{ "id": "nexus-sen-1-0004-890691", "citation": "Res. 01345-2015 Sala Primera de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Derecho de paso y calle pública colindante con propiedad privada", "title_en": "Right of way and public street bordering private property", "summary_es": "La Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica resolvió un recurso de casación interpuesto por Condominio Vista Damas de Quepos S.A. contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que declaró sin lugar la demanda sobre el reconocimiento de una calle pública en el lindero sur de su propiedad, el cierre de paso y la nulidad de actos municipales. La actora alegaba que la calle pública colindaba con su finca y que la empresa Palma Tica S.A. obstruía el acceso con carretas. El Tribunal de instancia consideró que existían dudas razonables sobre la veracidad del plano catastrado presentado por la actora y que no se demostró la colindancia con la calle pública. La Sala Primera, por mayoría, confirmó la sentencia, rechazando los cargos de incongruencia y error de hecho. Un voto salvado parcial consideró que el fallo era incongruente en un aspecto, pues a pesar de declarar sin lugar la demanda, se ordenó a la Municipalidad iniciar un procedimiento contra los actos favorables a la actora, lo cual no fue objeto de debate.", "summary_en": "The First Chamber of the Costa Rican Supreme Court ruled on a cassation appeal filed by Condominio Vista Damas de Quepos S.A. against a lower court judgment that dismissed all claims regarding recognition of a public street on the southern boundary of its property, obstruction of passage, and nullity of municipal acts. The plaintiff alleged that a public street bordered its property and that Palma Tica S.A. blocked access with loaded carts. The trial court found reasonable doubts about the veracity of the cadastral plan submitted by the plaintiff and that the bordering public street was not proven. The First Chamber, by majority, upheld the judgment, rejecting the grounds of inconsistency and factual error. A partially dissenting vote considered the ruling inconsistent in one respect, because despite dismissing the claim, it ordered the Municipality to initiate proceedings against the acts favorable to the plaintiff, which had not been part of the dispute.", "court_or_agency": "Sala Primera de la Corte", "date": "19/11/2015", "year": "2015", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "casación", "incongruencia", "error de hecho", "calle pública", "colindancia", "plano catastrado", "prueba pericial", "voto salvado" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 122", "law": "CPCA" }, { "article": "Art. 138", "law": "CPCA" }, { "article": "Art. 82", "law": "CPCA" } ], "keywords_es": [ "calle pública", "derecho de paso", "plano catastrado", "colindancia", "prueba pericial", "incongruencia", "error de hecho", "casación" ], "keywords_en": [ "public street", "right of way", "cadastral plan", "border", "expert evidence", "inconsistency", "factual error", "cassation" ], "excerpt_es": "Para los jueces, en el presente asunto se presenta “…una duda razonable sobre la buena fe de la sociedad actora por esta modificación sustancial en un plano con tan poco tiempo y más aún cuando al día de hoy es posible ubicar en el área de la modificación una planta de bambú de varios metros de diámetro que evidentemente tiene muchos años de encontrarse en ese lugar. 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This justifies the corresponding administrative investigations, and we assume it has been the reason for the Cadastre office's administrative decision to cancel the plan, noting, as already stated, that this act is not yet final. 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In this regard, it must be clarified that this Chamber is of the opinion that judges are not compelled to respect the content of an expert report, because such opinions are merely evidentiary support that, like any other evidence, may be assessed at the discretion of the judges in accordance with sound critical judgment.", "quote_es": "En su defecto, lo procedente era omitir ese estudio técnico por impreciso. Ante tal situación debe aclararse, esta Sala es del criterio que los jueces no se encuentran compelidos a respetar el contenido de un informe pericial, pues tales dictámenes son un soporte probatorio, que al igual que el resto de probanzas, podrán ser apreciadas a discreción por los juzgadores de conformidad con las reglas de la sana crítica." }, { "context": "Por tanto (voto salvado)", "quote_en": "The dissenting vote: “In the minority vote, I partially grant the cassation appeal and annul the challenged judgment insofar as it orders the initiation of an administrative or judicial proceeding to question the approval of plan 6-1027171-2005, as well as with respect to the two acts favorable to the plaintiff regarding authorization to build a retaining wall and a dwelling.”", "quote_es": "El voto salvado: “En voto de minoría, declaro parcialmente con lugar el recurso de casación y anulo la sentencia impugnada en cuanto dispone instaurar un procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo para cuestionar el visado del plano 6-1027171-2005, así como con respecto a los dos actos favorables al actor sobre la autorización de construcción de un muro de contención y una casa de habitación.”" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0004-890691", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Primera de la Corte\n\nResolución Nº 01345 - 2015\n\nFecha de la Resolución: 19 de Noviembre del 2015 a las 09:25\n\nExpediente: 09-001029-1027-CA\n\nRedactado por: Román Solís Zelaya\n\nAnalizado por: SALA PRIMERA\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\n\n\nTexto de la resolución\n\n*090010291027CA*\n\nEXP. 09-001029-1027-CA\n\nRES. 001345-F-S1-2015\n\n         SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTIICA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.\n\n         Proceso ordinario contencioso administrativo, tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo por CONDOMINIO VISTA DAMAS DE QUEPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderada generalísima sin límite de suma, Catalina Castro Chaves, empresaria, vecina de Quepos; contra la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, representada por su alcade Óscar Octavio Monge Maykall, escritor, vecino de Quepos; COMPAÑÍA PALMATICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Erwin Martín Holmann Pastora, de nacionalidad nicaragüense, cédula de residencia n.° 155808421015, ingeniero; el ESTADO, representado por su procurador Mauricio Castro Lizano, de estado civil no indicado, vecino de Heredia; el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por su director ejecutivo, Rafael Gutiérrez Rojas, soltero, máster en Turismo Ecológico, vecino de Heredia; y, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por su contralora general, Rocío Aguilar Montoya. Figuran además, como apoderados especiales judiciales, de la actora, el licenciado Minor Enrique González González, vecino de Atenas; de la Municipalidad codemandada, los licenciados Alberto Fajardo Monge, soltero y Adriano Guillén Solano, ambos vecinos de Quepos; por la Compañía codemandada, los licenciados Mario Alberto Córdoba Zárate y Rubén Zamora Castro; por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la licencidada Adriana Bonilla Bonilla, soltera; y, por la Contraloría General de la República, los licenciados Luis Diego Ramírez González,  vecino de Heredia y Hansel Arias Ramírez.  Las personas físicas son mayores edad y con las salvedades hechas, casados, abogados  y vecinas de San José.\n\nRESULTANDO\n\n         1. Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció  proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: \"1) La declaratoria de ilegalidad de la vía de hecho consistente en el cierre de la calle pública que alega la parte actora. 2) La nulidad de los dos actos administrativos del Alcalde de Aguirre de fechas 26 de mayo de 2008 y 3 de junio de 2008.  3) Reconocimiento de la existencia de la calle pública en el lindero sur de la propiedad de la actora. 4) Condena en daños y perjuicios en forma solidaría a la Municipalidad de Aguirre y la empresa Compañía Palma Tica S. A. por la suma de 50.000.000 de colones en calidad de daño material por la imposibilidad de construcción y de las afectaciones sufridas por la parte actora en esta circunstancia. 5) Condena en costas\".      \n\n         2. Todos los demandados se opusieron a la pretensión. Palma Tica S.A. y el Estado opusieron las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. La Contraloría General de la República, por su parte interpuso la excepción de falta de legitimación en sus dos modalidades.\n\n          3. La audiencia preliminar se efectuó a las 8 horas 44 minutos del 31 de octubre de 2012. \n\n         4. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, integrada por los jueces, Ricardo A. Madrigal Jiménez, Rodrigo Alberto Campos Hidalgo y Adolfo Fernández Loaiza, en sentencia no. 0083-2013 de las 7 horas 45 minutos del 16 de septiembre de 2013, dispuso: “Se rechaza la defensa de falta de legitimación en sus formas activa y pasiva y se acoge la de falta de derecho.  En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se ordena a la Municipalidad de Aguirre que en el plazo máximo de treinta días calendario a partir de la firmeza de esta resolución a que proceda a abrir procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo según corresponda  sobre el visado otorgado en el plano 6-1027171-2005, así como con respecto a los dos actos favorables al actor sobre la autorización de construcción de un muro de contención y una casa de habitación, todo conforme con los procedimientos legales establecidos al efecto y teniendo como base el canon ciento veintidós del Código Procesal Contencioso Administrativo. Corren las costas a cargo de la sociedad actora.” \n\n         5. La licenciada Catalina Castro Chaves, en su expresado carácter, formula  recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.\n\n         6. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto el magistrado suplente Jorge Alberto López González.