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  "id": "nexus-sen-1-0005-1045926",
  "citation": "Res. 01496-2021 Sala Segunda de la Corte",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Policía de Fronteras con derecho al incentivo de operaciones de alto riesgo",
  "title_en": "Border Police entitled to high-risk operations incentive",
  "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso de casación interpuesto por el Estado contra una sentencia que condenó a reconocer y pagar el incentivo salarial por \"operaciones de alto riesgo\" a un agente de la Policía de Fronteras. La Sala confirma el fallo de instancia, reafirmando su jurisprudencia consolidada: el sobresueldo creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria no se limita exclusivamente a miembros de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, sino que se extiende a cualquier cuerpo policial cuyas funciones impliquen un riesgo manifiesto para la vida e integridad física y sean análogas a las descritas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía. En este caso específico, las labores del agente de fronteras —que incluyen combate al crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y deforestación— satisfacen ese estándar de peligrosidad. La Sala rechaza los agravios del Estado sobre valoración probatoria y condena en costas, manteniendo la fijación porcentual de estas últimas por tratarse de un asunto inestimable con trascendencia económica.",
  "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice dismisses the State's cassation appeal against a lower court ruling ordering the payment of the high-risk operations salary incentive to a Border Police officer. The Chamber upholds its settled jurisprudence: the incentive created by the Budget Authority's Technical Secretariat is not limited to the Civil Guard and Rural Assistance Guard, but extends to any police unit whose duties involve manifest danger to life and physical integrity and are analogous to those listed in Articles 21 and 22 of the General Police Law. The specific duties of the border agent —including combating organized crime, drug trafficking, human smuggling, and deforestation— meet that risk standard. The Chamber rejects the State's challenges regarding evidence assessment and costs, confirming the percentage-based cost award given the unquantifiable economic impact of the claim.",
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  "date": "02/07/2021",
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    "Ley General de Policía",
    "Policía de Fronteras",
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    "Poder Judicial",
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  "keywords_en": [
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    "salary incentive",
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    "General Police Law",
    "Judicial Branch",
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  "excerpt_es": "Esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer varios asuntos semejantes en los que se ha concluido que la negativa de ese órgano técnico de extender el pago del sobresueldo a varios cuerpos policiales resultaba contraria a derecho, en el tanto en que las servidoras y los servidores de estos se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas.\n[...]\nDe esta forma, conforme a la naturaleza de las labores y las actividades generales atinentes a la clase en la que se ubica el actor se concluye, como lo hizo la juzgadora de instancia, que éste se encuentra expuesto a un riesgo que pone en peligro su vida e integridad física, sin que haya distinción alguna respecto de los supuestos contemplados en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía, evidentemente es merecedor de que se le reconozca el incentivo de alto riesgo; desplazándose por lo dicho, la carga de la prueba a la parte demandada, para acreditar que aun cuando éste formaba parte de aquella clase, su puesto era ajeno a las labores ahí contempladas y que, por el contrario, llevaba a cabo otras en las que no corría un alto riesgo como el que ha buscado compensar a través de este proceso.",
  "excerpt_en": "This Chamber has had the opportunity to hear several similar matters in which it has concluded that the refusal of that technical body to extend the payment of the additional salary to various police units was contrary to law, insofar as the officers in those units fall within the factual assumptions provided for in the agreement that authorized that bonus, and therefore they are entitled to the same legal consequences.\n[...]\nThus, given the nature of the duties and the general activities pertaining to the class in which the plaintiff is placed, it is concluded, as the trial judge did, that he is exposed to a risk that endangers his life and physical integrity, with no distinction whatsoever from the scenarios provided for in Articles 21 and 22 of the General Police Law. He is clearly deserving of the high-risk incentive; consequently, the burden of proof shifted to the defendant to demonstrate that although he belonged to that class, his position was unrelated to the duties described there and that, on the contrary, he performed other duties that did not carry the high risk that he has sought to be compensated for through this proceeding.",
  "outcome": {
    "label_en": "Denied",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The State's cassation appeal is denied, and the judgment recognizing the high-risk operations incentive for the Border Police officer is affirmed.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación del Estado y se confirma la sentencia que reconoce el incentivo por operaciones de alto riesgo al agente de la Policía de Fronteras."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the fact that a public official holds a position in a police class whose duties are analogous to those described in Articles 21 and 22 of the General Police Law makes them entitled to the high-risk operations additional pay, regardless of whether they belong to the Civil Guard or the Rural Assistance Guard.",
      "quote_es": "el hecho de que un funcionario público ocupe un puesto en una clase policial cuyas funciones sean análogas a las descritas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía, le hace acreedor del sobresueldo por operaciones de alto riesgo, independientemente de si pertenece o no a la Guardia Civil o a la Guardia de Asistencia Rural."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the assignment of a particular budget code does not detract from the actual duties the servant performs, much less from the danger associated with them.",
      "quote_es": "la asignación de un determinado código presupuestario, no desmerece las labores reales que la persona servidor ejecuta y mucho menos el peligro asociado a éstas."
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "the trial judge did not err in ordering that said incentive be granted to the claimant.",
      "quote_es": "no incurrió en error la juzgadora de instancia al establecer que dicho incentivo se le debe otorgar al reclamante."
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        "label": "Ley General de Policía (Ley N° 7410)  Arts. 21-22"
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 01496 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 02 de Julio del 2021 a las 11:45\n\nExpediente: 19-002126-1178-LA\n\nRedactado por: Roxana Chacon Artavia\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\nTipo de contenido: Voto unánime\nTemas (descriptores): Plus por operaciones de alto riesgo\n\nSentencias en igual sentido\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n*190021261178LA*\n\n\nCorte Suprema de Justicia\nSALA SEGUNDA\n\t\n\n\nExp: 19-002126-1178-LA\nRes: 2021-001496\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.\n             Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], policía, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto, el licenciado Álvaro Fonseca Vargas, vecino de Cartago. Figura como apoderada especial judicial del actor, la licenciada Priscila Castro Jiménez, casada. Todos mayores, solteros, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.\n             Redacta la Magistrada Chacón Artavia; y,\nCONSIDERANDO:\n             I.- ANTECEDENTES: La apoderada del actor expresó en la demanda que el señor [Nombre 001] labora para el Ministerio de Seguridad desde el 01 de agosto del 2012, destacado en la frontera sur Guayacara, como agente II. Reseñó que, en el año 2000, el Ministerio de Seguridad Pública creó un incentivo denominado “operaciones de alto riesgo”, por medio del acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria número 03-2000 de la Secretaria Presupuestaria. Explicó, el incentivo se instauró para los cuerpos policiales descritos en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía; sin embargo, las funciones se han extendido a todos a las personas que laboran como policías. Indicó, en el numeral 107 del Reglamento de Organización Ministerio de Seguridad Pública, se establecen las funciones de los cuerpos policiales. En virtud de lo anterior, solicitó que se condene al accionado en sentencia a lo siguiente: 1. Reconocer el incentivo de operaciones de alto riesgo desde su ingreso al Ministerio de Seguridad Pública y a futuro. 2. Cancelar las diferencias en el aguinaldo, el salario escolar y las anualidades derivadas de la cancelación del incentivo referido. 3. Pagar los intereses y la indexación sobre las sumas adeudadas. 4. Reconocer las diferencias en los Fondos de Capitalización Laboral y de Pensión Complementaria Obligatoria. 5. Pagar ambas costas de la acción (véase imágenes 2-9 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El representante estatal contestó la demanda e interpuso la excepción de falta de derecho. Indicó que el incentivo de operaciones por alto riesgo se creó pues se requería que las personas integrantes de las fuerzas públicas efectuaran funciones consideras como de “alto riesgo”, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, entre otras. Aseguró, no todas las personas que laboran como policías pueden ser beneficiaron del incentivo referido, sino aquellas que, además de sus funciones, deben cumplir otras que impliquen mayor riesgo a su integridad física. Mencionó que las tareas de los y las policías de fronteras se regulan en los numerales 23 y 24 de la Ley General de Policía y se detallan en el Manual de Clases Policiales (véase imágenes 82-94 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, mediante la sentencia número 2020-1264 de las 21 horas y 24 minutos del 22 de julio del 2020, acogió parcialmente la excepción de falta de derecho. Declaró con lugar la demanda. Condenó al Estado a reconocer y cancelar al actor el incentivo por operaciones de alto riesgo, desde la fecha en que inicio a trabajar y hacia futuro. También las diferencias que se hubiesen generado por la omisión de ese pago sobre el aguinaldo, el salario escolar y las anualidades. Determinó que el demandado debe reconocer los intereses legales sobre las sumas adeudadas desde la fecha que fueron exigibles y hasta el efectivo pago, conforme a la tasa pasiva que tengan los certificados a seis meses plazo del Banco Central de Costa Rica, así como a adecuar los extremos económicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del Área Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese porcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Impuso al accionado el pago de ambas costas de la acción, fijando las personales en el 15% del total de la condenatoria (véase imágenes 269-281 del expediente digital del Juzgado de Trabajo).\n             II.- AGRAVIOS: El representante estatal presentó recurso de casación, en el cual expresa los siguientes reproches. 1. Alega indebida valoración del régimen probatorio, así como de los artículos 481 del Código de Trabajo, 24 y 24 de la Ley General de Policía. Asegura, existe prueba documental incorporada que no fue debidamente valorada. A su juicio, no existe elemento probatorio alguno del cual se derive que el señor [Nombre 001] participe en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales. Asegura que las funciones realizadas por las personas policías de fronteras no se incluyen como operaciones de alto riesgo. Reseña, a las personas funcionarias policiales se les reconoce el incentivo salarial por riesgo policial dispuesto en la Ley General de Policía, siendo que el sobresueldo por operaciones de alto riesgo únicamente se otorga cuando las funciones ejecutadas impliquen un mayor peligro. Indica, de llegar a concluir que ambos incentivos se crearon con la finalidad de reconocer labores puras y simples como personas servidoras policiales, se estaría desvirtuando su esencia y se equipararían ambos incentivos. Según su criterio, el actor no demostró cumplir con los criterios para ser beneficiario del incentivo por operaciones de alto riesgo. Cita el artículo 57 del Código de Trabajo. Aduce, los Tribunales de Justicia se atribuyen funciones que no le competen, pues determinan la forma de organización y la definición de condiciones y requisitos del personal a través de criterios judiciales. 2. Reprocha falta de aplicación del artículo 563 inciso 1) del Código de Trabajo. Asegura que su representado actuó de buena fe, no se emplearon elementos para dilatar el proceso y se aportó prueba atinente al objeto del proceso. Considera que el asunto no es susceptible de estimación pecuniaria, por lo cual, las costas se deben fijar de manera prudencial y no porcentual como se realizó. Cita el artículo 562 del Código de Trabajo.\n             III.- DEL INCENTIVO POR OPERACIONES DE ALTO RIESGO:  Esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer varios asuntos semejantes en los que se ha concluido que la negativa de ese órgano técnico de extender el pago del sobresueldo a varios cuerpos policiales resultaba contraria a derecho, en el tanto en que las servidoras y los servidores de estos se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. Como se indicó, en reiterada jurisprudencia, se ha resuelto que el incentivo denominado “operaciones de alto riesgo” fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. /4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional del bienes (sic) así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Asimismo, se ha dispuesto que es de aplicación a aquellos y aquellas oficiales cuyas competencias y funciones estuviesen inmersas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, los cuales regulan las labores y atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Esas disposiciones en concreto estipulan lo siguiente: “Artículo 21 . / La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine. / Artículo 22. / Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: / a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden público. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República.  / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. Es decir, la intención de cubrir con un sobresueldo a las personas integrantes de esos dos cuerpos policiales viene en función de la naturaleza de sus tareas, pues es innegable que estas personas son quienes en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida en el cumplimiento de estas (véase en un sentido similar el voto número 1209, de las 10:50 horas del 28 de octubre de 2015; así como el 1381, de las 10:20 horas del 18 de diciembre de ese mismo año). En el caso concreto, se tuvo como hecho probado: “ a) Que el actor, labora para el Ministerio de Seguridad Pública, desde el 01 de agosto de 2012 a la fecha, como Agente de fronteras, destacado en DPF-UMF-PFS- Unidad móvil kilómetros 35 y puesto de Punta Burica Guaycara DPF-UM EL SUR KM 35, (…). d) Que el actor realiza las siguientes funciones: Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y, por ende, el combate al fenómeno criminal. Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas. Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía. Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas. Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos. (…)”. Además, la persona juzgadora sostuvo: “(…) En el asunto que nos ocupa, se consolidó como un hecho demostrado, que el actor, se desempeña como Agente de fronteras. Participando así de las operaciones de Alto Riesgo, como lo es participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y, por ende, el combate al fenómeno criminal, ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros” (…). La representación del Estado no logró demostrar las causas objetivas por las que al accionante se le deba excluir de esa normativa y disposición interna de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. De la constancia laboral de setiembre del 2018, se colige que la clase de puesto ocupado por el señor [Nombre 001] es la de “ agente de fronteras II (FP)”, específicamente en la frontera Sur, Guaycara (véase imagen 15 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). Además, el demandado no trajo al expediente la prueba que acreditara su dicho en torno a las funciones concretas del cargo de “agente de fronteras II (FP)”.  La parte accionada aportó el Manual de Clases Policiales, donde se contempla lo correspondiente a la de agente II, en la cual se comprende el puesto específico del demandante y, se incluye una descripción de las actividades genéricas y específicas de cada uno de los cargos que conforman. En ese sentido, a los agentes de fronteras, cargo ocupado por el actor les corresponden las siguientes funciones: “Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. / Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y por ende, el combate al fenómeno criminal. / Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. / Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. / Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. / Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. / Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. / Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. / Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos” (véase imágenes 165-170 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). De esta forma, conforme a la naturaleza de las labores y las actividades generales atinentes a la clase en la que se ubica el actor se concluye, como lo hizo la juzgadora de instancia, que éste se encuentra expuesto a un riesgo que pone en peligro su vida e integridad física, sin que haya distinción alguna respecto de los supuestos contemplados en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía, evidentemente es merecedor de que se le reconozca el incentivo de alto riesgo; desplazándose por lo dicho, la carga de la prueba a la parte demandada, para acreditar que aun cuando éste formaba parte de aquella clase, su puesto era ajeno a las labores ahí contempladas y que, por el contrario, llevaba a cabo otras en las que no corría un alto riesgo como el que ha buscado compensar a través de este proceso. Como se dijo, el accionado no logró demostrar sus alegaciones al respecto, resultando interesante destacar lo expuesto en el apartado correspondiente a “Esfuerzo Físico” de la clase “ Agente II”, en el que se dispone: “Se realiza esfuerzo físico para ejecutar las tareas asignadas, relativas al desarrollo de las diferentes acciones policiales cotidianas y extraordinarias especializadas, o bien, la colaboración con otras dependencias y unidades a lo interno y externo de la Institución, lo que conlleva desplazarse a diferentes lugares del territorio nacional, con variados medios de transporte, ya sea en áreas urbanas, periurbanas, marginales y zonas rurales. Se está expuesto a situaciones de peligrosidad debido a la participación directa en las diferentes actividades y acciones policiales especializadas, siendo que según cada caso en particular, se puede tener un enfrentamiento directo empleando armas de fuego, equipo antidisturbios o cuerpo a cuerpo contra personas peligrosas y/o armadas, manifestantes alterados y violentos. Asimismo se pueden desarrollar persecuciones a altas velocidades utilizando el medio de transporte disponible, existiendo la posibilidad de atentados contra su vida e integridad física, accidentes de tránsito, entre otras situaciones” (énfasis no es del original) (véase imagen 182 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). Por otra parte, no se puede perder de vista que el demandado aportó a la litis, el oficio n.° MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DRC-SIB-0559-2020 del 26 de febrero de 2020 en el cual se indicó: “Según el Sistema de Pagos Integra, el servidor se encuentra actualmente en el puesto No. 365017, de clase puesto Agente II (FP), código presupuestario 090-06-01-0001 (Policía de Fronteras) . Al funcionario, no se le reconoce el incentivo de Alto Riesgo, dado que se está nombrado en un código presupuestario que no se encuentra contemplado dentro de los códigos autorizados para percibir este incentivo de acuerdo lo establece la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el oficio N°STAP-0683-2000, donde indica que se le aplicará el incentivo a los funcionarios que ocupen puestos contemplados en la Sección III, Artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía N°7410” (véase imagen 99 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). Como se advierte, las razones que se dan en este documento no corresponden con las alegadas por la representación del accionado; sin embargo, estas tampoco son suficientes para desconocerle el sobresueldo pretendido, pues la asignación de un determinado código presupuestario, no desmerece las labores reales que la persona servidor ejecuta y mucho menos el peligro asociado a éstas. En todo caso, esta Sala ha resuelto que el pago del incentivo objeto de análisis procede también para los funcionarios y las funcionarias del servicio de Guardacostas y de la Policía de Fronteras (ver en ese sentido los votos números 601 de las 11:25 horas del 10 de junio; y 1274 de las 9:45 horas del 18 de noviembre; ambos de 2016). Asimismo, como se indicó en una cita anterior, al momento de su creación, se determinó que el “incentivo de alto riesgo” se diferenciaba del pago del “riesgo policial ” por cubrir aspectos de naturaleza diversa. Desde esa perspectiva, se debe concluir que no incurrió en error la juzgadora de instancia al establecer que dicho incentivo se le debe otorgar al reclamante. En la sentencia número 899 de las 10:55 horas del 20 de agosto de 2015, esta Sala también mencionó más concretamente: “En el presente asunto, el Tribunal consideró que el citado sobresueldo se dio para quienes laboren en puestos policiales, si sus funciones (criterio objetivo) se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley de Policía, por lo que no fue creado para quienes, siguiendo un criterio subjetivo, laboren en la guardia civil o rural. De ahí que siendo las funciones del actor análogas a las indicadas en esos artículos, le corresponde el pago del incentivo reclamado. No hay, en el presente asunto, razón alguna para cambiar el criterio expuesto”. Así las cosas, en el caso que se analiza no se advierte ninguna circunstancia que haga posible variar el criterio que ahí se expuso, razón por la cual procede mantener lo resuelto en la instancia precedente. Tampoco lleva razón la representación estatal en cuanto alega que los Tribunales de Justicia se atribuyen funciones que no le competen, pues determinan la forma de organización y la definición de condiciones y requisitos del personal a través de criterios judiciales. Lo anterior, por cuanto, en el fallo no se está variando la organización del personal del Ministerio de Seguridad Pública, así como tampoco se cambian las exigencias solicitadas al personal para ocupar sus cargos. El objeto de la litis consiste en determinar si procede el reconocimiento del sobresueldo por operaciones de alto riesgo a favor del actor, en virtud de poner en peligro su integridad física debido a las tareas ejecutadas, por lo cual se realiza un análisis normativo de la regulación del referido sobresueldo.\n             IV.- SOBRE LAS COSTAS: El representante del Estado pretende también que se revoque la condena en costas que le fue impuesta a esa parte, pues estima que su representado ha procedido con evidente buena fe. No obstante, a juicio de la Sala no es procedente la exoneración pretendida, pues el actor tuvo que acudir al proceso judicial en defensa de derechos legítimos, respecto de los cuales la parte demandada ha mostrado oposición, a pesar de haberse resuelto que la situación del accionante se ajustaba a los supuestos de las regulaciones pertinentes. Así las cosas, no cabe la exoneración solicitada por el impugnante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 563 del Código de Trabajo. La parte recurrente también objeta que esos gastos se hayan establecido en forma porcentual por estimar que se trata de un asunto que no es susceptible de estimación pecuniaria y, por consiguiente, su fijación debió hacerse en forma prudencial. No lleva razón quien recurre en cuanto a que la condena debió se fijada de forma prudencial, pues al haberse tramitado el presente proceso bajo la vigencia de la Ley N°. 9343, “Reforma Procesal Laboral”, y por tratarse de una pretensión inestimable con trascendencia económica, lo correcto es resolver conforme lo estipulado en el ordinal 562 del Código de Trabajo. Dicho numeral, en lo que resulta de interés, establece: \"En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%)...\" (énfasis no es del original). Dado que la pretensión fundamental de la demanda se centró en que “… que se cancele al actor el incentivo de operaciones de Alto Riesgo establecido en resolución STAP-0683-2000 del 12 de abril del 2000, desde el ingreso al Ministerio de Seguridad Pública hacia futuro”, a cuyo efecto en sentencia se condenó al demandado “(…) a cancelar al actor el Incentivo de Alto Riesgo creado por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo N°. 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril del 2000, desde la fecha en que el actor empezó a trabajar para la demandada y hacia futuro (…)”, se concluye que este es un asunto inestimable de trascendencia económica (involucra un pago a futuro). Por las razones expuestas, lo resuelto por la a quo se debe mantener, en el entendido de que la condena porcentual cubre el resultado del proceso hasta la firmeza de la sentencia.\n             V.- CONSIDERACIONES FINALES: Por los motivos señalados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado por la parte demandada, en el entendido de que la condena porcentual de las costas personales cubre el resultado del proceso hasta la firmeza de la sentencia.\nPOR TANTO:\n             Se declara sin lugar el recurso, en el entendido de que la condena porcentual de las costas personales cubre el resultado del proceso hasta la firmeza de la sentencia.\n\n\n\n\nOrlando Aguirre Gómez\n \n\n\nJulia Varela Araya                               Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\n                                                \nJorge Enrique Olaso Álvarez                             Roxana Chacón Artavia\nRes: 2021-001496\nPMADRIGALE/RPC\n 2\nEXP: 19-002126-1178-LA\n\n\n\n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y  jmolinab@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:23:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT. San José, at eleven hours forty-five minutes on the second of July two thousand twenty-one.\n             Ordinary proceeding initiated before the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José by [Name 001], police officer, against the STATE, represented by its deputy procurator, Licenciado Álvaro Fonseca Vargas, resident of Cartago. Licenciada Priscila Castro Jiménez, married, appears as special judicial representative of the plaintiff. All of legal age, single, attorneys, and residents of San José, with the exceptions indicated.\n             Drafted by Judge Chacón Artavia; and,\n\nCONSIDERING:\n             I.- BACKGROUND: The plaintiff's representative in the complaint stated that Mr. [Name 001] has worked for the Ministry of Security since August 1, 2012, stationed on the southern border Guayacara, as an agent II. She outlined that in the year 2000, the Ministry of Public Security created an incentive called \"high-risk operations\" (operaciones de alto riesgo) by means of agreement number 5878 of the extraordinary session 03-2000 of the Budgetary Secretariat. She explained that the incentive was established for the police corps described in articles 21 and 22 of the General Police Law; however, the functions have been extended to all persons who work as police officers. She indicated that numeral 107 of the Organization Regulation of the Ministry of Public Security establishes the functions of the police corps. By virtue of the foregoing, she requested that the defendant be ordered in judgment as follows: 1. To recognize the high-risk operations incentive from the date of his entry into the Ministry of Public Security and prospectively. 2. To pay the differences in the Christmas bonus, the school salary, and the service increments derived from the payment of the referred incentive. 3. To pay interest and indexing on the sums owed. 4. To recognize the differences in the Labor Capitalization Fund and the Mandatory Complementary Pension Fund. 5. To pay both procedural costs of the action (see images 2-9 of the complete digital file of the Labor Court). The State representative answered the complaint and raised the objection of lack of right. He indicated that the high-risk operations incentive was created because members of the public forces were required to perform functions considered to be \"high-risk,\" such as raids, crisis situations, counter-terrorism actions, among others. He affirmed that not all persons who work as police officers can be beneficiaries of the referred incentive, but rather those who, in addition to their functions, must fulfill others that imply a greater risk to their physical integrity. He mentioned that the tasks of border police officers are regulated in numerals 23 and 24 of the General Police Law and are detailed in the Manual of Police Classes (see images 82-94 of the complete digital file of the Labor Court). The Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, by means of judgment number 2020-1264 at 21 hours and 24 minutes on July 22, 2020, partially granted the objection of lack of right. It declared the complaint with merit. It ordered the State to recognize and pay the plaintiff the high-risk operations incentive, from the date he began working and prospectively. Also, the differences that may have accrued due to the omission of that payment on the Christmas bonus, the school salary, and the service increments. It determined that the defendant must recognize legal interest on the sums owed from the date they became due and until effective payment, according to the passive rate for six-month certificates of the Central Bank of Costa Rica, as well as to adjust the main economic items, updating them to present value, at the same percentage by which the consumer price index for the Metropolitan Area kept by the official body responsible for determining such percentage has varied, between the month prior to filing the complaint and the month preceding that in which payment is effectively made. It imposed on the defendant the payment of both procedural costs of the action, setting the personal costs at 15% of the total condemnation (see images 269-281 of the digital file of the Labor Court).\n\n             II.- GRIEVANCES: The State representative filed a cassation appeal, in which he expresses the following objections. 1. He alleges improper evaluation of the evidentiary framework, as well as of articles 481 of the Labor Code, and 24 [sic] and 24 of the General Police Law. He affirms that there is incorporated documentary evidence that was not duly evaluated. In his opinion, there is no probative element whatsoever from which it can be derived that Mr. [Name 001] participates in high-risk operations such as raids, crisis situations, counter-terrorism actions, protection of public figures or official visitors. He affirms that the functions performed by border police personnel are not included as high-risk operations. He points out that police officers are recognized the police risk salary incentive provided for in the General Police Law, and that the additional pay for high-risk operations is only granted when the performed functions imply a greater danger. He indicates that if it were concluded that both incentives were created for the purpose of recognizing pure and simple duties as police officers, their essence would be distorted and both incentives would be equated. According to his criterion, the plaintiff did not demonstrate compliance with the criteria to be a beneficiary of the high-risk operations incentive. He cites article 57 of the Labor Code. He argues that the Courts of Justice assume functions that are not within their competence, because they determine the form of organization and the definition of personnel conditions and requirements through judicial criteria. 2. He reproaches failure to apply article 563 subsection 1) of the Labor Code. He affirms that his client acted in good faith, no elements were used to delay the process, and evidence relevant to the object of the process was provided. He considers that the matter is not susceptible to monetary estimation, therefore, the costs must be set prudentially and not as a percentage as was done. He cites article 562 of the Labor Code.\n\n             III.- OF THE HIGH-RISK OPERATIONS INCENTIVE: This Chamber has had the opportunity to hear several similar matters in which it has been concluded that the refusal of that technical body to extend the payment of the additional pay to various police corps was contrary to law, insofar as the officers of these corps find themselves in the factual circumstances provided for in the agreement that authorized this bonus, for which reason they are entitled to the same legal consequences. As indicated in reiterated case law, it has been resolved that the incentive called \"high-risk operations\" (operaciones de alto riesgo) was created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in its agreement number 5878 of the extraordinary session 03-2000 of April 10, 2000, based on the following justifications: \"That members of the public force perform functions consisting of maintaining order, citizen security and/or criminal repression. / 2. That members of the public force are required to participate in high-risk operations such as raids, crisis situations, counter-terrorism actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the officer directly exposes their life and physical integrity. / 3. That these members of the public force must address contingencies that threaten National Security in a timely and effective manner. / 4. That there are salary differences in the labor market in favor of private company security agents, which causes high personnel turnover and instability in the service. / 5. That by virtue of the implicit risk and danger in the functions performed by public force officers, it is appropriate to authorize an incentive called 'HIGH-RISK OPERATIONS', for the purpose of fulfilling the responsibilities linked to National Security. / 6. That the incentive created herein must be considered different from the so-called 'Police Risk' whose purpose is to guarantee the national security of assets (sic) as well as respect for the rights and freedoms of citizens\". Likewise, it has been ordered that it is applicable to those officers whose competencies and functions were within the scope of articles 21 and 22 of the General Police Law, which regulate the tasks and powers of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard. Those provisions specifically stipulate the following: \"Article 21. / The Civil Guard and the Rural Assistance Guard are corps specially charged with general vigilance and citizen security; they shall exercise their functions throughout the entire country, in accordance with the technical determination on the rural or urban nature established by the corresponding public institutions. For this purpose, command units organized according to the regional division determined by the respective ministry shall be established. / Article 22. / The powers of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard are: / a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. / b) To maintain tranquility and public order. / c) To safeguard the security and integrity of the persons and property of the inhabitants of the Republic. / d) To maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. / e) To prevent and suppress the commission of punishable offenses within the national territory\". That is, the intention to provide an additional pay to the members of these two police corps derives from the nature of their tasks, since it is undeniable that these persons are those who, in the first instance, compromise their personal integrity and their lives in the fulfillment of these tasks (see in a similar sense vote number 1209, at 10:50 hours on October 28, 2015; as well as 1381, at 10:20 hours on December 18 of that same year). In the specific case, it was taken as a proven fact: \"a) That the plaintiff works for the Ministry of Public Security, from August 1, 2012 to date, as a Border Agent, stationed at DPF-UMF-PFS- Mobile Unit kilometer 35 and post of Punta Burica Guaycara DPF-UM EL SUR KM 35, (...). d) That the plaintiff performs the following functions: To monitor and guard the land borders, including the public buildings where customs and migratory activities are carried out during their operation. To participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border area, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting about, and preventing possible violations of the international boundary and to exercise police control in the area of responsibility and, consequently, to combat the criminal phenomenon. To carry out surveillance and protection actions in border areas in the course of its mission or in coordination with other institutions regarding humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. To carry out national and international crime prevention actions in the border strips. To execute the strategic intelligence plans that guide the actions of the Police. To execute actions that contribute to the integration processes and to the improvement of citizen security in the communities and populations of the border areas. To execute prevention and suppression actions against smuggling, human trafficking, migrant smuggling, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of cattle and protected animals, endangered species, among others. To gather information resulting from patrolling in border areas, to produce and supply timely and reliable police intelligence. To verify and report on the maintenance and conservation of border landmarks. (...)\". Furthermore, the judge held: \"(...) In the matter before us, it was consolidated as a proven fact that the plaintiff serves as a Border Agent. Thus participating in High-Risk Operations, such as participating in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border area, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting about, and preventing possible violations of the international boundary and to exercise police control in the area of responsibility and, consequently, to combat the criminal phenomenon, to execute prevention and suppression actions against smuggling, human trafficking, migrant smuggling, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of cattle and protected animals, endangered species, among others\" (...). The State's representation could not demonstrate the objective reasons why the plaintiff should be excluded from that regulation and internal provision of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority. From the employment certification of September 2018, it is deduced that the class of position held by Mr. [Name 001] is that of \"border agent II (FP)\", specifically on the Southern border, Guaycara (see image 15 of the complete digital file of the Labor Court). Furthermore, the defendant did not bring to the file evidence that accredited its claim regarding the specific functions of the position of \"border agent II (FP)\". The defendant party provided the Manual of Police Classes, which includes the provisions corresponding to the agent II class, encompassing the plaintiff's specific position, and includes a description of the generic and specific activities of each of the positions it comprises. In that sense, border agents, the position held by the plaintiff, are assigned the following functions: \"To monitor and guard the land borders, including the public buildings where customs and migratory activities are carried out during their operation. / To participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border area, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting about, and preventing possible violations of the international boundary and to exercise police control in the area of responsibility and consequently, to combat the criminal phenomenon. / To carry out surveillance and protection actions in border areas in the course of its mission or in coordination with other institutions regarding humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. / To carry out national and international crime prevention actions in the border strips. / To execute the strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police. / To execute actions that contribute to the integration processes and to the improvement of citizen security in the communities and populations of the country's border areas. / To execute prevention and suppression actions against smuggling, human trafficking, migrant smuggling, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental contamination, slaughter of cattle and protected animals, endangered species, among others. / To gather information resulting from patrolling in border areas, to produce and supply timely and reliable police intelligence. / To verify and report on the maintenance and conservation of border landmarks\" (see images 165-170 of the complete digital file of the Labor Court). In this way, according to the nature of the tasks and the general activities pertaining to the class in which the plaintiff is placed, it is concluded, as the trial judge did, that he is exposed to a risk that endangers his life and physical integrity, without there being any distinction whatsoever regarding the circumstances provided for in numerals 21 and 22 of the General Police Law; he is evidently deserving of being recognized the high-risk incentive; the burden of proof thus shifting to the defendant party, to accredit that even though he formed part of that class, his position was unrelated to the tasks contemplated therein and that, on the contrary, he performed others in which he did not run a high risk such as the one sought to be compensated through this process. As stated, the defendant could not demonstrate its allegations in this regard, and it is interesting to highlight what is set forth in the section corresponding to \"Physical Effort\" of the \"Agent II\" class, which states: \"Physical effort is exerted to execute the assigned tasks, related to the development of the different daily and specialized extraordinary police actions, or collaboration with other dependencies and units internally and externally to the Institution, which involves traveling to different places in the national territory, with various means of transportation, whether in urban, peri-urban, marginal, and rural areas. One is exposed to dangerous situations due to direct participation in different specialized police activities and actions, and depending on each particular case, one may have a direct confrontation using firearms, riot gear, or hand-to-hand combat against dangerous and/or armed persons, agitated and violent protesters. Likewise, high-speed chases can be carried out using the available means of transportation, with the possibility of attacks against one's life and physical integrity, traffic accidents, among other situations\" (emphasis is not original) (see image 182 of the complete digital file of the Labor Court). On the other hand, it cannot be overlooked that the defendant provided to the dispute official communication No. MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DRC-SIB-0559-2020 of February 26, 2020, in which it was indicated: \"According to the Integra Payment System, the officer is currently in position No. 365017, of the position class Agent II (FP), budget code 090-06-01-0001 (Border Police). The officer is not recognized the High-Risk incentive, given that he is appointed in a budget code that is not contemplated within the codes authorized to receive this incentive according to what is established by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in official communication No. STAP-0683-2000, where it indicates that the incentive will be applied to officers occupying positions contemplated in Section III, Articles 21 and 22 of the General Police Law No. 7410\" (see image 99 of the complete digital file of the Labor Court). As noted, the reasons given in this document do not correspond to those alleged by the defendant's representation; however, these are also insufficient to deny the additional pay sought, given that the assignment of a specific budget code does not detract from the actual tasks the officer performs, much less from the danger associated with them. In any event, this Chamber has resolved that the payment of the incentive under analysis is also appropriate for officers of the Coast Guard Service and the Border Police (see in that sense votes number 601 at 11:25 hours on June 10; and 1274 at 9:45 hours on November 18; both of 2016). Likewise, as indicated in a previous citation, at the time of its creation, it was determined that the \"high-risk incentive\" was differentiated from the payment of \"police risk\" (riesgo policial) because it covered aspects of a different nature. From that perspective, it must be concluded that the trial judge did not err in establishing that said incentive must be granted to the plaintiff. In judgment number 899 at 10:55 hours on August 20, 2015, this Chamber also more specifically mentioned: \"In the present matter, the Court considered that said additional pay was provided for those who work in police posts, if their functions (objective criterion) fall within those established in articles 21 and 22 of the Police Law, so it was not created for those who, following a subjective criterion, work in the civil or rural guard. Hence, since the plaintiff's functions are analogous to those indicated in those articles, he is entitled to the payment of the claimed incentive. There is no reason in the present matter to change the expressed criterion\". This being the case, in the case under analysis, no circumstance is observed that makes it possible to vary the criterion set forth there, for which reason it is appropriate to uphold what was resolved in the preceding instance. The State's representation is also incorrect in its claim that the Courts of Justice assume functions that are not within their competence, because they determine the form of organization and the definition of personnel conditions and requirements through judicial criteria. The foregoing, because the judgment is not varying the organization of the Ministry of Public Security's personnel, nor is it changing the requirements demanded of personnel to occupy their positions. The object of the dispute is to determine whether the recognition of the additional pay for high-risk operations is appropriate in favor of the plaintiff, by virtue of endangering his physical integrity due to the tasks performed, for which reason a normative analysis of the regulation of the referred additional pay is carried out.\n\n             IV.- REGARDING COSTS: The State representative also seeks the revocation of the award of costs imposed on that party, as he considers that his client has proceeded with evident good faith. However, in the Chamber's opinion, the requested exemption is not appropriate, since the plaintiff had to resort to the judicial process in defense of legitimate rights, which the defendant party has opposed, despite the resolution that the plaintiff's situation aligned with the assumptions of the pertinent regulations. That being the case, the exemption requested by the appellant is not appropriate, pursuant to the provisions of article 563 of the Labor Code. The appellant party also objects that these expenses were established in percentage form because he considers the matter is not susceptible to monetary estimation and, consequently, its setting should have been done prudentially. The appellant is incorrect in claiming that the award should have been set prudentially, since the present process was processed under the validity of Law No. 9343, \"Labor Procedural Reform\", and dealing with an inestimable claim with economic significance, the correct approach is to resolve in accordance with the provisions of ordinal 562 of the Labor Code. Said numeral, in what is of interest, establishes: \"In inestimable matters where there is economic significance, the setting shall be made based on the resulting amount up to the finality of the judgment and, if as a result of the process the economic result continues to be generated in the future, up to fifty percent (50%) may be added to the set amount, according to prudential criterion...\" (emphasis is not original). Given that the fundamental claim of the complaint focused on \"... that the High-Risk operations incentive established in resolution STAP-0683-2000 of April 12, 2000, be paid to the plaintiff, from his entry into the Ministry of Public Security prospectively\", for which purpose in the judgment the defendant was ordered \"(…) to pay the plaintiff the High-Risk Incentive created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in its agreement No. 5878 of the extraordinary session 03-2000 of April 10, 2000, from the date the plaintiff began working for the defendant and prospectively (…)\", it is concluded that this is an inestimable matter with economic significance (it involves future payment). For the reasons stated, what was resolved by the lower court must be upheld, on the understanding that the percentage award covers the result of the process up to the finality of the judgment.\n\n             V.- FINAL CONSIDERATIONS: For the reasons stated, it is appropriate to declare without merit the appeal filed by the defendant party, on the understanding that the percentage award of the personal costs covers the result of the process up to the finality of the judgment.\n\nTHEREFORE:\n             The appeal is declared without merit, on the understanding that the percentage award of the personal costs covers the result of the process up to the finality of the judgment.\n\nOrlando Aguirre Gómez\n\nJulia Varela Araya                               Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez                             Roxana Chacón Artavia\nRes: 2021-001496\nPMADRIGALE/RPC\n2\nEXP: 19-002126-1178-LA\n\nTelephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsimile: 2295-3009. Electronic Mail: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y  jmolinab@poder-judicial.go.cr\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:23:02.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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