AMBOS PROCESOS, en forma incólume el hecho SIETE.” (Lo subrayado y resaltado es del original). Es claro que el recurrente alude a motivos casacionales de fondo, por quebranto indirecto o directo de ley. No obstante, a folio 1250, afirma: “El Tribunal, en la resolución recurrida, sin fundamentar en otros hechos, ni haber sostenido su fundamento en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción [sic] procedió a eliminar como NO PROBADOS esos hechos solo dijo: […] En el transcurso de toda la sentencia recurrida del Tribunal Agrario no existe ningún motivo suficientemente razonado por la eliminación de eso [sic] HECHOS NO PROBADOS, no se argumenta tal eliminación, ni indica un mejor criterio de sana crítica o de libre valoración para haber eliminado hechos que no tenían probanza alguna. / El Tribunal actuó, con base en el principio inquisitivo, para cambiar el cuadro fáctico de la sentencia recurrida y en esa forma darle al fallo un sentido antojadizo, arbitrario, parcial, con una respuesta judicial anticipada, sin ningún fundamento jurídico. / Al eliminar los hechos NO PROBADOS estaba inclinándose por declarar una usucapión derivada del arbitrio, y sin un fundamento que se derivara de lo alegado y probado por las partes.” En esta otra parte del recurso, como ya lo había hecho, el recurrente invoca un motivo casacional de carácter procesal: falta de motivación. Asimismo, dentro de los motivos por el fondo, alega diversos aspectos: 1) el demandado reconventor debió probar la existencia de la usucapión; estando los Tribunales impedidos para cambiar la naturaleza jurídica de la posesión –de peón a poseedor-; 2) el contrademandante no demostró, con el nivel de certeza necesario, que él había ejercido actos de posesión sobre las 23 hectáreas que conforman la totalidad de la propiedad en litigio; 3) si alguien invade una finca para subsistir, lo hace en la porción de terreno que necesita para tal efecto, no tiene sentido alegar una necesidad de subsistencia para invadir una extensión tan grande como cinco hectáreas de terreno (mucho menos para 23 hectáreas); 4) con la alteración de los hechos probados y no probados, el fallo incurre en una contradicción, al dejar, como hecho de ambos procesos, el marcado con el número siete; 5) la interrupción de la prescripción es solo a favor del propietario y, por ende, no avanza en beneficio del poseedor, mientras no se resuelva el procedimiento administrativo; 6) de conformidad con el precepto 94 de la Ley de Tierras y Colonización, el IDA contaba con un plazo de un año para resolver el asunto; al cabo de cual, sin resolución, se dio por terminado y agotada la vía administrativa para que las partes acudieran ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a fin de reclamar sus derecho; y 7) es ilegal la sentencia cuestionada, porque el Tribunal no estudió que no podía otorgar la usucapión en cualquier áreas de la zona marítimo terrestre. Como se indicó en el considerando IV de esta sentencia, la imprecisión y ambigüedad apuntadas riñe con la técnica del recurso en esta materia, lo que impone su rechazo.\n\nXII. Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de razones, debido a la trascendencia que reviste para la solución de este reparo, es menester reproducir los hechos probados que agregó el Tribunal: “11 ) La finca graficada en el plano catastrado P- P-430965-AG [sic] e inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A bajo matrícula 42605-000 ha sido explotada desde 1979 a título de dueño y por necesidad por Bolívar Sánchez Arguedas, mediante cultivos diversos, potreros y conservación. (Contrademanda a folio 33, testimonios de Marcos Jiménez de folio 229, Oldemar Baltodano López de folio 298, informe del Instituto de Desarrollo Agrario oficio SOP-499-89 y ampliación SIT 240-89 y expediente administrativo 1625 del Instituto de Desarrollo Agrario de folios 199 a 246). 12) La posesión ejercida por Bolívar Sánchez Arguedas es una sola unidad productiva con el sector de zona marítimo terrestre con la que colinda en donde se ubican las casas de habitación del núcleo familiar (reconocimiento judicial a folio 142 y de folio 297, peritaje de folio 663). 13) El señor Bolívar Sánchez Arguedas al momento de ingresar a la finca 6-42605-000 conocía que pertenecía a un tercero. (Contestación de demanda a folio 31 y contrademanda a folio 33, demanda proceso acumulado 96-000232-419-AG a folio 161)”. Al amparo de este cuadro fáctico, el cual no fue desacreditado por el casacionista; así como de los hechos que tuvo por demostrados A quo, el Tribunal arribó a la conclusión que, en el proceso interpuesto por SOTAVENTO, identificado con el número 99-000137-0419-AG, en el cual, el demandado formuló reconvención, lo discutido era, aparte de la reivindicación, la procedencia de una usucapión especial agraria; mientras que, en el formulado por el señor Sánchez Arguedas, no. 96-000232-0419-AG, se alegó la existencia de una usucapión agraria común. Al respecto, en el considerando VI del fallo impugnado, en lo de interés, señalaron las juzgadoras de segunda instancia: “Con respecto a los alegatos contra lo resuelto se procede a resolver cada uno de los reclamos de seguido. 1) Sobre la naturaleza de la usucapión solicitada por la parte demandada. Para determinar si la parte actora solicitó la declaración a su favor de la usucapión agraria común o la usucapión especial agraria, debe revisarse en primer término las pretensiones contenidas en los escritos de contestación de la demanda, contrademanda y la demanda del proceso acumulado a éste. Si de ellas no se deduce claramente ello, será necesario acudir al fundamento legal invocado, los hechos y contestaciones de los mismos. La parte actora procedió a interponer demanda de reivindicación de un lote que forma parte de la finca inscrita de Puntarenas bajo matrícula 42.605-000, en la que se indica fue construida una casa de habitación y sobre la cual se declaró mediante resolución del 7 de noviembre de 1989 por la Secretaría General del Instituto de Desarrollo Agrario conflicto derivado de la posesión precaria de tierras de esos terrenos parte de la finca de la actora en expediente administrativo 1625. Menciona la demanda que por resolución de las 16:00 horas del 13 de marzo de 1990 fue declarado sin lugar un proceso de desahucio que se había interpuesto contra el demandado bajo expediente 345-A-89 y que éste último presentó demanda ordinaria de usucapión bajo expediente 96-232-419-AG. El fundamento de la demanda lo es el artículo 316 y siguientes del Código Civil, artículos 92, 101 y 105 de la Ley de Tierras y Colonización. (folio 13). En su contestación indica el demandado que se requería acumular el proceso que había interpuesto contra la sociedad Sotavento Platanal S.A. bajo sumaria 96-000232-0429-AG. Rechaza la demanda indicando que es poseedor agrario desde hacía 20 años de la finca a título de dueño, de forma pacífica, ininterrumpida, de buena fe, pública y que por pura formalidad la misma aparecía inscrita a nombre de un tercero que nunca ha ejercido la posesión del fundo. Señaló haber entrado a poseer desde el año 1979 y que para el año 1989 los personeros del IDA habían establecido para esa fecha, que se tenía por su parte una posesión superior a los tres años sobre la totalidad del terreno y que sobre el terreno se han llevado a cabo actos de subsistencia. Procede a contrademandar enunciando lo ya contestado y agregando que dicho terreno fue puesto en producción con trabajo suyo y de su núcleo familiar a partir de 1979. Cita, en el hecho tercero que al ingresar en el año 1979 lo hizo por necesidad, pues carecían de lugar adonde vivir él y su familia, no tenía otro medio de subsistencia y que la finca le sirvió para tal fin, pues estaba abandonada. Reitera, su posesión de 20 años había sido en condiciones de pacíficidad [sic], ininterrumpida, a título de dueño y de buena fe. Con fundamento en los numerales 92, 92, [sic] 95 y 101 de la Ley 2825, 264 y siguientes, 287 y siguientes, 290 y siguientes, 316 y siguientes del Código Civil solicitó en forma expresa: (folio 31 Tomo I). En dicha contestación de demanda interpone contrademanda (folio 35), y como petitoria solicita: “1/ Con lugar la demanda. 2/. Que adquirí por prescripción positiva la finca del partido de Puntarenas, folio real matrícula numero [sic] cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero, situada en el distrito primer [sic], hoy cuarto del cantón sétimo de la provincia de Puntarenas, con una medida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros con seis decímetros cuadrados. 3/. Que adquirí dicha finca a razón de haberla poseído por espacio de veinte años en forma pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe, y a título de dueño, habiendo ejercido durante todo ese plazo todos los actos posesorios inherentes al dominio absoluto, sobre la totalidad del inmueble. 4/. Como consecuencia de lo anterior se ordenará al Registro Público inscribir dicha finca a nombre del suscrito, mediante ejecutoria que se expedirá una vez firme la sentencia. 5/. Que la adquisición de la finca es a título de propietario legítimo del inmueble, en razón de la posesión agraria que he venido ejerciendo durante estos últimos veinte años, de tal suerte que la inscripción registral que se ordenará indicará que soy el propietario de dicho inmueble. 6/. Se declara que el suscrito tiene, también, MEJOR DERECHO DE POSESIÓN QUE EL DUEÑO registral, la compañía Sotavento Platanal S.A. a los efectos que yo continúe con la explotación agraria que he venido llevando a cabo en la indicada finca. 7. Que en caso de la oposición de la contra demanda a la presente acción, se le condenará al pago de ambas costas de este juicio”. En virtud de lo ordenado en voto de este Tribunal número 0054-F-10 de las 14:20 horas del 28 de enero del 2010 (folio 1007 Tomo III), se anuló la sentencia de primera instancia por segunda ocasión al haberse acumulado indebidamente las pretensiones y haber elegido de oficio la juzgadora cual [sic] pretensión era la que debía prevalecer. Mediante resolución de las 9:24 horas del 21 de abril del 2010, se previno indicar a la parte contrademandante cuál pretensión elegía, si la de prescripción positiva o la de mejor derecho de posesión que presentaron en forma conjunta. La parte demandada a folio 1023 contestó que la pretensión elegida es: “que adquirió por prescripción positiva, siendo que concurren los elementos necesarios para la indicada pretensión”. Analizados los elementos citados llega este Tribunal a la conclusión que el proceso 99-000137-419-AG versa sobre la discusión de una reivindicación en la cual se alega por parte del demandado haber adquirido por el instituto de la prescripción especial agraria. Por otra parte, consta que de forma previa se ordenó la acumulación de este proceso con el expediente número 96-000232 419 (232-1-96), en donde Bolívar Sánchez Arguedas demandó en la vía ordinaria a Sotavento Platanal S.A. En la demanda de ese proceso (folio 161) el actor indica lo ya citado con respecto en la contrademanda, y señala que la finca que posee está inscrita a nombre de un tercero, describiendo los actos de cultivo y mantenimiento desplegados y añadiendo que desde el año 1979 ha ejercido la posesión en condiciones pacíficas, y de forma ininterrumpida, a título de dueño y en los cuales procedió a cosechar y utilizar los productos para el sustento de su familia. En el hecho sexto se reconoce la propiedad a nombre de la sociedad demandada y en el sétimo menciona que que [sic] antes de la fecha de 1979, había ingresado a trabajar en la finca como peón y que en virtud de la posesión ejercida había adquirido por usucapión al tenor de lo dispuesto en el numeral 853 y 860 del Código Civil. Solicitó en sus pretensiones: “1./ Que soy el legítimo propietario de la finca del partido de Puntarenas, folio real matrícula cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero, situada en el distrito primero, cantón sétimo de la provincia de Puntarenas con una medida de doscientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y tres metros cuadrados con seis decímetros y con los linderos que indica el Registro. 2/ Que la relacionada finca la adquirí por prescripción positiva, o lo que es lo mismo por usucapión, en virtud de haberla poseído por espacio de más de diecisiete años en forma pública, pacífica, sin interrupción, de buena fe y a título de dueño, habiendo ejercido durante ese período todos los actos posesorios inherentes al dominio agrario . 3/ Como consecuencia de lo anterior se ordenará al Registro Público inscribir dicha finca a nombre del suscrito, mediante ejecutoria que se expedirá al efecto una vez firme la sentencia. 4/ Que en caso de oposición de la demandada a la presente acción deducida, se le condenará al pago de ambas costas de este juicio.\". En este proceso acumulado, en la demanda se reclama la usucapión común agraria. Por estar acumulados los procesos, las pretensiones de ambos deben ser resueltas en sentencia. […]”. (Lo resaltado es del original).  El casacionista, se repite, no cuestionó los hechos probados que agregó el Tribunal -menos su sustento probatorio-; tampoco objetó el fundamento brindado por las juzgadoras de instancia en el considerando transcirto, ni la conclusión de que en el proceso 99-000137-0419-AG lo alegado y peticionado por don Bolívar Sánchez Arguedas es una usucapión especial agraria; mientras que, en el no. 96-000232-0419-AG, lo fue una prescripción positiva agraria común. Al contrario, como ya se indicó, en la tramitación del proceso y ahora, en casación, ha aceptado que el reconventor sustentó su pedimento en que adquirió la propiedad en virtud de la usucapión especial agraria. Dentro de esta línea de pensamiento, en torno a este instituto, esta Sala, en la sentencia no. 172 de las 9 horas 55 minutos del 4 de marzo de 2008, citando otros precedentes, señaló: “IV.- En realidad el argumento principal del recurrente se centra en proponer, que en el proceso de análisis se debieron aplicar las reglas de la “usucapión especial agraria”, y que por no haberse procedido de tal forma, el Ad quem incurre en una serie de indebidas apreciaciones de la prueba. A partir de este reclamo, resulta necesario, realizar algunas consideraciones generales respecto de los modos de adquirir la propiedad por prescripción positiva, tratándose de materia agraria. Así, habrá que distinguir entre la usucapión común y la especial, ambas previstas por esta rama del derecho. La primera requiere del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil, debido a la ausencia de legislación agraria específica; es decir: título traslativo de dominio, buena fe y posesión. Así, quien presenta una demanda agraria de esta naturaleza, debe demostrar el ejercicio de una posesión a título de dueño, en forma pública, pacífica e ininterrumpida por un período de 10 años. Se distingue de los procesos civiles por prescripción positiva, en que la posesión trasciende la simple ocupación del fundo, puesto que implica actos posesorios agrarios, tendientes a cultivar y mejorar el bien que se pretende usucapir. Por su parte, la usucapión especial agraria está prevista en la Ley de Tierras y Colonización, cuyo fundamento se encuentra en la posesión precaria, por la necesidad de explotación del fundo agrario, como medio de subsistencia propia o del núcleo familiar. Así, el numeral 92 de ese cuerpo legal establece: \"Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria...\". Por su parte el numeral 101 del mismo cuerpo normativo señala: \"... para los efectos de la prescripción positiva de que este artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil\". Según lo ha indicado esta Sala, la posesión precaria de tierras constituye una modalidad de la posesión agraria, que por tal, consiste en el poder de hecho, sobre un bien de naturaleza productiva, cuya titularidad registral corresponde a un tercero, y que es ejercido de manera continua, efectiva y personal, mediante el desarrollo de una actividad económicamente organizada para la obtención de productos, animales o vegetales, cuyo fin último es satisfacer necesidades propias o las de su familia. En esta, por ende, prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo familiar agrario. Sus requisitos, subjetivos y objetivos, tienen connotaciones distintas. No se requiere el simple ánimo de poseer, debe serlo en forma efectiva, directa y personal, para satisfacer las necesidades dichas. De ahí, para que opere, no es determinante la existencia de buena o mala fe, en tanto este elemento es sustituido por la necesidad. Según lo ordena la ley en este caso especial, no se exige el título traslativo de dominio. El efecto más importante de la posesión precaria es la adquisición de la propiedad agraria por la posesión decenal, es decir, la usucapión agraria. Por otro lado, cuando no se dan los presupuestos de un estado de necesidad, referidos en los ya citados artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización, se está frente a una usucapión agraria común, que tiene un régimen jurídico diverso a la usucapión agraria especial regulada por aquella ley. Al respecto, consúltese la sentencia de esta Sala no. 755  de las 14 horas del 5 de octubre del 2006.” (Lo subrayado es suplido). En este mismo sentido, véanse, entre otras, las sentencias de esta Cámara nos. 755 de las 14 horas del 5 de octubre de 2006 y 178 de las 9 horas 50 minutos del 14 de marzo de 2007. Acorde con esta línea jurisprudencial, es claro que carece de trascendencia lo afirmado por el casacionista, en el sentido de que don Bolívar no ha poseído el bien en litigio de buena fe, pues en la usucapión especial agraria ese no es un criterio determinante para su procedencia.\n\nXIII. Luego, las juzgadoras de instancia, en el apartado VII de la sentencia impugnada, brindaron las razones por las cuales, en su criterio, la tesis del demandado reconventor era la procedente; es decir, que había adquirido el inmueble por medio del instituto de la usucapión especial agraria; razón por lo que la acción reivindicatoria no podía prosperar. En lo de interés, señalaron: “Sobre valoraciones de la prueba testimonial, los efectos dados al [sic] resolución del Instituto de Desarrollo Agrario y el conteo de posesión [sic] del demandando reconventor. […] Estima este Tribunal, que con respecto al conocimiento de que el terreno tenía como propietario un tercero, al haber sido aceptado por el mismo demandado en su reconvención y en el líbelo [sic] de la demanda acumulada, según ya fue mencionado, es una [sic] hecho no controvertido. En el líbelo [sic] de la demanda acumulada a este proceso, el mismo Bolívar Sánchez indicó en el sétimo hecho, que había ingresado en condición de trabajador de quien era su dueño Amado Rodríguez y que le [sic] fundo fue vendido. Lo mismo fue afirmado en la prueba confesional vertida en el proceso cuando contestó que conocía al dueño anterior Amado Rodríguez, para quien trabajaba en esa finca (confesional a folio 144). Por su parte se apela la falta de una valoración adecuada de la prueba testimonial que consta en autos y que fue evacuada en el acto de recibimiento de prueba de las 13:00 horas del 10 de noviembre de 1998 (folio 298). Que de seguido se procederá a estudiar. El testigo Víctor Julio Vargas Rojas (folio 298), depuso que Bolívar entró al terreno al estar en abandono e inició labores de producción desde 1979 sobre toda la finca y en beneficio de su familia. Dicho testigo indicó: \" yo tengo de conocer a don Bolivar desde el año de1979 (sic) y cuando yo lo conocí ya el [sic] estaba en este lugar...pueden ser unas veintitrés hectáreas. Don Bolívar a (sic) limpiado terreno, sembrado agricultura ... las cercas lashizo (sic) Bolívar. Don Bolívar ha poseído el terreno en una forma pacífica, todo el tiempo, que yo sepa don Bolívar no a trabajado (sic) para ninguna empresa … desde el año 1979 don Bolívar nunca ha abandonado la finca, nunca se a (sic) interrumpido su posesión dentro del terreno, los trabajos que don Bolívar hace dentro del terreno han sido públicamente…Don Bolívar trabaja la finca para beneficio de él y su familia. Yo desconozco si alguna otra persona que no sea don Bolívar hayavenido (sic) a esta finca ejercer actosposesorios [sic], el único que a jejercido (sic) actos posesorios en esta fincaes (sic) don Bolívar.\" (folio 298). Dicho testigo acredita la posesión de Bolívar Sánchez desde el año 1979 de forma ininterrumpida y pública sobre la totalidad de la finca. El testigo Oldemar Baltodano López (folio 299) inició mencionando saber que Bolívar ingresó en el año 1978 a la finca y procedió a poner la finca en estado productivo, manifestó que no laboraba para nadie y desconocer si el IDA intervino en la declaración de conflicto de poseedor en precario. Posteriormente, depuso que Bolívar al ingresar laboraba para un señor de apellido Rodríguez, quien murió y él se mantuvo en la finca en posesión a título de dueño. En su testimonio mencionó: \"Yo conozco a Bolívar desde que él llegó a este lugar en 1978, don Bolívar llegó a esta propiedad a trabajar...don Bolívar vino con su señora e hijos, es que don Bolívar llegó a este terreno sembró agricultura, realizó las cercas, hizo potreros. Sembró frijoles, arroz, maíz, don Bolívar trabajó toda la finca...Si conozco la finca, no se exactamente cuanto [sic] mide pero puede medir unasveintidos (sic) hectáreas algo así. Don Bolívar nunca fue peón trabajaba la finca para él, trabajó la finca con sus hijos, el [sic] sacaba los poquillos de agricultura para vivir, nadie el pagaba un salario. .. don Bolívar se metió en forma pacífica, a este terreno, todos los conocemos como dueño de este terreno, él es dueño, nunca ha abandonado siempre se ha mitinido (sic) en esta misma finca. Don Bolívar siempre ha trabajado la finca desde que él ingresó a la propiedad, esta casa donde nos encontramos lasconstruyó (sic) don Bolívar, antes era un rancho de palma ... Ese rancho lo había construido un señor de apellido Rodríguez, el cual se mirio(sic), … don Bolívar llegó a trabajar el terreno para don Amado Rodríguez, pero después lo dejó en esta finca sin pago alguno, y don Bolívar continuó trabajando el terreno para él.\" (folio 299). Con dicho testimonio se acredita que el señor Bolívar inicia su ingreso en condición de trabajador de Amado Rodríguez y que para el año 1979, inició actos posesorios en calidad de dueño y para satisfacer las necesidades familiares. El testigo Marco Jiménez Gómez (folio 300) indicó que hacía 17 años Bolívar ingresó a la finca a trabajarla con su familia en su propio beneficio, y a partir de ese momento ha permanecido allí de forma pública e ininterrumpida. Señaló, al inicio Bolívar laboró para su amigo Amado por poco tiempo, y al quedar sola la finca continuó en ella. Este testigo depuso en el año 1998 e indicó que hacía 17 años había ingresado Bolívar, correspondería al año año [sic] 1981. Si bien acredita la posesión en título de dueño de Bolívar desde ese año, se observa que los testigos anteriores sí demostraron la posesión desde 1979 y no se contradice con los testimonios mencionados. En la prueba confesional a la pregunta cuatro y seis, contesta el confesante haber ingresado al terreno en condición propia y no haber sido contratado por nadie, sin salario. Posteriormente aclaró haber trabajado para Amado Rodríguez en el año 1978 como seis meses. (folio 304). […] Estima esta sede que lo que debe revisarse cuidadosamente es si al momento de haberse dado el auto de traslado de este proceso a Bolívar Sánchez, había transcurrido el plazo decenal necesario para usucapir al tenor del artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización. La prueba testimonial coincide con lo manifestado por el demandado reconventor indicado [sic] en la contrademanda y demanda del proceso acumulado, en que para el año 1979 ya Bolívar y su familia habitaban la finca inscrita ejerciendo actos posesorios en su nombre y para satisfacer las necesidades de su núcleo familiar, y que antes de ello fue trabajador de Amado Rodríguez, quien fue dueño del inmueble. Dicho terreno fue vendido e inició la posesión en condición de dueño de forma ininterrumpida desde 1979. Al respecto depusieron Oldemar Baltodano López y Marcos Jiménez Gómez (folios 298 a 300). Al estarse ante el caso de usucapión especial agraria, el requisito de la buena fe no debe acreditarse, sino que su posesión se ejercía por la necesidad de dar sustento a su núcleo familiar. Dicha necesidad fue acreditada según lo expuso el testigo Oldemar Baltodano López cuando afirmó: ” Don Bolívar nunca fue peón, trabajó la finca para él, trabajó la finca con sus hijos, el sacaba los poquillos de agricultura para vivir, nadie le pagaba un salario … Que yo sepa don Bolívar nunca ha tenido problemas con alguna otra persona, acerca de la posesión de este terreno, todos los conocemos como dueño de este terreno, el [sic] es un dueño, nunca a (sic) abandonado este lugar...” y con respecto a la condición en que ingresó Bolívar depuso: “Ese rancho lo había construido un señor de apellido Rodríguez … Don Bolívar llegó a trabajar el terreno para don Amado Rodríguez, pero después lo dejo [sic] trabajando en esta finca sin pago alguno y don Bolívar continuó trabajando esta finca para el [sic]…” (folio 299). En igual sentido depuso el testigo Víctor Julio Vargas Rojas y el testigo Marcos Jiménez Gómez quien indicó conocer de una posesión [sic] desde 1981. El Instituto de Desarrollo Agrario en su declaratoria administrativa de 1989, según documentos citados al respecto, constató que dicha persona se mantenía por necesidad en el fundo inscrito a nombre de un tercero y declaró el conflicto de ocupación precaria de tierras, pero en un sector menor que la totalidad de la finca y por un período menor al decenal. Este proceso de reivindicación fue interpuesto y notificado el auto de traslado el 4 de noviembre de 1999 (acta de notificación a folio 27) y procede a contrademandar solicitando la usucapión especial agraria. Este Tribunal no comparte la conclusión vertida en sentencia, pues para el año 1989 se estaba cumpliendo el plazo decenal de posesión por estado de necesidad que se requiere en este tipo de posesión. No concuerda esta sede con la falta de credibilidad de los testigos, solamente por contradecirse con el contenido de la resolución del Instituto de Desarrollo Agrario en su declaratoria de conflicto de ocupación precaria de tierras, como adelante se analizará. Por otra parte, debe partirse de que la notificación del auto de traslado de este asunto, se comunicó en el año 1999 y el proceso de desahucio que la juzgadora estima suspendió la prescripción positiva, fue denegada [sic] mediante resolución de las 17 horas del 13 de marzo de 1990 a la sociedad Sotavento Platanal (copia visible a folio 114). Lo anterior significa que dicho asunto de desahucio no puede causar el efecto suspensivo del plazo de prescripción. Con respecto a los alcances dados por la juzgadora de instancia al artículo 94 de la Ley Tierras [sic] y Colonización, en el sentido que sometido el asunto ante el IDA en el caso de poseedores en precario se suspenderá la prescripción, no se comparte. Sobre los alcances del artículo en mención este Tribunal ha resuelto: [se transcribe, en lo conducente, el voto de ese órgano judicial, no. 668-F-2008 de las 14 horas 10 minutos del 13 de octubre de 2008, en donde se analizaron los alcances del precepto indicado de la Ley de Tierras y Colonización; fundamentalmente, lo indicado en la parte final del párrafo segundo: “Mientras el asunto esté en el Instituto no correrá el término de la prescripción para ninguna de las partes.”] […] Como se tuvo por acreditado en autos, la solicitud de declaratoria de conflicto de posesión en precario realizada por Bolívar Sánchez fue interpuesta el 31 de mayo de 1989 (solicitud de folio 201), de tal forma que para dicho momento según las deposiciones mencionadas, al haber iniciado la posesión en calidad de dueño en 1979, ya había operado el plazo decenal. Con respecto a lo indicado en el informe del Instituto de Desarrollo Agrario y en la resolución administrativa, que en la sentencia fue el motivo para no dar credibilidad a los testimonios, se discrepa de lo resuelto. En primer orden la declaratoria constituye un acto administrativo emanado a solicitud de Bolívar Sánchez Arguedas y el informe que fue el fundamento de la resolución, fue elaborado por uno de los funcionarios del [sic] dicho ente, que por tener competencia para tal, no significa que lo señalado constituye plena prueba que deba ser tenida como verdad real y no susceptible de ser valorada y analizada mediante la confrontación con otros elementos probatorios y las reglas de la sana crítica racional. Dentro de la solicitud planteada ante dicho ente, el funcionario emite un informe que se amplía, en donde sin explicar la forma en que llegó a ciertas conclusiones, consideró que la posesión del solicitante supera los tres años, pero no es mayor a los diez años. Del estudio del informe SOP-499-89, se observa que fue indicado que la posesión no superaba los diez años, sin justificar el motivo de su conclusión. La ampliación de dicho informe SIT 240-89 determinó que la medida del terreno era de 23 hectáreas, y estaba ocupada por Bolívar y su familia de 12 miembros. Describió que en la finca habían 5 hectáreas de potrero, 10 hectáreas de charral para cultivo de granos básicos, 1 hectárea de cacao, guineo cuadrado, yuca, piña tiquizque y frutales. Y que el solicitante le había comunicado que entró como peón de Amado Rodríguez, y termina concluyendo que su posesión no superaba los diez años. En primer orden, denota esta sede que a pesar de describirse que el fundo contenía zonas habilitadas y cultivadas mayor a las cinco hectáreas, pareciera que lo reconocido por el funcionario, fue solamente el sector de cinco hectáreas de potrero, sin que se pronunciara sobre las restantes zonas de cultivo citadas en el mismo informe y que superaban las cinco hectáreas reconocidas en el conflicto. De igual forma sucedió con el plazo de posesión. Estima este Tribunal que el contenido de dicho informe y de la consecuente resolución administrativa, puede ser objeto de revisión y confrontación con el resto de pruebas traídas a este proceso ordinario. De tal forma que pueda ser sometido a las reglas de valoración de la sana critica, más aún cuando se discute precisamente sobre el plazo de posesión para usucapir, pues la administración de justicia no se ve impedida de valorarlo. Analizadas la afirmaciones de los testigos ya citados, las conclusiones en cuanto al área y tiempo de posesión reconocidas en la resolución administrativa, no concuerdan con lo declarado por los testigos, quienes en sus declaraciones fueron contestes en afirmar que Bolívar Sánchez inició labores en su nombre en la finca para abastecer las necesidades de su familia, además de hacerlo de forma pacífica e ininterrumpida y ejerciendo posesión sobre la totalidad de la finca graficada en el plano P-430965-81. Dos de los tres testigos reconocen al contrademandante como dueño de la finca a partir del año 1979 y uno de ello [sic] mencionó que a partir de 1981, al haber llegado al lugar y todos describen que ha permanecido allí con su familia satisfaciendo sus necesidades como núcleo familiar. Se encuentra disconforme este Tribunal con la forma en que se le restó credibilidad a la prueba testimonial, pues lo hizo fundado solamente en el contenido de la resolución del Instituto de Desarrollo Agrario y sus informes. Se observa que la realidad que se concluye de dichos testimonios y el reconocimiento judicial no concuerda con las conclusiones de la resolución administrativa, que constituye más bien, una fase establecida por el legislador para buscar una solución pacifica a un conflicto de ocupación precaria de tierras inscritas y al que acudió el contrademandante de forma voluntaria en busca de una solución a su realidad. En este asunto se constató que dicho ente declaró el conflicto en el año 1989 y es hasta el año 1993 que emite el decreto expropiatorio, ya muy superados lo plazos, y con el agravante que dicha expropiación nunca fue ejecutada. Por otra parte, dicha expropiación nunca fue ejecutada y el decreto que la ordenó fue derogado mediante decreto número 32408 publicado en La Gaceta 113 del 13 de junio del 2005, que dejó sin efecto los decretos 22033 y 22276 sobre la expropiación de propiedades indicando en el numeral sexto que: […] Por otra parte, según lo establecido en el artículo 94 de la Ley 2825, a partir de esa declaratoria del conflicto de ocupación precaria en 1989, el Estado contaba con el plazo de un año y tres meses para la solución del conflicto y al no darse dicho acto expropiatorio y no resolverse el conflicto, no hay causa legal para que la prescripción positiva continuara su cómputo a partir del año 1992, o bien de 1993 al no ejecutarse dicho decreto expropiatorio, de por si derogado a partir del 2005. Por su parte la sociedad Sotavento Platanal S.A. dejó transcurrir siete años más, sin que se planteara el proceso ordinario de reivindicación y lo hace hasta el día 1 de octubre de 1999 ( según razón de recibido a folio 19 vuelto). La notificación del auto de traslado de este proceso, que sí produce los efectos de interrumpir la prescripción positiva alegada, se da hasta el año 1999, cuando sobradamente había operado el plazo decenal. Por otra parte se observa que la finca forma una misma unidad productiva con el sector de zona marítimo terrestre con la que colinda el fundo el [sic] litis y sobre tal área no se discute en este proceso y se otorgan derechos a favor de particulares, sino solamente sobre la finca inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A. En autos consta reconocimiento judicial del 12 de febrero del 2002 en donde se consignó por parte del juzgador que la casa de habitación del demandado se ubica dentro de la zona restringida y ya en la parte de la finca inscrita reclamada se describen apartos, bosque en conservación, y sectores con cultivos de cachimbo y portrero [sic] con pastos (reconocimiento a folio 142) con especies de frutales. En el reconocimiento del 10 de noviembre de 1998 (folio 297), la jueza anotó haber encontrado cuatro casas de habitación y en una de ellas la del demandado y las otras sus [sic] hijas y describen [sic] todos los actos posesorios del cultivos [sic] y semovientes, así como de protección del bosque de la finca que se maneja como una sola unidad productiva. El peritaje de folio 663 menciona que se verificó que la finca del plano P-430965-1981 pertenece a la finca inscrita 6-42605-000 propiedad de Sotavento Platanal S.A. y que es de potreros, montaña y totalmente delimitada y en posesión de Bolívar Sánchez Arguedas, quien vive en la zona marítimo terrestre contiguo a esta propiedad y que las construcciones se ubican en la zona inalienable de la cual también es poseedor Bolívar (folio 663). Estima este Tribunal que la finca en posesión conforma una sola unidad productiva con la parte de la zona marítimo terrestre, sobre la cual no se hace ningún pronunciamiento en este proceso, y el hecho de que las casas estén ubicadas fuera de los límites de la finca inscrita, no se [sic] desvirtúa la posesión en calidad de dueño, sobre el terreno inscrito y por necesidad que ha probado haber ejercido desde 1979 el señor Sánchez Arguedas. Llevan razón los apelantes cuando alegan que el reclamo de la finca era sobre la totalidad de su cabida y que no fue valorada la prueba testimonial vertida en el proceso, que servía para demostrar su posesión decenal, así como el cambio de la condición de trabajador al ingreso a la finca y el momento en que inició su posesión a titulo de dueño, así como que medió una confusión en cuanto la clase de usucapión pretendida. Por lo explicado, deberá acogerse la pretensión de la contrademanda de Bolívar Sánchez y decretar que ha adquirido la finca inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A. matrícula 42.605-000 por haber operado a su favor la adquisición de la prescripción especial agraria con fundamento en el artículo 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización. Por tal motivo deberá revocarse lo resuelto y denegarse la demanda de reivindicación de la actora, y por consiguiente también se deniegan los daños y perjuicios accesorios alegados. De tal forma, que al denegarse la pretensión principal de reivindicación, se deniegan los daños y perjuicios.” (Lo resaltado en negrita es el original).\n\nXIV. El casacionista no cuestionó, en debida forma, lo afirmado por el Tribunal. En el agravio de mérito, no aludió a la fundamentación esgrimida por las juzgadoras de instancia para rechazar la demanda de SOTAVENTO y acoger la reconvención de don Bolívar. Se limitó a efectuar afirmaciones generales, meramente argumentativas, divorciadas de lo considerado en la sentencia impugnada. A pesar de ello, debe indicarse que, con lo indicado por el Ad quem, se pone en evidencia, en primer lugar, no existe contradicción entre el hecho probado sétimo –mantenido por el Tribunal- y los agregados en la resolución cuestionada. En el consignado en la sentencia de primera instancia se indica: “7. / Que el señor Bolívar Sánchez Arguedas ingresó a trabajar para don Amado Rodríguez, quien fue dueño de la finca en litis. (ver confesional pregunta número doce de folio 303, 304 del Tomo I, testimonial de Marcos Jiménez folio 299 frente y vuelto, de Oldemar Baltodano López de folio 298 frente y vuelto, confesional de folio 144 frente y vuelto).” El Ad quem, en el considerando en estudio, lo cual, se insiste, no fue impugnado, es claro al señalar que, al amparo de la probanza que consta en autos, se determina que, si bien es cierto, tal y como fue acreditado en el susodicho hecho sétimo, don Bolívar ingresó a la propiedad en litigio a laborar para el señor Amado Rodríguez –a la sazón, propietario de la finca-; también lo es que lo hizo antes del año 1979. A partir de ese año, cuando el fundo ya no le pertenecía a don Amado y, por ende, el vínculo laboral no existía, el señor Sánchez Arguedas continuó con su posesión, pero, esta vez, a título de dueño y por necesidad, a efecto de brindarle sustento a su familia. Este cambio en la naturaleza de la posesión a partir de ese año, distinto a lo afirmado por el recurrente, es posible. Ello por cuanto, no solo el titular de la heredad varió; sino también, porque el vínculo laboral se había extinguido y no se alegó y demostró que permaneciera en la heredad por mera tolerancia de su nueva propietaria. Don Bolívar, a partir de 1979, continúo en la propiedad en litigio desarrollando una empresa agraria por su cuenta y riesgo, según se colige de los hechos probados 11 y 12, agregados por el Tribunal. En segundo término, cuando se interpuso el proceso administrativo en el año 1989, el plazo prescriptivo a su favor ya había transcurrido. En todo caso, ese proceso no interrumpía el plazo para que operara la usucapión, solo lo suspendía, pero por el tiempo dispuesto en la Ley de Tierras y Colonización. En tercer lugar, no lleva razón el casacionista cuando, a folio 1256, afirma: “Es absolutamente ilegal la sentencia recurrida porque aún cuando [sic] se sabe que se trata de una finca de 23 hectáreas, 19 en posesión de SOTAVENTO y 5 de la familia SÁNCHEZ, y un área de zona restringida, el Tribunal no estudió que no podían otorgar la usucapión en cualquier área del a Zona Marítimo Terrestre.” El Tribunal fue muy claro al indicar que la posesión ejercida por don Bolívar lo es sobre la totalidad de la finca litigiosa. No obstante, se recalca una vez más, el casacionista no cuestiona los fundamentos de la sentencia cuestionada. El aserto del recurrente a folio 1252, de que “Si alguien invade una finca para subsistir, lo hace en la porción del terreno que necesita para tal efecto. No tiene sentido alegar una necesidad de subsistencia para invadir una extensión tan grande como 5 hectáreas de terreno (mucho menos para 23 hectáreas)”, resulta novedoso, pues es hasta ahora, en casación, que se esgrime. Esto, a pesar de que, desde el inicio, en la contrademanda, don Bolívar alegó la necesidad de brindarle sustento a su familia, como motivo de su permanencia en la propiedad en litigio y, por ende, fundamento de la usucapión pretendida. En este orden de ideas, y como ya se indicó, en el hecho sétimo de la reconvención, folio 34, afirmó: “Cuando ingresé al inmueble, a principios de 1.979, lo hice por necesidad, pues no tenia donde [sic] vivir yo y mi familia, así como también, no contaba con un medio económico para nuestra subsistencia. La Finca me sirvió para ese fin, pues la misma se encontraba abandonada. Yo la hice productiva, en su totalidad.” (Lo subrayado es del original). En consecuencia, al amparo de lo preceptuado en el ordinal 608 del Código Procesal Civil, esta Sala tiene vedado efectuar análisis alguno al respecto. En todo caso, según se ha expuesto insistentemente, el casacionista no cuestionó los fundamentos de la sentencia impugnada, en donde las juzgadoras de instancia señalaron las razones por las cuales, con sustento en la prueba que consta en el expediente, los actos posesorios de subsistencia ejercidos por el demandado reconventor lo fueron sobre la totalidad de la finca en litigio. Por otro lado, también es prístino el fallo al indicar que, tocante a la zona marítimo terrestre, no se hacía ningún pronunciamiento. Esto es confirmado por el representante del Estado cuando, a folios 1212 y 1291, en lo de interés indicó: “Como las sentencias de instancia respetan los doscientos metros de zona marítimo terrestre colindantes con la propiedad del Partido de Puntarenas 42605-000 (plano P-430965-81), no hay reparo que esgrimir al voto de ese Tribunal No. 1465-11, remitido vía fax el 23 de febrero último, y notificado hoy. […] 4) Las resoluciones de instancia han respetado los 200 m [sic] de zona marítimo terrestre colindantes con el inmueble en litigio, criterio, que en lo interés [sic] para el Estado, ruego observar por estar a derecho (Ley 6043, artículos 1, 7, 9 y 10).” En otro orden de ideas, lo alegado por el recurrente, en cuanto a que, de conformidad con el precepto 94 de la Ley de Tierras y Colonización, el IDA contaba con un plazo de un año para resolver el conflicto derivado de la posesión precaria de tierras; caso contrario, se daba por terminado, agotándose la vía administrativa a fin de que las partes acudieran ante los Tribunales ordinarios –contencioso administrativos- para reclamar sus derechos; constituye otro argumento novedoso, razón por la que esta Cámara omite pronunciamiento. Corolario, al no objetarse el cuadro fáctico que se tuvo por demostrado, el elemento probatorio en que se sustenta, ni la fundamentación efectuada por el Tribunal, queda plenamente acreditada la procedencia de la usucapión especial agraria a favor del demandado reconventor. Por ende, lo argüido por el casacionista resulta fútil a efecto de quebrar el fallo, motivo que también impone desestimar la presente disconformidad.\n\nXV. El recurrente, a folio 1253, afirma: “En este caso, el Tribunal agrario juega un doble papel: A) de parte, trayendo y manipulando la prueba a nombre de la parte, y B) El Tribunal es a su vez el órgano jurisdiccional que dicta la sentencia, bajo el disfraz de la imparcialidad. / Esta es la típica negación de la justicia, de la justicia democrático [sic] de los más elementales principios de la administración de justicia, porque es una justicia falsa, que a través de artificios probatorios asumió la responsabilidad de la parte en una actitud apartada de la imparcialidad, inclinándose hacia una de las partes de la contienda. / Pero hasta en el artificio más perfecto deja huellas. Son las huellas de la infracción al principio [sic] constitucionales del debido proceso, del de defensa, de la imparcialidad, cuya falta en un proceso contemporáneo hace caer a pedazos la administración de justicia.” (Lo resaltado en negrita y subrayado es del original). Tales manifestaciones, ayunas de sustento fáctico y divorciadas de la sentencia impugnada, resultan, a todas luces, ofensivas, pasadas de tono, en contra de las integrantes del Tribunal. En consecuencia, se les llama la atención a los representantes de la sociedad actora reconvenida para que, en lo  futuro, se abstengan de efectuar manifestaciones en igual sentido.  \n\n XVI. En el cuarto motivo de disconformidad, invoca el recurrente quebranto a la normativa sobre la solución de conflictos de posesión precaria de tierras –canon 92-. Esto, comenta, porque el IDA no resolvió el caso dentro del año, previsto en el precepto 94 y el señor Bolívar Sánchez Arguedas, en lugar de formular un proceso contencioso administrativo demandando a dicho instituto y a SOTAVENTO, para resarcirse de los daños y perjuicios, formuló una prescripción positiva en contra su patrocinada, con intervención del indicado ente, que no es el procedimiento ni el camino establecido por la normativa conculcada por errónea aplicación. La Ley de Tierras y Colonización, no. 2825 del 14 de octubre de 1961, asevera, regula los conflictos de posesión precaria de tierras en el precepto 92. Cualquiera de las dos partes, dice, puede recurrir ante el IDA, solicitando la apertura de un expediente, con el objeto de que, dentro de los tres meses, se declare el conflicto; al año, se intente la solución; y, después de ese plazo, se proceda a la compra o expropiación. El Decreto expropiatorio fue el no. 22023 del 3 de marzo de 1993, publicado en La Gaceta no. 61 del 30 de marzo de ese año. En el diario oficial no. 113 del 13 de junio de 2005, comenta, se publicó el Decreto Ejecutivo no. 32408 del 1ero. de noviembre de 2004, mediante el cual se derogó el anterior. El señor Sánchez Arguedas, insiste, en lugar de plantear un proceso contencioso administrativo en contra del IDA y su poderdante, exigiendo la indemnización de los daños y perjuicios, o su derecho al inmueble, en forma errónea demandó a su representada por prescripción positiva, solicitando se tuviera a dicha institución como parte. Indica, su mandante, una vez derogado el Decreto expropiatorio, procedió a demandar, haciendo referencia que los Decretos Ejecutivos fueron la razón del problema surgido, y de donde debían emanar los montos respectivos para la expropiación. La Secretaría General del IDA, apunta, comunicó el acuerdo tomado por la Junta Directiva en la sesión no. 88-89 del 31 de octubre de 1989, artículo VI, que es la decisión de expropiar. Asimismo, reitera, por medio del Decreto Ejecutivo no. 22033-MAG-MIRENEM, se expropió la finca, momento en el cual, afirma, comenzó a correr para las partes un plazo legal de un año (artículo 94 de la Ley de Tierras y Colonización), a efecto de encontrar solución por medio de compraventa; o, que a través de la expropiación se le pusiera término al procedimiento administrativo, agotándose la vía administrativa. El plazo de caducidad para que el demandado reconventor presentara el proceso, arguye, correspondería a lo estipulado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La jurisdicción agraria, anota, debió declararse incompetente para conocer de este asunto. Esto porque, señala, al amparo de la legislación, es evidente la existencia de un litis consorcio pasivo obligatorio, por la presencia del IDA, con reclamos derivados de normas del Derecho Agrario, pero con la presencia de personas jurídicas de orden público. Aunque se tratare de un asunto aparentemente de competencia de la jurisdicción agraria, indica, ello nunca se planteó y, por tal, esa discusión precluyó con la intervención de las partes escogidas en la demanda. Por más que la sentencia recurrida lleve de un lado a otro las pruebas para ajustarlas a la usucapión, concluye, existen muchos elementos que obligan a casarla.\n\nXVII. El agravio de mérito resulta bastante confuso. Tanto es así que, en sus alegatos, el casacionista no combate los fundamentos de la sentencia del Tribunal. Ni siquiera la menciona. No obstante, se determina que el meollo de lo alegado consiste en que, a su entender, los tribunales agrarios resultan incompetentes para conocer este proceso, pues existe un litis consorcio pasivo necesario con el IDA. Antes de analizar el referido punto medular de la objeción, es menester indicar lo siguiente. En el epígrafe, el casacionista, en lo de interés, indica: “[…] BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS EN VEZ DE PLANTEAR UN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA EL IDA Y SOTAVENTO PLATANAL S.A. PARA EL COBRO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PLANTEÓ UNA USUCAPIÓN CONTRA SOTAVENTO, CON INTERVENCIÓN DEL IDA, QUE NO ES EL PROCEDIMIENTO NI EL CAMINO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA VIOLADA POR ERRÓNEA APLICACIÓN.” (Lo subrayado y en negrita es del original). En primer lugar, la afirmación de que los procesos ordinarios interpuestos, en donde, en forma principal –demanda- o a través de la contrademanda, se pretende el reconocimiento de la usucapión, no configuran el procedimiento establecido por la normativa que alega como conculcada, resulta novedoso. Incluso contradictorio, porque, como se ha indicado, el proceso singularizado con el número único 99-137-419-AG, fue interpuesto por SOTAVENTO, a fin de reivindicar el fundo en litigio y se le reconocieran los daños y perjuicios infligidos. Igual sucede con el aserto de que el señor Sánchez Arguedas debió formular un proceso contencioso administrativo en contra del IDA y su representada. El cual es reiterado a folios 1257 y 1258, en donde, en lo de interés, indica que “BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS en vez de plantear un contencioso administrativo contra el IDA y SOTAVENTO cobrando la indemnización de daños y perjuicios o su derecho al inmueble, en forma equivocada demando [sic] a SOTAVENTO por usucapión, y tuvo se tuviera como parte al IDA. […] El plazo de caducidad para que la demandada reconventora presentara el juicio correspondería a lo estipulado por la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa [sic]”. (Lo resaltado en mayúscula es del original). Tales argumentaciones son esgrimidas hasta ahora, en casación. Por ello, esta Sala no puede verter pronunciamiento al respecto. En segundo término, distinto a lo indicado por el casacionista, el IDA no ha participado en este proceso. No fue traído a juicio. De conformidad con el mérito de los autos, solo se ordenó integrar el proceso con el Estado, porque el inmueble litigioso colinda con la zona marítimo terrestre –folios 86 y 276-.\n\nXVIII. En torno al supuesto litis consorcio pasivo necesario con el IDA, esta Sala determina que no lleva razón el recurrente. Ello por cuanto, conforme se reseñó en el considerando II de esta sentencia, ninguna de las pretensiones esgrimidas en las demandas acumuladas o en la reconvención interpuesta, aluden a dicho ente; ergo, lo que se revuelva no le afectará.  En este sentido, debe tenerse presente que la propiedad en litigio, inscrita en el partido de Puntarenas, no. 42.605-000, nunca le perteneció a esa institución. El propio recurrente acepta que el IDA no la adquirió por compra ni por expropiación dentro del proceso por conflicto derivado de la posesión precaria de tierras (expediente 1625). No tenía necesidad de hacerlo, porque, conforme fue señalado por el Ad quem, aspecto que no es impugnado por el casacionista, cuando se formuló ese proceso administrativo, don Bolívar ya contaba con los 10 años de posesión para poder usucapir el inmueble, acorde con lo preceptuado en los ordinales 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización.  Por otro lado, tocante a la alegada incompetencia de los tribunales agrarios para conocer estos procesos acumulados, debe indicarse que, en materia agraria, entre otros elementos, el destino del fundo permite definir la jurisdicción competente. Esta Sala, reiteradamente, ha indicado que \"[...] el acto de destinación del bien a la producción constituye el paso del derecho de propiedad estático propio del Derecho Civil, que se concentra todo en goce y disfrute, al derecho de propiedad dinámico, propio del Derecho Agrario, donde éste constituye un instrumento de producción, por lo que el artículo 4º de la Ley de Jurisdicción Agraria, analizado bajo esta óptica, sea vinculándolo con el fin mismo de la producción que es lo que identifica a la materia permite determinar la naturaleza agraria o no del bien y en consecuencia si la jurisdicción agraria es o no competente para conocer de un determinado asunto [...]\". Dentro de esta línea de pensamiento, también ha dicho esta Cámara que debe examinarse la competencia a la luz de la teoría de la agrariedad del tratadista Carrozza como tesis determinante. Según este criterio, se tiene por actividad agraria, y desde un punto de vista meta-jurídico, el “desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente a las fuerzas y de los recursos naturales que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, vegetales o animales, destinados al consumo directo y hacia el mercado bien tales cuales o previa o una o múltiples transformaciones.”  Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones nos. 989-C-S1-2009 de las 9 horas 55 minutos del 24 de setiembre de 2009, 339-C-S1-2010 de las 14 horas 40 minutos del 11 de marzo de 2010 y 299-C-S1-2012 de las 11 horas 35 minutos del 1ero. de marzo de 2012. En este sentido, tanto la A quo como el Ad quem, en torno a la naturaleza del inmueble en litigio, acreditaron: “2. / Que mediante resolución administrativa del siete de noviembre de 1989 de la Secretaría General del Instituto de Desarrollo Agrario, se declaró la existencia de un conflicto derivado de la posesión precaria de tierras sobre un área de cinco hectáreas de la finca cuarenta y dos mil seiscientos cinco cero cero cero del partido de Puntarenas y sobre cuatro hectáreas  de la zona marítimo terrestre, ocupadas por el señor Bolívar Sánchez Arguedas […] 11 ) La finca graficada en el plano catastrado P- P-430965-AG [sic] e inscrita a nombre de Sotavento Platanal S.A bajo matrícula 42605-000 ha sido explotada desde 1979 a título de dueño y por necesidad por Bolívar Sánchez Arguedas, mediante cultivos diversos, potreros y conservación. […] 12) La posesión ejercida por Bolívar Sánchez Arguedas es una sola unidad productiva con el sector de zona marítimo terrestre con la que colinda en donde se ubican las casas de habitación del núcleo familiar […]”. Asimismo, en el considerando VII del fallo impugnado, en lo de interés, se afirma: “[…] Se observa oficio SOP-499-89 del 28 de agosto de 1989 Asunto Informe y Recomendación sobre expediente 1625-P. En dicho informe se dejó constancia por parte de los funcionarios del IDA que la finca en cuestión pertenecía al conjunto de propiedades del conflicto de Bahía Pavones, donde por acuerdo de la Junta Directiva se había autorizado iniciar los trámites de expropiación. Señala, según informe de inspección realizada por la Sección de Inventario de Tierras del 14 de julio de 1989, se corroboró que Bolívar Sánchez es el poseedor de dicho inmueble junto con su familia de 12 miembros […] habiendo realizado en el predio trabajos de rehabilitación de las áreas incultas, y describe 5 hectáreas de potrero en las que mantiene 13 reses de su propiedad, 5 hectáreas en sociedad, además de dos bestias, contando también con una hectárea de cacao, guineo, cuadrado, yuca, piña, tiquisque, y frutales. En el acápite de Conclusión y Recomendación, fue mencionado que en el caso se dan todos los presupuestos del artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, y recomendó la declaratoria de la existencia de un conflicto de posesión precaria en la finca del partido de Puntarenas matrícula 42605-000 y como poseedor en precario a Bolívar Sánchez Arguedas en un área de cinco hectáreas. En ampliación de dicho informe oficio 240-89 (folio 225), fue indicado que el señor Bolívar Sánchez mencionó que cuando la propiedad era de Amado Rodríguez Álvarez, el [sic] laboraba como peón y después de que vendió a un estadounidense y al no reconocérsele su pago, optó por hacerlo a título de dueño habiendo transcurrido en dicha situación alrededor de 11 años. Acreditó que la finca había sido trabajada alrededor de diez años, sin saber si fue por Bolívar, aunque su vecino Oldemar Baltodano sí lo afirmaba. Se concluye en dicho informe que la posesión de Bolívar Sánchez en el fundo superaba los tres años, pero no los diez. Fue emitida la resolución administrativa de las 11:30 horas del 31 de octubre de 1989, (folio 231) que declaró un conflicto de ocupación precaria de tierras sobre el inmueble pero en un área de cinco hectáreas. Se emite decreto ejecutivo número 22033-MAG-MIRENEM del 30 de marzo de 1993 en el cual decretó que en virtud del conflicto de posesión de tierras existente en la zona Bahía Pavones, y no haberse llegado a un arreglo con los propietarios debe [sic] expropiarse diversos inmuebles, entre los cuales se cita la finca en litis. Mediante oficio DAJ-722-97 de noviembre de 1997 del Director de Asuntos Jurídicos del IDA (folio 267), informó que el decreto ejecutivo no ha sido ejecutado.” Lo anterior pone en evidencia, como se afirmó en el considerando XIV de esta resolución, la aptitud agrícola del fundo en litigio, por lo que los tribunales agrarios son los competentes para conocer de este proceso; ello, no obstante que se haya traído al Estado como parte. En consecuencia, se impone el rechazo del presente motivo de disconformidad.\n\nXIX. En la quinta censura, reprocha el casacionista que, aunque se pretenda eliminar los hechos no probados, jurídicamente, en la sentencia de primera instancia se citaron todas las pruebas para que no procediera la usucapión –artículo 853 del Código Civil-. El demandado reconventor, arguye, nunca tuvo justo título; tampoco actuó de buena fe y, por ende, no puede beneficiarse de la figura de la prescripción positiva. De igual manera, afirma, no contó con los 10 años de posesión, porque la interrupción significa que se perdió toda la posesión ejercida con anterioridad desde los años 1979, 1989. Más claro, agrega, desde que desapareció el acto interruptor con el Decreto Ejecutivo número 22033, publicado en La Gaceta no. 61 del 30 de marzo de 1993. Como don Bolívar presentó la contrademanda en febrero de 1996, señala, al momento de la presentación, no habían transcurrido los 10 años que alega en su pretensión. En cualquier caso de discusión, arguye, a partir de cuándo comienza la usucapión, el Decreto expropiatorio interrumpió toda la posesión, la perdió y no la recuperó con el último Decreto que lo derogó. El proceso fue mal planteado, afirma, en cuanto a las partes traídas a juicio. Las pretensiones formuladas, los reclamos económicos; en lugar de llamar al IDA como demandado directo, concluye, lo trajo como parte y a su poderdante, la pudo traer como tercera, no demanda principal.\n\nXX. Lo esbozado por el recurrente no pasa de ser un alegato meramente argumentativo. No combate los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia cuestionada. Ni siquiera la menciona. Esto hace que lo señalado resulte fútil a efecto de casar la sentencia. Por otro lado, en el último párrafo –folio 1258- señal que “El juicio fue mal planteado en cuanto a las partes traídas al juicio, las pretensiones formuladas, los reclamos económicos, y en vez de traer al IDA como demandado directo lo trajo como parte, y a mi representada pudo haberla traído como tercera, no demandada principal.” A parte de lo confuso de la argumentación, en el considerando XVIII se brindaron las razones por las cuales no existe un litis consorcio pasivo necesario con el IDA. Además, distinto a lo señalado por el recurrente, ese instituto no ha figurado como parte en este proceso. En consecuencia, se impone el rechazo del presente motivo de disconformidad.\n\n XXI. En el sexto y último cargo, el casacionista afirma que la reivindicación pretendida por su poderdante debe acogerse en todos sus extremos, porque la normativa que la regula es de plena aplicación. Alude a la doctrina emanada del tratadista Manuel Albaladejo. Indica, son tres los presupuesto de validez de la acción reivindicatoria: 1) legitimación activa, según la cual, el titular debe ostentar la calidad de propietario, artículo 316 del Código Civil; 2) legitimación pasiva; es decir, el poseedor debe ser ilegítimo; y 3) identidad de la cosa; el bien reclamado por el propietario y el poseído ilegítimamente por el demandado o poseedor debe ser el mismo. Transcribe, en lo de su interés, lo expuesto por el tratadista José Puig Brutau, en su obra Fundamentos de Derecho Civil. Entre el Derecho Civil y el Agrario, comenta, existen grandes similitudes. Como por ejemplo, anota, que el sustrato de ambos es el derecho fundiario. Sin embargo, anota, debe recordarse que la reivindicación agraria se refiere a fincas o bienes productivos, por lo que el goce propio de lo civil se diferencia de la actividad agraria; incluso, agrega, muy vinculada a lo ambiental y lo alimentario. En cuanto a la legitimación activa, arguye, el propietario, para estar legitimado, debe ser el dueño. Conforme al artículo 316 del Código Civil, destaca, a todo dueño le asiste la facultad de reclamar en juicio la cosa; así como el libre goce de todos y cada uno de los derechos que la propiedad comprende. El canon 320, manifiesta, referido específicamente a la acción reivindicatoria, preceptúa que puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, salvo que otro la hubiere adquirido por usucapión. El 321, añade, dispone que también es admisible contra el que poseía de mala fe y ha dejado de poseer, aun cuando el reivindicador prefiera dirigirse contra el actual poseedor. Esto quiere decir, sostiene, que solo se encuentra legitimado en forma activa, aquel que tenga una titularidad preferente sobre el bien, de ahí que, precisa, debe exigírsele al propietario, necesariamente, el carácter de dueño, para que pueda reclamar el bien que se persigue. En otras palabras, aclara, para ejercer la acción reivindicatoria con éxito, no basta ser propietario según en el Registro Público de la Propiedad, pues ello implica una mera titularidad. Ser dueño, afirma, significa ejercer, en el bien reclamado, los atributos del dominio; y, en particular, haber sido poseedor, demostrando la existencia de actos posesorios efectivos y estables, conducentes a acreditar la calidad de propietario en la realidad; sea, por sí o por sus anteriores transmitentes. Ser dueño, recalca, no significa serlo conforme a un documento; sino que debe haber realizado, además, actos de ejercicio y goce. En cuanto al ejercicio, a través de actos de disposición, concretamente, a través de una posesión suficiente para demostrar que la protección judicial se da respecto de quien, en un momento determinado, tuvo completos todos los atributos del dominio en forma plena. Tocante al título, relata, en la acción reivindicatoria debe también observarse su calidad, pues, de no mediar uno legítimo, el requisito de validez de la legitimación activa no se consagra y, en consecuencia, la reivindicación no puede prosperar. En cuanto a la prueba de la legitimación activa, sostiene, no basta con la mera presentación del título, sino, de una serie de elementos, con los cuales quede clara la condición de dueño. Es decir, indica, se requiere la presentación de títulos, planos catastrados, así como testigos, que acrediten el ejercicio de la propiedad por parte del titular. Por consiguiente, asevera, la prueba no es solo registral, sino también catastral, testimonial e, incluso, pericial. Al Derecho Agrario, comenta, le corresponde disciplinar la actividad agraria principal. Esto es, la empresarial vinculada con la cría de animales y el cultivo de vegetales; pero también, las actividades conexas (cuando las realiza el mismo empresario agrícola), de transformación, industrialización y comercialización de productos agrícolas. Entonces, argumenta, le corresponde darle un tratamiento más adecuado a la propiedad agraria. Señala, el Derecho Agrario es de actividad, no solo de propiedad, porque, asevera, el derecho de propiedad es el civil. En el Agrario, diserta, la propiedad asume un carácter dinámico, no meramente estático, como en materia civil. No importa solo la titularidad, asegura, sino, fundamentalmente, su ejercicio. De ahí, prosigue, es que nació el principio clásico de la función social de la propiedad. Hoy, apunta, este postulado evolucionó y se le identifica como económico social de la propiedad, en cuanto se desdobla en dos: 1) Por una parte, y es el que más interesa para la solución de este caso, afirma, denominado función subjetiva; referido a las obligaciones del dueño con la propiedad, las cuales pueden sintetizarse en su deber de cultivar el bien productivo, cumpliendo con su fin económico: ser productivo o de aptitud productiva. También, agrega, tiene la obligación de mejorar su propiedad, con el objeto de que se aumente la producción y la productividad. Debe respetar, asevera, el adecuado mantenimiento y desarrollo de un ambiente ecológicamente equilibrado; y, alega, tratándose de algunas propiedades particulares, cumplir con todas las obligaciones que la normativa especial impone. 2) La función objetiva, razona, es la obligación del Estado de dotar a todos los sujetos que no tengan bienes productivos; o los tengan en forma insuficiente, a pesar de su capacidad para desarrollar una actividad empresarial con esos bienes, para que puedan incorporarse al proceso productivo, desarrollándose humanamente en los planos social y económico. La primera, refiere, es una función básicamente económica; la segunda, añade, es, ante todo, social. Esta nueva concepción, afirma, se ha comenzado a perfilar, a asumir con características más profundas, a partir del momento en que se señaló la estrecha vinculación entre el Derecho Agrario y los deberes humanos. Más concretamente, comenta, con los derechos humanos económicos y sociales, sosteniéndose que el fundamento del Derecho Agrario es económico y social, donde no solo la propiedad comparte este basamento, sino todos los demás postulados de la disciplina. El instituto propietario, manifiesta, ha comenzado a conocer una marcada evolución, según se desprende, incluso, de la jurisprudencia constitucional. Se han superado, comenta, los dogmas clásicos que le caracterizaron. Las particularidades propias de la propiedad agraria, señala, exigen un tratamiento más acorde con sus características. Remite a la obra “La Propiedad”, del año 1983; así como a los tratadistas Juan José Sáenz Jarque, con su libro “La Propiedad Agraria”; Antonio Carrozza, “La propiedad como Instituto del Derecho Agrario”; Rodrigo Barahona Israel, “La Propiedad Agraria”; Salvatore Pugliatti, “La propietá e le propietá, con riguardo particolare alla propietá terriera”, en el volumen “La propietá nel nuevo diritto, de Milano Giufré. En el Derecho Civil, dice, se tutela a la propiedad sin la empresa; en el Agrario, se protege la propiedad empresarial. Desde esta perspectiva, sostiene, la propiedad agraria es una especie del género de propiedad. Por ello, afirma, en el planteamiento de Pugliatti de la “propiedad y las propiedades”, la agraria coincide, como todas las demás, con la general en cuanto a su función. Así, señala, respecto a esta última, tanto la de muebles como la de inmuebles, está al servicio de la empresa; directamente, cuando propiedad y empresa coinciden en un mismo titular y de forma indirecta, cuando la propiedad es conducida por otra persona distinta del propietario, v.gr., indica, en el caso del arrendamiento. La propiedad agraria, en la agricultura tradicional, comenta, solo era la tierra; mientras que, agrega, en la moderna, se encuentra constituida por el fundo, el cual puede involucrar distintos bienes. Remite a la sentencia de esta Sala no. 29 de las 14 horas 20 minutos del 30 de marzo de 1990. La propiedad agraria, indica, lleva en su seno a la empresa, subordinándose aquella a esta, pues la propiedad es el soporte de empresa. En consecuencia, acota, es el trabajo desplegado por el empresario, en cuanto a la organización de los bienes y el impulso de la actividad agraria, lo que le da ese sello distintivo que le caracteriza y diferencia de la civil o de cualquier otra. Estas particularidades, manifiesta, se hacen mayormente ostensibles en diferentes momentos de su ciclo de vida. Así, indica, al momento de su adquisición, deben configurarse esos elementos empresariales, de lo contrario, no podría llegar a existir. Incluso, alega, en los diferentes ordenamientos jurídicos, también la agraria se extingue al faltar esos elementos, resultando más evidente cuando, como en el caso de la acción reivindicatoria, su defensa solo tendría éxito si realmente se configura como tal. En la acción reivindicatoria de la propiedad agraria, informa, para que se configure el presupuesto de la legitimación activa, se requiere, necesariamente, de la demostración, por parte de quien reclama su titularidad, de que por si o por sus transmitentes la ejerció, cumpliendo con el destino económico del bien. Que desarrolló en ella, agrega, actos posesorios tendientes a cultivarla y mejorarla; y que, sobre el bien, desplegó una actividad empresarial. Entendiéndose por tal, una actividad económicamente organizada, con el fin de la producción de animales o vegetales, con el uso de los recursos naturales. La mera demostración de la titularidad registral, diserta, sin una sólida demostración de la previa existencia de una propiedad posesiva, no resulta idónea para la reivindicación agraria. Es este un concepto, enuncia, que comienza a afianzarse en todo el Derecho Agrario, de plena aceptación en el costarricense, dándole a la propiedad agraria el verdadero sentido de su existencia. En lo que respecta a la legitimación pasiva, continúa, para que la acción reivindicatoria prospere, el demandado debe ejercer la posesión en forma ilegítima. Al respecto, asevera, casación ha sostenido que, al decir el artículo 320 del Código Civil, que tal acción puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, debe entenderse que tal supuesto alude al que, sin título, detenta la propiedad de otro. Esto es, apunta, el requisito de validez de la legitimación pasiva, ha de entrañar, necesariamente, una ilicitud, una violación consagrada en el ordenamiento jurídico que repudie y sancione a quien posee, en una forma no tutelada por el derecho, porque, violando la propiedad de su verdadero titular, se mantiene en ella sin ningún fundamento jurídico. Es obvia la obligación del juzgador de resolver el presente conflicto, prosigue. Quizá la redactora del voto cuestionado, afirma, se vio en la obligación de incursionar en gran cantidad de temas referidos a las nulidades y, con un criterio amplio, debió salir de ellas para poder entrar al fondo del asunto. El combate a la sentencia recurrida, indica, pareciera dirigirse más hacia la usucapión y no a la reivindicación, pero es que el usucapiente ha presentado una tesis atrayente, agrega, fácil de analizar, pero en el fondo no lo es, porque, no solo le falta el título, la posesión, la buena fe, la posesión decenal; sino también, quiere ejercerla en una zona inalienable. Tan ingenuas han sido las juezas, comenta, que no obstante reclamarse en la vía administrativa una propiedad de cinco hectáreas, el voto unánime decidió otorgarle, por usucapión, una de 23 hectáreas. Esto, apunta, se debe a la continua referencia de la redactora al expediente administrativo, sin identificar las pruebas internas y abundantes que ahí se encuentran. La totalidad de la prueba testimonial que asistió a la audiencia, relata, por un problema no imputable al Tribunal, sino a la parte, coincide en la larga propiedad de su poderdante, no limitada a la titularidad registral, sino a una acompañada de una larga posesión, mucho más allá de la del propietario, quien no tiene mejoras de ninguna especie; sino que se trata de una familia de pescadores, que no ejerce actos posesorios agrarios, en un área de cuatro hectáreas y parte de la zona marítimo terrestre. Algunos de los testigos de la parte demandada reconventora, comenta, afirmaron que tenían 17 años de estar en el lugar, pasando más de tres cuando llegó al lugar don Bolívar a trabajar como peón. Más tarde, concluye, administró la finca y, luego, estuvo unos tres años solo, que fue cando gestionó ante el IDA, afirmando que tenía 10 años de posesión.  \n\nXXII. El casacionista, en un primer momento, hace una exposición en torno a diferentes aspectos: la acción reivindicatoria tanto civil como agraria; las características de los derechos Civil y Agrario; la propiedad civil y agraria. La efectúa sin engarzar su dicho con el fallo cuestionado. Por otro lado, cuando se refiere a la sentencia impugnada, no la cuestiona. No alude a sus fundamentos. Es decir, no objeta la fundamentación jurídica y fáctica que brindó el Tribunal para rechazar la demanda de SOTAVENTO y acoger la reconvención de don Bolívar, declarando con lugar la usucapión especial agraria. Se refiere a ella de manera somera, general e imprecisa. No concreta cargo alguno. Lo que hace es exponer diversos aspectos como mera información, mas no como reparos al fallo combatido. Es decir, se trata de manifestaciones meramente argumentativas. En consecuencia, al mantenerse incólumes los criterios brindados por el Ad quem para resolver de la manera como lo hizo, lo indicado por el recurrente no reviste trascendencia alguna a efecto de quebrar el fallo. Ergo, se impone el rechazo del  presente agravio.\n\nXXIII. En mérito de las razones expuestas, débese rechazar el recurso formulado y confirmar el fallo impugnado.\n\nPOR TANTO\n\nSe confirma la resolución impugnada. Tomen nota los apoderados de Sotavento Platanal Sociedad Anónima de lo indicado en el considerando XV de esta sentencia.\n\n \n\n \n\nAnabelle León Feoli\n\n \n\n \n\nLuis Guillermo Rivas Loáiciga                                                  Román Solís Zelaya\n\n \n\n \n\nÓscar Eduardo González Camacho                    Carmenmaría Escoto Fernández\n\n \n\n \n\n \n\nMJIMENEZ\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:07:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "Grande  \nNormal  \nPequeña  \n\nFirst Chamber of the Court  \n\nResolution No. 01196 - 2013  \n\nDate of Resolution: September 18, 2013, at 09:50  \n\nCase File: 99-000137-0419-AG  \n\nDrafted by: Román Solís Zelaya  \n\nReviewed by: SALA PRIMERA  \n\n  \n\nRelated Judgments  \n\n  \n\nText of the resolution  \n\n  \n\n*990001370419AG*  \n\nEXP: 99-000137-0419-AG  \n\nRES: 001196-F-S1-2013  \n\nFIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifty minutes on the eighteenth of September, two thousand thirteen.  \n\nOrdinary proceedings, accumulated, filed before the Agrarian Court of the Southern Zone, Ciudad Neilly. Case file no. 99-000137-419-AG, by SOTAVENTO PLATANAL SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its unlimited general power of attorney holder Pedro Muñoz Fonseca, resident of San José; against BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS, farmer, resident of Punta Banco of Pavones of Golfito; and, case file no. 96-000232-419-AG, filed by BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS against SOTAVENTO PLATANAL SOCIEDAD ANONIMA. The Office of the Attorney General of the Republic intervenes as an interested third party, represented by its deputy attorney, Mauricio Castro Lizano, resident of Heredia. Also appearing as special judicial attorneys for Sotavento Plantanal S.A. are licentiates Roy de Jesús Herrera Muñoz, resident of Heredia, José Francisco Vega Quesada, single, resident of Heredia, and licentiate Melissa Ramírez Zamora, single, resident of Heredia; and, for the defendant, licentiate Yeudi Aguirre Aguirre, married, attorney, of unindicated domicile. The natural persons are of legal age, and with the exceptions noted, married, attorneys, and residents of San José.  \n\nRESULTANDO  \n\n1. Based on the facts set forth and legal provisions, the plaintiff in case file no. 99-000137-419-AG filed an ordinary lawsuit, seeking that the judgment declare: \"1/. That Sotavento Platanal S.A. is the owner of the lot occupied by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, which is part of the property registered in the real folio section of the Public Registry, District of Puntarenas, folio real registration number forty-two thousand six hundred five zero zero zero. 2/. That Sotavento Platanal S.A. has the right to the free enjoyment of each and every one of the rights comprised by the right of ownership over the lot occupied by Mr. Bolivar Sánchez Arguedas, which is part of the property registered in the Real Folio section of the Public Registry, district of Puntarenas, registration number forty-two thousand six hundred five sequence zero zero zero. 3/. That Sotavento Platanal has the right to reivindicate (reivindicar) the lot occupied by Mr. Bolivar Sánchez Arguedas, which is part of the property registered in the Real Folio section of the Public Registry, District of Puntarenas, registration number forty-two thousand six hundred five sequence zero zero zero, and therefore Mr. Bolivar Sánchez Arguedas is obligated to deliver full possession of that lot to Sotavento Platanal S.A. 4/. That Sotavento Platanal S.A. has the right to appropriate, through payment of the corresponding materials and labor, the dwelling house that Mr. Bolívar Sánchez Arguedas built on the property registered in the Real Folio section of the Public Registry, District of Puntarenas, registration number forty-two thousand six hundred five zero zero zero, or to demand that it be removed or destroyed at Mr. Sánchez Arguedas's cost. 5/. That Mr. Bolívar Sánchez Arguedas be ordered to pay the damages and losses caused, to return the fruits he may have received, and to be responsible for the deteriorations suffered by the thing, after notification of this lawsuit. 6/. That in the event Mr. Sánchez Arguedas opposes this lawsuit, he be ordered to pay the procedural and personal costs arising from this litigation.\"  \n\n2. Within this proceeding, case file 99-000137-419-AG is being processed. The defendant Sánchez Arguedas answered the lawsuit, raising the defenses of lack of right (falta de derecho), litispendence (litis pendencia), and positive prescription (prescripción positiva). He also filed a counterclaim (contrademanda) requesting that the judgment declare: \"1/. The lawsuit is upheld. 2/. That I acquired by positive prescription (prescripción positiva) the property of the district of Puntarenas, real folio registration number forty-two thousand six hundred five zero zero zero, located in the first district, now the fourth, of the seventh canton of the province of Puntarenas, measuring two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three square meters and six decimeters. 3/. That I acquired said property by having possessed it for a period of twenty years in a public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith (buena fe), and as owner, having performed during all that time all possessory acts inherent to absolute ownership over the entirety of the immovable property. 4/. As a consequence of the foregoing, the Public Registry shall be ordered to register said property in the name of the undersigned, by means of a writ of execution (ejecutoria) to be issued once the judgment is final. 5/. That the acquisition of the property is as the legitimate owner of the immovable property, by reason of the agrarian possession (posesión agraria) I have been exercising during these last twenty years, such that the registry inscription ordered shall indicate that I am the owner of said immovable property. 6/. It is declared that the undersigned also has a BETTER RIGHT OF POSSESSION (MEJOR DERECHO DE POSESIÓN) than the registered owner, the company SOTAVENTO PLATANAL S.A., for the purposes of my continuing the agrarian exploitation I have been undertaking on the indicated property. 7/. That in the event of opposition to the counterclaim in this action, they shall be ordered to pay both costs of this litigation.\"  \n\n3. The plaintiff-counterclaim defendant Sotavento Platanal S.A. answered in the terms found on folios 65 to 70, raising the exceptions of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario), failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa), and lack of right (falta de derecho).  \n\n4. Judge Marisel Zamora Arias, in a resolution at 15:00 hours on August 28, 2001, rejected the preliminary defense of litispendence (litispendiencia) raised by Mr. Sánchez Arguedas; as well as those of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) and failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa), raised by the plaintiff-counterclaim defendant.  \n\n5. For his part, the plaintiff in case file no. 96-000232-419-AG filed an ordinary proceeding against Sotavento Platanal S.A., so that the judgment declare: \"1/ That I am the legitimate owner of the property of the district of Puntarenas, real folio registration number forty-two thousand six hundred five zero zero zero, located in the first district, seventh canton of the province of Puntarenas, measuring two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three square meters and six decimeters and with the boundaries indicated in the Registry. 2/. That I acquired the related property by positive prescription (prescripción positiva), or what is the same, by usucapion (usucapión), by virtue of having possessed it for a period of more than seventeen years in a public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith (buena fe), and as owner, having performed during that period all possessory acts inherent to agrarian ownership. 3/. As a consequence of the foregoing, the Public Registry shall be ordered to register said property in the name of the undersigned, by means of a writ of execution (ejecutoria) to be issued for that purpose once the judgment is final. 4/. The judgment shall likewise declare that the undersigned has a better right of possession (mejor derecho de posesión) than the registered owner Sotavento Platanal S.A., for the purposes of continuing the agrarian exploitation he has exercised on the indicated property. 6/. (sic) That in the event of opposition by the defendant to this action brought, they shall be ordered to pay both costs of this litigation.\"  \n\n6. The defendant Sotavento Platanal answered negatively and raised the exceptions of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario), failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa), and lack of right (falta de derecho); as well as the generic expression “sine actione agit.”  \n\n7. Judge Edwin Rojas Rodríguez, by means of resolutions at 13 hours 5 minutes on April 1, 1997, and 16 hours on May 18, 1998, rejected the preliminary defense of necessary passive joinder of parties and exhaustion of administrative remedies, respectively.  \n\n8. Judge Marisel Zamora Arias, in judgment no. 74-2010 at 15:00 hours on June 24, 2010, resolved: \"In accordance with the foregoing, with respect to the proceeding processed under number 99 000137419 (184 2 99), which is an ordinary agrarian proceeding filed by Sotavento Platanal S.A against Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, the defenses of lack of right and prescription raised by the defendant are rejected; consequently, the lawsuit is PARTIALLY UPHELD as follows: 1) It is declared that Sotavento Platanal is the owner of the lot occupied by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, which is part of the property registered in the real folio section of the Public Registry, District of Puntarenas, registration number forty-two thousand six hundred five zero zero zero. 2) As owner, the plaintiff has the right to the free enjoyment of each and every one of the rights comprised by the right of ownership. 3) Consequently, defendant Bolívar Sánchez Arguedas is ordered to restitute possession of the cited lot to the plaintiff Sotavento Platanal S.A. 4) Mr. Bolívar Sánchez Arguedas is granted the right to payment of the necessary and useful improvements (mejoras) he demonstrates, in the execution-of-judgment stage, to have introduced to the immovable property. 5) Mr. Bolivar Sanchez Arguedas is ordered to pay the damages and losses caused to the plaintiff Sotavento Platanal S.A., which shall be liquidated in the execution-of-judgment stage. With respect to the COUNTERCLAIM (CONTRADEMANDA) filed by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas against Sotavento Platanal S.A., the defense of lack of right is upheld in its modality of usucapion not fulfilled; the counterclaim for agrarian usucapion is DENIED IN ALL ITS RESPECTS. Mr. Sánchez Arguedas is ordered to pay the costs of this action. Concerning the case file processed under number 96 000232 419 Ag (232-1-96), the defense of lack of right is upheld in its modality of usucapion not fulfilled, and the defenses of lack of active and passive standing, comprised within the sine actione agit, are rejected; consequently, the lawsuit for positive prescription (prescripción positiva) filed by Mr. Bolivar Sánchez Arguedas against Sotavento Platanal S.A. is DENIED IN ALL ITS RESPECTS. The plaintiff is ordered to pay both costs of this action.”  \n\n9. The defendant-counterclaimant appealed, and the Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, composed of judges María Rosa Castro García, Damaris Vargas Vásquez, and Alexandra Alvarado Paniagua, in judgment no. 1465-F-11, ordered: “The evidence for better resolution is rejected. The nullity invoked is denied. On appeal, the judgment of 15:00 hours on June 24, two thousand ten, is partially reversed. In its place, it is declared: 1) in relation to the lawsuit for reivindication (reivindicación) processed under case file 99-000137-419-AG, the exception of lack of right (falta de derecho) and positive prescription (prescripción positiva) is upheld, and the lawsuit for reivindication (reivindicación), damages and losses by Sotavento Platanal S.A. is denied in all its respects. With respect to the counterclaim for special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) by Bolívar Sánchez Arguedas against Sotavento Platanal S.A., the exception of lack of right (falta de derecho) is denied; the counterclaim is partially upheld, and it is declared: 1) Bolívar Sánchez Arguedas acquired by special agrarian prescription (prescripción especial agraria) the property of the province of Puntarenas registered in the name of Sotavento Platanal S.A. under registration number forty-two thousand six hundred five-zero zero zero, located in the fourth district of the seventh canton of the province of Puntarenas, with an area of two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three square meters and six decimeters, with cadastral survey P-zero four three zero nine six five-five thousand nine hundred eighty-one. Bounded on the north and south partly creek Banco and other, on the east by Anel Alfaro Corella, and on the west by the 200-meter inalienable zone. The Public Registry of Property is ordered to register in the name of Bolivar Sánchez Arguedas, identity card five-one hundred forty-thousand one hundred forty-seven, the property of the province of Puntarenas registered in the name of Sotavento Platanal S.A. under registration number forty-two thousand six hundred five-zero zero zero. Regarding the accumulated lawsuit No. 96-232-419-AG, the judgment is confirmed, on the understanding that what is denied is the common agrarian usucapion. The proceeding is resolved without special award of costs. In all other appealed aspects, the judgment is confirmed.”  \n\n10. The representative of Sotavento Plantanal S.A. files a cassation appeal (recurso de casación), expressly indicating the reasons upon which he relies to refute the thesis of the Court of instance.  \n\n11. In the proceedings before this Chamber, the prescriptions of law have been observed.  \n\nMagistrate Solís Zelaya drafts.  \n\nCONSIDERANDO  \n\nI. In accordance with the uncontroverted facts of the judgment, on March 2, 1989, the company Sotavento Platanal Sociedad Anónima (hereinafter SOTAVENTO, the company, enterprise or corporation), purchased from the company Tampantí Sociedad Anónima the property registered in the Public Registry, Immovable Property Section, district of Puntarenas, real folio registration no. 42.605-000. According to the registry information, it is grazing land, pasture and mountain; located in the First district (now Fourth); of the Seventh canton; of the province of Puntarenas. Specifically, in Punta Banco, Pavón, Golfito. It has an area of 234,383.6 square meters; that is, 23.43836 hectares. It bounds on the north: partly creek, bank and other; south: partly creek, bank and other; east: Anael Alfaro Corella; and west: 200-meter inalienable zone. It is represented on cadastral survey no. P-430965-1981. The Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), by agreement taken in article VI of session no. 88-89, held on October 31, 1989, declared the existence of a conflict arising from precarious possession of land, in an area of five hectares of the referred property; as well as on four hectares of the maritime-terrestrial zone. Mr. Bolívar Sánchez Arguedas was considered a precarious possessor; who, originally, entered the referred property because he was hired by Mr. Amado Rodríguez, then its owner. The Agrarian Court of Puntarenas, in a resolution at 16:00 hours on March 13, 1990, dismissed the eviction lawsuit filed by SOTAVENTO against Don Bolívar. In that proceeding, it was proven that Mr. Sánchez Arguedas entered the property as a caretaker; however, he later dedicated himself to cultivating it. The area where he has undertaken various crops, built his dwelling house, and has lived with his family, is a single productive unit with the maritime-terrestrial zone sector, with which it abuts. In the official gazette La Gaceta no. 61 of Tuesday, March 30, 1993, Decreto Ejecutivo no. 22033-MAG-MIRENEM of the 2nd of the same month and year was published; whereby, among others, the indicated property owned by SOTAVENTO was expropriated. However, in official letter DAJ-722-97 of November 12, 1997, signed by the Director of Legal Affairs of the IDA, it was reported that, at that time, it had not been executed; later, in DAJ-419-2001 of May 14, 2001, it was affirmed that the expropriation was never materialized. It was repealed by Decreto Ejecutivo no. 32408-MAG-MINAE, published in La Gaceta no. 113 on June 13, 2005.  \n\nII. On August 21, 1996, Mr. Bolívar Sánchez Arguedas filed an ordinary lawsuit before the Agrarian Court of Puntarenas against SOTAVENTO. He petitions that he be declared in judgment the legitimate owner of the property with real folio registration no. 42605-000, with an area of 234,383.6 square meters. Likewise, that he acquired said property by positive prescription (prescripción positiva) (usucapion (usucapión)), by virtue of having possessed it for more than 17 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith (buena fe), and as owner; performing, during that period, all possessory acts inherent to agrarian ownership. As a consequence of the foregoing, he seeks an order to register the property in his name. Similarly, that he has a better right of possession (mejor derecho de posesión) than the registered owner, for the purpose of continuing the agrarian exploitation he has exercised. In the event of opposition, he requests that the costs of the proceeding be imposed on the defendant. The special judicial attorney for the defendant company denied the facts. She raised the defense of lack of right (falta de derecho). Likewise, she alleged the generic expression “sine actione agit”. This proceeding was identified with unique number 96-232-419-AG (internally within the Court, with no. 232-1-96). Later, on October 1, 1999, and before the same judicial authority, the unlimited general power of attorney holder for SOTAVENTO formulated an ordinary lawsuit against Don Bolívar. He seeks a declaration in judgment that his principal is the owner of the lot occupied by the defendant, which is part of the property registered in the Public Registry, real folio registration 42.605-000. Similarly, that it has the right to the free enjoyment of each and every one of the rights comprised by that of property; as well as to reivindicate (reivindicar) that portion of the property occupied by the defendant and, therefore, that he is obligated to deliver full possession of that lot to his principal. He also petitions a declaration of the company's power to appropriate, by virtue of payment of the corresponding materials and labor, the dwelling house that Don Bolívar built on the property; or, on the contrary, to demand that it be removed or destroyed at his cost. He requests that he be ordered to pay the damages and losses inflicted, to return the fruits he may have received, and to be responsible for the deteriorations suffered, after notification of the lawsuit. Finally, and in the event of opposition by the defendant, he seeks imposition of the costs of the proceeding. Don Bolívar accepted some facts and rejected others. He raised the defense of lack of right (falta de derecho). Later, in a brief presented on February 9, 2000, folio 41, he added to his answer, in the sense of raising the exception of positive prescription (prescripción positiva). In turn, he counterclaimed (contrademandar). He requires a declaration that he acquired the property of the District of Puntarenas, registration no. 42.605-000, with an area of 234,383.6 square meters, by positive prescription. This, because he possessed it for 20 years in a public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith (buena fe), and as owner; performing, during that term, all possessory acts inherent to absolute ownership over the entirety of the immovable property. Consequently, he requests the Public Registry be ordered to register it in his name. Similarly, he requests it be ordered that the acquisition of the property is as legitimate owner, due to the agrarian possession (posesión agraria) he has been exercising during the last 20 years, such that the registry inscription shall indicate that he is the owner of the immovable property. Likewise, he demands a declaration of his better right of possession (mejor derecho de posesión) than the registered owner, SOTAVENTO, to continue the agrarian exploitation he has exercised on the immovable property. Finally, and in the event of opposition, he prays the defendant be ordered to pay the costs of the proceeding. In the brief presented on February 9, 2000 –folio 41-, he expanded his claim, seeking a declaration of nullity of the title of the reivindication plaintiff, as it loses effectiveness against his own, for which reason its cancellation must be ordered. Touching on these claims, the Agrarian Judge, in a resolution at 9 hours 24 minutes on April 21, 2010 –folio 1016-, warned the counterclaimant, because he requested, on one hand, a declaration of having acquired by positive prescription and, on the other, his better right of possession, which are mutually exclusive, to choose the one of his interest within a period of eight days; failing which, it would be ordered to process the one that corresponded, according to the circumstances. In the brief on folio 1022, Don Bolívar chose the demand of having acquired the immovable property by positive prescription. The special judicial attorney for the plaintiff-counterclaim defendant company accepted one fact and denied the rest. He raised the defense of lack of right (falta de derecho). This proceeding is processed under unique number 99-137-419-AG (identified internally within the Court as 184-2-99). In a resolution at 15 hours 5 minutes on March 13, 2002, folio 154, the accumulation of case file 232-1-96 to 184-2-99 was ordered. This decision was confirmed by the Agrarian Tribunal by vote no. 537 at 15 hours 35 minutes on August 13, 2002 –folio 548-. The A quo, in her judgment, regarding proceeding 99-137-419-AG (184-2-99), rejected the defenses of prescription and lack of right. She partially upheld the lawsuit in the following terms: 1) Declared the plaintiff-counterclaim defendant company the owner of the lot occupied by the defendant-counterclaimant, which forms part of the property registered in the Public Registry, district of Puntarenas, registration no. 42.605-000. 2) As owner, it has the right to the free enjoyment of all the attributes of the right of ownership. 3) Ordered Don Bolívar to restitute possession of the property. 4) Recognized Mr. Sánchez Arguedas his right to payment for the necessary and useful improvements (mejoras) he demonstrates, in the execution stage of the judgment, to have introduced to the immovable property owned by the plaintiff company. And, 5) Ordered him to pay the damages and losses caused to SOTAVENTO, which shall be liquidated in execution of judgment. Regarding the counterclaim (contrademanda) formulated by Don Bolívar, she upheld the exception of lack of right (falta de derecho), in its modality of usucapion (usucapión) not fulfilled. Consequently, she denied it in all its respects. She ordered the defendant-counterclaimant to pay the costs of the proceeding. With respect to proceeding no. 96-232-419-AG (232-1-96), she upheld the defense of lack of right (falta de derecho), in its modality of usucapion (usucapión) not fulfilled. She denied, in all its respects, the lawsuit for positive prescription (prescripción positiva) brought by Don Bolívar. She imposed on him the payment of the costs of the proceeding. The Tribunal rejected the additional evidence for better resolution proposed. It denied the nullity invoked. It partially reversed the decision. In its place, with respect to proceeding 99-137-419-AG; touching on the reivindication (reivindicatoria) lawsuit, and for damages and losses filed by SOTAVENTO, it upheld the exceptions of lack of right (falta de derecho) and positive prescription (prescripción positiva). Consequently, it denied it in all its respects. Regarding the counterclaim for usucapion (usucapión) formulated by Don Bolívar, it denied the defense of lack of right (falta de derecho). It partially upheld it in the following terms: 1) Mr. Sánchez Arguedas acquired, by special agrarian prescription (prescripción especial agraria), the property registered in the name of SOTAVENTO, registration 42.605-000, located in the Fourth district, Seventh canton of the province of Puntarenas, with an area of 234,383.6 square meters; which is described in topographic survey no. P-0430965-1981. Bounded on the north and south partly creek, bank and other; on the east by Anael Alfaro Corella and, on the west by the 200-meter inalienable zone. And, 2) Ordered the Public Registry of Property to register it in his name. Regarding proceeding no. 96-232-419-AG, it confirmed the decision, but on the understanding that what is denied is common agrarian usucapion. It resolved without special award of costs. In all other respects, it confirmed the decision. Disagreeing, the representative of SOTAVENTO files a cassation appeal (recurso de casación) before this Chamber.  \n\nIII. In the first grievance, the cassation appellant indicates that reivindication (reivindicación) is proper provided usucapion (usucapión) has not operated in favor of a third party. Likewise, he adds, positive prescription (prescripción positiva) must be declared upon upholding a claim, not a defense. He notes that restitution is directed against any owner or possessor who illegitimately holds the immovable property, or the whole of its goods. Its effects, he affirms, are of two types: 1) restitution and 2) secondary effects, such as payment for fruits or improvements (mejoras). Reivindication (reivindicación), he points out, can be opposed against anyone who has the thing, without any amount needing to be paid for such restitution, except as provided in canon 327 –he does not specify from which normative body-. The exception to the reivindication action, he argues, lies in the fact that the possessor may have possessed for more than 10 years; that is, that they may have acquired by usucapion. When a third party has acquired by positive prescription or usucapion, the reivindication plaintiff loses their right, due to the extinction of their ownership. On the contrary, when the usucapion claimant has not reached 10 years of possession, he asserts, they must demand payment of secondary effects (improvements (mejoras) and fruits). In both cases, he comments, it is required that the defendant file a counterclaim. He reproduces precept 320 of the Civil Code. They are two autonomous legal institutes, he annotates. Reivindication is a right of the owner to recover the property of which they were illegally dispossessed. For its part, usucapion is an original form of acquiring ownership. There are two types of precedence of both institutes, he indicates, when they come into confluence. The lack of use of the property by the titleholder, he notes, does not mean the agrarian owner unilaterally ceases to be such, for ownership is not lost on its own. One ceases to be an agrarian owner, he comments, to the extent that a third-party usucapion claimant acquires it, with possession of more than 10 years, in the manner established by law. Only when reivindication and usucapion are found in the same proceeding, he points out, does the latter act as a defense. It is an exception or, at times, he affirms, a preliminary defense of prescription, usucapion, lack of active and passive standing, or lack of right (falta de derecho). The most complex conflict, he points out, operates when the usucapion claimant does not have the 10 years of possession, in which case ownership prevails over possession. In the Civil Code, he notes, the right of possession is acquired and lost in one year. For that reason, he comments, possessory actions (interdictos) expired within a year. Years later, he indicates, the period was reduced to six months. When the Ley de Tierras y Colonización, no. 2825 of October 14, 1961 was approved, he relates, a section called “Solution of conflicts between owners and possessors in precarious condition” was created; where the right of possession was given again in one year to possessors who were called precarious, to resolve their problems with owners. In such a case, he argues, it was designated special agrarian possession (posesión especial agraria), the character of which was acquired in one year; after which, he says, the then Instituto de Tierras y Colonización –ITCO- offered the option of acquiring ownership through an agreement between the parties, or resorting to the institute of expropriation. The foregoing means, he argues, that in the Costa Rican legal system, there exists a system with an order of precedence, descending from absolute or free agrarian ownership, down to the most insignificant. It begins with agrarian ownership; later, agrarian ownership with precarious possessors of less than one year (ad interdictam); subsequently, with more than one year (ad usucapionen); later, with more than one year and less than 10; with possession of more than 10 years; and, finally, the loss of possession by usucapion (extinction of one and birth of another real right (derecho real)). Usucapion, he states, is regulated in the chapter of the Civil Code titled “On Prescription”, articles 850 to 883. A distinction is made between “positive prescription” or acquisitive, also called usucapion; and “negative prescription” or extinctive. With the first, he points out, a right is acquired, exercised for a determined time. With the second, another type of right is lost, due to non-use for a certain time. The key norm of usucapion, he asserts, is article 853 of the Civil Code, which he reproduces. The title, he states, whoever alleges it, must prove it –article 854-; good faith (buena fe) must persist throughout the entire time of possession -855-; possession must be as owner, continuous, public and peaceful -856-; prescription acquired with violence ceases from when that state ends -857-; hidden prescription is valid until it is registered or cannot be known by those with the possibility of interrupting it -858-; the current possessor may add to their own that of their transferors -859-; to acquire possession of immovable property, 10 years are required, while for movable property, one -860-. In this matter, he affirms, the Ad quem broke the principle explained. It erroneously upheld an exception and declared the existence of a supposed special agrarian usucapion, he concludes, which had not been alleged or included by the defendant-counterclaimant in the claims of his counterclaim.  \n\nIV. In attention to the manner in which the ground of disagreement under review is raised, it is necessary to note that this Chamber, in judgment no. 505 at 8 hours 45 minutes on April 14, 2011, citing other precedents, stated: “[…] among the characteristics of the cassation appeal (recurso de casación) in agrarian matters is that it must be technically organized. The criticisms of the judgment must be enumerated and structured, and their lack of juridicity substantiated. The appellant has the duty to explain, in a clear and precise manner, the reasons upon which they sustain their action. They must systematically combat the legal grounds of the appealed judgment. They are only exempted from expressly indicating the violated legal norms, or the type of infraction committed.\n\nFor context, see, among many others, judgment number 892 of 9:00 a.m. on November 25, 2005.” (Vote 596-f-06 of 2:55 p.m. on August 30, 2006). Thus, despite the fact that the remedy in agrarian matters is governed by the Labor Code, and has been considered a third instance requested by the parties, this does not exempt the appellant from the duty to clearly and precisely state the aspects of the second-instance judgment being challenged, explaining in each case what the alleged errors consist of.” No. 300 of 10:00 a.m. on April 25, 2008.” (The underlining is supplied). In the same vein, among others, the judgments of this Chamber nos. 809 of 8:40 a.m. on July 5 and 1513 of 9:25 a.m. on November 15, both from the year 2012, may be consulted. In accordance with the foregoing, although the agrarian cassation remedy does not require special formalities, this does not mean it is completely informal, since the objections to the judgment must be structured in a technical manner. Thus, the objections to the legal grounds of the appealed judgment must be stated with clarity and precision; the only thing from which the appellant is exempt is indicating the provisions of the legal system violated or the type of infraction committed. Along this line of thought, in the grievance under consideration, the appellant, first of all, makes a general and merely argumentative exposition regarding the institutes of reivindicación and prescripción positiva, completely disconnected from the judgment being challenged. It is not until the last paragraph that he states: “In the present matter, the ad quem [sic] breaks the explained principle and erroneously, by upholding an exception, declares the existence of a supposed special agrarian usucapion that had not been alleged nor had been included by the defendant-counterclaimant [sic] in the claims of his counterclaim.” As can be observed, what is asserted is nothing more than a disagreement divorced from the judgment being attacked. The appellant does not allude to the grounds of the Ad quem’s ruling. In this regard, in Considerando VI, the trial judges analyzed the legal nature of the claims brought by Mr. Sánchez Arguedas in both proceedings – in one, as plaintiff, and in the other, as counterclaimant. They concluded that, in the counterclaim, the acquisition of the property through the institute of special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) was alleged or claimed; while, in the complaint, common agrarian prescripción positiva was invoked. Likewise, which will be the subject of analysis in the following Considerando, although it is true that, to dismiss the reivindicación claim filed by SOTAVENTO, they upheld the defenses of lack of right and prescripción positiva; it is also true that, contrary to what the appellant indicated, in Considerandos VII and XI, they analyzed the admissibility of the counterclaim filed by Mr. Bolívar, in which he alleged and petitioned for the granting of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria). However, it is reiterated, the appellant omits referring to what was argued by the Ad quem in the referenced sections. That is, he makes a comment disconnected from the legal-factual reasoning contained in the judgment he challenges. Consequently, as the reasons given by the Court to dismiss the complaint and uphold the counterclaim remain unchallenged, the appellant’s arguments are futile for the purpose of breaking the judgment. Ergo, the rejection of the grievance under study is required.\n\nV. Notwithstanding the foregoing, and for the sake of abundant reasoning, the following must be indicated. The appellant’s assertion, to the effect that the Ad quem declared the special agrarian usucapion in favor of the defendant-counterclaimant by virtue of having upheld the defense of prescripción positiva that was raised, without that petition having been included in the counterclaim, causes confusion. This is because, first, Mr. Sánchez Arguedas, in the seventh fact of his counterclaim, folio 34, stated: “When I entered the property, at the beginning of 1979, I did so out of necessity, since I and my family had nowhere [sic] to live, and also, I did not have an economic means for our subsistence. The Finca served me for that purpose, since it was abandoned. I made it productive, in its entirety.” (The underlining is from the original). Likewise, and as noted in Considerando II of this judgment, in the resolution of 9:24 a.m. on April 21, 2010, folio 1016, the Court, in what is of interest, stated the following: “Given that Mr. Bolívar Sánchez Arguedas answered the present complaint at folio 31 and jointly with it filed a counterclaim against the plaintiff, and given that within the claims presented by the defendant-counterclaimant in his counterclaim he requests that it be declared: in point 2- that he acquired by prescripción positiva, and in point 6- that the undersigned has a better right of possession; given the foregoing and these claims being mutually exclusive, in accordance with Article 124 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily to the matter, a period of EIGHT DAYS is granted to the defendant-counterclaimant Bolívar Sánchez Arguedas, so that he may choose the claim that is of his interest; failing this, the judge will order the processing of the one that corresponds according to the circumstances.” (Only the underlining is not from the original). Mr. Sánchez Arguedas, in the brief at folio 1022, indicated: “In this act I request that the CLAIM be considered and upheld: “2- that he acquired by prescripción positiva”, given that the elements for the indicated claim are present.” (The underlining is from the original). The Court, in the resolution of 8:52 a.m. on May 24, 2010, folio 1023, granted a period of three days to the plaintiff-counterdefendant company to state what it deemed appropriate regarding the claim chosen by the defendant-counterclaimant. Its legal representative, in the brief at folio 1029, in what is relevant, stated: “In reference to the claim chosen by the defendant (prescripción positiva) we take note, and we refer to the arguments of fact and law that we have set forth throughout this process and that are recorded in the expediente. / Additionally, even [sic] knowing the Court’s resolution, we consider it to be erroneous since at this stage of the process it is not possible to deconsolidate claims.” (The underlining is supplied). Then, in a brief from folios 1105 to 1123, he made a series of considerations regarding Mr. Bolívar’s decision to fix his petition as the prescripción positiva; in which he stated the reasons that, in his view, justified its rejection. In accordance with the foregoing, and contrary to what is now alleged, the plaintiff-counterdefendant company had full knowledge that, in the counterclaim filed by Mr. Sánchez Arguedas, what was petitioned was the declaration of the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) in his favor. This was expressly recognized by its representative at folios 995, 998, 999, 1105, 1106, 1107, 1163, and 1164 when, in what is of interest, he indicated: “[…] I refer to the appeal with concomitant nullity filed against judgment number 65-2007 of seven hours five minutes on July three, two thousand seven, by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, based on the following arguments: / I. In relation to the first point of the appeal: In relation to the first point of the appeal: The appellant claims that in judgment number 65-2007, there is no pronouncement on what was sought by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, that is, the prescripción positiva. That is not true. Regarding the claim of prescripción positiva, the only thing that was accredited was that Mr. Sánchez Arguedas only came to possess a piece of the finca in litis for a period less than that required by the special agrarian usucapion. […] In the present case, the female Judge proceeded to assess the evidence incorporated into the expediente and gave priority to the evidence consisting of the IDA expediente, in which it was concluded that Mr. Bolívar Sánchez Arguedas came to possess a part of the finca consisting of five hectares of the property of Sotavento Platanal, S.A. and four hectares of the terrestrial maritime zone, and not the entirety of the twenty-three hectares claimed by Mr. Sánchez Arguedas, which warranted the declaration of a conflict of precarious possession of lands because ten years had not elapsed that would give merit to the usucapion. The truth is that Mr. Sánchez Arguedas did not meet the term provided in the law for the special agrarian usucapion to proceed. […] 1. I take the liberty of making the following considerations in relation to the determination of Mr. BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS to fix as his claim within this ordinary process, the AGRARIAN PRESCRIPCIÓN POSITIVA. […] On the occasion of the Agrarian Court’s resolution of January 28, 2010, Your Honor proceeded to grant an audience to Mr. BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS so he could choose his claim, who chose the PRESCRIPCIÓN POSITIVA, according to the right he claims to have, although it has been made clear that HE DOES NOT HAVE IT. Therefore, this expediente is ready for the issuance of the judgment on the merits. / In the same sense, as elements that must be recognized by the judge when issuing the judgment on the merits, the following stand out: / Regarding the institute of special agrarian usucapion, our jurisprudence has authorized or accepted important doctrinal contributions such as the following: […] FIFTH: The appellant incorrectly names it: VII. The appellant’s argument not only suffers from the same defects indicated in the previous point, but also attempts to mislead the judge by stating that the Judgment applied the institute of civil usucapion and not that of agrarian usucapion. The argument is incorrect. Note that in Considerando Cuarto, the agrarian prescripción positiva is referred to from its beginning and never to the civil one. […]”. (The highlighting is from the original). Even now, in cassation, he recognizes this, since at folios 1248 and 1257, in what is relevant, he states: “VIOLATION BY THE APPEALED JUDGMENT OF THE EVIDENCE OF THE AGRARIAN USUCAPION ON A FARM OF TWENTY-THREE HECTARES, FOR LACK OF EVIDENCE, LOCATED IN THE TERRESTRIAL MARITIME ZONE WHERE THE AGRARIAN COURT CANNOT DECLARE A USUCAPION. / ON THE CONTRARY, THERE IS CONFESSIONAL, EXPERT, AND DOCUMENTARY EVIDENCE THAT INDICATE [sic] THAT THE REIVINDICACIÓN (AS CONTRADICTORY TO THE SPECIAL AGRARIAN USUCAPION) IS APPROPRIATE WITH ALLEGATIONS OF BEING A PEON OF THE FINCA, THAT IS, A SERVANT OF POSSESSION, SO HE COULD NEVER CHANGE THE TITLE FROM PEON TO POSSESSOR IN GOOD FAITH IN THE USUCAPION. […] For the usucapion, the allegations and evidence of the parties must coincide with Article 853 of the Civil Code, of course accepting the possible particularities that a special agrarian usucapion may have.” (The highlighting in capital letters, bold, and underlining is from the original). That is, in the counterclaim, it was alleged and there was a specific petition in that sense. In another line of ideas, and also, as reviewed in section II of this resolution, by virtue of what was alleged and requested both when answering the complaint and in the counterclaim, the Court, in Considerando XI of the challenged judgment, stated: “For the reasons stated, the evidence for better resolving is denied, as well as the nullity invoked. Judgment 74-2010 of 3:00 p.m. on June twenty-fourth, two thousand ten, must be partially revoked. In its place, the following must be declared: 1) in relation to the reivindicación claim processed under expediente 99-000137-419-AG the following: The exception of lack of right and prescripción positiva is upheld, and the reivindicación, damages, and losses claim of Sotavento Platanal S.A. is denied in all its aspects. With respect to the counterclaim for special agrarian usucapion of Bolívar Sánchez Arguedas against Sotavento Platanal S.A., the exception of lack of right is denied, it is partially upheld, and it is declared: 1) Bolívar Sánchez Arguedas acquired through the special agrarian prescripción the finca of the province of Puntarenas registered in the name of Sotavento Platanal S.A. under registration number forty-two thousand six hundred five-zero zero zero, located in the fourth district of the seventh canton of the province of Puntarenas, with an area of two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three meters and six square decimeters, with cadastral map P-zero four three zero nine six five-nine thousand eighty-one. Bordered on the north partly by quebrada banco and another, on the south partly by quebrada banco and another, on the east by Anel [sic] Alfaro Corella and on the west by the inalienable zone of two hundred meters. 2) On the fundo, Bolívar Sánchez Arguedas carried out agrarian possessory acts for a period of ten years for reasons of need. 3) The Public Property Registry is ordered to register in the name of Bolívar Sánchez Arguedas, identification number five-one hundred forty-thousand one hundred forty-seven the finca of the province of Puntarenas registered in the name of Sotavento Platanal S.A. under registration number forty-two thousand six hundred five-zero zero zero, located in the fourth district of the seventh canton of the province of Puntarenas, with an area of two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three meters and six square decimeters, with cadastral map P-zero four three zero nine six five-nine thousand eighty-one. Bordered on the north partly by quebrada banco and another, on the south partly by quebrada banco and another, on the east by Anel [sic] Alfaro Corella and on the west by the inalienable zone of two hundred meters. Estimated for fiscal purposes at the sum of ten million colones. It is resolved without a special award of costs.” This is thus reflected in the operative part, as noted in the referenced Considerando of this judgment. Corollary, contrary to what the appellant indicated, the Court decreed the admissibility of the special agrarian usucapion because it granted the counterclaim filed by Mr. Bolívar; not by virtue of having upheld the defense he raised against the claim brought by SOTAVENTO.\n\nVI. In the second objection, the appellant alleges the breaking of the general principles of Agrarian Procedural Law, due to the lack of reasoning in violation of Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria. This, he explains, by the Court imposing an arbitrary assessment, in order to incorporate three new proven facts -11, 12, and 13- and eliminate, without any grounds, the two unproven facts of the first-instance judgment, in relation to the other evidence in the process, to completely change the outcome of this lite. The serious problem with the questioned judgment, he adds, lies in the fact that the unproven facts were changed and three were added as if they were proven, to modify the factual picture, determine a usucapion in favor of the counterclaimant and, therefore, revoke the judgment of the A quo. He indicates, without establishing how, with support in the referenced article, the questioned judgment incorporated three new facts within the list of accredited ones. By the Court changing the factual picture, without any possibility for the justiciable to offer counter-evidence, to defend himself, or to have the right to an adversarial proceeding, he asserts, the right of defense and due process are violated. The judgment of the A quo, he comments, had two facts as not proven, which he reproduces. He copies Considerando III of the questioned resolution, regarding the reasons the Ad quem gave to dismiss them. This way of treating evidence, he comments, eliminating the unproven facts, without it being indicated anywhere in the judgment, with clarity and precision, the counter-evidence that would have led the Court to explain which elements of conviction motivated such change, is a typical attitude of the abolitionist system, acting with authority and without balance in relation to the elimination of the undemonstrated facts. The same circumstance occurs, he adds, with the incorporated proven facts, when the reading of the evidentiary materials authorizes reaching the conclusions of the A quo, but not those of the Ad quem. He indicates that the tendential characteristics of the agrarian process can be located, mainly, in three directions: 1) those related to the modernity of the process, 2) those referring to the powers granted to the Judge, and 3) the guarantees granted to the parties in the trial. In essence, he points out, the agrarian process is based on the principle of orality. Through it, he notes, one manages to achieve one of the greatest goals, which is the humanization of the process. Through orality, he adds, humanistic and procedural evolution goals are satisfied, because it entails a series of its own particularities, by which the process comes to life within the soul of the people, as a revelation against the traditional system. The way the Court acted, he points out, was different. Among papers, without contact with reality, it imagined a formal situation and, with criteria from reading the evidence, incorporated some facts and made others disappear, to obtain a judgment of “what they thought or imagined,” not of what the facts, the values, and, above all, the norms and principles indicate. Despite the transcendence of orality, he argues, today the correlative principle to this, that of immediacy (inmediatez), is considered more important. It constitutes, he claims, the instrument to humanize the process. It is not the way of expressing oneself, but the possibility for the parties and judges to be in direct contact, to be able to communicate broadly and freely, without the intermediation of lawyers or employees, sure that the message sent will be heard, that there will be an immediate response. Also, he adds, within that human contact between the parties, the use of dialogue, the ease of approaching, even understanding the aspirations of the opposing party and one’s own limitations, makes it easier to find ways of communication to formulate spontaneous, voluntary conciliatory arrangements. Conciliation, he expounds, constitutes an extraordinary instrument for social peace, because the solutions are found between the parties and not imposed by the judge. The judgment, he notes, generally defines a winner or a loser, even two losers; with conciliation, both parties come out winning. Due to the particularities of orality, he comments, there is concentration. That is, the possibility of resolving the matter in one or a few hearings. The time between the filing of the complaint and the issuance of the judgment is considerably reduced. The oral hearing becomes the ideal instrument to drive the process forward. In simpler trials, he says, everything will be resolved in a single hearing; in more complex ones, generally, in two. In procedural matters, he considers, the modernity of a system is determined, fundamentally, by the degree achieved in procedural simplifications. That is, he argues, according to the evolution obtained in the incidence of the oral system. In the agrarian process, he estimates, even in procedural systems closely tied to writing, there is the presence of defining oral elements, on many occasions, of a unique and diverse system, more evolved than the civil one. With orality, he points out, it is impossible to eliminate the documentary character of the preparatory stage of the complaint, the written evidence, the judgment. The agrarian procedural system, he affirms, is tempted to fall into the broad powers of the inquisitorial principle, negating all others. The modernization of the agrarian process, he estimates, consists of adopting the principle of orality to fulfill a double order of purposes: a) the impulse of humanism and b) promoting a more democratic, impartial process, developed in one or a few hearings. The Judge’s powers, he claims, are important, without varying the parties’ capacity to dispose of the object; above all, their evidentiary freedom, consisting of offering the means of conviction necessary to demonstrate their claims. The agrarian process, he says, must conceive of an impartial judge, respectful of the parties and the problem before him. More active, with more powers of direction and impulse, endowed with broad faculties to appreciate the evidence, with the aim of issuing a ruling as close as possible to the real truth, derived from the evidentiary materials gathered. Among the most important powers granted to agrarian judges, he mentions, are those of the free assessment of the means of evidence; that of the organic, respectful, balanced, and impartial conduct of the process, as well as with the other lawyers. He claims, a series of criteria have been abandoned, originally technical or scientific, but, at heart, political, whose practical utility many still defend; however, he notes, their use could place the entire agrarian procedural system outside modern procedural currents, and even lose institutional validity due to the risk of unconstitutionality. The first criterion, he points out, is directed at moving away from confessional evidence. Today, he affirms, it is inconceivable to obtain proof from the adversary and not from the reality where the facts could have occurred. The theme, he notes, is oriented by respect for fundamental rights, because confession is a typical institute of the medieval era, since it is obtained through two unacceptable mechanisms: 1) it seeks to obtain, from the confessant’s conscience, proof under the fear of an oath, and 2) the deponent is threatened with a criminal accusation for perjury, in the event of not telling the truth about their state of conscience. The second guideline, he indicates, is to move away from the inquisitorial principle. He points out that agrarian courts must distance themselves from authoritarian or arbitrary modes of conduct, even when, at heart, there may exist the justification of seeking the real truth. Procedural systems, he highlights, come closer to the old Roman aphorism Judez secundum allegata et probata partium decidere debet; furthermore, all evidence must follow due process, allowing counter-evidence. For this reason, he estimates, the agrarian process must, necessarily, abandon the inquisitorial principle. Within that philosophy, he states, the broad powers granted to the judge in the process also allow him to assume a certain active function, with a social-assistance character, because it takes into account the economic, social, and cultural limitations of the procedural subjects, facing the immediacy (inmediatez) for the humanization of the process. Since Agrarian Law is protective, with high social content, he discourses, the subjects, when they lack economic means, must be procedurally guaranteed for the protection of their rights, through the gratuity of justice. The humanization of the agrarian process, he argues, is perceived in the opening of the justice administration systems, charged with hearing all matters of the discipline, with a transparent presence in reality. The fundamental secret of the modernization of agrarian justice, he avers, as well as of any judicial system, is found intimately linked with the theme of sources and the interpretation of law. It constitutes, he points out, the dynamic, constructive awakening of advancement in disciplines of constant change and novel vicissitudes. If the remedy before the Cassation Chamber were more technical, he argues, like the civil or contentious-administrative one, it would be easier to combat what was resolved – through the indirect violation of substantive norms. It is evident, he comments, when it is not necessary to cite the norms of evidence or substantive norms infringed, above all, in the case of the indirect violation of law, it is easier. However, the evidentiary materials are always contradictory in their content, from which one must resort to sound criticism or free assessment, above all, the judge in charge of receiving the evidence, because from the whole, he gives more credit to some than to others, due to the coincidence among them and the conviction acquired through immediacy (inmediatez). The same does not occur, he adds, with the second-instance judges, who, without having immediacy (inmediatez), nor the possibility of approaching the evidentiary element more directly, have limits in issuing a ruling close to the truth of what is being discussed. From this point of view, he estimates, the agrarian trial judge, not the collegiate courts, are the most accurate in qualifying contradictory facts as proven and as not proven. As a matter of principle, he indicates, this is not an absolute truth; however, if the judge of the evidence, furthermore, has more experience than those who make up the Ad quem, he concludes, it is logical that in cassation these criteria should also be considered.\n\nVII. First of all, it must be indicated that what was reviewed regarding what the appellant calls the “tendential characteristics of the agrarian process,” constitutes a general grievance, merely argumentative; also subjective; novel (as it was not exposed during the processing of the process); and without any connection to the reasoning given by the Ad quem. Note that the only reference to what was resolved by the trial judges is that contained at folio 1243, where it is indicated: “This means that the way the Court acted was totally different. Among papers, without contact with reality, it imagined a formal reality, and with criteria from reading the evidence it incorporated some facts and made others disappear to obtain a judgment of “what they thought or imagined” and not of what the facts, the values, and above all the norms and principles indicate.” Such an assertion is, clearly, vague and imprecise. The factual-legal basis stated in the judgment to dismiss the complaint and uphold the counterclaim is not questioned. Ergo, in addition to this Chamber being unable to issue a pronouncement – doctrine emanating from precept 608 of the Civil Procedure Code, applicable to this type of process – what was indicated by the appellant is innocuous for the purpose of breaking the judgment. Secondly, at folio 1242 the appellant says: “C) This way of treating the evidence, eliminating the NON-proven facts without it being indicated anywhere in the judgment, with clarity and precision, the counter-evidence that would have led the Court to clearly explain which evidence caused such change, is a typical attitude of the abolitionist system, acting with authority and without balance in relation to the elimination of the NON-proven facts. And the same circumstance occurs with the PROVEN facts incorporated when the reading of the evidentiary materials authorizes reaching the conclusions of the a quo [sic] and not those of the ad queen [sic].” (The underlining is from the original). From what is asserted by the appellant, it is evident that he sets forth two distinct and indivisible hypotheses. On one hand, he points out that the appealed ruling does not set forth the basis or reason for discarding the unproven facts that the first-instance judge had listed. On the other hand, he affirms that the Court erred in adding the three proven facts, since after assessing the evidentiary materials, a different conclusion is reached; that is, that of the Court. In the first case, this would be a procedural injustice; in the second, a substantive one, due to indirect violation of the law. That ambiguity conflicts with the technical requirements of the remedy in this matter, as stated in Considerando IV of this judgment. Furthermore, contrary to what was affirmed by the appellant, in section VI of the questioned judgment, the trial judges provided the reasons why they considered that a special agrarian usucapion is raised in the counterclaim filed by Mr. Bolívar; while, in the complaint, an ordinary agrarian one. Similarly, in Considerando VII, exhaustively, supported by the facts they deemed accredited, above all, their factual support, they set forth the arguments for which they reached the conclusion that Mr. Sánchez Arguedas met the requirements for the special agrarian usucapion (usucapión especial agraria) to be declared in his favor. However, the appellant did not question that legal-factual reasoning. Consequently, by virtue of the reasons stated, the rejection of the objection under analysis is required.\n\nVIII. Notwithstanding the foregoing, and for the sake of abundant reasoning, it must be indicated, first of all, if the grievance were analyzed in accordance with what is indicated in the epigraph: “BREAKING OF THE GENERAL PRINCIPLES OF AGRARIAN PROCEDURAL LAW DUE TO LACK OF REASONING WITH INFRACTION OF ARTICLE 54 OF THE LEY DE JURISDICCIÓN AGRARIA, BY IMPOSING AN ARBITRARY ASSESSMENT TO INCORPORATE THREE NEW PROVEN FACTS (11, 12 AND 13) AND ELIMINATE WITHOUT GROUNDS TWO UNPROVEN FACTS OF THE APPEALED JUDGMENT, IN RELATION TO THE OTHER EVIDENCE IN THE PROCESS, TO COMPLETELY CHANGE THE RESULT OF THE JUDGMENT.” (The capital letters and underlining are from the original) and its development – folios 1241 and 1242 -, stated in Considerando VI of this judgment, the core of what is alleged lies in the fact that, in the appellant’s view, the questioned judgment suffers from a lack of reasoning. This because, according to him, it incorporated three new proven facts and eliminated the two that the A quo had determined as undemonstrated, without any justification. If what is reproached were the case, it would constitute a procedural violation, this, even though it refers to the factual picture of the judgment, because improper evidentiary assessment is not reproached; note, it is insisted, what is alleged is that the elimination of the unproven facts of the A quo’s judgment, nor the incorporation of the proven ones, was reasoned or motivated. Nor is the constitution, existence, or extinction of a right alluded to; rather, it is focused on one of the phases of the procedure: the issuance of the Ad quem’s judgment.\n\nRegarding the appropriateness of this type of objection in agrarian matters, this decision-making body has indicated: “V.- […] In this regard, starting from judgment 583 of 11:35 a.m. on July 14, 2004, which is reiterated, among others, in judgments 608 of 9:10 a.m. on July 23, 1074 of 11:20 a.m. on December 16, both of 2004, and 892 of 9:00 a.m. on November 25, 2005, this Chamber determined the appropriateness, in agrarian matters and in certain cases, of the cassation appeal on this ground. In this respect, Article 559 of the Labor Code, applicable to this type of proceeding by express referral of canon 61 of the Ley de Jurisdicción Agraria, provides: “CASSATION APPEAL. SUMMARY REJECTION. Once the case file is received, the Chamber shall summarily reject the appeal if it has been filed against what is provided in Articles 556 and 557. It shall do the same when the appeal only requests the correction, reinstatement, or execution of procedural steps.” (The underlining is not from the original). Regarding this matter, the second part of the provision under discussion is of interest. Procedural doctrine has indicated that the grounds for cassation set forth in Article 594 of the Code of Civil Procedure can occur in the three phases of the proceeding: 1) In the actual constitution of the procedural legal relationship, for example, what is regulated by subsection one, relating to the lack of summons or its defective notification. 2) Those referring to the abnormal development of that relationship. Such is the case of subsection two, regarding the rejection of admissible evidence or the lack of a notice for some evidentiary proceeding. And, 3) Those produced at the moment of deciding the litigation, that is, when issuing the corresponding judgment; the typical example is incongruence, provided for in subsection three. The phrase “reinstatement or execution of procedural steps,” as provided by labor regulations, does not cover all the cases in which these procedural defects may occur. The jurisprudence of this Chamber had equated the concepts of “defects of form” with those of “procedural step,” even though they are different. One is, it can be affirmed, in a genus-to-species relationship, where the latter constitute a species of the former. Errors in procedural steps refer to non-compliances originating exclusively during the procedural iter, and can be framed within points 1 and 2 indicated above. […]”. Judgment number 931 of 9:30 a.m. on November 24, 2006. In the same vein, one may consult, among others, judgment no. 1513 of 9:25 a.m. on November 15, 2012. What is alleged by the appellant, a lack of reasoning when changing the factual framework of the Trial Court’s judgment, falls within the third point indicated above. Therefore, the disenfranchisement would occur at the moment of issuing the Appellate Court’s decision; ergo, the grievance is admissible. However, its rejection is warranted because, within the exhaustive list of Article 594 of the Code of Civil Procedure (applicable to this type of proceeding by express referral of Article 452 of the Labor Code), the lack of reasoning is not listed as a ground for cassation on procedural grounds.\n\nIX. Secondly, Article 60 of the Ley de Jurisdicción Agraria provides that “The appeal, unless the law indicates otherwise, shall be granted with suspensive effect, and its procedure shall be governed, as pertinent, by the provisions of Section IX of Chapter II, Title VII of the Labor Code.” For its part, Article 502 of the Labor Code states: “Once the case file arrives on appeal before the Superior Labor Tribunal, it shall review, first, the procedures; if it finds that any formality capable of causing effective defenselessness has been omitted, it shall decree the nullity of proceedings or rulings as appropriate and to the extent necessary to guide the normal course of the trial. In this case, it shall return the case file to the Judge, with precise indication of the omissions to be corrected and the corresponding disciplinary correction, if there is merit to impose it. / In the contrary case, it shall issue its ruling, without any proceeding, within the seven days following the day on which it received the case file, unless any evidence is ordered for better provision, which shall be taken within fifteen days. Every judgment of the Superior Labor Tribunal shall contain, in its operative part, a specific declaration that it has not observed procedural defects in the handling of the trial in question. / Said Tribunal may confirm, amend, or revoke, partially or totally, what was decided by the Judge, even if the case file arrived solely on appeal from one of the parties.” (The underlining is supplied). In this particular case, if the Ad quem concluded –due to the argument put forward by the defendant-counterclaimant in the appeal– that the claim was not admissible, it had to determine whether the counterclaim was, just as it did. In this sense, it was granted substantive jurisdiction to hear the merits of the matter by virtue of the vertical appeal filed. In this regard, one may consult, mutatis mutandis, the judgment of this judicial body, number 1513 of 9:25 a.m. on November 15, 2012. Furthermore, the opposing party could allege whatever it deemed appropriate at that opportunity, in order to have the appealed judgment upheld, which it also did. Ergo, the Tribunal was empowered to vary both the facts held as proven and those unproven, in accordance with what was argued by the appellant, the cause of action –facts of the claims and counterclaim–; and, of course, with the evidence contained in the case file. Consequently, it did not place the plaintiff-counterclaimant company in a state of defenselessness by having included three proven facts and eliminated the unproven ones; nor did it violate the principle of due process.\n\nX. In the third ground of disagreement, the appellant affirms that the challenged judgment violates the evidence of the agrarian adverse possession (usucapión agraria) on a 23-hectare property, because none exists. Furthermore, they add, it is located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), where the Agrarian Tribunal cannot declare positive prescription. On the contrary, they state, there are means of proof –confessional, expert, and documentary– that demonstrate that the claim for recovery of possession (reivindicación) is proper. They add that it is determined that the defendant-counterclaimant was a farmhand (peón) on the property; that is, a servant of the possession, and therefore he could never change his title from farmhand to possessor in good faith for adverse possession. They transcribe Considerando I of the Trial Court’s judgment, where the judge listed the 11 proven facts –although the tenth is repeated in numbering–. Likewise, they indicate, the A quo considered two facts as unproven; but the Ad quem eliminated them. Then, they assert, the negation of a no becomes a no-no; that is, it has a “positive” result, as occurs in the exact and natural sciences. This is because, they say, negating a no is affirming a yes. In the doctrine of adverse possession, they state, if the negation—that he did not possess since 1979—is denied, it signifies an affirmation easily used in the simplest reasoning to understand that it is a yes. This, they note, derives from elementary logic. In the most basic mathematics, they argue, two certain, indisputable premises remain, subjected to the test of opposites: 1) that the defendant, Bolívar Sánchez Arguedas, took possession of the property in litigation starting in 1979; 2) that his possession was uninterrupted, under a title of owner and in good faith, since that date. The Ad quem, they point out, without basing itself on other facts, nor having sustained its criterion on canon 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, eliminated the unproven facts, stating: “III. The first and second unproven facts are not endorsed, as there is evidence that proves the contrary of what is stated therein.” In the questioned judgment, they allege, there is no sufficiently reasoned ground for the elimination of those unproven facts. Such elimination is not argued, nor is a better criterion of sound discretion (sana crítica) or free evaluation indicated for eliminating them. The Ad quem acted, they note, based on the inquisitorial principle, to change the factual framework of the appealed judgment and, in that way, give the ruling a capricious, arbitrary, biased meaning, with an anticipated judicial response, without any legal basis. By discarding them, they continue, it leaned towards declaring adverse possession derived from arbitrariness, without a basis derived from what was alleged and proven by the parties. Furthermore, they add, it broke the ruling of the A quo to accommodate the principles of adverse possession. If the defendant-counterclaimant had to prove adverse possession and did not do so, the tribunals cannot vary the legal nature from farmhand to possessor; because, in the first case, he is a servant of the possession, a worker subject to labor subordination. With the Tribunal’s reasoning, they comment, Mr. Bolívar went from servant of the possession to possessor, just as the transition from lessee to owner is impossible. With this change in legal nature, they state, substantive rules are violated directly and indirectly. In their opinion, the unproven facts in the Trial Court’s judgment, whose negative character was negated to become positive, can be read as follows: “1. That the defendant Bolívar Sánchez Arguedas took possession of the property in litigation starting in 1979. / 2. That the possession exercised by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas was not interrupted, he held title as owner, and the possession exercised in good faith commenced in 1979.” This change of unproven facts to proven facts, they assert, breaks the factual framework, placing the case in a completely different legal hypothesis: that of the existence of adverse possession. Even more seriously, they emphasize, the facts –proven and unproven– introduced by the Ad quem, are accommodated to support a conclusion that was not demonstrated by Mr. Sánchez Arguedas. He did not contribute to the case file, they say, any element of conviction that demonstrated, with the necessary level of certainty, that he had exercised acts of possession over the 23 hectares comprising the entirety of the property in litigation. On the contrary, they reason, the case file contains documentary evidence –administrative file of the IDA– and a judicial inspection (reconocimiento judicial) that accredits that the acts exercised by the plaintiff were limited to a maximum of five hectares; which, they add, is consistent with the thesis of “possessory acts out of subsistence necessity” that the Ad quem strangely maintains to support the supposed existence of a special agrarian adverse possession, which was also not alleged by the defendant-counterclaimant in the facts or the claims of the counterclaim. If someone invades a property to subsist, they say, they do so on the portion of land they need for that purpose. It makes no sense, they comment, to allege a subsistence need to invade an area as large as five hectares, much less 23. With the alteration of the proven and unproven facts, they assert, the challenged judgment incurs a contradiction by maintaining the seventh proven fact, set out in the first instance ruling, which they transcribe. This fact, they highlight, contradicts those added by the instancing judges; as well as the evidence in general. Adverse possession could not be declared, they claim, because Mr. Bolívar did not prove the ten-year possession necessary to achieve positive prescription. The burden of proof, they emphasize, is the exclusive responsibility of the party who affirms a fact. The Tribunal cannot be in charge of manipulating the wording, one way or another, to assume the burden that only corresponds to the party making the affirmation. Mr. Sánchez Arguedas, they relate, entered the property, then owned by Mr. Amado Rodríguez, as a farmhand, not as an owner. Consequently, they say, the relationship between Mr. Rodríguez and Mr. Bolívar was one of subordination, with the other elements of an employment relationship: salary, schedule, vacations, notice, Christmas bonus, etc. Then, they add, the defendant-counterclaimant could not change his title from dependent worker to possessor with one year of possession; more than one year and up to 10, as a precarious possessor; until he exceeded 10 years in the terms established in Article 92 of the Ley de Tierras y Colonización, as a precarious possessor. The evidence to denote the lack of adverse possession by Mr. Sánchez Arguedas, they express, comes from a series of evidentiary gaps. This is confirmed, they maintain, by the answer to question 12 of the confession, where he affirmed the reason for his entry as a farmhand on the property of Amado Rodríguez. Later, they add, he went from worker to possessor, staying in the house as if he were the owner, pretending to be the owner. Mr. Bolívar, they insist, entered the property in litigation because he came to work for Mr. Amado Rodríguez. In this regard, they note, see question number 12 of the confessional evidence on folios 302-304 of volume I of the case file; testimonial evidence of Marcos Jiménez, folio 299 front and back; and of Oldemar Baltodano López, folio 298 front and back. It is for this reason, they continue, that said fact denies the character of adverse possessor to Mr. Bolívar. The lack of positive prescription, they affirm, occurs through a set of evidence of different nature, analyzed together, in light of the rules of sound discretion. This is based on the answer to question number 12 of the confessional evidence, where Mr. Sánchez Arguedas indicated that the reason for his entry onto the property was to work as an agricultural farmhand, subordinate to Mr. Amado, and that he later stopped paying him. Regarding acquisitive and extinctive prescription, they indicate, the maxim is sustained that one cannot allege a change in the title of possession. Such is the case, they add, of usufructuary to possessor; of habitant to lessee. Because the cause of the legal transaction derives from a set of wills that cannot be modified unilaterally, much less when it concerns a right leading to a free agrarian property, such as the iter from farmhand to possessor as a fact; from possessor as a fact to possessor as a right; and, in that way, in a succession of changes to reach agrarian property. In short, they comment, in the confessional evidence, Mr. Bolívar was very clear in affirming that his entry onto the property of Mr. Amado Rodríguez was, initially, as a worker, as a farmhand; later, instead of resorting to the labor jurisdiction, he remained as a possessor of the property, to acquire it via the route of possessory information. Subsequently, he passed from worker to possessor, staying in the house as if he were the owner, passing from farmhand to possessor and then tried to become the owner. It is evident, they allege, that this process was delayed because Mr. Bolívar, having a conflict over precarious possession of lands, where its culmination was expropriation, rushed and filed an action for positive prescription. To this effect, they note, the General Secretariat of the IDA communicated the agreement made by the Board of Directors in session 88-89 of October 31, 1989, Article VI. By Decreto Ejecutivo no. 22.033-MAG-MIRENEM, property no. 43.893-000 was expropriated. By Decreto Ejecutivo no. 32.408-MAG-MINAE, of November 1, 2004, the previous decree was repealed. The Ley de Tierras y Colonización grants said institute one year to resolve matters submitted to its knowledge; otherwise, the possessor has the exhaustion of the administrative channel open to go to the Jurisdicción Contencioso Administrativa, which he did not do. The notation of the expropriation decree, they comment, unlike how the challenged judgment reasons, does not seek to protect both parties, but only the precarious possessor. They transcribe, as relevant, Article 94 of the Ley de Tierras y Colonización. Nowhere is it indicated, they argue, that the prescription is “interrupted” against the possessor, a party to a precarious land possession conflict. The contested judgment, they invoke, is absolutely illegal because, even though it concerns a 23-hectare property, 19 in the possession of SOTAVENTO and 5 of Mr. Bolívar, plus a restricted zone area, the Tribunal did not examine that it could not grant adverse possession in any area of the maritime-terrestrial zone. The first-instance judgment, they say, carried out a well-developed analysis of the evidence, determining that agrarian adverse possession was not proper, because at the time the claim was filed, the defendant-counterclaimant had not had more than 10 years of possession, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, of the property in litigation. In the Costa Rican system, they state, the principle of judez secundum et probata partium decidere debet prevails; that is, the judge can only resolve a matter submitted to their knowledge by the parties, based on what they allege and prove. It is not enough for them to claim a right, but the claim must also be proven. Hence, they note, derives the principle of evidence: the party who affirms must prove. Of course, they note, what the parties allege and prove is subject to the legal hypothesis, where the existence of the claimed right is provided for. For adverse possession, they conclude, the allegations and evidence of the parties must coincide with what is prescribed by Article 853 of the Civil Code; naturally, accepting the possible particularities that a special agrarian adverse possession may have.\n\nXI. In the grievance under study, the appellant makes a series of disparate and inseparable arguments that render it ambiguous and imprecise. In this sense, on folios 1248, 1251, and 1252, they affirm: “VIOLATION BY THE CHALLENGED JUDGMENT OF THE EVIDENCE OF AGRARIAN ADVERSE POSSESSION ON A TWENTY-THREE-HECTARE PROPERTY, DUE TO LACK OF EVIDENCE, LOCATED IN THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE WHERE THE AGRARIAN TRIBUNAL CANNOT DECLARE ADVERSE POSSESSION. / ON THE CONTRARY, THERE IS CONFESSIONAL, EXPERT, AND DOCUMENTARY EVIDENCE THAT INDICATES [sic] THAT THE CLAIM FOR RECOVERY OF POSSESSION IS PROPER (AS A CONTRADICTION TO THE SPECIAL AGRARIAN ADVERSE POSSESSION) WITH ALLEGATIONS OF BEING A FARMHAND ON THE PROPERTY, THAT IS, A SERVANT OF THE POSSESSION, AND THEREFORE HE COULD NEVER CHANGE THE TITLE FROM FARMHAND TO POSSESSOR IN GOOD FAITH FOR ADVERSE POSSESSION. […] With the reasoning of the Tribunal’s judgment, the act [sic] went from servant of the possession to possessor (just as the transition from lessee to possessor or owner is impossible). With this change in legal nature, there is a direct and indirect violation of substantive rules, [sic] dominated as possessor by the farmhand or errand boy (characteristics that in no way coincide with those of a possessor ad usucapionm [sic] […] By altering the PROVEN and UNPROVEN facts, the ruling commits a contradictory error [sic] by leaving the SEVENTH fact untouched as a fact of BOTH PROCEEDINGS.” (The underlining and highlighting are from the original). It is clear that the appellant alludes to substantive grounds for cassation, due to indirect or direct violation of the law. However, on folio 1250, they affirm: “The Tribunal, in the appealed ruling, without basing itself on other facts, nor having sustained its basis in Article 54 of the Ley de Jurisdicción [sic] proceeded to eliminate as UNPROVEN those facts, only said: [...] Throughout the entire appealed judgment of the Agrarian Tribunal, there is no sufficiently reasoned ground for the elimination of those [sic] UNPROVEN FACTS, such elimination is not argued, nor does it indicate a better criterion of sound discretion or free evaluation for having eliminated facts that had no evidence whatsoever. / The Tribunal acted, based on the inquisitorial principle, to change the factual framework of the appealed judgment and in that way give the ruling a capricious, arbitrary, biased meaning, with an anticipated judicial response, without any legal basis. / By eliminating the UNPROVEN FACTS, it was leaning towards declaring an adverse possession derived from arbitrariness, and without a basis derived from what was alleged and proven by the parties.” In this other part of the appeal, as they had already done, the appellant invokes a procedural ground for cassation: lack of reasoning. Likewise, within the substantive grounds, they allege various aspects: 1) the defendant-counterclaimant had to prove the existence of adverse possession; the Tribunals were prevented from changing the legal nature of the possession –from farmhand to possessor–; 2) the counter-plaintiff did not demonstrate, with the necessary level of certainty, that he had exercised acts of possession over the 23 hectares comprising the entirety of the property in litigation; 3) if someone invades a property to subsist, they do so on the portion of land they need for that purpose; it makes no sense to allege a subsistence need to invade an area as large as five hectares of land (much less 23 hectares); 4) by altering the proven and unproven facts, the ruling incurs a contradiction, by leaving the fact marked number seven as a fact of both proceedings; 5) the interruption of prescription is only in favor of the owner, and, therefore, does not advance for the benefit of the possessor while the administrative procedure is not resolved; 6) in accordance with Article 94 of the Ley de Tierras y Colonización, the IDA had a period of one year to resolve the matter; after which, without a resolution, it was terminated, and the administrative channel was exhausted for the parties to go to the Jurisdicción Contencioso Administrativa to claim their rights; and 7) the challenged judgment is illegal, because the Tribunal did not examine that it could not grant adverse possession in any area of the maritime-terrestrial zone. As indicated in Considerando IV of this judgment, the noted imprecision and ambiguity conflict with the technique of the appeal in this matter, which warrants its rejection.\n\nXII. Notwithstanding the foregoing, and for greater abundance of reasons, due to the importance it holds for the resolution of this objection, it is necessary to reproduce the proven facts that the Tribunal added: “11) The property depicted in cadastral plan P-P-430965-AG [sic] and registered in the name of Sotavento Platanal S.A under registry entry 42605-000 has been exploited since 1979, under a title of owner and out of necessity, by Bolívar Sánchez Arguedas, through diverse crops, pastures, and conservation. (Counterclaim on folio 33, testimonies of Marcos Jiménez on folio 229, Oldemar Baltodano López on folio 298, report of the Instituto de Desarrollo Agrario official letter SOP-499-89 and extension SIT 240-89, and administrative file 1625 of the Instituto de Desarrollo Agrario on folios 199 to 246). 12) The possession exercised by Bolívar Sánchez Arguedas is a single productive unit with the sector of the maritime-terrestrial zone with which it borders, where the living quarters of the family nucleus are located (judicial inspection on folio 142 and folio 297, expert report on folio 663). 13) Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, upon entering property 6-42605-000, knew that it belonged to a third party. (Response to the claim on folio 31 and counterclaim on folio 33, claim of accumulated proceeding 96-000232-419-AG on folio 161)”. Under the protection of this factual framework, which was not discredited by the appellant, as well as from the facts that the A quo considered proven, the Tribunal arrived at the conclusion that, in the proceeding filed by SOTAVENTO, identified with number 99-000137-0419-AG, in which the defendant filed a counterclaim, what was being discussed was, apart from the claim for recovery of possession, the appropriateness of a special agrarian adverse possession (usucapión especial agraria); whereas, in the proceeding filed by Mr. Sánchez Arguedas, no. 96-000232-0419-AG, the existence of a common agrarian adverse possession was alleged. In this regard, in Considerando VI of the impugned ruling, as relevant, the second-instance judges pointed out: “Regarding the allegations against what was decided, we proceed to resolve each of the complaints in the following manner. 1) On the nature of the adverse possession requested by the defendant. To determine whether the plaintiff requested a declaration in his favor of common agrarian adverse possession or special agrarian adverse possession, one must first review the claims contained in the briefs responding to the claim, the counterclaim, and the claim of the proceeding accumulated to this one. If this is not clearly deduced from them, it will be necessary to resort to the legal basis invoked, the facts, and the responses to them. The plaintiff filed a claim for recovery of possession of a lot that forms part of the property registered under the Puntarenas registry entry 42,605-000, in which it is indicated that a living quarters was built and over which, by resolution of November 7, 1989, by the General Secretariat of the Instituto de Desarrollo Agrario, a conflict derived from the precarious possession of lands of those terrains, part of the plaintiff’s property, was declared in administrative file 1625. The claim mentions that by a resolution at 4:00 p.m. on March 13, 1990, an eviction process that had been filed against the defendant under file 345-A-89 was dismissed, and that the latter filed an ordinary claim of adverse possession under file 96-232-419-AG. The basis for the claim is Article 316 and following of the Civil Code, Articles 92, 101, and 105 of the Ley de Tierras y Colonización. (folio 13). In his response, the defendant indicates that it was necessary to accumulate the proceeding he had filed against the entity Sotavento Platanal S.A. under summary proceeding 96-000232-0429-AG. He rejects the claim stating that he has been an agrarian possessor for 20 years of the property under a title of owner, in a peaceful, uninterrupted, good faith, and public manner, and that, by pure formality, it appeared registered in the name of a third party who has never exercised possession of the property. He indicated having entered into possession from the year 1979, and that by 1989, the representatives of the IDA had established for that date, that he had held possession for more than three years over the entirety of the land, and that subsistence acts had been carried out on the land. He proceeds to counterclaim, stating what had already been answered and adding that said land was put into production with his work and that of his family nucleus starting in 1979. He cites, in the third fact, that upon entering in 1979, he did so out of necessity, as he and his family lacked a place to live, he had no other means of subsistence, and the property served that purpose, as it was abandoned. He reiterates that his 20-year possession had been under conditions of peacefulness [sic], uninterrupted, under a title of owner, and in good faith. Based on provisions 92, 92, [sic] 95, and 101 of Law 2825, 264 and following, 287 and following, 290 and following, 316 and following of the Civil Code, he expressly requested: (folio 31 Volume I). In said response to the claim, he files a counterclaim (folio 35), and as a petition requests: “1/ Grant the claim. 2/. That I acquired by positive prescription the property of the district of Puntarenas, real folio entry number [sic] forty-two thousand six hundred five zero zero zero, located in the first [sic], now fourth district of the seventh canton of the province of Puntarenas, with an area of two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three square meters and six square decimeters. 3/. That I acquired said property by reason of having possessed it for a period of twenty years publicly, peacefully, without interruption, in good faith, and under a title of owner, having exercised during all that time all possessory acts inherent to absolute ownership, over the entirety of the immovable property. 4/. As a consequence of the foregoing, the Public Registry shall be ordered to register said property in the name of the undersigned, by means of a writ of execution to be issued once the judgment is final. 5/. That the acquisition of the property is under the title of legitimate owner of the immovable property, by reason of the agrarian possession I have been exercising during these last twenty years, so that the registry inscription to be ordered will state that I am the owner of said immovable property. 6/. It is declared that the undersigned also has A BETTER RIGHT OF POSSESSION THAN THE REGISTRY owner, the company Sotavento Platanal S.A., for the purposes of me continuing the agrarian exploitation I have been carrying out on the indicated property. 7. That in case of opposition to the counterclaim against this action, they shall be ordered to pay both sets of costs of this litigation”. By virtue of what was ordered in the vote of this Tribunal number 0054-F-10 at 2:20 p.m. on January 28, 2010 (folio 1007 Volume III), the first-instance judgment was annulled for the second time because the claims had been improperly accumulated and the judge had chosen ex officio which [sic] claim should prevail. By resolution at 9:24 a.m. on April 21, 2010, the counter-plaintiff was warned to indicate which claim he chose, either positive prescription or the better right of possession that were presented jointly. The defendant on folio 1023 answered that the chosen claim is: “that he acquired by positive prescription, as the necessary elements for the indicated claim are present.” Having analyzed the cited elements, this Tribunal reaches the conclusion that proceeding 99-000137-419-AG deals with the discussion of a claim for recovery of possession in which the defendant alleges having acquired by the institution of special agrarian prescription. On the other hand, it is evident that the accumulation of this proceeding with file number 96-000232 419 (232-1-96) was previously ordered, in which Bolívar Sánchez Arguedas sued Sotavento Platanal S.A. via ordinary proceedings.\n\nIn the complaint in that proceeding (folio 161), the plaintiff states what has already been cited regarding the counterclaim, and indicates that the farm he possesses is registered in the name of a third party, describing the acts of cultivation and maintenance carried out and adding that since 1979 he has exercised possession under peaceful conditions, and uninterruptedly, as owner, and in which he proceeded to harvest and use the products for the sustenance of his family. In the sixth fact, he acknowledges the property in the name of the defendant corporation, and in the seventh, he mentions that before 1979, he had entered to work on the farm as a laborer and that by virtue of the possession exercised, he had acquired it by usucapion (usucapión) pursuant to the provisions of articles 853 and 860 of the Civil Code. He requested in his claims: \"1./ That I am the lawful owner of the farm of the Puntarenas district, real folio registration number forty-two thousand six hundred five zero zero zero, located in the first district, seventh canton of the province of Puntarenas, measuring two hundred thirty-four thousand three hundred eighty-three square meters and six decimeters and with the boundaries indicated by the Registry. 2./ That I acquired the related farm by positive prescription, or what is the same, by usucapion, by virtue of having possessed it for a period of more than seventeen years publicly, peacefully, without interruption, in good faith, and as owner, having exercised during that period all the possessory acts inherent to agricultural dominion. 3./ As a consequence of the foregoing, the Public Registry shall be ordered to register said farm in the name of the undersigned, by means of an executory order to be issued for that purpose once the judgment is final. 4./ That in the event of opposition by the defendant to this action brought, she shall be ordered to pay the costs of this lawsuit.\" In this consolidated proceeding, the complaint claims common agricultural usucapion. Because the proceedings are consolidated, the claims of both must be resolved in the judgment. [...]\". (The highlighting is from the original). The appellant, it bears repeating, did not challenge the proven facts added by the Court—much less their evidentiary basis—; nor did he object to the reasoning provided by the trial judges in the transcribed recital, nor the conclusion that in proceeding no. 99-000137-0419-AG, what was alleged and requested by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas is a special agricultural usucapion; whereas, in no. 96-000232-0419-AG, it was a common agricultural positive prescription. On the contrary, as already indicated, in the processing of the proceeding and now, on appeal, he has accepted that the counterclaimant based his petition on having acquired the property by virtue of special agricultural usucapion. Within this line of thought, regarding this institution, this Chamber, in judgment no. 172 of 9:55 a.m. on March 4, 2008, citing other precedents, stated: \"IV.- In reality, the appellant's main argument centers on proposing that the rules of 'special agricultural usucapion' should have been applied in the proceeding under review, and that by not having proceeded in this manner, the Ad quem incurs in a series of improper appraisals of the evidence. Based on this complaint, it is necessary to make some general considerations regarding the modes of acquiring property by positive prescription in agricultural matters. Thus, a distinction must be made between common usucapion and special usucapion, both provided for by this branch of law. The former requires compliance with the requirements demanded by the Civil Code, due to the absence of specific agricultural legislation; that is: translative title of ownership, good faith, and possession. Thus, a person who files an agricultural claim of this nature must demonstrate the exercise of possession as owner, publicly, peacefully, and uninterruptedly for a period of 10 years. It is distinguished from civil proceedings for positive prescription in that the possession transcends the simple occupation of the land, since it implies agricultural possessory acts, aimed at cultivating and improving the property sought to be usucapted. For its part, special agricultural usucapion is provided for in the Ley de Tierras y Colonización, the basis of which lies in precarious possession, due to the need to exploit the agricultural land, as a means of subsistence for oneself or the family unit. Thus, article 92 of that legal body establishes: 'For the purposes of this law, a precarious possessor shall be understood as anyone who, out of necessity, performs stable and effective acts of possession, as owner, in a peaceful, public, and uninterrupted manner, for more than one year, and with the purpose of putting it in production condition for his subsistence or that of his family, on land duly registered in the name of a third party in the Public Registry. Precarious possessors who have ten-year possession under the conditions set forth in the preceding paragraph may register their right in accordance with the provisions of this law and through the possessory information procedure...'. For its part, article 101 of the same normative body states: '... for the purposes of the positive prescription referred to in this article, the translative title of ownership required by the Civil Code shall not be necessary'. As this Chamber has indicated, precarious possession of land constitutes a modality of agricultural possession, which, as such, consists of the de facto power over a productive property, whose registered title belongs to a third party, and which is exercised continuously, effectively, and personally, through the development of an economically organized activity for obtaining animal or vegetable products, whose ultimate goal is to satisfy one's own needs or those of one's family. In this, therefore, food necessity and family agricultural labor prevail. Its requirements, both subjective and objective, have different connotations. The simple intent to possess is not required; it must be in an effective, direct, and personal manner, to satisfy said needs. Hence, for it to operate, the existence of good or bad faith is not determinative, as this element is replaced by necessity. According to what the law orders in this special case, a translative title of ownership is not required. The most important effect of precarious possession is the acquisition of agricultural property through ten-year possession, that is, agricultural usucapion. On the other hand, when the conditions of a state of necessity are not present, as referred to in the aforementioned articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización, one is facing a common agricultural usucapion, which has a legal regime different from the special agricultural usucapion regulated by that law. In this regard, see judgment of this Chamber no. 755 at 2:00 p.m. on October 5, 2006.\" (The underlining is supplied). In this same vein, see, among others, judgments of this Chamber nos. 755 at 2:00 p.m. on October 5, 2006, and 178 at 9:50 a.m. on March 14, 2007. In accordance with this jurisprudential line, it is clear that what the appellant asserted, in the sense that Mr. Bolívar has not possessed the property in dispute in good faith, lacks relevance, since in special agricultural usucapion, that is not a determinative criterion for its admissibility.\n\nXIII. Next, the trial judges, in section VII of the appealed judgment, provided the reasons why, in their opinion, the thesis of the defendant counterclaimant was the applicable one; that is, that he had acquired the property through the institution of special agricultural usucapion; which is why the reivindicatory action could not prosper. Regarding what is of interest, they stated: \"Regarding the evaluation of the testimonial evidence, the effects given to the resolution of the Instituto de Desarrollo Agrario and the count of possession of the defendant counterclaimant. [...] This Court considers that regarding the knowledge that the land had a third party as owner, having been accepted by the defendant himself in his counterclaim and in the complaint of the consolidated proceeding, as already mentioned, it is a non-controversial fact. In the complaint of the proceeding consolidated to this one, Bolívar Sánchez himself indicated in the seventh fact that he had entered as a worker for its owner Amado Rodríguez and that the farm had been sold. The same was affirmed in the confessional evidence given in the proceeding when he answered that he knew the previous owner Amado Rodríguez, for whom he worked on that farm (confession at folio 144). Meanwhile, the appeal claims the lack of an adequate evaluation of the testimonial evidence in the record, which was taken at the evidentiary hearing at 1:00 p.m. on November 10, 1998 (folio 298). Which will now be examined. Witness Víctor Julio Vargas Rojas (folio 298) testified that Bolívar entered the land when it was abandoned and began production work from 1979 over the entire farm and for the benefit of his family. Said witness indicated: 'I have known Don Bolívar since the year 1979 and when I met him, he was already in this place...it could be about twenty-three hectares. Don Bolívar has cleared land, planted agriculture... the fences were made by Bolívar. Don Bolívar has possessed the land in a peaceful manner, all the time, as far as I know Don Bolívar has not worked for any company... since 1979 Don Bolívar has never abandoned the farm, his possession within the land has never been interrupted, the work that Don Bolívar does within the land has been publicly...Don Bolívar works the farm for his benefit and that of his family. I am unaware if any other person besides Don Bolívar has come to this farm to exercise possessory acts, the only one who has exercised possessory acts on this farm is Don Bolívar.' (folio 298). Said witness proves Bolívar Sánchez's possession since 1979 in an uninterrupted and public manner over the entirety of the farm. Witness Oldemar Baltodano López (folio 299) began by mentioning knowing that Bolívar entered the farm in 1978 and proceeded to put the farm in a productive state; he stated that he did not work for anyone and was unaware if the IDA intervened in the declaration of conflict of precarious possessor. Subsequently, he testified that upon entering, Bolívar worked for a gentleman surnamed Rodríguez, who died, and he remained on the farm in possession as owner. In his testimony, he mentioned: 'I have known Bolívar since he arrived at this place in 1978, Don Bolívar came to this property to work...Don Bolívar came with his wife and children, it is that Don Bolívar came to this land, planted agriculture, built the fences, made pastures. He planted beans, rice, corn, Don Bolívar worked the entire farm...If I know the farm, I don't know exactly how much it measures but it could measure about twenty-two hectares, something like that. Don Bolívar was never a laborer; he worked the farm for himself, he worked the farm with his children, he took the little bits of agriculture to live on, no one paid him a salary... Don Bolívar entered this land peacefully, we all know him as the owner of this land, he is the owner, he has never abandoned it, he has always stayed on this same farm. Don Bolívar has always worked the farm since he entered the property, this house where we are was built by Don Bolívar, before it was a palm ranch... That ranch was built by a gentleman surnamed Rodríguez, who died, … Don Bolívar came to work the land for Don Amado Rodríguez, but later he left him on this farm without any pay, and Don Bolívar continued working the land for himself.' (folio 299). With said testimony, it is proven that Mr. Bolívar began his entry as a worker for Amado Rodríguez and that by 1979, he began possessory acts as owner and to satisfy family needs. Witness Marco Jiménez Gómez (folio 300) indicated that 17 years ago, Bolívar entered the farm to work it with his family for his own benefit, and from that moment on, he has remained there publicly and uninterruptedly. He indicated that, at the beginning, Bolívar worked for his friend Amado for a short time, and when the farm was left alone, he continued on it. This witness testified in 1998 and indicated that Bolívar had entered 17 years ago, which would correspond to the year 1981. Although this proves Bolívar's possession as owner since that year, it is observed that the previous witnesses did prove possession since 1979, and it is not contradicted by the mentioned testimonies. In the confessional evidence, in response to questions four and six, the deponent answers having entered the land on his own account and not having been hired by anyone, without a salary. He later clarified having worked for Amado Rodríguez in 1978 for about six months. (folio 304). [...] This Court believes that what must be carefully reviewed is whether, at the time the transfer order of this proceeding was issued to Bolívar Sánchez, the ten-year period necessary to usucapt pursuant to article 92 of the Ley de Tierras y Colonización had elapsed. The testimonial evidence coincides with what was stated by the defendant counterclaimant in the counterclaim and the claim of the consolidated proceeding, that by 1979, Bolívar and his family were already inhabiting the registered farm, exercising possessory acts in his name and to satisfy the needs of his family unit, and that before that, he was a worker for Amado Rodríguez, who was the owner of the property. Said land was sold, and he began possession as owner uninterruptedly from 1979. In this regard, Oldemar Baltodano López and Marcos Jiménez Gómez testified (folios 298 to 300). As this is a case of special agricultural usucapion, the requirement of good faith does not need to be proven; rather, his possession was exercised out of necessity to provide sustenance for his family unit. Said necessity was proven as witness Oldemar Baltodano López stated when he affirmed: 'Don Bolívar was never a laborer, he worked the farm for himself, he worked the farm with his children, he took the little bits of agriculture to live on, no one paid him a salary... As far as I know, Don Bolívar has never had problems with any other person regarding the possession of this land, we all know him as the owner of this land, he is an owner, he has never abandoned this place...' and regarding the condition under which Bolívar entered, he testified: 'That ranch was built by a gentleman surnamed Rodríguez... Don Bolívar came to work the land for Don Amado Rodríguez, but later he left him working on this farm without any pay, and Don Bolívar continued working this farm for himself…' (folio 299). Witness Víctor Julio Vargas Rojas and witness Marcos Jiménez Gómez testified in the same vein, the latter indicating knowing of a possession since 1981. The Instituto de Desarrollo Agrario, in its administrative declaration of 1989, according to the documents cited in that regard, verified that said person remained out of necessity on the land registered in the name of a third party and declared the conflict of precarious land occupation, but in a sector smaller than the entirety of the farm and for a period less than ten years. This reivindication proceeding was filed and the transfer order notified on November 4, 1999 (notification record at folio 27), and he proceeds to counterclaim requesting special agricultural usucapion. This Court does not share the conclusion reached in the judgment, because by 1989, the ten-year period of possession due to necessity required for this type of possession was being fulfilled. This Court disagrees with the lack of credibility given to the witnesses merely for contradicting the content of the resolution of the Instituto de Desarrollo Agrario in its declaration of conflict of precarious land occupation, as will be discussed below. On the other hand, it must be assumed that the notification of the transfer order in this matter was communicated in 1999, and the eviction proceeding that the judge considered suspended the positive prescription was denied by resolution at 5:00 p.m. on March 13, 1990, to the corporation Sotavento Platanal (copy visible at folio 114). The foregoing means that said eviction matter cannot cause the suspensive effect of the prescription period. Regarding the scope given by the trial judge to article 94 of the Ley de Tierras y Colonización, in the sense that when the matter is submitted to the IDA in the case of precarious possessors, the prescription shall be suspended, this is not shared. Regarding the scope of the article in question, this Court has resolved: [the vote of this judicial body, no. 668-F-2008 at 2:10 p.m. on October 13, 2008, is transcribed where pertinent, analyzing the scope of the indicated precept of the Ley de Tierras y Colonización; fundamentally, what is indicated in the final part of the second paragraph: 'While the matter is before the Institute, the prescription period shall not run for any of the parties.'] [...] As was proven in the record, the request for the declaration of conflict of precarious possession filed by Bolívar Sánchez was submitted on May 31, 1989 (request at folio 201), so that by that time, according to the mentioned testimonies, having begun possession as owner in 1979, the ten-year period had already elapsed. Regarding what was indicated in the report of the Instituto de Desarrollo Agrario and in the administrative resolution, which in the judgment was the reason for not giving credibility to the testimonies, this Court disagrees with the decision. Firstly, the declaration constitutes an administrative act issued at the request of Bolívar Sánchez Arguedas, and the report that was the basis of the resolution was prepared by one of the officials of said entity. That it had jurisdiction to do so does not mean that what was stated constitutes full proof that must be taken as absolute truth and is not subject to being evaluated and analyzed through confrontation with other evidentiary elements and the rules of sound rational criticism. Within the application filed before said entity, the official issues a report that is expanded upon, in which, without explaining how he reached certain conclusions, he considered that the applicant's possession exceeded three years but was not more than ten years. From the study of report SOP-499-89, it is observed that it was indicated that possession did not exceed ten years, without justifying the reason for his conclusion. The expansion of said report, SIT 240-89, determined that the area of the land was 23 hectares and was occupied by Bolívar and his family of 12 members. It described that on the farm there were 5 hectares of pasture, 10 hectares of scrubland for basic grain cultivation, 1 hectare of cocoa, plantain, cassava, pineapple, cocoyam, and fruit trees. And that the applicant had communicated to him that he entered as a laborer for Amado Rodríguez, and it ends by concluding that his possession did not exceed ten years. Firstly, this Court notes that despite describing that the land contained enabled and cultivated areas greater than five hectares, it appears that what was recognized by the official was only the five-hectare pasture sector, without him pronouncing on the remaining cultivation areas cited in the same report, which exceeded the five hectares recognized in the conflict. The same occurred with the possession period. This Court considers that the content of said report and the consequent administrative resolution can be subject to review and confrontation with the rest of the evidence brought to this ordinary proceeding. So that it can be subjected to the evaluation rules of sound criticism, especially when what is being discussed is precisely the possession period for usucapion, since the administration of justice is not prevented from evaluating it. Having analyzed the statements of the aforementioned witnesses, the conclusions regarding the area and time of possession recognized in the administrative resolution do not agree with what was declared by the witnesses, who in their statements were consistent in affirming that Bolívar Sánchez began working in his name on the farm to supply the needs of his family, in addition to doing so peacefully and uninterruptedly, and exercising possession over the entirety of the farm depicted in plan P-430965-81. Two of the three witnesses recognize the counterclaimant as owner of the farm starting from 1979, and one of them mentioned that from 1981, upon arriving at the place, and all describe that he has remained there with his family, satisfying their needs as a family unit. This Court disagrees with the manner in which credibility was subtracted from the testimonial evidence, because it was done based solely on the content of the resolution of the Instituto de Desarrollo Agrario and its reports. It is observed that the reality concluded from said testimonies and the judicial inspection does not agree with the conclusions of the administrative resolution, which rather constitutes a phase established by the legislator to seek a peaceful solution to a conflict of precarious occupation of registered lands, and to which the counterclaimant voluntarily resorted in search of a solution to his reality. In this matter, it was verified that said entity declared the conflict in 1989, and it was not until 1993 that it issued the expropriation decree, the deadlines having already been greatly exceeded, and with the aggravating factor that said expropriation was never executed. On the other hand, said expropriation was never executed, and the decree ordering it was repealed by decree number 32408, published in La Gaceta 113 of June 13, 2005, which annulled decrees 22033 and 22276 on the expropriation of properties, indicating in article six that: [...] On the other hand, according to the provisions of article 94 of Law 2825, from the date of said declaration of conflict of precarious occupation in 1989, the State had a period of one year and three months to resolve the conflict, and since said expropriatory act did not occur and the conflict was not resolved, there is no legal cause for the positive prescription not to continue its computation from 1992 onwards, or from 1993 since said expropriation decree was not executed, and in any case repealed as of 2005. For its part, the corporation Sotavento Platanal S.A. allowed seven more years to pass without filing the ordinary reivindication proceeding, and it does so until October 1, 1999 (according to the receipt notation at folio 19 verso). The notification of the transfer order in this proceeding, which does have the effect of interrupting the claimed positive prescription, did not occur until 1999, when the ten-year period had amply elapsed. On the other hand, it is observed that the farm forms a single productive unit with the terrestrial maritime zone sector bordering the farm in dispute, and over such area, no discussion is made in this proceeding and rights are granted in favor of private individuals, but only over the farm registered in the name of Sotavento Platanal S.A. The record contains a judicial inspection dated February 12, 2002, where the judge recorded that the defendant's dwelling is located within the restricted zone, and in the part of the registered farm claimed, paddocks, conservation forest, and sectors with crops and pasture are described (inspection at folio 142) with fruit tree species. In the inspection of November 10, 1998 (folio 297), the judge noted finding four dwellings, one of them being the defendant's and the others his daughters', and they describe all the possessory acts of cultivation and livestock, as well as the protection of the forest on the farm, which is managed as a single productive unit. The expert report at folio 663 mentions that it was verified that the farm on plan P-430965-1981 belongs to registered farm 6-42605-000, property of Sotavento Platanal S.A., and that it consists of pastures and forest and is completely delimited and in the possession of Bolívar Sánchez Arguedas, who lives in the terrestrial maritime zone adjacent to this property, and that the constructions are located in the inalienable zone of which Bolívar is also a possessor (folio 663). This Court considers that the farm in possession constitutes a single productive unit with the part of the terrestrial maritime zone, over which no pronouncement is made in this proceeding, and the fact that the houses are located outside the boundaries of the registered farm does not detract from the possession as owner, out of necessity, over the registered land, which Mr. Sánchez Arguedas has proven to have exercised since 1979. The appellants are correct when they argue that the claim over the farm concerned the entirety of its area, and that the testimonial evidence given in the proceeding, which served to prove his ten-year possession, as well as the change in his condition from worker at the time of entry to the farm and the moment his possession as owner began, was not evaluated, and that there was confusion regarding the type of usucapion sought. For the reasons explained, the claim of Bolívar Sánchez's counterclaim must be granted, and it must be decreed that he has acquired the farm registered in the name of Sotavento Platanal S.A., registration number 42.605-000, because the acquisition by special agricultural prescription has operated in his favor based on articles 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización. For this reason, the decision must be reversed and the plaintiff's reivindication claim denied, and consequently, the accessory claimed damages are also denied. In this way, by denying the principal claim of reivindication, the damages are denied.\" (The bold highlighting is from the original).\n\nXIV. The appellant did not challenge, in due form, what the Court affirmed. In the grievance on the merits, he did not allude to the reasoning used by the trial judges to reject SOTAVENTO's claim and uphold Mr. Bolívar's counterclaim. He limited himself to making general, merely argumentative assertions, divorced from what was considered in the appealed judgment. Despite this, it must be indicated that, from what the Ad quem stated, it is evident, firstly, that there is no contradiction between the seventh proven fact—maintained by the Court—and those added in the questioned resolution. The one recorded in the first-instance judgment indicates: \"7./ That Mr. Bolívar Sánchez Arguedas began working for Don Amado Rodríguez, who was the owner of the farm in dispute. (see confession question number twelve at folio 303, 304 of Volume I, testimony of Marcos Jiménez at folio 299 front and back, of Oldemar Baltodano López at folio 298 front and back, confession at folio 144 front and back).\" The Ad quem, in the recital under study, which, it is insisted, was not challenged, is clear in stating that, under the protection of the evidence in the record, it is determined that, while it is true, as was proven in the aforementioned seventh fact, Don Bolívar entered the property in dispute to work for Mr. Amado Rodríguez—at the time, owner of the farm—; it is also true that he did so before 1979. Starting in that year, when the land no longer belonged to Don Amado and, therefore, the employment relationship did not exist, Mr. Sánchez Arguedas continued with his possession, but this time, as owner and out of necessity, in order to provide sustenance for his family. This change in the nature of possession starting from that year, contrary to what the appellant asserts, is possible. This is because not only did the titleholder of the property change; but also because the employment relationship had extinguished, and it was not alleged and proven that he remained on the property by mere tolerance of its new owner. Don Bolívar, starting from 1979, continued on the property in dispute developing an agricultural enterprise on his own account and at his own risk, as can be inferred from proven facts 11 and 12, added by the Court. Secondly, when the administrative proceeding was filed in 1989, the prescriptive period in his favor had already elapsed. In any case, that proceeding did not interrupt the period for the usucapion to operate, it only suspended it, but for the time provided in the Ley de Tierras y Colonización. Thirdly, the appellant is not correct when, at folio 1256, he states: \"The appealed judgment is absolutely illegal because even though it is known that it is a farm of 23 hectares, 19 in possession of SOTAVENTO and 5 of the SÁNCHEZ family, and an area of restricted zone, the Court did not consider that they could not grant usucapion over any area of the Terrestrial Maritime Zone.\" The Court was very clear in indicating that the possession exercised by Don Bolívar is over the entirety of the disputed farm. However, it is emphasized once more, the appellant does not challenge the grounds of the questioned judgment. The appellant's assertion at folio 1252, that \"If someone invades a farm to subsist, they do so on the portion of land they need for that purpose. It makes no sense to claim a subsistence necessity to invade an extension as large as 5 hectares of land (much less 23 hectares),\" is novel, as it is only now, on appeal, that it is raised. This is despite the fact that, from the beginning, in the counterclaim, Don Bolívar alleged the necessity to provide sustenance for his family as the reason for his permanence on the property in dispute and, therefore, the basis for the usucapion sought.\n\nFollowing this line of thought, and as already indicated, in the seventh fact of the counterclaim, folio 34, he affirmed: “When I entered the property, at the beginning of 1979, I did so out of necessity, since I had nowhere [sic] for my family and me to live, nor did I have the economic means for our subsistence. The Farm served me for that purpose, since it was abandoned. I made it productive, in its entirety.” (The underlining is from the original). Consequently, under the protection of what is prescribed in ordinal 608 of the Civil Procedure Code, this Chamber is precluded from conducting any analysis in this regard. In any case, as has been insistently stated, the appellant did not challenge the grounds of the contested judgment, where the trial judges indicated the reasons why, based on the evidence in the case file, the possessory acts of subsistence exercised by the defendant-counterclaimant were over the entirety of the farm in dispute. On the other hand, the ruling is also clear in indicating that, regarding the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), no pronouncement was made. This is confirmed by the State representative when, at folios 1212 and 1291, in the relevant part, he indicated: “As the instance judgments respect the two hundred meters of maritime-terrestrial zone adjoining the property of the Partido de Puntarenas 42605-000 (plan P-430965-81), there is no objection to raise against the vote of that Tribunal No. 1465-11, sent via fax on February 23 last, and notified today. […] 4) The instance resolutions have respected the 200 m [sic] of maritime-terrestrial zone adjoining the property in dispute, a criterion, which in the interest of [sic] for the State, I request be observed as being in accordance with the law (Ley 6043, articles 1, 7, 9 and 10).” In another vein, what is alleged by the appellant, regarding that, in accordance with precept 94 of the Ley de Tierras y Colonización, the IDA had a period of one year to resolve the conflict derived from the precarious possession (posesión precaria) of lands; otherwise, it was terminated, exhausting the administrative channel so that the parties could appear before the ordinary courts –contentious-administrative– to claim their rights; constitutes another novel argument, a reason for which this Chamber omits a pronouncement. As a corollary, since the factual framework that was held as proven, the evidentiary element upon which it is based, and the reasoning provided by the Tribunal were not objected to, the appropriateness of the special agricultural usucaption (usucapión especial agraria) in favor of the defendant-counterclaimant is fully accredited. Therefore, what is argued by the appellant is futile for the purpose of breaking the ruling, a reason that also requires dismissing the present disagreement.\n\nXV. The appellant, at folio 1253, affirms: “In this case, the Agricultural Tribunal plays a double role: A) as a party, bringing and manipulating evidence on behalf of the party, and B) The Tribunal is, in turn, the jurisdictional body that issues the judgment, under the guise of impartiality. / This is the typical denial of justice, of democratic justice [sic] of the most elementary principles of the administration of justice, because it is false justice, which through evidentiary artifices assumed the responsibility of the party in an attitude removed from impartiality, leaning towards one of the parties in the dispute. / But even the most perfect artifice leaves traces. They are the traces of the infraction of the constitutional principles [sic] of due process, of defense, of impartiality, the absence of which in a contemporary process causes the administration of justice to fall to pieces.” (The bolded and underlined text is from the original). Such statements, lacking factual support and divorced from the contested judgment, are, by all lights, offensive, out of tune, and against the members of the Tribunal. Consequently, the representatives of the plaintiff-counterclaimed entity are called to attention so that, in the future, they refrain from making statements in a similar vein.\n\nXVI. In the fourth ground of disagreement, the appellant invokes a breach of the regulations on the solution of conflicts of precarious possession of lands –canon 92-. This, he comments, because the IDA did not resolve the case within the year, foreseen in precept 94, and Mr. Bolívar Sánchez Arguedas, instead of formulating a contentious-administrative process suing said institute and SOTAVENTO, to be compensated for the damages and losses, formulated a positive prescription (prescripción positiva) against his client, with the intervention of the indicated entity, which is not the procedure nor the path established by the regulations violated by erroneous application. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, he asserts, regulates conflicts of precarious possession of lands in precept 92. Either of the two parties, he says, can appeal before the IDA, requesting the opening of a file, with the purpose that, within three months, the conflict be declared; within one year, a solution be attempted; and, after that period, proceed to the purchase or expropriation. The Expropriation Decree was No. 22023 of March 3, 1993, published in La Gaceta No. 61 of March 30 of that year. In the official gazette No. 113 of June 13, 2005, he comments, the Decreto Ejecutivo No. 32408 of November 1, 2004, was published, by means of which the previous one was repealed. Mr. Sánchez Arguedas, he insists, instead of filing a contentious-administrative process against the IDA and his principal, demanding the compensation for damages and losses, or his right to the property, mistakenly sued his client for positive prescription, requesting that said institution be considered a party. He indicates that his principal, once the Expropriation Decree was repealed, proceeded to sue, referencing that the Decretos Ejecutivos were the reason for the problem that arose, and from which the respective amounts for the expropriation should emanate. The General Secretariat of the IDA, he points out, communicated the agreement reached by the Board of Directors in session No. 88-89 of October 31, 1989, article VI, which is the decision to expropriate. Likewise, he reiterates, by means of Decreto Ejecutivo No. 22033-MAG-MIRENEM, the farm was expropriated, a moment at which, he affirms, a legal period of one year began to run for the parties (article 94 of the Ley de Tierras y Colonización), for the purpose of finding a solution through a purchase-sale; or, that through expropriation the administrative procedure be terminated, exhausting the administrative channel. The expiry period for the defendant-counterclaimant to file the process, he argues, would correspond to what is stipulated in the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. The agricultural jurisdiction, he notes, should have declared itself incompetent to hear this matter. This is because, he points out, under the protection of the legislation, the existence of a mandatory joinder of necessary passive parties (litis consorcio pasivo obligatorio) is evident, due to the presence of the IDA, with claims derived from norms of Agrarian Law, but with the presence of public law legal entities. Even if it were a matter seemingly falling under the competence of the agricultural jurisdiction, he indicates, this was never raised and, therefore, that discussion became res judicata with the intervention of the parties chosen in the lawsuit. No matter how much the appealed judgment shifts the evidence from one side to another to fit it to usucaption, he concludes, there are many elements that compel its cassation.\n\nXVII. The grievance under review is quite confusing. So much so that, in his submissions, the appellant does not combat the grounds of the Tribunal's judgment. He does not even mention it. Nevertheless, it is determined that the core of what is alleged consists of his understanding that the agricultural courts are incompetent to hear this process, since there is a mandatory joinder of necessary passive parties with the IDA. Before analyzing the referred central point of the objection, it is necessary to indicate the following. In the heading, the appellant, in the relevant part, indicates: “[…] BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS INSTEAD OF FILING A CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE [CLAIM] AGAINST THE IDA AND SOTAVENTO PLATANAL S.A. FOR THE COLLECTION OF DAMAGES AND LOSSES FILED A USUCAPTION [CLAIM] AGAINST SOTAVENTO, WITH THE INTERVENTION OF THE IDA, WHICH IS NOT THE PROCEDURE NOR THE PATH ESTABLISHED BY THE REGULATIONS VIOLATED BY ERRONEOUS APPLICATION.” (The underlining and bold text is from the original). In the first place, the assertion that the ordinary processes filed, where, in the principal form –lawsuit– or through the counterclaim, the recognition of usucaption is sought, do not configure the procedure established by the regulations that he alleges as violated, is novel. Even contradictory, because, as has been indicated, the process identified with the unique number 99-137-419-AG, was filed by SOTAVENTO, in order to recover the land in dispute and obtain recognition for the damages and losses inflicted. The same happens with the assertion that Mr. Sánchez Arguedas should have formulated a contentious-administrative process against the IDA and his client. This is reiterated at folios 1257 and 1258, where, in the relevant part, he indicates that “BOLÍVAR SÁNCHEZ ARGUEDAS instead of filing a contentious-administrative [claim] against the IDA and SOTAVENTO collecting compensation for damages and losses or his right to the property, mistakenly sued [sic] SOTAVENTO for usucaption, and had the IDA considered as a party. […] The expiry period for the defendant-counterclaimant to file the lawsuit would correspond to what is stipulated by the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa [sic]”. (The text in uppercase is from the original). Such arguments are raised only now, in cassation. For this reason, this Chamber cannot render a pronouncement in this regard. In the second place, contrary to what is indicated by the appellant, the IDA has not participated in this process. It was not brought to trial. In accordance with the merits of the case file, only the joinder of the process with the State was ordered, because the property in dispute adjoins the maritime-terrestrial zone –folios 86 and 276-.\n\nXVIII. Regarding the alleged mandatory joinder of necessary passive parties with the IDA, this Chamber determines that the appellant is not correct. This is because, as outlined in Considerando II of this judgment, none of the claims put forward in the accumulated lawsuits or in the filed counterclaim allude to said entity; ergo, what is resolved will not affect it. In this sense, it must be kept in mind that the property in dispute, registered in the Partido de Puntarenas, No. 42,605-000, never belonged to that institution. The appellant himself accepts that the IDA did not acquire it by purchase or by expropriation within the process for conflict derived from the precarious possession of lands (file 1625). It had no need to do so, because, as was pointed out by the Ad quem, an aspect not contested by the appellant, when that administrative process was formulated, Mr. Bolívar already had the 10 years of possession to be able to usucapt the property, in accordance with what is prescribed in ordinals 92 and 101 of the Ley de Tierras y Colonización. On the other hand, regarding the alleged incompetence of the agricultural courts to hear these accumulated processes, it must be indicated that, in agricultural matters, among other elements, the destination of the land allows defining the competent jurisdiction. This Chamber has repeatedly indicated that \"[...] the act of destining the property to production constitutes the passage from the static property right typical of Civil Law, which is entirely concentrated in enjoyment and use, to the dynamic property right, typical of Agrarian Law, where this constitutes an instrument of production, which is why article 4 of the Ley de Jurisdicción Agraria, analyzed under this perspective, that is, linking it with the very purpose of production which is what identifies the matter, allows determining the agricultural nature or not of the property and consequently whether the agricultural jurisdiction is competent or not to hear a specific matter [...]\". Within this line of thought, this Chamber has also said that competence must be examined in light of the theory of agrarian nature (agrariedad) of the jurist Carrozza as a determining thesis. According to this criterion, agricultural activity is considered, and from a meta-legal point of view, as the \"development of a biological, plant or animal cycle, linked directly or indirectly to the forces and natural resources that is resolved economically in the obtaining of fruits, plant or animal, destined for direct consumption and towards the market, either as they are or after one or multiple transformations.\" In this regard, one may consult, among many others, resolutions Nos. 989-C-S1-2009 of 9:55 a.m. on September 24, 2009, 339-C-S1-2010 of 2:40 p.m. on March 11, 2010, and 299-C-S1-2012 of 11:35 a.m. on March 1, 2012. In this sense, both the A quo and the Ad quem, regarding the nature of the property in dispute, accredited: \"2. / That by administrative resolution of November 7, 1989, of the General Secretariat of the Instituto de Desarrollo Agrario, the existence of a conflict derived from the precarious possession of lands was declared over an area of five hectares of farm forty-two thousand six hundred five zero zero zero of the Partido de Puntarenas and over four hectares of the maritime-terrestrial zone, occupied by Mr. Bolívar Sánchez Arguedas […] 11) The farm depicted on cadastral plan P- P-430965-AG [sic] and registered in the name of Sotavento Platanal S.A under registration number 42605-000 has been exploited since 1979 under the title of owner and out of necessity by Bolívar Sánchez Arguedas, through diverse crops, pastures, and conservation. […] 12) The possession exercised by Bolívar Sánchez Arguedas is a single productive unit with the sector of the maritime-terrestrial zone with which it adjoins, where the family group's dwelling houses are located […]\". Likewise, in Considerando VII of the contested ruling, in the relevant part, it is affirmed: \"[…] Official note SOP-499-89 of August 28, 1989, Subject Report and Recommendation on file 1625-P, is observed. In said report, it was placed on record by the officials of the IDA that the farm in question belonged to the set of properties of the Bahía Pavones conflict, where by agreement of the Board of Directors the initiation of expropriation procedures had been authorized. It points out, according to an inspection report carried out by the Sección de Inventario de Tierras on July 14, 1989, it was corroborated that Bolívar Sánchez is the possessor of said property together with his family of 12 members […] having carried out on the land rehabilitation works of uncultivated areas, and it describes 5 hectares of pasture on which he maintains 13 head of his own livestock, 5 hectares in partnership, in addition to two beasts of burden, also having one hectare of cocoa, banana, plantain, yucca, piña, tiquisque, and fruit trees. In the Conclusion and Recommendation section, it was mentioned that in the case all the presuppositions of article 92 of the Ley de Tierras y Colonización are met, and it recommended the declaration of the existence of a conflict of precarious possession on the farm of the Partido de Puntarenas registration number 42605-000 and Bolívar Sánchez Arguedas as precarious possessor in an area of five hectares. In an amplification of said report, official note 240-89 (folio 225), it was indicated that Mr. Bolívar Sánchez mentioned that when the property belonged to Amado Rodríguez Álvarez, he [sic] worked as a laborer and after an American sold it and his payment was not recognized, he opted to act under the title of owner, having passed in said situation around 11 years. It accredited that the farm had been worked for around ten years, without knowing if it was by Bolívar, although his neighbor Oldemar Baltodano did affirm it. It is concluded in said report that the possession of Bolívar Sánchez on the land exceeded three years, but not ten. The administrative resolution of 11:30 a.m. on October 31, 1989, (folio 231) was issued, which declared a conflict of precarious occupation of lands over the property but in an area of five hectares. Decreto Ejecutivo number 22033-MAG-MIRENEM of March 30, 1993, is issued, in which it decreed that by virtue of the land possession conflict existing in the Bahía Pavones area, and not having reached an arrangement with the owners, various properties must [sic] be expropriated, among which the farm in litis is cited. Through official note DAJ-722-97 of November 1997 from the Director of Legal Affairs of the IDA (folio 267), it informed that the decreto ejecutivo has not been executed.\" The above reveals, as affirmed in Considerando XIV of this resolution, the agricultural aptitude of the land in dispute, for which reason the agricultural courts are the competent ones to hear this process; this, notwithstanding that the State has been brought in as a party. Consequently, the rejection of the present ground of disagreement is required.\n\nXIX. In the fifth objection, the appellant reproaches that, although attempts are made to eliminate the facts not proven, legally, in the first-instance judgment, all evidence was cited so that usucaption –article 853 of the Civil Code– would not proceed. The defendant-counterclaimant, he argues, never had just title (justo título); nor did he act in good faith (buena fe) and, therefore, cannot benefit from the figure of positive prescription. In the same way, he affirms, he did not have the 10 years of possession, because the interruption means that all possession exercised previously since the years 1979, 1989 was lost. More clearly, he adds, from when the interrupting act disappeared with Decreto Ejecutivo number 22033, published in La Gaceta No. 61 of March 30, 1993. Since Mr. Bolívar filed the counterclaim in February 1996, he points out, at the time of filing, the 10 years he alleges in his claim had not elapsed. In any case of discussion, he argues, from when usucaption begins, the Expropriation Decree interrupted all possession, he lost it and did not recover it with the last Decree that repealed it. The process was poorly formulated, he affirms, regarding the parties brought to trial. The formulated claims, the economic demands; instead of calling the IDA as a direct defendant, he concludes, he brought it as a party and his principal could have been brought as a third party, not as the principal defendant.\n\nXX. What is outlined by the appellant is nothing more than a merely argumentative submission. He does not combat the legal and factual grounds of the questioned judgment. He does not even mention it. This makes what is indicated futile for the purpose of quashing the judgment. On the other hand, in the last paragraph –folio 1258– he points out that \"The lawsuit was poorly formulated regarding the parties brought to trial, the formulated claims, the economic demands, and instead of bringing the IDA as a direct defendant, he brought it as a party, and my client could have brought it as a third party, not as the principal defendant.\" Apart from the confused nature of the argument, in Considerando XVIII the reasons were provided why a mandatory joinder of necessary passive parties with the IDA does not exist. Furthermore, contrary to what is indicated by the appellant, that institute has not appeared as a party in this process. Consequently, the rejection of the present ground of disagreement is required.\n\nXXI. In the sixth and last charge, the appellant affirms that the recovery (reivindicación) sought by his principal must be accepted in all its aspects, because the regulations that govern it are fully applicable. He alludes to the doctrine emanating from the jurist Manuel Albaladejo. He indicates that there are three validity presuppositions of the recovery action: 1) active standing (legitimación activa), according to which the holder must possess the condition of owner, article 316 of the Civil Code; 2) passive standing (legitimación pasiva); that is, the possessor must be illegitimate; and 3) identity of the thing; the property claimed by the owner and the property illegitimately possessed by the defendant or possessor must be the same. He transcribes, in the relevant part, what was stated by the jurist José Puig Brutau, in his work Fundamentos de Derecho Civil. Between Civil Law and Agrarian Law, he comments, there are great similarities. Such as, for example, he notes, that the substrate of both is land law (derecho fundiario). However, he notes, it must be remembered that agricultural recovery refers to productive farms or properties, which is why the enjoyment typical of civil law is differentiated from agricultural activity; even, he adds, closely linked to environmental and food matters. Regarding active standing, he argues, the owner, in order to have standing, must be the owner. In accordance with article 316 of the Civil Code, he highlights, every owner has the power to claim the thing in court; as well as the free enjoyment of each and every right that ownership comprises. Canon 320, he states, referring specifically to the recovery action, prescribes that it may be directed against anyone who possesses as owner, unless another has acquired it by usucaption. Canon 321, he adds, provides that it is also admissible against one who possessed in bad faith (mala fe) and has ceased to possess, even if the person seeking recovery prefers to proceed against the current possessor. This means, he maintains, that only one who has a preferential title over the property is actively legitimated, hence, he specifies, the owner must necessarily be required to have the character of owner, so that he can claim the property being pursued. In other words, he clarifies, to successfully exercise the recovery action, it is not enough to be the registered owner according to the Public Property Registry, since that implies mere title. Being the owner, he affirms, means exercising, in the claimed property, the attributes of dominion; and, in particular, having been possessor, demonstrating the existence of effective and stable possessory acts, conducive to accrediting the condition of owner in reality; that is, by himself or by his previous transferors. Being the owner, he emphasizes, does not mean being so according to a document; rather, he must also have performed acts of exercise and enjoyment. Regarding the exercise, through acts of disposition, specifically, through sufficient possession to demonstrate that judicial protection is given with respect to the one who, at a given moment, had all the attributes of dominion completely in full form. Regarding the title, he relates, in the recovery action its quality must also be observed, because, if a legitimate one does not exist, the validity requirement of active standing is not established and, consequently, the recovery cannot succeed. Regarding proof of active standing, he maintains, the mere presentation of the title is not enough, but a series of elements, through which the condition of owner is made clear. That is, he indicates, the presentation of titles, cadastral plans, as well as witnesses, that accredit the exercise of ownership by the holder is required. Consequently, he asserts, the proof is not only registral, but also cadastral, testimonial, and even expert. It falls to Agrarian Law, he comments, to discipline the principal agricultural activity. That is, the entrepreneurial activity linked to animal husbandry and the cultivation of plants; but also, the connected activities (when carried out by the same agricultural entrepreneur), of transformation, industrialization, and commercialization of agricultural products. Therefore, he argues, it falls to it to give a more adequate treatment to agricultural property. He points out, Agrarian Law is one of activity, not only of property, because, he asserts, the right of property is a civil right. In Agrarian Law, he discourses, property assumes a dynamic character, not merely static, as in civil matters. Not only the title matters, he assures, but, fundamentally, its exercise. Hence, he continues, the classic principle of the social function of property was born. Today, he notes, this postulate evolved and is identified as the economic-social principle of property, insofar as it divides into two: 1) On one hand, and it is the one that most matters for the solution of this case, he affirms, called the subjective function; referred to the obligations of the owner with the property, which can be synthesized in his duty to cultivate the productive property, fulfilling its economic purpose: to be productive or have productive aptitude. Also, he adds, he has the obligation to improve his property, with the purpose of increasing production and productivity. He must respect, he asserts, the adequate maintenance and development of an ecologically balanced environment; and, he alleges, in the case of some particular properties, fulfill all the obligations that special regulations impose. 2) The objective function, he reasons, is the obligation of the State to provide all subjects who do not have productive properties, or have them insufficiently, despite their capacity to develop an entrepreneurial activity with those properties, so they can join the productive process, developing humanly on the social and economic planes. The former, he refers, is a basically economic function; the latter, he adds, is, above all, social. This new conception, he affirms, has begun to take shape, to be assumed with deeper characteristics, since the moment when the close link between Agrarian Law and human duties was pointed out. More concretely, he comments, with economic and social human rights, maintaining that the foundation of Agrarian Law is economic and social, where not only property shares this base, but all the other postulates of the discipline. The property institute, he states, has begun to experience a marked evolution, as can be inferred, even, from constitutional jurisprudence. The classic dogmas that characterized it, he comments, have been overcome. The particularities characteristic of agricultural property, he points out, demand a treatment more in line with its characteristics. He refers to the work “La Propiedad,” from 1983; as well as to the jurists Juan José Sáenz Jarque, with his book “La Propiedad Agraria”; Antonio Carrozza, “La propiedad como Instituto del Derecho Agrario”; Rodrigo Barahona Israel, “La Propiedad Agraria”; Salvatore Pugliatti, “La propietá e le propietá, con riguardo particolare alla propietá terriera,” in the volume “La propietá nel nuevo diritto,” by Milano Giufré. In Civil Law, he says, property without the company is protected; in Agrarian Law, entrepreneurial property is protected. From this perspective, he maintains, agricultural property is a species of the genus of property. Therefore, he affirms, in Pugliatti's approach of “property and properties,” agricultural property coincides, like all others, with the general one regarding its function. Thus, he points out, regarding the latter, both movable and immovable property, it is at the service of the company; directly, when property and company coincide in the same holder, and indirectly, when the property is managed by another person distinct from the owner, e.g., he indicates, in the case of a lease. Agricultural property, in traditional agriculture, he comments, was only the land; whereas, he adds, in modern agriculture, it is constituted by the farm, which can involve various goods. He refers to the judgment of this Chamber No. 29 of 2:20 p.m. on March 30, 1990. Agricultural property, he indicates, carries the company in its bosom, with the former being subordinated to the latter, since property is the support of the company. Consequently, he remarks, it is the work deployed by the entrepreneur, regarding the organization of the goods and the drive of the agricultural activity, that gives it that distinctive seal that characterizes and differentiates it from civil or any other property. These particularities, he states, become mostly visible at different moments of its life cycle. Thus, he indicates, at the moment of its acquisition, those entrepreneurial elements must be configured, otherwise, it could not come into existence. Even, he alleges, in different legal systems, agricultural property is also extinguished when those elements are lacking, being more evident when, as in the case of the recovery action, its defense would only succeed if it is really configured as such. In the recovery action of agricultural property, he informs, for the presupposition of active standing to be configured, the demonstration is necessarily required, on the part of the one claiming its title, that he exercised it by himself or by his transferors, fulfilling the economic destiny of the property. That he developed in it, he adds, possessory acts tending to cultivate and improve it; and that, on the property, he deployed an entrepreneurial activity. Understanding as such, an economically organized activity, with the purpose of the production of animals or plants, with the use of natural resources. The mere demonstration of the registered title, he discourses, without a solid demonstration of the prior existence of a possessory property, is not suitable for agricultural recovery. This is a concept, he enunciates, that is beginning to take hold in all Agrarian Law, and is fully accepted in Costa Rican law, giving agricultural property the true sense of its existence. Regarding passive standing, he continues, for the recovery action to succeed, the defendant must exercise possession in an illegitimate manner. In this respect, he asserts, cassation has maintained that, when article 320 of the Civil Code says that such action can be directed against anyone who possesses as owner, it must be understood that such supposition alludes to the one who, without title, holds another's property.\n\nThat is, he points out, the requirement for the validity of passive legal standing (legitimación pasiva) must necessarily entail an illegality, a violation enshrined in the legal system that repudiates and sanctions whoever possesses, in a manner not protected by the law, because, violating the property of its true owner, they remain on it without any legal basis. The obligation of the judge to resolve the present conflict is obvious, he continues. Perhaps the drafter of the questioned vote, he states, found herself obliged to delve into a great number of issues related to nullities and, with broad criteria, had to move beyond them in order to reach the merits of the matter. The attack on the appealed judgment, he indicates, seems directed more toward adverse possession (usucapión) and not toward replevin (reivindicación), but the adverse possessor (usucapiente) has presented an attractive thesis, he adds, easy to analyze, but at its core it is not, because he not only lacks title, possession, good faith, ten-year possession; but he also wishes to exercise it in an inalienable zone. So naive were the female judges, he comments, that despite claiming a property of five hectares in the administrative channel, the unanimous vote decided to grant him, by adverse possession, one of 23 hectares. This, he points out, is due to the drafter's continuous reference to the administrative file, without identifying the internal and abundant evidence found therein. The entirety of the testimonial evidence that attended the hearing, he relates, due to an issue not attributable to the Court but to the party, coincides in the long-standing ownership of his principal, not limited to the registered ownership (titularidad registral), but to one accompanied by long possession, far beyond that of the owner, who has no improvements of any kind; rather, it concerns a family of fishermen, who do not exercise agrarian possessory acts, in an area of four hectares and part of the maritime-terrestrial zone. Some of the witnesses for the defendant counterclaimant, he comments, stated that they had been in the place for 17 years, with more than three years having passed when Mr. Bolívar arrived at the place to work as a laborer. Later, he concludes, he administered the farm and, afterward, was alone for about three years, which was when he filed proceedings before the IDA, stating that he had 10 years of possession.\n\nXXII. The appellant (casacionista), at first, makes a presentation regarding different aspects: the replevin action, both civil and agrarian; the characteristics of Civil and Agrarian Law; civil and agrarian property. He carries it out without linking his statements to the challenged ruling. On the other hand, when he refers to the contested judgment, he does not challenge it. He does not allude to its grounds. That is to say, he does not object to the legal and factual reasoning that the Court provided to reject the lawsuit of SOTAVENTO and uphold the counterclaim of Mr. Bolívar, granting the special agrarian adverse possession. He refers to it in a cursory, general, and imprecise manner. He does not specify any complaint. What he does is expound various aspects as mere information, but not as objections to the judgment under attack. That is to say, these are merely argumentative statements. Consequently, as the criteria provided by the Ad quem to resolve as it did remain intact, what was indicated by the appellant holds no transcendence whatsoever for the purpose of breaking the judgment. Ergo, the rejection of the present grievance is imperative.\n\nXXIII. By virtue of the reasons set forth, the appeal filed must be rejected and the contested judgment confirmed.\n\nPOR TANTO\n\nThe contested resolution is confirmed. Let the legal representatives of Sotavento Platanal Sociedad Anónima take note of what is indicated in Considerando XV of this judgment.\n\nAnabelle León Feoli\n\nLuis Guillermo Rivas Loáiciga                                                  Román Solís Zelaya\n\nÓscar Eduardo González Camacho                    Carmenmaría Escoto Fernández\n\nMJIMENEZ\n\nTelephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:07:48.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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