\n\nRedacta el magistrado Solís Zelaya\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- En la demanda origen de este proceso, la empresa Condominio Vista Damas de Quepos S.A. (en sucesivo el Condominio o Vista Damas), a través de su apoderado especial judicial, en términos generales alegó, es propietaria de la finca de la provincia de Puntarenas no. 145128-000, localizada en Quepos, la cual responde al plano catastrado no. P-1027171-2005. Aseguró, de conformidad con ese plano, en el costado sur de la finca, vértices 25 y 26, se encuentra una calle pública de ocho metros de ancho, la cual finaliza justamente en ese lindero. El ayuntamiento, aclaró, realizó todos los estudios e inspecciones correspondientes previo a otorgar el visado de aquel instrumento (el 24 de enero de 2006). Manifestó, el 26 de marzo de 2008, Vista Damas obtuvo un permiso de construcción de un muro de contención o “de Gaviones”, necesario para estabilizar el terreno. Luego, el 10 de octubre de 2008, agregó, se otorgó permiso de construcción de una casa de habitación. En ambos casos, acusó, la Compañía Palma Tica S.A. obstruyó el paso mediante la colocación de varias carretas de carga, lo que impidió realizar la obra, generando enormes daños y perjuicios para la sociedad demandante. En varias oportunidades, comentó, solicitaron al Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, el retiro de las carretas al amparo de la Ley de Construcciones. Empero, cuestionó, el representante de la Municipalidad incumplió sus deberes pues omitió responder la gestión. Debido a lo anterior, arguyó, acudió ante la Sala Constitucional (expediente 08-011197-007-CO), la cual mediante resolución no. 08-13966 de las 9 horas 35 minutos del 19 de septiembre de 2008, declaró con lugar el recurso y ordenó a la Alcaldía, atender la solicitud gestionada por la aquí actora. Posteriormente, dijo, reclamaron ante la misma Sala Constitucional, el incumplimiento de ese voto, razón por la cual se generó el fallo 09-005886 de las 15 horas 2 minutos del 3 de abril de 2009, donde se le reiteró al representante del Ayuntamiento que procediera a cumplir con lo dispuesto, bajo pena de ordenar el testimonio de piezas al Ministerio Público para que se investigue el incumplimiento. Luego, en el año 2008, expresó, se cerraron los portones que permitían el acceso a las calles públicas, lo que fue objeto de un nuevo pronunciamiento de la Sala Constitucional en el expediente 08-10377-007-CO, ordenando el retiro del portón que se ubica en el acceso a las vías. Sólo mediante el auxilio del Órgano Constitucional, indicó, ha logrado el respeto a sus derechos fundamentales. Analizó, en la hoja cartográfica Quepos aparece el acceso a acceso a calle pública en lindero sur de su propiedad. La existencia de una cepa de bambú en el sector, esgrimió, no puede ser límite para que acceda a su finca como corresponde. Criticó la actuación municipal, por permitir esa situación por parte de Palma Tica y por desconocer un acto adoptado por ella que le generó un beneficio, motivo por el cual lo considera ilegítimo. Por tales motivos demandó a Palma Tica S.A. y a la Municipalidad de Aguirre. De forma interlocutoria, el Juez Tramitador ordenó incorporar al proceso como partes demandadas al Estado, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), así como a la Contraloría General de la República (CGR). Ante recursio de apelación del órgano contralor contra la resolución del juez de trámite que dispuso su integración al proceso, el Tribunal de Apelaciones dispuso continuar el litigio sin la participación de la Contraloría como parte demandada. La actora solicitó en sentencia se declare: a) La ilegalidad de la vía de hecho consistente en el cierre de la calle pública. 2) La nulidad de los dos actos administrativos del Alcalde de Aguirre de fechas 26 de mayo de 2008 y 3 de junio de 2008. c) El reconocimiento de la existencia de la calle pública en el lindero sur de la propiedad de la actora. 4) La condena en daños y perjuicios en forma solidaría a la Municipalidad de Aguirre y la empresa Compañía Palma Tica S. A. por la suma de ¢50.000.000,00 en calidad de daño material por la imposibilidad de construcción y por las afectaciones sufridas en virtud de esa circunstancia. 5) La condena en costas. Todas las accionadas contestaron negativamente la demanda. El Estado y Palma Tica opusieron las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa, el Estado además interpuso de la falta de legitimación pasiva. El Sinac solamente alegó la de falta de derecho. El Tribunal, rechazó la defensa de falta de legitimación activa y pasiva, pero acogió la de falta de derecho. En consecuencia, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. En aplicación del ordinal 122 del CPCA, ordenó a la Municipalidad de Aguirre que en el plazo máximo de 30 días calendario a partir de la firmeza de la resolución, instaure un procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo según corresponda, respecto del visado otorgado en el plano 6-1027171-2005, así como con respecto a los dos actos favorables al actor sobre la autorización de construcción de un muro de contención y una casa de habitación, todo conforme con los procedimientos legales establecidos al efecto. Impuso las costas a cargo de la sociedad actora. Recurre la apoderada de la sociedad Vista Damas por violación de normas procesales y sustantivas.\n\nII.- Previo a conocer los alegatos de casación, se aclara, el recurso de la parte recurrente resulta confuso y en él se hacen varias argumentaciones, de forma desordenada y sin especificarse el tipo de cargo que se acusa. No obstante, esta Sala –pese a las dificultades advertidas- infiere la existencia de dos cargos que se identificaran como incongruencia (procesal) y error de hecho (fondo), lo cual impidió que el recurso fuera rechazado de plano por informal. De esta forma, sobre tales alegaciones se conocerá el memorial de la parte actora, obviando todos aquellos comentarios y citas que no tienen ninguna utilidad dentro de la impugnación y los reproches señalados.\n\nRecurso de casación por violación de normas procesales\n\nIII.- En el único cargo de esta naturaleza arguye incongruencia. Dice, la sentencia es incongruente, porque lo que se discute es el derecho de paso de la parte actora y no el derecho construcción de una casa de habitación. En el caso en cuestión, refuta, no se discute si el permiso de construcción de la casa de habitación en la propiedad no. 145128-000, es válido y eficaz, o si se encuentra viciado de nulidad. El objeto de la presente litis, asevera, tal y como lo expuso el juez de trámite en la audiencia preliminar, no es si la construcción de la casa de habitación, daña o no al medio ambiente; consiste solamente en determinar si la parte actora, tiene derecho o no al paso por el costado sur de la propiedad indicada, y si Palma Tica tiene la obligación o no, de quitar las carretas que obstaculizan el paso. La incongruencia de la sentencia, sostiene, consiste en resolver cosas muy diferentes a las solicitadas, por discusiones de medio ambiente, que nunca afectan ni pueden afectar, el derecho al paso a la vía pública.\n\nIV.- Esta Sala de forma reiterada, ha expuesto que la incongruencia, se produce cuando existe una  desarmonía  entre  lo  solicitado  por  las  partes  al momento de formular su  pretensión y lo que en definitiva resuelve el órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto en el dispositivo del fallo. Las consideraciones realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a esta patología. En esencia, se puede presentar cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate  (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, porque contiene disposiciones contradictorias (fallo no. 000448-F-S1-2013 de las 9 horas del 10 de abril de 2013). Estima este órgano decisor, la sentencia no está incurriendo en este vicio procesal en ninguna de sus modalidades, pues como se aprecia, el Tribunal declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. No se ha pronunciado en la parte dispositiva del fallo respecto de ninguna de las pretensiones, las cuales en todo caso, estuvieron dirigidas a denegar el derecho de paso o acceso ampliamente discutido en proceso. Se limitó a denegar las pretensiones aducidas en la demanda, porque no se logró demostrar, en criterio de los jueces, que la propiedad de la actora (vértices 25 y 26 del plano P-1027171-2005) colindara al costado sur con una calle pública, específicamente, por dudas surgidas en torno a la credibilidad y veracidad de los datos consignados en tal plano. El fallo negó el derecho de acceso a la propiedad del Estado ajustándose a lo pretendido en la demanda. Se insiste, el que la parte recurrente no se encuentre de acuerdo con la justificación del Tribunal, es un tema que debe ser atacado con base en las causales de casación del ordinal 138 el CPCA, pero no por otras distintas como incongruencia, menos aún cuando estas son inexistentes. En mérito de lo anterior el cargo ha de ser desestimado.\n\nRecurso de casación por violación de normas sustantivas\n\nV.- En su único alegato, cuestiona, se tuvo como ciertos los hechos 1, 3, 6 y 7 sin valorar prueba en contrario. Respecto al primero, aduce, la zona objeto del litigio, corresponde al final de la calle pública (folios 1488 a 1495 del expediente principal que es informe del perito Ing. Alexis Chinchilla Miranda). Reclama, el informe pericial no se puede desvirtuar con prueba testimonial, como ocurre en la sentencia recurrida. En relación con el tercero de los hechos demostrados, expresa, de conformidad con el plano P-5540-72 que dio origen a la finca no. 145128-000 de la provincia de Puntarenas, el terreno sí tenía colindancia con calle pública en su costado sur. Los planos catastrados con visado municipal, afirma, sí establecen la colindancia. Manifiesta, el mapa otorgado por el Instituto Geográfico Nacional, de la ciudad de Quepos, establece la colindancia entre la calle pública y la propiedad de la parte actora, en la coordenada 146. El informe pericial y los planos catastrados inscritos, reprocha, no se pueden desvirtuar con prueba testimonial, como ocurre en la sentencia recurrida y menos con un testigo como el ofrecido por el municipio, que confesó no sabe utilizar aparatos GPS, carece de estudios topográficos y debido a que su labor se realiza de forma empírica y no científica. Cita el canon 16 de la LGAP en respaldo de su tesis. Sobre el sexto hecho demostrado, acota, no es cierto que exista zona verde entre la vía y la propiedad, lo que hay es la parte final de la calle pública con material de lastre y piedra. El sétimo, articula, no valora adecuadamente que al costado norte la finca inscrita a nombre de la parte actora, colinda con otra propiedad, la no. 112589-000, a nombre personal de Catalina Castro Chaves, la cual cuenta con un acceso a vía pública y luego con camino privado, en el cual no se puede acudir en automóvil. Explica, una vez que termina el área de la piscina y el área de comedor, hay un muro de contención, para evitar deslizamientos, ya que la propiedad se encuentra en zona montañosa, con pendientes sumamente pronunciadas, por lo que por ahí, no se puede generar acceso a la propiedad en disputa, ya que habría que destruir el área de piscina del hotel, lo cual fue construida desde hace 20 años. Protesta, no se aplicó la Ley de Creación de las ciudades de Quepos y Golfito, Ley no. 3201, del 21 de setiembre de 1963, que establece que Quepos es una ciudad. La propiedad en disputa, menciona, se encuentra ubicada en la ciudad de Quepos. Aclara, no existe normativa dentro del ordenamiento jurídico, inscripción registral o catastral,  que establezca que la propiedad, se encuentra dentro de zona de reserva o protegida. Sin mayor explicación, cita los cardinales 295, 309, 310, 311, 312, 395, 397, 398, 402, 403 y 404 del Código Civil. En su criterio, son procedentes las petitorias 6, 7 y 8 de la demanda, en relación con la apertura inmediata de la calle pública en el lindero sur del plano catastrado 1027171-2005, ordenándose a la sociedad Palma Tica, su deber de remover las carretas y obstáculos, independientemente si se colinda o no con calle pública, esto por la obligación de paso que establece la ley. Describe dos hipótesis: a) si hay colindancia a la vía pública, lo que procede es su reconocimiento, para que los dueños puedan accesar libremente a su propiedad, como lo hacen los 20 vecinos que utilizan la vía; b) si no hay colindancia a la vía pública, lo que procede es la obligación de paso por el terreno del Estado, el cual actualmente se encuentra administrado por Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ya que el contrato de arrendamiento entre el Estado y Palma Tica, venció desde el año 2009, y el nuevo contrato no incluye esa zona. En relación con esto, agrega, al no ser Palmatica actualmente arrendatario del costado norte colindante, las carretas no tienen por qué estar ahí, máxime, que al llevar agua y sol, contaminan el medio ambiente, razón por la cual, lo que procede es su retiro inmediato. Posteriormente, menciona los numerales 1 de la Ley General de Caminos y 7 de la Ley de Construcciones. Con base en esa normativa, censura, el Tribunal determinó que existe una duda razonable sobre la buena fe de la actora en torno a la creación e inscripción del plano catastrado 6-1027171-2005, pese a que se negaron visitar la propiedad en mención, para tener claridad y certeza sobre la existencia del camino existente. El referido plano, alega, cumplió con todas las formalidades legales correspondientes a nivel catastral y municipal, otorgando inclusive la corporación municipal su visado. Desconocen los jueces, acusa, no solo el plano que sirve de base para la acción, sino también las hojas cartográficas, los registros y oficios municipales aportados a los autos.\n\nVI.- El Tribunal, en la sentencia objeto del recurso, tiene claro que la sociedad actora es propietaria de una finca ubicada en Puntarenas, propiamente en el cantón de Aguirre, distrito de Quepos. Asimismo, aclara, si bien es cierto la propiedad está inscrita a nombre de la actora, existe una afectación en esa misma área al patrimonio forestal del Estado, todo sin perjuicio que el terreno por ley de hace una década fue declarado público, por lo que resulta incuestionable que el terreno reviste un interés forestal, lo que lleva aparejado que por imperio de ley está afecto al patrimonio público como bien demanial. Recuerda, es un bien de dominio público por estar inscrito a favor del Estado por casi ochenta años y que fuera entregado en arrendamiento (en realidad en concesión, autorización o permiso) a la compañía Bananera Nacional en su oportunidad (actualmente Palma Tica). No obstante lo anterior, explica y deja claro, la sociedad actora tiene inscrito en el Registro de la Propiedad el bien a su nombre, y bajo los principios de confianza legitima y seguridad jurídica, hasta tanto ese derecho no sea cancelado bajo los parámetros legales, debe mantenerse y respetarse hasta donde sea posible los legítimos intereses de la sociedad. La actora, afirma, tiene el derecho a ser tratada como tal, sea propietaria del bien, con todos los atributos que le corresponden; salvo en aquellos temas que por interés público los principios del derecho ambiental deban prevalecer, máxime si no existe contrademanda para poder pronunciarse expresamente sobre el punto. Continúa, la finca de la sociedad presentaba de manera histórica una calle pública colindando por el norte y ausencia de acceso por el lindero sur, situación que se mantiene hasta el dos mil cinco con el plano catastro 6-974135-2005. Pero curiosamente, expone, pocos meses después de levantado el plano ya dicho, se genera el plano catastrado 6-1027171-2005, donde se varia el lindero sur y se establece una colindancia con calle pública; pero sin que existan registros de la construcción de ese nuevo acceso. Para los jueces, en el presente asunto se presenta “…una duda razonable sobre la buena fe de la sociedad actora por esta modificación sustancial en un plano con tan poco tiempo y más aún cuando al día de hoy es posible ubicar en el área de la modificación una planta de bambú de varios metros de diámetro que evidentemente tiene muchos años de encontrarse en ese lugar. La lógica media dice que existe una situación irregular en la materia. Lo que justifica las investigaciones administrativas correspondientes y suponemos que ha sido el motivo de la decisión administrativa de la oficina de catastro de cancelar el plano, advirtiendo como ya se dijo que ese acto no se encuentra firme al momento. Si bien existen una serie de cuestionamientos sobre el señor topógrafo y los cambios señalados en el último plano, es evidente que tanto la oficina de Catastro del Registro Público como la Municipalidad de Aguirre no han actuado con la diligencia y cuidado en sus deberes de fiscalización de las labores del profesional responsable del plano. Se trata de una situación muy delicada, que lleva implícito un cambio de al menos nueve metros de diferencia entre lo señalado en un documento y en el otro, cuando ambos fueron levantados en el mismo año. El tema es preocupante y lleva implícito un aspecto de control interno que debería ser tomado con más cuidado y si es del caso sentarse las responsabilidades que correspondan… Es incuestionable el carácter demanial de la franja de terreno donde se ubica la plantación de bambú, en tanto sea como calle pública o como área de tierra reservada para jardinera, o al día de hoy con la afectación hacia el bosque, en cualquiera de los supuestos estamos en presencia del demanio público. La orientación de dicho bien y la administración del mismo, es una situación totalmente diferente. Pretender declarar que esa zona de terreno es calle pública no resulta posible… la prueba en la materia es contradictoria… (folio 1691).\n\nVII.- Aunque el planteamiento se hace de forma confusa, esta Sala infiere que el agravio lo es por error de hecho en varios aspectos. En primer lugar dice la casacionista, se pretirió el informe del perito Ing. Alexis Chinchilla Miranda, el cual no se puede desvirtuar con prueba testimonial, como ocurre en la sentencia recurrida. En relación con el tercero de los hechos demostrados, expresa, de conformidad con el plano P-5540-72 que dio origen a la finca no. 145128-000 de la provincia de Puntarenas, el terreno sí tenía colindancia con calle pública en su costado sur. Esta Sala es del criterio que en este asunto, no se ha preterido el informe del perito Chinchilla Miranda por parte del Tribunal, por las razones que de seguido se exponen. Es claro que durante el proceso, las afirmaciones de la representación de Vista Damas carecieron de sustento probatorio, pues nunca logró demostrar que su terreno colindaba en la realidad  con la calle pública que administraba y cuidaba Palma Tica. Por el contrario, fueron los testigos y los propios planos presentados por el Estado no. 120944-93; 5540-72 y 974135-05 (folios 701 al 703) los que han demostrado que esa calle en ningún momento colindó con el lindero sur de la propiedad de Vista Damas no. 145128-000. En el primero de ellos, incluso de aprecia que la calle pública no finaliza en el terreno de la actora, pues en su punto final tiene la forma de martillo. Esto coincide con lo discutido en el debate, donde los testigos acreditaron que el camino público no finalizaba en el borde de la finca de la actora sino que había unos 8 metros de distancia desde su final, hasta la división de las fincas. Ahora bien, específicamente, el informe del perito careció de fuerza probatoria, pues el Estado lo desvirtuó acertadamente durante el juicio, al aclarar que el ingeniero topógrafo nombrado al efecto incumplió su mandato. Esto porque no tomó en consideración que la experticia debía considerar no solo el plano presentado por la actora para alegar su derecho (P-1027171-2005), sino también aquellos otros anteriores que fueron modificados por aquél, sea un estudio histórico, pues solo así se podría saber con certeza sobre la existencia, ubicación y límites de la vía. En otros términos, parte de la defensa de los co-demandados se centralizó en cuestionar el plano de la demandante, pues se dijo de forma antojadiza se incorporaron datos que no coincidían con la realidad, de ahí la importancia que el perito realizara un estudio histórico de la zona incluyendo los planos y demás información que resultare necesaria. En ese sentido, nótese que durante la audiencia preliminar, el juez de trámite indicó que el perito topógrafo se nombraba “…para efectos de determinar la ubicación de las coordenadas incorporadas en el oficio DCT-040-08 y la realización de un estudio histórico para determinación de si en ese bien inmueble ha existido calle pública en algún momento previo al plano aportado por la parte actora…”. Nótese que la instrucción era clara en cuanto a la necesidad de establecer, mediante la probanza en comentario, si antes del levantamiento del plano 1027171-2005 existía en otros documentos señas de la calle y sus linderos finales. Como el peritaje fue omiso al respecto, y ante esa ausencia de información, los jueces bien podían acudir a otros elementos probatorios, como los propios planos que ya existían en autos y que corresponden precisamente a los que el Estado se refiere en su teoría del caso. En esos esbozos (omitidos en el análisis del perito) se aprecian varias situaciones que es preciso resaltar: 1) en uno de ellos no existía del todo la calle, obviamente por su antigüedad (5540-72); 2) en otro, como ya se indicó, cuando el camino ya existía, este no colindaba con la propiedad de la actora (P-120944-93); 3) luego en los planos que levanta en el 2005 la sociedad demandante (a través del topógrafo Rolando Carmona), se dice no solo que el camino era privado sino que también colinda con la propiedad de Vista Damas (plano 6-974135-02); 4) finalmente, de forma dudosa, nueve meses después, se dice que la calle es pública y colinda con la propiedad de la actora (plano 6-1027171-05). Esa maraña de datos era parte de la labor intelectual que debía explicar el peritaje, pues surgían muchas dudas respecto de la credibilidad del plano 6- 1027171-05 aportado por la demandante. En su defecto, lo procedente era omitir ese estudio técnico por impreciso. Ante tal situación debe aclararse, esta Sala es del criterio que los jueces no se encuentran compelidos a respetar el contenido de un informe pericial, pues tales dictámenes son un soporte probatorio, que al igual que el resto de probanzas, podrán ser apreciadas a discreción por los juzgadores de conformidad  con las reglas de la sana crítica (ordinal 82 del CPCA) y según la importancia que al efecto tengan para el caso concreto. Es menester señalar que esta Cámara ha expresado, en lo tocante al valor probatorio de los peritajes: “(…) que tienen como objetivo auxiliar al juez en conocimientos científicos que le son ajenos, pero más que verdades absolutas que sustituyan su criterio, su contenido objetivo y científico, no limita su labor de apreciación; sólo tienen el propósito de orientarlo, aportándole elementos que le permitan apreciar las circunstancias indispensables para la decisión que debe adoptar. “… Es claro entonces que, apartarse de un criterio técnico, y justificar el propio, lejos de constituir un exceso de poder, es un ejercicio inherente a la labor del juzgador en la apreciación de la prueba” (Resoluciones no. 43-2007 de las 9 horas 10 minutos del 26 de enero de 2007, en igual sentido pueden consultarse las sentencias no. 765 de las 15 horas con 40 minutos del 24 de julio de 2009 y 468 de las 10 horas 45 minutos del 7 de abril de 2011 y recientemente la no. 0001034-F-S1-14 de las 9 horas del 7 de agosto de 2014). Por otro lado, los testigos lo que acreditaron fue que en sus visitas al sitio, era claro que la calle no finalizaba en el lindero de la finca de la actora, lo cual dice de la inexistencia del acceso directo reclamado. Al menos el señor Carlos Vargas Berrocal dejó claro varios hechos que él pudo constatar a través de sus sentidos y en su carácter de funcionario municipal, como que en el lugar, lo que hubo fue un camino privado; el plano de la actora no coincidía con la realidad; la sepa de bambú existente en la zona llevaba aproximadamente 10 años sembrada, lo cual decía de la inexistencia de un camino de acceso en ese sitio, en sus palabras “que faltaban construir como 10 metros de camino y destruir esa plantación para entender que ahí existía un camino de acceso a la propiedad de la actora”; pero principalmente, que al final del camino más que un acceso a la finca dicha, lo que hay es la figura de un martillo (a partir de las 11 horas 20 minutos del respaldo del debate oral y público). A juicio de esta Sala, con ese testimonio no se está desconociendo el valor de un informe pericial, simplemente, por “impreciso e incompleto”, el dictamen no se vale por sí para acreditar que, desde vieja data, en el lindero sur del terreno de Vista Damas ha existido un acceso a la calle que administraba Palma Tica. El sétimo hecho, articula, no valora adecuadamente que al costado norte la finca inscrita a nombre de la parte actora, colinda con otra propiedad, la no. 112589-000, a nombre personal de Catalina Castro Chaves, donde se cuenta con un acceso a vía pública y luego con camino privado, al cual no se puede acudir en automóvil. La demanda en ningún momento se ha sustentado bajo el argumento de que el acceso por el costado sur era indispensable y único para entrar al bien de la demandante, por el contrario, lo único que se ha discutido a profundidad es que para realizar dos obras (un muro y una casa), era indispensable –por comodidad- contar con el acceso sur debido a lo inclinado del terreno. Ahora bien, de tal situación se desprende, por un lado la parte actora alega que desde hace más de 20 años posee el inmueble (145128-000); pero por el otro, hay probanza suficiente que establece que en el sector sur indicado no ha existido nunca un camino o entrada de acceso a la propiedad, menos aun cuando hay una pendiente de 30% de inclinación. Ante tal situación, es claro que durante todo ese tiempo el acceso a la propiedad ha sido por la parte norte como lo establece el hecho sétimo cuestionado. Todo ello dice de la improcedencia del alegato, pues no es concebible como durante tanto tiempo ha permanecido la sociedad actora en la propiedad utilizando solo ese acceso, el cual ahora viene a decir que es inadecuado. Además, tampoco hay prueba clara de la imposibilidad de acceder al pleno del terreno desde otros francos del inmueble; menos aún que se trate de un fundo enclavado (lo cual habría ameritado plantearse el tema desde otro punto de vista) pues como bien manifiesta la actora y así lo demuestran todos los planos, por el costado norte hay salida a calle pública la cual ha sido utilizada por años. Ergo, el alegato debe ser desestimado. Finalmente censura, el Tribunal determinó que existe una duda razonable sobre la buena fe de la actora en torno a la creación e inscripción del plano catastrado 6-1027171-2005, pese a que se negó a visitar la propiedad en mención, para así tener claridad y certeza sobre la existencia del camino. El referido plano, alega, cumplió con todas las formalidades legales correspondientes a nivel catastral y municipal, otorgando inclusive la corporación municipal su visado. Como bien explicó el Tribunal y se ha señalado líneas atrás, las inconsistencias que se observan en el plano aportado por la actora y que sirvió de base para este proceso, radican en que sin razón aparente y de forma dudosa, modificó los documentos precedentes, sin constar con algún respaldo de su actuar. Lo anterior es relevante, pues fue mediante este último instrumento que se vino mencionar la existencia de la calle pública en el lindero sur y su colindancia con la finca de la actora. No obstante, también resulta extraño que solo unos meses después de levantado el plano 974135-05 (donde se dice el caminos es privado), se extiende el plano 1027171-2005 para indicar ahora que la calle es pública, incluso, sin tomar en consideración lo indicado en el plano P-120944-93 que responde a las propiedades del Estado antes de su unificación (6-007524-000 y 6-007583-000). En todo caso, fue la propia Corporación Municipal de Aguirre la que observó inconsistencias en el plano, al punto de valorarse actualmente la anulación de su visado, especialmente porque la propiedad de la demandante no colindaba con la calle que se intentaba acceder (nota del 3 de junio de 2008, donde el señor Alcalde Municipal de Aguirre comunica a la empresa Palma Tica que se está realizando un estudio de la finca de la actora, en tanto la colindancia con el costado sur no es con la calle pública como indica un plano de 2005, de manera que en caso de verificarse la situación se procedería a anular el documento, visible a folio 32 del expediente judicial). Si esto fuera poco, surgió también la investigación que lleva a cabo el Registro de la Propiedad, se supone por las múltiples inconsistencias detectadas, lo cual se demuestra con la nota de advertencia y de inmovilización que se observan en las citas de inscripción del plano en comentario. Todas estas razones, hacían presumir que el instrumento en mención que indicaba la supuesta colindancia entre la calle y el bien no.145128-000 no era tan cierta. Existen muchas dudas al respecto como para que con base en ese plano, el Tribunal declarara con lugar la pretensión de apertura inmediata de la calle pública en el lindero sur de la propiedad 145128-000. En otros términos, se dudaba de la veracidad de los datos consignados, aspecto que ni el peritaje, fotografías y el video presentado aclararon. Tampoco el reconocimiento judicial hubiese sido suficiente, es preciso contra con prueba topográfica precisa o alguna similar que analizara la historia registral del inmueble y con base en ello, las coordenadas exactas de su ubicación, carga probatoria que incumbía a la demandante (mandatos 317 Código Procesal Civil y 90.2 CPCA). En este sentido lo procedente era descartar tales medios de prueba y desestimar las pretensiones que pretendían el reconocimiento de la existencia de la calle pública en el lindero sur de la propiedad de la actora. Ello dice que no existe indebida valoración de ese plano y tampoco la lesión de las normas alegadas, Ley no. 3201; 295, 309, 310, 311, 312, 395, 397, 398, 402, 403 y 404 del Código Civil; 1 de la Ley General de Caminos y 7 de la Ley de Construcciones. En consecuencia, el cargo debe ser rechazado.\n\nVIII.- Por las razones expuestas, lo procedente es rechazar los cargos planteados e imponer las costas del recurso a la parte que lo incoó, de conformidad con el artículo 150 del Código Procesal Contencioso Administrativo.\n\nPOR TANTO\n\nPor mayoría se declara sin lugar el recurso, cuyas costas corren por cuenta del promovente. Voto salvado del Magistrado López González.\n\n \n\n \n\nLuís Guillermo Rivas Loáiciga\n\n\n\n\n \n\n \n\nRomán Solís Zelaya                                                 \n\n\t\n\n \n\n \n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\n\n\n\n \n\n \n\nRocío Rojas Morales\n\n\t\n\n \n\n \n\nJorge Alberto López González\n\n \n\n                       Voto Salvado del Magistrado López González\n\nCONSIDERANDO\n\nTal como lo ha expuesto en forma reiterada esta Sala, la  incongruencia, se produce cuando existe una  desarmonía  entre  lo  solicitado  por  las  partes  al momento de formular su  pretensión y lo que en definitiva resuelve el órgano jurisdiccional encargado de conocer el proceso en el dispositivo del fallo. Las consideraciones realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a esta patología. En esencia, se puede presentar cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate  (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, porque contiene disposiciones contradictorias (fallo no. 000448-F-S1-2013 de las 9 horas del 10 de abril de 2013).  Para este servidor, con respeto del criterio externado por mis compañeros, la sentencia impugnada contiene el vicio de incongruencia en uno de sus aspectos y como consecuencia se afecta parcialmente lo resuelto.  El Tribunal rechazó la defensa de falta de legitimación activa y pasiva, pero acogió la de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. El fundamento esencial para esa disposición,  fue la ausencia de demostración de los hechos que sirvieron de sustento a las pretensiones formuladas por la actora.  La incongruencia es manifiesta porque a pesar de que se declara sin lugar la demanda en perjuicio del actor, ordena a la Municipalidad de Aguirre y Parrita instaurar un procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo para cuestionar el visado del plano otorgado al accionante y los actos favorables al actor sobre la autorización de construcción de un muro de contención y una casa de habitación. Dichas disposiciones no fueron objeto de debate, porque en este proceso no existió contrademanda y por lo tanto exceden el objeto de la litis.  No desconoce este Juzgador, la teoría moderna de la relatividad de la congruencia, según la cual pese a la relevancia del principio de congruencia como resguardo instrumental a la defensa en juicio, es posible establecer excepciones a ese principio, que tienen por objeto principal que su aplicación no perjudique otras garantías del proceso (específicamente la garantía de la tutela judicial efectiva y en tiempo útil de la jurisdicción). Tampoco es extraña al suscrito redactor, la teoría de la modalización de la sentencia, según la cual el tribunal tiene facultades que emergen del ordenamiento jurídico procesal, para fijar pautas de cumplimiento de la sentencia. No obstante, aunque entienda que ambas teorías convergen en el numeral 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en atención al interés público que es esencial al derecho sustantivo al que sirve, esa disposición legal solo autoriza a los tribunales para adoptar ese tipo de decisiones, como lo dice el mismo artículo, cuando la sentencia declare procedente la pretensión, lo que no ocurre en este caso en que la demanda fue declarada sin lugar.  Y es que la congruencia constituye un resguardo para asegurar la garantía de defensa, motivo por el cual, desde la óptica de las garantías constitucionales del proceso, debemos considerarla una garantía instrumental, a diferencia de las esenciales, que constituyen un fin en sí mismas. Como consecuencia, en voto de minoría estimo que la sentencia impugnada debe anularse parcialmente por ser incongruente en cuanto dispone instaurar un procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo para cuestionar el visado del plano 6-1027171-2005, así como con respecto a los dos actos favorables al actor sobre la autorización de construcción de un muro de contención y una casa de habitación.\n\nPOR TANTO\n\n          En voto de minoría, declaro parcialmente con lugar el recurso de casación y anulo la sentencia impugnada en cuanto en cuanto dispone instaurar un procedimiento administrativo o proceso contencioso administrativo para cuestionar el visado del plano 6-1027171-2005, así como con respecto a los dos actos favorables al actor sobre la autorización de construcción de un muro de contención y una casa de habitación.\n\n \n\nJorge Alberto López González\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJROSALES\n\nTeléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:11:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine hours twenty-five minutes on the nineteenth of November of two thousand fifteen.\n\nOrdinary administrative contentious proceeding, processed in the Administrative Contentious Court by CONDOMINIO VISTA DAMAS DE QUEPOS SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its general attorney-in-fact without limit of sum, Catalina Castro Chaves, businesswoman, resident of Quepos; against the MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, represented by its mayor Óscar Octavio Monge Maykall, writer, resident of Quepos; COMPAÑÍA PALMATICA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by president with powers of general attorney-in-fact without limit of sum, Erwin Martín Holmann Pastora, of Nicaraguan nationality, residency card no. 155808421015, engineer; the ESTADO, represented by its attorney Mauricio Castro Lizano, marital status not indicated, resident of Heredia; the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its executive director, Rafael Gutiérrez Rojas, single, master's in Ecological Tourism, resident of Heredia; and, the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by its Comptroller General, Rocío Aguilar Montoya. Appearing also, as special judicial attorneys, for the plaintiff, the licensed attorney Minor Enrique González González, resident of Atenas; for the co-defendant Municipality, the licensed attorneys Alberto Fajardo Monge, single and Adriano Guillén Solano, both residents of Quepos; for the co-defendant Company, the licensed attorneys Mario Alberto Córdoba Zárate and Rubén Zamora Castro; for the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the licensed attorney Adriana Bonilla Bonilla, single; and, for the Contraloría General de la República, the licensed attorneys Luis Diego Ramírez González, resident of Heredia and Hansel Arias Ramírez. The natural persons are of legal age and with the exceptions noted, married, lawyers and residents of San José.\n\n**RESULTANDO**\n\n1. Based on the facts it set forth and legal provisions it cited, the plaintiff established a trial proceeding, so that in judgment it be declared: \"1) The declaration of illegality of the de facto action consisting of the closure of the public road claimed by the plaintiff. 2) The nullity of the two administrative acts of the Mayor of Aguirre dated May 26, 2008 and June 3, 2008. 3) Recognition of the existence of the public road on the southern boundary of the plaintiff's property. 4) Joint and several award of damages against the Municipalidad de Aguirre and the company Compañía Palma Tica S. A. for the sum of 50,000,000 colones as material damage for the impossibility of construction and the affectations suffered by the plaintiff in this circumstance. 5) Award of costs.\"\n\n2. All the defendants opposed the claim. Palma Tica S.A. and the Estado raised the defenses of lack of right and lack of passive standing. The Contraloría General de la República, for its part, raised the defense of lack of standing in both of its modalities.\n\n3. The preliminary hearing was held at 8 hours 44 minutes on October 31, 2012.\n\n4. The Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava, composed of judges Ricardo A. Madrigal Jiménez, Rodrigo Alberto Campos Hidalgo and Adolfo Fernández Loaiza, in judgment no. 0083-2013 at 7 hours 45 minutes on September 16, 2013, ordered: “The defense of lack of standing in its active and passive forms is rejected and the defense of lack of right is accepted. Consequently, the claim is declared without merit in all its aspects. The Municipalidad de Aguirre is ordered, within a maximum period of thirty calendar days from the finality of this resolution, to initiate an administrative procedure or administrative contentious proceeding as appropriate regarding the approval (visado) granted on plan 6-1027171-2005, as well as regarding the two acts favorable to the plaintiff on the authorization for construction of a retaining wall and a dwelling house, all in accordance with the legal procedures established for that effect and based on canon one hundred twenty-two of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Costs run on account of the plaintiff company.”\n\n5. The licensed attorney Catalina Castro Chaves, in her stated capacity, files a cassation appeal expressly indicating the reasons on which she relies to refute the Tribunal's thesis.\n\n6. The prescriptions of law have been observed in the proceedings. The substitute magistrate Jorge Alberto López González participates in the decision of this matter.\n\nMagistrate Solís Zelaya drafts\n\n**CONSIDERANDO**\n\nI.- In the claim originating this proceeding, the company Condominio Vista Damas de Quepos S.A. (hereinafter the Condominio or Vista Damas), through its special judicial attorney, in general terms alleged, it is the owner of the farm in the province of Puntarenas no. 145128-000, located in Quepos, which corresponds to the cadastral plan no. P-1027171-2005. It asserted, in accordance with that plan, on the southern side of the farm, vertices 25 and 26, there is a public road eight meters wide, which ends precisely at that boundary. The City Hall, it clarified, carried out all the corresponding studies and inspections prior to granting the approval (visado) of that instrument (on January 24, 2006). It stated, on March 26, 2008, Vista Damas obtained a construction permit for a retaining wall or \"Gabion\" wall, necessary to stabilize the land. Then, on October 10, 2008, it added, a construction permit was granted for a dwelling house. In both cases, it accused, the Compañía Palma Tica S.A. obstructed the passage by placing several cargo carts, which prevented the work from being carried out, generating enormous damages for the plaintiff company. On several occasions, it commented, they requested the Mayor of the Municipalidad de Aguirre to remove the carts under the protection of the Ley de Construcciones. However, it questioned, the representative of the Municipality breached his duties as he omitted to respond to the petition. Due to the foregoing, it argued, it turned to the Sala Constitucional (file 08-011197-007-CO), which through resolution no. 08-13966 at 9 hours 35 minutes on September 19, 2008, declared the appeal with merit and ordered the Mayor's Office to address the request managed by the plaintiff here. Subsequently, it said, they complained before the same Sala Constitucional about non-compliance with that ruling, which is why ruling 09-005886 at 15 hours 2 minutes on April 3, 2009, was generated, where the representative of the City Hall was reiterated to proceed to comply with what was ordered, under penalty of certifying the pieces to the Ministerio Público to investigate the non-compliance. Later, in 2008, it expressed, the gates that allowed access to the public roads were closed, which was the subject of a new pronouncement from the Sala Constitucional in file 08-10377-007-CO, ordering the removal of the gate located at the access to the roads. It indicated, only through the assistance of the Constitutional Body has it achieved respect for its fundamental rights. It analyzed, on the Quepos cartographic sheet, access to a public road appears on the southern boundary of its property. The existence of a bamboo grove in the sector, it argued, cannot be a limit for it to access its farm as corresponds. It criticized the municipal action, for allowing that situation on the part of Palma Tica and for disregarding an act adopted by it that generated a benefit, which is why it considers it illegitimate. For these reasons, it sued Palma Tica S.A. and the Municipalidad de Aguirre. On an interlocutory basis, the Processing Judge ordered the inclusion in the proceeding as defendant parties of the Estado, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), as well as the Contraloría General de la República (CGR). Pending an appeal from the controlling body against the resolution of the processing judge that ordered its integration into the proceeding, the Appeals Tribunal ordered the litigation to continue without the participation of the Contraloría as a defendant party. The plaintiff requested in judgment that it be declared: a) The illegality of the de facto action consisting of the closure of the public road. 2) The nullity of the two administrative acts of the Mayor of Aguirre dated May 26, 2008 and June 3, 2008. c) The recognition of the existence of the public road on the southern boundary of the plaintiff's property. 4) Joint and several judgment for damages against the Municipalidad de Aguirre and the company Compañía Palma Tica S. A. for the sum of ¢50,000,000.00 as material damage for the impossibility of construction and for the affectations suffered by virtue of that circumstance. 5) The award of costs. All the defendants answered the claim negatively. The Estado and Palma Tica raised the defenses of lack of right and lack of active standing; the Estado also raised lack of passive standing. Sinac only alleged lack of right. The Tribunal rejected the defense of lack of active and passive standing but accepted the defense of lack of right. Consequently, it declared the claim without merit in all its aspects. Applying ordinal 122 of the CPCA, it ordered the Municipalidad de Aguirre, within a maximum period of 30 calendar days from the finality of the resolution, to institute an administrative procedure or administrative contentious proceeding as appropriate, regarding the approval (visado) granted on plan 6-1027171-2005, as well as regarding the two acts favorable to the plaintiff on the authorization for construction of a retaining wall and a dwelling house, all in accordance with the legal procedures established for that effect. It imposed costs on the plaintiff company. The attorney of the company Vista Damas appeals for violation of procedural and substantive norms.\n\nII.- Prior to addressing the cassation arguments, it is clarified, the appeal of the appellant is confusing, and several arguments are made in a disorderly manner without specifying the type of charge being alleged. However, this Chamber – despite the noted difficulties – infers the existence of two charges which will be identified as incongruence (procedural) and error of fact (merits), which prevented the appeal from being rejected outright as informal. Thus, on such allegations, the plaintiff's brief will be addressed, bypassing all those comments and citations that have no utility within the challenge and the reproaches indicated.\n\nCassation appeal for violation of procedural norms\n\nIII.- In the sole charge of this nature, it argues incongruence. It says, the judgment is incongruent, because what is being discussed is the right of way of the plaintiff and not the right to construct a dwelling house. In the case in question, it refutes, it is not being discussed whether the construction permit for the dwelling house on property no. 145128-000 is valid and effective, or whether it is vitiated by nullity. The object of the present litis, it asserts, as stated by the processing judge at the preliminary hearing, is not whether the construction of the dwelling house damages or does not damage the environment; it consists solely of determining whether the plaintiff has or does not have the right to passage along the southern side of the indicated property, and whether Palma Tica has or does not have the obligation to remove the carts that obstruct the passage. The incongruence of the judgment, it maintains, consists of resolving things very different from those requested, due to environmental discussions, which never affect and cannot affect the right to passage to the public road.\n\nIV.- This Chamber has repeatedly stated that incongruence occurs when there is a disharmony between what was requested by the parties when formulating their claim and what the jurisdictional body responsible for hearing the matter ultimately decides in the operative part of the ruling. The considerations made to support the judgment shift to a secondary plane, without giving rise to this pathology. In essence, it can occur when a pronouncement on any extreme submitted to debate is omitted (minima petita), more than what was requested is awarded (ultra petita), what was decided does not correspond with what was petitioned (extra petita), or because it contains contradictory provisions (ruling no. 000448-F-S1-2013 at 9 hours on April 10, 2013). This deciding body believes the judgment is not incurring this procedural vice in any of its modalities, since as is observed, the Tribunal declared the claim without merit in all its aspects. It has not pronounced in the operative part of the ruling on any of the claims, which in any case, were aimed at denying the right of way or access widely discussed in the proceeding. It limited itself to denying the claims alleged in the demand, because it was not possible to demonstrate, in the judges' opinion, that the plaintiff's property (vertices 25 and 26 of plan P-1027171-2005) bordered on the southern side with a public road, specifically, due to doubts arising around the credibility and veracity of the data recorded in such plan. The ruling denied the right of access to the State's property adjusting to what was claimed in the demand. It is insisted, the fact that the appellant does not agree with the Tribunal's justification is a topic that must be attacked based on the cassation grounds of ordinal 138 of the CPCA, but not through other different ones such as incongruence, even less so when these are non-existent. By virtue of the foregoing, the charge must be dismissed.\n\nCassation appeal for violation of substantive norms\n\nV.- In its sole argument, it questions that facts 1, 3, 6, and 7 were held as true without assessing contrary evidence. Regarding the first, it alleges, the zone subject to the litigation corresponds to the end of the public road (folios 1488 to 1495 of the main file, which is the report of the expert witness Eng. Alexis Chinchilla Miranda). It claims, the expert report cannot be disproven with testimonial evidence, as occurs in the appealed judgment. In relation to the third of the demonstrated facts, it expresses, in accordance with plan P-5540-72 that gave origin to farm no. 145128-000 of the province of Puntarenas, the land did have a boundary with a public road on its southern side. The cadastral plans with municipal approval (visado), it affirms, indeed establish the boundary. It states, the map provided by the Instituto Geográfico Nacional, of the city of Quepos, establishes the boundary between the public road and the plaintiff's property, at coordinate 146. The expert report and the registered cadastral plans, it reproaches, cannot be disproven with testimonial evidence, as occurs in the appealed judgment, and even less with a witness like the one offered by the municipality, who confessed he does not know how to use GPS devices, lacks topographical studies, and because his work is performed empirically and not scientifically. It cites canon 16 of the LGAP in support of its thesis. Regarding the sixth demonstrated fact, it notes, it is not true that a green zone exists between the road and the property; what there is, is the final part of the public road with ballast and stone material. The seventh, it articulates, does not adequately assess that on the northern side, the farm registered in the name of the plaintiff borders another property, no. 112589-000, in the personal name of Catalina Castro Chaves, which has an access to a public road and then a private road, on which one cannot go by car. It explains, once the area of the pool and the dining area ends, there is a retaining wall, to prevent landslides, since the property is located in a mountainous zone, with extremely pronounced slopes, so that way, access cannot be generated to the property in dispute, since the pool area of the hotel would have to be destroyed, which was built 20 years ago. It protests, the Ley de Creación de las ciudades de Quepos y Golfito, Law no. 3201, of September 21, 1963, which establishes that Quepos is a city, was not applied. The property in dispute, it mentions, is located in the city of Quepos. It clarifies, there is no regulation within the legal system, registry or cadastral inscription, that establishes that the property is within a reserve or protected zone. Without further explanation, it cites cardinals 295, 309, 310, 311, 312, 395, 397, 398, 402, 403 and 404 of the Civil Code. In its opinion, petitions 6, 7, and 8 of the claim are appropriate, in relation to the immediate opening of the public road on the southern boundary of cadastral plan 1027171-2005, ordering the company Palma Tica its duty to remove the carts and obstacles, regardless of whether or not it borders a public road, this due to the obligation of passage established by law. It describes two hypotheses: a) if there is a boundary with the public road, what is appropriate is its recognition, so that the owners can freely access their property, like the 20 neighbors who use the road; b) if there is no boundary with the public road, what is appropriate is the obligation of passage through the State's land, which is currently administered by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, since the lease contract between the Estado and Palma Tica expired in 2009, and the new contract does not include that zone. In relation to this, it adds, as Palmática is not currently the lessee of the bordering northern side, the carts have no reason to be there, especially since, by carrying water and sun, they contaminate the environment, which is why what is appropriate is their immediate removal. Subsequently, it mentions numerals 1 of the Ley General de Caminos and 7 of the Ley de Construcciones. Based on those regulations, it censures, the Tribunal determined that a reasonable doubt exists about the good faith of the plaintiff regarding the creation and registration of cadastral plan 6-1027171-2005, despite the fact that they refused to visit the property in question, to have clarity and certainty about the existence of the existing road. The referenced plan, it alleges, complied with all the corresponding legal formalities at the cadastral and municipal level, the municipal corporation even granting its approval (visado). The judges disregard, it accuses, not only the plan that serves as the basis for the action, but also the cartographic sheets, the records, and municipal communications provided to the record.\n\nVI.- The Tribunal, in the judgment subject to the appeal, is clear that the plaintiff company is the owner of a farm located in Puntarenas, properly in the canton of Aguirre, district of Quepos. Likewise, it clarifies, although it is true the property is registered in the name of the plaintiff, there is an affectation in that same area to the forest heritage (patrimonio forestal) of the State, all without prejudice that the land by law from a decade ago was declared public, so it is unquestionable that the land holds a forest interest, which entails that by operation of law it is affected to the public patrimony as a demanial asset (bien demanial). It recalls, it is a public domain asset for having been registered in favor of the State for almost eighty years and which was given in lease (in reality, in concession, authorization, or permit) to the Compañía Bananera Nacional in its time (currently Palma Tica). Notwithstanding the foregoing, it explains and makes clear, the plaintiff company has the property registered in the Property Registry in its name, and under the principles of legitimate trust and legal certainty, until that right is canceled under the legal parameters, the legitimate interests of the company must be maintained and respected as far as possible. The plaintiff, it affirms, has the right to be treated as such, i.e., owner of the property, with all the attributes that correspond to it; except in those matters where for public interest the principles of environmental law must prevail, especially if there is no counterclaim to be able to expressly pronounce on the point. It continues, the company's farm historically presented a public road bordering on the north and an absence of access on the southern boundary, a situation that is maintained until 2005 with cadastral plan 6-974135-2005. But curiously, it states, a few months after the aforementioned plan was drawn up, cadastral plan 6-1027171-2005 is generated, where the southern boundary is varied and a boundary with a public road is established; but without there being records of the construction of that new access. For the judges, in the present matter a “…reasonable doubt about the good faith of the plaintiff company arises due to this substantial modification in a plan in such a short time, and even more so when today it is possible to locate in the modification area a bamboo plant several meters in diameter that evidently has been in that place for many years. Average logic says that an irregular situation exists in the matter. Which justifies the corresponding administrative investigations and we suppose has been the reason for the administrative decision of the cadastral office to cancel the plan, noting as already said that that act is not final at this time. Although there are a series of questions about the surveyor and the changes indicated in the last plan, it is evident that both the Catastro office of the Registro Público and the Municipalidad de Aguirre have not acted with the diligence and care in their oversight duties of the work of the professional responsible for the plan. It is a very delicate situation, which implies a change of at least nine meters difference between what was indicated in one document and in the other, when both were drawn up in the same year. The topic is worrying and implies an internal control aspect that should be taken with more care, and if appropriate, establish the corresponding responsibilities… The demanial nature of the strip of land where the bamboo plantation is located is unquestionable, whether as a public road or as a land area reserved for a planter, or today with the affectation toward the forest, in any of the scenarios we are in the presence of public demesne. The orientation of said asset and its administration is a totally different situation. To attempt to declare that that zone of land is a public road is not possible… the evidence in the matter is contradictory…” (folio 1691).\n\nVII.- Although the approach is made confusingly, this Chamber infers that the grievance is for error of fact in several aspects. First, the cassation appellant says, the report of the expert witness Eng. Alexis Chinchilla Miranda was overlooked, which cannot be disproven with testimonial evidence, as occurs in the appealed judgment. In relation to the third of the demonstrated facts, it expresses, in accordance with plan P-5540-72 that gave origin to farm no. 145128-000 of the province of Puntarenas, the land did have a boundary with a public road on its southern side. This Chamber is of the opinion that in this matter, the report of the expert witness Chinchilla Miranda has not been overlooked by the Tribunal, for the reasons set forth below. It is clear that during the proceeding, the affirmations of the representation of Vista Damas lacked evidentiary basis, as it never managed to demonstrate that its land bordered in reality with the public road that Palma Tica administered and cared for. On the contrary, it was the witnesses and the very plans presented by the State, no. 120944-93; 5540-72 and 974135-05 (folios 701 to 703), that have demonstrated that that road at no time bordered the southern boundary of the property of Vista Damas no. 145128-000. In the first of these, it is even observed that the public road does not end at the plaintiff's land, since at its final point it is shaped like a hammer. This coincides with what was discussed in the debate, where the witnesses credited that the public road did not end at the edge of the plaintiff's farm but that there were about 8 meters distance from its end to the division of the farms. That said, specifically, the expert's report lacked evidentiary force, as the State rightly disproved it during the trial, clarifying that the surveyor engineer appointed for the purpose failed to comply with his mandate. This because he did not consider that the expert opinion had to consider not only the plan presented by the plaintiff to claim her right (P-1027171-2005), but also those other previous ones that were modified by that one, i.e., a historical study, since only in that way could one know with certainty about the existence, location, and limits of the road. In other terms, part of the defense of the co-defendants centered on questioning the plaintiff's plan, as it was said that data not matching reality were capriciously incorporated, hence the importance of the expert witness conducting a historical study of the area including the plans and other information that proved necessary. In that sense, note that during the preliminary hearing, the processing judge indicated that the surveyor expert was appointed “…for the purpose of determining the location of the coordinates incorporated in official letter DCT-040-08 and carrying out a historical study to determine if on that real property a public road has existed at any time prior to the plan provided by the plaintiff…”. Note that the instruction was clear regarding the need to establish, through the evidence in question, if before the drawing up of plan 1027171-2005, signs of the road and its final boundaries existed in other documents. As the expert opinion was silent in that regard, and faced with that absence of information, the judges could well turn to other evidentiary elements, such as the very plans that already existed in the record and that correspond precisely to those the State refers to in its case theory. In those sketches (omitted in the expert's analysis), various situations are observed that must be highlighted: 1) in one of them, the road did not exist at all, obviously due to its age (5540-72); 2) in another, as already indicated, when the road already existed, it did not border the plaintiff's property (P-120944-93); 3) later, in the plans that the plaintiff company draws up in 2005 (through surveyor Rolando Carmona), it is said not only that the road was private but also that it borders the property of Vista Damas (plan 6-974135-02); 4) finally, doubtfully, nine months later, it is said that the road is public and borders the plaintiff's property (plan 6-1027171-05). That tangle of data was part of the intellectual task the expert opinion had to explain, since many doubts arose regarding the credibility of plan 6- 1027171-05 provided by the plaintiff. Failing that, the appropriate course was to disregard that technical study as inaccurate. Faced with such a situation, it must be clarified, this Chamber is of the opinion that judges are not compelled to respect the content of an expert report, since such opinions are evidentiary support, which like the rest of the evidence, may be assessed at the discretion of the judges in accordance with the rules of sound judgment (ordinal 82 of the CPCA) and according to the importance they may have for the specific case. It is necessary to point out that this Chamber has expressed, regarding the evidentiary value of expert opinions: “(…) that they have the objective to assist the judge in scientific knowledge foreign to him, but more than absolute truths that substitute his criterion, their objective and scientific content does not limit his task of assessment; they only have the purpose of guiding him, providing him with elements that allow him to assess the indispensable circumstances for the decision he must adopt. “… It is clear then that, departing from a technical criterion, and justifying one’s own, far from constituting an excess of power, is an exercise inherent to the judge's task in the assessment of the evidence.” (Resolutions no. 43-2007 at 9 hours 10 minutes on January 26, 2007, in the same sense judgments no. 765 at 15 hours and 40 minutes on July 24, 2009 and 468 at 10 hours 45 minutes on April 7, 2011 and recently no. 0001034-F-S1-14 at 9 hours on August 7, 2014 can be consulted). On the other hand, what the witnesses credited was that in their visits to the site, it was clear that the road did not end at the boundary of the plaintiff's farm, which speaks of the nonexistence of the direct access claimed.\n\nAt the very least, Mr. Carlos Vargas Berrocal made clear several facts that he was able to verify through his senses and in his capacity as a municipal official, such as that what existed on the site was a private road; the plaintiff's survey plan (plano) did not coincide with reality; the bamboo clump (sepa de bambú) existing in the area had been planted approximately 10 years prior, which spoke to the non-existence of an access road at that site, in his words “that about 10 meters of road still needed to be built and that plantation destroyed to understand that an access road to the plaintiff’s property existed there”; but mainly, that at the end of the road, rather than an access to said farm, what exists is the shape of a hammerhead (martillo) (from 11 hours 20 minutes of the oral and public hearing recording). In this Chamber’s judgment, this testimony does not disregard the value of an expert report; simply put, because it is “imprecise and incomplete,” the expert opinion (dictamen) is not sufficient on its own to prove that, since old data, on the southern boundary of the Vista Damas land there has existed an access to the street managed by Palma Tica. The seventh fact, it articulates, does not adequately assess that on the north side, the property registered in the name of the plaintiff borders another property, no. 112589-000, in the personal name of Catalina Castro Chaves, where there is an access to a public road and then via a private road, which cannot be accessed by car. The lawsuit has never been based on the argument that the access on the south side was indispensable and the only way to enter the plaintiff’s property; on the contrary, the only thing that has been discussed in depth is that to carry out two works (a wall and a house), it was indispensable – for convenience – to have the southern access due to the slope of the land. Now, from this situation it follows that, on one hand, the plaintiff alleges she has possessed the property (145128-000) for more than 20 years; but on the other, there is sufficient evidence establishing that in the indicated southern sector there has never been a road or access entrance to the property, even less so when there is a 30% slope. Faced with this situation, it is clear that during all that time, access to the property has been via the north side, as established by the challenged seventh fact. All of this speaks to the inadmissibility of the allegation, since it is inconceivable that the plaintiff company has remained on the property for so long using only that access, which it now claims is inadequate. Furthermore, there is also no clear proof of the impossibility of accessing the full extent of the land from other sides of the property; even less so that it is a landlocked property (fundo enclavado) (which would have warranted raising the issue from another viewpoint) since, as the plaintiff herself states and all the survey plans show, on the north side there is an exit to a public street that has been used for years. Therefore, the allegation must be dismissed. Finally, it criticizes that the Court determined there is a reasonable doubt about the plaintiff’s good faith regarding the creation and registration of cadastral survey plan (plano catastrado) 6-1027171-2005, despite refusing to visit the property in question, in order to have clarity and certainty about the existence of the road. The referenced plan, it alleges, complied with all corresponding legal formalities at the cadastral and municipal level, with the municipal corporation even granting its approval (visado). As the Court well explained and has been indicated above, the inconsistencies observed in the plan provided by the plaintiff and which served as the basis for this process, lie in the fact that, for no apparent reason and in a dubious manner, she modified the preceding documents, without any record supporting her action. The foregoing is relevant, as it was through this last instrument that the existence of the public street on the southern boundary and its adjacency to the plaintiff’s farm came to be mentioned. However, it is also strange that only a few months after survey plan 974135-05 was drawn up (where the road is said to be private), survey plan 1027171-2005 was issued to now indicate that the street is public, even without taking into consideration what was indicated in survey plan P-120944-93 which corresponds to the State properties before their unification (6-007524-000 and 6-007583-000). In any case, it was the Municipal Corporation of Aguirre itself that observed inconsistencies in the plan, to the point that the annulment of its approval is currently being considered, especially because the plaintiff's property did not border the street she was trying to access (note of June 3, 2008, where the Mayor of Aguirre informs the company Palma Tica that a study of the plaintiff’s farm is being carried out, since the adjacency on the south side is not with the public street as a 2005 plan indicates, such that if the situation is verified, the document would be annulled, visible at folio 32 of the judicial file). As if that were not enough, the investigation carried out by the Property Registry also emerged, supposedly due to the multiple inconsistencies detected, which is demonstrated by the warning note and immobilization note that are observed in the registration citations of the plan under discussion. All these reasons led to the presumption that the instrument in question that indicated the supposed adjacency between the street and property no. 145128-000 was not so certain. There are many doubts about this such that, based on that plan, the Court could have granted the claim for the immediate opening of the public street on the southern boundary of property 145128-000. In other words, the veracity of the recorded data was doubted, an aspect that neither the expert report, photographs, nor the video presented clarified. Nor would a judicial inspection (reconocimiento judicial) have been sufficient; it is necessary to have precise topographic evidence or something similar that analyzed the registration history of the property and, based on that, the exact coordinates of its location, a burden of proof that fell to the plaintiff (mandates 317 of the Civil Procedure Code and 90.2 of the Contentious-Administrative Procedure Code, CPCA). In this regard, the proper course was to discard such means of proof and dismiss the claims that sought recognition of the existence of the public street on the southern boundary of the plaintiff’s property. This indicates that there is no improper assessment of that plan nor any violation of the alleged rules: Law No. 3201; 295, 309, 310, 311, 312, 395, 397, 398, 402, 403, and 404 of the Civil Code; 1 of the General Roads Law (Ley General de Caminos) and 7 of the Construction Law (Ley de Construcciones). Consequently, the charge must be dismissed.\n\nVIII.- For the reasons stated, the proper course is to dismiss the charges raised and impose the costs of the appeal on the party that filed it, pursuant to Article 150 of the Contentious-Administrative Procedure Code.\n\nPOR TANTO\n\nBy majority vote, the appeal is dismissed, with costs to be borne by the appellant. Dissenting vote of Judge López González.\n\n \n\n \n\nLuís Guillermo Rivas Loáiciga\n\n\n\n \n\n \n\nRomán Solís Zelaya \n\n \n\n \n\nCarmenmaría Escoto Fernández\n\n\n\n \n\n \n\nRocío Rojas Morales\n\n \n\n \n\nJorge Alberto López González\n\n \n\n Dissenting Vote of Judge López González\n\nCONSIDERANDO\n\nAs this Chamber has repeatedly stated, incongruence occurs when there is a disharmony between what was requested by the parties at the time of formulating their claim and what the jurisdictional body responsible for hearing the process ultimately resolves in the operative part of the judgment. The considerations made to ground the sentence take a secondary role, without giving rise to this pathology. In essence, it can occur when a pronouncement on some point submitted to debate is omitted (mínima petita), more than what was requested is granted (ultra petita), what is resolved does not correspond to what was requested (extra petita), or because it contains contradictory provisions (ruling no. 000448-F-S1-2013 of 9 hours of April 10, 2013). For this servant, with respect for the opinion expressed by my colleagues, the contested judgment contains the defect of incongruence in one of its aspects and, consequently, what was resolved is partially affected. The Court rejected the defense of lack of active and passive standing (legitimación activa y pasiva), but accepted that of lack of right and dismissed the lawsuit in all its terms. The essential basis for this ruling was the absence of demonstration of the facts that served as support for the claims made by the plaintiff. The incongruence is manifest because even though the lawsuit is dismissed to the detriment of the plaintiff, it orders the Municipality of Aguirre and Parrita to initiate an administrative procedure or contentious-administrative process to challenge the approval of the plan granted to the plaintiff and the acts favorable to the plaintiff regarding the authorization for the construction of a retaining wall (muro de contención) and a dwelling house. These provisions were not the subject of debate, because in this process there was no counterclaim and they therefore exceed the object of the litis. This Judge is not unaware of the modern theory of the relativity of congruence, according to which, despite the relevance of the principle of congruence as an instrumental safeguard for the defense in trial, it is possible to establish exceptions to that principle, the main purpose of which is that its application does not harm other procedural guarantees (specifically the guarantee of effective judicial protection and the timely usefulness of the jurisdiction). Nor is the undersigned drafter unfamiliar with the theory of modalization of the judgment, according to which the court has powers that emerge from the procedural legal system, to set guidelines for the fulfillment of the judgment. However, even though I understand that both theories converge in numeral 122 of the Contentious-Administrative Procedure Code, given the public interest that is essential to the substantive law it serves, that legal provision only authorizes courts to adopt such decisions, as the same article states, when the judgment declares the claim to be granted, which does not occur in this case where the lawsuit was dismissed. And it is that congruence constitutes a safeguard to ensure the guarantee of defense, for which reason, from the perspective of the constitutional guarantees of the process, we must consider it an instrumental guarantee, unlike the essential ones, which constitute an end in themselves. Consequently, in a minority vote, I find that the contested judgment must be partially annulled for being incongruent insofar as it orders the initiation of an administrative procedure or contentious-administrative process to challenge the approval of survey plan 6-1027171-2005, as well as regarding the two acts favorable to the plaintiff on the authorization for the construction of a retaining wall and a dwelling house.\n\nPOR TANTO\n\n In a minority vote, I partially grant the cassation appeal and annul the contested judgment insofar as it orders the initiation of an administrative procedure or contentious-administrative process to challenge the approval of survey plan 6-1027171-2005, as well as regarding the two acts favorable to the plaintiff on the authorization for the construction of a retaining wall and a dwelling house.\n\n \n\nJorge Alberto López González\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJROSALES\n\nTelephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email sala_primera@poder-judicial.go.cr\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:11:27.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }