{ "id": "nexus-sen-1-0005-1053700", "citation": "Res. 02019-2021 Sala Segunda de la Corte", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Incentivo salarial por operaciones de alto riesgo para agentes de fronteras", "title_en": "High-risk operations salary incentive for border patrol agents", "summary_es": "La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resolvió que un agente de la Policía de Fronteras tiene derecho al pago retroactivo y futuro del incentivo por 'Operaciones de Alto Riesgo', creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante acuerdo STAP-683-2000. La Sala determinó que las funciones del demandante, descritas en el Manual de Clases Policiales y en la Ley General de Policía (No. 7410, artículos 21, 22, 23 y 24), son equiparables a las de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural, para quienes originalmente se concibió el sobresueldo. Se rechazó el argumento estatal de que solo quienes efectivamente participan en allanamientos, situaciones de crisis o protección de figuras públicas pueden recibir el plus. La Sala interpretó que el acuerdo de creación vinculó el beneficio a la naturaleza policial de las funciones, sin exigir la demostración de participación concreta y continua en operaciones especiales. Además, se aclaró que el incentivo por riesgo policial y el de alto riesgo compensan factores distintos y no son excluyentes. El recurso estatal fue declarado sin lugar en todos sus extremos, incluyendo la condenatoria en costas.", "summary_en": "The Second Chamber of the Supreme Court of Justice ruled that a Border Patrol officer is entitled to retroactive and future payment of the 'High-Risk Operations' incentive, created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority under agreement STAP-683-2000. The Court found that the plaintiff's duties, as described in the Manual of Police Classes and the General Police Law (No. 7410, articles 21, 22, 23 and 24), are equivalent to those of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard, for whom the bonus was originally conceived. The State's argument that only those who actually participate in raids, crisis situations, or protection of public figures may receive the plus was rejected. The Court interpreted that the creation agreement linked the benefit to the police nature of the functions, without requiring proof of concrete and continuous participation in special operations. Furthermore, it clarified that the police risk incentive and the high-risk incentive compensate for different factors and are not mutually exclusive. The State's appeal was dismissed on all grounds, including the imposition of costs.", "court_or_agency": "Sala Segunda de la Corte", "date": "01/09/2021", "year": "2021", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "plus por operaciones de alto riesgo", "Policía de Fronteras", "sobresueldo", "Ley General de Policía", "Autoridad Presupuestaria", "Guardia Civil", "riesgo policial", "principio de igualdad salarial" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 21 y 22", "law": "Ley General de Policía" }, { "article": "Arts. 23 y 24", "law": "Ley General de Policía" }, { "article": "Art. 563", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "", "law": "Acuerdo STAP-683-2000" } ], "keywords_es": [ "plus por operaciones de alto riesgo", "Policía de Fronteras", "incentivo salarial", "Ley General de Policía", "principio de igualdad salarial", "Sala Segunda", "sobresueldo", "Funciones policiales", "Agente de Fronteras", "Autoridad Presupuestaria", "Guardia Civil", "riesgo policial" ], "keywords_en": [ "high-risk operations bonus", "Border Patrol", "salary incentive", "General Police Law", "equal pay principle", "Second Chamber", "salary supplement", "police functions", "border agent", "Budgetary Authority", "Civil Guard", "police risk" ], "excerpt_es": "El reparos formulados por el recurrente en cuanto a la inexistencia de pruebas en relación con el cumplimiento por parte del actor de funciones de alto riesgo no resultan admisibles. [...] En relación con lo que atañe al fondo del asunto, debe indicarse que esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente y ha concluido que la negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de otras fuerzas de policía se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. [...] El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamados a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia.", "excerpt_en": "The objections raised by the appellant regarding the lack of evidence that the plaintiff performed high-risk functions are inadmissible. [...] Regarding the merits of the case, it must be noted that this Chamber has had the opportunity to hear similar matters and has concluded that the refusal of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority to extend payment of the bonus to other police forces is contrary to law, since the members of other police forces are in the factual situations provided for in the agreement that authorized that plus, which is why they have the right to the same legal consequences. [...] The incentive was established for all police officers whose functions fall within the scope of articles 21 and 22 of the General Police Law, given the possibility that they could be called upon to perform the type of tasks referred to by the appellant, but not because they were performing such tasks on a permanent and continuous basis; which, in any case, by their nature, do not have those characteristics of continuity and permanence.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Second Chamber dismissed the State's appeal and upheld the judgment awarding the Border Patrol agent the high-risk operations incentive, retroactively and prospectively, plus salary differentials and costs.", "summary_es": "La Sala Segunda declaró sin lugar el recurso del Estado y confirmó la sentencia que otorgó al agente de la Policía de Fronteras el pago del incentivo por operaciones de alto riesgo, retroactivo y futuro, más diferencias salariales y costas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "The refusal of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority to extend payment of the bonus to other police forces is contrary to law, since the members of other police forces meet the factual prerequisites set forth in the agreement that authorized this plus, and therefore they are entitled to the same legal consequences.", "quote_es": "La negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de otras fuerzas de policía se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "The incentive was established for all police officers whose duties fall within the scope of articles 21 and 22 of the General Police Law, given the possibility that they could be called upon to perform the type of tasks referred to by the appellant, but not because they were performing such tasks on a permanent and continuous basis; which, in any case, by their nature, do not have those characteristics of continuity and permanence.", "quote_es": "El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamados a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-58871", "kind": "concept_anchor", "label": "Acuerdo STAP-683-2000" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0005-1053700", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "idTipoVoto": 1, "nombreTipoVoto": "Voto unánime", "id": 1, "nombre": "Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía" }, { "id": 2, "nombre": "Plus por operaciones de alto riesgo" } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nSala Segunda de la Corte\n\nResolución Nº 02019 - 2021\n\nFecha de la Resolución: 01 de Setiembre del 2021 a las 09:45\n\nExpediente: 20-000364-0173-LA\n\nRedactado por: Jorge Enrique Olaso Alvarez\n\nClase de asunto: ordinario\n\nAnalizado por: SALA SEGUNDA\n\n\nTipo de contenido: Voto unánime\nTemas (descriptores): Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía\nTemas (descriptores): Plus por operaciones de alto riesgo\n\nSentencias en igual sentido\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\n*200003640173LA*\n\n\nCorte Suprema de Justicia\nSALA SEGUNDA\n\t\n\n\nExp: 20-000364-0173-LA\nRes: 2021-002019\nSALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del uno de setiembre de dos mil veintiuno.\n             Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], agente policía y vecino de Guanacaste, contra el ESTADO, representado por el procurador adjunto el licenciado Álvaro de Jesús Fonseca Vargas, vecino de Cartago. Actúa como apoderado especial judicial del actor el licenciado Arthur Jiménez Latouche, divorciado y vecino de San José. Todos mayores y solteros con la excepción indicada.\n             Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,\nCONSIDERANDO:\n             I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderado especial judicial, el demandante reclamó el pago del incentivo por operaciones de alto riesgo, en forma retroactiva al 10 de abril de 2000 y a futuro. Asimismo, solicitó las diferencias que tal reconocimiento genera en aguinaldo, salario escolar, régimen de invalidez, vejez y muerte, fondo de pensión complementaria obligatoria y fondo de capitalización laboral. Pidió que se disponga el pago de intereses, indexación y ambas costas. (imágenes 157 al 180 vista completa del expediente Juzgado). La representación del Estado contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. (imágenes 190 a 203 ídem) Las pretensiones fueron acogidas en su totalidad por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, según consta en sentencia N°1162 dictada a las 13:21 horas del 17 de julio de 2020. Las costas las impuso a cargo del vencido y las personales las fijó en el 15% del total de la condenatoria.\n             II.- AGRAVIOS: El procurador representante del Estado muestra disconformidad en cuanto se ordenó pagar el incentivo por operaciones de alto riesgo. Acusa la infracción del numeral 481 del Código de Trabajo, pues alega que no se valoró la prueba documental aportada y se concluyó que el accionante realiza funciones de alto riesgo, cuando no hay elemento probatorio del cual se siga que ejecuta ese tipo de labores. A su juicio, se concluyó indebidamente que el demandante realiza funciones de alto riesgo, partiendo únicamente de los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y el Manual de Clases Policiales, los cuales incluyen las funciones genéricas de cualquier servidor. Aduce que no hay ningún elemento probatorio que permita concluir que el servidor participara, de forma concreta y efectiva, en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, según lo regulado en el STAP-683-2000. Dice que el actor realiza labores de Agente de Fronteras, que son distintas a las encomendadas a la Guardia Civil -protección de ciudadanos- y están enfocadas en la organización y administración de los oficiales de la Policía de Fronteras, cuyas funciones se limitan a resguardar la soberanía territorial, mediante la protección de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, o sea, se trata de un órgano especializado en la seguridad y el resguardo del territorio fronterizo, que no incluyen operaciones de alto riesgo. Insiste sobre la violación del numeral 481 citado, en tanto no se demostró que el funcionario efectivamente participara en operaciones de esa naturaleza, donde comprometa su vida y resulta posible otorgar el incentivo creado por la Autoridad Presupuestaria. Repite que si bien el accionante realiza funciones de Agente de Fronteras, las cuales conllevan el ejercicio de funciones policiales, estas no implican la ejecución de actividades de alto riesgo, según lo regulado en el STAP-683-2000. Considera que el actor no demostró que cumpliera funciones de ese tipo. Adiciona que a las personas servidoras que ejercen funciones policiales se les reconoce el incentivo por riesgo policial, dada la peligrosidad de las labores y el riesgo para la integridad física. Plantea que este incentivo se reconoce a todo el personal policial que ejecute labores de esa naturaleza, mientras que el de operaciones de alto riesgo solo a quienes ejecuten tareas que impliquen un riesgo mayor. De estimarse que ambos incentivos se crearon con la finalidad de otorgarse en virtud de las funciones puras del servidor policial se estaría desvirtuando su esencia y equiparando ambos incentivos, lo que conllevaría autorizar un doble pago por las mismas condiciones de trabajo, lo que torna el reconocimiento indebido y contrario a derecho. Insiste en que, de conformidad con la resolución STAP-683-2000, el incentivo por alto riesgo está previsto para quienes realicen funciones propiamente policiales y que, a su vez, participen en operaciones especiales como las antes mencionadas. La razón de ser del incentivo es compensar la realización de funciones especiales que exponen al servidor a un riesgo mayor y directo de su integridad física, es decir, a favor de una élite policial más especializada. Apunta que las funciones desempeñadas por el demandante no le dan derecho al reconocimiento del sobresueldo porque no implican un mayor riesgo a su integridad. Reitera que el actor debió acreditar el tipo de funciones realizadas, lo que no hizo. Cita el artículo 57 constitucional, relativo al principio de igualdad salarial, y aduce que se estarían reconociendo como iguales situaciones que no son tales. A su parecer, el órgano jurisdiccional se arrogó competencias administrativas, que atañen a la definición de las condiciones y requisitos para la procedencia de un determinado incentivo salarial. Agrega que, a la luz de las reglas de la sana crítica, debió concluirse que no hay elementos suficientes que demuestren la realización de funciones de alto riesgo y peligrosidad que comprometan la vida o integridad física del accionante, diferentes de aquellas cubiertas por el riesgo policial. En otro orden de ideas, arguye que no se ponderó la aplicación del inciso 1), del canon 563 del Código de Trabajo, conforme al cual debe eximirse del pago de las costas a la parte vencida que haya procedido con evidente buena fe o cuando las proposiciones hayan prosperado de manera parcial, al haber otorgado el incentivo desde el 2015 y no desde el momento en que se solicitó. Solicita que se revoque el fallo y se declare sin lugar la demanda. (imágenes 221 al 232 ídem).\n             III.- ANÁLISIS DEL CASO: Los reparos formulados por el recurrente en cuanto a la inexistencia de pruebas en relación con el cumplimiento por parte del actor de funciones de alto riesgo no resultan admisibles. El debate no ha transcurrido sobre esa línea y, en cualquier caso, sí existen pruebas de los puestos que ha desempeñado el actor durante el curso de su vínculo con el Estado, cuyas funciones están debidamente descritas en el Manual de Clases Policiales. El tema de si estas guardan correspondencia o no con las que al parecer del recurrente dan derecho al reconocimiento del incentivo por operaciones de alto riesgo es una cuestión distinta, de valoración, diferente al de un supuesto incumplimiento de las cargas probatorias. En relación con lo que atañe al fondo del asunto, debe indicarse que esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente y ha concluido que la negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de otras fuerzas de policía se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. En efecto, el acuerdo de creación del sobresueldo se previó para aquellas personas servidoras cuyas funciones y competencias se enmarcan en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que corresponden a las asignadas a las Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. Ese numeral regula las atribuciones de esos cuerpos policiales así: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. /b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. /c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. /d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. /e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional.” En el presente caso, de la prueba traída al expediente, se sigue que el demandante ha ocupado los cargos de Raso de Policía, Agente 1 FP y en la actualidad ocupa el puesto de Agente II FP, ocupando el puesto de Agente de Fronteras. (imágenes 204 y 206 ídem) De conformidad con la constancia laboral aportada, el tipo de función es policial, así como su naturaleza. Expuesto lo anterior, debe hacerse ver que el artículo 4 de la Ley General de Policía estipula que “ Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico”. En el numeral 8 siguiente se regulan las atribuciones de las fuerzas policiales, entre las cuales cabe destacar las que guardan plena correspondencia con las reguladas en el numeral 22 transcrito: “a)  Resguardar el orden constitucional. /b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República. / c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. /d)  Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público. […]” De esa manera, aun cuando la Policía de Fronteras tiene como competencia específica resguardar la soberanía territorial y sus atribuciones concretas son las de “a)  Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, las marítimas y las aéreas, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias. /b) Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional, las aguas territoriales, la plataforma continental, el mar patrimonial o la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado” (artículos 23 y 24 ídem) , eso no la excluye del cumplimiento de aquellas otras competencias generales, que concuerdan con las reguladas en el canon 22 de cita. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de las entonces Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. No puede dejar de advertirse que el Manual de Clases Policiales comienza por exponer las atribuciones generales de todas las fuerzas de policía, las cuales guardan correspondencia con las reguladas en el referido artículo 22. Además, cabe destacar que el puesto desempeñado por el actor, en la descripción de las actividades genéricas del cargo se enumeran, entre otras, las siguientes: “Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural. / Atender y/o gestionar la solución de situaciones de emergencia, propias de su ámbito de acción. /Apoyar las actividades, planes y programas de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta las necesidades del servicio policial. /Actuar de manera eficaz ante los requerimientos de los ciudadanos... /Apoyar a otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales, a fin de restablecer el orden público, así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano. /Participar en las operaciones ordinarias y extraordinarias que se realicen en el área de jurisdicción a nivel nacional en el ejercicio de la labor policial y brindar la asistencia en el campo de actividad.” Asimismo, en la descripción de tareas específicas del puesto se detallan: “Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. /- Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y por ende, el combate al fenómeno criminal.  /- Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. /- Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. /- Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. / - Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. /- Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. /- Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. /- Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos.” Con base en lo anterior, el argumento del recurrente, en el sentido de que el actor no está en situación de igualdad que permita reconocer el relacionado sobresueldo carece de sustento. Con lo expuesto se descarta una aplicación incorrecta del principio de igualdad, en tanto se ha considerado que las condiciones entre una fuerza policial y otra no admiten diferencias en torno al ejercicio de funciones que dan base al reconocimiento del sobresueldo. Por esa misma razón, no se estima que medie una invasión de las competencias administrativas, sino la correcta aplicación de la normativa creadora de un incentivo, en atención al principio de igualdad salarial. El recurrente arguye que el plus por operaciones de alto riesgo se previó para un cuerpo de policía destinado a realizar allanamientos, atender situaciones de crisis, ejecutar acciones antiterroristas y dar protección a figuras públicas o visitantes oficiales. Sin embargo, su planteamiento decae en cuanto el acuerdo por el cual se aprobó la creación del incentivo, en forma expresa, señaló: “Comunicar al Ministerio de Seguridad Pública, que se establece la valoración del incentivo de 'Operaciones de Alto Riesgo' en un monto de ¢3.500 para aquellos funcionarios cuyas competencias y funciones están enmarcadas en los artículos 21° y 22° de la Ley N° 7410, que ocupen puestos policiales. Este incremento se revalorará de conformidad con los ajustes en el costo de la vida decretados por el Poder Ejecutivo”. (Sic). Como se observa, el parámetro fue la realización de funciones policiales y competencias reguladas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y no la situación invocada por el recurrente. El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamados a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia. Como se dijo, las personas integrantes de la Policía de Fronteras tienen asignadas funciones equiparables a las reguladas en esos artículos 21 y 22 relacionados, por lo que también pueden ser requeridas para la realización de esas actividades especiales y más riesgosas, que no son exclusivas de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural (Fuerza Pública). Por último, debe señalarse que la circunstancia de que al actor se le reconozca el sobresueldo por riesgo policial no excluye la posibilidad de que se le otorgue este otro incentivo, en tanto uno y otro compensan factores diferentes, con lo cual tampoco se observa que se desnaturalice la finalidad del incentivo en cuestión. Como lo ha alegado la parte accionada, uno se paga por la peligrosidad de la función policial y, el otro, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía.\n             IV.- COSTAS: La representación del Estado arguye que debe exonerársele del pago de esos gastos, debido a que ha procedido de buena fe y las proposiciones han prosperado de forma parcial, al haber otorgado el incentivo desde el 2015 y no, desde el momento en que se solicitó. El agravio no puede acogerse, pues no se está en alguno de los supuestos del artículo 563 del Código de Trabajo. En el caso, la representación del ente demandado ha mostrado oposición a pretensiones que se evidencian legítimas, sin que se observe ninguna razón justificada que haga posible absolverla del deber de retribuir a la contraparte los gastos en que esta tuvo incurrir para la defensa de su derecho. Máxime que ya son muchos los casos similares al de la actora que se han presentado a estrados judiciales con decisiones similares al presente, y aun así la Administración persiste en negar el beneficio salarial, por lo que no sería justo que la persona trabajadora deba de asumir el costo de aquella actividad a la que se vio obligada ante la falta de reconocimiento de los extremos reconocidos en el proceso. Asimismo, nótese que, tampoco puede considerarse que proposiciones hayan prosperado parcialmente, pues si bien las pretensiones fueron limitadas a un rango de tiempo, las mismas fueron acogidas en su totalidad. Por consiguiente, no se advierten razones que hagan posible resolver el asunto sin especial sanción en costas.\n             V.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, el recurso debe ser declarado sin lugar.\nPOR TANTO:\n             Se declara sin lugar el recurso.\n\n\n\n\n\n\n\n\nOrlando Aguirre Gómez\n\n\n \n\n\nJulia Varela Araya                               Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n\n                                                \n\n\nJorge Enrique Olaso Álvarez                             Roxana Chacón Artavia\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRes: 2021-002019\nMSEGURACA/mrg\n 2\nEXP: 20-000364-0173-LA\n\n\n\n\n Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y  jmolinab@poder-judicial.go.cr\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 08:23:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Supreme Court of Justice\nSECOND CHAMBER\n\n\nCase: 20-000364-0173-LA\nRes: 2021-002019\nSECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five in the morning on the first of September of two thousand twenty-one.\n             Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, by [Name 001], police officer and resident of Guanacaste, against the STATE, represented by the deputy attorney, graduate Álvaro de Jesús Fonseca Vargas, resident of Cartago. The graduate Arthur Jiménez Latouche, divorced and resident of San José, acts as special judicial representative of the plaintiff. All are of legal age and single, with the exception noted.\n             Drafted by Magistrate Olaso Álvarez; and,\nCONSIDERING:\n             I.- BACKGROUND: Through his special judicial representative, the plaintiff claimed payment of the high-risk operations (operaciones de alto riesgo) incentive, retroactively to April 10, 2000, and prospectively. Likewise, he requested the differences that such recognition generates in Christmas bonus (aguinaldo), school salary (salario escolar), disability, old age, and death system (régimen de invalidez, vejez y muerte), mandatory complementary pension fund (fondo de pensión complementaria obligatoria), and labor capitalization fund (fondo de capitalización laboral). He requested that payment of interest, indexation, and both costs be ordered. (images 157 through 180 full view of the Court file). The State's representation responded negatively and raised the defense of lack of right. (images 190 to 203 ídem) The claims were granted in their entirety by the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, Second Section, as stated in judgment No. 1162 issued at 1:21 p.m. on July 17, 2020. Costs were imposed on the losing party and personal costs were set at 15% of the total judgment.\n             II.- GRIEVANCES: The attorney representing the State shows disagreement regarding the order to pay the high-risk operations (operaciones de alto riesgo) incentive. He accuses the infringement of section 481 of the Labor Code (Código de Trabajo), since he claims that the documentary evidence provided was not assessed and it was concluded that the plaintiff performs high-risk functions, when there is no evidentiary element from which it follows that he performs that type of work. In his opinion, it was unduly concluded that the plaintiff performs high-risk functions, based solely on sections 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía) and the Police Class Manual (Manual de Clases Policiales), which include the generic functions of any public servant. He argues that there is no evidentiary element that allows the conclusion that the public servant participated, in a concrete and effective manner, in high-risk operations (operaciones de alto riesgo), such as raids (allanamientos), crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, as regulated in STAP-683-2000. He says that the plaintiff performs duties as a Border Agent (Agente de Fronteras), which are different from those entrusted to the Civil Guard (Guardia Civil) -protection of citizens- and are focused on the organization and administration of Border Police (Policía de Fronteras) officers, whose functions are limited to safeguarding territorial sovereignty, through the protection of land, maritime, and air borders, that is, it is a specialized body in the security and safeguarding of border territory, which do not include high-risk operations (operaciones de alto riesgo). He insists on the violation of cited section 481, insofar as it was not demonstrated that the official effectively participated in operations of that nature, where he compromised his life and it is possible to grant the incentive created by the Budgetary Authority (Autoridad Presupuestaria). He repeats that although the plaintiff performs duties as a Border Agent (Agente de Fronteras), which entail the exercise of police functions, these do not imply the execution of high-risk activities, as regulated in STAP-683-2000. He considers that the plaintiff did not demonstrate that he performed functions of that type. He adds that public servants who perform police functions are granted the incentive for police risk (riesgo policial), given the dangerousness of the work and the risk to physical integrity. He proposes that this incentive is granted to all police personnel who perform work of that nature, while the one for high-risk operations (operaciones de alto riesgo) is only for those who perform tasks that imply a greater risk. If it were estimated that both incentives were created with the purpose of being granted by virtue of the pure functions of the police servant, the essence would be distorted and both incentives would be equated, which would entail authorizing a double payment for the same working conditions, making the recognition undue and contrary to law. He insists that, in accordance with resolution STAP-683-2000, the incentive for high risk is provided for those who perform proper police functions and who, in turn, participate in special operations such as those mentioned above. The rationale for the incentive is to compensate for the performance of special functions that expose the servant to a greater and direct risk to their physical integrity, that is, in favor of a more specialized police elite. He points out that the functions performed by the plaintiff do not give him the right to the recognition of the supplement (sobresueldo) because they do not imply a greater risk to his integrity. He reiterates that the plaintiff should have proven the type of functions performed, which he did not do. He cites constitutional Article 57, relating to the principle of wage equality, and argues that situations would be recognized as equal that are not such. In his view, the judicial body arrogated administrative powers to itself, which concern the definition of the conditions and requirements for the granting of a specific salary incentive. He adds that, in light of the rules of sound judgment (sana crítica), it should have been concluded that there is insufficient evidence demonstrating the performance of high-risk and dangerous functions that compromise the life or physical integrity of the plaintiff, different from those covered by the police risk (riesgo policial). In another vein, he argues that the application of subsection 1), of canon 563 of the Labor Code (Código de Trabajo) was not considered, according to which the losing party must be exempted from the payment of costs when they have proceeded with evident good faith or when the propositions have partially succeeded, since the incentive was granted from 2015 and not from the moment in which it was requested. He requests that the judgment be revoked and the lawsuit be dismissed. (images 221 through 232 ídem).\n             III.- CASE ANALYSIS: The objections made by the appellant regarding the lack of evidence in relation to the plaintiff's performance of high-risk functions are not admissible. The debate has not proceeded along that line and, in any case, there is evidence of the positions the plaintiff has held during the course of his relationship with the State, whose functions are duly described in the Police Class Manual (Manual de Clases Policiales). The question of whether these are corresponding or not with those that the appellant believes entitle the recognition of the high-risk operations (operaciones de alto riesgo) incentive is a different matter, one of assessment, different from an alleged failure to meet the evidentiary burdens. Regarding the merits of the matter, it must be stated that this Chamber has had the opportunity to hear matters similar to this one and has concluded that the refusal of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) to extend the payment of the supplement (sobresueldo) to other police forces is contrary to law, since the members of other police forces are in the factual scenarios that were foreseen in the agreement that authorized that bonus, which is why they are entitled to the same legal consequences. Indeed, the agreement creating the supplement (sobresueldo) was foreseen for those public servants whose functions and competencies are framed within Articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía), which correspond to those assigned to the Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural). That section regulates the powers of those police forces as follows: “a) Ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. /b) Maintain public tranquility and order. /c) Ensure the safety and integrity of persons and property of the inhabitants of the Republic. /d) Maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. /e) Prevent and suppress the commission of punishable offenses within the national territory.” In the present case, from the evidence brought to the file, it follows that the plaintiff has held the positions of Patrol Officer (Raso de Policía), Agent 1 FP, and currently holds the position of Agent II FP, occupying the position of Border Agent (Agente de Fronteras). (images 204 and 206 ídem) According to the work certification provided, the type of function is police, as well as its nature. Having stated the above, it must be pointed out that Article 4 of the General Police Law (Ley General de Policía) stipulates that “The police forces shall be at the service of the community; they shall be responsible for monitoring, preserving public order, preventing manifestations of crime, and cooperating to suppress them in the manner determined in the legal system.” The following section 8 regulates the powers of the police forces, among which it is worth highlighting those that have full correspondence with those regulated in transcribed section 22: “a) Safeguard constitutional order. /b) Prevent potential violations of the territorial integrity of the Republic. / c) Ensure the integrity of citizens' property and rights. /d) Ensure surveillance and maintenance of public order. […]” In this way, even though the Border Police (Policía de Fronteras) has as its specific competence to safeguard territorial sovereignty and its specific powers are those of “a) Monitor and safeguard land, maritime, and air borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out. /b) Ensure respect for the Political Constitution, international treaties, and laws guaranteeing the integrity of the national territory, territorial waters, the continental shelf, the patrimonial sea or exclusive economic zone, the airspace, and the exercise of the rights corresponding to the State” (articles 23 and 24 ídem), this does not exclude it from the fulfillment of those other general competencies, which coincide with those regulated in cited canon 22. The foregoing allows concluding that the plaintiff's police functions are comparable to those assigned to the members of the then Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural), that is, those framed in section 22 of the General Police Law (Ley General de Policía). It cannot be overlooked that the Police Class Manual (Manual de Clases Policiales) begins by setting forth the general powers of all police forces, which correspond with those regulated in the referenced Article 22. Furthermore, it is noteworthy that the position held by the plaintiff, in the description of the generic activities of the job, lists, among others, the following: “Carry out prevention and suppression actions in their area of jurisdiction, regarding the fight against drug trafficking, organized crime, tax evasion, human trafficking in its different modalities, and actions aimed at the protection of natural heritage. / Attend and/or manage the solution of emergency situations, typical of their scope of action. /Support activities, plans, and programs for citizen security, taking into account the needs of the police service. /Act effectively before the requests of citizens... /Support other police units and agencies and act in special situations, in order to restore public order, as well as in rescue activities, in cases of emergency and natural or human-caused disasters. /Participate in ordinary and extraordinary operations carried out in the area of jurisdiction at the national level in the exercise of police work and provide assistance in the field of activity.” Likewise, in the description of specific tasks of the position, the following are detailed: “Monitor and safeguard land borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. /- Participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border space, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations of the international limit and carrying out police control in the area of responsibility and, therefore, combating the criminal phenomenon.  /- Carry out surveillance and protection actions in border zones in development of its mission or in coordination with other institutions in matters of humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. /- Carry out national and international crime prevention actions in border strips. /- Execute the strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police (Policía de Frontera). / - Execute actions that contribute to the integration processes and improvement of citizen security in the communities and populations of the country's border zones. /- Execute prevention and suppression actions against smuggling, human trafficking, coyote smuggling, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental pollution, slaughter of livestock and protected animals, endangered species, among others. /- Collect information resulting from patrolling in border zones, to produce and supply timely and reliable police intelligence. /- Verify and report on the maintenance and conservation of border markers.” Based on the foregoing, the appellant's argument that the plaintiff is not in a situation of equality that allows recognition of the related supplement (sobresueldo) lacks support. With the foregoing, an incorrect application of the principle of equality is ruled out, since it has been considered that the conditions between one police force and another do not admit differences regarding the exercise of functions that give ground for the recognition of the supplement (sobresueldo). For that same reason, it is not considered that there is an invasion of administrative powers, but rather the correct application of the regulations creating an incentive, in consideration of the principle of wage equality. The appellant argues that the bonus (plus) for high-risk operations (operaciones de alto riesgo) was intended for a police force destined to carry out raids (allanamientos), attend crisis situations, execute anti-terrorist actions, and provide protection to public figures or official visitors. However, his contention fails since the agreement by which the creation of the incentive was approved, expressly, stated: “Communicate to the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública), that the valuation of the 'High-Risk Operations' (Operaciones de Alto Riesgo) incentive is established in an amount of ¢3,500 for those officials whose competencies and functions are framed within Articles 21° and 22° of Law No. 7410, who occupy police positions. This increase will be revalued in accordance with the cost-of-living adjustments decreed by the Executive Branch.” (Sic). As observed, the parameter was the performance of police functions and competencies regulated in sections 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía) and not the situation invoked by the appellant. The incentive was established for all police public servants whose functions are framed within the scenarios of articles 21 and 22 of the General Police Law (Ley General de Policía), given the possibility that they could be called upon to perform the type of tasks that the appellant refers to, but not because they were exercising that type of work permanently and continuously; which, in any case, by their nature, do not present those characteristics of continuity and permanence. As stated, the members of the Border Police (Policía de Fronteras) have assigned functions comparable to those regulated in those related articles 21 and 22, so they may also be required for the performance of those special and riskier activities, which are not exclusive to the Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural) (Public Force (Fuerza Pública)). Finally, it must be pointed out that the circumstance that the plaintiff is granted the supplement (sobresueldo) for police risk (riesgo policial) does not exclude the possibility that this other incentive is granted to him, since one and the other compensate for different factors, with which it is also not observed that the purpose of the incentive in question is distorted. As the defendant party has argued, one is paid for the dangerousness of the police function and, the other, for the possibility of being called to participate in riskier police operations, which derives from their condition of exercising police functions similar to those regulated in section 22 of the General Police Law (Ley General de Policía).\n             IV.- COSTS: The State's representation argues that it should be exempted from the payment of those expenses, because it has proceeded in good faith and the propositions have partially succeeded, since the incentive was granted from 2015 and not from the moment in which it was requested. The grievance cannot be accepted, since it does not fall under any of the scenarios of article 563 of the Labor Code (Código de Trabajo). In this case, the representation of the defendant entity has shown opposition to claims that are evidenced as legitimate, without observing any justified reason that makes it possible to absolve it of the duty to reimburse the counterparty for the expenses that the latter had to incur for the defense of its right. Especially since there are already many cases similar to that of the plaintiff that have been brought to the judicial courts with decisions similar to the present one, and yet the Administration persists in denying the salary benefit, so it would not be fair for the worker to have to assume the cost of that activity to which they were forced by the lack of recognition of the claims granted in the process. Likewise, it should be noted that, it cannot be considered that propositions have partially succeeded either, because although the claims were limited to a time range, they were granted in their entirety. Consequently, no reasons are observed that make it possible to resolve the matter without special sanction in costs.\n             V.- FINAL CONSIDERATIONS: As a corollary to the foregoing, the appeal must be declared without merit.\nTHEREFORE:\n             The appeal is declared without merit.\n\n\n\n\n\n\n\n\nOrlando Aguirre Gómez\n\n\n \n\nJulia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez\n\n \nJorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRes: 2021-002019\nMSEGURACA/mrg\n 2\nEXP: 20-000364-0173-LA\n\n\n\n Phones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsimile: 2295-3009. Emails: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y jmolinab@poder-judicial.go.cr\n\nThis is a faithful copy of the original - Downloaded from Nexus.PJ on: 09-05-2026 08:23:09.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }